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- rdf:value = " El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente , en la sesión de ayer se dio cuenta de los cambios introducidos por el Senado a este proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
El Senado introdujo cinco modificaciones fundamentales. Debido a ello, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de nuestra Corporación sesionó ayer en forma excepcional, con el objeto de analizarlas.
¿Por qué digo esto? Porque todo el país sabe que, debido al problema de las grandes farmacias, obviamente existe gran inquietud por la forma en que se va a legislar sobre esta materia. Durante la conversación que sostuvimos privadamente con el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , quien ayer permaneció varias horas en la Cámara, le planteamos que antes de aprobar las modificaciones del Senado requeríamos que el Gobierno se comprometiera a enviar en los próximos días otro proyecto que apuntara a establecer sanciones más severas para quienes atentaran gravemente contra la libre competencia, y que recogiera diversas mociones sobre esta materia presentadas recientemente. Entonces, llegamos a la conclusión de que, para proteger efectivamente a los consumidores, teníamos que aprobar las modificaciones del Senado, a la espera de ese proyecto del Ejecutivo -petición que aprovecho de reiterar al ministro de Economía - que recoja todas las mociones parlamentarias que existen al respecto, haciendo presente la máxima urgencia para su despacho, porque se trata de un problema que preocupa a todo el país.
¿Cuáles son las principales modificaciones del Senado al proyecto aprobado por la Cámara?
En primer lugar, se les entrega mayor independencia y se les exige mayor dedicación a los miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proyecto original -recuerdo a los colegas que ingresó al Congreso Nacional en junio de 2006- establecía nuevas incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones para los integrantes de dicho Tribunal, mayor dedicación y mejor remuneración, manteniendo el régimen vigente de dedicación parcial.
La Cámara optó por un régimen de dedicación exclusiva y remuneración fija. El Senado repuso el régimen de dedicación parcial, por estimar insuficiente la remuneración para asegurar el concurso de especialistas en la materia. Ésta es una de las modificaciones más importantes.
En todo caso, el Senado estableció más restricciones que las contenidas en el proyecto original del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de los miembros del Tribunal, manteniendo la remuneración fija establecida por la Cámara, que es idéntica a la del Fiscal Nacional Económico y equivalente a la de un ministro de corte de apelaciones.
El Senado estableció algunas incompatibilidades relacionadas con la independencia del Tribunal, entre las cuales figuran las siguientes: ser funcionario público, ser administrador, gerente o trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, o ser asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia.
Entre las inhabilidades, el Senado incluyó la de asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en la respectiva causa, o haberlo hecho en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de aquélla o durante la investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica que la haya originado.
También se incorporó la prohibición de que integrantes titulares y suplentes del tribunal sean administradores, gerentes o trabajadores dependientes, o puedan asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que hayan tenido la calidad de parte en alguna causa que conoció el respectivo ministro , por el plazo de un año, contado desde que ese ministro cesó en su cargo. Esta prohibición nos parece extraordinariamente positiva, porque no puede ser que, de la noche a la mañana, algún ministro se pase de uno al otro lado de la mesa.
Se establece mejoras en materia de procedimientos. En relación con el procedimiento contencioso, el Senado introduce criterios de admisibilidad. Se agiliza la etapa probatoria. El Tribunal se pronunciará rápidamente ante un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y las partes. Se explicita la posibilidad de proteger la identidad de quienes aporten antecedentes.
En cuanto al procedimiento no contencioso, el Senado faculta a la Fiscalía Nacional Económica para consultar actos futuros de particulares. Se permite resolver rápidamente cuando las partes estén de acuerdo con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. El Senado aclara que las resoluciones de un procedimiento no contencioso pueden ser reclamadas ante la Corte Suprema. Es decir, si alguna de las partes involucradas considera que ha salido perjudicada, contará con otra instancia.
En relación con las multas, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecieron aumento del tope de las multas para todas las conductas, de 20 mil a 30 mil unidades tributarias mensuales. En el Senado, se restringió la posibilidad de aplicar una multa de hasta 30 mil UTM sólo a la sanción de una conducta; es decir, el tope se incrementa de 14,4 millones de dólares a 21,6 millones de dólares, pero sólo para los casos de colusión.
El Senado introduce como criterio para la rebaja de la multa, la colaboración prestada a la Fiscalía Nacional Económica antes o durante la investigación de una colusión. Asimismo, establece que las multas aplicadas a personas naturales no podrán ser pagadas por sus respectivas empresas, vale decir, que deberán pagarlas de su peculio personal.
Se disponen nuevas atribuciones para la Fiscalía Nacional Económica. Así, mediante petición fundada y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá solicitar autorización al ministro de la Corte de Apelaciones que corresponde para que Carabineros o la Policía de Investigaciones entren en recintos públicos o privados a allanar, o descerrajar, e intercepten comunicaciones, etcétera. Se establece un doble filtro para consagrar estas facultades denominadas “duras”. Se planteó que para el ejercicio de esas facultades se requiere otorgar mayor independencia al fiscal.
Se explicita que el nombramiento del Fiscal se hará a través del Sistema de Alta Dirección Pública y que durará cuatro años en su cargo.
Se fija un esquema especial de remoción, dispuesto por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte Suprema, a requerimiento del ministro de Economía.
La Fiscalía Nacional Económica podrá solicitar antecedentes a particulares y llamar a declarar a cualquier persona que en forma voluntaria pudiere tener conocimiento del hecho denunciado, de manera de determinar si inicia una investigación.
A mi juicio, eso es importante, porque muchas veces a la prensa llegan situaciones con carácter de escándalo, y después se publican dos o tres líneas para aclarar la equivocación, en circunstancias de que se ha provocado un daño irreparable. Esa preocupante situación se repite muy a menudo en nuestro país. Por lo tanto, es una decisión correcta.
Por último, figura un sistema de delación compensada. Si bien existen alternativas para que ella opere, tenemos el reciente caso de la colusión de las cadenas de farmacias. Por lo tanto, se estimó necesario entregar mayor certeza.
Se establece que quien entregue a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes precisos, veraces y comprobables sobre un acto de colusión, podrá acceder a una exención de la multa, si es el primero en aportar antecedentes, o a una rebaja de hasta el 50 por ciento de la multa, si no es el primero en hacerlo.
Si el Tribunal acredita la existencia de colusión, no podrá imponer una sanción mayor que la solicitada por la Fiscalía Nacional Económica.
En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio la aprobación de todas las modificaciones del Senado a esta iniciativa, que se complementará con el proyecto que el Ejecutivo enviará a tramitación en los próximos días para establecer más sanciones ante situaciones que preocupan a la opinión pública.
He dicho.
"
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