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El señor LETELIER.-
Señor Presidente , me referiré a dos temas puntuales, no sin antes sumarme a la posición sostenida hace bastante tiempo por nuestra bancada y que acaba de expresar el Senador señor Muñoz Aburto , en el sentido de que somos partidarios de buscar otros procedimientos para analizar el reajuste del sector público, de carácter plurianual y a través de una negociación colectiva, a fin de no quedarnos encerrados en esta lógica que, en ocasiones, resulta malsana.
No quiero repetir los argumentos, pues mi colega Muñoz Aburto ya expuso con claridad nuestra posición.
Puntualmente, deseo referirme a dos aspectos que, a mi juicio, no están bien abordados en la presente iniciativa.
El primero dice relación a la situación que afecta a los asistentes de la educación. Algo ya se mencionó al respecto.
Los trabajadores asistentes de la educación -llamados "no docentes" en este último tiempo, y "auxiliares de la educación", antes- han logrado constituirse en organización a nivel nacional y obtener su reconocimiento legal con el fin de plantear sus demandas.
Aquí hay al menos dos asuntos que deben ser analizados.
Uno es el relativo al sueldo piso. No resulta apropiado ni correcto que en algunas municipalidades se pague el salario mínimo mientras que en otras las condiciones son bastante más adecuadas. Hay trabajadores que muchas veces se encuentran en la más absoluta inestabilidad, pues dependen, en cuanto se rigen por el Código del Trabajo, de los vaivenes ocasionados por quien sea el alcalde de turno.
En reiteradas ocasiones -discúlpenme la manera poco formal de decirlo-, este grupo se transforma en la "caja pagadora" de los alcaldes electos, en detrimento de otros trabajadores que hacen bien su labor en los establecimientos educacionales.
Producto de este fenómeno -es decir, el carecer de un sueldo piso-, se originan desigualdades tremendas. Años atrás se planteó la necesidad de dictar un estatuto para dichos funcionarios. Por desgracia, hubo un sector del Parlamento que no estuvo de acuerdo y ello no se logró.
Posteriormente, en un proyecto de ley especial que discutimos hace un tiempo se propuso reconocer a esos trabajadores su situación particular, incluyendo el otorgamiento de un bono. Lo absurdo es que son los únicos trabajadores que han logrado una conquista -ese bono- que año tras año se reduce porque, en la medida en que se instala la Jornada Escolar Completa, se contratan más asistentes para la educación que hacen que la misma "torta" se reparta entre más personas.
Ese problema no está resuelto ni en el proyecto que nos ocupa ni en el Protocolo.
Por ello, señor Presidente, quiero hacer presente que ese es un tremendo vacío que afecta a un segmento de trabajadores del sector público cuyas condiciones laborales son muy precarias.
El segundo aspecto que deseo plantear dice relación a los trabajadores de las universidades públicas.
Las universidades autónomas reciben un traspaso de recursos. Sin embargo, no existe ninguna garantía en el sentido de que tales fondos vayan a los sueldos de los profesores, del personal docente y del personal no docente. No hay una nivelación adecuada al respecto y subsiste una situación de tremenda injusticia.
Este problema se ha planteado muchas veces, pero siempre los interlocutores se escudan y se esconden detrás del argumento de que las universidades son autónomas.
Estoy seguro de que el personal docente y el no docente de tales establecimientos prefieren mil veces estar sujetos a una escala de sueldos clara y no continuar en una condición de ambigüedad donde, si bien perciben los bonos correspondientes, no reciben reajustes a sus sueldos base en ninguna de las iniciativas legales que discutimos.
Cada vez que se pone en la mesa el proyecto de reajuste del sector público, ellos son los parientes pobres -discúlpenme la forma de decirlo- y no son tomados en cuenta en el debate.
Por último, señor Presidente , quiero hacer una reflexión general que dice relación a una innovación que pretendo subrayar.
Muchas veces hemos hablado de cómo incorporar al sector pasivo dependiente de las AFP a los beneficios del bono de invierno. Todos aquellos jubilados afiliados a una AFP que reciben, como manifestaba la Senadora señora Matthei , el aporte previsional solidario (es decir, las pensiones inferiores a 150 mil pesos), tendrán derecho al bono de invierno este año.
Creo que ese es un avance tremendamente importante.
Por último, señor Presidente , entiendo que vamos a discutir otras materias vinculadas a la educación. Algunos, por ejemplo, consideran que la modificación de la Ficha de Protección Social es irrelevante; otros han hablado bastante acerca del daño previsional o de la deuda histórica con los profesores.
Todos esos serán temas que vamos a discutir después.
Por ahora, me limito a señalar una realidad indesmentible: muchos profesores jubilan en nuestro país en condiciones horribles. ¡Pésimas!
--(Aplausos en tribunas).
Les pido a quienes nos acompañan en las tribunas que por favor no haya aplausos.
Quiero decir lo siguiente.
Aquellas personas que antes pifiaron no entendieron lo que aquí se está planteando. Numerosos profesores, recibiendo una pequeña pensión, no tienen derecho al aporte previsional solidario; quedaron fuera de la reforma previsional.
Pues bien, lo que aquí se está haciendo es incorporarlos a ella, modificando la Ficha de Protección Social en términos tales que ningún profesor supere los 12.666 puntos. No va a importar su actual puntaje. ¿Por qué? Porque se eliminará el factor "educación", que es el que distorsiona el resultado de dicho instrumento respecto de los adultos mayores.
Me parece que esa medida es un avance en la dirección correcta. No resuelve el problema, pero sí permite que decenas de miles de profesores que hoy día perciben pensiones insuficientes accedan al aporte previsional solidario, beneficio al cual no tienen derecho en la actualidad y que significa un aumento concreto de sus ingresos de aquí a la implementación de la reforma previsional el año 2011.
Esa es la aspiración que todos tenemos.
He dicho.
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