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El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, reajusta las asignaciones familiar y maternal, del subsidio familiar y concede otros beneficios que indica, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6757-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 65ª, en 11 de noviembre de 2009.
Informe de Comisión:
Hacienda, sesión 65ª, en 11 de noviembre de 2009.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:
-Reajustar en 4,5 por ciento las remuneraciones de los trabajadores del sector público, a contar del 1° de diciembre de 2009.
-Otorgar los aguinaldos de Navidad del año 2009 y de Fiestas Patrias de 2010 para los sectores activo y pasivo.
-Conceder un bono de escolaridad y un bono de invierno para los pensionados.
La Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag).
En cuanto a la discusión en particular, la Comisión aprobó los artículos 1°, 2° y 3° con los votos a favor de los Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag, y la abstención del Honorable señor Ominami.
Los artículos 4° a 23 fueron aprobados por la unanimidad de sus integrantes presentes (Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag).
A su vez, el artículo 24 fue aprobado con los votos a favor de los Honorables señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag, y la abstención del Senador señor Ominami.
Y los artículos 25 a 36 fueron aprobados unánimemente por los miembros de la Comisión de Hacienda (Honorables señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Sabag).
Cabe tener presente que el artículo 31 requiere 18 votos conformes para ser aprobado.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En discusión general y particular el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Senador señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , quiero consultar al señor Ministro de Hacienda -lamentablemente no se encuentra en la Sala- por qué razón quedan marginados de este reajuste los asistentes de la educación -representan a un numero importante de funcionarios en nuestro país-, a quienes desde hace varios años se les ha ofrecido permanentemente elevar sus remuneraciones y efectuarles un reconocimiento por la trascendente labor que desarrollan en el proceso educacional.
Hace mucho tiempo que se les viene prometiendo la dictación de un estatuto para los no docentes, lo que no ha ocurrido, debiendo buscarse coyunturas de solución como la entrega de un bono en diciembre, cuya aprobación debe realizar el Parlamento en forma periódica.
Por ejemplo, aquí se señala que el Ejecutivo -esa es la respuesta que se les da a dichos funcionarios- estudiará los problemas planteados por los asistentes de la educación sobre el perfeccionamiento de la subvención por desempeño de excelencia, creada en el artículo 2° de la ley N° 20.244.
La verdad es que esa frase se parece mucho a la de unos avisos que se exhiben en determinados negocios: "Hoy no se fía, mañana sí".
Evidentemente, esa explicación es la nada misma para esos funcionarios que -reitero- tienen una labor importantísima al formar parte del equipo docente de los establecimientos educacionales.
Hay varias situaciones que deben considerarse. Por ejemplo, el sueldo de los asistentes de la educación no es igual en las diferentes comunas. En ellas se da un grado de escalonamiento que hace, incluso, mucho más odiosa esa función, ya sea en un pueblo pequeño o en una ciudad mediana o en una importante.
Por eso, sería interesante haber considerado en el proyecto un sueldo con un piso igual en todas las municipalidades.
Hay un valor por hora de trabajo en docencia, en circunstancias de que los asesores de la educación carecen de tal posibilidad. Quedan, en ese sentido, sujetos al criterio del alcalde, que es como ministro de educación en cada una de las comunas.
No se puede considerar la labor de esas personas como que no tienen realmente peso en el proceso.
Por eso, solicito que el señor Ministro tenga la deferencia de entregarme alguna información acerca de cuál es la razón de que en este proyecto de reajuste no venga incorporado el reconocimiento a esos funcionarios y se les anticipe que se van a estudiar los problemas planteados por el gremio.
Vuelvo a insistir: se trata de gente que gana sueldos muy bajos y sus familias deben vivir con ellos. Son asistentes de la educación que envían a sus hijos a estudiar a las universidades, pero como hay tan poca diferencia entre las seudamente llamadas "del Estado" y las privadas, el costo en cualquiera de ellas es sumamente alto.
De tal manera que podría darse la posibilidad de que el señor Ministro de Hacienda nos dijera si es factible resolver ahora lo relativo a estos beneficios para los citados trabajadores de la educación.
Cuando el señor Secretario de Estado lo estime pertinente, me gustaría que dé la información a la Sala.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , nuevamente estamos enfrentados al proyecto de ley de reajuste del sector público con movilizaciones de los funcionarios y con una paralización de labores que afecta gravemente servicios fundamentales para la población.
Por ello, en primer término, quiero reiterar mi convencimiento de la necesidad de contar con un procedimiento de negociación colectiva para el sector público, que permita acuerdos sectoriales por un horizonte mayor y que evite o al menos nos acote este tipo de situaciones. Este es un compromiso del Gobierno, reconocido, además, en resoluciones de la OIT que deben cumplirse.
Por otra parte, soy un convencido de la necesidad de dictar una norma que considere un sistema de reajuste automático equivalente al IPC o a otro indicador, a fin de evitar la disyuntiva absurda a que somos enfrentados los parlamentarios, al tener que optar entre aceptar lo que el Gobierno de turno ofrece o dejar a los trabajadores sin reajuste alguno. Eso no es bueno para el Congreso Nacional ni para los trabajadores.
Asimismo, quiero hacer presente la situación que afecta a los funcionarios públicos de las Regiones de Aysén y de Magallanes, quienes vienen reclamando desde hace muchos años la nivelación de la asignación de zona, para terminar con las diferencias producidas en la base de cálculo que rige para diversos grupos de trabajadores, según el ámbito en que se desempeñen.
El problema afecta especialmente a funcionarios municipales, a trabajadores de la salud, a los de servicios fiscalizadores y a los regidos por la Escala Única de Sueldos, todos los cuales reciben una asignación de zona inferior a la de otras reparticiones públicas; por ejemplo, los del Poder Judicial.
Lo anterior, señor Presidente , Honorables colegas y especialmente señores Ministros que nos acompañan, es extremadamente injusto. Un indubitado principio del derecho señala que donde existe la misma razón debe haber la misma disposición.
La razón es compensar el esfuerzo adicional que tales servidores prestan al país por encontrarse en Regiones apartadas, con mayores gastos y condiciones de vida más difíciles. Entonces, es obvio que quienes residen en un mismo lugar tengan una retribución económica calculada de igual forma, independiente del servicio público en que se desempeñen. Sin embargo, eso no ocurre. A los funcionarios públicos se les computa la asignación de zona de modo diverso, produciendo enormes diferencias y constituyendo una discriminación odiosa y determinando la existencia de funcionarios de primera, de segunda y hasta de tercera categoría.
Esta justa demanda no ha sido escuchada en años. Y no por argumentos de fondo, pues se reconoce que no los hay, sino solamente por el costo que representa. Necesitamos avanzar, aunque sea gradualmente, para terminar con esta brecha injusta.
Queremos que el Gobierno se pronuncie sobre esta materia.
Quiero hacer presente que en la Administración del Presidente Aylwin, el Ministro de Hacienda señor Foxley se había comprometido a nivelar el cálculo de la asignación de zona.
Los funcionarios de la Región que represento tienen, además, la inquietud de que las líneas de corte de diversos beneficios, tales como aguinaldos y bonos por término de conflicto, como los incluidos en este reajuste, se calculan incorporando bonificaciones, asignaciones o bonos asociados al desempeño y también la asignación de zona y los bonos de zonas extremas.
Hago notar que ello es también injusto y discriminatorio, particularmente en el caso de la asignación de zona y en el bono de zona extrema. Esto no constituye un incremento de remuneraciones. Tampoco implica que los funcionarios ganen más que sus pares de otras Regiones. Se trata, simplemente, de compensar el mayor valor evidente que los bienes tienen en las zonas apartadas.
Esos ingresos compensatorios adicionales no pueden terminar perjudicando a los trabajadores en la obtención de otros incrementos.
Por eso he querido hacer presente esta situación y solicitar su corrección, corrección que, a mi juicio, pudiera salvarse si existe la voluntad y la decisión política del Gobierno de establecer una mesa de conversación y de trabajo entre los dirigentes del sector público de las Regiones de Aysén y de Magallanes, con los respectivos representantes del Ministerio de Hacienda.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , el proyecto de ley en debate tiene 36 artículos, algunos de los cuales se repiten año tras año, con cambio de los montos.
El primero de ellos se refiere al reajuste del sector público, de 4,5 por ciento a contar del 1° de diciembre de 2009, que incluye a los funcionarios de las municipalidades; de la salud primaria; a los profesionales de la ley N° 15.076 y al personal del Congreso Nacional.
Luego, establece diversos beneficios: aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias; bono de escolaridad; bonificación adicional de escolaridad, todos los que se otorgan a los trabajadores del sector público de acuerdo a dos tramos.
El tramo 1 corresponde a quienes tienen rentas que alcanzan hasta 497.760 pesos; el tramo 2 es para los sueldos superiores a ese monto y hasta 1.672.889.
El aguinaldo de Navidad es de 37.277 pesos para el tramo 1, y de 19.779 para el 2. El de Fiestas Patrias, de 48.910 pesos para el primer tramo, y de 34.069 para el segundo. Y el bono de escolaridad, de 48.194 pesos por hijo que sea carga familiar, para ambos tramos, pero el primero recibe un beneficio adicional de 20.158 pesos por cada hijo que cause el derecho.
Se determina más adelante el aporte a los servicios de bienestar de las instituciones de la Administración Central; se fija también un aporte a las universidades estatales de 3 mil millones de pesos, y se reajusta la nivelación de rentas mínimas de los funcionarios técnicos, administrativos y auxiliares.
Asimismo, se establece un bono de invierno para los pensionados.
Señor Presidente , por primera vez, ese bono de invierno que antes se entregaba a los pensionados del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, de las cajas de previsión y de las mutualidades de empleadores de la ley N° 16.744; a los pensionados del sistema establecido en el DL N° 3.500, de 1980, que se encuentren percibiendo pensiones mínimas con garantía estatal, también se otorgará ahora a los pensionados del sistema de AFP que estén percibiendo aporte previsional solidario de vejez y cuyas pensiones sean de un monto igual o inferior a las mínimas de vejez para personas de 75 o más años de edad, y a los beneficiarios de pensiones básicas solidarias de vejez.
Se establece en beneficio del sector pasivo un aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 2010 de 13.407 pesos y un monto adicional de 6.903 pesos por cada carga familiar o maternal. Y un aguinaldo de Navidad de 15.379 pesos más un incremento de 8.680 pesos por carga.
Se consigna una bonificación para enfermeras y matronas, ascendente a 177.536 pesos trimestrales, la que beneficiará a casi 5 mil profesionales de los Servicios de Salud.
Se extiende el aumento de remuneraciones al personal no docente municipalizado.
Se crean dos bonos especiales no imponibles, que beneficiarán a los funcionarios de la administración central y descentralizada: uno pagadero en el mes de diciembre de 2009, de 125 mil pesos para el tramo 1, y de 75 mil pesos para el tramo 2, y otro por iguales montos y para los mismos beneficiarios, que se pagará en enero de 2010.
Señor Presidente , este último beneficio, de alguna manera, es parecido al que se concedió el año pasado por concepto de lo que se llamó "bono por término de conflicto".
En seguida, hay otros aspectos que creo importante mencionar.
Hemos estado analizando el problema que afecta sobre todo a los profesores cuando cumplen la edad para acogerse a jubilación con respecto a la Ficha de Protección Social, usada hoy día para medir no pobreza, sino vulnerabilidad, y, dentro de esta, el nivel de educación. Y lo cierto es que muchos docentes no pueden acceder a ciertos beneficios por registrar puntajes muy altos, los que, obviamente, aumentan debido al grado de educación que poseen.
En el caso de los maestros, resulta absurdo medir su condición educacional, dado que la Ficha mide vulnerabilidad; o sea, la capacidad de generar rentas en el futuro. Pero cuando una mujer ha cumplido 60 años de edad y un hombre 65, es irracional mirar su capacidad de generar renta en el futuro. Lo que corresponde es saber cuánto gana en el presente, lo que realmente determina su necesidad económica.
Por eso, señor Presidente , para fijar su puntaje de vulnerabilidad, el artículo 29 señala claramente que "no se considerará el nivel educacional de las mujeres con edad igual o mayor a 60 años de edad y de los hombres con edad igual o mayor a 65 años".
Esperamos que esta norma permita que muchos profesores que actualmente no acceden al pilar solidario del sistema de pensiones, puedan lograrlo en el futuro y, por ende, incrementar sus pensiones.
En cuanto a las universidades estatales, parlamentarios de distintos partidos políticos hemos participado en diversas reuniones con los rectores de esos planteles, quienes nos han señalado que tienen dos problemas graves. Uno se soluciona en la iniciativa en análisis y el otro queda pendiente. Desgraciadamente, nada se dice sobre él ni en el articulado ni en el Protocolo.
La solución del que se aborda ahora consiste en otorgar a las universidades públicas un plazo de dos años para renegociar sus deudas, aumentándose el plazo para su servicio a 20 años.
Recordemos que esas casas de estudios superiores enfrentan muchas dificultades para financiar obras de infraestructura, porque su endeudamiento no puede exceder el período presidencial. Como este se redujo de 6 a 4 años, gran parte de ellas, sencillamente, no quedaron en condiciones de financiar tales obras.
El otro punto quedará pendiente para un análisis posterior.
No resulta admisible que a las universidades estatales solo les sea factible endeudarse por un máximo de 4 años, mientras que las privadas lo hacen por el plazo que estimen conveniente.
Sin embargo, la solución consignada en la iniciativa implica un alivio a la situación de endeudamiento que exhiben ahora, pues tendrán dos años para renegociar sus pasivos a un plazo mucho más largo de 20 años, y, obviamente, con tasas bastante inferiores.
Por otra parte, señor Presidente , se incrementa en 200 el número máximo de beneficiarios de la asignación para operadores de maquinarias pesadas del Ministerio de Obras Públicas, dado que aquellas han aumentado y, por lo tanto, muchos de esos funcionarios no percibían dicha asignación. Asimismo, se resuelve un problema cuya solución fue largamente solicitada en la Comisión de Hacienda: el otorgamiento del bono poslaboral, que en verdad ha estado funcionando con una lentitud espantosa. Para ello, se introducen varios perfeccionamientos a la ley N° 20.305, con el fin de agilizar el procedimiento de concesión del beneficio.
Además, señor Presidente -esto es importante-, se dispone que las personas que aún no han obtenido el bono poslaboral a que se refiere la ley citada, tendrán derecho a su pago no desde la fecha en que se les conceda, sino en que presentaron la solicitud.
Eso significa, por ejemplo, que a quienes han tenido una demora de 10 ó 12 meses -como lamentablemente ha ocurrido en algunos casos- se les pagará el bono con efecto retroactivo por el lapso que ha tardado el trámite, si en el momento de presentar la solicitud cumplían los requisitos para su obtención.
El Senador señor García hizo notar al respecto una situación muy injusta con relación a la ley. El Ejecutivo se comprometió a enviar al Parlamento, con la mayor brevedad, un proyecto para corregirla. Consiste en que si dos personas pidieron el bono poslaboral en febrero de 2009, y a una todavía no se le otorga, sino hasta el próximo mes, entonces va a tener derecho al bono desde la fecha en que lo solicitó. Sin embargo, si se le concedió hace 15 días, tendrá derecho a él solo desde 15 días atrás y no desde el mes de febrero.
En la presente iniciativa la norma viene mal redactada, pero no tuvimos tiempo para corregirla. Es un asunto un poco más complejo: pero -repito- el Gobierno quedó de mandar un proyecto, dentro de quince días hábiles, o algo así, con el propósito de zanjar esa anomalía.
Señor Presidente, en la Comisión escuchamos a los representantes de distintos gremios, quienes nos dieron a conocer numerosos problemas.
Entre las peticiones que nos plantearon, figuran un bono de vacaciones, en enero; un reajuste de entre 6 y 7,5 por ciento, escalonado, según el nivel de rentas; la ASEMUCH hizo presente que en algunos casos la línea de corte se refiere a remuneración líquida, y en otros casos a renta bruta.
Con respecto a las zonas extremas, se señaló que en Punta Arenas, por el hecho de que en el cálculo de la renta se incluye la asignación de zona, todos los funcionarios que se encuentran desde el grado 21 hacia arriba no tienen derecho a nada, porque quedan fuera de las líneas de corte.
En cuanto al beneficio ya existente, desmintieron que se tratara de dos bonos y aclararon que el bono respectivo se había repartido en dos. Tocante a los funcionarios de la JUNJI, de universidades fiscales, etcétera, se nos informó que quedan fuera de este reajuste, porque negocian directamente con sus empleadores. Asimismo, para las universidades del Estado resulta muy complicado traspasar los montos del reajuste, dado que este incidiría, finalmente, en el costo de la matrícula. Y en la Comisión de Educación se nos indicó que ellos desean un aumento de remuneraciones.
Uno entiende -y coincido en este punto con el Senador señor Muñoz Aburto - que el sistema de reajuste debiera ser objeto de una modificación en el futuro, pues no estimo razonable discutir el proyecto de reajuste del sector público y, conjuntamente, el de la Ley de Presupuestos.
Se trata de materias que se deben analizar en plazos muy cortos.
De otro lado, resulta muy complejo fijar aumentos de remuneraciones a entidades cuyos ingresos no dependen de la Ley de Presupuestos, como los municipios, que continuamente se quejan de que nosotros les imponemos gastos, pero son ellos los que deben hacerse cargo de conseguir los recursos.
Hay una serie de temas que tendremos que revisar hacia delante.
Asimismo, se nos señaló que en la mesa de negociación se presentaron cuatro temas relevantes. Uno de ellos era el reajuste, pero otros tenían que ver con trabajo decente, con organizaciones, en fin, con una serie de aspectos que obviamente no aborda la iniciativa y que, por lo tanto, quedaron pendientes.
En definitiva, la discusión se realizó con bastante premura y los resultados de las votaciones son los que ha indicado el señor Secretario.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , me referiré a dos temas puntuales, no sin antes sumarme a la posición sostenida hace bastante tiempo por nuestra bancada y que acaba de expresar el Senador señor Muñoz Aburto , en el sentido de que somos partidarios de buscar otros procedimientos para analizar el reajuste del sector público, de carácter plurianual y a través de una negociación colectiva, a fin de no quedarnos encerrados en esta lógica que, en ocasiones, resulta malsana.
No quiero repetir los argumentos, pues mi colega Muñoz Aburto ya expuso con claridad nuestra posición.
Puntualmente, deseo referirme a dos aspectos que, a mi juicio, no están bien abordados en la presente iniciativa.
El primero dice relación a la situación que afecta a los asistentes de la educación. Algo ya se mencionó al respecto.
Los trabajadores asistentes de la educación -llamados "no docentes" en este último tiempo, y "auxiliares de la educación", antes- han logrado constituirse en organización a nivel nacional y obtener su reconocimiento legal con el fin de plantear sus demandas.
Aquí hay al menos dos asuntos que deben ser analizados.
Uno es el relativo al sueldo piso. No resulta apropiado ni correcto que en algunas municipalidades se pague el salario mínimo mientras que en otras las condiciones son bastante más adecuadas. Hay trabajadores que muchas veces se encuentran en la más absoluta inestabilidad, pues dependen, en cuanto se rigen por el Código del Trabajo, de los vaivenes ocasionados por quien sea el alcalde de turno.
En reiteradas ocasiones -discúlpenme la manera poco formal de decirlo-, este grupo se transforma en la "caja pagadora" de los alcaldes electos, en detrimento de otros trabajadores que hacen bien su labor en los establecimientos educacionales.
Producto de este fenómeno -es decir, el carecer de un sueldo piso-, se originan desigualdades tremendas. Años atrás se planteó la necesidad de dictar un estatuto para dichos funcionarios. Por desgracia, hubo un sector del Parlamento que no estuvo de acuerdo y ello no se logró.
Posteriormente, en un proyecto de ley especial que discutimos hace un tiempo se propuso reconocer a esos trabajadores su situación particular, incluyendo el otorgamiento de un bono. Lo absurdo es que son los únicos trabajadores que han logrado una conquista -ese bono- que año tras año se reduce porque, en la medida en que se instala la Jornada Escolar Completa, se contratan más asistentes para la educación que hacen que la misma "torta" se reparta entre más personas.
Ese problema no está resuelto ni en el proyecto que nos ocupa ni en el Protocolo.
Por ello, señor Presidente, quiero hacer presente que ese es un tremendo vacío que afecta a un segmento de trabajadores del sector público cuyas condiciones laborales son muy precarias.
El segundo aspecto que deseo plantear dice relación a los trabajadores de las universidades públicas.
Las universidades autónomas reciben un traspaso de recursos. Sin embargo, no existe ninguna garantía en el sentido de que tales fondos vayan a los sueldos de los profesores, del personal docente y del personal no docente. No hay una nivelación adecuada al respecto y subsiste una situación de tremenda injusticia.
Este problema se ha planteado muchas veces, pero siempre los interlocutores se escudan y se esconden detrás del argumento de que las universidades son autónomas.
Estoy seguro de que el personal docente y el no docente de tales establecimientos prefieren mil veces estar sujetos a una escala de sueldos clara y no continuar en una condición de ambigüedad donde, si bien perciben los bonos correspondientes, no reciben reajustes a sus sueldos base en ninguna de las iniciativas legales que discutimos.
Cada vez que se pone en la mesa el proyecto de reajuste del sector público, ellos son los parientes pobres -discúlpenme la forma de decirlo- y no son tomados en cuenta en el debate.
Por último, señor Presidente , quiero hacer una reflexión general que dice relación a una innovación que pretendo subrayar.
Muchas veces hemos hablado de cómo incorporar al sector pasivo dependiente de las AFP a los beneficios del bono de invierno. Todos aquellos jubilados afiliados a una AFP que reciben, como manifestaba la Senadora señora Matthei , el aporte previsional solidario (es decir, las pensiones inferiores a 150 mil pesos), tendrán derecho al bono de invierno este año.
Creo que ese es un avance tremendamente importante.
Por último, señor Presidente , entiendo que vamos a discutir otras materias vinculadas a la educación. Algunos, por ejemplo, consideran que la modificación de la Ficha de Protección Social es irrelevante; otros han hablado bastante acerca del daño previsional o de la deuda histórica con los profesores.
Todos esos serán temas que vamos a discutir después.
Por ahora, me limito a señalar una realidad indesmentible: muchos profesores jubilan en nuestro país en condiciones horribles. ¡Pésimas!
--(Aplausos en tribunas).
Les pido a quienes nos acompañan en las tribunas que por favor no haya aplausos.
Quiero decir lo siguiente.
Aquellas personas que antes pifiaron no entendieron lo que aquí se está planteando. Numerosos profesores, recibiendo una pequeña pensión, no tienen derecho al aporte previsional solidario; quedaron fuera de la reforma previsional.
Pues bien, lo que aquí se está haciendo es incorporarlos a ella, modificando la Ficha de Protección Social en términos tales que ningún profesor supere los 12.666 puntos. No va a importar su actual puntaje. ¿Por qué? Porque se eliminará el factor "educación", que es el que distorsiona el resultado de dicho instrumento respecto de los adultos mayores.
Me parece que esa medida es un avance en la dirección correcta. No resuelve el problema, pero sí permite que decenas de miles de profesores que hoy día perciben pensiones insuficientes accedan al aporte previsional solidario, beneficio al cual no tienen derecho en la actualidad y que significa un aumento concreto de sus ingresos de aquí a la implementación de la reforma previsional el año 2011.
Esa es la aspiración que todos tenemos.
He dicho.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , francamente lamento las condiciones en que estamos llevando a cabo el presente debate, con urgencia de "discusión inmediata", la que no nos permite una reflexión profunda y detallada sobre la complejidad de los temas que involucra la Administración Pública, y con trabajadores movilizados con mucho esfuerzo a nivel nacional.
Y lo que más me preocupa es lo que estamos viendo ahora: saber que hay un conjunto de trabajadores que tienen la sensación de que no son objeto del trato y el reconocimiento que se merecen por la función que cumplen en la sociedad. Considero que este es un problema bien complejo, bien delicado. Ningún país se puede desarrollar sin una Administración Pública que se sienta orgullosa de sí misma y que la ciudadanía además valore como tal. Creo que allí tenemos una seria dificultad.
Como testimonio de mi inconformidad con la política que se ha seguido hacia la Administración Pública, voy a votar en contra del proyecto.
Pienso que la política que hoy se aplica se basa mucho más en la desconfianza que en el diálogo y la búsqueda de acuerdos. En tal sentido, estimo que hemos venido retrocediendo respecto de años anteriores. A inicios de la democracia se hizo un esfuerzo grande por generar mecanismos de concertación y diálogo social que desgraciadamente se han ido perdiendo en la noche de los tiempos.
Me parece que existe una contradicción fundamental que no hemos sido capaces de resolver, y es la siguiente.
Si uno analiza cuáles son las actuales tareas de la Administración Pública y de sus distintos servicios, se encontrará con que el trabajo se ha multiplicado varias veces: por dos, por tres o por cuatro. Ello se puede apreciar en la Administración centralizada, en el sector de la salud, en el de la vivienda, en el de la educación, en las universidades, en los municipios.
La carga de actividades, como digo, se ha multiplicado varias veces. Pero ni las condiciones laborales ni las remuneracionales han ido evolucionando de manera proporcional. Hay una brecha fuerte entre lo que se pide a los trabajadores del sector público y lo que se les entrega como contrapartida.
¿Cuál es la realidad de fondo del sector público chileno? Salvo excepciones, en él no impera el trabajo decente. Esa es la verdad: no impera el trabajo decente.
No se cumple en absoluto la norma permanente del Estatuto Administrativo según la cual el 80 por ciento de los trabajadores debe ser de planta y solo el 20 por ciento encontrarse a contrata o a honorarios. Es muy raro el servicio que cumple con ese precepto. En general, lo normal es más bien lo inverso. Y cada año tenemos que otorgar una autorización, a través del Presupuesto, para que la ley no se cumpla.
A mi juicio, es muy grave que el Estado no esté en condiciones de predicar con el ejemplo. Cuando este critica las irregularidades existentes en el sector privado en materia laboral lo hace con muy poca autoridad moral. Porque las condiciones del sector público se encuentran muy lejos de los estándares de trabajo decente.
Hoy se puede ser funcionario permanente en el sector público y ser pobre, por el nivel de ingresos. Una persona cabeza de familia, con dos hijos y que gane la remuneración correspondiente a uno de los últimos grados de la escala, puede seguir siendo un trabajador pobre.
Lo que impera es el trabajo precario, el trabajo a contrata, el trabajo a honorarios, muy lejos de los estándares internacionales para que un trabajo sea considerado decente.
Por las razones expuestas, señor Presidente , y sin perjuicio de los avances objetivos presentes en distintas normas puntuales a las cuales se han referido otros señores Senadores, quiero dejar establecido que no comparto la política general hacia la Administración Pública. Y, como consecuencia de ello, votaré en contra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , en verdad es lamentable que un grupo importante de dirigentes y trabajadores públicos se haya retirado, porque creo que es buena su presencia en momentos en que se debaten estos temas -aunque por ahora ellos les hayan sido insatisfactorios-, a fin de que conozcan el pensamiento del Senado hasta el instante de la votación.
En estos días el país se ha visto convulsionado por distintos paros, por movilizaciones, por una serie de inquietudes sociales que, al no tener cauces normales, se expresan de una manera que a veces sorprende a la opinión pública, y en otras, también la molesta, por la falta de servicio. Quienes después de mucho tiempo han conseguido una interconsulta en un hospital y la pierden por estos motivos obviamente no salen muy conformes ni quedan muy contentos con la situación. Tampoco lo estarán, probablemente, los escolares que han perdido sus clases.
Pero la pregunta de fondo es por qué en el sector público existe este grado de movilizaciones y de paros. Y la responsabilidad no se puede adjudicar a los trabajadores públicos: el sistema actual en materia de legislación laboral no les deja otra salida.
Hace al menos tres años le llevamos al entonces Ministro del Trabajo , Osvaldo Andrade , una proposición completa para que asumiera el tema de la negociación colectiva con derecho a huelga en el sector público, no solo para resolver estos problemas, sino también para que Chile cumpliera con la legislación internacional. Nuestro país forma parte de la OIT y el Convenio 151 así lo exige.
Sin embargo, el Gobierno -el actual y también los que lo han precedido- no ha hecho el más mínimo esfuerzo para sacar adelante dicha tarea.
Hace algunos meses visité a la Ministra del Trabajo , quien manifestó compartir esta inquietud. Pero lamentablemente, por razones internas del Gobierno -que yo no podría explicar-, no hemos visto ni conocemos ninguna propuesta para corregir la situación descrita y para tener en Chile un proceso de negociación colectiva en el sector público con derecho a huelga, regulado, con todas las normas que permitirían zanjar circunstancias de este tipo.
Porque, ¿qué hace un gremio del sector público -funcionarios municipales, de la salud, de algún Ministerio, como el de Hacienda- que quiere negociar?
Cuenta con instancias de conversación, pero informales, las que en cada caso se van determinando entre el superior y los representantes de los trabajadores. No existe un procedimiento obligatorio que imponga compromisos a las partes; que les fije plazos; que eventualmente incorpore a terceros mediadores que con su carácter técnico puedan resolver las disputas; que permita regular la huelga y así evitar que los paros o las movilizaciones signifiquen perjuicios para los usuarios.
Entonces, si no hay esa mínima sensibilidad social respecto de los problemas de los funcionarios del sector público, a estos no les queda otro camino que el de la presión, del paro, de la movilización. Y mientras ello siga así, continuaremos presenciando este mismo escenario, que a mí me parece muy lamentable, pero del cual no son responsables los trabajadores, sino quienes no han sido capaces de generar una legislación que permitiría evitar tales situaciones.
En los próximos días daré a conocer un completo proyecto sobre la materia, dado que el Ejecutivo no ha querido tomar la iniciativa. E invitaré al Gobierno actual y a los distintos comandos presidenciales a hacerse cargo del tema.
Yo veo al Ejecutivo muy interesado, y con razón, en los derechos de los trabajadores del sector privado. Se habla de la necesidad de mejorar la sindicalización, de evitar las prácticas antisindicales, de perfeccionar la negociación colectiva y de una serie de otros derechos que, con razón, deben revisarse si no se cumplen o si existen obstáculos para su ejercicio.
Pero, perdónenme, ¡la caridad empieza por casa!
El sector público tiene al final un empleador, que es el Estado, el Gobierno de turno. Y este es un mal empleador, porque no ha resuelto los problemas existentes en la Administración Pública, donde se observan prácticas antisindicales, negación de la negociación colectiva, trabajadores que permanecen a contrata durante años y no tienen derecho a indemnizaciones, a desahucios, a vacaciones, por las condiciones en que están contratados.
Eso ocurre en el sector público hoy día.
Entonces -¡caramba!-, cuando pasan estas cosas no les echemos la culpa a los trabajadores, sino a quienes no han sido capaces de regular esta situación.
Espero que en la próxima legislatura, en el próximo Gobierno, se produzca un cambio radical en la materia, porque se necesita que haya no solamente cumplimiento a la legislación internacional, sino también salida para estos problemas.
Un segundo tema que me parece importante señalar dice relación al reajuste.
Yo entiendo que el reajuste tiene que ver con un problema de seriedad y responsabilidad fiscal, en el sentido de que el Ejecutivo debe proponer algo que sea posible dentro de las coordenadas económicas, dentro de las perspectivas del país. Y eso nos lleva a pensar, dada la situación en que estamos, que no es factible imaginar un reajuste abultado, significativo, como el que hubo el año pasado. Pero de ahí a no tener un criterio que permita, por ejemplo, buscar caminos alternativos hay un paso distinto.
Yo no veo por qué no se puede conceder un reajuste escalonado. Observo en las distintas normas que se proponen en este proyecto de ley que el sueldo al cual se recurre como parámetro o que tiene menos beneficios es de 497 mil pesos y fracción (digamos 500 mil pesos). ¿Y por qué no se concede un aumento de 4,5 por ciento a las rentas superiores a esa cantidad? Me parece que los sueldos inferiores necesitan un reajuste distinto.
Y, quizás, podríamos pedirle al Ejecutivo un pronunciamiento sobre ese punto, el que a mí me interesaría oír antes de emitir un juicio sobre cómo voy a votar. Porque para mí sería muy distinto ver la voluntad de aquel de abrirse a otorgar un incremento mayor pero solo para los sueldos bajos como los que he señalado, de acuerdo con los propios criterios que él ha establecido en diversas normas de esta iniciativa.
Finalmente, deseo manifestar que considero muy positiva la disposición relacionada con el cambio de la ficha de protección social, de manera que los profesores y en general las personas con mayor educación no se vean perjudicados por aparecer ese antecedente en su ficha y, por lo tanto, puedan acceder al pilar solidario.
Creo que ese no es solo un problema de los profesores; hay mucha gente que, más allá de ser docentes, se encuentran en esa misma situación.
Por consiguiente, se debe evaluar. Y quizás es necesario hacerlo también respecto de otro tipo de personas, como las que hoy día se ven afectadas por la cesantía y que la ficha de protección social las pone en una condición tal que no pueden acceder a beneficios.
Hay quienes en la actualidad son deudores habitacionales y que no pueden renovar o reprogramar sus créditos porque no tienen ingreso, y tampoco les es posible obtener ningún tipo de ayuda dado que su educación los lleva a un nivel tal que no les permite acceder a ella.
Considero que eso se debe revisar en la ficha de protección social.
Además, quiero decir -ya hablaremos sobre este punto más adelante, y espero que el Senado mantenga la coherencia y consistencia que ha tenido durante años frente al tema de la deuda histórica- que lo relativo al cambio de la ficha de protección social...
--(Aplausos en tribunas).
...es algo que se requiere por justicia, y en ningún sentido puede entenderse como una reparación a los profesores por la deuda histórica, que se les debe pagar como corresponde.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , creo que se ha hecho una tradición la forma en que se nos presenta el proyecto de ley de reajuste. Y no solo por el actual Ministro de Hacienda ; sus antecesores también utilizaban o nos traían más o menos esta misma fórmula, la cual me parece que -como han sostenido varios señores Senadores- se debe modificar a fin de legislar mejor.
Con todo, yo quisiera decir que en la actual iniciativa, sin duda, hay algunas cosas que me parecen bien. Y, claramente, me parece muy bien lo relativo a eliminar el nivel educacional para la determinación de la condición de vulnerabilidad. Creo que era necesario.
En el resumen que se nos presenta figuran una serie de beneficios que en anteriores legislaciones no se contemplaban. Eso es muy positivo y hay que reconocerlo.
Quizás, en lo central -y recojo lo planteado por el Senador señor Larraín -, en el número 1 de ese resumen debió haberse diferenciado un porcentaje distinto del 4,5 por ciento para las rentas menores a 500 mil pesos. Eso lo considero importante. Y hago un llamado al señor Ministro para que se abra a dicha posibilidad, porque claramente el 4,5 por ciento sería aplicable a las rentas superiores a esa cantidad, pero respecto de las inferiores estimo que se debería considerar algo diferente. El guarismo tendría que ser distinto.
Señor Presidente , voy a ser bien franco porque esta es, a lo mejor, la última vez que hablaré en la discusión de un proyecto de ley de reajuste. El próximo año habrá otros señores Senadores acá, y espero que lo hagan mejor que quienes no hemos podido cambiar el curso de las cosas.
Y aquí quisiera recordar lo siguiente.
El Honorable señor Muñoz Aburto señaló que el ex Ministro señor Foxley , que después fue Senador, adquirió un compromiso con las zonas extremas, con Punta Arenas y con la Región que represento: Aysén .
Aquel consistía en que se iba a reajustar la asignación de zona extrema. Y él, al final de su mandato, alcanzó a hacer algo que fue bastante significativo: del 30 ó 32 por ciento se llegó al 40 ó 42 por ciento que hoy día rige para aquellas.
El Honorable colega hace bien también en recordar que eso ha sido muy odioso, porque hay trabajadores públicos -como son los de las Fuerzas Armadas- que, con toda justicia, reciben un 105 por ciento por dicho concepto. Y es muy necesario que tengan derecho a ese beneficio -sobre todo, cuando pienso en los carabineros que cumplen funciones en áreas limítrofes, a veces en condiciones bastantes dramáticas-, como también los funcionarios del Poder Judicial -me parece perfecto que lo perciban- y del BancoEstado, que un sentido son públicos y en otro no lo son. Pero, bueno, tienen ese beneficio.
¡Pero qué pasa con el resto! El resto de los funcionarios recibe el 40 por ciento.
Es decir, se observa en ello una clara discriminación. Y a estas alturas no podemos echarle la culpa al Régimen militar. Espero. Han transcurrido muchos años y, claramente, se debió haber hecho algo distinto. ¡Cómo no hacerlo si las condiciones de vida en Aysén o en Punta Arenas son diferentes de las del centro del país!
Y en este mismo proyecto tengo la excusa o la razón para hacer tal planteamiento.
En el punto 3 del resumen se acuerda un bono de invierno -lo considero estupendo- de 42 mil 481 pesos, pagaderos en el mes de mayo del año 2010, el que beneficiará -dice el señor Ministro- a 980 mil pensionados.
¿Pero saben cuál es el problema? Parece que no conocen lo que es Chile.
¡En Aysén el invierno dura nueve meses! ¡Si la semana pasada estaba nevando; aquí no, pues!
Entonces, ¿por qué el mismo bono para todo el país? ¿Por qué no es diferente para Magallanes o para Aysén? ¿Somos un país distinto o queremos cortarlo en Talca o Chillán? ¡No, si Chile tiene 5 mil kilómetros de largo!
Además, dicho beneficio -quiero insistir en este aspecto- es para muy pocos empleados públicos. ¡Si en Aysén la totalidad de ellos alcanza a los 3 mil, incluyendo a las Fuerzas Armadas! No sé cuántos habrá en Magallanes. Pero en Aysén es el 6 por mil de los 500 mil.
¡Y esos no valen! ¡Son de segunda o tercera clase! ¡Ese es el trato que les estamos dando!
Francamente, no sé cómo seguimos haciendo así las cosas.
Se habla acá de que se dará un aporte a las universidades estatales. ¿Y saben cuál es el problema? En Aysén no hay universidad. ¡Entonces, para qué nos interesa eso!
Está muy bien que se conceda dicho aporte. Me alegro por el resto de las universidades del país. Pero ¿por qué en esa Región, señor Ministro , de una vez por todas no se entrega la Beca Aysén a los niños que deben salir a otros lugares? Cuando viajan, es como trasladarse de un continente a otro. Desplazarse de Villa O¿Higgins o de Coyhaique a Santiago es como ir a otro país. Eso les cuesta mucho a las familias.
Y estamos reclamando hace dieciséis años una beca como corresponde para que puedan estudiar. ¿O los jóvenes de Aysén no son chilenos?
¡Hasta cuándo seguimos con esta clase de legislaciones!
Es bien poco ya lo que yo puedo hacer; otras veces que he votado en contra me han tratado bastante mal. Pero estoy muy tranquilo, porque pienso que se botaron en el Transantiago 5 mil millones de dólares a la calle. Y me expulsaron y abusaron del poder quienes hoy quieren seguir diciendo cómo hacer las cosas.
Por eso, señor Presidente, a estas alturas solo puedo efectuar una sola cosa: votar en contra.
--(Aplausos en tribunas).
Y voy a pronunciarme en contra para que al menos se recuerde que fui leal con quienes me eligieron y con la forma en que debemos legislar de una vez por todas en nuestro país.
Aquí no puede haber chilenos de primera, de segunda y de tercera. Pero eso estamos logrando con esta manera de legislar.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gómez.
El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , es una situación ingrata la que uno enfrenta en estos minutos.
Por casi 10 años fui funcionario público. Y había un colega en el Ministerio que cada vez que hacía un discurso decía: "Me siento orgulloso de ser funcionario público". Y creo que los miles de trabajadores del Estado están orgullosos de serlo.
Por lo tanto, cada vez que enfrentamos esta dificultad, para nosotros resulta un tema de extrema gravedad -y hablo en este caso como representante del Partido Radical-, porque todos los años llegamos al final a una negociación que todos sabemos como va a terminar: con los trabajadores en huelga, molestos, y con el Congreso aprobando un reajuste insatisfactorio tanto para ellos como para los propios parlamentarios.
Considero importante que la gente sepa cuáles son las facultades del Congreso. Porque, al último, se centran en él las expectativas y las posibilidades para resolver problemas tan graves como el que nos ocupa. Y el Parlamento solo puede rechazar o rebajar; no tiene atribuciones para presentar proyectos de ley que irroguen gasto, porque en un régimen presidencialista como el que nos rige ello no es posible.
El señor LONGUEIRA .-
¡Menos mal!
El señor GÓMEZ.-
Es su opinión, Senador Longueira , no la mía.
Por lo tanto, estimo que, de una u otra forma, debemos tomar decisiones políticas, nos guste o no. Y en esta iniciativa hay una serie de elementos que quiero recalcar y que me parecen complejos.
En particular, en el caso de las universidades estatales, me parece una situación gravísima no haber tomado una decisión ahora y haber firmado un protocolo para darles la posibilidad de contar con la alternativa de resolver sus dificultades de infraestructura, de tecnología, y una serie de otros aspectos, pues tienen prohibiciones que el Ministerio de Hacienda no ha querido abordar, excepto en cuanto a la solución de las deudas antiguas. Este reajuste afecta los aranceles porque, cuando se aumentan los sueldos sin entregar los recursos a las universidades, lo que estas hacen es cobrarles a los estudiantes y, en definitiva, a las familias, lo cual nos va a generar una tremenda complicación.
Considero que, de una vez por todas -y ojalá las iniciativas prosperen-, se debe tomar en consideración qué queremos del Estado y qué queremos de los funcionarios públicos: tener simplemente todos los años discusiones acerca del reajuste de las remuneraciones -subirlas un 4, 5 ó 6 por ciento-, o un Estado firme, activo, que realice bien sus funciones.
En nuestra opinión, es preciso efectuar una gran reforma al Estado para que los funcionarios públicos tengan remuneraciones dignas, para que realicen su labor dentro de las normas que se exige a cualquier ciudadano para trabajar.
Eso no está pasando en el Estado y en distintas instancias.
Por lo tanto, esa modificación, de una vez por todas, debiera presentarse.
Y esperamos que el próximo Gobierno la efectúe para que, en definitiva, se debata sobre remuneraciones dignas y decentes, sobre trabajos con determinadas condiciones, y que en realidad los funcionarios públicos puedan laborar de la forma en que -estoy seguro- ellos esperan.
Señor Presidente , como no pretendo alargar mi exposición, solo deseo expresar con claridad que no voy a votar a favor del artículo 1º.
He dicho.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente , ante todo, quiero realizar una reflexión de carácter general.
En Chile, desde hace muchos años, los funcionarios públicos son maltratados por los gobiernos, primero, a través del trato que reciben; segundo, en lo concerniente al respeto de sus derechos. Y para qué hablar de lo que ocurre con los profesores en cuanto al respeto de su dignidad, de la función esencial que cumplen en nuestra sociedad.
Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos. Y resulta curioso que respecto de ellos en las noticias siempre se destaquen las cosas malas y nunca se resalte a los cientos de miles que -lo veo en la Región que represento- atienden en hospitales públicos bajo condiciones muy precarias; en servicios públicos con una enorme cantidad de dificultades.
Y me da la sensación de que no existe en el Estado chileno conciencia en cuanto a respetar a quienes han decidido trabajar en la Administración Pública en circunstancias a veces mucho más difíciles que en el sector privado.
Desde luego, basta ver las condiciones laborales: trabajadores a contrata, a honorarios, que carecen de derecho a indemnización; que no tienen feriado proporcional; que viven una inestabilidad laboral absoluta, y que cuando llega una nueva autoridad a un municipio, se hallan siempre sujetos a ser despedidos simplemente por no coincidir con la ideología de quien asume, por ejemplo, como alcalde.
Lo mismo ocurre en muchos servicios públicos.
Creo, señor Presidente , que se trata de un tema que la sociedad chilena ha ido abandonando. Y existe un cierto dejo en cuanto a mirar en forma despectiva a los que de manera legítima contribuyen al país desde el servicio público, desde la Administración Pública.
No solo comparto el planteamiento del Honorable señor Larraín sino que lo considero muy acertado. Acabamos de vivir una crisis económica que probablemente afectó más a las personas de menos recursos.
Por lo tanto, resultaría bastante útil que el señor Ministro de Hacienda señale cuál es la razón para que un reajuste de esta naturaleza no pueda ser superior para la gente con ingresos, por ejemplo, inferiores a 500 mil pesos.
¿Qué motivo hay para ello?
En Chile existe una desigualdad de ingresos enorme. El porcentaje de chilenos con más dinero obtiene muchísimos mayores ingresos que quienes cuentan con menores recursos. Y esa diferencia se ha ido ahondando, no achicando.
Por esa razón, señor Presidente , quiero sumarme a lo expresado por el Senador señor Larraín en el sentido de que el Ministro de Hacienda diga por qué motivo a las personas con menos ingresos no se les puede aplicar un reajuste mayor.
Esa es una pregunta muy relevante que espera una respuesta de fondo a fin de lograr que los funcionarios públicos reciban remuneraciones acordes con la responsabilidad que Chile les entrega, pues tienen que administrar las municipalidades; tienen que atender a la gente en los hospitales; tienen que preocuparse por la educación; tienen que estar a cargo de los servicios públicos, etcétera. Y, sin embargo, el país no les retribuye de la misma forma en que les exige.
Por consiguiente, deseo manifestar que este reajuste no me parece justo para las personas de menores recursos; no me parece que se les haya dado una explicación convincente.
Espero, pues, la respuesta del señor Ministro de Hacienda para ver la forma como voy a votar este proyecto. He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No hay más Senadores inscritos.
Se le pidió una explicación al señor Ministro de Hacienda, a quien le doy la palabra.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Gracias, señor Presidente.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Les agradeceré a las personas que se hallan en las tribunas mantener silencio y abstenerse de aplaudir y pifiar, pues solo así todos nos entenderemos mejor.
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Señor Presidente , nunca es fácil llegar a un monto de reajuste, porque se requiere equilibrar muchas cosas.
Todos queremos, sin duda, que los trabajadores, del sector estatal o del privado -y en este caso especial, quienes nos sentimos orgullosos de estar en el servicio público-, tengan mejores remuneraciones.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Pero al mismo tiempo, señor Presidente ...
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor VELASCO ( Ministro de Hacienda ).-
Pero al mismo tiempo, señor Presidente ...
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Perdón, señor Ministro .
Le agradeceré al público que presencia esta sesión mantener el orden. En caso contrario, de acuerdo al Reglamento del Senado, haré desalojar las tribunas. Y creo que no es bueno para nadie tomar esta medida.
Puede continuar, señor Ministro .
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-
Gracias, señor Presidente.
Decía que legislar para las remuneraciones del sector público implica llegar a un equilibrio que no es fácil. Pero tengo la convicción de que en esta oportunidad estamos alcanzándolo.
Claro que es importante que las remuneraciones vayan subiendo. En este caso lo hacen. Y voy a detallar las cifras involucradas.
Al mismo tiempo, son muchas las necesidades que el Presupuesto de la Nación debe atender: en Salud, en Vivienda, en pensiones, en Educación, en fin. Y por eso todos los años -este no es la excepción- hay que buscar un justo equilibrio.
Además, este año existen dos factores que tornan aún más difícil esa búsqueda.
Por una parte, no es misterio para nadie que el mundo viene saliendo de una convulsión económica tremenda. En Chile la economía ha empezado a repuntar. Llevamos ya cuatro meses en que la actividad se recupera. La cesantía, que había subido, comienza a bajar. Y por eso es nuestra obligación adoptar políticas fiscales y salariales que nos ayuden a consolidar esta recuperación y que no atenten contra ella.
También, la situación inflacionaria de este año es radicalmente distinta de la que hemos enfrentado, no solo del 90 a la fecha, sino desde que hay datos comparables.
La inflación de los últimos doce meses es negativa en 1,9 por ciento. Los precios de la canasta del consumidor han caído en casi 2 por ciento. Y esto es completamente diferente de lo que ocurría hace doce meses, cuando la discusión del reajuste ocurrió con un IPC que en el año anterior había subido 9,9 por ciento.
El aumento de 4,5 por ciento, con una inflación negativa en los últimos doce meses, implica un incremento real de sobre 5 por ciento. Y eso se halla muy por encima del incremento real percibido del 90 a la fecha.
En consecuencia, señor Presidente , el dato básico del cual debe partir esta conversación es el de que se trata de un incremento de remuneraciones sustantivo y, pese a la crisis y precisamente porque las políticas fiscales de este Gobierno y de las Administraciones anteriores han sido prudentes, estamos en condiciones de entregar un reajuste que les sube el poder adquisitivo a los trabajadores del sector público y lo hace, en términos reales, más que en ningún año del 90 a la fecha.
Lo segundo, señor Presidente , es que no solo se legisla aquí un reajuste, sino además una serie de otros beneficios: aguinaldos, bonificaciones y dos bonos.
Esos dos bonos se hallan diseñados y segmentados de manera que -y aquí me refiero a la inquietud de varios parlamentarios- las personas con remuneraciones más bajas obtienen una cantidad mayor; o sea, el reajuste efectivo para el año sube más cuando las remuneraciones son menores.
Hay dos bonos -insisto-, uno en diciembre y otro en enero, y en ambos casos las personas con remuneraciones más reducidas perciben una suma mayor: 125 mil pesos en cada uno de esos meses.
Por consiguiente -reitero-, el reajuste efectivo, el incremento total de las remuneraciones de los trabajadores es más elevado para quienes tienen menores ingresos.
En tal sentido, el proyecto de ley planteado aquí, que primero fue aprobado por la Cámara de Diputados y luego por la Comisión de Hacienda del Senado, tiene un componente indudable de equidad.
Se han planteado asimismo, señor Presidente , inquietudes más concretas que deseo abordar.
Se preguntaba si los asistentes de la educación recibirán el reajuste.
Quiero dejar muy en claro aquí que, en virtud de una modificación que mediante la ley de reajuste del año 2007 se hizo a la ley N° 19.464, se estableció de manera expresa que las remuneraciones de los asistentes de la educación se incrementan en los mismos porcentajes en que lo hacen las del sector público. Además, esas personas reciben el aguinaldo, el bono de escolaridad y -en este caso- los dos bonos especiales: el de diciembre y el de enero.
En consecuencia, señor Presidente , por su intermedio, debo expresarles al Honorable señor Muñoz Barra y a otros señores Senadores que plantearon la inquietud que esa es la respuesta.
Se consultó también en cuanto a las zonas extremas, y en especial, a la relación existente entre la bonificación de zonas extremas y la línea de corte para los bonos especiales de diciembre y enero.
Debo aclarar que ayer, en la discusión habida con los Diputados de todas las bancadas en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, y a solicitud unánime de ellos, se introdujo una enmienda que explicaré en seguida.
Antes, sí, considero indispensable tener en cuenta que la bonificación de zonas extremas no es lo mismo que la asignación de zona. A veces se confunden. Pero la asignación de zona se recibe en todas las Regiones del país, en porcentajes distintos; la bonificación de zonas extremas se recibe (valga la redundancia) en las zonas extremas.
Este proyecto de ley plantea que la línea de corte se calcule sobre un ingreso que excluye la bonificación de zonas extremas.
Por ende, se introduce aquí un beneficio o -uno podría decirlo así- una compensación, por los distintos costos de vida, que mejora la situación de los trabajadores de las zonas extremas, pues incluye a más personas en el segmento alto del bono y, consecuencialmente, en el segmento alto del incremento total de rentas derivado de este reajuste.
Hay allí, entonces, una modificación significativa. Y es clave que la Sala la conozca y que se consigne en la historia de nuestro debate.
Por último, quiero enfatizar dos cambios muy puntuales que se llevan a cabo mediante esta iniciativa, que no fueron parte de la ley de reajuste con anterioridad, pero que revisten plena justicia.
El primero ya fue mencionado por varios Senadores, de modo que solo deseo realzarlo con un par de frases: el cambio en la Ficha de Protección Social en forma que los adultos mayores, llegado el momento de recibir los beneficios de la Reforma Previsional, no queden fuera en virtud de su escolaridad (de su título profesional, por ejemplo).
Eso va a significar un incremento de rentas importante para muchos jubilados que potencialmente no habrían tenido el beneficio del aporte previsional solidario y que por esa vía sí lo obtendrán.
Es relevante recalcar que cuando ese aporte alcance su nivel de régimen, el 1° de julio de 2011, según lo legisló este mismo Senado, todas las rentas de jubilación del sector pasivo inferiores a 255 mil pesos van a tener un aporte solidario. Y dependiendo del nivel, si la jubilación es de 120 mil, 150 mil, 180 mil pesos, habrá incrementos totales de los ingresos que reciban las personas: mientras más bajo el ingreso, mayor el porcentaje. En el caso de una renta de 100 mil pesos, por ejemplo, prácticamente se duplicará la jubilación total una vez aplicados los beneficios de la reforma previsional y del bono poslaboral que el Congreso también legisló.
En cuanto al bono poslaboral, el proyecto que nos ocupa contempla un par de modificaciones que posibilitan pagarlo de modo más ágil, que la gente no deba esperar y que los beneficios se devenguen desde el momento en que se postule a ellos.
Como dijo la Senadora señora Matthei en su informe, hemos corregido diversas situaciones. Por ejemplo, la de gente que, al pasar los meses, no recibía su bono y, por tanto, perdía sus beneficios en ese período. Y, además, existe un grupo de personas -se debe establecer su cuantía- que no estaría cubierto por las normas de esta iniciativa. Enmendaremos a este respecto, según lo planteó la unanimidad de los Senadores de la Comisión de Hacienda, a sugerencia del Honorable señor García .
Finalmente, en el caso de las universidades, cabe señalar que hoy día cuentan con la posibilidad de repactar sus deudas a tasas de interés bastante por debajo de la tasa histórica. Y es bueno que la aprovechen. Pero carecería de sentido que renegociaran por lo que queda del actual período presidencial, porque ello implicaría hacer todo el gasto para tener que partir de cero en marzo del próximo año.
Por consiguiente, aquí se contempla la factibilidad de que el stock actual de deuda se refinancie a tasas más bajas, con lo cual se generará para las universidades un importante ahorro en el pago de intereses, que se usará para mejorar la educación de quienes estudian allí.
Señor Presidente , este proyecto, fruto de un trabajo muy acucioso -primero con los Diputados y luego con los Senadores- y cuyo texto se mejoró en la Cámara Baja mediante una indicación de todos los sectores y que el Ejecutivo patrocinó, alcanza los justos equilibrios a que me referí, que son tan significativos a la hora de legislar en materia de remuneraciones del sector público.
Gracias, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Corresponde pronunciarse sobre la idea de legislar.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos a favor, 3 en contra, 4 abstenciones y un pareo), dejándose constancia de que se alcanzó el quórum calificado exigido en el caso del artículo 33.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Cantero, Ominami y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Espina, Larraín, Muñoz Barra y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
--(Manifestaciones en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Corresponde discutir el articulado de la iniciativa.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Los artículos 4º a 23 y 25 a 36 fueron aprobados unánimemente por la Comisión de Hacienda.
El señor NOVOA (Presidente).-
Si le parece a la Sala, los daremos por aprobados con la misma votación anterior.
--Se aprueban con la misma votación anterior los artículos 4° a 23 y 25 a 36.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El artículo 1º fue aprobado por 4 votos a favor (Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag) y una abstención (Honorable señor Ominami).
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 1º (24 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Gómez y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Muñoz Barra, Ominami y Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El artículo 2º fue aprobado en la Comisión de Hacienda con la misma votación del artículo anterior: 4 votos a favor y una abstención.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 2º (29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Se abstuvieron los señores Gómez y Ominami.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El artículo 3º fue aprobado en la Comisión de Hacienda por 4 votos favor y una abstención.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se refiere también al aguinaldo.
Si le parece a la Sala, lo daremos por aprobado con la misma votación.
--Se aprueba el artículo 3º por 29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
El artículo 24 fue aprobado en la Comisión de Hacienda por 4 votos a favor y una abstención.
El señor NOVOA (Presidente).-
En discusión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Se aprueba el artículo 24 (27 votos a favor, una abstención y un pareo), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Orpis, Pizarro, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Prokurica.
No votó, por estar pareado, el señor Novoa.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el señor Secretario , quien hará una aclaración.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Señores Senadores, omití hacer presente que los Honorables señores Bianchi y Muñoz Aburto habían formulado una indicación para incorporar un artículo nuevo del siguiente tenor:
"Artículo 37: Respecto a los trabajadores que tengan derecho a la asignación de zona establecida en el artículo 7 del Decreto Ley número 249 de 1973, no será considerada dicha asignación para el cálculo de los bonos y aguinaldos establecidos en la presente ley".
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Esa indicación hubiera tenido que ser declarada inadmisible, pero se entendió, por las palabras del señor Ministro , que en alguna forma se hallaba considerada.
Se deja constancia, en todo caso, de su presentación.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640529/seccion/akn640529-po1
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- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/6757-05