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- rdf:value = " El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , comparto buena parte de los argumentos expresados en la Sala, en el sentido de que el proyecto representa un upgrade -y así lo vimos en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en 2006, cuando se inició su tramitación- respecto de la calidad institucional con que Chile enfrentará las materias relativas a la defensa de la libre competencia, que tienen relación con el acceso igualitario a los bienes que la sociedad dispone para sus ciudadanos.
En este caso, se trata de la preservación de un elemento fundamental de los derechos que tienen las personas, tanto como consumidores, pero también como ciudadanos: disponer de un mercado con libre competencia. Esta reforma nos permite contar con un arsenal institucional acorde con las necesidades del desarrollo económico del país.
Además, se da la paradoja -y quiero centrar en este punto mi intervención- de que esto ocurre en medio de un debate iniciado sobre colusión o concertación en un sector sensible, como es el de la venta de medicamentos, que hemos conocido a partir del ejercicio de las facultades con que ya cuenta el fiscal Nacional Económico, que se mejoran con este proyecto, una realidad que seguramente no sólo ocurre en el mundo de las farmacias, sino también en otros sectores. Se trata de la colusión, la concertación de actores empresariales con posiciones dominantes en el mercado para alterar -a mi juicio, fraudulentamente- los precios de bienes de primera necesidad, como los medicamentos.
Esto ha generado profunda conmoción en la opinión pública y también ha motivado una importante movilización de actores sociales y políticos para buscar no solamente las responsabilidades contravencionales, de orden económico, sino también penales.
El viernes pasado presenté en mi distrito una denuncia ante la Fiscalía local por el eventual delito de estafa y otros previstos en nuestra legislación penal en relación con este caso. Creo que hemos llegado a un criterio común -incluso, ayer lo conversamos en la Comisión de Economía- para reponer la tipificación del delito asociado a estas materias, que se suprimió en 2003. Por cierto, como se trata de un tercer trámite, no estamos en condiciones de resolver la materia.
La semana pasada o antepasada varias bancadas parlamentarias, entre ellas la nuestra, presentaron un proyecto de ley tendiente a tipificar ciertos delitos. Se trata de una iniciativa que, en su momento, preparó nuestro colega y amigo Juan Bustos , destacado penalista chileno que presidió esta Corporación. Por lo tanto, me parece de justicia hacer mención que en ese proyecto -en el que colaboró también el diputado Encina - está la mano y el espíritu de nuestro compañero Juan Bustos . Además, participaron las bancadas del Partido por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Por consiguiente, existe un amplio consenso respecto de la necesidad de tipificar los delitos relativos a materias de libre competencia y derechos del consumidor.
Agradezco la disposición que expresó el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , en el sentido de acoger las propuestas formuladas por distintas bancadas, en particular de la Concertación, para que pronto dispongamos de una ley que establezca responsabilidades penales para quienes se coludan con el objeto de adulterar los precios de bienes y servicios en el marco de nuestra economía. Esto es lo que los ciudadanos requieren y esperan de nosotros.
Es importante apoyar y aprobar esta reforma al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , porque le entrega más herramientas a este organismo y a la Fiscalía Nacional Económica. Celebro que, en el marco de este debate, exista un compromiso formal del Gobierno para avanzar en la tipificación de los delitos.
Agradezco la disposición mostrada por el ministro de Economía y, sin duda, de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , que se ha hecho eco del estupor y de la indignación ciudadana por este escándalo.
He dicho.
"
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