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- rdf:value = " El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , me voy a referir brevemente a lo expresado por el Senador señor Gómez . Considero extraordinario que el artículo 13 bis, mencionado por Su Señoría, se incluya en el texto, precisamente para lograr mayor transparencia.
Él citó la situación ocurrida en El Tatio. Yo siempre estuve en contra del proyecto que se estaba desarrollando ahí. Sin embargo, no todos supieron lo que eventualmente hizo la empresa con anterioridad. Pues bien, ahora los proponentes estarán obligados a informar si, tal como indica la norma, han planteado compensaciones de algún tipo a juntas de vecinos u otras organizaciones sociales, o al municipio respectivo, las cuales -se aclara al final- en ningún caso serán vinculantes para la calificación ambiental de la actividad de que se trate.
Por lo tanto, se separan claramente ambas cosas. De este modo, si una empresa ofrece compensaciones de la naturaleza que estime conveniente a una comunidad específica, ellas no serán determinantes para la decisión ambiental que deba tomarse, al revés de lo que quizás está sucediendo hoy.
En mi opinión, es mejor que la norma esté. Otorga mayor transparencia y por eso contó con la unanimidad en la Comisión.
Ahora, señor Presidente , como esta es la última votación que haremos, voy a abordar otros temas.
Quiero señalar que el acuerdo político viabilizó una institucionalidad que representa un cambio radical para Chile. El informe de la OECD, aunque evaluó bien la que existía en determinado momento en el país, estableció 52 recomendaciones, orientadas, principalmente, a la fiscalización posterior de los proyectos.
Cabe señalar que muchas normas ya aprobadas -que, por lo mismo, no forman parte de la discusión particular que estamos realizando en la Sala- permitieron el ingreso de la iniciativa que consagra el Tribunal Ambiental, cuya creación es uno de los puntos incluidos en el acuerdo.
Al respecto, es necesario destacar que el artículo noveno transitorio supedita la vigencia de la Superintendencia del Medio Ambiente al funcionamiento de dicho Tribunal. O sea, existe un compromiso, a través de una disposición legal, para quienes suscribimos el acuerdo político, el cual ha permitido que el texto de la normativa, que recibió más de 1.300 indicaciones, no haya corrido la misma suerte de la Ley del Bosque Nativo, que estuvo 14 años durmiendo en el Congreso antes de ser despachada.
Como estamos en la discusión particular, no tenemos tiempo para referirnos a muchas normas que perfeccionan notablemente la institucionalidad medioambiental y de las cuales nada se ha hablado en los medios de comunicación. Porque es muy fácil -y no lo digo por los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, sino por otros que efectuaron declaraciones a la prensa- comentar exclusivamente aquellas cosas que no quedaron incorporadas en el acuerdo político y dejar de lado las que sí se incluyeron en él.
Se crea el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, pasamos de la CONAMA a una institucionalidad de otra categoría para el país.
En cuanto al artículo octavo transitorio, en votación en este minuto, debo decir que representa un enorme avance. Bastaba escuchar aquí al Senador señor Gazmuri para darse cuenta de que si ahora nos hubiésemos puesto a discutir en qué dejamos la CONAF, si pasamos a una Subsecretaría Forestal o al Ministerio del Medio Ambiente, el proyecto tenía para mucho rato más.
Efectivamente, como indicó el Honorable señor Larraín , se establece el compromiso de todos para que dentro de un año ingrese una iniciativa legal que signifique tener una CONAF pública y el término de su condición como corporación privada. Pero sí se avanzó en algo importante: que todas las materias relativas a conservación y protección pasaran al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Esa es una definición que ya se tomó.
Es cierto que muchas materias se encuentran en un límite bien discutible. Eso es parte de la polémica, de la discusión, y es lo que siempre ha impedido avanzar hacia una verdadera institucionalidad.
Sin embargo, con una CONAF pública -como la que se acordó crear a propósito de este proyecto-, las concernientes a conservación y protección no quedan en Agricultura, con una eventual Subsecretaría, sino que pasan al Ministerio del Medio Ambiente conforme al Servicio de Biodiversidad y Parques, lo cual era una aspiración de aquellos que han seguido estos temas durante varios proyectos de ley, en los cuales se suscribieron compromisos que finalmente no se cumplieron.
Por otra parte, se avanza enormemente -tal vez se podría haber sido más explícito, pero queda claro en la iniciativa- en que aquellas materias que queden en la CONAF, hoy entidad privada, pasarán a la CONAF pública, transformada, de alguna manera, en un servicio público descentralizado, tal como señala la disposición.
Me parece que el compromiso asumido por el Ejecutivo a partir de marzo del próximo año, sea cual sea el Gobierno que administre el país en esa fecha, es radicalmente distinto de lo que venía en el texto previamente aprobado por la Cámara de Diputados, pues estos aspectos también fueron parte del acuerdo.
El acuerdo político incorporó dos instituciones fundamentales en materia medioambiental: el tribunal especializado en el área, que se está tramitando en otra iniciativa y, adicionalmente, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Parques.
Voto a favor.
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