-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640470/seccion/akn640470-po1-ds8-ds19
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:Intervencion
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1745
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:value = " El señor ASCENCIO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma.
El señor TUMA.-
Señor Presidente , nos encontramos discutiendo un proyecto cuya tramitación se extiende por más de dos años.
La iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de las atribuciones de la fiscalía y, en especial, con el propósito de dar mayor independencia, a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese sentido, se establecen incompatibilidades y se busca hacerlo más transparente.
Pero siento que esta discusión es accesoria en relación con el debate de fondo que nuestra sociedad debe realizar a partir de la colusión existente entre tres cadenas de farmacias.
En mi opinión, lo ocurrido es un botón de muestra o la punta del iceberg respecto de lo que ocurre en todos los rubros de nuestra economía, en los cuales unos pocos lo controlan todo.
Los pequeños empresarios tienen enormes dificultades para ingresar a un rubro determinado. Las barreras son suficientemente altas para ello.
Estamos en un debate respecto de las atribuciones con que deben contar la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la libre Competencia. El problema es que siempre actuamos ex post, en circunstancias de que los mercados están absolutamente controlados.
Si analizamos el ejemplo que dio el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de los molineros y la compra de trigo, nadie ha hecho nada. Por muchas atribuciones que tenga el Tribunal, los molineros seguirán comprando al precio que quieran. Los productores tienen que vender obligatoriamente en una fecha determinada, cuando cosechan, porque no tienen capacidad de guarda. Por lo tanto, los molineros ofrecen el precio más bajo. Eso es un abuso; revela que no hay competencia y que tenemos un Estado sin capacidad para introducirla.
Cuando conversamos con la ministra de Agricultura y con el ministro de Hacienda sobre la materia, les preguntamos por qué Cotrisa no interviene en el mercado y compra a un precio razonable para producir competencia con los molineros que están abusando de los trigueros. La respuesta fue que la Constitución no permite que el Estado desarrolle actividades empresariales, y Cotrisa no puede hacerlo porque su estatuto se lo impide.
Muchos diputados se quejan de que el Estado no actúa para que exista competencia. Sin embargo, a la par se presentan recursos constitucionales o reservas de constitucionalidad, y otros se niegan a reformar la Constitución para que el Estado asuma un rol regulador ante un mercado absolutamente distorsionado. El mercado no resuelve los problemas; tampoco lo hará el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pese a todas las modificaciones.
Reitero que esta discusión me resulta absolutamente accesoria porque no estamos apuntando al debate de fondo, que tiene que ver con el establecimiento de un modelo económico donde haya efectiva competencia. No hay competencia respecto de la distribución de combustibles. ¿Alguien puede pensar que la hay? En todas las bombas tienen los mismos precios. ¿Qué hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Nada. Y nadie resuelve el problema, porque el Estado no tiene facultades para ello. Entonces, ¿en qué situación quedan los consumidores? En la más absoluta indefensión. Mientras tanto, y nosotros seguimos con este debate accesorio de si se darán más facultades a la Fiscalía, etcétera.
La solución no va por ahí. Ella debiera apuntar a la forma como introducir competencia, oportunidad de elegir. Cuando los campesinos quieren subir a algún transporte público, no pueden escoger: el empresario pone el precio, el recorrido, el horario y la frecuencia. Ellos no pueden elegir otra empresa, porque el Estado no interviene ni establece una licitación para regular los recorridos, de manera de introducir competencia en precios, en calidad de servicio, en horarios. Se deja que el mercado funcione.
Entonces, ¿qué tienen que ver con ese mercado las atribuciones que estamos dando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ? Nada. Es algo absolutamente accesorio. A los campesinos no les interesa si determinadas funciones de dicho Tribunal serán incompatibles con otras, sino la posibilidad de escoger. Un consumidor no puede escoger algún servicentro, porque los precios son casi iguales.
Existe concentración de mercados. Lo mismo ocurre con las isapres -no hay mucha diferencia entre una y otra-, con los supermercados, con el transporte, con los bancos, con los fertilizantes. Si alguien va a comprar fertilizantes en época de siembra, verá que todos están al mismo precio, que es el doble del existente a nivel internacional. En su momento se nos dijo que el precio del fertilizante subió porque subió el precio del dólar. Bajó el precio del dólar, pero no así el del fertilizante. Después se culpó al petróleo. Por el precio de éste bajó y tampoco bajó el del fertilizante.
Nadie dice nada. Entonces, se debe hacer un debate bastante más profundo que el que tenemos hoy.
Si bien es cierto el proyecto significa un avance, el problema no se resuelve.
Las modificaciones del Senado son un aporte. Se avanza en relación con el fortalecimiento de este Tribunal. Sin embargo, tengo mis dudas en relación con lo que plantea la Cámara Alta en lo relativo a delación compensada. El Senado dice que se mantiene, pero para el principal instigador no se compensa.
Si la norma estuviera vigente para el mercado de las farmacias, no tendríamos este debate, porque no se habría puesto urgencia a la iniciativa. Si Fasa no hubiese denunciado esta colusión, seguramente habría otro proyecto en Tabla. Al respecto, la Fiscalía tuvo el mérito de abrir la puerta para que Fasa hiciera la denuncia.
Con este proyecto estamos diciendo que cualquier instigador no tendrá compensación si delata a los otros. ¿Y cómo van a saber los tribunales si hay colusión, situación tan difícil de acreditar, si no es a través de una denuncia? Entonces, estamos quedando donde mismo.
Me da la sensación de que la redacción del Senado apunta a que habrá que guardar silencio. Por una parte, dice que en materia de delación compensada se establece expresamente que el instigador u organizador del cartel o colusión de precios no puede ser favorecido con esa exención o reducción de multas. Y se establece una sanción para quien denuncie conductas que, a sabiendas, pueden contener antecedentes falsos. Me parece bien; pero en la definición de la delación compensada se están colocando más prohibiciones para denunciar que incentivos.
Desde ese punto de vista, hay que revisar esta legislación. Por lo tanto, voy a votar en contra esa modificación del Senado para que la norma sea analizada con mucha mayor profundidad por una Comisión Mixta.
He dicho.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640470
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640470/seccion/akn640470-po1-ds8