CREACIÓN DE MINISTERIO, SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE
CREACIÓN DE MINISTERIO, SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE El señor NOVOA ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Medio Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes nacionales, informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "discusión inmediata". --Los antecedentes sobre el proyecto (5947-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 16ª, en 12 de mayo de 2009. Informes de Comisión: M. Ambiente y B. Nacionales, sesión 37ª, en 4 de agosto de 2009. M. Ambiente y B. Nacionales (segundo), sesión 63ª, en 10 de noviembre de 2009. Hacienda, sesión 63ª, en 10 de noviembre de 2009. Discusión: Sesión 43ª, en 19 de agosto de 2009 (se aprueba en general). El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto fue aprobado en general por la Sala en su sesión del 19 de agosto del año en curso. La Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales deja constancia de que el día 26 de octubre la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el señor Ministro de Hacienda , los Honorables señores Longueira, Allamand, Horvath y los Senadores señora Alvear y señor Letelier suscribieron un Protocolo de Acuerdo relativo a la tramitación del proyecto. Posteriormente, el Honorable señor Núñez comunicó que adhería al mencionado Protocolo, cuyo texto figura en las páginas respectivas del informe. En cuanto a la discusión particular, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales aprobó por unanimidad numerosas modificaciones al texto aprobado en general por la Sala, con excepción de 18 de ellas, las cuales solo fueron acogidas por mayoría y serán puestas en votación oportunamente por el señor Presidente . Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó tres modificaciones al texto despachado por la de Medio Ambiente, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad. Cabe tener presente que las enmiendas acordadas por unanimidad en Comisiones deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o existan indicaciones renovadas. De estas modificaciones, las recaídas en los números 25); 31) y 63), en lo que respecta a los artículos 71, 73 y 77 (todos del ARTÍCULO PRIMERO), y el ARTÍCULO SEXTO tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto favorable de 20 señores Senadores. Asimismo, revisten rango de normas orgánicas constitucionales los numerales 27) y 28) y los artículos 69, 74, 75, 76, letra d), 78 y 80, todos contenidos en el numeral 63) del ARTÍCULO PRIMERO, y el artículo 55 contenido en el ARTÍCULO SEGUNDO. El señor NOVOA ( Presidente ).- Corresponde votar sin debate aquellas modificaciones que fueron acordadas por unanimidad en las Comisiones. Se tomará votación para dejar constancia del quórum. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueban (27 votos), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido. Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar. El señor NOVOA ( Presidente ).- A continuación, la Sala debe pronunciarse sobre 18 modificaciones que fueron acordadas en votación dividida. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- La primera de ellas recae en el inciso segundo del nuevo artículo 7º bis que se agrega a la ley Nº 19.300. Ahí, la intercalación del vocablo "reguladores" entre las palabras "planes" e "intercomunales" fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Allamand , Horvath y Longueira y la abstención del Senador señor Girardi . El señor NOVOA ( Presidente ).- En discusión la proposición de la Comisión. Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , la enmienda no presentó rechazos, sino solo la abstención del Senador señor Girardi . La norma forma parte del acuerdo político. En definitiva, se incorporaron en la evaluación ambiental estratégica los planes reguladores. Simplemente, se trata de una corrección. Y luego se incluyó, adicionalmente, un elemento que no venía en el texto propuesto por la Cámara de Diputados, como es el manejo integrado de cuencas y los instrumentos de ordenamiento territorial que reemplacen o sistematicen dichos planes. Esta modificación surgió de una indicación del Senador señor Horvath que para él revestía mucha importancia -deseo que ello quede consignado en la Versión Oficial-, la cual fue aprobada en forma unánime. Lo único que no se acogió de esa manera fue la incorporación del vocablo "reguladores", donde -repito- ni siquiera hubo rechazo, sino solo una abstención. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la intercalación del vocablo "reguladores" entre las palabras "planes" e "intercomunales" en el inciso segundo del artículo 7º bis (28 votos a favor y 2 abstenciones). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar. Se abstuvieron los señores Gómez y Ominami. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, en el artículo 7º ter, la Comisión de Medio Ambiente recomienda sustituir la letra c) por la siguiente: "c) Forma de participación del público interesado, y". Esta modificación fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Allamand, Horvath y Longueira y los votos en contra de los Senadores señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , una parte muy importante del acuerdo político y del proyecto de ley es la creación de la evaluación ambiental estratégica, concepto no contenido hoy en la institucionalidad medioambiental del país y que ahora se incluye a través de las definiciones contempladas en el artículo 2º de la ley Nº 19.300. La enmienda, en el fondo, tiene por objeto dejar al reglamento -tal como venía propuesto en un inicio por el Ejecutivo- la participación del público interesado en las evaluaciones ambientales estratégicas, concepto que -reitero- se incorpora en el texto de la iniciativa gracias al acuerdo político alcanzado. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , el artículo 7º ter enumera en diversas letras los contenidos que deberá considerar el reglamento de la evaluación ambiental estratégica. Y en su letra c) dispone que este deberá definir la forma de participación del público interesado. Lo que pasa es que en la Cámara de Diputados se agregó algo que, en primer lugar, resulta tautológico. Porque el encabezado del artículo señala: "Un reglamento establecerá el procedimiento y plazos en virtud del cual se tramitará este tipo de evaluación, el que deberá considerar:". Y la letra c) aprobada en general por el Senado expresaba: "c) Forma de participación del público interesado.", añadiendo en seguida: "El reglamento considerará...". Esto es un poco tautológico y fue la primera razón para eliminar la oración que se agregaba. Asimismo, el texto trataba de precisar los tipos de participación ciudadana, que algunos consideraron de tres niveles: informativa, consultiva y resolutiva. ¿Cuál fue el debate al respecto? Hay quienes sostienen que la ley debe disponer que es el reglamento el que tiene que contener los elementos vinculantes de la participación ciudadana. Muchos piensan que eso es materia reglamentaria, que el enunciado garantiza aquello. Otros estiman que ello no es así, y por eso se generó todo un debate. Varios de quienes participamos en la discusión creemos que la votación mayoritaria es la correcta y que mantener la frase eliminada en nada aporta a lo sustantivo del proyecto. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente, deseo destacar, de este artículo y en especial de su letra c), algo extraordinariamente sentido por las diferentes organizaciones y personas preocupadas de este tema: que cuando se realicen estudios de impacto ambiental ellas sean consideradas. Lo anterior resulta de vital importancia y operará -como lo veremos en un artículo posterior- no solo respecto del proyecto original, sino también cuando este sea modificado o se le dé otro destino, de modo que los interesados igualmente tengan la posibilidad de entregar su opinión con motivo de un nuevo estudio de impacto ambiental. Se trata de un anhelo muy sentido, que se recogió durante la tramitación. Y me parece que la manera en que lo aborda la norma, dejando su especificación a un reglamento, es la correcta. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente , tengo una impresión distinta acerca de lo que se está planteando. Porque la letra c) aprobada en general por el Senado hablaba de la forma de participación del público interesado y, a su vez, establecía que el reglamento consideraría la participación ciudadana en sus tres dimensiones: informativa, consultiva y resolutiva. Por tanto, se trataba de una forma de participación ciudadana bien establecida, no de una consulta puramente retórica. La enmienda de la Comisión elimina las dimensiones de la participación ciudadana, dejando librada al reglamento la definición de la forma de participación del público interesado, con lo cual los caracteres de informativa, consultiva y, sobre todo, resolutiva quedarán probablemente suprimidos. Me parece que se trata de una cuestión muy de fondo y, en consecuencia, comparto el rechazo de los Senadores señores Girardi y Navarro a la modificación propuesta por la Comisión. --(Aplausos en tribunas). El señor NOVOA ( Presidente ).- Ruego al público no hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Senador señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Señor Presidente , considero importante compartir con la Sala la argumentación que hay detrás de la materia en debate. El proyecto original del Ejecutivo no establecía la triple dimensión de la participación, que fue incorporada en la Cámara de Diputados. El punto es el siguiente. Si se revisa el conjunto de normas referidas a participación, que están muy perfeccionadas en toda la iniciativa y, en general, en la propia institucionalidad, no se hallará una sola que posea carácter propiamente resolutivo. Entonces, como explicaba el Senador señor Letelier , lo que no se puede hacer es dejar a un reglamento algo que la propia ley no contempla, porque, si así sucediera, incurriríamos en un error de técnica legislativa. En consecuencia, lo que se hizo fue, simplemente, volver a la redacción original del Ejecutivo , que es plenamente coherente con el conjunto de normas que reglan la participación a lo largo de toda la institucionalidad. No se podría haber actuado de la otra manera, porque un reglamento mal puede establecer un carácter que la propia ley no consagra. Esa es la razón, señor Presidente, por la cual se ha vuelto a la norma original del Ejecutivo. El señor NOVOA (Presidente).- En su segundo discurso, tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , cuando uno legisla, lo peor que puede hacer es autoengañarse. Al discutirse esta materia en la Comisión, se habló claramente de las dimensiones de la participación ciudadana. Una es la informativa, y otra, por cierto, la consultiva. Por supuesto, en Chile no podría darse un proceso de consulta ciudadana que fuera vinculante y pasara por encima de lo establecido en el Sistema de Impacto Ambiental, que constituye el gran avance del proyecto en análisis. Porque estamos ante una nueva institucionalidad, donde se plantea -y por eso este punto no puede verse separado de otros- que los informes técnicos son vinculantes y obligatorios respecto de las opiniones de los consejos consultivos, lo que es muy importante para evitar que criterios políticos, coyunturales, puedan pasar por encima de tales informes, cuestión que muchos de nosotros hemos criticado en la actual institucionalidad. Pero la opinión ciudadana per se -¡per se!- no necesariamente puede ser resolutiva, con excepción de aquellas condiciones que se hallan establecidas en la ley. Por ejemplo, en lo que respecta a plebiscitos comunales, se encuentra estipulado en una ley orgánica que hay procesos de consultas, los cuales sí son vinculantes. Este es un tema que me gustaría ponerlo en esa dimensión. Yo entiendo cuál es la reflexión probable del Senador señor Ominami sobre el particular, que por cierto se hace de muy buena fe. Muchos creemos profundamente en la participación ciudadana, que sea informada, consultiva; pero dentro de los marcos que fija la ley. Y quiero dar un ejemplo. No porque un proyecto cuente con la opinión ciudadana a favor necesariamente es correcto. Ha habido ocasiones en que las comunidades han sido cooptadas por grandes empresas para justificar situaciones poco felices. Y, en ese contexto, uno podría citar el caso del norte, donde han surgido proyectos mineros importantes respecto de los cuales ciertas comunidades estuvieron de acuerdo incluso en que se removiera un glaciar, porque consideraban que el intervenirlo no causaba daño. Lo relevante es que los informes técnicos -y eso es algo que contempla esta ley en proyecto, lo cual es muy significativo- no sean pasados a llevar por opiniones de cuerpos consultivos o políticos de otra índole. Por eso, me gustaría separar los dos puntos. En todo caso, el incorporar esta norma en la iniciativa no obliga a que el reglamento establezca aspectos vinculantes más allá de lo que disponen otras leyes. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , considero que la materia en discusión es central, porque posibilita, desde un punto de vista reglamentario, formas de participación. En la Comisión presentamos algunas indicaciones en las cuales se estipulaba que debía haber ciertas maneras de participación que fueran resolutivas. ¿Y por qué? Porque entregarle finalmente al reglamento el modo en que se discutirá una situación como la que estamos analizando hace que ello no tenga la fuerza de la ley. Me parece que es necesario que la participación ciudadana, la intervención de las personas que a veces serán sometidas a impactos ambientales muy duros y violentos, esté bien regulada. Y lo que aquí se pretende es, simplemente, dejar eso en el reglamento, y este, arbitrariamente, va a determinar cómo se hará esa participación. A propósito de lo señalado por el Senador señor Letelier , hay algo más grave aun, que se halla en otro artículo: el permitir que las empresas compren en definitiva las posibilidades de participación ciudadana. Es decir, les ofrecen recursos a las comunidades o a quienes están cerca. Y eso hace que estas deban apoyar a las empresas, a pesar de que muchas veces dañan o destruyen el medio ambiente. Yo, señor Presidente, voy a votar en contra de esta norma. He dicho. --(Aplausos en tribunas). El señor NOVOA (Presidente).- Les agradeceré a quienes se encuentran en tribunas no hacer manifestaciones. Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , sin lugar a dudas, una de las inquietudes surgidas respecto de la actual legislación medioambiental ha sido la poca o débil participación ciudadana en todo el proceso de evaluación ambiental, en los casos específicos donde debe pronunciarse la institucionalidad, para aprobar o no una determinada solicitud. Yo entiendo que durante la discusión de este proyecto se han incorporado y resuelto diversas instancias de participación. Comprendo la inquietud de la mayoría, en el sentido de que bastaría con señalar las formas de participación del público interesado, subentendiendo que ella debe hacerse a lo largo del proceso de evaluación del sistema ambiental en cada caso específico que se requiera. No sé si podríamos buscar una redacción distinta o dejar constancia de que eso es lo que se persigue con la norma en análisis, más que excluir así nomás ciertos elementos, dado que hay algunos aspectos que no corresponderían. Desde luego, me gusta más la frase "participación ciudadana" que "participación del público interesado" -me parece una redacción más adecuada a lo que estamos buscando-, porque esta, al final, es una expresión democrática. Después de lo que he oído en este debate, la disposición debería decir: "Forma de participación ciudadana en las diversas etapas de un proceso específico de evaluación ambiental". Ello permite que el resto de la legislación defina en qué minuto se puede participar, y el reglamento fijará el modo de hacer efectiva dicha consulta. Porque la frase "Forma de participación del público interesado" es muy genérica y muy poco atingente en su redacción. Asimismo, la otra frase pudiera no ser exactamente la apropiada, por cuanto sus términos pueden inducir a error. Como aquí se ha dicho, si entiendo bien, en la parte resolutiva no hay un compromiso ciudadano, pero sí lo hay en todos los procesos anteriores. Y ahí es donde se requiere definir la participación ciudadana. Quizás, aquella frase es demasiado escueta y no refleja el espíritu que se busca en esta nueva institucionalidad. Por eso -es cierto que no estamos en Comisión-, a lo mejor, la solución podría ser intentar una redacción un poco más amplia que zanjara tal inquietud. Y la que yo sugiero es esta: "Forma de participación ciudadana en las diversas etapas de un proceso específico de evaluación ambiental". He dicho. El señor NOVOA ( Presidente ).- Hay varios Senadores que han pedido intervenir, pero la Ministra tiene preferencia. Puede usar de la palabra la señora Ministra. La señora URIARTE ( Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ).- Señor Presidente , en primer lugar, deseo apuntar a un aspecto específico que dice relación con evitar confundir la participación ciudadana en la evaluación ambiental estratégica -que es lo que estamos viendo en este instante- y la participación ciudadana en la evaluación de un proyecto determinado. Como muy bien señaló la Senadora señora Matthei y que reforzó el Honorable señor Letelier , estamos analizando en este caso un instrumento nuevo de gestión ambiental no conocido en nuestra legislación hasta el día de hoy, que es la evaluación ambiental estratégica. ¿De qué se trata ello? De que al momento de generarse desde los organismos del sector público, desde los distintos Ministerios sectoriales, y del Medio Ambiente también, políticas, planes, programas e instrumentos de planificación territorial como planes reguladores, planes seccionales, etcétera, -es decir, instrumentos de carácter general; no estoy hablando de un emprendimiento específico-, exista la incorporación de la variable ambiental. De manera tal que si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por ejemplo, se encuentra elaborando un plan regulador, estará obligado a incorporar la variable ambiental de desarrollo sustentable en la generación de dicho plan. Y, una vez que ha concordado con el Ministerio de Medio Ambiente el nuevo instrumento de planificación territorial, dicho plan regulador será sometido a consulta ciudadana. Por lo tanto, no estamos hablando acá -insisto- de un proyecto específico, sino de una política, plan, programa o instrumento de planificación territorial de carácter normativo general. Y en este caso la ciudadanía va a poder participar. Con respecto a lo que dice el artículo en cuestión, que un reglamento establecerá la forma en que se hará la consulta ciudadana, no es ni más ni menos que eso. El reglamento, naturalmente, al ser dictado, deberá someterse a las leyes y a la Constitución. Y, como todo reglamento, tendrá que ir a control de legalidad a la Contraloría General de la República. Es por ello que, debido a un tema de estructura jurídica, de legislar correctamente de acuerdo con lo que la propia ley permite, se deja abierto el reglamento. Ahí se verá cómo se hace efectiva la participación ciudadana. Insisto: el Ejecutivo tendrá que hacerlo conforme a la Constitución, las leyes y sujetarse al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, y lo que resuelva será objeto de control de legalidad en la Contraloría General de la República. Por consiguiente, no hay un cercenamiento de la participación ciudadana en este proyecto. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. El señor NOVOA (Presidente).- Hay tres Senadores que han pedido intervenir en su segundo discurso. Tiene la palabra el Honorable señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente , en primer lugar, no creo que esto sea un problema que pueda reducirse a una cuestión de técnica legislativa. Me parece que hay un aspecto de fondo de por medio. Por de pronto, hasta donde yo recuerdo, otras leyes otorgan a organismos de participación, como los consejos de pesca, la posibilidad de fijar cuotas de pesca. Por tanto, ya hay antecedentes antiguos en nuestra legislación respecto de entes de participación resolutivos pertenecientes a distintos sectores con intereses en determinada actividad. Por consiguiente, no se trata de un problema de técnica legislativa; no estamos sentando aquí un precedente que no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico. Soy partidario de no autoengañarnos: cuando la Ministra señala que esta norma no dice relación a un proyecto específico sino a una política general, con mayor razón debieran establecerse las características básicas de la participación; con mayor razón se justifica, como indicaba el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, el que la participación sea informativa, consultiva y resolutiva. Lo que advierto aquí no es un esfuerzo por contar con un texto acorde con nuestra técnica legislativa, sino un ánimo de vaciar de contenido la participación. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. A mi juicio, la creación de una institucionalidad ambiental constituye un avance, pero este es modesto, insuficiente, que no pone a nuestro país a la altura de las necesidades medioambientales planteadas hoy en el mundo. Y esta relativización de los contenidos y del carácter de la participación me parece una regresión importante respecto de lo que se había logrado avanzar en la Cámara Baja. Por eso, voy a votar en contra. --(Aplausos en tribunas). El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la letra c) del artículo 7º ter, propuesta por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (21 votos a favor y 2 en contra). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, Frei, Gazmuri, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide y Zaldívar. Votaron por la negativa los señores Gómez y Ominami. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, el artículo 9º ter dice lo siguiente: "Artículo 9° ter.- Los proponentes de los proyectos o actividades, en sus Estudios o Declaraciones de Impacto Ambiental, deberán describir la forma en que tales proyectos o actividades se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional, así como los planes de desarrollo comunal. "La comisión señalada en el artículo 86 deberá siempre solicitar pronunciamiento al Gobierno Regional respectivo, así como a las municipalidades del área de influencia del proyecto, con el objeto de que éstos señalen si el proyecto o actividad se relacionan con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y con los planes de desarrollo comunal, respectivamente.". Esta norma fue aprobada por 3 votos favorables (Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira ) y 2 en contra (Honorables señores Girardi y Navarro). El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Puede hacer uso de ella la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en este artículo 9º ter se precisa que los proponentes deben señalar cómo su proyecto o actividad se relaciona con las políticas, planes y programas de desarrollo regional y local, así como también se obliga a solicitar informe al gobierno regional y al municipio sobre tal relación. Se mantiene el órgano de calificación propuesto por el Ejecutivo: los seremis competentes más el intendente, a quien también le es vinculante el Informe Consolidado de Evaluación. Sobre el particular, presenté una indicación al artículo 9º que se refiere a la necesaria compatibilidad del proyecto con los instrumentos de planificación vigente, lo cual quedó recogido en la norma que se somete a la consideración de la Sala. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 9º ter propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (23 votos a favor y 3 en contra) Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Zaldívar. Votaron por la negativa los señores Ávila, Gómez y Ominami. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- A continuación, corresponde analizar el inciso segundo del artículo 11 bis propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, que señala: "No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas.". Esta norma fue aprobada por 3 votos a favor (Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira ) y 2 en contra (Honorables señores Girardi y Navarro). El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Puede hacer uso de ella el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, este precepto es muy importante. Y quiero plantear al menos dos de sus dimensiones. Hay proyectos, como el de HidroAysén, que tratan de separar un pretil para contener agua en un río y una línea de transmisión como si fueran dos proyectos distintos, lo cual constituye un atentado a la inteligencia. Estamos cansados de ver que algunos proponentes separan, disfrazan, los proyectos para que no se evalúe su impacto global. Por ejemplo, en la Región que represento, uno puede ver en criaderos de animales que de repente un plantel se transforma en dos planteles o en 70 mil madres en proceso de engorda, con un impacto ambiental brutal. Se trata de algo de lo que hemos sido testigos en este tiempo. Y podría dar muchos ejemplos. Lo primero que se desea es que los proponentes no fraccionen su proyecto y que objetivamente se evalúe su conjunto y todo su impacto. Porque ocurre que muchos se han dedicado a burlar la débil institucionalidad que se logró generar en los años 90, causando tremendos daños al patrimonio ambiental de Chile. Por lo tanto, lo que se busca es poner mayor freno, una limitación, a esta práctica en que han incurrido muchos. Yo diría que eso constituye lo esencial del artículo. Se plantea una duda razonable: cuál es la diferencia entre fraccionar un proyecto y realizar proyectos por etapas. La verdad es que tengo muchas dudas sobre cómo se acredita que un proyecto o actividad corresponde a ejecuciones por etapas. Uno podría ser el de una actividad minera. Es el caso de la División El Teniente, que ha desarrollado diferentes sectores de la minería y en veinte años hace un proyecto; en quince, otro, en fin. Son proyectos distintos y es imposible evaluarlos todos de una vez. Eso es comprensible cuando se trata de un mismo yacimiento que no se explota simultáneamente. La duda razonable que abrigan algunos colegas -y deseo primero hablar en comprensión de ello- se vincula a la necesidad de clarificar quién debe demostrar que un proyecto no envuelve diferentes etapas. Por cierto, no es el proponente. La Superintendencia del Medio Ambiente debe definir cuándo un proyecto es por etapas y cuándo no, y también, determinar claramente -como dice el proyecto- las sanciones aplicables a quienes traten de burlar el sistema. Porque este artículo sí trata de evitar el abuso que han cometido muchos proponentes. El caso de HidroAysén es quizá el más grosero, a mi juicio, que hemos visto en este último tiempo. Allí tratan de separar dos "patas" de un mismo proyecto. Espero que, ante situaciones como esa, haya la certeza de que la Superintendencia tendrá la fuerza necesaria para evitar que se burle lo que es la presentación de proyectos por etapas. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , debo recordar que se firmó un acuerdo político y, asimismo, que todos los preceptos aprobados unánimemente en la Comisión deben votarse sin debate. Entonces, estamos discutiendo exclusivamente las normas que no tuvieron el pronunciamiento favorable de quienes no suscribieron dicho acuerdo. Ahora bien, no tenemos tiempo para explicar todas las disposiciones que se incorporaron para perfeccionar la participación ciudadana, establecer un tribunal, incluir un Servicio de Evaluación Ambiental. Todo aquello es muy importante. Pero hubo indicaciones para rechazar los preceptos pertinentes. Ahora bien, parte del acuerdo fue mantener el artículo que estamos debatiendo ahora: el 11 bis. Esto tiene origen en el artículo 11, referente a todos los proyectos o actividades que requieren la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Y, como aquí se expresó, en algunos casos se ha abusado del fraccionamiento para eludir la evaluación. Eso es lo que debemos determinar aquí: si se va a evaluación de impacto ambiental o se efectúa una declaración de impacto ambiental. Y, en efecto, parte del acuerdo político implicó perfeccionar diversas normas para evitar los abusos que se hacen del fraccionamiento con el propósito de eludir los estudios pertinentes. Quienes firmamos el acuerdo político vamos a posibilitar que se terminen los abusos que se han cometido a propósito de proyectos de alto impacto que debieran haber tenido estudio y no declaración de impacto ambiental. Ese es el sentido de la norma que nos ocupa, señor Presidente. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. El señor PIZARRO.- Señor Presidente , quiero más bien hacer una consulta a los colegas que han llevado adelante el proyecto. Y tiene que ver con el artículo en debate. Está claro que la finalidad es evitar que se presenten los proyectos de manera parcial para así evitar la evaluación de impacto ambiental. Y aquí se establece que será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a la obligación pertinente. Pero, a propósito de la cuestión más de fondo, debo puntualizar que cuando un proyecto se plantea parcialmente el propósito es evitar que se tenga una noción del impacto que va a generar en un área geográfica o en un ecosistema. El problema surge cuando hay proyectos distintos, o presentados de manera diversa, o por empresas diferentes, y que tienen impacto sobre una misma zona. El señor LONGUEIRA .- Se suman. El señor PIZARRO.- Entonces, mi pregunta es cómo funciona el sistema en ese caso: si se va a sumar, en fin. Por ejemplo, en una comuna de mi Región hay posibles tres o cuatro proyectos de termoeléctricas en cierta área. Son disímiles; se hallan presentados de manera diferente; están en etapas distintas, pero a la larga van a tener efecto sobre un solo sector. La modificación que se introdujo significa que siempre habrá una evaluación del total. Y eso, como no lo van a hacer los proponentes, deberá hacerlo la Superintendencia. ¿Así debo entenderlo? El señor LONGUEIRA.- Se refiere a uno. El señor PIZARRO.- ¿Qué pasa con el resto? Esa es mi pregunta, señor Presidente. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. La señora URIARTE ( Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ).- Señor Presidente , quiero hacerme cargo de la duda del Senador señor Pizarro . Este proyecto de ley establece algo distinto de lo que habíamos visto hasta el día de hoy: la evaluación sinérgica de los impactos ambientales -es decir, la suma de los distintos proyectos-, con una obligación adicional -nos parece muy significativa- respecto a lo que tenemos actualmente, en el sentido de que, incluso, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental deberá considerar los proyectos que, teniendo resolución de calificación ambiental favorable, no hayan sido ejecutados. Porque hoy día es factible que existan sobre un mismo territorio permisos ambientales y que el titular del proyecto no esté ejecutándolos e ingrese uno nuevo al Servicio. En lo que Sus Señorías están votando esta tarde, primero, se suman los efectos de un proyecto respecto a los otros. Y lo mismo en cuanto a la modificación de un proyecto; o sea, si un proyecto ingresa y es modificado, se suman los efectos adicionales que la nueva implementación va a significar, debiendo considerarse además las resoluciones de calificaciones ambientales -perdón por reiterarlo- de los proyectos que, disponiendo de permisos, no han sido ejecutados. Por lo tanto, el tipo de evaluación va a ser muchísimo más amplio. Y el espíritu de la norma sobre fraccionamiento es el señalado por el Senador señor Longueira : queremos evitar a los titulares que deliberadamente fraccionan sus proyectos para soslayar el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. También estamos diciendo que, si un proyecto se va a ejecutar por etapas, ello puede ser acreditado. Pero aquí se trata de poner coto al proponente malintencionado que quiere evitar -como muy bien manifestó el Senador señor Pizarro - que su proyecto sea objeto de la evaluación. ¿Quién tiene la competencia para realizar toda esta investigación -digámoslo así- a los efectos de la determinación respectiva? La Superintendencia del Medio Ambiente , que va a estar dotada de grandes facultades, como Sus Señorías verán más adelante. Gracias, señor Presidente. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el inciso segundo del artículo 11 bis (23 votos a favor, 1 en contra y una abstención). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Romero y Zaldívar. Votó por la negativa el señor Gómez. Se abstuvo el señor Ominami. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El número 9) pasó a ser 10), reemplazado por el que sigue: "10) Modifícase el artículo 12, de la siguiente forma: "a) Sustitúyese la letra b), por la siguiente: "b) La descripción de la línea de base, que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando.". Esta norma fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Allamand, Horvath y Longueira y el pronunciamiento en contrario de los Senadores señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA .- Señor Presidente , parece que estamos en una discrepancia con la Secretaría, pues entiendo que la letra a) fue aprobada de forma unánime. Lo que tuvo votación dividida fue la letra b), que agrega un texto en la letra d). El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Su Señoría tiene razón. El señor NOVOA (Presidente).- Procederemos a la rectificación correspondiente. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Por consiguiente, lo que señalé antes en cuanto a que la norma fue aprobada por los Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira y rechazada por los Honorables señores Girardi y Navarro se refiere a lo contenido en la letra b) del número 9) -pasó a ser 10)-, que dice: "Agrégase en la letra d), a continuación del punto y coma (;), que pasa a ser punto seguido (.), el siguiente texto: `Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 11, y no existiera Norma Primaria de Calidad o de Emisión en Chile o en los Estados de referencia que señale el Reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas.'.". El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la letra b) del número 9), que pasa a ser 10) (24 votos a favor y 2 en contra). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag. Votaron por la negativa los señores Gómez y Ominami. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El número 17) pasó a ser 19), reemplazándose el literal iii) de la letra a) por el siguiente: "iii) Agrégase la siguiente oración final, pasando el actual punto aparte (.) a ser punto seguido: `El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por dos veces.'.". Dicha modificación fue aprobada por los Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira y rechazada por los Honorables señores Girardi y Navarro . El señor NOVOA (Presidente).- En discusión la enmienda. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , esta modificación es bastante obvia: establece la posibilidad de solicitar hasta por dos veces la extensión del plazo otorgado para cada suspensión. El texto de la Cámara de Diputados disponía una, pero en nuestra Comisión de Medio Ambiente, conforme al acuerdo político, determinamos dos. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la enmienda (26 votos a favor y 2 en contra). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar. Votaron por la negativa los señores Gómez y Ominami. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El artículo 72 pasó a ser 71, intercalándose en el inciso primero, a continuación de la frase "integrado por los Ministros de", la expresión "Agricultura;", y suprimiéndose la expresión "de Agricultura;" que sucede a "de Obras Públicas;". Dicha modificación, que tiene rango orgánico constitucional, fue aprobada por 3 votos a favor (Senadores señores Allamand , Longueira y Horvath ) y 2 abstenciones (Honorables señores Girardi y Navarro). El señor NOVOA (Presidente).- En discusión la enmienda. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, entramos al segundo tomo del comparado. El numeral 55) -pasó a ser 63)- del ARTÍCULO PRIMERO crea el Ministerio del Medio Ambiente. Por cierto, es parte del acuerdo que exista dicho Ministerio. Pero no todos fueron partidarios de ello. Ahora bien, hay que entender la enmienda al inciso primero del artículo 71 en conjunto con lo que dispone el inciso segundo. En el primero se enumeran los Secretarios de Estado que participarán en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que se crea. Y se cambia el orden para que, en caso de ausencia o impedimento de la Ministra o Ministro del Medio Ambiente, el reemplazante en la presidencia sea el titular de Agricultura y no el de Hacienda. Y en el inciso segundo se consigna un sistema de subrogación basado en el orden que fija el inciso precedente. Dicha indicación, en todo caso, no obtuvo rechazo. Sí fue objeto de dos abstenciones, de quienes no suscribieron el acuerdo. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , solo quiero llamar la atención de la Sala sobre el hecho de que lo propuesto es completamente inédito. Porque normalmente en el Congreso vemos planteamientos para aumentar las facultades del Ministro de Hacienda . Pero en este caso se le quita una: en lugar de ser él quien reemplace al del Medio Ambiente en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la subrogación recae en el titular de Agricultura. Hago la observación porque se trata -reitero- de algo totalmente inédito. El señor LONGUEIRA .- Y, además, muy oportuno. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 72, que pasa a ser 71 (25 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido. Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, Frei, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Zaldívar. Se abstuvieron los señores Ávila y Gómez. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales propone un artículo 86, nuevo, que dice: "Artículo 86.- Los proyectos serán calificados por una Comisión presidida por el Intendente e integrada por los Secretarios Regionales Ministeriales del Medio Ambiente, de Salud, de Economía , Fomento y Reconstrucción, de Energía, de Obras Públicas, de Agricultura, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, de Minería, de Planificación." (debería decir "y de Planificación") "El Director Regional del Servicio actuará como secretario. "Las Direcciones Regionales de Evaluación Ambiental conformarán un comité técnico integrado por el Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente , quien lo presidirá, y el Director Regional de Evaluación Ambiental , los directores regionales de los servicios públicos que tengan competencia en materia del medio ambiente, incluido el Gobernador Marítimo correspondiente, y el Consejo de Monumentos Nacionales. Este comité elaborará un acta de evaluación de cada proyecto la que será de libre acceso a los interesados.". Esta norma fue aprobada con los votos a favor de los Honorables señores Allamand, Horvath y Longueira y el pronunciamiento en contra de los Senadores señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, como todos saben, el proyecto de ley crea un Servicio de Evaluación Ambiental, el cual forma parte de la nueva institucionalidad en el sector. La disposición se eliminó en la Cámara de Diputados por falta de quórum, de modo que el Ejecutivo la repuso aquí como un artículo nuevo. El punto que nos ocupa se vincula a muchas otras materias, porque, en general, se apunta a que las decisiones sean en adelante mucho más técnicas y menos políticas. En la actualidad, en las comisiones regionales del Medio Ambiente participan los gobernadores, los consejos regionales y los secretarios regionales ministeriales, más el intendente, y, conforme a la proposición, se eliminarían los dos primeros. Importa señalar que ahora los informes serían vinculantes para los secretarios regionales ministeriales. Ello se contempla en otras normas, que fueron aprobadas por unanimidad. Constituye un cambio muy importante. Repito que se quiere avanzar hacia una instancia mucho más técnica que la que ha existido hasta el día de hoy. El artículo en debate requiere quórum de ley orgánica constitucional. Es una parte muy importante del sistema de evaluación, que en la Cámara no contó con los votos suficientes por distintas propuestas de los Diputados. El acuerdo político en orden a efectuar el cambio y no mantener el sistema actual, donde obviamente predominan los criterios políticos por sobre los técnicos, se ha traducido en la reducción de los miembros de la Comisión a los señalados en el texto. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente , si de lo que se trata es de generar una institucionalidad ambiental autónoma, independiente de las decisiones políticas, a mi juicio este tipo de entidad es completamente contradictorio con ese propósito. He sido testigo de cómo funcionan las comisiones regionales del Medio Ambiente y de cómo, respecto de decisiones delicadas, es finalmente la autoridad política la que instruye a los distintos secretarios regionales ministeriales para actuar de determinada manera. Por tanto, creo que una integración como la que se considera no da la más mínima garantía de poder avanzar en dirección de una mayor autonomía e independencia con relación a las decisiones ambientales. Gracias. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , una de las discusiones que se plantearon cuando estudiamos el proyecto en general fue, en efecto, la de cómo resguardar que los ministros no incidan en las decisiones de los secretarios regionales ministeriales y cómo pueden prevalecer las opiniones técnicas por sobre eventuales presiones políticas desde los ministerios. En ese sentido, la norma propuesta hace referencia a las direcciones regionales de Evaluación Ambiental, y lo importante es que se resguarda el punto de vista técnico, por cuanto al intendente le es vinculante el Informe Consolidado de Evaluación, que es el principal componente del organismo técnico del procedimiento respectivo. En consecuencia, se trata de una modificación muy relevante de lo que ocurre conforme a las disposiciones vigentes, lo que estimo un avance muy importante justamente para evitar una eventual presión política de los ministerios. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Después de escuchar a mi Honorable colega Ominami , quiero invitarlo a tener en cuenta, señor Presidente , que nos hallamos en el Párrafo 6º "Del Servicio de Evaluación Ambiental", que modifica por completo las comisiones regionales del Medio Ambiente actuales. En particular, el artículo 81, letra g), contempla el gran cambio que condiciona lo que ellas pueden o no hacer, habiendo variado su composición, ya que se han sacado algunos miembros -eso es significativo, pero no lo fundamental- y se ha incluido un Director dotado de importantes facultades. La norma citada señala que al Servicio le corresponderá "Interpretar administrativamente las Resoluciones de Calificación Ambiental, previo informe del o los organismos con competencia en la materia", etcétera. Y su inciso segundo agrega que "Cuando el instrumento señalado en el inciso anterior contuviese aspectos normados sometidos a las facultades de interpretación administrativa del organismo sectorial respectivo, el informe solicitado tendrá el carácter de vinculante para el Ministerio en relación a esta materia.". Todos recordamos un episodio, muy poco afortunado, en que un Ministro instruyó a una Secretaría Regional Ministerial -si no me equivoco, en la Región que nos acoge- en el sentido de opinar en una dirección incluso contraria a lo que decía un informe técnico. Similar situación se dio en la Región que represento, con relación a una central termoeléctrica, cuando una autoridad central envió a la regional directrices contrarias a informes técnicos. Ello cambia radicalmente hoy. A mi juicio, eso es lo fundamental al crearse un Servicio que quizá no es la panacea, pero que, sin duda, importa un paso muy contundente para asegurar que las opiniones técnicas y los aspectos normados sean respetados y vinculantes, por encima del parecer de los integrantes políticos que se contemplan. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. La señora URIARTE ( Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ).- Señor Presidente , en la línea de lo expresado por los Senadores señora Alvear y señor Letelier , quiero destacar que la nueva comisión evaluadora de proyectos evoluciona -a nuestro juicio, muy positivamente- en el espíritu de tecnificar las decisiones. Pero esta declaración no sería sino lírica si no se contemplara una norma específica que obligase a los secretarios regionales ministeriales y al intendente a sujetarse a los dictámenes técnicos de los servicios públicos con competencia ambiental. Esa disposición -quiero ser muy clara en que también obliga al intendente- se halla contenida en el artículo 9º bis, acogido por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, el cual determina que los proyectos solo podrán ser aprobados o rechazados "en virtud del Informe Consolidado de Evaluación". ¿Y quiénes lo realizarán? Los servicios públicos con competencia ambiental, más el Director del Servicio de Evaluación Ambiental , como muy bien ha dicho el Senador señor Letelier -para cada Región será nombrado conforme al Sistema de Alta Dirección Pública, es decir, no será un funcionario de confianza de la autoridad política-, y el Secretario Regional Ministerial de Medio Ambiente . Pero el artículo 9º bis no dice solo eso, señor Presidente , sino también -lo que es muy importante- que el informe contemplará "los pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia" y, además, la evaluación técnica de las observaciones que haya hecho la ciudadanía, cuestión extraordinariamente relevante. ¿Por qué? Porque hoy día esta última participa en la evaluación ambiental de un proyecto y sus observaciones son ponderadas y respondidas una vez que se vota. Sin duda, no cabe considerar, en una lógica de evaluación real de esa opinión, que se dé una respuesta ex posta la decisión que se toma. Lo que hemos hecho es traer la observación de la ciudadanía a la etapa anterior a la votación, con un informe técnico de los servicios públicos con competencia ambiental que, además, deberá estar publicado, para conocimiento de ella, con cinco días de anticipación a la fecha de la decisión. Adicionalmente, el incumplimiento de cualquiera de estos pasos -es decir, el informe fundado, el pronunciamiento técnico de los servicios públicos con competencia ambiental, su recomendación de aprobación o rechazo y la evaluación técnica de las observaciones ciudadanas- se estimará, según reza el inciso segundo del artículo 9° bis, "vicio esencial del procedimiento de calificación ambiental". O sea, el procedimiento sería nulo si ello no se respetara. Si lo anterior no constituyera un avance sustantivo con relación a lo actual, francamente no sabríamos cómo progresar más, ya que se impone una obligación legal a la que se le adosa un vicio de nulidad. Y este fue un mejoramiento introducido acá, en el Senado, a la norma proveniente de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el espíritu de tecnificación no solo se verifica por la vía de una declaración, sino que también se contempla una disposición vinculante, con una sanción específica: la nulidad del procedimiento, que se halla en el artículo 9° bis, en relación con el artículo 86. Sería legítima la aprensión sobre la participación de autoridades políticas si no se incluyera esta norma acerca del vicio esencial del procedimiento ligado a los reportes técnicos. Gracias. El señor NOVOA (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Allamand. El señor ALLAMAND.- Seré muy breve, señor Presidente , porque la señora Ministra y los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra aclararon varios de los aspectos que me motivaron a pedirla, en particular respecto al juicio emitido por el Senador señor Ominami . No voy a redundar sobre la materia. Creo que ha quedado suficientemente claro que no existe discrecionalidad acerca de los aspectos normados. Se ha señalado aquí cómo han de hacerse las fundamentaciones. A mi parecer, carece de asidero el juicio en orden a que la Comisión a la cual se hace referencia "no calificaría", como quien dice, para los efectos del propósito que se persigue. ¿Quiénes podrían integrarla de no ser conformada como se señala? ¿Quiénes podrían ser los miembros de una entidad técnica que, en todos los aspectos normados, obliga a los secretarios regionales ministeriales? Sería preciso traer extraterrestres para que cumplieran la tarea. Pero lo que quiero destacar es la gran relevancia de que se haya incorporado aquí al Intendente. Importantísimas candidaturas presidenciales señalan, por ejemplo, que este debiera ser elegido en la Región. La pregunta que cabe, entonces, es si una autoridad tan significativa no va a tener nada que decir respecto a un proyecto de alta envergadura o de gran impacto que se pretenda impulsar en la Región en que se desempeña. Ya sabemos que estamos avanzando en la línea de los presidentes de los gobiernos regionales, pero reitero que el Intendente es una autoridad de extraordinaria importancia, sin duda, y que algunos quieren elegir directamente. Entonces, ¿cómo vamos a marginarlo de esta instancia? Además, cuando se menciona la posibilidad del ejercicio de presiones políticas, no cabe olvidar que existen distintos niveles para tal efecto. Ellas pueden decir relación a ministros, pero también a secretarios regionales ministeriales y funcionarios menores. Por lo tanto, la presencia del Intendente no solo es una señal obvia de respeto a las Regiones, sino también, contrariamente a lo que se ha insinuado, una garantía de que la decisión se adoptará conforme a los criterios que la señora Ministra ha expresado en términos de sujeción a la fundamentación técnica que señalen los servicios. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 86, nuevo (25 votos a favor, uno en contra y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido. Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Sabag. Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide. Se abstuvieron los señores Gómez y Ominami. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En el artículo 3° referente a las funciones y atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, la letra k) ha pasado a ser letra l), reemplazándose la voz "seis" por "cinco". La proposición de la Comisión de Medio Ambiente fue aprobada con los votos favorables de los Honorables señores Allamand , Horvath y Longueira y los votos en contra de los Senadores señores Girardi y Navarro . El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, el punto que nos ocupa es muy importante, porque, en la actualidad, las resoluciones de Calificación Ambiental no tienen plazo de vencimiento. En consecuencia, si no se inician obras o no se ejecuta el proyecto, permanecen vigentes eternamente para quienes las obtienen. En la Cámara de Diputados se fijaron tres años al respecto, renovables por otros tres, y se contemplaba un sistema bastante engorroso. Se llegó a un consenso para establecer cinco años a todo evento. Por lo tanto, a partir de la nueva institucionalidad medioambiental, la resolución caducará al quinto año si no se ejecuta el proyecto y no se inician las obras, caso en el cual deberá aplicarse nuevamente todo el sistema de evaluación ambiental establecido en la iniciativa que nos ocupa. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la proposición de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (21 votos a favor y una abstención). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag. Se abstuvo el señor Ominami. El señor PIZARRO.- Solicito que se agregue mi voto a favor, señor Presidente. El señor NOVOA ( Presidente ).- Quedará constancia en la Versión Oficial de la intención del Honorable señor Pizarro. Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, la Comisión de Medio Ambiente recomienda reemplazar el artículo 5° por el siguiente: "Artículo 5°.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente las personas que por sí, o por su cónyuge, o por sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan participación en sociedades que ejerzan labores de inspección, verificación y análisis del cumplimiento de la normativa ambiental o hayan sido titulares de proyectos calificados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en los últimos dos años, contado desde su notificación". La proposición fue aprobada con los votos a favor de los Honorables señores Allamand, Horvath y Longueira, y los pronunciamientos en contra de los Senadores señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. La señora MATTHEI.- Señor Presidente , quiero formular una pregunta: ¿no existe ninguna inhabilidad para los abogados que ganan millones de dólares dedicándose a retrasar los proyectos? Porque ya se conoce a una gran cantidad, algunos de los cuales -o sus cercanos-, al parecer, se hallaban presentes durante la discusión de estos proyectos. En el fondo, da la impresión de que no están preocupados del impacto medioambiental, sino más bien del dinero, porque tratan de obtener muchos millones de dólares: en mi Región lograron 25 millones en un solo proyecto. El señor ÁVILA .- ¿Cómo? La señora MATTHEI.- Colocan un juicio tras otro, con lo que retrasan el proyecto hasta que la empresa finalmente se desespera y paga, por ejemplo, los 25 millones de dólares que mencioné. Las cosas se hacen igual, pero ellos se vuelven muy ricos. Entonces, señor Presidente, quiero saber si existe alguna inhabilidad con respecto a estos personajes que andan pululando, cobrando peaje -como me señala un señor Senador- y que, en el fondo, encarecen los proyectos y evitan que muchos se realicen. Al final -repito-, las cosas se hacen igual. Pero mientras tanto, hay gente que se enriquece en forma muy fácil. El señor ÁVILA .- ¡Lo mejor sería ponerles un tag...! El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 5° propuesto por la Comisión de Medio Ambiente (22 votos afirmativos y una abstención). Votaron a favor las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide y Sabag. Se abstuvo el señor Ominami. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- A continuación, la Comisión de Medio Ambiente recomienda incorporar, en el artículo 16, las siguientes letras e) y f), nuevas, pasando la actual letra e) a ser g): "e) Los programas de fiscalización de las Normas de Calidad y Normas de Emisión para cada región, incluida la Metropolitana. "f) Los subprogramas sectoriales de fiscalización de las Normas de Emisión, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente.". Esta proposición se aprobó con la misma votación anterior, es decir, con los votos a favor de los Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira , y en contra, de los Honorables señores Girardi y Navarro . El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , las letras que se agregan están referidas al articulo 16, concerniente a la Superintendencia. El inciso primero de este precepto expresa: "Para el desarrollo de las actividades de fiscalización, la Superintendencia deberá establecer, anualmente, los siguientes programas y subprogramas:". Luego viene una serie de letras, a las que se incorporan dos adicionales: la e), que fue aprobada en forma unánime, y la f), que no obtuvo la misma votación, pero el acuerdo político establece que, dentro de las facultades de fiscalización, también se contemplarán "Los subprogramas sectoriales de fiscalización de las Normas de Emisión, dónde se identificarán las actividades de fiscalización para cada servicio u organismo sectorial competente.". La señora MATTHEI .- Señor Presidente , en todo caso, la palabra "dónde" que aparece en el texto citado no tendría que llevar acento. El señor NOVOA ( Presidente ).- El señor Secretario me hace notar que, en vez del adverbio "dónde" -que no debería llevar acento, porque no es interrogativo-, habría que utilizar la frase "en los que". La señora MATTHEI.- O "en los cuales". El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Así es. El señor NOVOA (Presidente).- Entonces, pondremos en votación estas letras. Si se aprueban, facultaremos a la Secretaría para que proceda a redactar correctamente la letra f). Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueban las letras e) y f), nuevas, del artículo 16 (21 votos afirmativos). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero y Sabag. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, la Comisión de Medio Ambiente sugiere intercalar en el artículo 26, a continuación de la expresión "Superintendencia", la frase ", por entidades técnicas acreditadas y por" y eliminar la conjunción copulativa "y" que precede a la oración "los organismos sectoriales". Esta modificación, como el resto del informe, fue aprobada con los votos a favor de los Senadores señores Allamand, Horvath y Longueira, y en contra, de los Honorables señores Girardi y Navarro. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , el artículo 26 del texto aprobado en general dispone que los resultados de las inspecciones, mediciones y análisis realizados por la Superintendencia deberán ser remitidos finalmente al Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental . Acá se agrega que también tendrán que ir a dicho registro los informes, inspecciones, mediciones efectuados por entidades técnicas acreditadas. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 26, con la enmienda propuesta por la Comisión de Medio Ambiente (20 votos afirmativos). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero y Sabag. señor HOFFMANN ( Secretario General ).- A continuación, la Comisión de Medio Ambiente recomienda sustituir el artículo 27 por el que sigue. "Artículo 27.- En caso que la Superintendencia obligue a los sujetos fiscalizados a someterse a programas de evaluación y de certificación de conformidad, consagrados en la letra p) del artículo 3°, podrá revisar las instalaciones de las empresas, industrias o proyectos con el objeto de verificar los sistemas productivos y los sistemas de control. Estos programas serán determinados por la Superintendencia y corresponderá al Reglamento establecer sus procedimientos. "Serán de cargo del titular del proyecto o de la fuente sujeta a fiscalización todos los costos involucrados en los informes periódicos requeridos, incluidos los respectivos muestreos y análisis de laboratorios, los que deberán ser realizados por entidades debidamente registradas en el Sistema Nacional de Acreditación. "El certificado que se otorgue a los sujetos fiscalizados por la entidades certificadoras registradas constituirá prueba suficiente de cumplimiento de la normativa específica de que se trata y de los hechos vinculados a ella que fueron evaluados por los certificadores, por lo que no podrá iniciarse procedimiento sancionatorio por los hechos objeto de la certificación. "En el evento que estos programas no se encuentren establecidos en normas ambientales de carácter general y la Superintendencia así lo ordene en un caso concreto deberá, previamente, instruir un procedimiento administrativo con el propósito de justificar la necesidad del procedimiento o medida, asegurar que se trate de una exigencia razonable habida consideración del caso concreto y de la situación del sujeto fiscalizado, previa notificación y audiencia del interesado. "La Superintendencia no podrá exigir estos programas como un medio alternativo o subsidiario para el ejercicio de sus competencias generales de fiscalización e información.". El artículo fue aprobado con los votos a favor de los Senadores señores Allamand, Horvath y Longueira, y en contra, de los Honorables señores Girardi y Navarro. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo 27 propuesto por la Comisión de Medio Ambiente (23 votos afirmativos). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero y Sabag. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En seguida, la Comisión recomienda intercalar en el inciso primero del artículo 30, a continuación del vocablo "industrial", la frase "o de carácter reservado". Esta norma fue aprobada por tres votos contra dos, de los mismos señores Senadores individualizados reiteradamente. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En discusión. Tiene la palabra el Honorable señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, se trata de algo bastante simple. De incluirse la frase mencionada, el artículo 30 establecería que "Quienes realicen las acciones de fiscalización deberán guardar la debida confidencialidad de la información obtenida relativa a procesos y sistemas productivos o cualquier otro sujeto a propiedad industrial o de carácter reservado.". Entonces, a ellos se les aplicaría la reserva. La señora MATTHEI .- Eso es obvio. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor LARRAÍN.- Esta norma debería ser de quórum calificado, de acuerdo con la Ley de Transparencia. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Ha pedido la palabra el Honorable señor Letelier. Puede hacer uso de ella Su Señoría. El señor LETELIER.- Señor Presidente , primero había solicitado intervenir el Senador señor Muñoz Aburto. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Me gustaría que el Senador señor Longueira explicara qué se entiende por "carácter reservado": a qué tipo de actividades y materias se refiere, en fin. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , el alcance de este concepto -y deseo que quede en la historia de la ley- dice relación exclusivamente a los procesos productivos, es decir, a la información comercial estratégica para la empresa, entendida como un derecho que se le concede a su propietario. La información de carácter reservado se refiere a aquella que la ley no obliga a informar y que no esté relacionada con los motivos de la fiscalización. En consecuencia, si dicho concepto se saca de contexto puede llevar a un malentendido. Se comprende que quienes realizan la acción de fiscalización deben informar todo lo que genere impacto ambiental directo o indirecto, y si se cumplen las normas pertinentes. Por tanto, el carácter reservado solo se refiere a lo vinculado con información de procesos o sistemas productivos, y a nada más. Es importante que ello quede consignado. Entendemos que ese es el espíritu, y no debe prestarse para otras interpretaciones. Y, en ese ánimo, concurrimos a respaldar la disposición en comento. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba la modificación propuesta al inciso primero del artículo 30 (20 votos a favor y una abstención). Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Coloma, Escalona, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Prokurica, Romero y Sabag. Se abstuvo el señor Gómez. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Seguidamente, en el artículo 36, la Comisión aprobó el encabezado del numeral 1, que dice: "Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente:", con los votos favorables de los Senadores señores Allamand , Horvath y Longueira , y en contra, de los Honorables señores Girardi y Navarro. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En discusión. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Terminada la votación. --Se aprueba el encabezamiento del N° 1 del artículo 36 (22 votos afirmativos). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Bianchi, Coloma, Escalona, Flores, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Sabag. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- A continuación, la Comisión aprobó con la misma votación anterior el encabezado del numeral 2 del artículo 36, que señala: "Son infracciones graves, los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que, alternativamente:". La señora MATTHEI.- "Si le parece", señor Presidente. El señor LARRAÍN .- Aprobémoslo con la misma votación. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Si le parece a la Sala, se aprobará el encabezado del N° 2 del artículo 36, con la misma votación anterior. --Se aprueba (22 votos afirmativos). El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- En la letra b) del artículo 38 la Comisión recomienda sustituir la voz "cinco" por la palabra "una". Tal modificación fue aprobada con los votos a favor de los Senadores señores Allamand, Horvath y Longueira, y en contra, de los Honorables señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, se trata de algo bastante simple. Lo que pasa es que después de la amonestación por escrito fijada en la letra a) se establece una multa de cinco a diez mil unidades tributarias anuales, que la Comisión propone reemplazar por de "una" a diez mil a fin de que haya un rango mayor. Porque si existe algo que el proyecto aumenta en forma significativa son, precisamente, las multas. El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba la enmienda de la letra b) del artículo 38 (23 votos a favor). Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Coloma, Escalona, Flores, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Sabag. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Finalmente, la Comisión propone reemplazar el artículo octavo transitorio, por el que sigue: "Artículo octavo.- Dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. "El rediseño a que se refiere el inciso anterior se efectuará resguardando los derechos de los trabajadores de la referida Corporación.". Dicha disposición fue aprobada con los votos a favor de los Honorables señores Allamand, Horvath y Longueira, y en contra, de los Senadores señores Girardi y Navarro. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , lo sugerido apunta a una cuestión relevante dentro de la creación de la nueva institucionalidad ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a lo cual se agregará el Tribunal Ambiental. En verdad, no tiene sentido instaurar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y, simultáneamente, dejar a la CONAF tal como está. En la práctica, ello significaría mutilarla. Desde hace años se halla en la Comisión de Medio Ambiente del Senado el proyecto que establece la Subsecretaría Forestal y transforma a la CONAF en servicio público. También es sabido que esta Corporación se encuentra en una situación de detrimento respecto a otras entidades semejantes como el Servicio Agrícola y Ganadero. Por tales razones, debe quedar consignado en la ley en proyecto un compromiso -cualquiera que sea el próximo Gobierno- en el sentido de que la CONAF sea pública. Y esta no solo debe entenderse enfocada al área productiva de nuestros ecosistemas forestales, sino también a la protección, fiscalización, combate y control de incendios, cuidado de la biodiversidad, de todos los servicios ambientales que aquellos proporcionan. Esa materia está amparada no solo en la ley de la CONAF y en toda su larga historia como corporación, sino también en la Ley del Bosque Nativo. Por esa razón, nosotros no logramos un compromiso del actual Gobierno, en el sentido de generar simultáneamente con este proyecto de ley una CONAF pública. Pero sí se va a crear al unísono -como se señala acá- con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Por lo tanto, esta es una parte importantísima de la iniciativa en debate. Desde luego, cualesquiera que sean el nuevo Gobierno y la composición del próximo Senado, son entes que deben nacer en el mismo momento, a fin de cambiar la actual CONAF y darle el carácter de servicio público y, también, para crear la Subsecretaría Forestal . Por tal motivo, concurrimos al acuerdo, señor Presidente . El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. La señora ALVEAR.- Señor Presidente , quiero relevar también el artículo 8° transitorio, por cuanto me parece que la creación de los dos organismos mencionados es una necesidad planteada en muchas ocasiones. En el Senado, a propósito de diversas iniciativas legales, se ha destacado la importancia de la CONAF y la situación especial que actualmente tiene respecto a su ordenamiento jurídico y a la necesidad que se transforme efectivamente en un servicio público. Y lo que es muy importante, que se respete también en el rediseño -como lo señala con claridad el artículo-, el resguardo de los derechos de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal. A mi juicio, esto es de gran relevancia, señor Presidente , así como la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Adicionalmente, deseo plantear -no ha sido objeto de discusión esta tarde- que el proyecto de ley va a generar la creación de los Tribunales de Medioambiente, algo que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar y que implica una tremenda transformación, por cuanto tales tribunales serán similares a los de la Libre Competencia que actualmente rigen en nuestro país. Ellos permitirán apelar ante una instancia superior respecto de las distintas dificultades que puedan surgir tanto en los servicios como en quienes postulan frutos de inversiones al sistema, como así también -lo digo aquí con todas sus letras-, a la sociedad civil. Esta podrá recurrir a los mencionados entes que se van a generar. Señor Presidente, creo que esta futura ley, en definitiva, será un tremendo avance en torno de lo que tenemos actualmente sobre la institucionalidad ambiental. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente , en estos días, desde que se firmó el acuerdo político ha habido algunas opiniones que, a mi juicio -esta es la ocasión para plantearlo-, han confundido acerca de cuál es el propósito del proyecto. Su objetivo principal es crear una institucionalidad ambiental de segunda generación; crear un Ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia con potestades fuertes; crear un Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental más técnico; crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y complementar la institucionalidad ambiental con tribunales especiales. Y también procura hacerse cargo del debate sobre la política y la institucionalidad forestal en particular. No era el propósito de la iniciativa de ley revisar definiciones -como algunos erróneamente creen-, por cuanto, en otros proyectos se podrán fijar criterios de contaminación, de cómo se regulan las partículas 2,5 y de qué manera se fijan normas. No eran esas sus finalidades. Reitero que su propósito es crear una nueva institucionalidad en el país, después de la experiencia tenida desde los años 90. En este punto tuvimos un debate arduo. Algunos estimamos incongruente e inconcebible la creación de un Servicio de Biodiversidad que no incluya todas las áreas protegidas bajo la dependencia del Ministerio de Medio Ambiente. El mantener los parques nacionales, con su situación tremendamente precaria, al igual que las remuneraciones de los guardaparques, sin asumir que se requiere una nueva institucionalidad en ese ámbito, incluyendo a futuro las áreas marítimas protegidas, era una sinrazón y soslayar tal necesidad. Crear un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas va a permitir, de una vez por todas, realizar el debate sobre la CONAF pública, discusión que se ha postergado durante más de 30 años; vale decir, desde su creación, pues ahora es una corporación privada. A mi juicio, se ha tomado una muy buena decisión. Estoy muy satisfecho de que el Ejecutivo haya aceptado hacer este debate en plenitud. Si bien algunos partidarios de las políticas forestales entienden -y creo que es legítimo- que esta forma parte de la política ambiental, en algún momento hay que decidir dónde se coloca, por ejemplo, la administración que emana del decreto ley N° 701; quiénes se encargarán de los planes de manejo anexos, de las brigadas forestales y de su institucionalidad. Y, evidentemente, todo eso debe estar en una CONAF pública con protección a los trabajadores. En lo personal -doy disculpas, pero no creo que con lo que voy a decir esté violando el acuerdo político-, cuando se señala "rediseño a que se refiere el inciso anterior" ¿referido a la CONAF pública- tiene que realizarse con resguardo de los derechos de los trabajadores, y espero que sea potenciándolos. Porque la situación de quienes pertenecen a las brigadas forestales, que se preocupan de los incendios, es inhumana. Las rentas que les pagan las corporaciones privadas a las personas a contrata o a plazo fijo son muy precarias. La situación de los guardaparques es similar. Por tanto, al ser parte de un servicio con escalas de sueldos y estabilidad laboral, sin duda, es algo que va a mejorar sus condiciones. Hace un par de años tuvimos un debate con los dirigentes de los sindicatos de la CONAF. Fueron muy persistentes en defender a los trabajadores. Se logró un acuerdo que constituyó un salto. Ahora necesitamos que la protección de las personas de este sector no solo resguarde, sino que mejore su situación. Señor Presidente , el espíritu de parte del acuerdo es que en un plazo concreto se presente un proyecto de ley al Parlamento sobre la CONAF pública. La modificación hecha en el primer trámite fue en relación con el compromiso presidencial de mandar al Congreso la iniciativa y fijar plazos perentorios para que el conjunto de la institucionalidad avance simultáneamente. Es necesario que ello no sea algo lírico o que no se materialice. Porque, desde que se creó la CONAF a finales de los 60 -se potenció a principios de los 70-, han pasado ya casi 40 años y, en verdad, el Estado chileno está en deuda con una Corporación Nacional Forestal pública y con el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas que ahora se crea bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente. A mi juicio, este proyecto es muy importante. Con todo respeto a ciertos grupos ambientales que hemos escuchado estos días, pienso que han malentendido su espíritu: crear una institucionalidad. Y en otro momento veremos las definiciones pendientes. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri. El señor GAZMURI.- Señor Presidente , voy a votar a favor de la norma, sin perjuicio de decir que, sin duda, yo habría esperado resolver en el proyecto relativo al Ministerio de Medio Ambiente el conjunto de cuestiones involucradas en este artículo. Por lo menos, la iniciativa de ley va a entregar un año para solucionarlas. Aquí hay al menos dos tipos de problemas. El primero -el más evidente, a mi juicio- se refiere a algo cuya solución ha quedado pendiente en todos los últimos Gobiernos: resolver, de una vez por todas, un estatuto claro para la CONAF. Creo que esta es una gran deuda de la Concertación, porque no hemos sido capaces de regularizar, en un servicio muy importante para el país, la completa anomalía existente en una institución pública que desarrolla funciones únicas y que tiene un estatuto privado. Ese es un primer problema que posee mérito en sí mismo. Y el segundo tiene que ver con esta ley, en cuanto a qué régimen de administración establecemos para las áreas protegidas y la biodiversidad, y cómo generamos una institucionalidad de fomento de la industria y la producción forestal. Es evidente que esas dos cuestiones están vinculadas. No se puede decir que son completamente independientes. Por lo tanto, aquí se prejuzga cierta fórmula. Ahora, como la norma en análisis expresa que el Presidente de la República deberá enviar "uno o más proyectos de ley", después veremos cada uno de ellos. Porque si alguno separa demasiado lo productivo de lo ambiental, puede generar en el Estado dos dinámicas contradictorias, una de las cuales es la productiva forestal, sin que esta pueda sentirse con responsabilidades fundamentales sobre la sustentabilidad. Y esto tiene que ver también con el patrimonio y la biodiversidad, en fin, con la aplicación de la Ley Forestal. O sea, si se extremara la idea -que tal vez subyace en este artículo- de establecer un ámbito de administración de lo protegido y otro de fomento de lo productivo, se llegaría a muy malos resultados institucionales. Porque ambos se encuentran vinculados, sobre todo desde el punto de vista agroecológico: hay sistemas ecológicos donde conviven las plantaciones con el bosque nativo, y superficies protegidas donde no hay producción. ¡Es evidente! Sin embargo, a ese respecto también surgen cuestiones -no debates- que no son fáciles de resolver. El domingo pasado me tocó visitar áreas protegidas donde se está efectuando por primera vez la implementación de la Ley Forestal, y tomé conocimiento de un reclamo -el típico problema mixto, sobre el cual no tengo una opinión definitiva- de pequeños productores que hoy operan con planes de manejo. Plantean si resulta factible o no instalar allí producción melífera -o sea, de miel- para utilizar parques o reservas. Se trata de un problema bastante técnico respecto del que es necesario saber si efectivamente afecta a la biodiversidad. Quizás, sí; quizás, no. No cabe separar completamente ambos asuntos. Entonces, quiero hacer esa prevención, porque la discusión de fondo la realizaremos cuando el Gobierno mande tales proyectos. Pero temo que la redacción del precepto no sea la más feliz, pues ya establece un criterio sobre un aspecto que, a mi parecer, merece mayor análisis: distinguir el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de la otra institución a la que no se pone nombre, salvo especificar que con ello se apunta a resolver la situación de la CONAF, pero no su función. Y hoy día esta Corporación cumple funciones en las dos áreas, tanto en la de protección como en la de producción. Entonces, el precepto no da una orientación muy precisa acerca de las iniciativas legales que el Ejecutivo habrá de enviar al Parlamento, sino que se limita a fijar un plazo. Expongo lo anterior, solamente para señalar que voy a aprobar el artículo octavo transitorio, ya que, si bien no resuelve un problema que debería haber quedado zanjado en esta oportunidad,... El señor PROKURICA .- ¡No importa, señor Senador ! Nosotros, en el próximo Gobierno, lo vamos a arreglar. El señor GAZMURI.- ¡No lo creo! Los proyectos se tienen que discutir en el Congreso. Y aquí los parlamentarios de la Concertación vamos a ser mayoría. Es más o menos claro que el sistema binominal, esta vez por lo menos, nos asegura que así ocurrirá. De manera que, como todas las leyes se tramitan en el Poder Legislativo , si ustedes ganan y no se ponen razonables, tendrán que enfrentar algún problema. Retomando mi intervención, debo manifestar que con las normativas referidas no se resuelve -es el único punto- una institucionalidad que abarque todos los ámbitos que queremos regular. En consecuencia, quedamos con una tarea pendiente, que no es algo de menor importancia, en cuanto a la administración ambiental del país. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , voy a referirme a esta disposición, sin entrar en detalle al fondo de la cuestión. Es evidente que, por razones históricas que ya muchos de quienes me precedieron en el uso de la palabra han hecho presente, no solo la inconveniencia de que la CONAF ejerza tareas en el sector público siendo una institución de Derecho Privado, sino también que el cambio que se está desarrollando en nuestra institucionalidad medioambiental suponen ciertas necesarias modificaciones en toda el área colindante. Y por eso en el artículo octavo transitorio se mandata al Presidente de la República para que, dentro de un año, en forma obligatoria, cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y transforme a la CONAF en un servicio público descentralizado. A mi juicio, esa norma se debe entender en sentido imperativo para el próximo Mandatario; pero no dice exactamente qué pasará si este no envía los proyectos al Parlamento dentro de un año. Sin embargo, quiero dejar establecido hoy -y no entonces- que en tal caso corresponde aplicar una disposición que tiene que ver con las acusaciones constitucionales. En efecto, en virtud de la Carta Fundamental, el Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente "por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes.". Quiero subrayar el punto: si el próximo Jefe del Estado no cumple con el mandato de enviar los proyectos de ley -en su momento discutiremos acerca de los contenidos- tendientes a crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a transformar a la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado, estará incumpliendo abiertamente la ley. Lo explicito porque, de lo contrario, se podría pensar que el no enviar tales iniciativas no significaría nada. ¡Pero significa! Y para ello existe la protección constitucional aludida, que, de aplicarse, implica una sanción francamente contundente. Por eso, espero que el imperativo de complementar e integrar en forma plena esta nueva legislación se cumpla. El señor NOVOA ( Presidente ).- Se ha solicitado abrir la votación. Como el tiempo para fundamentar el voto es el mismo, si le parece a la Sala se accederá a esa petición. --Así se acuerda. El señor NOVOA ( Presidente ).- En votación el artículo octavo transitorio. --(Durante la votación). El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Senador señor Gómez. El señor GÓMEZ.- Señor Presidente , quiero hacer una consulta. El artículo 13 bis, ¿se aprobó unánimemente? El señor LONGUEIRA .- Al parecer, sí. El señor GÓMEZ.- En todo caso, señor Presidente , con relación al precepto que nos ocupa, lo importante es que todos estamos conscientes de la necesidad de que la CONAF se transforme en una entidad pública y que disponga de todas las herramientas posibles para llevar a cabo un trabajo eficiente en términos de lo que ella significa. Considero indispensable que eso quede claro y preciso en una norma en la que se establezca la obligación de enviar el proyecto pertinente, como lo ha señalado el Senador señor Larraín . Asimismo, se debe fortalecer a esa Corporación. Porque, pese a que debe conocer y fiscalizar gran cantidad de situaciones, no cuenta con los medios ni con la estructura adecuados para ello. Señor Presidente, en el resto de mi tiempo, voy a hacer una reflexión. Esta tarde, junto con escuchar varias veces que hubo un acuerdo político, he notado gran concordancia entre todos los Senadores. Y eso es bueno en algunas circunstancias. Pero el acuerdo político obliga a quienes lo firman, no a todos. Por lo menos, el Partido Radical no lo suscribió. Y no lo hizo porque consideramos que hay diversas normas que, como manifestó el Honorable señor Gazmuri , no se hallan bien resueltas. Además, falta por discutir varias materias importantes para el asunto medioambiental, las que deberían haberse analizado con mayor amplitud y no con la presión, la fuerza ni las condiciones que se impusieron al proyecto durante mucho tiempo, como la de calificarlo con urgencia de "discusión inmediata". Eso quedó demostrado con la presentación de 1.350 indicaciones, lo cual llevó al Senador señor Longueira -quien es un as en la materia- a buscar un acuerdo político. Y se reunió con algunos miembros de la Concertación y de la Alianza para concordar un protocolo. Sin embargo, desde mi punto de vista, era menester debatir la iniciativa con mayor extensión y más tiempo, a fin de abordar todos los aspectos. Por eso hemos sostenido que en algunos casos nos abstuvimos, y en otros votamos en contra. Quiero dejar constancia de algo que ya expresé: que los parlamentarios del Partido Radical no firmamos el acuerdo. Y, por lo tanto, este no nos obliga en cuanto a lo señalado en la Sala. Señor Presidente , ¿falta todavía por discutir el artículo 13 bis? El señor NOVOA (Presidente).- No, fue aprobado en forma unánime. El señor GÓMEZ.- Entonces, aprovecharé los minutos que me quedan para manifestar que el artículo 13 bis es una de las disposiciones más complejas aprobadas por el Senado. Ello, fundamentalmente, porque permite una negociación de las empresas con las comunidades. Lo ocurrido en los géiseres de El Tatio es un caso patente de lo que significa el hecho de dividir a las personas en función de ciertos proyectos. Y voy a explicar por qué. Las comunidades más cercanas a El Tatio y que hoy día se encargan de su administración, han llegado a acuerdo con la empresa que realiza exploraciones en el lugar, hoy día detenidas. ¿Por qué? Porque esta les ha ofrecido soluciones sociales. Les han dicho: "Miren, les vamos a poner agua, les arreglaremos los caminos y les daremos una serie de otros beneficios". Entonces, resulta muy difícil para esas comunidades oponerse a la fuerza del dinero y a las compensaciones que se plantean. Me parece que ello debió quedar claramente establecido como una negociación incompatible o como la obligatoriedad de dar a conocer esas tratativas en un ámbito tan difícil como el que señalo. ¿Por qué lo digo? Porque, claramente, ese ofrecimiento implicó una división entre las comunidades más cercanas, que tienen a su cargo la administración del lugar, y otras ubicadas en Calama, cuya posición es distinta frente al problema de El Tatio. Considero que la forma de abordar el asunto no es conveniente, porque deja abierta la posibilidad de que sean grandes empresas las que entreguen recursos, cuando el que está obligado a resolver los problemas sociales, en este caso, es el Estado. No se puede dar a las comunidades la opción de entrar en una relación que, en definitiva, las obligue, las coapte y no les permita actuar con la libertad que se requiere para enfrentar proyectos de este tipo, que implican gran cantidad de recursos que quienes viven en los alrededores muchas veces no pueden resistir. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , me voy a referir brevemente a lo expresado por el Senador señor Gómez . Considero extraordinario que el artículo 13 bis, mencionado por Su Señoría, se incluya en el texto, precisamente para lograr mayor transparencia. Él citó la situación ocurrida en El Tatio. Yo siempre estuve en contra del proyecto que se estaba desarrollando ahí. Sin embargo, no todos supieron lo que eventualmente hizo la empresa con anterioridad. Pues bien, ahora los proponentes estarán obligados a informar si, tal como indica la norma, han planteado compensaciones de algún tipo a juntas de vecinos u otras organizaciones sociales, o al municipio respectivo, las cuales -se aclara al final- en ningún caso serán vinculantes para la calificación ambiental de la actividad de que se trate. Por lo tanto, se separan claramente ambas cosas. De este modo, si una empresa ofrece compensaciones de la naturaleza que estime conveniente a una comunidad específica, ellas no serán determinantes para la decisión ambiental que deba tomarse, al revés de lo que quizás está sucediendo hoy. En mi opinión, es mejor que la norma esté. Otorga mayor transparencia y por eso contó con la unanimidad en la Comisión. Ahora, señor Presidente , como esta es la última votación que haremos, voy a abordar otros temas. Quiero señalar que el acuerdo político viabilizó una institucionalidad que representa un cambio radical para Chile. El informe de la OECD, aunque evaluó bien la que existía en determinado momento en el país, estableció 52 recomendaciones, orientadas, principalmente, a la fiscalización posterior de los proyectos. Cabe señalar que muchas normas ya aprobadas -que, por lo mismo, no forman parte de la discusión particular que estamos realizando en la Sala- permitieron el ingreso de la iniciativa que consagra el Tribunal Ambiental, cuya creación es uno de los puntos incluidos en el acuerdo. Al respecto, es necesario destacar que el artículo noveno transitorio supedita la vigencia de la Superintendencia del Medio Ambiente al funcionamiento de dicho Tribunal. O sea, existe un compromiso, a través de una disposición legal, para quienes suscribimos el acuerdo político, el cual ha permitido que el texto de la normativa, que recibió más de 1.300 indicaciones, no haya corrido la misma suerte de la Ley del Bosque Nativo, que estuvo 14 años durmiendo en el Congreso antes de ser despachada. Como estamos en la discusión particular, no tenemos tiempo para referirnos a muchas normas que perfeccionan notablemente la institucionalidad medioambiental y de las cuales nada se ha hablado en los medios de comunicación. Porque es muy fácil -y no lo digo por los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, sino por otros que efectuaron declaraciones a la prensa- comentar exclusivamente aquellas cosas que no quedaron incorporadas en el acuerdo político y dejar de lado las que sí se incluyeron en él. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, pasamos de la CONAMA a una institucionalidad de otra categoría para el país. En cuanto al artículo octavo transitorio, en votación en este minuto, debo decir que representa un enorme avance. Bastaba escuchar aquí al Senador señor Gazmuri para darse cuenta de que si ahora nos hubiésemos puesto a discutir en qué dejamos la CONAF, si pasamos a una Subsecretaría Forestal o al Ministerio del Medio Ambiente, el proyecto tenía para mucho rato más. Efectivamente, como indicó el Honorable señor Larraín , se establece el compromiso de todos para que dentro de un año ingrese una iniciativa legal que signifique tener una CONAF pública y el término de su condición como corporación privada. Pero sí se avanzó en algo importante: que todas las materias relativas a conservación y protección pasaran al nuevo Ministerio del Medio Ambiente. Esa es una definición que ya se tomó. Es cierto que muchas materias se encuentran en un límite bien discutible. Eso es parte de la polémica, de la discusión, y es lo que siempre ha impedido avanzar hacia una verdadera institucionalidad. Sin embargo, con una CONAF pública -como la que se acordó crear a propósito de este proyecto-, las concernientes a conservación y protección no quedan en Agricultura, con una eventual Subsecretaría, sino que pasan al Ministerio del Medio Ambiente conforme al Servicio de Biodiversidad y Parques, lo cual era una aspiración de aquellos que han seguido estos temas durante varios proyectos de ley, en los cuales se suscribieron compromisos que finalmente no se cumplieron. Por otra parte, se avanza enormemente -tal vez se podría haber sido más explícito, pero queda claro en la iniciativa- en que aquellas materias que queden en la CONAF, hoy entidad privada, pasarán a la CONAF pública, transformada, de alguna manera, en un servicio público descentralizado, tal como señala la disposición. Me parece que el compromiso asumido por el Ejecutivo a partir de marzo del próximo año, sea cual sea el Gobierno que administre el país en esa fecha, es radicalmente distinto de lo que venía en el texto previamente aprobado por la Cámara de Diputados, pues estos aspectos también fueron parte del acuerdo. El acuerdo político incorporó dos instituciones fundamentales en materia medioambiental: el tribunal especializado en el área, que se está tramitando en otra iniciativa y, adicionalmente, el nuevo Servicio de Biodiversidad y Parques. Voto a favor. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. La señora MATTHEI.- Señor Presidente , estamos votando el artículo que obliga al Presidente de la República a enviar dentro de un año un proyecto de ley que transforme a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en un servicio público descentralizado. Me alegro enormemente de que, por fin, haya algo concreto respecto de dicho organismo. Año tras año, durante la discusión de los proyectos de Ley de Presupuestos, vienen al Parlamento numerosos funcionarios que laboran en CONAF a contarnos sus penurias. Sabemos perfectamente bien que ganan muchísimo menos que otros profesionales y técnicos que trabajan en instituciones que se dedican a similares funciones. La Corporación Nacional Forestal realiza una labor muy importante y la ejecuta en forma bastante seria. En consecuencia, solamente quiero dejar constancia de mi alegría por el hecho de que por fin tengamos algo concreto en relación con dicha entidad. Voto que sí. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , desde luego, deseo expresar mi satisfacción por el artículo octavo transitorio mediante el cual el Ejecutivo se compromete a enviar, dentro de un año, un proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y transformar a la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado. Quienes ya llevamos años en la discusión de la Ley de Presupuestos hemos visto cómo los funcionarios de la CONAF han manifestado una muy sentida aspiración en cuanto a dejar de ser una corporación privado-pública para convertirse en un servicio público del Estado. Es evidente que para desarrollar sus funciones -sumamente relevantes- la CONAF requiere que sus trabajadores reciban remuneraciones de funcionarios públicos y sean considerados como tales. Todos reconocemos la labor que ellos realizan en aras de la protección de nuestro patrimonio forestal y el cuidado que colocan en ello. Ahora mismo, en el marco de la Ley de Presupuestos, vemos cómo se están preparando para proteger nuestros bosques, cuyo crecimiento hemos fomentado desde el Parlamento, lo que ha permitido que hoy tengamos más de 2 millones de hectáreas de nuevas plantaciones. Por lo tanto, me alegro mucho y me felicito por lo logrado. Tengo la certeza de que el Gobierno que sea cumplirá con el compromiso, que será ley, pues está contenido en el artículo de una ley. En este sentido, aquel no es solo del Ejecutivo , sino también de todos quienes aprobemos el presente proyecto. Además, esto se complementará con la Subsecretaría Forestal, que ya se encuentra en tramitación. Chile es un país de muchas riquezas, pero una renovable y permanente es la riqueza forestal. Por lo tanto, con la Subsecretaría, con una CONAF pública y, evidentemente, con el estímulo que el Estado debe seguir entregando a las plantaciones forestales, no me cabe duda de que, después del cobre, el sector forestal será nuestra otra gran riqueza. Para eso estamos generando la institucionalidad correspondiente. Antes de terminar, quiero reconocer la labor desarrollada por la Comisión en la creación de este importante Ministerio del Medio Ambiente y también del Servicio de Evaluación Ambiental y de la Superintendencia del Medio Ambiente. Creo que con ello le estamos dando a nuestro país una institucionalidad sólida para que se pueda desarrollar, con entidades que presten apoyo y no obstaculicen. Por supuesto, hay que cumplir las normativas y cuidar nuestro medio ambiente, pero eso no debe llegar al extremo de que resulte imposible que cualquier proyecto pase los trámites medioambientales. La idea es que haya asesoría y apoyo con la finalidad de que en nuestro país se sigan creando industrias, las que tanto necesitamos. Hay cosas que no se destacan y no se saben, y por eso deseo señalar que la Comisión trabajó dos días completos (día y noche), incluso uno hasta las siete de la mañana. Nuestros colegas hicieron un tremendo sacrificio, el cual ha permitido que en muy poco tiempo nosotros podamos aprobar un proyecto bastante complejo. Y, naturalmente, el mayor elogio es para la Ministra Ana Lya Uriarte, quien ha sacado adelante la iniciativa con su empeño, con su gran abnegación y con su inteligencia para saber ganarse la simpatía de cada uno de los parlamentarios, tanto Diputados como Senadores. Nos encontramos ante un gran proyecto de ley y un Ministerio que será de enorme utilidad para el desarrollo de nuestro país. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente , creo importante consignar también mi acuerdo en que se establezca un servicio público descentralizado que reemplace a la CONAF. Es cierto que después de la guerra todos somos generales. En tal sentido, hoy cada uno de nosotros se pregunta cómo fue posible que durante tantos años haya estado pendiente una decisión tan urgente y evidente como transformar en servicio público a dicha entidad, hoy corporación de derecho privado, para resguardar ni más ni menos que los parques nacionales. En consecuencia, se debe reconocer que hemos caído en una grave omisión y, por ende, tenemos que hacer una autocrítica. A la vez, me alegro de que la ley en proyecto establezca de modo claro que el proceso de rediseño del organismo tendrá que llevarse a cabo resguardando los derechos de los trabajadores y también consultándolos. En otro orden de cosas, señor Presidente , debo admitir que como miembro de esta Corporación me he sentido aludido, no expresa pero sí indirectamente, por las palabras del Senador señor Gómez . Me he sentido tocado porque estamos frente a un tema muy delicado. Yo creo en la honorabilidad de todos nosotros. Podemos tener diferencias políticas, pero apuesto a la honradez de todos quienes hemos llegado hasta acá. Por lo tanto, resulta muy importante despejar cualquier duda respecto de la voluntad con la cual se está legislando. Por lo anterior, quiero hacer especial mención de que el artículo 13 bis no termina en lo que se establece en la página 32 del comparado, sino que concluye en la 33, donde expresamente se señala que, "En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad". Y tales acuerdos se transparentan para el buen gobierno y la adecuada toma de decisiones de la autoridad. En innumerables ocasiones hemos sido testigos de que quedan bajo la mesa contactos, consultas. Y muchas veces hemos visto dividirse a las comunidades. En la provincia de Valdivia -que antes pertenecía a mi Región, la de Los Lagos, y que ahora corresponde a la de Los Ríos- hubo casi un enfrentamiento físico entre pescadores artesanales porque unos llegaron a acuerdo con representantes de determinada empresa y otros no. Entonces, desde el punto de vista de la probidad, es muy importante que cuando existan acuerdos y contactos estos sean puestos en conocimiento de la autoridad, pues, en cualquier caso -como señala expresamente la norma-, ellos "no serán vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad". Eso significa -digámoslo derechamente- que una transnacional no podrá comprar a determinada comunidad cooptándola a través de la entrega de una sede social o qué se yo. ¡Si aquí hemos visto cosas tremendas! Desde que el poderío económico está detrás de muchos de estos proyectos, la entrega de una granjería, que después puede transformarse en un mecanismo de cooptación, es prácticamente un juego de niños. Por eso, pienso que la norma constituye un avance muy importante para evitar que esos mecanismos de cooptación pesen finalmente en la decisión de la autoridad. Para concluir, señor Presidente , frente a las críticas de medioambientalistas, me pongo en el caso de aquellas personas que siglos atrás estaban contra la monarquía y que cuando esta cayó se dieron cuenta de que no eran tan pocos, sino muchos más. Aquí parece que a varios sectores ambientalistas les está pasando lo mismo. Es evidente que hoy en el país son ampliamente compartidas las ideas del desarrollo sustentable, que se expresan en el acuerdo político alcanzado para sacar adelante el presente proyecto. En consecuencia, en lugar de enojarse y de irritarse, esos sectores debiesen sentirse contentos, pues han logrado que las ideas que durante mucho tiempo no conseguían abrirse paso hoy lo estén haciendo. Así que pienso que la situación es exactamente al revés de lo que paradójicamente ocurre con algunas críticas a este avance institucional. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , junto con destacar que habrá un compromiso en la ley en orden a transformar la corporación de derecho privado CONAF en un servicio público -proceso en el que, además, se respetarán los derechos de los trabajadores-, es también el momento de valorar el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los representantes del Congreso y, en particular, algunos miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Gracias a aquel, fuera del consenso relativo a la CONAF pública, se crean los tribunales ambientales; se especifica toda la planificación estratégica a través del ordenamiento territorial, la zonificación del borde costero, el manejo integrado de cuencas; se aumentan los grados de participación ciudadana; se establece de mejor forma la protección de humedales, glaciares, áreas protegidas, sitios prioritarios para la biodiversidad; se dispone la exigencia de estudio de impacto ambiental cuando se trabaje con organismos genéticamente modificados o transgénicos y también la posibilidad de que algunas áreas sean declaradas zonas libres de transgénicos; se efectúa una mejor definición de las COREMA, y se aborda lo concerniente a las cuentas ambientales, desde el punto de vista de los activos y los pasivos. Como siempre, quedan algunas cosas pendientes: la participación del Consejo de Desarrollo Sustentable, que le gusta mucho a la Ministra; evaluar de mejor manera y evitar que se puedan separar proyectos, y resolver el tema ambiental en forma institucional a nivel de los municipios. Deseo precisar que la Ley del Bosque Nativo no durmió 14 años en el Congreso Nacional. Lo que pasa es que se trataba de un mal proyecto: establecía la posibilidad de la sustitución, no financiaba las buenas prácticas. Al final, de modo paralelo, la CONAF, junto con aportes extranjeros, como los de la GTZ, desarrolló un modelo práctico para la aplicación de la ley. Y hoy es posible llevar a cabo esa experiencia. Finalmente, destaco que con esta normativa se crea una nueva institucionalidad ambiental, así como una mayor conciencia sobre el tema. Desde luego, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país tienen que pasar por las variables ambiental, cultural, social y económica a la vez. Y en ese sentido, ciertamente, hemos logrado un avance. He dicho. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba el artículo octavo transitorio (23 votos favorables), queda despachado el proyecto en particular y con la discusión concluida en este trámite. Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Sabag. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra. La señora URIARTE ( Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente ).- Señor Presidente , habiéndose dado término a la votación de esta iniciativa, yo quisiera agradecer al Honorable Senado de la República la acogida que tuvo con una de las reformas tal vez más importantes que se hayan conocido en los últimos cuatro años y que se inscribe dentro del marco de la modernización del Estado. Sin lugar a dudas, el buscar consenso en el cien por ciento de los asuntos siempre será muy difícil, atendidas la diversidad y aproximaciones que existen respecto de cada uno de ellos y del propio tema ambiental, de las visiones de país de los diferentes sectores productivos. Sin embargo, me parece que nadie, de buena fe ni legítimamente, está autorizado para no reconocer que lo que ustedes han aprobado esta tarde significa una mayor jerarquía y estatus, no solo institucional, no solo político, sino también jurídico, en lo referente al tema ambiental en nuestro país. Hoy día está naciendo en Chile -falta el tercer trámite en la Cámara Baja; pero esperamos contar con la comprensión de los Honorables Diputados- un Ministerio del Medio Ambiente. Este Gobierno, señor Presidente, fue capaz de crear el cargo de Ministro del Medio Ambiente, el que yo, con todo orgullo, he ostentado durante este tiempo, pero con un mandato muy específico, que era precisamente lograr una nueva institucionalidad ambiental para Chile. Ha sido nuestro empeño el que ella no solo consista en la creación de instituciones, sino que sea una institucionalidad que dignamente represente el mayor consenso político dentro de nuestra sociedad para avanzar hacia el desarrollo sustentable. Nadie da por sentado en esta Sala ni en ninguna parte del territorio que el desarrollo sustentable se haya alcanzado porque hubo esta votación o por la que se dé en los días siguientes en la Cámara de Diputados. Pero sí estamos en condiciones de señalar que con esta institucionalidad se está procurando un mayor orden dentro del aparato del Estado, creando un Ministerio que genere normas y políticas, separado de la gestión del sistema de evaluación de impacto ambiental, de manera de poder dar cumplimiento a ese objetivo tan anhelado por todos: lograr una mayor tecnificación en la decisión ambiental. Nadie podrá negar que constituye un avance para nuestro país el que la fiscalización, hoy día dispersa y fragmentada, se concentre en una Superintendencia ambiental, la que en el Senado ha podido mantener exactamente el espíritu y la fuerza que en la Cámara de Diputados se le quiso imprimir. No hay en toda la literatura que podamos encontrar en los países de la OCDE o en aquellos que les va bien ambientalmente un éxito o un avance sustantivo sin tener ordenada la gestión ambiental, como hoy día lo intentamos hacer. Nadie podrá desconocer algo que señalaba el Senador señor Horvath . Cómo no va a ser un avance ambiental el que deba entrar obligatoriamente por estudios de impacto ambiental cualquier proyecto que pudiere eventualmente afectar un área protegida; sitios prioritarios de conservación, que hasta ahora no han tenido un adecuado resguardo; humedales, o glaciares, en tiempos en que se aproxima esta lucha, ya frontal, contra el cambio climático. ¿Quién podrá negar, señor Presidente , que era necesario que los planes de prevención y descontaminación, por ejemplo, fueran susceptibles de ser fiscalizados, tanto en el ámbito público como privado, por alguna institución? ¡Pues hoy día eso está: la Superintendencia del Medio Ambiente! ¿Quién podría negar, señor Presidente , que contar en definitiva con un Servicio de Evaluación Ambiental en todo el país, con directivos elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública, que serán los que van a confeccionar los informes técnicos que obligarán las votaciones de los seremis y de los intendentes, no constituye un avance respecto de lo que hoy día tenemos? Cuando fui citada a esta misma Sala por el caso de El Tatio, cuando se me enrostraba el hecho de que cómo era posible que en un país como el nuestro se aprobara un proyecto sobre los géiseres de El Tatio y no hubiera nada que hacer, nuestra respuesta no fue sumarnos al coro del lamento, sino avanzar en soluciones efectivas, tal como hoy día ustedes lo están haciendo. ¡Lo que hoy día ustedes están haciendo es dar una nueva estructura jurídica, un nuevo marco jurídico en el cual se desenvuelva la gestión ambiental en Chile! Ya nadie podrá decir en el futuro por qué no se pudo actuar, porque ahora vamos a dejar las herramientas y los instrumentos para que ello suceda, además con un igualamiento en la forma de jugar este "partido" ambiental, en el que concurren el sector privado, por un lado, y la ciudadanía, por el otro; pero teniendo ambos las mismas herramientas, las mismas armas para poder defenderse. El proyecto sobre creación de los tribunales ambientales, que ya ingresó al Senado de la República con fecha 18 de octubre, indudablemente, constituye un avance en los términos en que han sido instaurados. Porque será el órgano de revisión de las decisiones de la Superintendencia. Pero no solo de ellas, sino también de todas las decisiones ambientales que se tomen en el orden administrativo en nuestro país. Y a él podrán concurrir ciudadanos y, naturalmente, los titulares de proyectos, cuando corresponda. En definitiva, señor Presidente , ¡quién podría dudar que esto es un avance respecto de lo que hoy tenemos! ¿Cómo no va ser distinto que se obligue a un Ministerio del Medio Ambiente naciente a que cada año le informe al país cuál es el estado del medio ambiente a nivel nacional y regional y, además, que cada cuatro años lo haga a nivel comunal? Eso verdaderamente es avanzar en la descentralización y en uniformar los estándares de información en nuestra ciudadanía. En definitiva, hay muchos temas que podrán ser abordados de una manera distinta. Por último, quisiera agradecer la buena voluntad de los señores Senadores, que se han dado el tiempo y han tenido la dedicación para comprender este sistema ambiental. Porque acá no se trata de una sola institución; este es un todo que funcionará imbricado en el sentido de vincular un Ministerio, una Superintendencia y un Servicio de Evaluación Ambiental. Y, además, muy pronto contará con un tribunal. Es todo, señor Presidente. Muchísimas gracias.