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El señor LETELIER.-
Señor Presidente , quiero hacer un planteamiento en mi calidad de miembro de la Comisión de Trabajo, donde hemos venido discutiendo acerca de las políticas para el sector público.
Aquí se propone un híbrido, por cuanto el artículo 70, que establece que el personal del Servicio Nacional de la Discapacidad se regirá por el Código del Trabajo, debe ser analizado en el contexto de lo que dispone el artículo 71, que sujeta a esos trabajadores a las normas de probidad y a los deberes y prohibiciones contempladas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Es decir, se les asigna una serie de obligaciones, como si fueran funcionarios públicos. Se le da continuidad al régimen que hoy impera en el FONADIS. Lo que no se contempla son normas referidas a la estabilidad en el empleo, a ciertas garantías de los funcionarios públicos.
El sistema propuesto puede servir como modelo futuro para la Administración Pública. No lo descarto. Pero parece curioso partir en dicha institución con este híbrido tan peculiar.
Eso quería dejar por sentado.
Entiendo a la señora Ministra en plenitud, porque deseamos que exista el Servicio. Y no votaré en contra de su creación. Pero, como miembro de la Comisión de Trabajo, mi deber es hacer presente que aquí se establece un funcionario público de distinta clase, de otra categoría.
Uno también se da cuenta de que tal entidad va a presentar ciertas debilidades.
Me explico.
Si tuviera que preguntar algo tan básico como cuántas camionetas tendrá la institución en la Sexta Región, con cierto dolor debería responder que probablemente habrá de pedirlas prestadas y que no tendrá conductores para manejarlas. Además, solo dispondrá de tres funcionarios para una población de un millón de personas.
Entiendo, por tanto, que estamos ante una institución germinal, que está comenzando. Y por eso la apoyaré.
Pero creo que debemos fijar -y esta no es una discusión con MIDEPLAN- un criterio con respecto a las políticas públicas en materia de recursos humanos.
La semana pasada o antepasada, con motivo de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, firmamos un acuerdo en cuanto a la existencia de una política respecto de la CONAF para transformarla en una entidad pública. Y con ello hablamos de que sus funcionarios no continúen rigiéndose por el Código del Trabajo.
No votaré en contra de la norma en cuestión. Simplemente quiero dejar constancia de que aquí se presenta una situación híbrida, que sería bueno discutirla en otro contexto, no con el objeto de debilitar lo que ahora se está construyendo, sino para disponer de una política uniforme en todo el sector público.
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