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- rdf:value = " El señor GÓMEZ.-
Señor Presidente , quiero hacer una consulta.
El artículo 13 bis, ¿se aprobó unánimemente?
El señor LONGUEIRA .-
Al parecer, sí.
El señor GÓMEZ.-
En todo caso, señor Presidente , con relación al precepto que nos ocupa, lo importante es que todos estamos conscientes de la necesidad de que la CONAF se transforme en una entidad pública y que disponga de todas las herramientas posibles para llevar a cabo un trabajo eficiente en términos de lo que ella significa.
Considero indispensable que eso quede claro y preciso en una norma en la que se establezca la obligación de enviar el proyecto pertinente, como lo ha señalado el Senador señor Larraín .
Asimismo, se debe fortalecer a esa Corporación. Porque, pese a que debe conocer y fiscalizar gran cantidad de situaciones, no cuenta con los medios ni con la estructura adecuados para ello.
Señor Presidente, en el resto de mi tiempo, voy a hacer una reflexión.
Esta tarde, junto con escuchar varias veces que hubo un acuerdo político, he notado gran concordancia entre todos los Senadores. Y eso es bueno en algunas circunstancias.
Pero el acuerdo político obliga a quienes lo firman, no a todos. Por lo menos, el Partido Radical no lo suscribió. Y no lo hizo porque consideramos que hay diversas normas que, como manifestó el Honorable señor Gazmuri , no se hallan bien resueltas. Además, falta por discutir varias materias importantes para el asunto medioambiental, las que deberían haberse analizado con mayor amplitud y no con la presión, la fuerza ni las condiciones que se impusieron al proyecto durante mucho tiempo, como la de calificarlo con urgencia de "discusión inmediata".
Eso quedó demostrado con la presentación de 1.350 indicaciones, lo cual llevó al Senador señor Longueira -quien es un as en la materia- a buscar un acuerdo político. Y se reunió con algunos miembros de la Concertación y de la Alianza para concordar un protocolo.
Sin embargo, desde mi punto de vista, era menester debatir la iniciativa con mayor extensión y más tiempo, a fin de abordar todos los aspectos. Por eso hemos sostenido que en algunos casos nos abstuvimos, y en otros votamos en contra.
Quiero dejar constancia de algo que ya expresé: que los parlamentarios del Partido Radical no firmamos el acuerdo. Y, por lo tanto, este no nos obliga en cuanto a lo señalado en la Sala.
Señor Presidente , ¿falta todavía por discutir el artículo 13 bis?
El señor NOVOA (Presidente).-
No, fue aprobado en forma unánime.
El señor GÓMEZ.-
Entonces, aprovecharé los minutos que me quedan para manifestar que el artículo 13 bis es una de las disposiciones más complejas aprobadas por el Senado. Ello, fundamentalmente, porque permite una negociación de las empresas con las comunidades.
Lo ocurrido en los géiseres de El Tatio es un caso patente de lo que significa el hecho de dividir a las personas en función de ciertos proyectos. Y voy a explicar por qué.
Las comunidades más cercanas a El Tatio y que hoy día se encargan de su administración, han llegado a acuerdo con la empresa que realiza exploraciones en el lugar, hoy día detenidas. ¿Por qué? Porque esta les ha ofrecido soluciones sociales. Les han dicho: "Miren, les vamos a poner agua, les arreglaremos los caminos y les daremos una serie de otros beneficios".
Entonces, resulta muy difícil para esas comunidades oponerse a la fuerza del dinero y a las compensaciones que se plantean.
Me parece que ello debió quedar claramente establecido como una negociación incompatible o como la obligatoriedad de dar a conocer esas tratativas en un ámbito tan difícil como el que señalo.
¿Por qué lo digo? Porque, claramente, ese ofrecimiento implicó una división entre las comunidades más cercanas, que tienen a su cargo la administración del lugar, y otras ubicadas en Calama, cuya posición es distinta frente al problema de El Tatio.
Considero que la forma de abordar el asunto no es conveniente, porque deja abierta la posibilidad de que sean grandes empresas las que entreguen recursos, cuando el que está obligado a resolver los problemas sociales, en este caso, es el Estado. No se puede dar a las comunidades la opción de entrar en una relación que, en definitiva, las obligue, las coapte y no les permita actuar con la libertad que se requiere para enfrentar proyectos de este tipo, que implican gran cantidad de recursos que quienes viven en los alrededores muchas veces no pueden resistir.
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