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- rdf:value = " El señor LETELIER.-
Señor Presidente , en estos días, desde que se firmó el acuerdo político ha habido algunas opiniones que, a mi juicio -esta es la ocasión para plantearlo-, han confundido acerca de cuál es el propósito del proyecto.
Su objetivo principal es crear una institucionalidad ambiental de segunda generación; crear un Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia con potestades fuertes; crear un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más técnico; crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y complementar la institucionalidad ambiental con tribunales especiales. Y también procura hacerse cargo del debate sobre la política y la institucionalidad forestal en particular.
No era el propósito de la iniciativa de ley revisar definiciones -como algunos erróneamente creen-, por cuanto, en otros proyectos se podrán fijar criterios de contaminación, de cómo se regulan las partículas 2,5 y de qué manera se fijan normas. No eran esas sus finalidades. Reitero que su propósito es crear una nueva institucionalidad en el país, después de la experiencia tenida desde los años 90.
En este punto tuvimos un debate arduo. Algunos estimamos incongruente e inconcebible la creación de un Servicio de Biodiversidad que no incluya todas las áreas protegidas bajo la dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. El mantener los parques nacionales, con su situación tremendamente precaria, al igual que las remuneraciones de los guardaparques, sin asumir que se requiere una nueva institucionalidad en ese ámbito, incluyendo a futuro las áreas marítimas protegidas, era una sinrazón y soslayar tal necesidad.
Crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a permitir, de una vez por todas, realizar el debate sobre la CONAF pública, discusión que se ha postergado durante más de 30 años; vale decir, desde su creación, pues ahora es una corporación privada. A mi juicio, se ha tomado una muy buena decisión.
Estoy muy satisfecho de que el Ejecutivo haya aceptado hacer este debate en plenitud. Si bien algunos partidarios de las políticas forestales entienden -y creo que es legítimo- que esta forma parte de la política ambiental, en algún momento hay que decidir dónde se coloca, por ejemplo, la administración que emana del decreto ley N° 701; quiénes se encargarán de los planes de manejo anexos, de las brigadas forestales y de su institucionalidad.
Y, evidentemente, todo eso debe estar en una CONAF pública con protección a los trabajadores.
En lo personal -doy disculpas, pero no creo que con lo que voy a decir esté violando el acuerdo político-, cuando se señala "rediseño a que se refiere el inciso anterior" ¿referido a la CONAF pública- tiene que realizarse con resguardo de los derechos de los trabajadores, y espero que sea potenciándolos. Porque la situación de quienes pertenecen a las brigadas forestales, que se preocupan de los incendios, es inhumana. Las rentas que les pagan las corporaciones privadas a las personas a contrata o a plazo fijo son muy precarias.
La situación de los guardaparques es similar. Por tanto, al ser parte de un servicio con escalas de sueldos y estabilidad laboral, sin duda, es algo que va a mejorar sus condiciones.
Hace un par de años tuvimos un debate con los dirigentes de los sindicatos de la CONAF. Fueron muy persistentes en defender a los trabajadores. Se logró un acuerdo que constituyó un salto. Ahora necesitamos que la protección de las personas de este sector no solo resguarde, sino que mejore su situación.
Señor Presidente , el espíritu de parte del acuerdo es que en un plazo concreto se presente un proyecto de ley al Parlamento sobre la CONAF pública. La modificación hecha en el primer trámite fue en relación con el compromiso presidencial de mandar al Congreso la iniciativa y fijar plazos perentorios para que el conjunto de la institucionalidad avance simultáneamente. Es necesario que ello no sea algo lírico o que no se materialice. Porque, desde que se creó la CONAF a finales de los 60 -se potenció a principios de los 70-, han pasado ya casi 40 años y, en verdad, el Estado chileno está en deuda con una Corporación Nacional Forestal pública y con el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas que ahora se crea bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente.
A mi juicio, este proyecto es muy importante.
Con todo respeto a ciertos grupos ambientales que hemos escuchado estos días, pienso que han malentendido su espíritu: crear una institucionalidad. Y en otro momento veremos las definiciones pendientes.
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