MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE 2005, REFERIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Tercer trámite constitucional. (Continuación).
MODIFICACIÓN DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY Nº 1, DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, DE 2005, REFERIDO AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. Tercer trámite constitucional. (Continuación). El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Gonzalo Arenas. Antecedentes: -Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre las modificaciones del Senado, boletín Nº 4234-03. Documentos de la Cuenta Nº 6 de este boletín de sesiones. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. Tiene la palabra el diputado don Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente , paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Economía, de 2005, boletín Nº 4234-03. Al respecto, cabe expresar que si bien se obtuvo la unanimidad en varias de las normas establecidas en el proyecto, especialmente en las relativas a la independencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y, además, en las relativas a algunos medios de investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica, hubo otras materias respecto de las cuales no existió unanimidad y, por lo tanto, muchos diputados de la Alianza votamos en contra. Me refiero principalmente a las modificaciones establecidas en el artículo 3º del decreto ley Nº201, que establece el ilícito infraccional de atentados contra la libre competencia; lo referido al sistema de las multas; las normas sobre nombramiento del Fiscal Nacional Económico; las nuevas atribuciones que se entregaban a la Fiscalía Nacional Económica y el tema, siempre bastante discutible, de la delación compensada. Estas materias fueron especialmente tratadas por el Senado, donde se logró alcanzar acuerdos que no fue posible concordar en la Cámara de Diputados, lo que significó que cambiaran muchas de las circunstancias que en su momento fundamentaron nuestro voto en contra. En cuanto a las modificaciones establecidas por el Senado, cabe destacar que se restringe la posibilidad de aplicar una multa equivalente de hasta 30 mil unidades tributarias anuales sólo al caso de colusión. Sin duda, esa norma cambia en parte lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Se modificaron también las normas sobre nombramiento del Fiscal Nacional Económico, lo que consideramos positivo, ya que se amplía su independencia en relación con el poder político. Sin embargo, todavía no se llega a los niveles de independencia requeridos por la Cámara de Diputados, en cuanto al otorgamiento de nuevas atribuciones a dicha autoridad. En efecto, se trata de un funcionario que va a adquirir poder y capacidad para alterar los mercados, tema tan crucial e importante, por lo que se necesitan normas que garanticen su plena independencia. Por eso, muchas veces se discutió en la Cámara y también se propuso en parte en el Senado, que esa independencia se manifestara en un nombramiento parecido, por ejemplo, al del contralor General de la República , en cuanto a que fuera nombrado por el Presidente de la República , con acuerdo del Senado, y que no estuviera sujeto a remoción. Se avanzó en algo, ya que se perfeccionaron las normas que establecen su independencia, respecto de las aprobadas en la Cámara, pero no se llegó al ciento por ciento de lo que se buscaba en esas negociaciones. Así, también, en relación con nuevas facultades que se entregan al Fiscal Nacional Económico en el numeral 15) del artículo 1º, el Senado eliminó las contempladas en las letras n), ñ) y o). La letra n) establecía lo siguiente: “Realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g) y h) de este artículo”. La letra ñ) dispone: “Realizar indagaciones preliminares sobre eventuales infracciones en la ley u operaciones que pudieren restringir la competencia que no impliquen necesariamente el inicio de una investigación, en cuyo caso podrá ejercer las facultades contenidas en las letras g), h) y j) de este vehículo, todo ello previa modificación al indagado;”. Por su parte, la letra o) establecía lo siguiente: “Formular, una vez iniciada una investigación, recomendaciones a particulares u organismos públicos para que se abstengan de ejecutar un hecho o celebrar un acto o contrato bajo apercibimiento de interponer un requerimiento en su contra;”. En la Cámara, algunos nos opusimos a estas nuevas facultades, principalmente porque no garantizaban los derechos y la bilateralidad que debe existir ante cualquier investigación que realice la Fiscalía Nacional Económica. Consideramos que las formalidades que se requerían para iniciar una investigación -que forman parte de las garantías que tiene toda persona que se encuentra sometida a una investigación por parte de alguna fiscalía o de algún poder público- no se encontraban garantizadas. Por tanto, hemos acogido con bastante beneplácito la supresión de esas normas en el Senado. Para resguardar en mejor forma los derechos de las personas, en su momento votamos en contra de las atribuciones que se establecen en la letra p) del numeral 15), relativas principalmente con la facultad de Carabineros o de la Policía de Investigaciones para ingresar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permiten acreditar la existencia de la infracción, e interceptar toda clase de comunicaciones. El Senado intercaló, en el párrafo primero, a continuación de la expresión “mediante petición fundada”, la frase “y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”. Con esto, consideramos que se puede dar luz verde a las nuevas atribuciones que se establecen, porque, en el fondo, resguardan los legítimos derechos de terceros e igualan, aunque sólo en parte, los derechos de los acusados según el nuevo sistema procesal penal y de acuerdo con las investigaciones que realice la Fiscalía Nacional Económica. El Senado también introdujo modificaciones en materia de delación compensada, respecto de la cual diversos diputados seguimos pensando que no es el mejor mecanismo para combatir los carteles o los acuerdos sobre precios. Personalmente, considero que el caso Fasa, que conocimos en el último tiempo, más que servir de argumento en favor de la delación compensada, opera en contra de este mecanismo. Digo esto porque la indignación de las personas radica en que suponen que Fasa, sin información y sin conocimiento de la ciudadanía, llegó a una especie de acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica, con el objeto de pagar una multa muy inferior a la que se le habría aplicado si la investigación hubiese seguido adelante. Por lo tanto, subsiste la duda de que, tal vez, resulta más barato coludirse y después autodenunciarse. Por eso, en su momento planteamos que la delación compensada tiene sentido en países en los cuales se aplica -estoy pensando en Estados Unidos de América- cuando hay una pena de cárcel asociada al delito de colusión. Sólo en este caso la delación compensada puede ser efectiva. Pero, a pesar de que no se justifica ciento por ciento, estoy dispuesto a aceptarla, siempre que una amplia mayoría considere que puede ser beneficiosa. Es tan ajena a nuestra legislación -puede resultar beneficiosa en países donde existen otros sistemas jurídicos-, que me parece que debe ser aplicada en forma excepcionalísima y, por tanto, acotado a determinados casos, como el terrorismo o el narcotráfico. Aún no le encuentro plena justificación para los casos de delitos económicos. Sin embargo, estamos dispuestos a dar la unanimidad en esta materia, siempre que se adquiera el compromiso de que, posteriormente, se establecerá la pena de cárcel. Éstas son, fundamentalmente, las modificaciones introducidas por el Senado: la modificación de la definición contenida en el artículo 3º, el acotamiento de las multas, las normas sobre independencia del Fiscal Nacional Económico, las nuevas atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica y la delación compensada. Todas estas normas fueron perfeccionadas por el Senado. Por lo tanto, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda a la Sala votar favorablemente las modificaciones del Senado. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. El señor ORTIZ.- Señor Presidente , en la sesión de ayer se dio cuenta de los cambios introducidos por el Senado a este proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . El Senado introdujo cinco modificaciones fundamentales. Debido a ello, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de nuestra Corporación sesionó ayer en forma excepcional, con el objeto de analizarlas. ¿Por qué digo esto? Porque todo el país sabe que, debido al problema de las grandes farmacias, obviamente existe gran inquietud por la forma en que se va a legislar sobre esta materia. Durante la conversación que sostuvimos privadamente con el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , quien ayer permaneció varias horas en la Cámara, le planteamos que antes de aprobar las modificaciones del Senado requeríamos que el Gobierno se comprometiera a enviar en los próximos días otro proyecto que apuntara a establecer sanciones más severas para quienes atentaran gravemente contra la libre competencia, y que recogiera diversas mociones sobre esta materia presentadas recientemente. Entonces, llegamos a la conclusión de que, para proteger efectivamente a los consumidores, teníamos que aprobar las modificaciones del Senado, a la espera de ese proyecto del Ejecutivo -petición que aprovecho de reiterar al ministro de Economía - que recoja todas las mociones parlamentarias que existen al respecto, haciendo presente la máxima urgencia para su despacho, porque se trata de un problema que preocupa a todo el país. ¿Cuáles son las principales modificaciones del Senado al proyecto aprobado por la Cámara? En primer lugar, se les entrega mayor independencia y se les exige mayor dedicación a los miembros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El proyecto original -recuerdo a los colegas que ingresó al Congreso Nacional en junio de 2006- establecía nuevas incompatibilidades, inhabilidades y prohibiciones para los integrantes de dicho Tribunal, mayor dedicación y mejor remuneración, manteniendo el régimen vigente de dedicación parcial. La Cámara optó por un régimen de dedicación exclusiva y remuneración fija. El Senado repuso el régimen de dedicación parcial, por estimar insuficiente la remuneración para asegurar el concurso de especialistas en la materia. Ésta es una de las modificaciones más importantes. En todo caso, el Senado estableció más restricciones que las contenidas en el proyecto original del Ejecutivo, a fin de garantizar la independencia de los miembros del Tribunal, manteniendo la remuneración fija establecida por la Cámara, que es idéntica a la del Fiscal Nacional Económico y equivalente a la de un ministro de corte de apelaciones. El Senado estableció algunas incompatibilidades relacionadas con la independencia del Tribunal, entre las cuales figuran las siguientes: ser funcionario público, ser administrador, gerente o trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas o sometidas a las reglas de estas sociedades, o ser asesor o prestador de servicios profesionales en materias que digan relación con la libre competencia. Entre las inhabilidades, el Senado incluyó la de asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que tengan la calidad de parte en la respectiva causa, o haberlo hecho en los dos años anteriores a la fecha de ingreso de aquélla o durante la investigación por parte de la Fiscalía Nacional Económica que la haya originado. También se incorporó la prohibición de que integrantes titulares y suplentes del tribunal sean administradores, gerentes o trabajadores dependientes, o puedan asesorar o prestar servicios profesionales a personas naturales o jurídicas que hayan tenido la calidad de parte en alguna causa que conoció el respectivo ministro , por el plazo de un año, contado desde que ese ministro cesó en su cargo. Esta prohibición nos parece extraordinariamente positiva, porque no puede ser que, de la noche a la mañana, algún ministro se pase de uno al otro lado de la mesa. Se establece mejoras en materia de procedimientos. En relación con el procedimiento contencioso, el Senado introduce criterios de admisibilidad. Se agiliza la etapa probatoria. El Tribunal se pronunciará rápidamente ante un acuerdo extrajudicial entre la Fiscalía Nacional Económica y las partes. Se explicita la posibilidad de proteger la identidad de quienes aporten antecedentes. En cuanto al procedimiento no contencioso, el Senado faculta a la Fiscalía Nacional Económica para consultar actos futuros de particulares. Se permite resolver rápidamente cuando las partes estén de acuerdo con las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica. El Senado aclara que las resoluciones de un procedimiento no contencioso pueden ser reclamadas ante la Corte Suprema. Es decir, si alguna de las partes involucradas considera que ha salido perjudicada, contará con otra instancia. En relación con las multas, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados establecieron aumento del tope de las multas para todas las conductas, de 20 mil a 30 mil unidades tributarias mensuales. En el Senado, se restringió la posibilidad de aplicar una multa de hasta 30 mil UTM sólo a la sanción de una conducta; es decir, el tope se incrementa de 14,4 millones de dólares a 21,6 millones de dólares, pero sólo para los casos de colusión. El Senado introduce como criterio para la rebaja de la multa, la colaboración prestada a la Fiscalía Nacional Económica antes o durante la investigación de una colusión. Asimismo, establece que las multas aplicadas a personas naturales no podrán ser pagadas por sus respectivas empresas, vale decir, que deberán pagarlas de su peculio personal. Se disponen nuevas atribuciones para la Fiscalía Nacional Económica. Así, mediante petición fundada y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, podrá solicitar autorización al ministro de la Corte de Apelaciones que corresponde para que Carabineros o la Policía de Investigaciones entren en recintos públicos o privados a allanar, o descerrajar, e intercepten comunicaciones, etcétera. Se establece un doble filtro para consagrar estas facultades denominadas “duras”. Se planteó que para el ejercicio de esas facultades se requiere otorgar mayor independencia al fiscal. Se explicita que el nombramiento del Fiscal se hará a través del Sistema de Alta Dirección Pública y que durará cuatro años en su cargo. Se fija un esquema especial de remoción, dispuesto por el Presidente de la República, previo informe favorable de la Corte Suprema, a requerimiento del ministro de Economía. La Fiscalía Nacional Económica podrá solicitar antecedentes a particulares y llamar a declarar a cualquier persona que en forma voluntaria pudiere tener conocimiento del hecho denunciado, de manera de determinar si inicia una investigación. A mi juicio, eso es importante, porque muchas veces a la prensa llegan situaciones con carácter de escándalo, y después se publican dos o tres líneas para aclarar la equivocación, en circunstancias de que se ha provocado un daño irreparable. Esa preocupante situación se repite muy a menudo en nuestro país. Por lo tanto, es una decisión correcta. Por último, figura un sistema de delación compensada. Si bien existen alternativas para que ella opere, tenemos el reciente caso de la colusión de las cadenas de farmacias. Por lo tanto, se estimó necesario entregar mayor certeza. Se establece que quien entregue a la Fiscalía Nacional Económica antecedentes precisos, veraces y comprobables sobre un acto de colusión, podrá acceder a una exención de la multa, si es el primero en aportar antecedentes, o a una rebaja de hasta el 50 por ciento de la multa, si no es el primero en hacerlo. Si el Tribunal acredita la existencia de colusión, no podrá imponer una sanción mayor que la solicitada por la Fiscalía Nacional Económica. En nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio la aprobación de todas las modificaciones del Senado a esta iniciativa, que se complementará con el proyecto que el Ejecutivo enviará a tramitación en los próximos días para establecer más sanciones ante situaciones que preocupan a la opinión pública. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , escuché con atención las intervenciones de los diputados Gonzalo Arenas y José Miguel Ortiz en relación con las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto en estudio. Además, sobre el particular conversé con la jurista y colega Laura Soto . Tras leer el informe respectivo, no pude dejar de culparme del error que cometí durante la tramitación del proyecto que dio lugar a la publicación de la ley Nº 19.911, que crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese entonces, con ocasión de la modificación y perfeccionamiento de nuestra legislación antimonopolios, contenida básicamente en el decreto ley Nº 211, de 1973, se dijo que las conductas atentatorias contra la libre competencia debían ser sancionadas mediante multas, eliminando -en lo que pongo especial énfasis- la sanción penal contenida en la norma original. Por eso, a mi modo de ver, cometí un error al pronunciarme en esa oportunidad por la eliminación de la sanción penal. Técnicamente, se argumentó que la sanción contenida en el decreto ley Nº 211 constituía una ley penal en blanco al no describir de manera precisa las conductas que sancionaba. Por lo tanto, según se dijo, se vulneraba una garantía constitucional importantísima contenida en el inciso final del Nº 3º del artículo 19 de nuestra Constitución. Como una forma de contrapesar la eliminación del carácter penal, se aumentaron las multas con la esperanza de que esa reforma disuadiera a los agentes responsables de ese ilícito. Se llegó a decir que la eliminación del carácter penal, lejos de sugerir un ablandamiento ante las violaciones a la ley, disuadiría en forma más eficaz a los potenciales infractores. ¡Profundo error! Lamentablemente, hoy debemos reconocer que la vergonzosa situación -lo expresó el diputado José Miguel Ortiz - acaecida recientemente tras la colusión de las tres mayores cadenas de farmacia, demuestra el carácter erróneo de la indicación al proyecto presentada por el Gobierno y lo ilusos que fuimos algunos parlamentarios al apoyar esa reforma. Las multas no demostraron su carácter disuasivo y son irrisoriamente bajas al momento de compararlas con las anormales utilidades que obtienen los agentes económicos que atentan contra la libre competencia, sea mediante colusión u otro tipo de conducta. Por eso, el proyecto en discusión intenta al menos en parte corregir ese error. Celebro el aumento de las multas, pero lamento sobremanera que de nuevo se omitiera la sanción penal a quienes incurran en conductas atentatorias contra el libre funcionamiento de los mercados y su carácter competitivo. La complejidad de la materia no debe ser óbice para que, de una vez por todas, plasmemos el deseo de la ciudadanía -por lo demás, constituye la opinión de la mayoría de los parlamentarios a quienes consulté sobre este tema un tanto complejo para quienes no somos abogados- mediante la creación de nuevos tipos penales. Sólo de esta forma lograremos impedir de manera eficaz este tipo de conductas, como lo han entendido algunas legislaciones más avanzadas, como la europea o la norteamericana, entre otras. No dejemos que la letra muerta de la ley sea reflejo de falsos ideales legislativos, como ocurre con la actual eficacia del título del crédito de cheques -problema que hoy afecta a muchos-, que pasó de ser una garantía de tangible sanción mediante la fuerza, a ser un mero trozo de papel. En esta materia, existe una deuda pendiente para sancionar a los que delinquen mediante ese título llamado cheque, que hoy es un trozo de papel que se presta para las estafas más grandes. Finalmente, anuncio mi apoyo a las modificaciones del Senado. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el ministro de Economía , señor Hugo Lavados. El señor LAVADOS ( ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).- Señor Presidente , quiero referirme brevemente a la importancia que reviste para el Gobierno la aprobación de este proyecto de ley. Como se ha dicho, la iniciativa se presentó a tramitación en junio del 2006. Por lo tanto, no responde a la coyuntura actual, pese a que ha cobrado importancia debido al tan desafortunado comportamiento de colusión de cadenas de farmacias, caso que se presenta como requerimiento por la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En nuestra economía es fundamental el buen funcionamiento de los mercados y, por cierto, una elevada concentración incentiva la existencia de colusión. Eso se pretende evitar con este proyecto, además de desincentivar los comportamientos de acuerdo de precios que perjudica a los compradores. Uno podría abarcar mucho sobre esta materia, pero creo que basta con señalar un hecho claro, y que no es de ahora: en la Corte Suprema se han rechazado algunos requerimientos de la Fiscalía, porque no ha existido un buen sistema para probar las faltas cometidas en materia de acuerdos de esta naturaleza. Es muy difícil hacerlo si no existe un mecanismo de investigación como el contenido en este proyecto de ley, que, reconozco, es complicado. Pero, en la medida de que cuente con la aprobación del Tribunal, estaremos en presencia de un tema de naturaleza diferente a una simple investigación de tipo administrativo. Desde el punto de vista del Ejecutivo , esta iniciativa constituye un paso extremadamente importante. Por lo tanto, cuando se convierta en ley de la República, tendrá gran trascendencia para el desarrollo de la institucionalidad en materia de regulación y fiscalización, a fin de lograr un buen comportamiento de los mercados. Si este proyecto ya se hubiese convertido en ley, habría sido mucho más fácil la actuación de la Fiscalía Nacional Económica en relación con la situación de las farmacias. Por lo tanto, es necesario recalcar una vez más que el acuerdo a que llegó la Fiscalía Nacional Económica en este caso no tiene nada que ver con la delación compensada a que hace referencia el proyecto, puesto que es de otra naturaleza y tiene otro tipo de consecuencias. Por eso, en forma insistente hemos señalando la importancia de que el proyecto se convierta lo antes posible en ley. A comienzos de la década de los ´90 fui miembro de la Comisión Resolutiva Antimonopolios, instancia que contaba con una estructura completamente distinta. En menos de dos décadas, la situación ha cambiado. Por eso es necesario introducir una reforma sustancial en la institucionalidad, de manera de avanzar en el perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados y su regulación. Anuncio el compromiso del Gobierno en relación con la presentación de un proyecto de ley que establezca sanciones penales en casos de colusión. Se contemplarán todos los resguardos necesarios para contar con una clara tipificación del delito, que fue uno de los problemas que llevó a la eliminación de la sanción. La iniciativa sobre la materia se presentará a tramitación a la vuelta de la semana distrital. Por lo tanto, de aquí a dos semanas se podrá iniciar su análisis y discusión. Algo similar se hará respecto del fortalecimiento de las demandas colectivas de los consumidores, aspecto que se incluirá en otro proyecto de ley que presentaremos en tramitación a la brevedad. De esa forma, se podrán agilizar las demandas y se podrá hacer parte el Sernac, en la medida en que existan fallos del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Para la elaboración del proyecto sobre sanciones penales, recogeremos las mociones que, sobre esta materia, han presentado los distintos partidos políticos, en especial los de la Concertación. Al respecto, contamos con presentaciones de parlamentarios de la Democracia Cristiana, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista. Los nombré en orden alfabético, porque se presentaron casi simultáneamente. El diputado señor Gonzalo Arenas dio a conocer su buena disposición ante el proyecto. Por lo tanto, esperamos que su tramitación se realice con la mayor agilidad, pese a la complejidad que reviste. A mi juicio, es necesario reconocer el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica. Al respecto, muchas veces se ha planteado que, ante situaciones como la que conocemos hoy, el Estado y el Gobierno no defienden a los consumidores, que se encuentran inermes. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para reconocer la positiva tarea que cumple esa institución autónoma del Estado. Además, es necesario reconocer el trabajo realizado por el Fiscal, señor Enrique Vergara, quien ha intentado por todos los medios posibles hallar dónde se producen conductas anticompetitivas. En el caso que hoy todos conocemos ha logrado un hecho inédito: el reconocimiento de una conducta colusiva. Por lo tanto, nuestro reconocimiento, con nombres y apellidos, para quien ha trabajado arduamente en esta materia. Esperamos la aprobación de las modificaciones del Senado por amplia mayoría, de manera de trabajar, después, en la segunda parte, cual es el establecimiento de la sanción penal, en la medida en que se tipifique bien el delito. Creemos que el proyecto significa un paso adelante y que, por lo tanto, el mercado funcionará de mejor forma, lo que es fundamental dado el actual esquema económico. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente , para quienes creemos firmemente en que el sistema de mercado es el mejor para superar la pobreza y desarrollar al país, sin duda acuerdos como el suscrito por Fasa constituyen una verdadera traición, Se trata de una situación de suma gravedad, no porque desconfiemos del sistema, en el cual creemos firmemente, sino porque esas actitudes desprestigian un sistema que es positivo para el desarrollo económico de los países. Actitudes como la de Fasa atentan contra la esencia de la libre competencia, y por ello las condenamos. Es más, por eso considero que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debió rechazar el acuerdo a que llegó Fasa con la Fiscalía Nacional Económica, pues se dan dos hechos sumamente graves: primero, quedará siempre la duda de si a Fasa le salió más barato, desde un punto de vista económico, llegar a ese acuerdo y pagar una multa acotada que ser descubierta y que se le aplicaran todas las multas que correspondían por el delito de colusión en el que participó. Repito, queda la sensación de que para Fasa el hecho de autodenunciarse y llegar a un acuerdo con la Fiscalía Nacional Económica resultó un negocio barato. Segundo, ese hecho impide investigar otro tema que reviste suma gravedad: resulta poco creíble, por no decir ridículo, el argumento del directorio y de los dueños de Fasa según el cual no sabían que existían acuerdos de precios, y que sólo ejecutivos de nivel medio estaban al tanto de ellos. Nunca creí que ese argumento pudiera ser cierto. Es increíble que la gente de Fasa nos quiera hacer creer que éste es un tema que no conocía el directorio. Por ello es tan importante que, en caso de que se establezca la delación compensada, se disponga también la pena de cárcel. No me cabe duda de que un funcionario medio de alguna empresa podría estar dispuesto a echarse la culpa respecto de un caso de colusión en caso de que sólo deba pagar una multa, pues lo más probable es que las platas le lleguen por otro lado, a pesar de los resguardos que se establezcan en la legislación. Sin embargo, más difícil de creer que alguien esté dispuesto a ir a la cárcel por otro. Por ello, la eficacia de la delación compensada depende de si va asociada o no a la pena de cárcel. De ser así, los directores o los gerentes generales no se podrán escudar -como sucede en este caso- en que los acuerdos eran conocidos sólo por los mandos medios. Para quien habla, gran defensor del sistema de mercado, porque -repito- es el mejor que podemos tener, la actitud del directorio y de la gerencia de Fasa resulta una traición que debe perseguirse con el mayor rigor posible, pues desprestigia al sistema, engaña a los consumidores y debilita la institucionalidad que se ha construido en nuestro país durante los últimos años. Por eso, considero que hay que ser cuidadosos cuando se señala que hay que perseguir responsabilidades penales en este tema. Estoy de acuerdo con ello, pero, como dijo el señor ministro , es necesario actuar con sumo cuidado. Aquí no podemos partir de la misma lógica con que se enfoca el narcotráfico o el terrorismo. La gente que invierte produce riqueza, empleos y emprendimiento, por lo que es necesario felicitarla y no perseguirla. Hay que presumir buena fe en las personas que participan en el mercado. Por eso, no es posible establecer sanciones y persecuciones exageradas para inhibir a personas de buena fe a meterse en problemas. Donde se establecen sistemas de libre mercado se corre el riesgo de pasar de un país de emprendedores a uno de rentistas. Así, por ejemplo, los grandes inversionistas que hacen posible que las cadenas de farmacias funcionen, siempre cuentan con la atractiva alternativa de depositar sus platas en algún fondo mutuo o en algún instrumento de renta fija, lo que impediría generar emprendimientos y nuevos trabajos. Por eso, resulta importante que existan incentivos para que la gente que cuentan con recursos o tiene la audacia de invertir, lo haga en emprendimientos y no en sistemas de renta fija. Reitero, debemos ser cuidadosos en ese tema. Quienes creemos firmemente en el sistema de libre mercado esperamos que la legislación ayude a frenar este tipo de colusiones. Para ello es necesario que ingresen a tramitación los proyectos que se refirió el señor ministro de Economía , de manera de defender y proteger este sistema que tan bien le ha hecho a Chile, en particular a los más pobres. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , nos abocamos a estudiar, en su tercer trámite constitucional, un proyecto de ley que ingresó a tramitación en 2006. Se trata de una iniciativa de extraordinaria significación, que adquiere mayor importancia en estos días, cuando se discute la necesidad de contar con un efectivo Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. No se trata de un proyecto que se debata como consecuencia de la coyuntura que vivimos. Como se ha dicho, el proyecto se discute desde hace tres años. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar la extraordinaria vigencia que adquirió -ello hace necesario que legislemos lo antes posible sobre el particular- debido a los últimos hechos acaecidos en el país. Hemos observado con estupor la forma como tres grandes cadenas de farmacias, que cubren nada menos que el 97 por ciento del mercado, fueron capaces de ponerse de acuerdo para elevar los precios de más de 220 medicamentos y, presumiblemente, lucrar con la salud de las personas. Difiero de lo expresado por el diputado Arenas en algunos puntos. Efectivamente, el país funciona con una economía abierta. Sin embargo, soy de las que cree que, junto con ello, es necesario contar con una sociedad en equilibrio, donde el Estado debe jugar un rol fiscalizador, regulador y de aseguramiento del bien común. No coincido con su señoría en cuanto a que el mercado lo resuelve todo. Éste ha sido el mejor ejemplo de cómo la concentración económica, el lucro y la codicia nos llevan a situaciones que, lamentablemente, como siempre, terminan pagándolas los más vulnerables. Eso es doloroso. Anuncio que la bancada del Partido Socialista votará favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado. Nuestro deseo es despachar lo más pronto posible el proyecto, porque nos interesa que exista un Tribunal de Defensa de Libre Competencia que funcione bien, en forma autónoma, independiente y que verdaderamente ejerza su rol; que queden explicitadas las inhabilidades y las incompatibilidades, y que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. No sólo se trata de que su cargo se provea a través del sistema de Alta Dirección Pública, sino que su remoción también debe contar con mecanismos específicos. Necesitamos un Fiscal Nacional Económico con atribuciones que le permitan realizar investigaciones, indagaciones y estudios cuando existan sospechas fundadas de la comisión de algún ilícito. Todos escuchamos que desde hacía algún tiempo la Fiscalía Nacional Económica se encontraba reuniendo antecedentes, pues se sabía que, presumiblemente, existía una suerte de acuerdo entre las cadenas de farmacias. Finalmente, la colusión se descubrió debido a que una de ellas así lo indicó. En consecuencia, nos interesa mucho que el Fiscal Nacional Económico cuente con mayores atribuciones. Los últimos hechos nos indican la necesidad de que existan instituciones como ésta, que permitan que, efectivamente exista libre competencia. Señor Presidente , nuestra bancada fue una de las que presentó, al igual que otras, un proyecto sobre esta materia, cuyas normas esperamos que el Ejecutivo acoja a la brevedad -como lo anunció el señor ministro , a quien aprovecho de saludar-, de manera de establecer una sanción penal contra quienes incurran en el delito de colusión para subir precios, porque de esa manera se atenta contra los derechos del consumidor y la libre competencia. O sea, no está referido solamente al caso puntual que nos preocupa de las farmacias, sino, en general, cuando se atente contra los derechos del consumidor y la libre competencia. A nuestro juicio, es indispensable que exista esa figura penal. De lo contrario, siempre existirá la posibilidad de que gente, con tal de lucrar, esté dispuesta a riesgos de multas y sanciones. En suma, debemos ponernos al día en esta materia, tal como está ocurriendo en el derecho internacional comparado. Hoy, en países más desarrollados se observa que para garantizar la libre competencia, se establece esa figura penal. Al respecto, hemos conocido situaciones insólitas, que nunca hubiéramos imaginado tiempo atrás, como el caso de Cristie´s y Sotheby´s, las dos más grandes casas transnacionales que trabajan en el mercado de compraventa de objetos de arte. Después de una investigación, se descubrió que se ponían de acuerdo para fijar ciertos precios. El resultado es que sus representantes fueron encarcelados. Estamos hablando, probablemente, de gente del más alto nivel socioeconómico, de una élite internacional que, sin embargo, fue encarcelada. Esto refleja que el Estado debe ser mucho más proactivo y no limitarse a cumplir un rol subsidiario, como creen algunos de nuestros colegas. Por lo tanto, señor Presidente, necesitamos que el Ejecutivo recoja la moción que presentamos para que exista una sanción penal. También queremos modificar la ley del consumidor. Es indispensable garantizar más sus derechos, porque hoy, a pesar de los avances en esa materia, en general ellos ven con bastante frustración que sus demandas colectivas no resultan. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro que aprobamos la idea que nos hizo llegar la organización de consumidores, en el sentido de que, por ejemplo, en caso de que se provoque daño a un consumidor individual que no pueda ser determinado, pero que sí pueda calcularse dicho daño sufrido por un colectivo de consumidores, el juez pueda dictar sentencia como forma de resarcirlo y fijar la indemnización correspondiente a cada consumidor. Ésta sería una modificación a la ley del consumidor que haría muy bien. Entiendo que el Gobierno, en el caso de colusión de las cadenas de farmacias, ha establecido una serie de medidas con el objeto de defender los derechos de los consumidores y hacer mucho más transparente ese mercado. Me alegro de que así sea. Espero que lo antes posible se pongan en ejecución. El Sernac, por ejemplo, podría elaborar un informe público quincenal sobre los precios de los medicamentos; las farmacias podrían vender medicamentos que no requieran prescripción médica, sin necesidad de intermediación de dependientes, y la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast, a través de su sitio web, podría publicar los precios con los cuales distribuye los medicamentos al sector público. Se trata de medidas que claramente avanzarán en la línea correcta. Por lo tanto, para que verdaderamente exista un mercado que opere, éste no puede dejarse entregado a la libre oferta. Por lo tanto, debe haber un Estado capaz de regularlo, de fiscalizarlo, de estar presente, y aquí estamos dotándolo de uno de los instrumentos más importantes para la consecución de dicho objetivo. En ese sentido, es fundamental garantizar la autonomía del Tribunal; pero las mayores atribuciones se las entregamos al Fiscal Nacional Económico. Sólo si se establece la figura penal se impedirá que en el futuro -aunque todavía tengo mis reservas- debamos presenciar la existencia de colusión para lucrar, ya sea con la salud, en materia de servicios, etcétera, porque ella afecta los derechos de los consumidores. No creo -en eso concuerdo con el diputado Arenas - que en el caso de las cadenas de farmacias baste con decir que hubo mandos medios que actuaron por sí solos. Ya es hora de que se asuman las responsabilidades. Por eso, insto a tomar los ejemplos de otros países, de manera de hacer cumplir esas responsabilidades al más alto nivel. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente , sin duda alguna, causó conmoción el reconocimiento de Fasa de haberse coludido en materia de precios, sobre todo por tratarse de un área tan sensible para la gente como lo relacionado con los medicamentos y, en general, el mercado de la salud. Esta Cámara, más allá del reconocimiento de dicha empresa de haber vulnerado de manera tan grave la libre competencia y el sistema, que aspiramos funcione bien, debiera hacer un reconocimiento de la falla que cometió en su momento al permitir la supresión de las sanciones corporales. Ese proceso pasó por el Congreso Nacional, pero, lamentablemente, se tomaron otras decisiones, más allá de los sectores políticos involucrados, dado que, en general, existió unanimidad. Al respecto, hay que hacer un análisis riguroso y esperar que el Ejecutivo envíe a tramitación una iniciativa que reponga la sanción corporal para este delito. Obviamente, habría que tipificarlo bien, porque ese fue uno de sus problemas que se tuvo en consideración en ese momento. Hoy podemos entrar en ese debate, de manera de emular lo que han hecho otros países. En general, en esta materia existen tres puntos por considerar: la sanción corporal o pena de cárcel, la multa y el resarcimiento o indemnización de los consumidores. Son tres los caminos que uno debe tomar en cuenta en una situación como ésta. Sin duda, la multa es un tema no menor -pensando en el acuerdo que hubo entre la Fiscalía Nacional Económica y Fasa-, porque en torno de ella se dibuje una delgada línea roja que separa lo que está bien de lo que está mal. Así, una empresa puede estar dispuesta a hacer su reconocimiento, en circunstancias de que el beneficio que ganó por cometer el delito es enorme. Por eso, en otros países se ha estimado que jamás la multa puede ser menor al monto del beneficio que se obtuvo por infringir la ley. Debemos ser capaces de analizar ese tema. Si bien el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contará con atribuciones para aceptar o rechazar el acuerdo e imponer la multa, el ideal sería contar con estándares mínimos a fin de que a las empresas no les sea más beneficioso aceptar la multa que cumplir con la ley. En ese sentido, en otros países la delación compensada se vincula con la pena de cárcel; es decir, los representantes de las empresas que entregan antecedentes y ayudan a la investigación, sólo se liberan de la pena de cárcel, no así de la multa o de resarcir a los consumidores. Eso es muy importante en esta discusión, sobre todo en relación con la multa, puesto que en el pasado el Tribunal de la Libre Competencia aplicó sanciones ejemplificadoras con ocasión de colusiones llevadas a cabo en la denominada guerra de los televisores. El mercado de los medicamentos es tremendamente sensible, porque la gente puede optar entre comprar o no un televisor, pero lamentablemente no puede dejar de comprar el medicamento que necesita para recuperar su salud. En consecuencia, la sanción de-biera ser ejemplificadora. En cuanto al resarcimiento a los consumidores, el tema es también importante sobre todo considerando que en el país las esperas son enormes. En efecto, hay demandas que están esperando un fallo en primera instancia desde hace cuatro años y medio; por lo tanto, muchas veces los consumidores no están dispuestos a esperar el tiempo necesario para obtener el respectivo resarcimiento. En ese sentido, el Ejecutivo debe ser muy proactivo en dos caminos: Uno, que las demandas colectivas se puedan presentar de manera más rápida y ser más eficaces, y que den resultados pronto para que los consumidores los puedan apreciar. Dos, que se pueda empoderar mucho más al Servicio Nacional del Consumidor. Lamentablemente, siento que hoy es un servicio de mediación, por cuanto no tiene atribuciones para ejercer más presión, de manera que se cumplan multas que no superan los siete millones de pesos. Asimismo -como se ha dicho por ahí-, el Sernac se ha convertido en un tigre sin dientes, porque tiene muchas intenciones de rugir, pero, lamentablemente, no puede morder. Por eso, la Cámara debe aprobar el proyecto, toda vez que fortalece la independencia del Tribunal de la Libre Competencia y otorga atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, pero dejando claro que quedan temas pendientes. No esperemos que se apaguen las luces de la conmoción que causó en la gente la colusión de precios; por el contrario, sigamos trabajando para sacar adelante esas materias pendientes, como la relacionada con las penas corporales. Sobre esto último, una reflexión. El chiquillo de alguna población periférica que roba un televisor porque tiene hambre y no tiene qué comer, recibe pena de cárcel por ese delito. Lo insólito es que para los delitos económicos, de cuello y corbata, donde todo vale para obtener ganancias millonarias, las sanciones son muy bajas respecto del ilícito cometido. Por eso, dentro de las prioridades, necesariamente deberemos analizar la aplicación de sanciones penales pare estos delitos. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Laura Soto. La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente , tal como dijo el ministro Lavados , el proyecto se viene tramitando desde el año 2006, cuando corrían otros aires. Por eso, se desarrolló un debate como de laboratorio, un tanto abstracto, porque en ese entonces no habíamos tenido a la vista los dramáticos hechos que se han conocido en los últimos días. Por ese entonces, muchos de nosotros, imbuidos de alguna ideología particular, la delación compensada nos merecía muchas dudas, primero, por nuestra formación garantista, y segundo, por nuestro apego al valor de la lealtad. Es decir, la delación compensada nos parecía una figura excepcional, equivalente a la traición, y, por lo tanto, consideramos que nuestra legislación debía contemplarla para delitos graves, como los relacionados con el narcotráfico o el terrorismo. Sin embargo, lo ocurrido con las cadenas de farmacias -hecho que está afectando a miles y miles de personas, que han visto alteradas sus vidas; incluso, algunos consideran que se atentó contra la vida y la salud de las personas- nos abrió los ojos y la mente. Por eso, ante la existencia de carteles, de monopolios o de concentración económica, como ocurre con las farmacias Salcobrand, Fasa y Cruz Verde, que mantienen cautivo el 90 por ciento del mercado, pienso que la figura de la delación compensada se debe contemplar en nuestra la legislación. El Senado debatió el tema, y con razón se señaló que la delación compensada debía estar recubierta de las garantías propias y legítimas del debido proceso; o sea, petición a la corte de apelaciones respectiva, verificación de la seriedad de los antecedentes, de manera que la delación sirva como prueba para determinar el ilícito. Sin embargo, nos encontramos con un problema, que será abordado por otro miembro del PPD, el diputado Eugenio Tuma , quien es especialista en la materia: el instigador de la colusión jamás podrá utilizar en su favor la delación compensada. ¿Cuál es la gracia de la compensación? Que el que hace la delación, el que delata a quienes están con él, espera recibir a cambio -como ocurre con Fasa- una multa absolutamente baja, porque entiende que ha habido colaboración. Pero si se establece que el instigador no puede utilizar en su favor la delación, entonces la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no podrán nunca recurrir a la delación compensada para romper la colusión, que es lo que más nos interesa. El tema debiera despejarse en este proyecto o bien hacernos cargo de él cuando discutamos la iniciativa sobre la sanción corporal, porque es una cuestión que está en el aire y que la sociedad nos exige resolver para cerrar la ventanita de escape. El proyecto es un avance, toda vez que se abre a nuevas medidas, como entrar a recintos públicos o privados y, si fuere necesario, allanar y descerrajar; registrar e incautar toda clase de objetos y documentos, autorizar escuchas telefónicas, etcétera, todas acciones tendientes a probar la colusión o alza fraudulenta de precios. También nos preocupa lo que señaló el ministro Lavados aquí en la Sala, que dice relación con que la Corte Suprema ha estado desestimando algunos requerimientos, y que hoy el Fiscal Nacional pusiera en duda las interposiciones de querellas, particularmente las interpuestas en Santiago, Valparaíso y Valdivia . A lo mejor, la tipificación no es la exacta y por allí podrían colarse los que participaron del ilícito. Esas cuestiones debieran preocuparnos, y no sacar el proyecto en forma apresurada. Llamo a introducir algunos perfeccionamientos, de manera de no perder lo obrado. El ministro Lavados dijo que la Fiscalía viene actuando muy bien, pues su investigación dejó al descubierto la colusión de las farmacias. Por eso me preocupa que estemos sembrando falsas expectativas con el proyecto, que la delación compensada no sirva y que no se impongan penas corporales. La bancada del Partido por la Democracia y la diputada que habla estamos de acuerdo con el proyecto, toda vez que hemos tenido una participación muy activa durante su tramitación; pero también pedimos un momento de reflexión para mejorarlo. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , el completo informe del diputado Arenas y las intervenciones que me antecedieron me ahorran comentarios sobre el contenido del proyecto. Sin embargo, quiero referirme a un punto que merece una particular atención. Mucho se habla de la colusión de las farmacias y todo un país reacciona alarmado, como si esto no fuera parte de la vida diaria. No debemos taparnos los ojos, porque practicas de colusión se dan en todos los rubros. Comerciantes de la zona que represento me indicaron la forma cómo las grandes empresas imponen el precio de venta de algunos productos. Prefiero no dar ejemplos de lo que estoy diciendo para no dañar a esos comerciantes, pero el precio final de venta de algunos productos lo imponen las grandes tiendas. Ahora, si el comerciante detallista no respeta ese precio de venta, lo amenazan con sacarlo del mercado, con no venderle más ese producto ni otros. Me encantaría denunciar libremente esas situaciones sin afectar a los comerciantes perjudicados. Asimismo, es importante recordar el problema que afecta a algunos productores de nuestro país, que viven la situación exactamente al revés. Estoy hablando de los lecheros y de los productores de arroz, tema que los integrantes de la Comisión de Agricultura conocen mucho más en profundidad que yo. En este caso, un par de compradores se ponen de acuerdo para fijar el precio de compra de esos productos, ante lo cual los productores no tienen absolutamente nada que hacer. Algo similar ocurre con los productores de trigo, que no conocen el precio que se pagará por ese grano hasta el momento de la venta. Estas situaciones no sólo distorsionan el mercado, sino que mantienen a muchos agricultores en una permanente incertidumbre. Estos temas nos debieran hacer reflexionar, cuando se lleve a cabo su discusión en la Cámara, con el objeto de que, en nuestra calidad de parlamentarios, representemos a esos productores y a la gente, sobre todo a la de las pymes, que deben seguir sin protestar los criterios que imponen grandes tiendas y empresas. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente , éste es un día muy importante, porque los senadores de la Alianza, que estaban trancando por más de un año la tramitación de la iniciativa, se abrieron a la aprobación de este proyecto referido a la defensa de la libre competencia, luego de la indignación nacional que produjo la abusiva colusión de las grandes cadenas de farmacias. En términos muy sucintos, el proyecto tiene tres grandes componentes, que sólo voy a mencionar, para después hacer una reflexión respecto del desafío que esto involucra hacia delante. Primero, establece normas para la defensa de la libre competencia, con el propósito de dar mayor independencia a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Segundo, corrige -esto es muy importante- determinadas disposiciones de carácter procesal que afectan la gestión del Tribunal o, mejor dicho, la eficiencia en la dictación de sus resoluciones cuando se pasa a llevar este tipo de legislación. Tercero, fortalece las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica como órgano que investiga las conductas contrarias a la libre competencia en los mercados. Aprovecho de felicitar al Fiscal Nacional Económico, quien, a pesar de las reducidas atribuciones legales que tiene, ha sido capaz de imprimir a este tema la relevancia que estamos viendo. Sin embargo, quiero resaltar que la bancada de la Democracia Cristiana, que va a aprobar gustosamente el proyecto, considera que las conductas anticompetitivas desarrolladas en distintos mercados dice relación con un problema no sólo del ámbito económico, sino también del ámbito ético, porque la libre competencia no puede ser sinónimo, como algunos creen, de libre empresa o de libertinaje de la empresa. Por eso, pensamos que un sistema funciona bien sólo cuando existe una regulación fuerte y clara, que asegura que la libertad de empresa se ejerce con responsabilidad. Al respecto, ha quedado demostrado que no todas ellas merecen la confianza de los consumidores. El tema de las farmacias es palmario. En muchas materias no se ejerce en forma responsable la libertad de empresa. Por eso resulta fundamental este tipo de legislación. En esa línea, no nos cabe ninguna duda de que la aprobación del proyecto en discusión permitirá, por ejemplo, revisar en profundidad si existen o no condiciones para el funcionamiento adecuado del mercado en sectores en que hay una concentración económica significativa. Nos referimos a rubros como los de las isapres, las AFP, la telefonía, los fertilizantes, la industria molinera, al transporte aéreo, los supermercados o los bancos, en que sólo cuatro instituciones concentran el 67 por ciento de las colocaciones. No tenemos dudas de que puede haber problemas en esos mercados, por lo que nos parece que la aprobación de la iniciativa en estudio permitirá, como dije, entrar de lleno a la revisión de esos ámbitos. Por lo tanto, junto con anunciar nuestro respaldo a las modificaciones del Senado, voy a plantear dos temas que, ojalá, el Ejecutivo los aborde a la brevedad. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al ministro de Economía -quien ha dado un gran impulso al Fiscal Nacional Económico para que profundice en estas materias- que debemos iniciar un proceso de revisión de los mercados que señalé, para ver si efectivamente existe libre competencia. Debemos despejar las dudas en otros mercados, respecto de los cuales tenemos datos fundados de que no existe libre competencia, como han denunciado en forma categórica los diputados Sergio Ojeda y Mario Venegas respecto de los fertilizantes. ¿Por qué no hacer una investigación clara y precisa en materia de fertilizantes, telefonía, AFP y los demás rubros que mencioné? Debemos iniciar esa tarea desde ya para despejar todas las dudas que existen en esos sectores, porque se afecta a personas que se sienten muy débiles ante esas empresas. Por último, deseo plantear una cuestión que han resaltado todos los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra. Señor Presidente , por su intermedio deseo expresar al señor ministro , que es necesario presentar a la brevedad un proyecto de ley para reponer la sanción penal a las conductas anticompetitivas, pero que no presente los problemas de técnica legislativa que tenía el decreto ley Nº 211, que impidieron su aplicación, por ejemplo, en contra de quienes realizaban actividades monopólicas. Por lo tanto, hay que tener presente por qué no funcionó adecuadamente ese cuerpo legal, para perfeccionar el proyecto que se presentará a tramitación al Congreso Nacional. No me cabe duda de que el ministro va a ratificar esto. También considero fundamental, además, la presentación de un proyecto de ley que entregue mayores facultades al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac , para agilizar los procesos de demandas colectivas por daño a los consumidores. El proyecto en discusión tendrá el efecto esperado que todos queremos sólo si se presentan y aprueban esos dos complementos. De esa manera se avanzará hacia el libre funcionamiento de los mercados, en lugar de que rija la libre empresa o el libertinaje de la empresa, que sólo provoca abusos en contra de los consumidores. He dicho. El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley extraordinariamente importante, que permitirá el funcionamiento del mercado y de la libre competencia en mejores condiciones. Ya se han mencionado varios aspectos que deseo reiterar. Si bien es cierto estamos conmocionados debido a la colusión de tres cadenas de farmacias, eso no nos puede hacer olvidar que en enero, por ejemplo, los productores de trigo plantearon una situación similar. La respuesta a eso fue que debía funcionar el mercado. Lo mismo pasa con muchos otros productos que aquí se han señalado. Sin embargo, no podemos desconocer que hay mercados, con nombres y apellidos, que es imposible que puedan funcionar en buena forma. Esto se refleja en las utilidades que figuran en las publicaciones de algunas empresas, las que felicitan a sus directores y gerentes, pero olvidan que esas ganancias se deben a la pobreza en que han quedado los productores, a quienes se les fija un vil precio por sus productos. Si hablamos de la necesidad de contar con un mercado que funcione, debemos preocuparnos de aprobar con entusiasmo proyectos de ley como éste. No queremos un mercado intervenido, pero sí protegido por normas como la que hoy vamos a aprobar con mucho entusiasmo. Quería hacer esta reflexión, porque, especialmente en las regiones agrícolas, los productores de trigo, maíz y uva están sufriendo estos problemas. Como dije, allí existen mercados con nombre y apellido. ¿Dónde recurren? ¿Quién los defiende? De alguna manera, la ley debe establecer las condiciones para que esas personas puedan producir y obtener por sus productos el precio que realmente corresponde. Anuncio nuestro voto favorable a este proyecto, como también al que establezca las penas corporales, que se presentará a tramitación en las próximas semanas. Creemos que es absolutamente necesaria su implementación, como una señal para aquellos que creen que pueden ir por el camino más fácil, sin caer en el canasto. La señal debe ser potente para inhibir a los que desean estar por sobre las normas y el mercado, a quienes sólo los mueve la avaricia. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente , nos encontramos discutiendo un proyecto cuya tramitación se extiende por más de dos años. La iniciativa tiene que ver con el fortalecimiento de las atribuciones de la fiscalía y, en especial, con el propósito de dar mayor independencia, a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En ese sentido, se establecen incompatibilidades y se busca hacerlo más transparente. Pero siento que esta discusión es accesoria en relación con el debate de fondo que nuestra sociedad debe realizar a partir de la colusión existente entre tres cadenas de farmacias. En mi opinión, lo ocurrido es un botón de muestra o la punta del iceberg respecto de lo que ocurre en todos los rubros de nuestra economía, en los cuales unos pocos lo controlan todo. Los pequeños empresarios tienen enormes dificultades para ingresar a un rubro determinado. Las barreras son suficientemente altas para ello. Estamos en un debate respecto de las atribuciones con que deben contar la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la libre Competencia. El problema es que siempre actuamos ex post, en circunstancias de que los mercados están absolutamente controlados. Si analizamos el ejemplo que dio el diputado que me antecedió en el uso de la palabra respecto de los molineros y la compra de trigo, nadie ha hecho nada. Por muchas atribuciones que tenga el Tribunal, los molineros seguirán comprando al precio que quieran. Los productores tienen que vender obligatoriamente en una fecha determinada, cuando cosechan, porque no tienen capacidad de guarda. Por lo tanto, los molineros ofrecen el precio más bajo. Eso es un abuso; revela que no hay competencia y que tenemos un Estado sin capacidad para introducirla. Cuando conversamos con la ministra de Agricultura y con el ministro de Hacienda sobre la materia, les preguntamos por qué Cotrisa no interviene en el mercado y compra a un precio razonable para producir competencia con los molineros que están abusando de los trigueros. La respuesta fue que la Constitución no permite que el Estado desarrolle actividades empresariales, y Cotrisa no puede hacerlo porque su estatuto se lo impide. Muchos diputados se quejan de que el Estado no actúa para que exista competencia. Sin embargo, a la par se presentan recursos constitucionales o reservas de constitucionalidad, y otros se niegan a reformar la Constitución para que el Estado asuma un rol regulador ante un mercado absolutamente distorsionado. El mercado no resuelve los problemas; tampoco lo hará el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pese a todas las modificaciones. Reitero que esta discusión me resulta absolutamente accesoria porque no estamos apuntando al debate de fondo, que tiene que ver con el establecimiento de un modelo económico donde haya efectiva competencia. No hay competencia respecto de la distribución de combustibles. ¿Alguien puede pensar que la hay? En todas las bombas tienen los mismos precios. ¿Qué hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Nada. Y nadie resuelve el problema, porque el Estado no tiene facultades para ello. Entonces, ¿en qué situación quedan los consumidores? En la más absoluta indefensión. Mientras tanto, y nosotros seguimos con este debate accesorio de si se darán más facultades a la Fiscalía, etcétera. La solución no va por ahí. Ella debiera apuntar a la forma como introducir competencia, oportunidad de elegir. Cuando los campesinos quieren subir a algún transporte público, no pueden escoger: el empresario pone el precio, el recorrido, el horario y la frecuencia. Ellos no pueden elegir otra empresa, porque el Estado no interviene ni establece una licitación para regular los recorridos, de manera de introducir competencia en precios, en calidad de servicio, en horarios. Se deja que el mercado funcione. Entonces, ¿qué tienen que ver con ese mercado las atribuciones que estamos dando al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ? Nada. Es algo absolutamente accesorio. A los campesinos no les interesa si determinadas funciones de dicho Tribunal serán incompatibles con otras, sino la posibilidad de escoger. Un consumidor no puede escoger algún servicentro, porque los precios son casi iguales. Existe concentración de mercados. Lo mismo ocurre con las isapres -no hay mucha diferencia entre una y otra-, con los supermercados, con el transporte, con los bancos, con los fertilizantes. Si alguien va a comprar fertilizantes en época de siembra, verá que todos están al mismo precio, que es el doble del existente a nivel internacional. En su momento se nos dijo que el precio del fertilizante subió porque subió el precio del dólar. Bajó el precio del dólar, pero no así el del fertilizante. Después se culpó al petróleo. Por el precio de éste bajó y tampoco bajó el del fertilizante. Nadie dice nada. Entonces, se debe hacer un debate bastante más profundo que el que tenemos hoy. Si bien es cierto el proyecto significa un avance, el problema no se resuelve. Las modificaciones del Senado son un aporte. Se avanza en relación con el fortalecimiento de este Tribunal. Sin embargo, tengo mis dudas en relación con lo que plantea la Cámara Alta en lo relativo a delación compensada. El Senado dice que se mantiene, pero para el principal instigador no se compensa. Si la norma estuviera vigente para el mercado de las farmacias, no tendríamos este debate, porque no se habría puesto urgencia a la iniciativa. Si Fasa no hubiese denunciado esta colusión, seguramente habría otro proyecto en Tabla. Al respecto, la Fiscalía tuvo el mérito de abrir la puerta para que Fasa hiciera la denuncia. Con este proyecto estamos diciendo que cualquier instigador no tendrá compensación si delata a los otros. ¿Y cómo van a saber los tribunales si hay colusión, situación tan difícil de acreditar, si no es a través de una denuncia? Entonces, estamos quedando donde mismo. Me da la sensación de que la redacción del Senado apunta a que habrá que guardar silencio. Por una parte, dice que en materia de delación compensada se establece expresamente que el instigador u organizador del cartel o colusión de precios no puede ser favorecido con esa exención o reducción de multas. Y se establece una sanción para quien denuncie conductas que, a sabiendas, pueden contener antecedentes falsos. Me parece bien; pero en la definición de la delación compensada se están colocando más prohibiciones para denunciar que incentivos. Desde ese punto de vista, hay que revisar esta legislación. Por lo tanto, voy a votar en contra esa modificación del Senado para que la norma sea analizada con mucha mayor profundidad por una Comisión Mixta. He dicho. El señor ASCENCIO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente , los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra se refirieron a los aspectos técnicos de este proyecto de ley, que, como se ha señalado, busca perfeccionar el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y entregar mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica. No formo parte de la Comisión técnica, pero quiero decir -como señaló un colega hace un rato- que para quienes creen en el mercado como el mecanismo para mejorar las condiciones de vida de la gente, lo ocurrido con la colusión de las cadenas de farmacias es una traición. Para quienes no creemos dogmáticamente en eso, parece razonable que, en determinadas circunstancias, el mercado es un buen solucionador de algunos problemas; sin embargo, es insustituible. Esta es la gran discusión, a propósito de la crisis internacional: cuánto mercado y cuánto Estado son necesarios. Para la inmensa mayoría de los ciudadanos del distrito que represento en la Novena Región de La Araucanía, provincia de Malleco, esta discusión respecto de la mayor independencia a los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de las incompatibilidades que se establecen, etcétera, no tiene ningún sentido. No la comprenden; pero sí nos preguntan qué podemos hacer para resolver las cuestiones que ellos consideran abusivas. Recuerdo que el año pasado, mi colega de distrito, Gonzalo Arenas , denunció las alzas de los pasajes. ¿Qué significó eso? Nada. Este año lo han hecho otros diputados, quienes estuvieron un par de segundos en las pantallas de televisión, pero no pasó nada. Los agricultores reclaman respecto de acciones bastante reprobables de los molineros y de otros, y no podemos hacer absolutamente nada. La gente nos pregunta cómo es posible que, pese a formar parte de un poder del Estado, no podamos hacer nada para corregir estas cosas tan lesivas para el interés general, en especial de la gente más modesta. Señor Presidente , por su intermedio quiero decir al señor ministro que aquí hay una cuestión que tenemos que abordar. Recientemente hemos dialogado sobre estas materias en la Comisión de Pymes, y ahora en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Pymes. La idea es analizar, desde una perspectiva legislativa, la forma como abordar las distorsiones que se producen en el mercado. El mercado, en el que cree mi colega Gonzalo Arenas, funciona, pero cuando lo hace bien, cuando es transparente, cuando hay información adecuada, pero no cuando se producen distorsiones. Éstas deben corregirse para que no se repitan, porque finalmente terminan desprestigiando un modelo en el que muchos creen. Considero sumamente importante el esfuerzo que se hace en este proyecto de ley para introducir correcciones tanto respecto del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como de la Fiscalía Nacional Económica. Nuestro esfuerzo no debiera terminar aquí. Debiéramos hacer otros esfuerzos para regular, dentro de los ámbitos que nos corresponden, de manera de impedir la repetición de prácticas tan inmorales como las que hemos conocido en los últimos días. He dicho. El señor ASCENCIO ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez. El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente , es muy importante destacar que en los últimos años esta Cámara ha hecho notables esfuerzos en materia de libre competencia, incluso en medio de un caso tan polémico y que evidentemente causa confusión y problemas públicos, porque ataca una de las necesidades más básicas de la población. Es imprescindible decir que en los últimos diez años esta Cámara ha trabajado y ha hecho modificaciones importantísimas en materia de libre competencia. Esta Cámara tuvo un rol relevante en las modificaciones que llevaron a cambiar una estructura que tenía serios problemas desde el punto de vista procesal e institucional, y crear el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Se creó un tribunal especializado que, además, responde a una naturaleza distinta de las normales en nuestro país -se compone de elementos económicos y jurídicos, que opera buscando unificar criterios en materias que son sumamente difíciles y que llevan, en el análisis comparado, a estudios de enorme profundidad y de enorme efecto social. Entonces, hemos avanzado. Hace más de un año se aprobaron una serie de modificaciones -con nuestros votos en contra en algunas materias- que hacen bien a la nueva legislación en materia de libre competencia. Nuestra bancada expresó en su momento sus dudas -algunas las conservamos-, en materias como el concepto de cartel; la estructura en sí en nuestro sistema jurídico, de la delación compensada para efectos económicos; en algunas de las facultades que en ese entonces se entregaron al Fiscal, a mi modo de ver, sin el adecuado contrapeso jurisdiccional y sin el adecuado marco del debido proceso. También teníamos algunas dudas sobre cómo debía, en forma paralela, fortalecerse el Tribunal como tal. Recuerden ustedes que hubo una discusión sobre las remuneraciones de sus integrantes; un debate también profundo en torno de sus facultades, etcétera. Todo eso -como muchas veces ocurre, y está bien que sea así- se modificó. Se llegó a acuerdos transversales en el Senado que llevaron a una aprobación conjunta de la inmensa mayoría en esta iniciativa. Por eso, anunciamos nuestro voto favorable a las modificaciones del Senado. En caso de que la iniciativa ya se hubiese publicado como ley de la República, ante un caso como el que concita hoy la preocupación pública, habría significado que el Fiscal contara con nuevas facultades, que se pudiera hacer uso de un sistema de delación compensada y, sin duda alguna, que se pudiera luchar de mejor forma contra eventuales carteles. Sin perjuicio de lo indicado, al menos quiero dejar sentada mi opinión en el sentido de que en esta materia es imprescindible un adecuado y debido proceso y el derecho a defensa de todos los eventuales participantes en este tipo de acciones colusivas. El proyecto significa una mejora enorme en materia de atribuciones. No son todas las que hubiera querido. Me habría gustado, por ejemplo, una mejor definición de cartel, mejores atribuciones para el Tribunal; probablemente también algunas diferencias en cuanto a las facultades que podrá ejercer el Fiscal. En general, no me parece que las investigaciones hechas en materia de libre competencia puedan eventualmente utilizarse en otros campos. Pero, en líneas generales, se llegó a un buen acuerdo en el Senado. Nos parece adecuado desde el punto de vista de la legislación antimonopolios y supera varias de las dificultades, diferencias o discrepancias que surgieron cuando el proyecto se aprobó en la Cámara. Deseo insistir, sobre todo mirando a futuro, en algunas reacciones que, a veces, provocan casos de tan alto impacto y de tantas supuestas consecuencias devastadoras. Voy a hacer mías las palabras del diputado Arenas en defensa del mercado, pero además quiero agregar ciertas complicaciones en materia jurídica. Después de escuchar a distintos diputados de la Concertación y de la Alianza lamentarse de la eliminación -incluso con nuestros votos- de las figuras penales contempladas en el decreto ley Nº 211, quiero recordarles que entre 1973 y 2005 la principal norma en materia de defensa de la libre competencia en Chile era de naturaleza penal. En muchos aspectos, el decreto ley Nº 211 -copia de la ley Sherman, de 1890- es de naturaleza penal, pero sus consecuencias criminales no se aplicaron nunca. A lo más, hubo dos investigaciones, pero -reitero- nunca, en más de 30 años hubo fallos en materias criminales ¿Por qué? Porque el derecho de la competencia reacciona de manera inadecuada; es difícil, probatoriamente es complejo e, incluso, puede tener problemas de tipificación penal o relacionados con la constitucionalidad de las normas, en cuanto a aplicar o no una sanción de naturaleza criminal. Por eso, son pocos los países que mantienen estatutos. Estados Unidos de América es uno de ellos, aunque prefiere largamente la aplicación de multas, sin perjuicio de las facultades del Departamento de Justicia. En general, se evita caer en sanciones penales. Como entiendo que se presentarán iniciativas al respecto, sugiero estudiar la posibilidad de aplicar sanciones penales sólo para los carteles -que en el mundo nuevamente han empezado a establecerse-, no para cualquier tipo de infracción a la libre competencia. Ello, porque la afectación a la libre competencia y a otros valores jurídicos protegidos es mucho más evidente, dura y enérgica cuando estamos hablando de conductas colusorias. Entonces, no nos lamentemos de cosas que son correctas. La Cámara de Diputados hizo bien en eliminar una facultad criminal amplísima que nunca se había aplicado. Otra cosa es que hoy, en materia colusoria y de cartel, nos demos cuenta de que es bueno aplicar sanciones penales, conjuntamente con el aumento de las multas, a pesar de que en Chile nunca se han aplicado las más altas. En menos de cuatro años hemos cuadruplicado las multas, sin que se aplique ni siquiera el estadio superior, que cada vez hemos ido elevando. A mi juicio, es mucho más útil que estas multas se apliquen tanto a las cadenas como a las personas jurídicas, a las sociedades involucradas y a las personas naturales que participaron. En materia de libre competencia es muy importante fortalecer los elementos indiciarios, -facultad que no ha sido utilizada adecuadamente-, conocidos en Estados Unidos como Guidelines. En Chile pueden ser instrucciones de carácter general a las que sí puede optar el tribunal y que insto a hacerlo en materias tan importantes como las fusiones, los acuerdos horizontales, etcétera. Me parece que las modificaciones introducidas por el Senado son absolutamente adecuadas, responden a muchas de las inquietudes que habíamos planteado; sin embargo, en otras nos sigue pareciendo que pudo haberse dado una redacción distinta. Por ejemplo, en el caso de los carteles es absolutamente indispensable, como en toda figura colusoria, la intencionalidad de dañar; la intencionalidad de producir impacto en el mercado por la vía de los acuerdos. Entiendo que así debiera quedar en la historia fidedigna de la ley, pero más allá de esas diferencias particulares que podemos tener, me parece que lo acordado por el Senado es un gran avance. Muchas de estas normas -es la única referencia que haré al caso particular que concita la atención pública- hubieran servido para una mejor investigación, para un mejor resultado y para un mejor procedimiento en el caso que ha preocupado, con justificada razón, a la opinión pública. Por eso, anuncio mi voto favorable a la iniciativa. He dicho. El señor SÚNICO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente , no cabe duda alguna de que legislar en momentos de convulsión pública no siempre resulta favorable. No obstante, hay que reconocer que este proyecto ya lleva un tiempo importante de tramitación, aunque hoy la situación sea más conocida por la colusión de las farmacias. Chile es un país con un mercado interno bastante reducido y con un modelo económico muy abierto a la comunidad internacional. Desde esa perspectiva, en los últimos años se ubica en los lugares más altos dentro de los rankings de competitividad internacional; debido, especialmente, a la libertad del mercado interno. Una cosa es mantener este diseño de libre mercado, pero otra muy distinta es permitir que ese mercado se desarrolle en completo libertinaje y anarquía, sin ningún tipo de regulación que permita garantizar la libre competencia, no sólo de aquellos que ejercen la posición dominante, sino también de aquellos pequeños productores o comerciantes que a lo largo del país pretenden hacerse un espacio para sobrevivir de manera lícita. Una breve pincelada respecto de la industria y del comercio nos habla de cuatro grandes bancos, tres cadenas de farmacias, cuatro cadenas de distribución de alimentos, tres empresas de telecomunicaciones, dos empresas distribuidoras de combustibles, cuatro canales de televisión abierta, un operador de cable, dos satelitales, etcétera. Es decir, nuestra economía es de hecho, concentrada. Entonces, el punto de reflexión es cómo podemos establecer en este modelo de concentración económica una regulación que permita garantizar el libre desarrollo del mercado a otras personas que quieren participar legítimamente de la industria. Me parece que, tal como lo señaló el diputado Eugenio Tuma , la discusión es más de fondo: se trata del modelo económico que queremos mantener, profundizar, regular, y cuál es el rol del Estado en el desarrollo de este modelo. Resulta fundamental plantearse esas dudas o disquisiciones para observar hacia el futuro la legislación que vamos a crear. Ahora bien, para supervigilar el recto funcionamiento del mercado se requiere que las instituciones tengan la capacidad, las facultades y los instrumentos necesarios para poder cumplir sus funciones. De lo contrario, vamos a legislar en el mundo del deber ser y a dejar de lado al mundo del ser, el mundo de la realidad, desvinculando aún más la legislación de la realidad cotidiana. El proyecto que hoy se presenta a discusión de la Sala va en el sentido correcto: dotar de mayores facultades a la Fiscalía Nacional Económica como organismo encargado de la persecución de aquellos ilícitos que pueden darse en materia de infracción a la libre competencia y también mayor dedicación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia . Señor Presidente , por su intermedio, quiero manifestarle al ministro de Economía que me habría gustado que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hubiese tenido dedicación exclusiva en estas materias, como era la idea original, porque la trascendencia de llevar adelante procesos en materia de libre competencia es fundamental para el desarrollo diario de los pequeños comerciantes. Investigar estas infracciones es sumamente complejo, pues existe mucha reserva de información, porque los recursos y las capacidades tecnológicas disponibles de los investigados son muy altas; en consecuencia, se requiere de una institución investigadora con altas capacidades. Por eso, creo adecuado el aumento de facultades de la Fiscalía Nacional Económica, incluida la posibilidad de las interceptaciones telefónicas. Ahora bien, no me gusta el doble filtro que existe del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Corte de Apelaciones, puesto que una institución investigadora debe tener la capacidad de realizar su acción investigativa con rapidez y celeridad; de lo contrario, en general, los investigados logran burlar la acción de la investigación. La figura de la delación compensada, tal como se ha dicho acá, debe ser debidamente precisada para lograr el objetivo buscado. Esto es dotarla de la posibilidad jurídica para que una persona que conozca una situación la denuncie responsablemente y goce de determinados tipos de protección. Por ello, creo que la precisión de los conceptos como instigador y organizador de carteles resulta relevante para lograr el fin buscado y no ser amparado por una norma que objetivamente no busca ese sentido. Finalmente, es importante establecer hacia el futuro una compatibilidad con el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las empresas, que se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Es necesario hacer responsable a las personas jurídicas con sanciones ejemplares que, incluso, pueden llegar a la disolución; con multas realmente onerosas, que signifiquen un elemento disuasivo para que la empresa nunca más piense en la posibilidad siquiera de coludirse para incrementar sus ganancias a costa de los usuarios y los consumidores, que son los realmente afectados. Por ello, además, creo que la responsabilidad penal de los participantes debe ser incorporada a esta legislación lo antes posible, pues al igual como condenamos públicamente y sancionamos a quienes hurtan o roban un pequeño objeto de un particular, las personas que se coluden para realizar este tipo de ilícitos están infringiendo las normas y el derecho de propiedad de muchos usuarios. Al respecto, existe un doble discurso. Mientras a unos se los trata de delincuentes, a los otros se los califica de infractores. Los principios deben ser estables e iguales para todos. Por ello, las personas que se coludan para incrementar los precios en desmedro de los consumidores deben tener responsabilidad penal lo antes posible, para evitar ese tipo de acciones. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , comparto buena parte de los argumentos expresados en la Sala, en el sentido de que el proyecto representa un upgrade -y así lo vimos en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo en 2006, cuando se inició su tramitación- respecto de la calidad institucional con que Chile enfrentará las materias relativas a la defensa de la libre competencia, que tienen relación con el acceso igualitario a los bienes que la sociedad dispone para sus ciudadanos. En este caso, se trata de la preservación de un elemento fundamental de los derechos que tienen las personas, tanto como consumidores, pero también como ciudadanos: disponer de un mercado con libre competencia. Esta reforma nos permite contar con un arsenal institucional acorde con las necesidades del desarrollo económico del país. Además, se da la paradoja -y quiero centrar en este punto mi intervención- de que esto ocurre en medio de un debate iniciado sobre colusión o concertación en un sector sensible, como es el de la venta de medicamentos, que hemos conocido a partir del ejercicio de las facultades con que ya cuenta el fiscal Nacional Económico, que se mejoran con este proyecto, una realidad que seguramente no sólo ocurre en el mundo de las farmacias, sino también en otros sectores. Se trata de la colusión, la concertación de actores empresariales con posiciones dominantes en el mercado para alterar -a mi juicio, fraudulentamente- los precios de bienes de primera necesidad, como los medicamentos. Esto ha generado profunda conmoción en la opinión pública y también ha motivado una importante movilización de actores sociales y políticos para buscar no solamente las responsabilidades contravencionales, de orden económico, sino también penales. El viernes pasado presenté en mi distrito una denuncia ante la Fiscalía local por el eventual delito de estafa y otros previstos en nuestra legislación penal en relación con este caso. Creo que hemos llegado a un criterio común -incluso, ayer lo conversamos en la Comisión de Economía- para reponer la tipificación del delito asociado a estas materias, que se suprimió en 2003. Por cierto, como se trata de un tercer trámite, no estamos en condiciones de resolver la materia. La semana pasada o antepasada varias bancadas parlamentarias, entre ellas la nuestra, presentaron un proyecto de ley tendiente a tipificar ciertos delitos. Se trata de una iniciativa que, en su momento, preparó nuestro colega y amigo Juan Bustos , destacado penalista chileno que presidió esta Corporación. Por lo tanto, me parece de justicia hacer mención que en ese proyecto -en el que colaboró también el diputado Encina - está la mano y el espíritu de nuestro compañero Juan Bustos . Además, participaron las bancadas del Partido por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Por consiguiente, existe un amplio consenso respecto de la necesidad de tipificar los delitos relativos a materias de libre competencia y derechos del consumidor. Agradezco la disposición que expresó el ministro de Economía , señor Hugo Lavados , en el sentido de acoger las propuestas formuladas por distintas bancadas, en particular de la Concertación, para que pronto dispongamos de una ley que establezca responsabilidades penales para quienes se coludan con el objeto de adulterar los precios de bienes y servicios en el marco de nuestra economía. Esto es lo que los ciudadanos requieren y esperan de nosotros. Es importante apoyar y aprobar esta reforma al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , porque le entrega más herramientas a este organismo y a la Fiscalía Nacional Económica. Celebro que, en el marco de este debate, exista un compromiso formal del Gobierno para avanzar en la tipificación de los delitos. Agradezco la disposición mostrada por el ministro de Economía y, sin duda, de la Presidenta de la República , Michelle Bachelet , que se ha hecho eco del estupor y de la indignación ciudadana por este escándalo. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señores diputados, falta que intervengan tres diputados inscritos y sólo restan quince minutos del Orden del Día. Por lo tanto, sugiero conceder cinco minutos a cada uno y luego proceder a la votación. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente , es importante el debate desarrollado hoy y, en general, durante las últimas semanas a propósito del caso de la colusión de las farmacias. Es significativo aprobar este proyecto de ley, pero en el entendido de que, tal como lo han señalado otros diputados, se presentará otra iniciativa, que ampliará más las facultades de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Me alegro de que esta discusión se haya puesto sobre el tapete a causa del caso de las farmacias. No quiero ser catastrofista, pero la concentración de mercados en nuestro país es un hecho que ya se produjo y que muchos de nosotros venimos denunciando -de hecho, lo manifesté ayer a propósito de la discusión de otro proyecto de ley- desde hace bastante tiempo. Ahora se evidenció un mal que produce la concentración que, gracias a la habilidad de la Fiscalía Nacional Económica, a través de una especie de confesión, de delación compensada o de conciliación, permitió, por primera vez, que una corporación -creo que es un hecho inédito- reconozca que se ha coludido con sus competidores para fijar determinados precios, en perjuicio de la libre competencia y de los consumidores. Pero el problema de la concentración económica y de mercados -reitero- ha sido denunciado desde hace mucho tiempo por quienes participamos en la bancada del PRI-Independientes. Incluso, algunos han denunciado esta situación desde hace diez o quince años. La concentración y la colusión no sólo se encuentran en las farmacias; también está en los bancos. Hay tres bancos que manejan más del 65 por ciento del crédito en Chile. La concentración de mercado también está en el retail, en las isapres, en las AFP, en las ferreterías, en las ventas al detalle, en las tiendas; es decir, prácticamente se encuentra en todos los mercados. No me cabe la menor duda de que es perfectamente posible que la colusión se produzca también en otros mercados. El daño que se ha producido a los consumidores y a los pequeños empresarios desplazados ya no tiene vuelta. Hay que aprobar el proyecto de ley en debate, aunque lo considero insuficiente, y profundizar en estas materias, pero también se debe analizar cómo se repara el daño provocado a distintos sectores de la economía. Muchos de quienes dicen defender la libre competencia, realmente no lo hacen. Se amparan en una suerte de libre competencia, pero, en realidad, atentan contra ella a través de la concentración. Por eso es tan necesario poner límites, tal como algunos propusieron hace quince años a propósito de la fusión bancaria del Banco de Chile. Es necesario poner límites, para que ningún sector pueda tener una cuota que supere el 8, 10, 15 ó 20 por ciento del mercado. Obviamente, la determinación del porcentaje dependerá del tipo de mercado. También es necesario poner límites a los descuentos por volumen y fortalecer las facultades de las instituciones defensoras de la libre competencia. Me alegro de que con esta iniciativa se haya logrado un avance, pero se dejó mucho por hacer durante largo tiempo. Incluso, recuerdo que el año 2000 se constituyó una Comisión Investigadora sobre el particular, pero no funcionó porque -según se me informó- no asistieron las personas que fueron designadas. Esa Comisión buscaba investigar las consecuencias de la concentración económica en el país. Ocurrió hace nueve años. Entonces, a propósito de la discusión de este proyecto y de lo ocurrido con las farmacias, es bueno recordar los daños para que no se vuelvan a repetir. Por eso, a este proyecto de ley le falta contenido. Incluso, hay quienes les molesta la figura de la delación compensada y que se entreguen más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, pero dicen ser defensores de la libre competencia. Voy a votar a favor las modificaciones del Senado, en el entendido que se debe poner urgencia a las mociones sobre la materia, o bien que el Ejecutivo ingrese un proyecto de ley con urgencia, para seguir fortaleciendo la institucionalidad de la libre competencia en el país. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , en primer lugar, quiero hacer una breve reflexión. El Arzobispo de Concepción , Monseñor Ricardo Ezzati , decía hace unos días que la crisis financiera mundial es un problema moral. Creo que la crisis de la colusión de las farmacias y de tantos otros mercados en nuestro país más que un problema técnico, también es un problema moral. Nada sacamos con mejorar las estructuras, establecer delitos, fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, si no cambiamos el alma nacional, que ha sido herida por la codicia de una economía de mercado que hace que personas de distinta condición social vayan detrás de todo tipo de bienes. A mi juicio, la crisis de la colusión de las farmacias ha atentado contra la buena fe que debe estar siempre presente en la celebración y ejecución de los contratos. Pero hoy estamos frente a verdaderos contratos de adhesión, en que una de las partes, el vendedor, es el que redacta sus cláusulas y, la otra parte, los consumidores, que son millones de personas, sólo se limitan a aceptar o rechazar esas cláusulas. Cuando se trata de medicamentos, prácticamente, no hay alternativa. De ahí la gran relevancia de que estos contratos sean dirigidos por el Estado. Que regule en forma equilibrada cuales son los derechos de las partes, sobre todo de los más débiles, en este caso, los consumidores, que se encuentran en una situación de especial debilidad. Por lo general, tales contratos tienen cláusulas abusivas en que una de las partes incrementa unilateralmente los precios. De ahí la importancia de que la Fiscalía Nacional Económica tenga facultades para intervenir en forma prudencial en estos contratos en los cuales no hay negociación entre dos partes, sino que entre unos pocos y donde muchos consumidores se limitan a aceptarlos o rechazarlos. Se ha hablado también de los fertilizantes. Hay dos grandes empresas, Anagra y Soquimich, que han decidido fusionarse, pero los organismos pertinentes no tienen facultad alguna para revisar o intervenir esa operación económica. Lo mismo sucede con los mercados de la leche y del trigo. La situación del trigo ha sido dramática este año, pues a pesar de que su precio se desplomó, los panaderos han mantenido el precio del pan. Con el retail, con la banca y también con las grandes viñas sucede lo mismo, ya que éstas pagan 40 ó 50 pesos por kilo de uva, en circunstancias de que el costo de producción de los pequeños viñateros asciende a más de 70 u 80 pesos. No podemos aceptar que se produzcan estas situaciones en una economía que pretende ser social de mercado. Como Estado de Chile, a través del Poder Legislativo , debemos tener una respuesta frente a la ciudadanía. Coincido con el diputado Harboe en que, quizás, no es el mejor momento para legislar, ya que hay mucha rabia y frustración en las personas por la situación que han debido vivir. Ya lo decía Aristóteles: la ley es un razonamiento desapasionado. En el contexto en que hoy se encuentra nuestro país, resulta obvio que no es el mejor momento, y aunque el proyecto se encontraba en tramitación desde mucho antes, oportuna o inoportunamente, debemos aprobarlo, pues no podemos seguir sin hacer algo frente a la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad en que hoy se encuentra el consumidor respecto de las grandes empresas que cada día son más poderosas. La bancada de la Democracia Cristiana apoyará esta iniciativa, que otorga más facultades de fiscalización, en el entendido de que ésta no es la única solución, sino un paso adelante. Tenemos que avanzar más en defensa de la libre competencia para tener una economía social de mercado donde la persona esté en el centro del debate y no la riqueza de unos pocos a costa de muchos. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Sergio Ojeda. El señor OJEDA.- Señor Presidente , no sé si este proyecto, cuya tramitación legislativa ha durado muchos tiempo y recién hoy se está despachando por un efecto o una necesidad mediática, puede resolver todos los problemas que afectan al país. El diputado Sabag ha dicho que éste no es un problema de la ley, sino del alma. A veces, la ley no sólo tiene por objeto sancionar o regular, sino que también es un elemento pedagógico y didáctico para que la gente sepa lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por desgracia, parece que la ley de la Libre Competencia no ha tenido el efecto que se esperaba, en el sentido de enseñar lo que hay que hacer y lo que no hay que realizar. No sé si el proyecto tendrá el efecto de corregir algunas conductas, pero a lo mejor es demasiado tarde para todas aquellas farmacias que sucumbieron debido a la irrupción de estas grandes cadenas farmacéuticas que llegaron a las provincias y ciudades más chicas, porque tenían que comprar un 25 por ciento más caro que lo que compraban las grandes empresas. En todo caso, creo que se ha hecho un gran esfuerzo al adaptar y crear ciertas disposiciones que tienden a dar mayores atribuciones al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , pero las cosas que están ocurriendo hoy son de tal envergadura que, de alguna manera, el proyecto debería permitir corregirlas y castigarlas. Hemos visto que quienes apoyan este sistema económico de la libre oferta y demanda son los que han abusado y terminado con el sistema. Queremos un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia más ágil, operativo, autónomo, independiente, con mayores atribuciones y, lo más importante, que en el futuro sea un organismo descentralizado. Los tribunales funcionan en todo el país, por tanto, no veo por qué el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia no puede ser descentralizado y funcionar en regiones, lo que le daría mayor visión y operatividad para conocer las distintas situaciones de su incumbencia. Se requieren medidas severas. Por eso, la delación compensada es necesaria para que se pueda inducir y posibilitar lo que establece este proyecto. La ley de la oferta y la demanda debe funcionar como corresponde. En un sistema de economía social de mercado o de la libre competencia siempre se ha hablado de una mano invisible que todo lo mueve y lo dirige, pero da la impresión de que esa mano invisible ha sido reemplazada por una mano negra que está manejando todo lo que sucede, según lo que más convenga a sus intereses. Entonces, se trata de tener un Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que castigue la concentración económica, los monopolios, los oligopolios y todas las prácticas que atenten contra el sistema económico que nos rige. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- A pesar de que no se inscribió durante el transcurso del debate, en virtud del artículo 132 del Reglamento, tengo que ofrecer la palabra a los diputados de la bancada Radical Social Demócrata que no han intervenido. Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente , estimados colegas, hace ya muchos decenios que, respecto de esta materia, nuestro país se ha convertido en una verdadera selva, donde los cazadores son, precisamente, las personas codiciosas e irresponsables que mandan en los oligopolios y monopolios. Y el gran perjudicado es el ciudadano común, la gente de a pie, la gente sencilla, la clase media trabajadora. Estamos discutiendo un proyecto de ley que amplía las facultades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Pero, tal como se ha dicho en intervenciones anteriores, la bancada del Partido Radical Social Demócrata, por mi intermedio, también quiere levantar su voz, con el objeto de denunciar, una vez más, la tremenda indefensión en que se encuentra la ciudadanía de nuestro país. Esta economía realmente cruel, este sistema económico neoliberal en que nos encontramos sumidos, no tiene precedentes en nuestra historia patria. La crisis provocada por la codicia de Wall Street ha llegado hasta los inocentes chilenos y chilenas que ven cómo también en nuestro país el desempleo es una de las consecuencias de la forma en que actúa la gente inescrupulosa. Pero, aquí también tenemos nuestro pequeñísimo Wall Street y nuestros pequeñísimos monopolios, en comparación con los del país del norte. Tal como ya se ha dicho, todos sabemos que los agricultores, con mucho esfuerzo, siembran y cosechan el trigo y el precio que se está pagando por este producto. También se ha dicho que los molineros no han sido suficientemente investigados ni castigados como corresponde, porque no han traspasado la baja del precio del trigo a los consumidores, toda vez que el pan debe estar presente en cada hogar de Chile, en la mesa de cada humilde o de cada acomodada familia. El mejor alimento es el pan, cuando no hay recursos para alimentarse mejor. Los combustibles siguen subiendo y afectando el bolsillo de la clase media trabajadora; suben con una tremenda facilidad, pero no bajan en la misma forma cuando su precio disminuye. Lo mismo ocurre con los fertilizantes. Hemos denunciado hasta el cansancio el caso de las farmacias. En estos días de Semana Santa, durante las Fiestas Patrias y en las fiestas de fin de año, las empresas de transporte de pasajeros triplican el valor de los pasajes, haciendo su agosto a costa del bolsillo de la gente más sencilla. También quiero denunciar lo que ocurre con las cuentas de la energía eléctrica, situación que suele comentarse en los canales de televisión nacionales. Las empresas de electricidad y de agua potable cobran a los hogares más humildes cuentas que son imposibles de pagar, al punto de que la gente se ve enfrentada a la siguiente disyuntiva: o come o paga la cuenta de la luz. Esto sucede porque en el país no existe regulación alguna, porque hay libertad absoluta, licencia para robar. Los señores ejecutivos de cuello y corbata son delincuentes comunes que van y vienen por las avenidas de la democracia chilena. Los radicales no entendemos por qué se eliminó la figura de los fiscales económicos regionales; por qué la gente no tiene dónde acudir en las regiones, como sucedía antes. ¿Por qué no se reponen los fiscales económicos regionales y se les dan más atribuciones? ¿Por qué el Sernac sigue siendo una institución cuyo director aparece en la televisión ocasionalmente, pero que no da las soluciones que corresponden? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia debe ser investido de más facultades, con el objeto de que pueda mandar a la cárcel a los individuos que abusan de esta forma. Según nuestro modesto entender, la enfermedad es más grave de lo que parece. Hace falta que en nuestro querido país esta situación sea enfrentada como corresponde, es decir, con seriedad y valentía. No podemos seguir soportando este escarnio, estos abusos contra la economía familiar. Para lograrlo, es necesario que el Estado se reformule, que se convierta en un Estado poderoso de verdad, protector de los ciudadanos comunes y que acompañe a la gente, como lo he dicho en otras oportunidades, desde la cuna hasta el final de sus días, protegiendo sus derechos, su educación, su salud y defendiéndolos ante estos abusos. El proyecto de ley es bueno y, por lo tanto, lo vamos a votar a favor; pero, el remedio sería mucho más potente si nuestros gobernantes tomaran la decisión de cambiar esta economía cruel, llamada social de mercado, pero que tiene más de mercado que de social. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate. En votación las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley Nº 1, de Economía, de 2005, referido al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia , con excepción de la enmienda al inciso quinto del número 16) del artículo 1º, para el cual se ha pedido votación separada. Hago presente a la Sala que los numerales 2), letra c); 7), 12), letra c), y 17), letras a) y n) del artículo 1º requieren para su aprobación el voto afirmativo de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. En votación las modificaciones del Senado. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- El diputado señor Eugenio Tuma ha solicitado votación separada para la modificación del Senado al inciso quinto, número 16), artículo 1º, a la cual dará lectura el señor Secretario . El señor LOYOLA ( Secretario ).- La referida enmienda del Senado se encuentra en la página 26 del texto comparado. Ha intercalado en el inciso quinto del número 16), a continuación de la expresión “reducción de la misma”, la frase, “salvo que se acredite durante el proceso que dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita.” El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación esta indicación específica. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 54 votos. No hubo abstenciones. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Rechazada. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Díaz Nicolás; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por lo tanto, esta norma va a Comisión Mixta. El señor DÍAZ (don Marcelo).- ¿Me permite, señor Presidente? El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra su señoría. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , no me quedó clara la votación, porque lo que se puso en votación fue la indicación, y la mayoría de los parlamentarios votamos en contra. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Lo que se solicitó fue votación separada para la norma propuesta por el Senado. El señor TUMA.- Así es; se votó negativamente la norma del Senado. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Lo que manifesté a la Sala fue que lo que se votaba era la propuesta del Senado. El señor DÍAZ (don Marcelo).- No, señor Presidente , usted puso en votación la indicación. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- No, señor Diputado ; en este caso, no corresponde formular indicaciones. Lo que leyó el Secretario fue la norma aprobada por el Senado. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , lo dijo de una forma distinta. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , lo que siempre se vota son las modificaciones del Senado. Lo que leyó el señor Secretario fue la disposición que aprobó el Senado, respecto de la cual nos correspondía pronunciarnos en forma específica y para la cual se pidió votación separada. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , pido que cite a reunión de Comités. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la sesión.