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El señor GIRARDI.-
Señor Presidente, deseo intervenir en el mismo sentido en que lo hicieron los señores Senadores que me precedieron.
Me tocó participar en la discusión de la Comisión de Salud y, en general, considero que el proyecto representa un gran avance.
Hace muchos años presentamos una iniciativa en la Cámara de Diputados sobre la discapacidad, que luego permitió crear la Comisión Especial de la Discapacidad, y de ahí surgió la tramitación de la normativa que ahora nos ocupa.
A mi juicio, ella trata una de las materias más relevantes en la sociedad chilena, que tiene que ver, justamente, con un aspecto que nos ha costado mucho enfrentar para adecuar nuestra idiosincrasia a una expectativa más profunda y compleja en materia de respeto a las personas y sus derechos.
Se trata de un punto central, y la normativa en debate ayuda en ese sentido. Por eso, valoro el esfuerzo de la señora Ministra.
Pero cuando respecto a la institucionalidad que estamos discutiendo se hace un símil con la CONAF, no puedo dejar de manifestar que he sido uno de los más acérrimos opositores a continuar con instituciones públicas que finalmente no lo son y que disponen de un estatus precario en el ámbito laboral.
Con ello se envía una señal de minusvalidez para la institución en comento.
Por una parte decimos que se trata de una política prioritaria, fundamental para el país, y por otra, no le entregamos al nuevo servicio la capacidad, la potestad, desde el punto de vista del recurso humano, para que funcione efectivamente de acuerdo con las necesidades de Chile.
Es decir, queremos desarrollar un conjunto de instrumentos de política esenciales, que tienen que ver con integración, no exclusión, derechos fundamentales, pero al mismo tiempo se construye un chasis absolutamente insuficiente.
Por lo tanto, quiero compartir las opiniones vertidas por los Senadores señores Navarro y Ruiz-Esquide, porque -como planteé en su momento en la Comisión- se trata de un asunto no resuelto en forma adecuada.
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