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- rdf:value = " El señor SÚNICO (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe.
El señor HARBOE.-
Señor Presidente , no cabe duda alguna de que legislar en momentos de convulsión pública no siempre resulta favorable. No obstante, hay que reconocer que este proyecto ya lleva un tiempo importante de tramitación, aunque hoy la situación sea más conocida por la colusión de las farmacias.
Chile es un país con un mercado interno bastante reducido y con un modelo económico muy abierto a la comunidad internacional. Desde esa perspectiva, en los últimos años se ubica en los lugares más altos dentro de los rankings de competitividad internacional; debido, especialmente, a la libertad del mercado interno.
Una cosa es mantener este diseño de libre mercado, pero otra muy distinta es permitir que ese mercado se desarrolle en completo libertinaje y anarquía, sin ningún tipo de regulación que permita garantizar la libre competencia, no sólo de aquellos que ejercen la posición dominante, sino también de aquellos pequeños productores o comerciantes que a lo largo del país pretenden hacerse un espacio para sobrevivir de manera lícita.
Una breve pincelada respecto de la industria y del comercio nos habla de cuatro grandes bancos, tres cadenas de farmacias, cuatro cadenas de distribución de alimentos, tres empresas de telecomunicaciones, dos empresas distribuidoras de combustibles, cuatro canales de televisión abierta, un operador de cable, dos satelitales, etcétera. Es decir, nuestra economía es de hecho, concentrada. Entonces, el punto de reflexión es cómo podemos establecer en este modelo de concentración económica una regulación que permita garantizar el libre desarrollo del mercado a otras personas que quieren participar legítimamente de la industria.
Me parece que, tal como lo señaló el diputado Eugenio Tuma , la discusión es más de fondo: se trata del modelo económico que queremos mantener, profundizar, regular, y cuál es el rol del Estado en el desarrollo de este modelo. Resulta fundamental plantearse esas dudas o disquisiciones para observar hacia el futuro la legislación que vamos a crear.
Ahora bien, para supervigilar el recto funcionamiento del mercado se requiere que las instituciones tengan la capacidad, las facultades y los instrumentos necesarios para poder cumplir sus funciones. De lo contrario, vamos a legislar en el mundo del deber ser y a dejar de lado al mundo del ser, el mundo de la realidad, desvinculando aún más la legislación de la realidad cotidiana.
El proyecto que hoy se presenta a discusión de la Sala va en el sentido correcto: dotar de mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica como organismo encargado de la persecución de aquellos ilícitos que pueden darse en materia de infracción a la libre competencia y también mayor dedicación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro de Economía que me habría gustado que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiese tenido dedicación exclusiva en estas materias, como era la idea original, porque la trascendencia de llevar adelante procesos en materia de libre competencia es fundamental para el desarrollo diario de los pequeños comerciantes.
Investigar estas infracciones es sumamente complejo, pues existe mucha reserva de información, porque los recursos y las capacidades tecnológicas disponibles de los investigados son muy altas; en consecuencia, se requiere de una institución investigadora con altas capacidades. Por eso, creo adecuado el aumento de facultades de la Fiscalía Nacional Económica, incluida la posibilidad de las interceptaciones telefónicas.
Ahora bien, no me gusta el doble filtro que existe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte de Apelaciones, puesto que una institución investigadora debe tener la capacidad de realizar su acción investigativa con rapidez y celeridad; de lo contrario, en general, los investigados logran burlar la acción de la investigación.
La figura de la delación compensada, tal como se ha dicho acá, debe ser debidamente precisada para lograr el objetivo buscado. Esto es dotarla de la posibilidad jurídica para que una persona que conozca una situación la denuncie responsablemente y goce de determinados tipos de protección. Por ello, creo que la precisión de los conceptos como instigador y organizador de carteles resulta relevante para lograr el fin buscado y no ser amparado por una norma que objetivamente no busca ese sentido.
Finalmente, es importante establecer hacia el futuro una compatibilidad con el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las empresas, que se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es necesario hacer responsable a las personas jurídicas con sanciones ejemplares que, incluso, pueden llegar a la disolución; con multas realmente onerosas, que signifiquen un elemento disuasivo para que la empresa nunca más piense en la posibilidad siquiera de coludirse para incrementar sus ganancias a costa de los usuarios y los consumidores, que son los realmente afectados. Por ello, además, creo que la responsabilidad penal de los participantes debe ser incorporada a esta legislación lo antes posible, pues al igual como condenamos públicamente y sancionamos a quienes hurtan o roban un pequeño objeto de un particular, las personas que se coluden para realizar este tipo de ilícitos están infringiendo las normas y el derecho de propiedad de muchos usuarios. Al respecto, existe un doble discurso. Mientras a unos se los trata de delincuentes, a los otros se los califica de infractores. Los principios deben ser estables e iguales para todos.
Por ello, las personas que se coludan para incrementar los precios en desmedro de los consumidores deben tener responsabilidad penal lo antes posible, para evitar ese tipo de acciones.
He dicho.
"
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