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- rdf:value = " El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.-
Señor Presidente , hemos discutido esta materia muchas veces y se han dado muchos argumentos en otros proyectos y en otras circunstancias, por lo que ahora quiero referirme a cosas muy específicas.
La contaminación por ondas electromagnéticas es un problema de la modernidad que tenemos que asumir bastante en serio, porque se va incrementando todos los días. No han sido bien estudiados sus efectos sobre el organismo. Cualquiera que haga una medición en el centro o en algún lugar de la ciudad podrá comprobar niveles muy elevados de contaminación electromagnética. ¿Qué efectos tendrá sobre las personas y, en especial, sobre los niños? Es algo que no sabemos bien.
Las antenas de telefonía celular son parte de este problema, que es mucho mayor. Ellas empezaron a emplazarse masivamente en 1996, cuando había sólo treinta y cinco instaladas. Su número aumentaba explosivamente cuando se presentaban proyectos de ley como éste. El año en que más se incrementaron fue en 2002, tras un proyecto de ley presentado a fines de 2001. En ese entonces, las antenas instaladas alcanzaron a 1.341. En 2006, cuando se presentó un proyecto similar, subieron a 2.757. Esta información la obtuve hace algún tiempo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. No sé qué ha ocurrido en 2007, 2008 y 2009, pero sí sé que están creciendo en forma exponencial, lo que tiene que ver con el crecimiento de la industria y con las normas que existen sobre la materia, que permiten instalar estas antenas en cualquier parte y no obligan a emplazar dos, tres o cuatro en un mismo soporte. En suma, esto tiene que ver con la liberalización o el descontrol que hay en este campo.
La actuación del Congreso Nacional en esta materia ha sido bastante vergonzosa. Cuando uno se pregunta por qué la gente no tiene buena imagen del Parlamento, no se da cuenta de que situaciones como ésta tienen un gran impacto en esa respuesta. ¿Por qué el Congreso Nacional no regula algo que afecta tanto la vida comunitaria en los barrios y a la gente?
Quienes hemos estado en reuniones de vecinos de algún sector donde se han instalado antenas para la telefonía móvil sabemos que ellos sienten violentado su entorno, su hábitat y su realidad. Tienen miedo por los problemas que pueden provocar en su salud, además de plantear su inquietud en el aspecto urbano. Si tuviéramos plena conciencia de esto, hubiésemos enfrentado el problema de otra manera, y mucho antes; habríamos establecido ciertos principios de orden y de regulación en función del bien común. Todos queremos que existan estas antenas de celulares, pero también deseamos que sean minimizados los efectos urbanos y los potenciales daños en la salud de la población.
No hemos legislado al respecto. El Gobierno acogió ciertas ideas a partir de iniciativas presentadas por parlamentarios y las incorporó en las normas del proyecto en discusión. No obstante, aquí ha existido mucha insensibilidad respecto de los sentimientos de los ciudadanos, en quienes genera mucha irritación la arrogancia de la tecnocracia.
En 2001 estuvimos a punto de aprobar un proyecto que tenía muchos de los elementos que figuran en la iniciativa en debate. En efecto, hace ocho años estuvimos ad portas de aprobar en esta Sala el segundo informe de esa iniciativa. Muchos de los elementos que contenía ese proyecto pudieron ser perfeccionados; sin embargo, han pasado ocho años, hubo distintos tipos de resistencia y, al final, estamos dando este paso.
Sin duda, el proyecto en estudio tiene muchas debilidades, por lo cual deberá volver a la Comisión para ser mejorado. En primer lugar, no es razonable no incorporar el problema de salud. Al respecto, a lo menos debe considerarse algo que ya concordamos con las empresas en 2001: la constitución de un fondo de investigación secundaria sobre el efecto de las ondas electromagnéticas en la salud, de manera de hacer un seguimiento más sistemático y científico respecto de sus efectos en las células, en el desarrollo de los niños, etcétera. Se trata de minimizar los riesgos para la salud de las personas en las distintas edades.
Por lo tanto, la salud debe estar presente. Tal como viene el proyecto, parece existir una doctrina de que ella no puede estar considerada. Sin embargo, al menos algunos creemos que lo mínimo es saber lo que está pasando con la investigación. Se dice que ésta no comprueba que la salud se vea afectada; pero tampoco comprueba que no resulte afectada.
En suma, el peso de la prueba debe recaer sobre quienes eventualmente estén afectando la salud de las personas.
Respecto de las normas urbanas, al conversar con japoneses o con estadounidenses, uno comprueba que en sus países no existen estas antenas, porque se ha desarrollado una combinación entre las antenas paraguas y otras pequeñas que hay en distintos lugares, que permiten una ramificación mucho mayor.
Por lo tanto, existe tecnología para proceder de otra manera, pero con otro costo. Tal vez, cuando comenzó el desarrollo de la telefonía celular en Chile no estaban las condiciones para hacer uso de ese tipo de tecnología, pero la actual rentabilidad de esa industria permite avanzar en ese sentido. Sin embargo, eso se esconde y se dice que esa tecnología no existe.
Reitero, existe la posibilidad de combinar las antenas paraguas, que ramifican en una zona con antenas pequeñas, que tienen menor emisión de ondas y, por lo tanto, provocan mucho menor riesgo para la salud. Además, generan mucho menor daño urbano.
Cuando uno recorre Santiago , se pregunta por qué se va a convertir en un bosque de antenas, por qué la vamos a transformar en esto. La belleza de las ciudades, sus características y su protección son parte del patrimonio colectivo y de la preocupación por su construcción, así como de la sociedad.
El tercer punto al cual me quiero referir, además de la salud y de las normas urbanas, dice relación con el rol de lo público en todo esto.
El Estado tiene que velar por el bien común. El proyecto avanza en la colocalización, lo que ha costado mucho. Pero deben establecerse facultades más fuertes y claras en el sentido de que deben usarse los mismos soportes para varias antenas y no sólo para las nuevas. Hay que consolidar ese criterio. Es una mínima preocupación por la ciudad y por sus habitantes.
Creo que todos estamos de acuerdo en que deben existir los instrumentos necesarios a fin de garantizar la defensa del bien común.
Estudiamos esto en 2001 y averiguamos que en los colegios había 400 antenas, según información de la Subsecretaría. No está claro si la exposición a ese nivel de ondas durante todos los días de clases afecta o no a los niños.
Las facultades públicas son fundamentales.
Presentamos algunas indicaciones al proyecto, que voy a explicar en términos muy generales. Buscan perfeccionar aspectos como los mencionados.
En primer término, respecto de la mediación de la distancia, no se puede actuar sólo con un criterio individual. Es necesario incluir el entorno y el sector. Eso debe mejorarse, porque, tal como está en el proyecto, es muy arbitrario.
Debe existir una prohibición clarísima en relación con la instalación de torres soporte de antenas en establecimientos educacionales, que debe sumarse a la existente en el proyecto respecto de monumentos históricos e inmuebles de conservación histórica. En suma, debe haber ciertas prohibiciones.
Creemos que lo óptimo es que la autoridad local planifique, anticipe y diga cómo, en la singularidad de la respectiva localidad es posible inducir a la instalación de antenas en ciertos lugares y no en otros. Por ejemplo, en la quebrada de Macul podrían instalarse antenas, pero como la autoridad no ha jugado un rol en ese sentido, se están instalando en conjuntos habitacionales. Por lo tanto, la autoridad debiera definir los lugares para esa finalidad. Ese rol de la autoridad en aras del bien común no está planteado claramente en el proyecto ni se le otorgan facultades suficientes.
El costo de las mediciones corre por cuenta del que las reclama. Pero nos parece que si hay un nivel de saturación, debe haber un reemplazo por parte de las empresas, autorizado por la Subtel. Eso hay que perfeccionarlo.
También hay que revisar el plan de mitigación. No basta con contener la saturación, sino que deben existir planes de mitigación consensuados entre los distintos emisores para disminuir la radiación. Por lo tanto, se presentó una indicación en ese sentido.
Con respecto al reclamo ante la Subtel cuando la empresa titular del soporte de antenas no acepta el adosamiento, debieran existir facultades para forzarlo. Esto no puede quedar tan sujeto a las empresas. Se requiere mayor libertad para evitar que se sigan instalando soportes y antenas en otros lugares.
Por otra parte, el plazo de tres años para ajustarse a las normas nos parece muy amplio. Hay que ajustarlo, aunque quizás con algún matiz. Nosotros proponemos reducirlo a seis meses.
A mi juicio, se debe plantear acá la reducción de los soportes, la concentración de las antenas y el cambio de tecnología de éstas. Las tecnologías actuales y las que habrá en algún tiempo más harán posible reducir el número de antenas contaminantes por otras menores, menos contaminantes, lo que deberá quedar establecido en la ley, pudiendo plantearse nuevas exigencias para que el potencial de contaminación urbana y en la salud disminuya. Tal como está el proyecto, no contempla ese cambio.
Todos sabíamos que era muy importante que la iniciativa llegara a la Sala y que se presentaran indicaciones a fin de buscar su perfeccionamiento. Ojalá se apruebe cuanto antes, pero con instrumentos efectivos que minimicen los efectos de dichas antenas sobre la salud de las personas y en materia de impacto urbano, y que las autoridades, el Ministerio, la Subsecretaría y los municipios asuman su rol para defender el bien común.
Es irritante el hecho de que durante mucho tiempo ministros de gobierno impidieran que se legislara en esta materia y que se opusieran a todo intento por establecer una regulación acorde al nivel tecnológico que existía en el momento. Valoro mucho que ahora se cuente con la voluntad del Ministerio y de la Subsecretaría para avanzar en la regulación de un área que, con toda razón, provoca demasiada irritación en los ciudadanos.
He dicho.
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