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- rdf:value = " El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , nos abocamos a estudiar, en su tercer trámite constitucional, un proyecto de ley que ingresó a tramitación en 2006. Se trata de una iniciativa de extraordinaria significación, que adquiere mayor importancia en estos días, cuando se discute la necesidad de contar con un efectivo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
No se trata de un proyecto que se debata como consecuencia de la coyuntura que vivimos. Como se ha dicho, el proyecto se discute desde hace tres años. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar la extraordinaria vigencia que adquirió -ello hace necesario que legislemos lo antes posible sobre el particular- debido a los últimos hechos acaecidos en el país. Hemos observado con estupor la forma como tres grandes cadenas de farmacias, que cubren nada menos que el 97 por ciento del mercado, fueron capaces de ponerse de acuerdo para elevar los precios de más de 220 medicamentos y, presumiblemente, lucrar con la salud de las personas.
Difiero de lo expresado por el diputado Arenas en algunos puntos. Efectivamente, el país funciona con una economía abierta. Sin embargo, soy de las que cree que, junto con ello, es necesario contar con una sociedad en equilibrio, donde el Estado debe jugar un rol fiscalizador, regulador y de aseguramiento del bien común. No coincido con su señoría en cuanto a que el mercado lo resuelve todo. Éste ha sido el mejor ejemplo de cómo la concentración económica, el lucro y la codicia nos llevan a situaciones que, lamentablemente, como siempre, terminan pagándolas los más vulnerables. Eso es doloroso.
Anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado. Nuestro deseo es despachar lo más pronto posible el proyecto, porque nos interesa que exista un Tribunal de Defensa de Libre Competencia que funcione bien, en forma autónoma, independiente y que verdaderamente ejerza su rol; que queden explicitadas las inhabilidades y las incompatibilidades, y que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. No sólo se trata de que su cargo se provea a través del sistema de Alta Dirección Pública, sino que su remoción también debe contar con mecanismos específicos. Necesitamos un Fiscal Nacional Económico con atribuciones que le permitan realizar investigaciones, indagaciones y estudios cuando existan sospechas fundadas de la comisión de algún ilícito.
Todos escuchamos que desde hacía algún tiempo la Fiscalía Nacional Económica se encontraba reuniendo antecedentes, pues se sabía que, presumiblemente, existía una suerte de acuerdo entre las cadenas de farmacias. Finalmente, la colusión se descubrió debido a que una de ellas así lo indicó.
En consecuencia, nos interesa mucho que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. Los últimos hechos nos indican la necesidad de que existan instituciones como ésta, que permitan que, efectivamente exista libre competencia.
Señor Presidente , nuestra bancada fue una de las que presentó, al igual que otras, un proyecto sobre esta materia, cuyas normas esperamos que el Ejecutivo acoja a la brevedad -como lo anunció el señor ministro , a quien aprovecho de saludar-, de manera de establecer una sanción penal contra quienes incurran en el delito de colusión para subir precios, porque de esa manera se atenta contra los derechos del consumidor y la libre competencia. O sea, no está referido solamente al caso puntual que nos preocupa de las farmacias, sino, en general, cuando se atente contra los derechos del consumidor y la libre competencia.
A nuestro juicio, es indispensable que exista esa figura penal. De lo contrario, siempre existirá la posibilidad de que gente, con tal de lucrar, esté dispuesta a riesgos de multas y sanciones. En suma, debemos ponernos al día en esta materia, tal como está ocurriendo en el derecho internacional comparado. Hoy, en países más desarrollados se observa que para garantizar la libre competencia, se establece esa figura penal. Al respecto, hemos conocido situaciones insólitas, que nunca hubiéramos imaginado tiempo atrás, como el caso de Cristie´s y Sotheby´s, las dos más grandes casas transnacionales que trabajan en el mercado de compraventa de objetos de arte. Después de una investigación, se descubrió que se ponían de acuerdo para fijar ciertos precios. El resultado es que sus representantes fueron encarcelados. Estamos hablando, probablemente, de gente del más alto nivel socioeconómico, de una élite internacional que, sin embargo, fue encarcelada. Esto refleja que el Estado debe ser mucho más proactivo y no limitarse a cumplir un rol subsidiario, como creen algunos de nuestros colegas.
Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos que el Ejecutivo recoja la moción que presentamos para que exista una sanción penal.
También queremos modificar la ley del consumidor. Es indispensable garantizar más sus derechos, porque hoy, a pesar de los avances en esa materia, en general ellos ven con bastante frustración que sus demandas colectivas no resultan.
Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro que aprobamos la idea que nos hizo llegar la organización de consumidores, en el sentido de que, por ejemplo, en caso de que se provoque daño a un consumidor individual que no pueda ser determinado, pero que sí pueda calcularse dicho daño sufrido por un colectivo de consumidores, el juez pueda dictar sentencia como forma de resarcirlo y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor. Ésta sería una modificación a la ley del consumidor que haría muy bien.
Entiendo que el Gobierno, en el caso de colusión de las cadenas de farmacias, ha establecido una serie de medidas con el objeto de defender los derechos de los consumidores y hacer mucho más transparente ese mercado. Me alegro de que así sea. Espero que lo antes posible se pongan en ejecución. El Sernac, por ejemplo, podría elaborar un informe público quincenal sobre los precios de los medicamentos; las farmacias podrían vender medicamentos que no requieran prescripción médica, sin necesidad de intermediación de dependientes, y la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, a través de su sitio web, podría publicar los precios con los cuales distribuye los medicamentos al sector público. Se trata de medidas que claramente avanzarán en la línea correcta.
Por lo tanto, para que verdaderamente exista un mercado que opere, éste no puede dejarse entregado a la libre oferta. Por lo tanto, debe haber un Estado capaz de regularlo, de fiscalizarlo, de estar presente, y aquí estamos dotándolo de uno de los instrumentos más importantes para la consecución de dicho objetivo. En ese sentido, es fundamental garantizar la autonomía del Tribunal; pero las mayores atribuciones se las entregamos al Fiscal Nacional Económico.
Sólo si se establece la figura penal se impedirá que en el futuro -aunque todavía tengo mis reservas- debamos presenciar la existencia de colusión para lucrar, ya sea con la salud, en materia de servicios, etcétera, porque ella afecta los derechos de los consumidores. No creo -en eso concuerdo con el diputado Arenas - que en el caso de las cadenas de farmacias baste con decir que hubo mandos medios que actuaron por sí solos. Ya es hora de que se asuman las responsabilidades. Por eso, insto a tomar los ejemplos de otros países, de manera de hacer cumplir esas responsabilidades al más alto nivel.
He dicho.
"
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