REPÚBLICA DE CHILE CÁMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA 363ª Sesión 39ª, en jueves 18 de junio de 2015 (Ordinaria, de 10.39 a 13.56 horas) Presidencia de los señores Núñez Lozano, don Marco Antonio; y de la señora Pascal Allende, doña Denise. Secretario, el señor Landeros Perkič, don Miguel. Prosecretario, el señor Rojas Gallardo, don Luis. ÍNDICE I.- ASISTENCIA II.- APERTURA DE LA SESIÓN III.- ACTAS IV.- CUENTA V.- ORDEN DEL DÍA VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN VII.- INCIDENTES VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA ÍNDICE GENERAL Pág. I.- ASISTENCIA10 II.- APERTURA DE LA SESIÓN13 III.- ACTAS13 IV.- CUENTA13 AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA13 V.- ORDEN DEL DÍA14 ACUERDO ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA QUE CREA MARCO PARA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9967-10)14 FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8265-07)18 NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7616-06) [INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA]34 RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DE AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8624-07)40 VI.- PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN50 CREACIÓN DE REGISTRO DE DEUDORES DE PENSIONES DE ALIMENTOS50 REGULACIÓN PARA SECTOR VIÑATERO Y RESPALDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES53 VII.- INCIDENTES56 PREOCUPACIÓN POR CONDICIONES EN HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE (OFICIOS)56 URGENCIA A MOCIÓN QUE OTORGA INCENTIVOS A MÉDICOS PARA QUE RETORNEN AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (OFICIO)57 INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES A BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO EN AVENIDA MARINA, EN VIÑA DEL MAR (OFICIOS)58 INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES A COMITÉS DE VIVIENDA DE LOCALIDAD DE PATAGUAS ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA (OFICIOS)60 INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES ADICIONALES EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (OFICIO)60 INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE NOMBRAMIENTO DE SEREMI DE VIVIENDA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (OFICIO)61 INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN PARA USO DE FACTURA ELECTRÓNICA (OFICIOS)61 ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN BENEFICIO DE TRABAJADORES DE COMPAÑÍAS MINERAS DOÑA INÉS DE COLLAHUASI Y LOS BRONCES (OFICIOS)62 IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO ENTRE SERVIU, CORE Y MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO)63 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE HABILITACIÓN DE CAMINO T-720, QUE UNE LAS COMUNAS DE LA UNIÓN Y CORRAL (OFICIO)63 MOLESTIA POR NEGLIGENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU-CAU (OFICIO)64 INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN POBLACIÓN BELLAVISTA, COMUNA DE MACHALÍ (OFICIOS)65 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO Y PLANES DE DESCONGESTIÓN VEHICULAR EN RUTA RANCAGUA-MACHALÍ (OFICIOS)65 SALUDO A PROFESORES NORMALISTAS CON MOTIVO DEL 171° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ (OFICIO)66 CONDOLENCIAS A FAMILIA DE COMUNA DE CABRERO (OFICIO)66 INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VEREDAS EN COMUNAS DE RENCA, HUECHURABA Y CONCHALÍ (OFICIO)67 INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA EN SALUD EN COMUNAS DE HUECHURABA, RENCA Y CONCHALÍ (OFICIO)67 INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LABORAL DE CARLOS CASZELY (OFICIO)68 INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN TRAMITACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (OFICIO)68 INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE MINERA LOS BRONCES (OFICIO)68 INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y SEÑALÉTICAS EN COMUNAS DE HUECHURABA, RENCA Y CONCHALÍ (OFICIO)69 CONSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE MAÍZ DEL VALLE CENTRAL (OFICIOS)69 REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMBALSE EN COMUNA DE PLACILLA (OFICIOS)70 INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE OBRAS EN RUTA I-90 (OFICIOS)70 RESULTADOS DE FISCALIZACIONES SOBRE USO DE FONDOS SEP EN PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO (OFICIOS)70 INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS TAG EN RUTA 5, TRAMO LAMPA, Y ESTADO DE NEGOCIACIÓN CON VECINOS (OFICIOS)71 INFORME SOBRE POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA RAYUELA (OFICIOS)72 INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Y AUDAX ITALIANO (OFICIO)72 CUMPLIMIENTO DE PAGO A EMPRESAS CONTRATISTAS POR OBRAS EJECUTADAS EN HOSPITAL MODULAR DE QUEILÉN (OFICIOS)73 INVESTIGACIÓN DE EVENTO CONTAMINANTE EN LOCALIDAD DE CHURRUMATA, COMUNA DE ANDACOLLO (OFICIOS)74 ACLARACIÓN DE SITUACIÓN RELACIONADA CON CONCESIÓN DE TERRENO A COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA CALERA (OFICIOS)75 VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA77 1.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9790-07)77 2.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10098-07)77 3.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10099-07)78 4.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10101-07)78 5.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10103-07)79 6.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10104-07)79 7.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 10105-07)80 8.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9398-04)80 9.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 9885-07)80 10.- OFICIO DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA. (BOLETÍN N° 8207-07)81 11.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N°9152-07)81 12.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 8584-15)83 13.- INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, CON URGENCIA “SUMA”, QUE “CONCEDE BENEFICIOS AL PERSONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.”. (BOLETÍN N° 9973-11)85 14.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CULTURA, ARTES Y COMUNICACIONES RECAÍDO EN EL PROYECTO, INICIADO EN MENSAJE, QUE “EXTIENDE LA APLICACIÓN DE LA LEY N° 20.243, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE LOS DERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES DE LOS INTÉRPRETES DE LAS EJECUCIONES ARTÍSTICAS FIJADAS EN FORMATO AUDIOVISUAL.”. (BOLETÍN N° 9889-24)95 15.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, COLOMA, HASBÚN, KORT, LAVÍN, MACAYA, NORAMBUENA Y URRUTIA, DON IGNACIO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “IMPONE EL DEBER DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA (ELEAM) DE PRESTAR ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, CUYO CUIDADO SE LES HAYA ENCOMENDADO”. (BOLETÍN N° 10136-18)127 16.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, CORNEJO, ESPEJO, FUENZALIDA, LEÓN, PÉREZ, DON JOSÉ; ROBLES Y SILBER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARVAJAL Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N° 16.282, EN MATERIA DE SANCIÓN A LOS ACTOS DE ESPECULACIÓN O ACAPARAMIENTO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD EN CASOS DE SISMOS Y CATÁSTROFES”. (BOLETÍN N° 10137-06)130 17.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, ÁLVAREZ-SALAMANCA, MORALES, SANDOVAL, URRUTIA, DON OSVALDO; URRUTIA, DON IGNACIO; VAN RYSSELBERGHE Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y SABAT, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR PARA AUMENTAR LAS PENAS AL DELITO DE ATENTADO CONTRA PERSONAL DE CARABINEROS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y RINDE HOMENAJE AL CARABINERO MÁRTIR SUBTENIENTE DANIEL SILVA RODRÍGUEZ”. (BOLETÍN N° 10138-07)132 18.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; SANDOVAL, ULLOA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.066, DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL SENTIDO QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10139-18)134 19.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2702-14-INA.137 20.- OFICIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ROL 2834-15-INA.137 IX. OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA. 1. Comunicación: -Del diputado señor Lorenzini por la cual justifica su inasistencia a la sesión del día de hoy, 18 de junio, por actividades propias de la labor parlamentaria. 2. Nota: -Del diputado señor Paulsen por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 18 de junio de 2015, para dirigirse a Estados Unidos. 3. Licencia médica: -Otorgada a la diputada señora Girardi por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un plazo de diez días, a contar del 17 de junio de 2015. 4. Oficio: -De la Comisión de Deportes y Recreación, por el cual solicita autorización para celebrar sus sesiones ordinarias, en paralelo con la Sala, los días jueves de 10:45 a 12:00 horas, a contar del mes de julio. Respuestas a Oficios Ministerio de Interior -Diputado Rathgeb, Informar sobre el estado de avance del plan para el cierre de los vertederos de residuos domiciliarios en la Región de La Araucanía, v. gr. Boyeco, en Temuco y el vertedero de la ciudad de Traiguén; y, además, para que, si lo tiene a bien, disponga que se fiscalicen los vertederos clandestinos y micro basurales existentes en la mencionada región. (2295 al 8537). (2295 al 8537). Ministerio de Hacienda -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (201 al 7320). (201 al 7320). -Diputado Ward, Diputada Hoffmann doña María José, Informar sobre la información detallada en la petición adjunta. (26 al 7320). (26 al 7320). -Proyecto de Resolución 248, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la modificación del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal a fin de establecer la obligación de concurso público para renovar cada cierto período de tiempo los cargos de los departamentos de salud municipal. (1701). 1701. -Diputada Hernando doña Marcela, Reitera oficio N°5.516 de esta Corporación, de fecha 05 de Noviembre del año 2014. (584 al 8715). (584 al 8715). Ministerio de Justicia -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (337 al 8409). (337 al 8409). -Diputada Núñez doña Paulina, Remita a esta Cámara la información detallada en la petición adjunta, relacionada con el nuevo Servicio de Reinserción Nacional de Gendarmería de Chile. (4594 al 8480). (4594 al 8480). Ministerio de Agricultura -Diputada Álvarez doña Jenny, Total de hectáreas afectadas y el número de incendios forestales ocurridos en las provincias de Chiloé y Palena, durante la temporada estival 2014-2015, con datos desagregados por comuna. (332 al 8897). (332 al 8897). Ministerio de Trabajo y Previsión Social -Diputado Verdugo, Informar sobre los rezagos de fondos de pensiones, el monto y su destinación, correspondiente a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones. (19669 al 7203). (19669 al 7203). -Diputado Verdugo, Reitera el oficio N° 7.203 de esta Corporación, de fecha 5 de marzo de 2015; y, en definitiva informe respecto de los rezagos de fondos de pensiones, monto y destino, correspondientes a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones. (19669 al 8190). (19669 al 8190). Ministerio de Salud -Diputado Rathgeb, Informar sobre el estado de avance del plan para el cierre de los vertederos de residuos domiciliarios en la Región de La Araucanía, v. gr. Boyeco, en Temuco y el vertedero de la ciudad de Traiguén; y, además, para que, si lo tiene a bien, disponga que se fiscalicen los vertederos clandestinos y micro basurales existentes en la mencionada región. (1312 al 8536). (1312 al 8536). -Diputada Pascual doña Denise, Informe a esta Cámara sobre la continuidad del “Programa de Atención a Usuarios y Usuarias Trans”, implementado en el año 2012, en algunos centros hospitalarios del país y respecto de la cobertura que otorga Fonasa en prestaciones de salud siquiátrica, endocrinológica y quirúrgica para personas transexuales. (8977 al 8993). (8977 al 8993). -Proyecto de Resolución 75, “Solicita se regule las condiciones de trabajo en altura extrema de funcionarios públicos.” (1685). 1685. -Proyecto de Resolución 248, Solicitar a S.E. la Presidenta de la República la modificación del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal a fin de establecer la obligación de concurso público para renovar cada cierto período de tiempo los cargos de los departamentos de salud municipal. (1701). 1701. -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (5303 al 8329). (5303 al 8329). Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Diputado Coloma, Disponer que se cumpla el compromiso adquirido y se haga público el estudio de ingeniería básica, que permitirá, entre otros aspectos, determinar las personas que serán expropiadas con motivo del proyecto del Metrotren Santiago-Melipilla; e informar sobre el estado en que se encuentra el señalado proyecto. (191 al 8884). (191 al 8884). Ministerio de Desarrollo Social -Diputado Rathgeb, Diputado Berger, Contratos vigentes de arrendamiento y de comodato en que su institución participa como arrendadora o arrendataria y como comodante o comodataria, con las especificaciones que precisan. (508 al 8371). (508 al 8371). Intendencias -Diputado Chahin, Razones que han impedido terminar la casa adquirida, con subsidio habitacional, por el señor Víctor Manuel Lonconao de la comuna de Victoria, disponiendo la respectiva fiscalización. (1706 al 8948). (1706 al 8948). Servicios -Diputada Turres doña Marisol, Informar sobre el programa y factibilidad para repoblar la isla Tabón, en la comuna de Calbuco, con árboles y vegetación nativos. (333 al 8621). (333 al 8621). Varios -Diputado Chávez, Remita a esta Corporación copia de los documentos que solicita referidos a antecedentes laborales de los señores Teobaldo Andrade Sanhueza, Emilio Molinet Chavarría y Gerardo Díaz Santos. (60 al 7284). (60 al 7284). -Diputado Chávez, Remita a esta Corporación copia de los documentos que solicita referidos a antecedentes laborales de los señores Teobaldo Andrade Sanhueza, Emilio Molinet Chavarría y Gerardo Díaz Santos, reiterando la petición contenida en el oficio N° 7.284, de 10 de marzo del presente año. (60 al 8685). (60 al 8685). Empresas del Estado -Diputado Silber, Informe sobre la posibilidad de evaluar la situación de la sede comunitaria, de propiedad de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, ubicada en la comuna de Til-Til, ante el grave perjuicio social que produciría el desalojo de los adultos mayores que ocupan el inmueble. (061 al 7759). (061 al 7759). Municipalidades -Diputado Paulsen, Remita a esta Cámara el listado de profesores que se acogieron al mecanismo de incentivo al retiro y recibieron el pago del bono de incentivo e indemnización por años de servicio. (524 al 8437). (524 al 8437). -Diputado Gahona, Número de proyectos de pavimentación participativa asignados en la localidad de Marquesa de la comuna de Vicuña, precisando los plazos de ejecución y entrega y los montos correspondientes a los aportes de las partes. (575 al 8629). (575 al 8629). -Diputado Gahona, Proyecto de pavimentación participativa Concurso 23 de los sectores Gerónimo Rendic y Villa Marquesa en la localidad del mismo nombre de la comuna de Vicuña, precisando los plazos de ejecución y entrega, los montos correspondientes a los aportes de las partes y la cantidad de beneficiarios. (576 al 8627). (576 al 8627). X. PETICIONES DE OFICIO. ARTÍCULOS 9° Y 9° A DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO NACIONAL. -Diputada Girardi doña Cristina, Posibilidad de disponer una investigación en el Centro de Referencia de Salud Doctor Salvador Allende Gossens de la comuna de Pudahuel con el propósito de verificar las irregularidades que describe y aplicar las sanciones que correspondan. (9390 de 16/06/2015). A Ministerio de Salud. -Diputado Sandoval, Avances, etapa actual y plazos asociados para la ejecución de los proyectos de electrificación rural “Aguas Frescas” y “Pasarela Cifuentes”, aledaños a la localidad de Mañihuales. (9391 de 16/06/2015). A intendenta de Aysén. -Diputado Sandoval, Recursos asignados para la pesca artesanal en zonas contiguas durante los años 2014 y 2015 en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. (9392 de 16/06/2015). A intendenta de Aysén. -Diputado Sandoval, Situación actual de las hijas del señor Félix Gerardo Vásquez Mellado, indicando las acciones legales, administrativas u otras desarrolladas por su servicio en este caso. (9393 de 16/06/2015). A Sename de Aysén. -Diputado Sandoval, Fecha de aplicación del seguro ganadero en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, su cobertura, sistema de operación y si es excluyente para los usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario. (9394 de 16/06/2015). A intendencias. -Diputado Sandoval, Posibilidad de coordinar y arbitrar las medidas que sean necesarias para otorgar mayores flexibilidades a la atención de los adultos mayores, considerando sus horas programadas y la prioridad de las mismas. (9395 de 16/06/2015). A Ministerio de Salud. I. ASISTENCIA -Asistieron los siguientes señores diputados: NOMBRE -Aguiló Melo, Sergio -Álvarez Vera, Jenny -Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo -Andrade Lara, Osvaldo -Auth Stewart, Pepe -Barros Montero, Ramón -Becker Alvear, Germán -Bellolio Avaria, Jaime -Berger Fett, Bernardo -Boric Font, Gabriel -Browne Urrejola, Pedro -Campos Jara, Cristián -Cariola Oliva, Karol -Carmona Soto, Lautaro -Carvajal Ambiado, Loreto -Castro González, Juan Luis -Ceroni Fuentes, Guillermo -Chahin Valenzuela, Fuad -Chávez Velásquez, Marcelo -Cicardini Milla, Daniella -Coloma Álamos, Juan Antonio -Cornejo González, Aldo -De Mussy Hiriart, Felipe -Edwards Silva, José Manuel -Espejo Yaksic, Sergio -Espinosa Monardes, Marcos -Espinoza Sandoval, Fidel -Farcas Guendelman, Daniel -Farías Ponce, Ramón -Fernández Allende, Maya -Flores García, Iván -Fuentes Castillo, Iván -Fuenzalida Figueroa, Gonzalo -Gahona Salazar, Sergio -Godoy Ibáñez, Joaquín -Gutiérrez Gálvez, Hugo -Gutiérrez Pino, Romilio -Hasbún Selume, Gustavo -Hernández Hernández, Javier -Hernando Pérez, Marcela -Hoffmann Opazo, María José -Jackson Drago, Giorgio -Jaramillo Becker, Enrique -Jarpa Wevar, Carlos -Jiménez Fuentes, Tucapel -Kast Rist, José Antonio -Kast Sommerhoff, Felipe -Kort Garriga, Issa -Lavín León, Joaquín -Lemus Aracena, Luis -León Ramírez, Roberto -Letelier Norambuena, Felipe -Macaya Danús, Javier -Melero Abaroa, Patricio -Melo Contreras, Daniel -Meza Moncada, Fernando -Mirosevic Verdugo, Vlado -Monckeberg Bruner, Cristián -Monckeberg Díaz, Nicolás -Monsalve Benavides, Manuel -Morales Muñoz, Celso -Morano Cornejo, Juan Enrique -Nogueira Fernández, Claudia -Norambuena Farías, Iván -Núñez Arancibia, Daniel -Núñez Lozano, Marco Antonio -Núñez Urrutia, Paulina -Ojeda Uribe, Sergio -Ortiz Novoa, José Miguel -Pacheco Rivas, Clemira -Pascal Allende, Denise -Paulsen Kehr, Diego -Pérez Arriagada, José -Pérez Lahsen, Leopoldo -Pilowsky Greene, Jaime -Poblete Zapata, Roberto -Provoste Campillay, Yasna -Rathgeb Schifferli, Jorge -Rincón González, Ricardo -Rivas Sánchez, Gaspar -Robles Pantoja, Alberto -Rocafull López, Luis -Rubilar Barahona, Karla -Sabag Villalobos, Jorge -Sabat Fernández, Marcela -Saffirio Espinoza, René -Saldívar Auger, Raúl -Sandoval Plaza, David -Schilling Rodríguez, Marcelo -Sepúlveda Orbenes, Alejandra -Silber Romo, Gabriel -Silva Méndez, Ernesto -Soto Ferrada, Leonardo -Squella Ovalle, Arturo -Tarud Daccarett, Jorge -Torres Jeldes, Víctor -Trisotti Martínez, Renzo -Tuma Zedán, Joaquín -Turres Figueroa, Marisol -Ulloa Aguillón, Jorge -Urízar Muñoz, Christian -Urrutia Bonilla, Ignacio -Urrutia Soto, Osvaldo -Vallejo Dowling, Camila -Vallespín López, Patricio -Van Rysselberghe Herrera, Enrique -Venegas Cárdenas, Mario -Verdugo Soto, Germán -Walker Prieto, Matías -Ward Edwards, Felipe -Concurrió, además, la ministra de Justicia, señora Javiera Blanco Suárez. -No estuvieron presentes por encontrarse: -Con licencia médica: La diputada señora Cristina Girardi Lavín. -Con impedimento grave: La diputada señora Andrea Molina Oliva, y el diputado señor René Manuel García García.- II. APERTURA DE LA SESIÓN -Se abrió la sesión a las 10.39 horas. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. III. ACTAS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El acta de la sesión 31ª se declara aprobada. El acta de la sesión 32ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. IV. CUENTA La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta. -El señor ROJAS (Prosecretario) da lectura a la Cuenta. AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la solicitud de la Comisión de Deportes y Recreación para celebrar sus sesiones ordinarias en paralelo con la Sala, los jueves, de 10.45 a 12.00 horas, a contar de julio. ¿Habría acuerdo? Acordado. V. ORDEN DEL DÍA ACUERDO ENTRE CHILE Y LA UNIÓN EUROPEA QUE CREA MARCO PARA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA UNIÓN EUROPEA (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 9967-10) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado suscrito entre la República de Chile y la Unión Europea que crea un marco para la participación de nuestro país en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 30 de enero de 2014. Hago presente a la Sala que, de conformidad con los acuerdos adoptados por los Comités el martes 16 de junio, el uso de la palabra se limitará a cuatro discursos de hasta cuatro minutos cada uno. Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Luis Rocafull. Antecedentes: -Mensaje, sesión 8ª de la actual legislatura, en 2 de abril de 2015. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 19ª de la presente legislatura, en 5 de mayo de 2015. Documentos de la Cuenta N° 21. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor ROCAFULL (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, paso a informar sobre el proyecto de acuerdo que aprueba el Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea, que crea un marco para la participación de la República de Chile en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en Bruselas, Bélgica, el 30 de enero de 2014, sometido a la consideración de la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, sin urgencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, Nº 15°, y 54, Nº 1), de la Constitución Política de la República. Según señala el mensaje, la Unión Europea y Chile mantienen una excelente y profunda relación bilateral que se remonta a 1967, año en que se instaló en Santiago la primera delegación de la Comisión Europea en América Latina. Agrega que el acuerdo de Asociación entre la Comunidad Europea, y sus Estados miembros, y la República de Chile, suscrito el 18 de noviembre de 2002, vino a establecer nuevos objetivos e intenciones de las partes, que incorporaron otros aspectos políticos, económicos, financieros y de cooperación en una amplia gama de materias, con objetivos y mecanismos para asegurar el cumplimiento de los compromisos. En ese marco, añade el mensaje, nuestro país actualmente participa con un contingente del Ejército en la Fuerza Europea (Eufor), como parte de la denominada Operación Althea, en Bosnia y Herzegovina. La Eufor es la sucesora legal de la Fuerza de Estabilización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que operó hasta 2005, fecha en que traspasó su responsabilidad a la Unión Europea, organismo que la mantiene hasta la fecha. En este contexto, agrega el mensaje, teniendo presente la experiencia de nuestro país como participante en múltiples operaciones de paz y la densidad de los instrumentos bilaterales que califican a Chile como un importante socio de la Unión Europea, esta propuso la firma del acuerdo marco que se somete a consideración de la Sala, para la participación de Chile en sus operaciones de gestión de crisis. El acuerdo consta de un preámbulo y de cuatro secciones, compuestas a su vez por artículos, a los que no me referiré en aras del tiempo y por encontrarse ellos contenidos en el informe que mis colegas tienen en su poder. En el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Álvaro Arévalo Cunich, director (S) de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y del señor Julio Bravo Yubini, encargado de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana de dicha secretaría de Estado, quienes refrendaron los fundamentos expuestos en el mensaje que acompaña este proyecto de acuerdo, y efectuaron una reseña acotada de sus contenidos. En síntesis, manifestaron que el presente acuerdo reconoce la importancia de la paz mundial para el desarrollo de los Estados y la obligación de todos los países de cooperar en su logro y mantención. Agregaron que la celebración de este acuerdo se entiende sin perjuicio de la autonomía de la decisión de la Unión Europea y del deseo o capacidad de la República de Chile de decidir, caso a caso, si desea participar en una operación de gestión de crisis de la Unión Europea. Asimismo, destacaron que el presente acuerdo no obliga al pago de contribuciones financieras de ninguna especie, por cuanto este instrumento solo consiste en un acuerdo marco que habilitaría a Chile para participar y contribuir en las operaciones de gestión de crisis, solo si así lo decide nuestro país, caso a caso, en virtud de una invitación de la Unión Europea. Por su parte, las señoras y los señores diputados presentes, quienes expresaron su decisión favorable a la aprobación de este proyecto de acuerdo, manifestaron su concordancia con los objetivos del mismo, puesto que él considera el especial interés de la Unión Europea de mantener la paz dentro de su área de influencia, en particular mediante la organización y el apoyo de operaciones de gestión de crisis. Por ello, y sin mayor debate, por 6 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, prestaron su aprobación al proyecto de acuerdo la señora Andrea Molina y los señores Carlos Abel Jarpa, Celso Morales, Luis Rocafull, Jorge Sabag y Jorge Tarud. Por último, me permito hacer presente a la Sala que la comisión no calificó como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado ningún precepto contenido en el proyecto de acuerdo en informe. Asimismo, determinó que sus disposiciones no deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda, pues no tienen incidencia en materia presupuestaria o financiera del Estado, de acuerdo con el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto de acuerdo. Tiene la palabra el diputado Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente, valoro el presente acuerdo entre Chile y la Unión Europea, pues constituye una demostración más del prestigio de nuestro país en la comunidad internacional, en particular en la Unión Europea, y de la valoración y profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas, razón por la cual han sido invitadas por los veintiocho países de la Unión Europea a participar en operaciones de paz. Chile es el primer país de Latinoamérica invitado. En consecuencia, de aprobarse el presente acuerdo, sería la primera nación latinoamericana en ratificarlo. El otro país que ha sido invitado es Colombia, pero aún no ha ratificado el acuerdo. La idea es autorizar la participación de tropas chilenas en el marco de las operaciones de pacificación impulsadas por la Unión Europea, en el contexto de un acuerdo formal y permanente. Cabe recalcar que los militares chilenos ya están participando con un contingente del Ejército en la Fuerza Europea (Eufor), como parte de la denominada Operación Althea, cuyo objetivo es lograr el restablecimiento del orden y la paz en Bosnia y Herzegovina. Del mismo modo, es preciso destacar que la Fuerza Europea es la sucesora de la Fuerza de Estabilización de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que operó hasta el 2005, año en que la OTAN traspasó su responsabilidad a la Unión Europea. No hay dudas sobre la labor desarrollada por las fuerzas de paz de las Naciones Unidas y el esfuerzo que ha venido realizando la Unión Europea en el marco de la difícil transición que han vivido los países que pertenecían a la entonces Unión Soviética y la difícil situación económica provocada por los vaivenes de su economía. Basta con señalar que la Unión Europea agrupa a veintiocho de las cuarenta y nueve naciones existentes en el viejo continente, para comprender lo delicado que es participar en los esfuerzos de paz. La invitación extendida a nuestro país es una gran oportunidad para el intercambio y la formación de nuestras Fuerzas Armadas, pues tomarán contacto con las fuerzas armadas más profesionalizadas del mundo. De todos modos, a partir de la experiencia de Haití, es necesario tener claridad respecto del horizonte de esta participación en el tiempo. Siempre se respetará la autonomía del país; es decir, Chile decidirá, caso a caso, si concurrirá a una misión de paz específica. Por lo tanto, mantendrá su autonomía. Quiero reiterar la gran oportunidad que el presente acuerdo constituye para nuestras Fuerzas Armadas, pues, como señalé, podrán avanzar en su profesionalización y capacitación. Desde luego, el acuerdo dará una potente señal: que Chile es un país de paz, que respeta la democracia y la resolución pacífica de los conflictos, y que colaborará, junto con los países de la Unión Europea, en las operaciones de paz a las que sea invitado. Por lo tanto, invito a los parlamentarios a aprobar el proyecto de acuerdo, pues significará un gran prestigio para nuestro país. Por último, cabe destacar que los costos que conlleven las operaciones serán asumidos por nuestro país, pero en ningún caso nos van a afectar, pues el beneficio será muy superior a los eventuales gastos en que podríamos incurrir. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Señor Presidente, el informe entregado a la Sala por el diputado Rocafull y la intervención del diputado Sabag no hacen sino corroborar el extraordinario nivel y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas de Chile, cualidades que hoy las hacen merecedoras de este tipo de invitaciones. El hecho de que sean invitadas a participar en eventuales operaciones vinculadas con el manejo o la gestión de crisis posibilita que nuestras Fuerzas Armadas mantengan un gran nivel, no solo de excelencia profesional, sino también de alistamiento, en atención a que hoy las denominadas “guerras” no son tales, sino que, en la práctica, son crisis que van escalando y que, incluso, nunca son declaradas como guerras. Sin embargo, muchas veces dichas crisis pueden terminar -como de hecho ha ocurrido- en enfrentamientos, lo que hace suponer que es necesario conocer cuáles son los parámetros en el mundo a través de los cuales las crisis pueden llegar a escalar y, eventualmente, a desatar conflictos. Por ello, el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores hace que nos sintamos muy satisfechos. Por ello, anuncio que vamos a aprobar el proyecto de acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de acuerdo en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación el proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo entre la República de Chile y la Unión Europea, que crea un marco para la participación de nuestro país en las operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea, suscrito en Bruselas, Bélgica, en enero de 2014. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Boric Font Gabriel; Jackson Drago Giorgio. FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8265-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Ministerio Público. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 37ª de la actual legislatura, en 17 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 11. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Hago presente a la Sala que, de conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios adoptados el miércoles 17 de junio, para la discusión del proyecto se destinarán hasta cinco minutos por bancada. Tiene la palabra el diputado Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, solo quiero anunciar nuestro voto a favor del proyecto. Consideramos que las modificaciones introducidas por el Senado son positivas. Cabe recordar que la presente iniciativa, ingresada a tramitación en el gobierno anterior, crea 577 nuevos cargos en el Ministerio Público: 122 fiscales, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos. Está de más detallar la necesidad y urgencia con que se espera la llegada de las referidas 577 personas, las que, a mi juicio y en virtud del análisis profundo que realizamos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aún no son suficientes. No obstante, se trata de un avance significativo para que, desde el Ministerio Público, se pueda realizar un trabajo importante, en función de lo que la ciudadanía espera de la Fiscalía. Un segundo punto a destacar es el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, el que, más que dedicarse a analizar delitos puntuales o particulares, se enfoca más bien a un estudio del análisis de los patrones delictuales, que en el sistema comparado ha funcionado bastante bien. Por ello, considero positivo que se incorpore en nuestro sistema. Un tercer punto a destacar es el sistema de subrogancia por parte de abogados asistentes, el que, a mi juicio, resulta efectivo y eficiente. En gran medida, una de las trabas de nuestro sistema en el Ministerio Público es la gran cantidad de horas que los fiscales deben destinar a las distintas audiencias, de manera que el hecho de que estos puedan ser subrogados en forma automática e inmediata por parte de los abogados asistentes parece muy razonable, con algunas excepciones, sobre todo en los juicios orales. En términos generales, se trata de un proyecto positivo, aunque un poco retrasado en cuanto a su aprobación. Pero confío en que, así como lo hará la bancada de la UDI, el resto de las bancadas también lo apruebe en tercer trámite constitucional, con el propósito de que se convierta pronto en ley de la república. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías Walker. El señor WALKER.- Señor Presidente, primero, quiero saludar a la señora ministra de Justicia, que nos acompaña y que ha sido gran impulsora del proyecto; a la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público de Chile, cuyos representantes nos acompañan en las tribunas, que también han sido grandes promotores de la iniciativa. Como Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ratifico que el proyecto efectivamente nació durante el gobierno del Presidente Piñera, pero fue perfeccionado durante la actual administración de la Presidenta Bachelet. Recordemos que fue enviado al Senado con algunas señales que quisimos mostrar, en el sentido de que contemplara no solamente el aumento de fiscales, sino también, tal como lo conversamos con los diputados Ricardo Rincón y José Miguel Ortiz, el aumento de sus funcionarios. Por eso, la dotación se aumenta en 577 cargos. No solo hay un incremento de 122 fiscales, sino también 203 profesionales, 82 técnicos y 170 funcionarios administrativos. Además, a propuesta de la Asociación Nacional de Fiscales, se incluyó todo un sistema de subrogancia y suplencia, que no estaba en el proyecto original, lo que dio forma a una verdadera carrera funcionaria para evitar el éxodo de fiscales del sistema, como el que se ha producido en los últimos años. Esos fiscales se han formado y han ganado experiencia en el sistema, pero alrededor de doscientos han abandonado el Ministerio Público en los últimos años, lo que conspira contra las políticas de lucha efectiva contra la delincuencia. Se van a cumplir diez años desde que comenzó la reforma procesal penal. Por eso es importante aprobar y despachar el proyecto en esta sesión, para que pronto se transforme en ley de la república. Al inicio de la reforma, cada fiscal tenía que investigar mil causas en promedio; hoy deben investigar entre 2.000 y 4.000 causas, lo que ha derivado en una menor confianza de las víctimas de la delincuencia para efectuar denuncias y perseverar en la persecución penal, en conjunto con el Ministerio Público. ¡Qué duda cabe de que quedan tareas pendientes! Tal como contamos con una Academia Judicial, que hoy se preocupa de la formación de los jueces, ojalá podamos tener una academia de fiscales que pueda fortalecer la carrera, así como los umbrales de perfeccionamiento y las expectativas de los fiscales, a fin de que continúen en el sistema y asciendan de grado. Por lo tanto, con mucha alegría, anuncio que vamos a aprobar, en su tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, para ponerle un poco de contexto al tema, quiero señalar que, hace varios años, el Estado de Chile le encomendó al Banco Interamericano de Desarrollo un estudio para establecer las necesidades del Ministerio Público para ajustarse a la realidad de la delincuencia en Chile, porque en el diseño original había determinados presupuestos que fueron, como lo dijo el diputado Matías Walker, completamente pulverizados por la realidad. En determinadas fiscalías, en las que se concentran los delitos, llegaron a abordar el cuádruple de los casos presupuestados. Ese estudio del BID concluyó en la necesidad de incorporar 196 fiscales adicionales, 298 profesionales, 259 técnicos, 157 administrativos y 9 auxiliares, que daba un total de 919 funcionarios. El gobierno del Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que se limitaba a cubrir parcialmente -pero a cubrir, al fin y al cabo- la falta de fiscales, sin pronunciarse respecto de la carrera funcionaria del resto del personal del Ministerio Público, que es el peor remunerado. Eso habría introducido una tensión en el sistema de gestión del Ministerio Público, lo que es completamente inaceptable. Por eso, muchos parlamentarios nos opusimos a que se tramitara ese proyecto si no se incluía una respuesta al conjunto del Ministerio Público. Ahora estamos frente a un proyecto -no solo por acción del Senado, sino también porque hubo un cambio de gobierno y de enfoque- que, como lo dijo el diputado Arturo Squella, entrega una solución integral insuficiente, porque considera un aumento de solo 577 funcionarios. El estudio del BID se hizo hace varios años, de manera que, si se repitiera, probablemente constataríamos que las necesidades ahora son mayores. En todo caso, lo más relevante es que se establecen las bases de una carrera funcionaria para el conjunto del Ministerio Público. Además, se resuelve una demanda muy sentida por los fiscales, relativa a la subrogancia, ya que, por ejemplo, las fiscales que se embarazaban -en su derecho están- tenían que suspender la tramitación de sus recursos, porque hasta hoy no estaba considerada la subrogancia. Ahora los casos serán trasladados a otros fiscales, para desbordar el trabajo, porque se establece un razonable sistema de subrogancia. Obviamente, el proyecto contará con los votos favorables de la bancada del PPD, porque constituye un avance muy significativo y una respuesta integral a las necesidades del Ministerio Público en un momento en que, por lo menos en mi opinión, se debe cuidar el prestigio y la valoración social de esa institución, a fin de que sus decisiones sean saludadas por toda la ciudadanía. Por lo tanto, espero que apoyemos unánimemente el proyecto -se lo pido especialmente a algunos que, de manera subrepticia, han pretendido dar una señal al Ministerio Público-; anhelo que la señal que entregue la Cámara al Ministerio Público sea de respaldo pleno a su autonomía, al fortalecimiento de su funcionamiento y al respeto a sus decisiones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo Rincón. El señor RINCÓN.- Señor Presidente, obviamente, concurriremos con nuestro voto favorable a este proyecto de ley. En mi intervención quiero hacer un especial reconocimiento al Ministerio Público en su conjunto y, muy especialmente, a los fiscales; a las asociaciones de fiscales, de abogados, de funcionarios administrativos, de todo el personal en general, que en su función de representación van más allá de lo que les corresponde, pues tratan de fortalecer una institución que es vital para el país, que tiene una sobrecarga de trabajo que superó con creces lo que era aceptable en su trabajo cotidiano y que requiere un reforzamiento en toda la línea. Este proyecto se hace cargo de las deficiencias, aunque no en la dimensión que quisiéramos; en todo caso, es un paso inicial sustantivo. Señor Presidente, por su intermedio quiero agradecer a la ministra Javiera Blanco, que ha participado activamente y ha dedicado horas de esfuerzo para sacar adelante este proyecto de ley. Los colegas que han intervenido anteriormente han anticipado las bondades del mismo, como el aumento de dotación de personal en 577 cargos, la creación de un Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, la solución a los problemas de subrogancia y suplencia, los concursos internos de los funcionarios y otros tantos temas que el proyecto concreta con la indicación sustitutiva presentada por la señora ministra. Por cierto, anticipo mi preocupación por que la futura reforma a la justicia militar no implique una sobrecarga para nuestros fiscales, porque podríamos perder todo lo que hemos avanzado con este proyecto que hoy esperamos despachar. Por eso, en una mirada de largo plazo, creo que es fundamental instalar prontamente una mesa de trabajo, apenas esta nueva ley en proyecto sea promulgada y publicada, para tener una visión de robustecimiento institucional permanente de una institución que es clave para la república, como es el Ministerio Público, que es fruto de esta democracia que hemos construido entre todos y que por voluntad de sus políticos, de manera transversal, ha dado a luz una institución que ha permitido tener persecutores penales de excelencia, sostenedores de la acción penal competentes, independientemente de quién decide, quién sanciona o quién sentencia, que es el principal avance para una mejor justicia penal, no solo en términos persecutorios, sino también de garantías penales. No puedo dejar de reconocer la labor de un permanente articulador y preocupado parlamentario de estos temas en la Comisión de Hacienda, el diputado José Miguel Ortiz, quien en forma permanente ha instado a nuestra bancada para que esto sea realidad y reforcemos a una institución que beneficia al país. Por eso, agradezco públicamente a toda mi bancada, especialmente al diputado Matías Walker, al colega y camarada José Miguel Ortiz, que junto al diputado Pablo Lorenzini han bregado por los recursos necesarios en la Comisión de Hacienda; a todos los parlamentarios que, de manera transversal, han contribuido a este proyecto de ley y, por cierto, aunque sea reiterativo, a la ministra Javiera Blanco y a su antecesor en el cargo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, con mucho gusto, anuncio mi voto favorable y el de mi bancada a este proyecto de ley tan esperado, tan largamente tramitado y tan necesario, no solo para el mejor funcionamiento de la administración de justicia en nuestro país, sino también para preservar, dar cierta continuidad y ofrecer una carrera funcionaria a los fiscales en el Ministerio Público. Llevamos unos cuantos años de aplicación de la reforma procesal penal, la que, sin duda, le ha dado agilidad a los procesos penales, ha generado un mayor número de sentencias y ha podido hacer valer los derechos de quienes son imputados por un delito y, en definitiva, son absueltos o condenados. Sabemos que en el sistema anterior las causas estaban estancadas por muchísimo tiempo a causa de un sistema que estaba absolutamente obsoleto. No obstante, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no solo había un aumento de las denuncias, sino también que efectivamente se ha producido un aumento de la delincuencia -lo digo con bastante pesar-, lo que para los fiscales ha significado una carga mucho mayor que la que se pensó originalmente cuando se evaluaron los números y se estimó qué necesitaba nuestro país para satisfacer la demanda de justicia en materia penal. Durante muchos años, el Ministerio Público, la asociación de fiscales y el fiscal nacional solicitaron a los distintos gobiernos que tomaran en consideración las necesidades de cambio que existían en esa institución. Por ejemplo, había mucha injusticia respecto de las fiscales, que habían sido contratadas básicamente en los cargos con menor nivel de remuneración, en los grados más bajos y con nula carrera funcionaria, porque el sistema diseñado no lo permitía. En términos generales, este proyecto soluciona en parte esos problemas, pues aumenta el número de fiscales, para reducir un poco la tremenda carga que tienen algunos de ellos; asimismo, permite la subrogación como corresponde en un servicio de esta naturaleza, porque los abogados asistentes podrán subrogar a los fiscales y, después de una cierta cantidad de días, podrán percibir la remuneración de los fiscales. Si la subrogación se prolonga en el tiempo, el fiscal regional va a poder contratar a un abogado para que cumpla la función de abogado asistente y la fiscalía pueda seguir funcionando como debe. No quiero ahondar en el tema, pero me interesa hacer presente nuestra disconformidad. No es lo que a todos nos hubiera gustado aprobar, pues queríamos que el aumento en el número de fiscales fuera mayor, porque es una necesidad indudable. Nos alegramos de que, por fin, tras una tramitación demasiado prolongada en el Senado, este proyecto pueda ver la luz en la Cámara de Diputados, para que podamos contar con un servicio que se vaya modernizando y dé garantías para que los buenos profesionales permanezcan en la institución y no se trasladen al mundo privado, como hemos tenido que lamentar en muchísimas ocasiones. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la ministra de Justicia. La señora BLANCO, doña Javiera (ministra de Justicia).- Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto que, tal como han señalado los diputados que han hecho uso de la palabra, ha sido largamente esperado. Esta iniciativa se remonta a varios años. Tuvo un preámbulo en un estudio encargado por el BID al profesor Alberto Binder, que después fue analizado por la Fundación Paz Ciudadana. Hay muchas instancias académicas que estuvieron presentes en el origen del proyecto, que hoy nos permite enfrentar dos factores que son importantísimos a la hora de hacer eficiente una institución. Por un lado, estamos incorporando lo que hemos llamado las UAC (unidades de análisis criminal), y, por otro, estamos analizando y mejorando todo lo que dice relación con la carrera funcionaria. Lo señalo, porque muchas veces se cae en la tentación de querer mejorar y modernizar las instituciones sin preguntarse cómo los funcionarios se proyectan en la misma institución. Hoy no solo estamos mejorando grados en relación con los funcionarios, sino que, por primera vez -es algo inédito y muy positivo-, estamos generando una carrera para los funcionarios. También estamos regulando lo relativo a las suplencias y las subrogancias, aspectos que no estaban previstos ni regulados y que generaban vacíos que se traducían, básicamente, en que las causas tenían que esperar tiempos no menores cuando se producía algún tipo de ausencia del fiscal. Hoy ya sabemos que, hasta los catorce días, el abogado asistente podrá hacerse cargo de la respectiva causa. Pasado ese plazo, la función implicará hacerse cargo de la causa, con la correspondiente remuneración que le corresponde al fiscal que está impedido de ejercer sus funciones. Desde el día 30, se puede hablar de una verdadera subrogancia, la cual no podrá extenderse más allá de seis meses. En términos de mejoras institucionales -estamos echando mano a muchos temas que tienen que ver con clima-, hemos incorporado variables que, a nivel internacional, son de punta, como las unidades de análisis criminal, que ya mencioné. Muchas veces, la gente manifiesta que queda con gusto a poco -probablemente le ha pasado a muchos de ustedes- cuando se investigan causas sin mayores antecedentes que aportar, como, por ejemplo, en el caso de robo de accesorios de vehículos. Seguramente, un hecho puntual no va a arrojar mucha información respecto de la persona, las horas de ocurrencia, etcétera, porque el dueño del vehículo lo dejó estacionado, se retiró y no puede aportar más antecedentes. A partir de la información que proporcione una persona que sufre un robo de esa naturaleza, es muy difícil que un fiscal pueda dar con un imputado que, a esas alturas, es totalmente desconocido y respecto del cual no se tienen mayores antecedentes, porque solo se sabe que se robaron, por ejemplo, dos espejos retrovisores de un vehículo de tal o cual marca, entre determinadas horas. El análisis de la información acumulada sobre denuncias que puedan ocurrir en ese mismo sector, de vehículos semejantes y en horarios distintos es muy difícil de hacer en las fiscalías en la actualidad, básicamente porque los fiscales generan la investigación de cada una de las causas por separado. Las unidades de análisis criminal acopian la información y establecen patrones. Por ejemplo, en el caso mencionado, se sabe que en ese sector roban ciertos modelos de vehículos los lunes, miércoles y viernes, a determinadas horas. A partir de esa información -no necesariamente va a ser analizada por abogados, ya que las unidades de análisis criminal están conformadas por profesionales multidisciplinarios-, se podrán establecer patrones con información suficiente que pueda dar lugar a una investigación y a una persecución. Para eso son los focos investigativos. Por lo tanto, la importancia de un proyecto como este radica en que nos estamos haciendo cargo de algo muy sentido para la gente. El martes 16, la reforma procesal penal cumplió diez años en todo el país. Recordarán que esta partió en 2000, en las regiones Cuarta y Novena. Hicimos una apuesta, que resultó exitosa, en cuanto a la especialización de actores, a la implementación de la oralidad y a la sofisticación de la persecución. Hoy podemos dar cuenta de que, de casi 1.400.000 causas que ingresan cada año, hay un alto porcentaje de término y la duración promedio de estas ha disminuido de dos años a menos de dos o cuatro meses, dependiendo de si las salidas son judiciales o no. No obstante, aún queda un desafío. A diez años de su puesta en marcha, se puede decir que se han logrado muchísimas cosas. Sin embargo, el desafío más grande tiene que ver con las causas menos complejas; no con las más complejas. Actualmente, el sistema da respuestas buenas y de calidad a crímenes complejos, como homicidios y violaciones, pero no en relación con la infinidad de delitos más frecuentes, como hurtos o robos menores, no necesariamente violentos, en que la información del caso a caso no es suficiente. Dado este escenario, la creación de las unidades de análisis criminal es muy relevante, porque el desafío que nos queda por delante, relacionado con las causas menos complejas y con imputados desconocidos, es que sean abordadas a través de las unidades de análisis criminal que creará esta norma. Por lo tanto, del 55 por ciento de causas con imputados conocidos, la mayor parte termina en sentencia condenatoria; sin embargo, del 45 por ciento de causas con imputados desconocidos, la mayor parte termina en el archivo provisional. Seguramente, de esos archivos podremos sacar información que nos permita perseguir determinadas bandas o dar con determinados patrones que conviertan esos porcentajes de archivo en causas que terminen con responsables y con salidas de calidad o judiciales. En ese sentido, este proyecto es integral. Por una parte, da respuesta a algo muy sentido por los funcionarios del Ministerio Público en relación con los temas que ya mencioné: carrera funcionaria, mejoras en grado, regulación de suplencias y subrogancia, y, por otra, da respuesta a algo muy sentido por la ciudadanía, que tiene relación con las causas más comunes, que muchas veces no tienen responsables identificados, pero que, a partir de la incorporación de las unidades de análisis criminal, se podrá revertir, en términos de dar respuesta a las personas, para que sientan que el sistema está respondiendo, como sucede con la gran cantidad de causas complejas que existen. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, primero, saludo a la ministra de Justicia. Este proyecto fortalece el Ministerio Público y ayuda a la aplicación de tres principios básicos del derecho: el debido proceso, un juicio justo y la igualdad ante la ley. Al revisar las cifras, especialmente de la Región de La Araucanía, constatamos que, en 2014, el total de robos no violentos superó los 14.900 casos, pero solo 870 tuvieron sentencias condenatorias, esto es, el 6 por ciento. En consecuencia, el 94 por ciento no llegó a resultados. En el caso de hurtos, ocurrieron 9.408 delitos, pero solo 7 por ciento tuvo sentencia condenatoria. El proyecto aumenta en 577 cargos la dotación del Ministerio Público. De ellos, 122 corresponden a fiscales, 203 a profesionales, 82 a técnicos y 170 a administrativos. Los referidos cargos se distribuirán entre las distintas regiones. Específicamente a la Región de La Araucanía, a la que pertenece el distrito que represento, le corresponden seis nuevos cargos de fiscales, diez de profesionales, nueve de técnicos y solo seis de administrativos. Dotar a esta región de 31 nuevos cargos implica un incremento de su dotación actual de 14,4 por ciento. Asimismo, es necesario tener presente que las funciones de ese personal se verán reforzadas por las nuevas atribuciones que se entregan a los abogados asistentes de fiscales, quienes desarrollarán muchas de las tareas que cumplen los fiscales adjuntos. En efecto, el nuevo inciso tercero que el proyecto incorpora en el artículo 2° de la ley orgánica constitucional del Ministerio Público dispone que este organismo “también podrá realizar sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, a través de los abogados asistentes de fiscal, con excepción de la comparecencia a las audiencias del juicio oral.”. Los mencionados abogados quedarán sujetos en dichas actuaciones a las normas de inhabilidad y de responsabilidad que se aplican a los fiscales adjuntos. De esta manera, la Región de La Araucanía no solo verá incrementado el número de fiscales adjuntos y de profesionales ya mencionados, sino que, además, contará con la presencia de los abogados asistentes de los fiscales en todas las actuaciones procesales que se pueden realizar ante los jueces de garantía, por ejemplo, formalizar imputados, solicitar respecto de ellos medidas cautelares, como la prisión preventiva, y acusarlos. De esa manera, se reforzará el personal de la fiscalía dedicado a la persecución criminal. Esta es una gran noticia para la Región de La Araucanía, pues en ella se desarrolla uno de los principales conflictos sociales del país, que se ha traducido en más de trescientos hechos de violencia rural, en casos de personas quemadas en su propio hogar y en más de doscientos incidentes en los que se les ha disparado a personas. Considero importantísima la dotación que se crea en virtud del proyecto. Espero que con ella también se refuerce a la Fiscalía de Alta Complejidad que se creó en la Región de La Araucanía en 2014, toda vez que muchos fiscales de las comunas de mayor conflicto fueron removidos en ese entonces para generar dicha fiscalía, la que no tenía un cuerpo concreto. Ojalá que con esta iniciativa se vea reforzada su labor, ya que la violencia y la delincuencia que aquejan a la Región de La Araucanía no dan para más. Espero que la nueva dotación contribuya a que se ponga mano dura a los criminales y a los violentistas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, vamos a apoyar este proyecto porque da respuesta a una demanda formulada desde hace bastante tiempo por los funcionarios del Ministerio Público. Como han manifestado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es importante que se aumente la dotación del Ministerio Público. Como dijo la ministra de Justicia, la idea es que los fiscales tengan un horizonte en relación con la carrera que quieran desarrollar dentro del Ministerio Público. No puedo dejar pasar la oportunidad de señalar que los problemas van a persistir para la ciudadanía, particularmente en el distrito que represento, más allá de lo que se logre con este proyecto que fortalece el Ministerio Público. La cantidad de causas acumuladas en determinadas fiscalías del país supera con creces las posibilidades humanas que tienen no solo el fiscal jefe, sino también los fiscales asistentes y los funcionarios que trabajan en las fiscalías. Ello genera el reclamo de la ciudadanía de que falta justicia en los casos de delitos comunes y de mayor connotación social. Todas las encuestas de opinión indican que la ciudadanía coloca la seguridad ciudadana en el primer lugar, incluso por sobre temas tan sensibles como la salud, la vivienda, el empleo, la educación, etcétera. Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar a la ministra de Justicia si este proyecto que fortalece el Ministerio Público viene asociado a una futura revisión de nuestro sistema procesal penal. La mayoría de las críticas que hace la comunidad dice relación con que no entiende el sistema o con que este tiene falencias o está agotado. Por ejemplo, nadie entiende lo relativo a la flagrancia, que es una situación que tiene atados de manos tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, ya que el tiempo que debe transcurrir entre la comisión del delito y el inicio de las pesquisas es muy corto. En muchos casos se podría haber mantenido detenidas a personas que abierta y flagrantemente han cometido un delito; sin embargo, por un tema de horas y, a veces, de minutos, es decir, por consideraciones de carácter procesal, los jueces de garantía dejan libres a esas personas. Espero que el fortalecimiento del Ministerio Público no solo venga acompañado del mejoramiento de las remuneraciones, del aumento de la dotación para aliviar la carga de los fiscales del país y de una carrera funcionaria adecuada, sino también de un fortalecimiento de la labor investigativa de las policías, de modo que el trabajo de persecución de la delincuencia sea efectivo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, por su intermedio, agradezco a la ministra de Justicia la exposición que acaba de hacer. Concuerdo con ella. Sin duda, muchos de nosotros hemos recibido a fiscales y a funcionarios relacionados con la parte administrativa del Ministerio Público, en distintas reuniones -uno podría calificarlas como lobby y, por lo tanto, incluirlas en nuestras declaraciones sobre el particular- en las que nos han señalado las complicaciones que tienen cada día para ejercer sus funciones. Hay un tremendo colapso del sistema. Por ello, la idea del proyecto es simplificar, disminuir o eliminar las dificultades que enfrentan los funcionarios del Ministerio Público. Esto es vital para la ciudadanía, pues tiene que ver con su calidad de vida cotidiana, la cual pretendemos mejorar a través de instituciones como el Ministerio Público. Sin embargo, me preocupa el análisis de los distintos hechos delictivos. Hay un caso dramático para nosotros y también para el Sernam, ocurrido en el distrito N° 34, específicamente en San Fernando, cual es el de la violación de Gabriela Marín. Se trata de un caso que todavía no ha podido ser resuelto y que dio origen, incluso, a la remoción de fiscales en la Sexta Región. Ello demuestra que todavía existen complicaciones gravísimas para la resolución de casos de delitos de connotación pública. Señor Presidente, por su intermedio, quiero preguntar a la ministra -es un tema que me preocupa- si es posible que como diputados podamos tener a nuestra disposición un análisis sobre las causas que son frecuentemente archivadas, a fin de buscar la manera de que sean derivadas y resueltas de otra forma. Por ejemplo, en su momento despachamos la iniciativa que se convirtió en la ley sobre abigeato, la cual contiene tremendas sanciones; sin embargo, las fiscalías no tienen capacidad para hacer seguimientos y pillar a las bandas que se dedican a ese delito, a fin de someterlas a juicio. ¿Cuántos de los problemas que hoy se producen están relacionados con los vecinos? Para esos casos uno echa de menos que exista un sistema de justicia vecinal. Sería muy importante crearlo. De la misma forma en que lo hemos hecho en materia tributaria y ambiental, podríamos crear un sistema que diga relación con la justicia vecinal. Pero, ¿cómo saber si se justifica, dada esa arista cada vez más frecuente y compleja como es la del hacinamiento en las ciudades y los conflictos en las relaciones entre familias y vecinos, la creación de un sistema de justicia vecinal? Es una propuesta que podría estudiarse en las futuras Unidades de Análisis Criminal, entendiendo que puede haber aristas que deben considerarse dentro de ese proceso. Después de diez años, sin duda debíamos hacer una reflexión y buscar una fórmula para que la ciudadanía no se sienta desprotegida. La sensación que hoy tiene es que no hay justicia, que todo se archiva, que no es escuchada y que los fiscales no dan abasto. La gente se pregunta para qué denunciar si no ocurrirá absolutamente nada. Por eso, espero que con el proyecto que estamos discutiendo y, además, con un análisis de derivación, se puedan buscar otras alternativas para el análisis del delito. Hay estudios y análisis muy relevantes que se han hecho en regiones -para ellos se han ocupado fondos regionales-, pero respecto de cuyas conclusiones no se toma ninguna decisión, en circunstancias de que son muy interesantes para saber quiénes son los delincuentes, a qué familia y estrato social pertenecen, si están siendo educados y si tienen deserción escolar. La idea es que no solo se analice el delito, sino también la condición socioeconómica del delincuente, de modo de buscar cómo revertir su situación. Ayer, con varios diputados reflexionábamos en torno a la cantidad de delincuentes cuyas edades fluctúan entre los 15 y los 18 años de edad. También reflexionamos sobre la protección de la infancia con Estela Ortiz, con quien tratamos de abordar estas materias con una mirada distinta. Me alegro de lo que propone el proyecto. No obstante, me gustaría que contáramos con un análisis más en profundidad sobre las causales de la delincuencia, y que se creen instancias de derivación, de modo de responder a la ciudadanía, que tiene una sensación de desprotección. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, por su intermedio, saludo a la ministra de Justicia y a los representantes del directorio de la Asociación de Fiscales que nos acompañan en las tribunas. Lo primero que debo decir es: ¡Enhorabuena! ¡Por Dios que nos ha costado tramitar este proyecto de ley! Al contrario de lo que ocurre con otros proyectos de ley que establecen mejoras para funcionarios públicos, nos costó mucho sacar adelante la tramitación de esta iniciativa, que dispone mejoras para los fiscales. Habría que preguntarse por qué nuestros discursos, que habitualmente tratan sobre la seguridad ciudadana y sobre cómo disminuir la delincuencia, no mencionan la necesidad de sacar adelante un proyecto que fortalezca el Ministerio Público. La primera pregunta que deberíamos responder es por qué nos demoramos tanto en hacer algo obvio. Así que ¡enhorabuena, señora ministra! Agradecemos el impulso que imprimió al proyecto. Este año se cumplen diez años de vigencia del acuerdo transversal logrado para crear y mantener una justicia penal a la altura de los ciudadanos. Así surgió el Ministerio Público, como una institución que debió hacerse cargo de la función investigativa, de formalizar, de acusar a los imputados y de sostener la acusación mediante la presentación de la prueba ante los nuevos tribunales que se crearon, procurando la protección a las víctimas. Si se revisan los datos, es posible comprobar que este sistema ha sido exitoso, más allá de la sensación de inseguridad de la población. Si uno lo compara con el sistema anterior, comprobará que ha sido exitoso. El mejor ejemplo han sido los encausamientos por pedofilia y las respectivas condenas en que han concluido. En lo que va de estos diez años de aplicación de la reforma procesal penal, han terminado en condena muchos más casos de pedofilia que en los cien años anteriores a ella. Y no se trata de que la pedofilia sea un fenómeno que haya comenzado en la actualidad, sino de que el Ministerio Público ha emprendido acciones destinadas a aplicar justicia y a sancionar esos crímenes. ¿Nos queda por avanzar? Sin duda. No obstante, muchas de las críticas que hemos hecho en representación de los ciudadanos se relacionan, por ejemplo, con la carga de trabajo que tienen los fiscales -no debería ser superior a las mil causas-, la cual ha sido superada con creces. Esa es la realidad. En estos últimos diez años de vigencia, el Ministerio Público ha debido enfrentar tres problemas sustanciales, que no se habían podido solucionar hasta hoy. El primero, la evidente falta de dotación de fiscales y de personal de apoyo. Insisto, el sistema fue pensado para que a un fiscal no se le asignaran más mil causas. Pero no es la realidad. Por eso, muchos vecinos se quejan de que no tienen acceso al fiscal, de que no tienen justicia oportuna, de que no obtienen respuestas. El segundo, la imposibilidad de reemplazar a los fiscales con licencia médica. Es de Perogrullo que si un trabajador está con licencia médica, debe existir la posibilidad de que sea reemplazado. Las fiscales que estaban con licencia prenatal o posnatal tampoco podían ser reemplazadas; incluso, tampoco podían serlo si se ausentaban temporalmente de sus funciones. Es increíble, pero cierto. El tercero, la fuga de experiencia. No es fácil generar experiencia en un fiscal, de modo que contribuya a que las causas terminen en condena y, de esa forma, se proteja a las víctimas. ¿Qué ocurre? Que luego de que adquiría experiencia invaluable, el fiscal migraba hacia el ámbito privado, motivado por mejoras remuneracionales y por sentir que podía avanzar en su carrera, que es a lo que aspira todo ciudadano profesional. Hasta la fecha, han renunciado a su cargo alrededor de doscientos fiscales, con el consabido daño al sistema. Con todo, esos tres problemas tienen solución mediante el proyecto que tratamos. ¡Enhorabuena! Es importante hacer presente que hay regiones que cuentan con un solo fiscal; por ejemplo, la de O’Higgins, para atender 2.429 causas; la de Antofagasta, para atender 2.419 causas; la de Arica y Parinacota, para atender 2.079 causas. Y hay solo un fiscal jefe para llevar las causas de las comunas de Lo Prado, de Cerro Navia, de Renca, de Quilicura, de Conchalí y de Huechuraba. Obviamente, esta situación va a mejorar con el proyecto de ley en tramitación, y lo agradecemos. No obstante, hago presente que en el caso de la fiscalía de la Región de O’Higgins, que, como dije, tramita un total de 2.429 causas, con la iniciativa deberá asumir 1.914 causas. Es cierto que mejora la situación de esa fiscalía, pero no es lo que esperamos ni se parece a lo que propusimos hace diez años. Por consiguiente, después no digamos que con el aumento de la dotación y con los demás cambios que hicimos en virtud de esta iniciativa, que son muy bienvenidos, los fiscales quedarán en la mejor de las condiciones, porque no es la verdad. En tal situación habrá que poner ojo, porque nuestra respuesta a la exigencia ciudadana, que representamos en el Congreso Nacional, deberá correr aparejada con la acción del Ejecutivo para reforzar la labor del Ministerio Público. Por último, cabe destacar que ya llevamos seis años de tramitación del proyecto, con sus “dimes y diretes”, durante los cuales hubo personas que trabajaron muchísimo. Por ello, no puedo finalizar mi exposición sin agradecer a las asociaciones gremiales del Ministerio Público y a sus presidentes. En particular, agradezco a Marcelo Leiva, que en su momento fue presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, con quien me tocó trabajar directamente en estas materias. Expreso a todos ellos mi reconocimiento por acompañar la larga, pero exitosa tramitación de esta iniciativa que fortalece el Ministerio Público. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, enhorabuena estamos tratando las modificaciones del Senado a este proyecto, del cual tanto se ha hablado y por el que tanto hemos trabajado, como dijo la diputada Rubilar, para hacer frente a la delincuencia. Cuando uno se detiene a ver de qué proyecto se trata, cuesta entender por qué su tramitación ha demorado tanto y por qué estuvo paralizada durante el primer año y medio del gobierno de la Presidenta Bachelet. Cuesta entenderlo, pues estamos ante una iniciativa esencial no solo para mejorar la condición de los fiscales, sino también para dar una protección clara y precisa a la ciudadanía en materia de justicia, no como ocurre hoy, en que existe un ambiente de desconfianza muy potente hacia las instituciones. Ojalá que junto con este proyecto, que, como dije, mejora las condiciones de los fiscales, avancemos en reducir en forma importante en número de causas que finalmente son archivadas de oficio. Espero que a futuro, cuando se contabilicen las causas terminadas, no se consideren como tales las que fueron archivadas. Hoy, lamentablemente, la ciudadanía no denuncia hechos constitutivos de delito porque cree que la causa será archivada en poco tiempo. Reitero, cuesta entender por qué este proyecto no fue incluido por el gobierno de la Presidenta Bachelet entre aquellos que iban a ser promulgados antes del 21 de Mayo. Lo estamos discutiendo un mes después. Lamento ese hecho. Ojalá esta iniciativa no solo incluya el mejoramiento de la planta de los fiscales, sino también una forma distinta de evaluación de los mismos. La gente debe tener la tranquilidad de que cuando haga una denuncia, existirá la posibilidad cierta y razonable de que la causa no terminará archivada al poco tiempo. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, qué bueno discutir de nuevo este proyecto en la Cámara de Diputados, respecto del cual desde ya anuncio nuestro voto favorable. Esta iniciativa fue presentada en el gobierno anterior; de hecho, recuerdo que me tocó participar en su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Tras una larga tramitación en el Senado, el proyecto que hoy se nos ofrece es muy distinto del que discutimos y despachamos en la Cámara de Diputados. En todo caso, debo reconocer que el original no era mejor que el actual. El eje central del proyecto original apuntaba a crear una fiscalía especial de investigaciones de alta complejidad y asignaba una serie de recursos muy importantes a esa nueva organización dentro del Ministerio Público; pero no satisfacía lo que los parlamentarios y la gente reclamaban de la fiscalía. Es evidente que la fiscalía tiene una carga de trabajo gigantesca, y dentro de ella no son prioritarios los delitos de alta complejidad. Eso no quiere decir que dejen de ser importantes. Hoy nos encontramos con un proyecto que hace una distribución y una asignación de nuevos cargos que efectivamente apuntan a lo que realmente se requiere: contar con una dotación que permita abordar de buena manera la gran cantidad de investigaciones que debe llevar adelante la fiscalía, cuya carga de trabajo es gigantesca. En ese sentido, vaya mi reconocimiento a los fiscales -también a la Asociación Nacional de Fiscales, cuyos dirigentes nos acompañan esta mañana en las tribunas- por el esmero con que tratan de sacar adelante dicha carga de trabajo. El proyecto se hace cargo de una situación que se empezó a esbozar en la discusión realizada en la Cámara de Diputados en el período legislativo anterior, cual es atender con urgencia las prioridades de la ciudadanía. Cada uno de nosotros recoge las inquietudes de los vecinos en las diferentes reuniones que sostenemos en nuestros distritos. Para ellos es muy importante la labor de la fiscalía, la cual, lamentablemente, no tiene la capacidad suficiente para atender todas las solicitudes de investigación, sobre todo las referidas a los delitos contra la propiedad. También considero positivo que en esta futura ley se establezcan indicadores de evaluación de desempeño y una medición del trabajo que todos los días realiza la fiscalía. La autonomía de la fiscalía -así fue concebida por el Congreso Nacional en su creación- dice relación con el proceso de investigación. Los fiscales deben tener autonomía para llevar a cabo la investigación, esto es, para presentar sus pruebas e iniciar un proceso que lleva adelante el tribunal de garantía en una primera etapa, y después el tribunal oral en lo penal. Sin embargo, es evidente que la autonomía no va de la mano necesariamente con la gestión que debe realizar el Ministerio Público. Es una realidad que ha quedado en evidencia y que se hizo presente en una discusión instalada hace mucho tiempo. La fiscalía es un organismo que recibe recursos públicos y que goza de mucha credibilidad de la ciudadanía. La gente espera mucho de ella, pues el proceso penal depende en gran medida del trabajo que realice esa institución. Por lo tanto, la evaluación de la manera en que se invierten los recursos públicos que año a año se asignan al Ministerio Público debe hacerse en forma pública. Para ello, es importante que existan los referidos indicadores de evaluación. Qué bueno que este proyecto de ley hoy terminará su tramitación en el Congreso Nacional. En muchas oportunidades, su tramitación fue larga y engorrosa. Recordemos que en diversas conferencias de prensa, los fiscales anunciaron presiones debido a que se quitaban las urgencias para el despacho del proyecto. Finalmente, esta iniciativa hoy verá la luz. También me alegro por las nuevas normas que incorpora sobre suplencia o subrogancia de los fiscales. Por lo expuesto, anuncio que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente las modificaciones del Senado a este proyecto de ley. He dicho. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, pido la palabra. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, señor diputado. El señor CHAHIN.- Señor Presidente, anuncio que me voy a inhabilitar en la votación de este proyecto, en virtud de lo establecido en el artículo 5° B de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y en el artículo 147 del Reglamento de la Corporación. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se ha inhabilitado el diputado señor Fuad Chahin para votar este proyecto. Ofrezco la palabra a algún diputado o diputada del Partido Socialista, del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, del Partido Radical Social Demócrata. Ofrezco la palabra. De conformidad con lo acordado por los Comités, los diputados inscritos que no pudieron intervenir en el debate, podrán insertar sus discursos en el boletín de sesiones. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el Ministerio Público, con la salvedad de las enmiendas introducidas en los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13) y 15) del artículo único, y de los artículos primero y segundo transitorios, todo ello según la numeración del Senado, por tratar materias propias de ley orgánica constitucional. En votación -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. Hubo 1 inhabilitación. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se inhabilitó el diputado señor Chahin Valenzuela Fuad. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar las enmiendas introducidas por el Senado a los números 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 13) y 15) del artículo único, y a los artículos primero y segundo transitorios, todo ello según la numeración del Senado, que requieren para su aprobación el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención y 1 inhabilitación. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Urízar Muñoz Christian. -Se inhabilitó el diputado señor Chahin Valenzuela Fuad. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Despachado el proyecto. NORMATIVA SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA (TERCER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 7616-06) [INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA] El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre probidad en la función pública. De conformidad con los acuerdos de los Comités Parlamentarios, adoptados el miércoles 17 de junio, este proyecto se votará sin discusión. Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es la señora Marisol Turres. Antecedentes: -Modificaciones del Senado, sesión 29ª de la actual legislatura, en 2 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13. -Informe de la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 37ª de la presente legislatura, en 17 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 13. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra la diputada informante. La señora TURRES, doña Marisol (de pie).- Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre probidad en la función pública, el cual se originó en mensaje del entonces Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echenique. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de la Corporación, corresponde a vuestra comisión pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendar la aprobación o el rechazo de las enmiendas. El contenido de las enmiendas formuladas por el Senado al texto aprobado por la Cámara de Diputados es el siguiente: 1) Se agregan nuevos sujetos obligados. 2) Se establece la obligación de efectuar una actualización anual de la declaración con prescindencia de si existe o no un hecho relevante. 3) Se hace explícita la protección de datos personales contenidos en la declaración. 4) Se elimina la publicación de declaraciones en sitio web de la Contraloría. Sin perjuicio de ello, se establece que el reglamento regulará la forma de remitir las declaraciones a la Contraloría General de la República y al Consejo para la Transparencia, para asegurar su acceso en portales de acceso público. 5) Se modifica la remisión al Reglamento. 6) Respecto de la forma de la declaración, se dispone su realización mediante formulario electrónico en los casos en que se encuentre disponible y, en su defecto, por medio de declaraciones en papel, debidamente autentificadas por el ministro de fe respectivo o notario. 7) Se perfeccionan normas sobre transparencia activa de las declaraciones. Ellas deben están disponibles en el sitio electrónico de la institución respectiva, mientras el declarante se desempeñe en el cargo y hasta seis meses después del cese de sus funciones. Además, deberán enviarse al Consejo para la Transparencia para que estas se pongan a disposición de la ciudadanía. 8) Se agregan más bienes e intereses en el contenido de la declaración. 9) Se incluyen los bienes del cónyuge casado en sociedad conyugal o el conviviente civil que ha pactado comunidad de bienes. Respecto de los demás regímenes patrimoniales del matrimonio o de los bienes que conformen el patrimonio propio o reservado, se dispone que la declaración será voluntaria. Asimismo, se exige la inclusión de los intereses, sin importar el régimen patrimonial del matrimonio o de bienes. 10) Se precisan deberes del jefe de servicio, como el de remitir a la Contraloría las declaraciones de patrimonio e intereses que se hubieren efectuado, dentro de los 30 días siguientes a aquel en que tome conocimiento de aquellas. 11) Se precisan atribuciones de la Contraloría. 12) Se modifican sanciones y procedimiento. 13) Se modifica el capítulo tercero, sobre los “otros sujetos obligados” a efectuar declaraciones de patrimonio e intereses. En ese sentido: a) Se amplía el deber de realizar declaraciones a los funcionarios de las categorías A, B y C de las plantas de ambas corporaciones o de la planta de la Biblioteca del Congreso Nacional; los secretarios de comisiones y quienes integren el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria. b) Se incluye como sujetos obligados a los ministros titulares y suplentes de los tribunales ambientales. c) Se realiza un nuevo orden respecto de la regulación de los tribunales, según si forman parte o no del Poder Judicial y estén sujetos o no a la superintendencia de la Corte Suprema. d) Se incorpora la regulación de los miembros del Consejo del Banco Central. 14) Respecto del mandato especial de administración de cartera de valores, se introdujeron las siguientes modificaciones: a) Se reordenan artículos para mayor orden. b) Se elimina el mandato de administración general de cartera. c) Se modifican criterios para constituir el mandato de forma obligatoria. d) Se precisan prohibiciones de comunicación entre mandante y mandatario. e) Se perfeccionan normas tributarias. Se agrega que, para efectos tributarios, la constitución del mandato no constituye enajenación. f) Respecto de quienes pueden ser mandatarios, se establece que pueden serlo las empresas bancarias autorizadas para operar en Chile. Respecto de entidades constituidas en el extranjero, se exige únicamente constituir representante en Chile conforme a las instrucciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y de la Superintendencia de Valores y Seguros. g) Se perfeccionan reglas sobre fiscalización. 15) En cuanto a la obligación de enajenar ciertos bienes, se destacan las siguientes modificaciones: a) Se eliminan los montos y porcentaje de propiedad desde los cuales era obligatoria la enajenación. b) Se agrupan en categorías los sujetos obligados. c) Se incluye todo tipo de concesión, no solo las de radiodifusión televisiva. d) Se hizo compatible la norma con inhabilidades vigentes de autoridades. Además, se realizó una referencia expresa a las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución o en leyes especiales. 16) Se establece un plazo de prescripción de las sanciones. Se dispone que las sanciones podrán hacerse efectivas en el término de cuatro años desde la fecha de la infracción respectiva y no se extinguirán por el cese de funciones. 17) Finalmente, se agregan normas adecuatorias. Cabe hacer presente que los integrantes de la comisión estimamos conveniente rechazar todas las modificaciones efectuadas por el Senado, a fin de que la comisión mixta tenga un espectro de trabajo más amplio y una mayor flexibilidad en su actuar. Ello no supone, en ningún caso, un rechazo al proyecto de ley en informe, ya que el grueso del mismo se encuentra aprobado. Sometidas a votación las modificaciones del Senado, la comisión acordó por la unanimidad de los diputados presentes recomendar el rechazo de todas ellas. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido la palabra por un asunto de Reglamento. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en relación con el artículo 107 del Reglamento, quiero hacer presente lo siguiente. Como no habrá debate de esta iniciativa, puede llamar la atención de la Sala el hecho de que la Comisión de Constitución, por unanimidad, haya rechazado la totalidad de las normas modificadas por el Senado. El único objeto de adoptar esta medida, para que los colegas lo tengan presente, es generar un debate más amplio en la comisión mixta, que permita que este proyecto se adecúe a los requerimientos de probidad y de transparencia de hoy, y no de la fecha en que fue presentado. He dicho. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, había inscripciones para intervenir en relación con este proyecto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, debo recordarle que el 17 de junio los Comités acordaron por unanimidad que este proyecto se votara sin discusión. El señor JARAMILLO.- No estoy de acuerdo, señor Presidente. Por más intervenciones que se hayan hecho sobre el particular, me parece que los Comités que acordaron aquello deberían haber revisado posteriormente el proyecto. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, ya se discutió este asunto en la sesión anterior. Debemos votar este proyecto de ley, a más tardar, a las 13.00 horas. El señor JARAMILLO.- No es la forma, señor Presidente. También tengo derecho a dar mi opinión. Usted dice que en la sesión anterior el proyecto se discutió ampliamente y se aprobó por la Cámara, aunque negando algunos artículos. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Señor diputado, el proyecto no se ha aprobado. El señor JARAMILLO.- El proyecto ha vuelto con modificaciones del Senado; sin embargo, en el trámite que hubo en la comisión, las modificaciones fueron rechazadas por unanimidad. Me parece que algo está mal. En su minuto se dio la aprobación a los artículos del proyecto, pero hoy se rechazan. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El diputado Saffirio ha explicado las razones del rechazo. El señor JARAMILLO.- No estoy de acuerdo, señor Presidente. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Arturo Squella. El señor SQUELLA.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero explicarle al diputado Jaramillo que cuando en la Comisión de Constitución iniciamos el estudio del proyecto en su tercer trámite constitucional, nos pareció que las modificaciones del Senado, en su mayoría, eran muy adecuadas y quedamos conformes. Por lo demás, está claro que todo lo que no fue objeto de modificación por parte del Senado se entiende aprobado por ambas cámaras y es parte de la futura ley. Sin embargo, en el avance del análisis que iniciamos en la comisión nos fuimos dando cuenta, por ejemplo, de que si aprobábamos la ampliación del espectro de personas obligadas a hacer declaración de interés y patrimonio -el Senado incorporó a nuevas autoridades-, no podríamos incorporar a una autoridad adicional, por ejemplo, a los miembros de las corporaciones municipales. Es decir, si hoy aprobáramos ese artículo, que es tremendamente relevante, como en el tercer trámite constitucional no se pueden presentar indicaciones, sino que simplemente se debe aprobar o rechazar, pensamos que lo más conveniente, aunque parezca extraño, era rechazar las modificaciones del Senado, a fin de ampliar el espectro de revisión en la comisión mixta. En la sesión de la Comisión de Constitución en la que adoptamos esa decisión estuvieron presentes prácticamente todas las bancadas. Lo conversamos entre todos y la adopción de ese criterio fue unánime. Es posible que alguien no comparta nuestra postura, pero dicha decisión fue el camino más razonable para perfeccionar un proyecto tan importante como es el de probidad en la función pública. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Diputado Jaramillo, ¿está conforme con la explicación? El señor JARAMILLO.- Sí, señor Presidente. Quedo totalmente agradado con las explicaciones entregadas por los diputados Saffirio y Squella. Sin perjuicio de ello, reitero que cuando algo se aprueba, después no se puede rechazar. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre las modificaciones del Senado en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, sobre probidad en la función pública, para cuya aprobación se requiere el voto favorable de 67 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 84 votos. Hubo 4 abstenciones. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Rechazadas. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Auth Stewart Pepe; Letelier Norambuena Felipe; Ortiz Novoa José Miguel; Silber Romo Gabriel; Tuma Zedan Joaquín. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Farías Ponce Ramón; Paulsen Kehr Diego; Rathgeb Schifferli Jorge; Sabat Fernández Marcela. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El proyecto pasa a comisión mixta. Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley sobre probidad en la función pública, con los siguientes diputados y diputadas: por la Unión Demócrata Independiente, señora Marisol Turres; por la Democracia Cristiana, señor Ricardo Rincón; por Renovación Nacional, señor Cristián Monckeberg; por el Partido Socialista, señor Leonardo Soto, y por el Partido por la Democracia, señor Guillermo Ceroni. Acordado. RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA ANUAL DE AUTORIDADES DEL CONGRESO NACIONAL (SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 8624-07) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir cuenta pública anual. Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento es el señor Leonardo Soto. Antecedentes: -Segundo informe de la Comisión de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 35ª de la presente legislatura, en 11 de junio de 2015. Documentos de la Cuenta N° 12. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado informante. El señor SOTO (de pie).- Señor Presidente, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, paso a informar sobre el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual, originado en una moción de los senadores señores Larraín, don Hernán, y Zaldívar, don Andrés, y de los entonces senadores señores Escalona, don Camilo, y Novoa, don Jovino. La idea matriz o fundamental del proyecto es establecer que el Presidente del Senado y el Presidente de la Cámara de Diputados deberán dar, el día 4 de julio de cada año, cuenta pública ante el país de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden. Asimismo, que cada parlamentario estará obligado a dar, ante sus electores, cuenta de las labores realizadas en el ejercicio de su cargo. La Cámara de Diputados, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de mayo recién pasado, aprobó en general la iniciativa en informe. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 130 del Reglamento de la Corporación, el proyecto de reforma constitucional, con las indicaciones cursadas durante el primer trámite reglamentario, fue devuelto a la comisión para su segundo informe y discutido durante la sesión efectuada el día 10 de junio recién pasado. Durante el debate, la comisión acordó, por unanimidad, circunscribir la obligación de dar cuenta pública solo a los presidentes de ambas cámaras, estableciendo que ello ocurrirá dentro del mes de julio de cada año. Asimismo, la forma en que se dará cumplimiento a la referida obligación será determinada en los reglamentos de cada cámara. Las demás indicaciones presentadas fueron rechazadas. Es cuanto puedo informar a la Sala. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En discusión el proyecto. Informo a sus señorías que para el debate de esta iniciativa se dispone de cinco minutos por bancada. Tiene la palabra el diputado señor Juan Antonio Coloma. El señor COLOMA.- Señor Presidente, solo quiero hacer dos pequeños comentarios. En primer lugar, este proyecto, que obliga a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado a rendir cuenta pública, fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución. Sin embargo, en esta materia hay una discusión más de fondo: no se trata solo del hecho de que se rinda o no cuenta pública, sino también de cuál va a ser su contenido. Al respecto, serán los presidentes de ambas corporaciones quienes den cuenta pública institucional. Pero está la posibilidad de que las cuentas públicas se utilicen para entregar a la ciudadanía puntos de vista particulares tanto del Presidente del Senado como de su par de la Cámara de Diputados sobre hechos y personas específicas. Lo señalo particularmente porque el Presidente de la Cámara Alta, en distintas entrevistas, ha señalado que hará un mea culpa no solo institucional, sino también de determinadas personas. Eso me parece muy grave, porque hoy será por un tema; mañana, por otro, y finalmente se terminarán utilizando las cuentas públicas más para un lucimiento personal que como una forma de rendir cuentas a la ciudadanía del trabajo, en nuestro caso, de la Cámara de Diputados. En la reunión de Comités de ayer se acordó establecer en el Reglamento el que la cuenta pública sea informada previamente a los distintos Comités, para velar que se realice dentro del marco institucional y que no se busque, independientemente del presidente de turno, una ventaja particular o hacer un punto político en específico. Por tanto, es importante que ello quede en acta, para que se establezca la obligación del Presidente de la Cámara de Diputados de informar a los Comités el contenido de la cuenta pública. Sobre el particular, le solicito a la Mesa comunicar al Presidente del Senado cuál ha sido nuestro acuerdo, porque consideramos importante que dicha corporación también lo adopte. No vaya a ser cosa que después de una cuenta pública desafortunada debamos arreglar esta reforma en trámite, que si bien tiene un fin adecuado y justo, no queremos que se preste para provecho personal de los distintos presidentes. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René Saffirio. El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, quiero plantear algunos puntos respecto de este proyecto, que les impone, a través de una norma de rango constitucional, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados la obligación de rendir cuenta pública anual durante el mes de julio. Lo primero que deseo señalar es que este es un intento por incorporar en una norma de rango constitucional un aspecto que tiene ver con la gestión integral del Congreso Nacional, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, que profundiza en cuanto a transparencia en la gestión. Ese es un valor que hoy la sociedad chilena nos demanda con mayor intensidad. Los estándares de transparencia se han elevado sustancialmente, lo que nos obliga a adoptar reformas o medidas en la lógica de poder realizar además algo que desde el retorno de la democracia se ha hecho muy poco: transferir a la ciudadanía cuáles son en realidad las funciones del Parlamento y no aquellas que, por distintas razones, generalmente por distorsión, se han ido instalando en la conciencia de los ciudadanos. En segundo lugar, como muy bien lo explicó el diputado señor Coloma, se trata de una cuenta pública anual de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, que conlleva el carácter de institucional. Eso tiene una lógica, cual es precisamente la de reforzar la representación institucional de ambas cámaras y no relevar a la mayor importancia la persona del Presidente del Senado o la del Presidente de la Cámara. Eso es lo que sostenemos cuando decimos que lo que busca la obligación de rendir cuenta pública es mejorar las condiciones y los estándares de transparencia. También es importante destacar que, de aprobarse esta reforma constitucional propuesta, la manera en que se realizará la cuenta pública estará definida por el reglamento de cada corporación. De esa modo, no puedo sino alegrarme porque estamos frente a un proyecto que transita en la dirección requerida con mucha frecuencia por la ciudadanía, el que mejorará sustancialmente la transparencia, pero también la formación ciudadana y la educación cívica de las personas en torno a las funciones propias de la Cámara de Diputados, del Senado y del Congreso Nacional en su conjunto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro Browne. El señor BROWNE.- Señor Presidente, obviamente, se valora el que podamos tener una gestión lo más transparente posible y el que ojalá la ciudadanía pueda estar lo más informada posible respecto de lo que se realiza en el Congreso Nacional. Pero para eso creo que mucho más importante que una cuenta pública institucional del Presidente de la Cámara y del Presidente del Senado es que cada parlamentario efectúe dicha actividad en sus distritos frente a sus electores, para lo cual creo que no se requiere una reforma constitucional. En mi opinión, es una mala práctica el que estemos permanentemente legislando a través de la Constitución. Eso hace que al final se mal use este instrumento, que debería ser simplemente una carta rectora de lo que queremos para nuestro país y no un elemento legislativo permanente. Por otra parte, la cuenta pública de los presidentes de ambas corporaciones ya existe: se rinde cuenta sobre la gestión de la Mesa en marzo, antes de que se produzca el cambio. Evidentemente, tiene sentido que la rendición de cuenta planteada se haga en ese mes, porque si se efectúa en julio, ¿de qué gestión rendirá cuenta el Presidente de la Cámara o el Presidente del Senado si ha transcurrido apenas el 25 por ciento de su mandato? Rendiría cuenta respecto de la gestión de la Mesa anterior. Entonces, desde mi punto de vista, no tiene sentido llevar adelante esta reforma. Insisto: si lo que queremos es informar de buena manera acerca de los compromisos que asumimos durante las campañas y de la forma en que los estamos cumpliendo, debería ser cada diputado quien realice su propia cuenta pública en su distrito, informando de buena manera a la ciudadanía respecto de su gestión, y no hacer esta reforma constitucional que, a final de cuentas, no va a tener ningún efecto. Por otra parte, son sumamente llamativas la urgencia que se le dio al proyecto y la necesidad tan grande de aprobarlo, cuando tenemos una serie de otras iniciativas que sí son importantes para la ciudadanía y a las que no se les ha dado el mismo tratamiento. En consecuencia, en esta materia hay solo un beneficio, que podría ser el político, para quien ostenta el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados o de Presidente del Senado. No veo que tenga utilidad real para la ciudadanía el que se le entregue información concreta respecto de cómo se está llevando a cabo la labor parlamentaria. Por lo expuesto, anuncio que vamos a votar en contra el proyecto. He dicho El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, en primer lugar, la Constitución establece que las chilenas y los chilenos tienen el derecho a ser informados, sobre todo cuando hay resoluciones del Estado. Particularmente, este Parlamento tiene una deuda con la sociedad chilena en materia de información respecto de sus leyes, muchas de las cuales son en beneficio del pueblo, y, sin embargo, no se conocen. Por consiguiente, el derecho constitucional que tiene el pueblo a ser informado aún está en deuda. En segundo término, por lo general, cada año -los colegas que llevan más tiempo en la Corporación lo saben- los diputados hemos realizado cuentas públicas en nuestros distritos, informando de las cosas más relevantes de esta Corporación y del Parlamento. Pero eso es una iniciativa individual. Por lo tanto, lo que está en cuestión acá es que la cuenta pública que se propone, que se comentó ayer en la reunión de Comités, obviamente debe ser institucional. Si acá no hay acuerdo y cada bancada o cada Comité dirá lo que piensa sobre la cuenta pública, la verdad es mejor no hacerla. Entiendo que tanto la Cámara de Diputados como el Senado, en sesión conjunta, de común acuerdo, daremos una cuenta pública, lo que me parece importante, en el sentido de que hay acuerdo unánime de las distintas bancadas, de los diversos Comités para tal efecto. De lo contrario, francamente creo que no tiene sentido que el Presidente de la Corporación, en nombre de todos los diputados, rinda hoy cuenta pública y mañana aparezca una bancada o un comité manifestando que no están de acuerdo con ella, porque piensan de manera distinta. Ayer entendí que este tema estaba resuelto y que había consenso unánime de los Comités al respecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MOCKEBERG (don Cristián).- Señor Presidente, seré más que breve en mi intervención, para que votemos hoy este importante proyecto de reforma constitucional. Primero, hago un llamado a ciertos parlamentarios a recapacitar sobre su decisión -lo anunciaron- de votar en contra esta iniciativa, porque más allá de si sirve o no, o de si es prioritario o no, considero importante el rendir cuentas. Es importante rendir cuentas individualmente, cada uno de los parlamentarios; pero también institucionalmente es bueno que la Cámara de Diputados y el Senado asuman esa obligación como relevante, y que además ella quede establecida en la Constitución, sobre todo porque será una actividad que se llevará a efecto convocando a Congreso Pleno. Esa es una buena decisión. Me voy a colgar de las palabras del diputado señor Juan Antonio Coloma, e insistiré en ellas: la gran duda respecto de esta reforma es cómo se llevará adelante. Si vamos a transformar la rendición de cuentas en una suerte de show mediático favorable a quien le toque ocupar, circunstancialmente, el cargo de Presidente de la Cámara de Diputados o de Presidente del Senado, vamos a comenzar muy mal con la reforma. Es importante dejar eso establecido en el debate, porque la creación de la institución de la rendición de cuenta pública por parte de un poder, como es el Legislativo, tiene que ir acompañada y revestida de la seriedad que ella conlleva. Por lo tanto, si la tentación es transformar la rendición de cuentas en una suerte de show pirotécnico de propuestas, de planteamientos y de ensalzamiento personal de quien sea al que le toque llevar adelante la obligación, será una mala reforma e irá por mal camino. Nosotros estamos apostando a la buena fe, a la seriedad institucional y a la respetabilidad que tiene cada cargo, tanto el de Presidente de la Cámara de Diputados como el de Presidente del Senado. Y digo “estamos apostando” también porque estamos creyendo en cómo se irá construyendo la institución de la cuenta pública hacia adelante. Así, son relevantes, sobre todo respecto de aquellos a los que les va a tocar rendir cuenta pública -por lo que hemos visto, el señor Presidente de la Cámara y su par del Senado serán los primeros-, la acción y la forma en que ella se llevará a cabo. Si se trata de una rendición de cuentas que diga relación con la gestión, las labores, las prioridades, los desafíos que debe enfrentar el Congreso Nacional y que represente de manera transversal las diferentes opiniones de cada uno de los parlamentarios, independientemente de las diversas posturas políticas, será una buena reforma. Si esto se transforma en una serie de ofertones, de shows pirotécnicos -lo señalé- o de shows mediáticos en los que se ensalza la figura del Presidente y el Parlamento queda detrás, olvidado en el cajón de los recuerdos, será una mala reforma. Así, en la lógica de que la propuesta de reforma se utilice bien, anuncio que la votaremos a favor. Pero queda en las manos de los respectivos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado el ejecutarla de buena manera en cada una de sus rendiciones de cuentas. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del PPD, por un minuto y medio, tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. El señor AUTH.- Señor Presidente, me parece una buena señal de equilibrio de poderes el que se constituya un nuevo hito republicano: que la Cámara de Diputados y el Senado rindan cuenta al país. Hago votos por que ese rito se instale con la misma relevancia que tienen el 11 de marzo y el 21 de mayo. Ahora, para que ello ocurra, primero colabora el hecho de que la rendición de cuenta sea en julio y no en marzo, como lo sugirió el diputado Browne. Porque si es en marzo, será una cuenta personal; si es en julio, será institucional, es decir, de la marcha del Parlamento: el trabajo, el compromiso, los proyectos de ley aprobados, las conductas colectivas, y no la individual. Tomo en consideración el riesgo del que nos ha alertado el diputado Cristián Monckeberg. Para evitarlo, estimo que deberíamos trabajar más adelante en un reglamento que establezca específicamente qué contenidos y formatos debe tener la cuenta institucional, para evitar el riesgo -por supuesto, no estoy pensando de ninguna manera que ese riesgo se corre con el señor Marco Antonio Núñez en la Presidencia- de que se convierta efectivamente en una actividad de puro lucimiento personal y no de incremento del prestigio institucional. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Diego Paulsen. El señor PAULSEN.- Señor Presidente, comparto gran parte de las palabras expresadas por el presidente de mi partido, Cristián Monckeberg; de los diputados José Antonio Coloma y Pepe Auth, en cuanto a que esta será una tercera fecha republicana. Pero en este sentido también es importante hacer presente la necesidad de que ese hito republicano que queremos establecer en el mes de julio cuente también con un gran acuerdo de los Comités. Quiero aprovechar la idea del diputado Coloma, quien señaló que la medida propuesta tiene que ser un hito de la Cámara y no uno personal de su Presidente. Entendemos que hay muchas clases de políticos y que algunos pueden utilizar de mejor o de peor forma este tipo de rendición de cuentas. Por eso se da además la posibilidad de que quien asuma como Presidente de la Cámara pueda establecer su visión y su misión respecto de su año al mando de la Corporación. Queremos que se disponga que en el mes de julio de cada año, el Presidente tenga la posibilidad de establecer las prioridades como cámara y no de hacer un discurso para una próxima candidatura senatorial o de diputado. Por tanto, espero que se recapacite sobre la materia y que se pueda llevar nuevamente a la consideración de los Comités el proyecto para que en el Reglamento quede claramente establecida la forma en que llevaremos a cabo la rendición de cuenta pública, para que finalmente no sea utilizada para fines personales. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, tiene la palabra la diputada señorita Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señor Presidente, en primer lugar, desde el principio este proyecto ha sido bastante valorado por la Cámara de Diputados, y así lo expresamos cada uno de nosotros en el primer trámite reglamentario. La ciudadanía y todo Chile están esperando que los diputados digamos cuál es la labor que estamos cumpliendo. Soy partidaria de que la Cámara de Diputados y el Senado se abran mucho más a la ciudadanía. Parte de eso pasa por dar cuenta de lo que hacemos los parlamentarios día a día. Si la acción parlamentaria se ha ido desprestigiando, ha sido por diversas razones. Hemos discutido largamente los cuestionamientos ciudadanos que existen en este momento al financiamiento de la política, y particularmente al vínculo de la política con los negocios. Eso es algo a lo que el país hoy está muy atento. Pero también es importante poner atención en aquellas cosas que a veces son mucho más simples y que tienen que ver con que en ciertos momentos la ciudadanía no entiende ni sabe lo que hacen los parlamentarios en el ejercicio de su cargo. La ciudadanía pocas veces conoce qué y cómo votamos quienes la representamos. Por lo tanto, es muy importante el que hoy se esté hablando de generar cuentas públicas en cada espacio en que sea necesario. Este proyecto contemplaba inicialmente esa idea, y proponía además la obligación de que cada diputado -y lo propio establecía respecto de los senadores- entregara una cuenta pública, a lo menos una vez al año, en su respectivo distrito. Lamento que la Comisión de Constitución haya restringido esa posibilidad en esta iniciativa. Por otra parte, valoro tremendamente que al proyecto se le haya dado la visión de que los presidentes de ambas cámaras rindan una cuenta pública al país con cada uno de los elementos de la labor parlamentaria que han significado avances para Chile. Sin embargo, quiero expresar mi descontento y mi malestar por haber restringido esto solo a los presidentes de la Cámara Alta y de la Cámara Baja y que no se les haya dado la posibilidad a los chilenos de exigir a los diputados que los representan en sus distritos que rindan cuenta pública de su acción parlamentaria. Como bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, anuncio que vamos a aprobar el proyecto de reforma constitucional así como quedó, porque creemos necesario que se rinda la cuenta pública anual en el mes julio por parte de los presidentes de ambas cámaras. Sin embargo, desde ya anunciamos que tomaremos iniciativa para reponer la obligación de que los diputados den cuenta de su gestión en sus respectivos distritos. Asimismo, hemos decidido autoimponernos la obligación ética de dar cuenta pública a lo menos una vez al año en nuestros distritos. Ya lo estamos haciendo. Yo lo hice en el período anterior. También lo hicieron los diputados Lautaro Carmona, Camila Vallejo, Hugo Gutiérrez, Daniel Núñez, Sergio Aguiló y Guillermo Teillier. No obstante, insisto en que esta debería ser una acción permanente de los parlamentarios de la Cámara en función de resguardar la labor que realizamos y de llevar a la ciudadanía cada uno de los esfuerzos que hacemos cotidianamente frente a las tareas que convocan a hacer cambios importantes en nuestro país, como sucedió ayer, por ejemplo, con la aprobación del proyecto de reforma laboral, o, en su momento, con la aprobación del proyecto de reforma tributaria, como ha sido levantar el Ministerio de la Mujer y diversas iniciativas que hoy le permiten a Chile decir que es un país mejor, más igualitario y más desarrollado. Por lo expuesto, reitero nuestro voto a favor de la iniciativa, pero con las consideraciones que mencioné. Vuelvo a señalar que, como bancada, tomaremos las medidas para reponer la norma propuesta en el proyecto original, y, por la vía de los hechos, vamos a realizar nuestras cuentas públicas en los respectivos distritos. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente, los socialistas vamos a apoyar con entusiasmo este proyecto de reforma constitucional que impone la obligación al Congreso Nacional de rendir cuenta pública anual a través de los presidentes de ambas cámaras. Sin embargo, el entusiasmo que nos acompaña no obsta a que tengamos algunas dudas al respecto, muchas de las cuales ya fueron manifestadas por los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Por ejemplo, la duda respecto de si la cuenta pública se va a personalizar en el presidente de la respectiva corporación y va a servir para ensalzar su figura en vez de cumplir con el propósito de contribuir al prestigio de la institución en su conjunto, es algo que no podemos resolver de antemano. Imagino que la cuenta pública anual se referirá a cuestiones objetivas, como el número de proyectos de ley aprobados, el uso del presupuesto y la ejecución presupuestaria, las gestiones internacionales realizadas, todas cuestiones que son medibles como hechos que ocurrieron en el año calendario respecto del cual se da cuenta. Si hubiera algún exceso en cuanto a resaltar el ego del Presidente, como esto no podrá ser corregido de antemano, se rectificará a través de la crítica que se hará, ya sea en reunión de Comités o directamente en la Sala por cada uno de los diputados. De modo que eso no lo podremos subsanar anticipadamente. Muchos de los diputados aquí sentados realizan su cuenta pública anual, independientemente de que exista o no una norma sobre el particular. Creo que pedir que todo esto se norme no es en realidad una buena idea, porque el rendir cuentas a los ciudadanos que han depositado su confianza en uno debería ser una obligación que nos nazca naturalmente del compromiso que tenemos con ellos. Imponerlo a través de una norma hará la diferencia: será un rito por cumplir, en vez de algo que se realice por convicción y con entusiasmo. De ese modo, al menos yo -no puedo hablar por el resto de la bancada- no comparto la idea de imponer la obligación de manera generalizada, y si se propone, desde luego que la votaré en contra. Ello, no porque a los socialistas no nos importe la transparencia -sí nos importa-, sino porque también nos importa el que se demuestre de manera espontánea y natural el compromiso que se tiene con las instituciones, con la ciudadanía, en fin. Por todo lo señalado, reitero que los socialistas apoyaremos esta reforma con entusiasmo. Nos mantendremos vigilantes respecto de aquel al que le toque la fortuna, o la desgracia, de presidir la Cámara. Ese Presidente será atentamente seguido en su cuenta pública por los parlamentarios socialistas, para ver que sea bien utilizada, no para fines distintos de los que le dieron origen. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Por el tiempo que le resta a la bancada del Partido Demócrata Cristiano, es decir, un minuto cincuenta y cinco segundos, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. El señor VENEGAS.- Señor Presidente, tengo muy poco tiempo para intervenir. Brevemente, quiero decir que apoyo este proyecto en el contexto actual, en que la ciudadanía está pidiendo mayor transparencia e información de parte de los órganos públicos y de este Poder del Estado en particular. Me parece que es una medida que va en la dirección correcta. Por otra parte, deseo manifestar que muchos de nosotros -hablo desde mi propia experiencia- rendimos cuenta pública de distintos modos. Lo hemos hecho con las organizaciones sociales; lo hacemos en los documentos que entregamos, en que rendimos cuentas de lo que hemos efectuado en los tres roles que nos corresponde cumplir: legislar, fiscalizar y representar. De esa manera, para la inmensa mayoría esto es absolutamente natural. Por lo demás, cada cuatro años rendimos una cuenta pública tremendamente severa: cuando la ciudadanía evalúa y califica si lo hicimos bien o mal. Si lo hicimos mal, nos manda para la casa. Así de claro y así de duro. Así, me parece importante que el Congreso Nacional, en particular esta Corporación, rinda cuenta pública en el marco del actual estado de las cosas. Por último, la reforma constitucional que se propone es buena, y espero que alcance los objetivos que persigue. Por tanto, cuenten con mi voto favorable al proyecto. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de reforma constitucional en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional para rendir una cuenta pública anual, para cuya aprobación se requiere del voto favorable de 71 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. Antes de votar, ya que se encuentran en la Sala más de 90 diputados, pido la unanimidad para aprobar esta reforma constitucional. No hay acuerdo. En votación. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Castro González Juan Luis; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urízar Muñoz Christian; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: Browne Urrejola Pedro; Godoy Ibáñez Joaquín; Jackson Drago Giorgio. -Se abstuvo la diputada señora Rubilar Barahona Karla. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Despachado el proyecto. VI. PROYECTOS DE ACUERDO Y DE RESOLUCIÓN CREACIÓN DE REGISTRO DE DEUDORES DE PENSIONES DE ALIMENTOS El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del primer proyecto de resolución. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 323, del diputado señor Leopoldo Pérez, de la diputada señora Marcela Hernando, del diputado señor David Sandoval, de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, del diputado señor Alejandro Santana, de la diputada señorita Marcela Sabat y de los diputados señores Germán Verdugo, Jaime Bellolio, Iván Fuentes y Cristián Monckeberg, que en su parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, que, en uso de sus atribuciones constitucionales y atendidas las materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, realice lo siguiente: 1. Envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree el “Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos”, el que tendrá por finalidad publicar, en los tribunales de familia de todo el país y en un sitio web creado para tal efecto, la nómina de quienes adeuden al menos tres pensiones consecutivas o, a lo menos, cinco alternadas, ya sea que correspondan a alimentos definitivos o provisorios. 2. Instruya a la ministra de Justicia en orden a: Coordinar con el Poder Judicial las anotaciones en el registro de las sentencias firmes o ejecutoriadas de los tribunales de justicia en las cuales se establezca que un alimentante adeuda tres o más pensiones consecutivas, o cinco o más alternadas, ya sea que correspondan a alimentos definitivos o provisorios. Igualmente, realizar las gestiones necesarias para que, una vez regularizada la situación del deudor, el tribunal dé cuenta de inmediato a la autoridad competente para su eliminación del citado registro. Que encargue la gestión de este Registro y el estudio de posibles sanciones para quienes formen parte de él, como la prohibición de realizar compras de bienes de gran valor que impidan el pronto pago de las obligaciones adeudadas, tales como compraventa de vehículos para uso particular, paquetes de viaje, créditos hipotecarios. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, este proyecto, tal como lo señala su parte resolutiva, viene a subsanar un problema que, desgraciadamente, año a año aumenta en cuantía en los tribunales de familia. El derecho de alimentos se encuentra reconocido y regulado en diversos instrumentos nacionales e internacionales, situación que ha llevado, entre otras cosas, a que los Estados establezcan procedimientos que regulen el cumplimiento efectivo de ese derecho. En la práctica hay muchos casos en los que, lamentablemente, quienes han sido sentenciados por un juez a pagar alimentos a un beneficiario no cumplen, lo que obliga al alimentario a acudir nuevamente a los tribunales de justicia e introducirse en un largo y tedioso juicio para obtener el pago de esa obligación. La importancia de este proyecto de resolución, dado que como parlamentarios no tenemos facultad para la creación del registro solicitado, radica en que, de acuerdo con los datos entregados por los tribunales, solo en la Región Metropolitana hay más de 47.000 causas en que no se están cumpliendo las sentencias dictadas por los tribunales de familia, no solo en desmedro y menoscabo pecuniarios, sino también con el consecuente desgaste físico y psíquico para el beneficiario del derecho de alimentos. Por tanto, se trata de una situación que el ordenamiento jurídico debe solucionar, pues los actuales procedimientos no dan abasto o son demasiado burocráticos para resolver los casos de deudas por alimentos devengadas y no pagadas. La idea del proyecto no es enviar más personas a la cárcel, sino establecer, mediante el registro solicitado, una sanción de carácter social y moral, ya que será público, e impedir que el deudor destine créditos a fines personales, como la compra de vehículos motorizados, paquetes de viaje, bienes raíces, etcétera, mientras no cumpla con la obligación de alimentos impuesta por el tribunal respectivo. Por lo expuesto, hago un llamado a la Sala a apoyar decididamente este proyecto de resolución, que va en beneficio directo de las familias chilenas, en particular de los beneficiarios que establece la ley. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para apoyar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra para impugnarlo. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación el proyecto de resolución N° 323. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Boric Font Gabriel; Browne Urrejola Pedro; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jackson Drago Giorgio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Saldívar Auger Raúl; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputado señor Urrutia Bonilla Ignacio. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se dejará constancia en el acta del voto afirmativo de los diputados señores Ramón Farías y Alberto Robles. REGULACIÓN PARA SECTOR VIÑATERO Y RESPALDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la parte dispositiva del proyecto de resolución N° 325. El señor ROJAS (Prosecretario).- Proyecto de resolución N° 325, de los diputados señores Jorge Sabag, Cristián Campos, Marcelo Chávez, Sergio Ojeda, Jaime Pilowsky, Jorge Rathgeb, Sergio Espejo, Carlos Abel Jarpa y Matías Walker, y de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, cuya parte dispositiva señala: La Cámara de Diputados acuerda: 1.- Solicitar a su excelencia la Presidenta de la República un apoyo directo a los viñateros ante la grave crisis que vive el sector por los bajos precios que reciben por la uva, lo que amenaza la sustentabilidad del sector, como asimismo, una legislación más fuerte y eficaz para combatir la colusión de precios de los grandes poderes compradores. 2.- Pedir al mismo tiempo que, imitando la anterior política a favor de los pequeños y medianos productores de uvas impulsada en el año 2006, se adopten medidas de apoyo a este sector, retomando el programa especial para viñateros y la entrega de un bono de emergencia para enfrentar el duro momento que viven los productores de provincia de Ñuble, Florida y otras localidades. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señor Presidente, lamento que el diputado Sabag no esté presente en la Sala. Quiero señalar -lo hice también hace algunos meses- que este problema fue materia de un proyecto de resolución que presenté en su minuto y que justamente derivó en beneficios que hoy ya están siendo entregados a través del Ministerio de Agricultura. Para nadie es desconocido que los viñateros de Portezuelo, de Guarilihue, de Quillón y tantas otras zonas de la provincia de Ñuble han sido abatidos por el bajo precio de la uva. Además, cada vez que miramos la agricultura como una actividad de desarrollo y de progreso para nuestras región y provincia, nos vemos enfrentados siempre a la problemática de que los recursos y la labor del Estado son insuficientes cuando se trata de regular precios, de impedir que las grandes viñas, que pagan precios muy bajos por el kilo de uva, menoscaben la actividad de los pequeños productores y los terminen extinguiendo, como les ha ocurrido a muchos de ellos en el último tiempo. Debido a los altos costos que involucra la producción, se hace imposible su mantención y, por lo mismo, los pequeños productores terminan vendiendo sus parcelas. Esperamos que eso no siga ocurriendo. Tal como se plantea en el proyecto de resolución, esperamos que los beneficios, la capacitación y el respaldo que se deben dar a través del Ministerio de Agricultura sean una constante y que se materialicen en la entrega de mayores recursos para los viñateros de todas las zonas mencionadas. En consecuencia, solicito a la honorable Cámara de Diputados aprobar el proyecto, sin perjuicio de los avances realizados en materia incentivos y del bono productivo. Sin duda, se puede hacer más por los viñateros, en particular, por los de nuestra provincia de Ñuble. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Para apoyar el proyecto de resolución, tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que esta materia ha sido ampliamente discutida en la Comisión de Agricultura. Hoy son varios los rubros que sufren dificultades: primero, el maíz, y segundo, la uva, fundamentalmente porque además se trata de pequeños agricultores. Por eso, en la Comisión de Agricultura hemos celebrado varias sesiones relacionadas con ese tema. Pero, al mismo tiempo, la fuerza de este proyecto de resolución nos permitirá demostrar que la Cámara de Diputados está preocupada del sector de la uva, que es tan importante en la pequeña agricultura, no solo en las regiones Séptima y Octava, sino también en la Sexta. Así lo han planteado varias veces los diputados señores Barros y Espejo y el resto de quienes integramos la Comisión de Agricultura. Por eso, señor Presidente, pedimos apoyarlos no solo con bonos, sino también mejorando la comercialización de sus productos y facilitando la plantación de nuevas variedades que les permitan obtener mayores rendimientos y mejores precios de venta. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, debe hacerse cargo del problema, porque esos rubros constituyen ejes para la pequeña agricultura del país. En algún minuto se habló de su reconversión a otros productos; pero hay que considerar lo que significan los viñateros para la tradición de la pequeña agricultura de los valles de nuestro país, en especial de los de las regiones Sexta, Séptima, Octava y de parte de la Quinta. Por eso, debemos votar favorablemente el proyecto de resolución. Ojalá que el ministro del ramo nos ayude a concretar el apoyo a esos pequeños productores. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Ofrezco la palabra para impugnar el proyecto de resolución. Ofrezco la palabra. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto de resolución en los siguientes términos: El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En votación el proyecto de resolución N° 325. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Aguiló Melo Sergio; Álvarez Vera Jenny; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bellolio Avaria Jaime; Berger Fett Bernardo; Campos Jara Cristián; Cariola Oliva Karol; Carmona Soto Lautaro; Carvajal Ambiado Loreto; Chahin Valenzuela Fuad; Chávez Velásquez Marcelo; Cicardini Milla Daniella; Coloma Alamos Juan Antonio; Cornejo González Aldo; Edwards Silva José Manuel; Espejo Yaksic Sergio; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farcas Guendelman Daniel; Farías Ponce Ramón; Fernández Allende Maya; Flores García Iván; Fuentes Castillo Iván; Gahona Salazar Sergio; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernando Pérez Marcela; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lavín León Joaquín; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Letelier Norambuena Felipe; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Melo Contreras Daniel; Mirosevic Verdugo Vlado; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Morano Cornejo Juan Enrique; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Arancibia Daniel; Núñez Lozano Marco Antonio; Núñez Urrutia Paulina; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paulsen Kehr Diego; Pérez Lahsen Leopoldo; Pilowsky Greene Jaime; Poblete Zapata Roberto; Provoste Campillay Yasna; Rathgeb Schifferli Jorge; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rocafull López Luis; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Soto Ferrada Leonardo; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Trisotti Martínez Renzo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Urrutia Soto Osvaldo; Vallejo Dowling Camila; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvo el diputdo señor Boric Font Gabriel. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se dejará constancia en el acta de que el voto del diputado señor Gabriel Boric es afirmativo y no una abstención. -Los textos íntegros de los proyectos de acuerdo y de resolución figuran en la página de internet de la Cámara de Diputados, cuya dirección es: http://www.camara.cl/trabajamos/pacuerdos.aspx VII. INCIDENTES PREOCUPACIÓN POR CONDICIONES EN HOSPITAL REGIONAL DE IQUIQUE (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el turno del Comité Independiente, tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, hace algunos días me reuní con representantes del Colegio Médico de Iquique, quienes me informaron que la situación que se está viviendo en el único hospital de esa ciudad es muy dramática. A su vez, la construcción del hospital de Alto Hospicio está atrasada, por lo que es muy baja la posibilidad de que se convierta en una realidad que permita disminuir la presión que tiene el hospital regional. El hospital regional de Iquique se diseñó para atender a 70.000 personas, pero actualmente atienda a 326.000 habitantes de Alto Hospicio y de Iquique, por lo que su situación es muy compleja. Además, sufrió serios daños por el terremoto, los que -me consta porque estuve allí- no se han reparado. Para peor, los convenios Minsal-GORE se encuentran completamente detenidos. A su vez, el hospital tiene serios problemas de financiamiento, porque atiende a una gran cantidad de extranjeros de paso, a quienes es imposible cobrarles las prestaciones que reciben, lo que produce pérdidas por alrededor de 600 millones de pesos. Además, se pierden otros 600 millones o 700 millones de pesos por pacientes que deben ser trasladados a Santiago y que no están cubiertos por el plan AUGE. Finalmente, en relación con la atención primaria, deben realizar exámenes que no les pagan la Corporación Municipal de Iquique ni Fonasa. Es decir, el hospital deja de recibir alrededor de 1.700 millones o 1.800 millones de pesos solamente por un problema de estructura de financiamiento. Si agregamos que Fonasa paga al hospital como si el 80 por ciento de las camas fuera de baja complejidad, pero en realidad es a la inversa, su desfinanciamiento empeora. Existe un estudio de brechas que señala que faltarían en el hospital de Iquique aproximadamente 126 especialistas, más de 150 enfermeras y más 350 funcionarios administrativos, técnicos, etcétera. Hablamos del único hospital de la región, que está ubicado a 400 kilómetros de Arica y a 600 kilómetros de Antofagasta, por lo que es casi nula la posibilidad de derivar a los pacientes a los hospitales de esas ciudades. En consecuencia, es necesario resolver allí mismo los problemas, porque el sistema privado tampoco tiene las condiciones para hacerlo, pues no tiene UCI ni UTI, por lo que, si cualquier paciente de la región de Iquique se complica, debe ingresar al hospital regional. Lamentablemente, se ha generado un conflicto enorme entre los médicos y los otros profesionales de la salud, lo que no contribuye en nada a que los pacientes de Iquique tengan la atención digna que merecen. En consecuencia, creemos que se deben tomar cartas en el asunto para que los habitantes de la región tengan una mejor calidad de atención en el hospital de Iquique. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Salud y al director del Servicio de Salud de Iquique, para que nos informen respecto de los convenios Minsal-GORE, que dicen relación con la reconstrucción de pabellones, del pensionado y de urgencia, todo lo cual está detenido. Además, que nos informen por qué, luego de más de un año de ocurrido el terremoto, no está reconstruido el hospital ni tiene las condiciones mínimas necesarias para atender a los usuarios. Asimismo, cuál es el plan de captación y de retención de especialistas del hospital. A su vez, pido oficiar a la directora del Fonasa, con el objeto de que nos informe sobre la manera en que va a mejorar el sistema de financiamiento, porque no está dentro de los doce pilotos de los Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), a pesar de que el hospital de Iquique era uno de los que debía estar contemplado para mejorar su estructura de financiamiento. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría ha tomado debida nota. URGENCIA A MOCIÓN QUE OTORGA INCENTIVOS A MÉDICOS PARA QUE RETORNEN AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD (OFICIO) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo del Comité Radical Social Demócrata, tiene la palabra la diputada Marcela Hernando. La señora HERNANDO (doña Marcela).- Señor Presidente, esta semana, la ministra de Salud, señora Carmen Castillo, entregó en la Comisión de Salud de la Cámara un balance sobre la inversión pública del ministerio en infraestructura hospitalaria, gestión financiera y programa de trasplantes. También se dio a conocer que el plan de formación de especialistas entregará este año 1.400 cupos de formación, de los que ya hay 1.010 becados. Sin embargo, como médico y conocedora del sistema público de salud, sé que ese proceso será demoroso y que ya se nos agotó el tiempo. Valoro las alternativas que está manejando el gobierno, porque se está haciendo cargo de una problemática ampliamente demandada por la ciudadanía, especialmente por los habitantes de la macrozona norte, compuesta por Antofagasta, Calama, Tocopilla, Iquique y Copiapó, ciudades en que viven pacientes que esperan atención especializada desde hace mucho tiempo. Sin embargo, quiero señalar que lamento que el gobierno no haya tomado en cuenta un proyecto de ley presentado hace ya seis meses por quien habla y por los colegas doctores Juan Luis Castro y Alberto Robles, entre otros (boletín N° 9836-11), que tiene por objeto modificar el decreto con fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio de Salud, y la Ley N° 19.664, que establece normas especiales para profesionales funcionarios que se desempeñen en la red pública de salud. Nuestra propuesta busca que los médicos especialistas que se retiraron del servicio público para irse en forma exclusiva al sistema privado de salud, retornen a través de incentivos laborales, que no necesariamente son monetarios. Además, propone el endurecimiento de las sanciones para los especialistas que no retornan a sus hospitales de destino y que prefieren pagar los costos de sus becas. Estos cambios tendrían efectos inmediatos en el aumento de especialistas en los diferentes servicios de salud del país, mientras se forman más especialistas. A pesar de las reuniones sostenidas, aún no hay una respuesta positiva para ese proyecto que busca entregar herramientas de gestión para el Ministerio de Salud. Por lo tanto, solicito oficiar a la Presidenta Bachelet, con el objeto de que, a través del Ministerio de Salud, ponga urgencia a ese proyecto, que consideramos que será un aporte a la gestión en materia de especialistas, lo que beneficiará a más de 232.000 personas que se encuentran en lista de espera por cirugía y a 1.500.000 pacientes que esperan por una consulta de especialidad. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de las diputadas y los diputados que están alzando la mano, de lo que la Secretaría está tomando debida nota. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES A BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO EN AVENIDA MARINA, EN VIÑA DEL MAR (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado Osvaldo Urrutia. El señor URRUTIA (don Osvaldo).- Señor Presidente, en la avenida Marina, de Viña del Mar, frente al Palacio Presidencial, existe un conocido restaurante al que el arquitecto del diseño original le dio forma de barco, el que fue modificado posteriormente, por lo que hoy presenta una arquitectura distorsionada y lamentable. Además, su propietario ha construido frente a ese restaurante una jardinera de grandes dimensiones sobre la vereda, en un bien nacional de uso público, cuyo propósito es camuflar un estanque de combustible que le permite abastecer exclusivamente a su restaurante. Como es conocido por todos, la administración de los bienes nacionales de uso público, constituidos por aceras, calzadas, calles y plazas, corresponde exclusivamente, de acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, a estas instituciones. Por lo tanto, solicito oficiar al director de Concesiones, al director de Obras, al director de Rentas y al director de Tránsito de la Municipalidad de Viña del Mar, para que informen, en el ámbito que a cada uno de ellos corresponde, si las modificaciones y alteraciones efectuadas a los espacios públicos y estacionamientos que allí existen, que tienen la categoría de bienes nacionales de uso público, cuentan con autorización, permisos, permisos precarios o concesiones otorgadas por esas autoridades y por el municipio, y si el diseño de esas obras fue previamente aprobado por esas unidades municipales. Asimismo, que informen si el propietario de ese restaurante cuenta con los permisos municipales para hacer ocupación de este bien nacional de uso público y si ha cancelado los derechos para tener ese privilegio. Del mismo modo, solicito oficiar al superintendente de Electricidad y Combustibles, con el fin de que, de acuerdo con lo establecido en la ley N° 18.410, fiscalice y supervigile el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas sobre almacenamiento, transporte y distribución de combustibles. Además, para que informe si la instalación que he señalado, ese estanque de combustible ubicado sobre un bien nacional de uso público, camuflado por una jardinera, cuenta con los permisos exigidos y con todas las normas establecidas en la legislación vigente y su reglamento, como: 1. Si está en conocimiento de la existencia de un estanque ubicado en la avenida Marina, frente al palacio Presidencial. 2. De ser así, cuándo se dio la autorización o si cuenta con ella y si se ha recepcionado el proyecto y fiscalizado su mantenimiento y operación. 3. Si cumple con las normas exigidas por la ley y su reglamento que corresponde hacer exigible a esa autoridad. 4. Si la existencia de dicho estanque está en conocimiento de las autoridades de salud, municipales y Bomberos, por el riesgo que ello implica al almacenar combustible sobre una vereda, que es un bien nacional de uso público. 5. Si cuenta con los permisos municipales para hacer ocupación de este bien nacional de uso público y si ha cancelado los derechos para tener ese privilegio. Se adjuntan fotografías que dan cuenta del hecho denunciado. He dicho. El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Se enviarán los oficios por usted solicitados, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano, de lo que la Secretaría ha tomado debida nota. INFORMACIÓN SOBRE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES A COMITÉS DE VIVIENDA DE LOCALIDAD DE PATAGUAS ORILLA, COMUNA DE PICHIDEGUA (OFICIOS) El señor NÚÑEZ, don Marco Antonio (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier Macaya. El señor MACAYA.- Señor Presidente, los comités de vivienda Las Araucarias y El Porvenir, de la localidad de Pataguas Orilla, comuna de Pichidegua, trabajaron con la Entidad de Gestión Inmobiliaria y Social (EGIS) del señor Víctor Brito y tienen subsidios asignados desde el año 2012. Sin embargo, los integrantes de esos comités de vivienda han sido abandonados a su suerte por esa EGIS, por lo que no tienen toda la información disponible sobre lo que ha ocurrido con la tramitación de esos subsidios. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con copia al director del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y al seremi de Vivienda y Urbanismo de dicha región, con el objeto de que nos proporcione la información relacionada con esa situación. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios por usted solicitados, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano. INFORMACIÓN SOBRE CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS HABITACIONALES ADICIONALES EN LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (OFICIO) El señor MACAYA.- Señor Presidente, existe una gran desinformación en el país y en regiones respecto de lo que está ocurriendo con el tema de vivienda. A raíz del programa de reactivación económica, se anunció recientemente la entrega de 35.000 subsidios habitacionales adicionales a nivel nacional. Hemos recibido información de que en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins ya se habrían asignado 4.000 subsidios, divididos en veintiocho proyectos. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que nos proporcione información sobre los criterios de vulnerabilidad y de antigüedad que se aplicaron, y en qué medida esa facultad ha sido discrecional en la entrega de subsidios, especialmente en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio por usted solicitado, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano. INFORMACIÓN SOBRE FECHA DE NOMBRAMIENTO DE SEREMI DE VIVIENDA DE LA REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS (OFICIO) El señor MACAYA.- Señor Presidente, estamos conscientes de que existen problemas para designar cargos públicos importantes. Sin embargo, han transcurrido más de diez días desde que quedó vacante el cargo de seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Se trata de un tema sensible, pues ese seremi tiene contacto diario y directo con las necesidades de las personas que requieren información sobre el tema de vivienda. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que nos informe sobre la fecha en que será provisto dicho cargo. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio por usted solicitado, con la adhesión de los diputados que están levantando su mano. INFORMACIÓN SOBRE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN PARA USO DE FACTURA ELECTRÓNICA (OFICIOS) El señor MACAYA.- Señor Presidente, como oficina parlamentaria, hemos tenido reuniones con cámaras de comercio de las distintas ciudades que representamos, las que nos han hecho presente que existe una preocupación creciente acerca de la implementación, el uso y la forma en que se van a capacitar las personas que no tienen los conocimientos adecuados, fundamentalmente pequeños comerciantes, en relación con la factura electrónica. Tenemos entendido que los ministerios de Economía y de Hacienda debieran tener planes especiales de capacitación para las cámaras de comercio locales. La factura electrónica ha sido incorporada por leyes aprobadas antes de la reforma tributaria, pero esta también hace alusión al tema. Por lo tanto, solicito oficiar a los ministros de Economía y de Hacienda, con el objeto de que nos remitan información sobre la implementación de sus planes especiales de capacitación, así como sugerirles que ese trabajo de capacitación se extienda a las cámaras de comercio, para que dicha capacitación llegue más rápidamente a sus asociados, pues la factura electrónica se está transformando en un problema para muchos pequeños comerciantes. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios que usted ha solicitado, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ADOPCIÓN DE MEDIDAS SOBRE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL EN BENEFICIO DE TRABAJADORES DE COMPAÑÍAS MINERAS DOÑA INÉS DE COLLAHUASI Y LOS BRONCES (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité Partido Comunista-Izquierda Ciudadana, tiene la palabra la diputada Karol Cariola. La señorita CARIOLA (doña Karol).- Señora Presidenta, hace algunas semanas nos reunimos, junto con mi equipo de trabajo, con los trabajadores de las compañías mineras Los Bronces y Doña Inés de Collahuasi, pertenecientes al consorcio Anglo American. En esa reunión nos enteramos de que la Superintendencia del Medio Ambiente concluyó dos procedimientos fiscalizadores contra Anglo American Sur, titular del complejo Mina Los Bronces, que dieron como resultado una serie de multas por un total de 7.361 UTM, equivalentes a 3.842 millones de pesos, por el inadecuado manejo de los drenajes ácidos generados por las faenas mineras, daño ambiental del sector cordillerano de la Región Metropolitana y una amenaza a la sobrevivencia de los arbustos de la especie guayacán, endémico y vulnerable de nuestro entorno. Pero no nos debe preocupar solo el incumplimiento de la normativa ambiental, sino también diversas situaciones relacionadas con la salud y seguridad laboral de los trabajadores de las compañías mineras Doña Inés de Collahuasi y Los Bronces. En primer lugar, los operarios mineros son susceptibles de contraer males propios de la labor, como enfermedades cardíacas, nerviosas, neuroendocrinas por hipoxia, osteomusculares y otras relacionadas con el trabajo en altura. Muchas de esas enfermedades no solo afectan la salud de manera permanente, lo cual ya es grave, sino que también ponen en riesgo de accidentes laborales al operario afectado y a sus compañeros de trabajo, que pueden derivar en consecuencias gravísimas e, incluso, fatales. Lamentablemente, pese a lo mucho que se ha avanzado, las mutuales de seguridad a las que se encuentran afiliados los trabajadores no tienen un adecuado tratamiento para esas enfermedades, y muchos de esos accidentes laborales son pasados como accidentes comunes. Por ejemplo, los trabajadores se tienen que atender bajo su propio riesgo y costo en la salud privada o pública, dependiendo del plan que tengan, en casos de cortes de tendón o de síndrome del manguito rotador. Por otra parte, la Subsecretaría de Previsión Social, en un notable esfuerzo, inició un estudio sobre los problemas laborales de quienes trabajan en altura, pero no incluyó a Collahuasi ni a Los Bronces. Por lo tanto, solicito oficiar al subsecretario de Previsión Social, al superintendente de Seguridad Social (Suseso), al director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a la ministra de Salud, particularmente a la seremi de esa cartera, con el objeto de que se tomen las medidas correspondientes sobre esta situación y nos entreguen la información adecuada para transmitirla a los trabajadores que nos han solicitado ayuda frente a este problema sanitario complejo y grave. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados y las diputadas que están levantando la mano. IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO ENTRE SERVIU, CORE Y MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Jorge Rathgeb. El señor RATHGEB.- Señora Presidenta, hace algunos días me reuní con el Consejo Regional de La Araucanía, cuyos integrantes están viendo la posibilidad de que el convenio que rige en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena pueda ser implementado en la Región de La Araucanía. Dicho convenio establece que el consejo regional puede asumir todas las obras de urbanización, como pavimentación, alcantarillado e iluminación, a través de un aporte que entrega al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Este aporte también lo pueden hacer las municipalidades, ya que el subsidio que se entrega a los comités y a las personas puede ser destinado a mejorar sus viviendas, aumentar su superficie, mejorar su impermeabilidad y su situación térmica, con lo que se pueden entregar viviendas de mejor calidad y características a las personas, particularmente en la Región de La Araucanía, donde debido al nivel de pobreza, a muchos les cuesta ampliar sus viviendas. Además, las inclemencias del frío y de la nieve durante la época invernal complican aún más la situación de las personas. Ese aporte mejorará la calidad de vida de los pobladores. Por lo tanto, solicito oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Paulina Saball, para que se estudie la posibilidad de implementar un convenio entre el Consejo Regional de La Araucanía, el Serviu y las municipalidades de la Región de La Araucanía, que actualmente opera en la Región de Magallanes, con el acuerdo de los organismos mencionados. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y las diputadas que están levantando la mano. ESTADO DE AVANCE DE OBRAS DE HABILITACIÓN DE CAMINO T-720, QUE UNE LAS COMUNAS DE LA UNIÓN Y CORRAL (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado señor Bernardo Berger. El señor BERGER.- Señora Presidenta, solicito oficiar al director regional de Vialidad de Los Ríos, para que informe sobre el estado en que se encuentra la obra de habilitación del camino T-720, que une a las comunas de La Unión y de Corral, en la Región de Los Ríos, especialmente en lo que respecta al tramo 2, a partir del Puente La Piedra hasta la comuna de Corral. Gran parte de las etapas anteriores fueron iniciadas durante la administración del Presidente Sebastián Piñera y ya están cumplidas. No obstante, las comunidades del sector me han manifestado que se encuentran inquietas respecto del tramo faltante a partir del Puente La Piedra, pues no han tenido información alguna respecto de los plazos para el inicio de esas faenas. Señora Presidenta, usted comprenderá que un camino a medias es lo mismo que nada. En consecuencia, si no está completa una inversión tan urgente, sentida y necesitada como esta, es inútil para miles de vecinos que sufren una total falta de conectividad. En consecuencia, es imperativo que la autoridad competente sincere cuál es la piedra de tope que tiene frenado el avance de la obra. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados y las diputadas que están levantando la mano. MOLESTIA POR NEGLIGENCIAS EN CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CAU-CAU (OFICIO) El señor BERGER.- En segundo lugar, solicito oficiar al ministro de Obras Públicas para manifestar la indignación que sienten miles de valdivianos por la total falta de cuidado con que el Ministerio de Obras Públicas ha conducido la obra del puente Cau-Cau. Los errores suman y siguen en una suerte de desfile de la estupidez. Particularmente, me molesta que pese a las investigaciones instruidas por la Contraloría General de la República, a las múltiples denuncias y a las fallas gravísimas en la labor de fiscalización del Ministerio de Obras Públicas, a la fecha no haya ningún responsable administrativo, técnico ni político que se digne dar la cara en ese ministerio. Tratar de endosar la culpa a la administración anterior equivale a una desfachatez del porte de un buque. Si se trata de escarbar el origen del problema, les recuerdo el cuestionable escenario en que se licitó y se ejecutaron los diseños de ingeniería de detalle entre 2007 y 2009, por casi 600 millones de pesos, los que, al día de hoy, parece que no sirvieron de nada. También les recuerdo que el puente sobre el río Cau-Cau es una obra de Estado en la cual han participado las administraciones de los presidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, además de los dos períodos en que ha ejercido la primera magistratura la Presidenta Michelle Bachelet. Los gobiernos cambian, pero el Ministerio de Obras Públicas, los responsables, los fiscalizadores y los conductores que debían velar por el proyecto son los mismos. Por lo anterior, solicito el envío del oficio señalado, para representar la más profunda indignación de quienes estamos viendo el sueño de la conectividad arruinado por la negligencia ministerial y, además, para invitar al señor ministro a reflexionar profundamente y a asumir la responsabilidad política, técnica y administrativa que le corresponde, tal como debe hacerlo un ministro de Estado. Mientras tanto, los que entendemos un poquito más de contratos y obras del Estado sabemos que dos años de demora en un proyecto en el sector público es mucho más que eso. Se ha informado en forma escueta que el Ministerio de Obras Públicas puso fin al contrato con la empresa AZVI. Si bien aplaudo la medida, porque al menos se tomó una decisión, no se ha entregado ninguna garantía que dé tranquilidad sobre la continuidad del proyecto. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN POBLACIÓN BELLAVISTA, COMUNA DE MACHALÍ (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, el diputado Felipe Letelier. El señor LETELIER.- Señora Presidenta, quiero solicitar información respecto de la construcción de alcantarillado en la población Bellavista, comuna de Machalí, que afecta los derechos de aprovechamiento de aguas de los usuarios de riego del canal Bellavista-Coya, de dicha comuna. Por lo tanto, solicito que se oficie al director general de Aguas, señor Carlos Estévez; a la encargada de Atención Ciudadana de la Dirección General de Aguas de la Sexta Región, señora Alicia Reyes, y al seremi de Obras Públicas de la Sexta Región, señor Pablo Silva Amaya, con el fin de que nos informen sobre el particular. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO Y PLANES DE DESCONGESTIÓN VEHICULAR EN RUTA RANCAGUA-MACHALÍ (OFICIOS) El señor LETELIER.- Por otra parte, quiero pedir información respecto de la situación actual del transporte público de la Sexta Región, en especial entre las comunas de Rancagua y Machalí. En dicho trayecto hay tacos, embotellamientos; en las horas punta es muy difícil trasladarse. Por tanto, solicito que se oficie al seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Sexta Región, señor Francisco Lara Acevedo, y a la intendenta de la Sexta Región, señora Morín Contreras Concha, con el fin de que nos informen respecto de cuáles son los proyectos a futuro para dar una solución definitiva al problema de tráfico vehicular. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. SALUDO A PROFESORES NORMALISTAS CON MOTIVO DEL 171° ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ ABELARDO NÚÑEZ (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por dos minutos y medio, la diputada Loreto Carvajal. La señora CARVAJAL (doña Loreto).- Señora Presidenta, quiero saludar emotivamente a todos los profesores y profesoras normalistas, que en distintos puntos del país y a través de emocionantes actos, con la presencia de maestros y maestras normalistas, el pasado sábado 13 de junio celebraron el 171° aniversario de la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez, histórica institución educativa y primera en su tipo en Chile y en Latinoamérica. Es importante reconocer la labor que realizaron los profesores y las profesoras normalistas durante muchos años, señalando que una de sus características más relevantes fue el amor a la educación y a la pedagogía. Este año, la celebración del aniversario tuvo un sello particular, pues se realizó el esfuerzo por vincular la ex Escuela Normal con la carrera de educación general básica, en el marco del Proyecto José Abelardo Núñez, iniciativa que lidera el profesor Miguel Gimeno y que pretende poner en valor y resignificar el Sector 8 de la Universidad de Santiago de Chile, donde se emplazaba la Escuela Normal. Por tanto, solicito que se envíe un saludo a ese establecimiento, con el objeto de reconocer a todos los profesores normalistas, muchos de ellos nuestros profesores en distintas escuelas rurales, la labor y el aporte efectuados a la educación chilena, en momentos en que estamos discutiendo avances y que queremos propender a una mejor educación para el país. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. CONDOLENCIAS A FAMILIA DE COMUNA DE CABRERO (OFICIO) La señora CARVAJAL (doña Loreto).- En segundo lugar, permítanme enviar un oficio de condolencias a la familia Ambiado Melgarejo, de la comuna de Cabrero, por haber perdido a uno de sus miembros: el señor Sebastián del Carmen Ávila Ponce. Quiero reconocer en él a una persona buena y a un hombre humilde que entregó su vida al servicio de los demás. Fue capaz de infundir la importancia de la humildad, el acompañamiento y el servicio en una familia que no era la suya. Quiero reconocer en él a muchos hombres y mujeres que han escogido no formar sus propias familias, pero que han hecho que los integrantes de otros grupos familiares tengan un valor especial al sentir su cariño y amor. A través de esta Cámara de Diputados, solicito que se envíe un oficio de condolencias a la familia y reconocer en Sebastián del Carmen Ávila Ponce a un gran hombre y a un querido amigo. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y VEREDAS EN COMUNAS DE RENCA, HUECHURABA Y CONCHALÍ (OFICIO) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Daniel Farcas. El señor FARCAS.- Señora Presidenta, solicito que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, con el fin de que nos informe sobre los planes de pavimentación de calles y veredas de las comunas de Renca, Huechuraba y Conchalí, sobre los comités de vivienda que han postulado y cuáles han sido los resultados en materia de asignaciones. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE LISTAS DE ESPERA EN SALUD EN COMUNAS DE HUECHURABA, RENCA Y CONCHALÍ (OFICIO) El señor FARCAS.- Por otra parte, pido que se oficie a la ministra de Salud con el fin de que nos informe respecto de los vecinos y las vecinas de las comunas de Huechuraba, Renca y Conchalí que se encuentran en lista de espera para distintas prestaciones de salud, que por diversos motivos aún no han sido atendidos. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN LABORAL DE CARLOS CASZELY (OFICIO) El señor FARCAS.- Asimismo, solicito que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores para que nos informe sobre la situación laboral de Carlos Caszely, asunto que en distintas oportunidades hemos puesto en discusión con el diputado Gabriel Silber y sobre el cual hasta hoy no tenemos claridad. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE DEMORA EN TRAMITACIÓN DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (OFICIO) El señor FARCAS.- Pido que se oficie al ministro de Relaciones Exteriores, con el propósito de que nos envíe el listado de todos los tratados de libre comercio que se están gestionando y las razones por las cuales algunos de ellos no han avanzado. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE MINERA LOS BRONCES (OFICIO) El señor FARCAS.- Por otro lado, me sumo a las palabras de preocupación de la diputada Karol Cariola respecto de la Minera Los Bronces. Por ello, solicito que se oficie al director del Sernageomin, con el fin de que nos haga llegar un informe detallado sobre la situación medioambiental de dicha minera, sobre todo en lo que respecta a las dificultades asociadas a residuos que estarían afectando la salud de los trabajadores y trabajadoras que allí laboran. Como diputados, en varias ocasiones se nos ha hecho ver esta situación, por lo que creo que es muy importante que la repartición pública aludida tome decisiones para enfrentar este problema. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y SEÑALÉTICAS EN COMUNAS DE HUECHURABA, RENCA Y CONCHALÍ (OFICIO) El señor FARCAS.- Finalmente, pido que se oficie al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el fin de que nos envíe un listado que contenga la relación de semáforos y señaléticas que se instalarán en las comunas de Huechuraba, Renca y Conchalí, con especificación de plazos, términos de referencia y forma en que se entregará a la ciudadanía. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. CONSTITUCIÓN DE MESA DE TRABAJO CON PRODUCTORES DE MAÍZ DEL VALLE CENTRAL (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra, hasta por cuatro minutos, el diputado Sergio Espejo. El señor ESPEJO.- Señora Presidenta, quiero saludar a Macarena Rivas, Roxana González y Geissy González, mi equipo parlamentario de Santa Cruz, quienes han hecho posible esta presentación. En primer lugar, hemos logrado un acuerdo difícil para apoyar a un sector estratégico de la agricultura familiar campesina, como son los productores de maíz. Ese acuerdo constituye un avance muy importante para el movimiento maicero del valle central, pues permitirá entregar un programa de incentivo a la fertilización entre las regiones Metropolitana y Séptima. En el caso de la Región de O’Higgins, beneficiará a alrededor de dos mil productores. Con todo, necesitamos una aproximación de largo plazo para enfrentar el problema de los subsidios en el extranjero, del poder concentrado de compra en Chile y de la brecha tecnológica existente. Por tanto, solicito oficiar al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, con el objeto de que se constituya una mesa de trabajo en la que podamos enfrentar en el largo plazo esos problemas estructurales, de modo de evitar asumir, año tras año, los desafíos que provocan los malos precios en el sector. Pido que se envíe copia del oficio a la señora Gloria Paredes y al señor Máximo Fuentes, líderes del movimiento de maiceros del valle central. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EMBALSE EN COMUNA DE PLACILLA (OFICIOS) El señor ESPEJO.- Por otra parte, pido que se oficie al ministro de Agricultura y al director nacional del Indap, con el objeto de que analicen la posibilidad de aportar los recursos necesarios para la reparación y ampliación del embalse que corresponde a la Comunidad de Aguas Canal Rinconada de Manantiales, comuna de Placilla. Se trata de alrededor de 115 comuneros, todos asignatarios de la antigua CORA. La reparación de ese embalse permitirá regar alrededor de 1.800 hectáreas. Solicito que se envíe copia de este oficio al presidente de la comunidad, señor Juan Carlos Salas. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE PLAN DE OBRAS EN RUTA I-90 (OFICIOS) El señor ESPEJO.- Del mismo modo, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas y al director nacional de Vialidad, para que nos informen sobre el plan de obras de la ruta I-90, la ruta del vino. Hemos visto con satisfacción el inicio de las obras de construcción de un nuevo puente en el acceso sur a San Fernando, sobre el río Tinguiririca. Sin embargo, me preocupa que las obras del tramo inmediatamente siguiente, hasta el sector de Manantiales, en la comuna de Placilla, no se hayan ejecutado. Se trata de una promesa más antigua que el hilo negro, que este gobierno debe cumplir. Pido que copia de esta presentación se remita a la intendenta de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y al consejo regional, así como a los concejos de la provincia de Colchagua. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. RESULTADOS DE FISCALIZACIONES SOBRE USO DE FONDOS SEP EN PROVINCIAS DE COLCHAGUA Y CARDENAL CARO (OFICIOS) El señor ESPEJO.- Señora Presidenta, solicito que se oficie al superintendente de Educación para que informe de manera desagregada sobre los resultados de las fiscalizaciones en el uso de los fondos SEP realizadas durante 2014 y 2015 en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro. En particular, pido que se me informe si se ha efectuado alguna fiscalización sobre el uso de estos fondos en la escuela básica de Cunaco, comuna de Nancagua, y su resultado. Solicito que copia de este oficio sea enviada a la seremi de Educación y a la presidenta del centro de padres y apoderados de dicha escuela, señora Silvia Pérez. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa. INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICOS TAG EN RUTA 5, TRAMO LAMPA, Y ESTADO DE NEGOCIACIÓN CON VECINOS (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. El señor SILBER.- Señora Presidenta, hace un par de meses la zona norte de Santiago se hizo conocida por las movilizaciones que hubo a propósito de la construcción de pórticos TAG, que implicaría la modernización de la zona, pero que al mismo tiempo traería un grave costo para la vida de miles de santiaguinos que viven en las comunas de Lampa -en particular la localidad de Batuco-, Quilicura, Colina y Tiltil. A propósito de dichas movilizaciones se instaló una mesa de diálogo -cuestión que en su minuto saludamos- en la cual participó la comunidad. Lamentablemente, el 16 de junio, en una nota de prensa del diario El Mercurio, el nuevo coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas señaló que, pese a las protestas, no habrá pie atrás en relación con el tramo Quilicura-Lampa, en la ruta 5 Norte. La autoridad señaló en forma textual: “Las obras concesionadas suponen que deben pagarse. Lo importante es que a la vez se considere en el proyecto no afectar a las comunidades que han presentado su preocupación.”. En consecuencia, lo que queremos es claridad por parte de la autoridad de Obras Públicas en relación con la materia. Queremos que se informe en su momento sobre el resultado definitivo de esa mesa de diálogo y qué sucederá con el pórtico y la plaza de peaje de Tiltil, que generarán un doble cobro para los habitantes de esa comuna. Me interesa saber si habrá un TAG que diferencie entre los habitantes que viven en el sector y quienes por diversos motivos salen desde la zona norte de Santiago durante los fines de semana. Es importante recordar que en esa zona viven personas de mucha vulnerabilidad social a quienes ya les cuesta muy caro ir al centro de la ciudad a estudiar o trabajar. Por todo lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas, señor Alberto Undurraga, y al nuevo coordinador de Concesiones, señor Eduardo Abedrapo, a fin de notificar expresamente el resultado que tendrá la mesa de negociación y la oferta concreta de dicha cartera. En caso contrario, los vecinos nuevamente tendrán que levantarse y manifestarse, porque el tema es grave y sensible para el costo de vida de los habitantes de la zona norte de Santiago. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORME SOBRE POLÍTICAS DE FOMENTO DE LA RAYUELA (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra el diputado Jaime Pilowsky. El señor PILOWSKY.- Señora Presidenta, el 17 de septiembre de 2014 se promulgó la Ley que Reconoce a la Rayuela como Deporte Nacional. Dicho cuerpo legal señala que el Ministerio del Deporte propondrá a la Presidenta de la República las políticas, programas y acciones destinados al desarrollo de la rayuela, en coordinación con las respectivas asociaciones y clubes de ese deporte, propendiendo a hacer de dicha disciplina parte de la imagen de Chile, no solo como deporte, sino también como símbolo cultural y patrimonial de la nación. Para no acordarnos solamente de la rayuela en los meses de septiembre, solicito que la ministra del Deporte nos informe sobre las políticas, planes y programas que se han recomendado a la Presidenta de la República para fomentar la rayuela, así como sobre los recursos que se han destinado a fomentarla y los programas que se incluirán en el próximo proyecto de Ley de Presupuestos. Finalmente, solicito que la ministra del Deporte nos informe respecto de las medidas que se están adoptando para promover internacionalmente la rayuela como símbolo cultural y patrimonial de Chile. Solicito que se envíe copia de este oficio a los clubes de rayuela de las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATO DE CONCESIÓN ENTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA Y AUDAX ITALIANO (OFICIO) El señor PILOWSKY.- Señora Presidenta, durante mucho tiempo se ha venido construyendo estadios en distintas partes de Chile, muchos de ellos con recursos provenientes del ámbito central, pero también algunos con una lógica regional y comunal. Solicito que se oficie a la ministra del Deporte para que nos envíe información y antecedentes sobre el contrato existente entre la Municipalidad de La Florida y Audax Italiano. El estadio municipal de La Florida fue inaugurado por la Presidenta de la República en 2008, pero fue entregado en concesión al mencionado club, que es una sociedad anónima. Hace pocos días se publicó en la prensa que Audax Italiano había entregado donaciones políticas a ciertas autoridades comunales. Quiero que se me informe en qué condiciones fue entregado el estadio de La Florida a la citada sociedad anónima, a fin de saber si se respetaron los principios básicos que deben orientar este tipo de concesiones. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su señoría. CUMPLIMIENTO DE PAGO A EMPRESAS CONTRATISTAS POR OBRAS EJECUTADAS EN HOSPITAL MODULAR DE QUEILÉN (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez. La señora ÁLVAREZ (doña Jenny).- Señora Presidenta, en los últimos días he recibido un sinnúmero de llamadas y correos electrónicos de parte de empresas contratistas de Chiloé y de concejales de la comuna de Queilén debido a pagos pendientes de las obras ejecutadas en la habilitación del hospital modular de la comuna, que debió levantarse debido al incendio que afectó estructuralmente al recinto hospitalario el 10 de diciembre del año pasado. Hay empresas que presentaron sus estados de pago a comienzos de marzo pasado ante el Servicio de Salud Chiloé. El acuerdo inicial era que el pago se efectuaría en plazos de entre 30 y 45 días contra ingreso de carpetas y presentación de facturas, atendido el hecho de que el proyecto no contaba con estados de pago por avance, sino solo un estado de pago final. Los montos comprometidos van desde los 120.000.000 de pesos a los 170.000.000 millones de pesos, aproximadamente, y tienen que ver con trabajos de cierres perimetrales, movimientos de tierra, instalaciones eléctricas, obras de agua potable y alcantarillado, ejecutados mayoritariamente por los contratistas Carlos Salazar, Mateo Barría, Mauricio Pérez y la subcontratista Tamara Silva, entre otros. Ante los requerimientos de estos pequeños empresarios chilotes, el 27 de abril el Servicio de Salud Chiloé hizo las consultas al ministerio del ramo, obteniendo como respuesta que la demora se debía, en parte importante, a que estos fondos habían sido aprobados por la Dipres vía subtítulo 31 y no a través del subtítulo 22, como habían sido solicitados, por lo que se estimaba que los recursos necesarios estarían disponibles aproximadamente el 15 de mayo. Lamentablemente ello no ocurrió. Esos esforzados empresarios llevan más de dos meses esperando sus pagos por obras ya ejecutadas. Ellos han sido muy responsables con sus trabajadores, pues todos recibieron sus pagos oportunamente. Sin embargo, enfrentan diversos problemas con sus proveedores, los bancos y, en algunos casos, con empresas de factoring, por lo que muchos tendrán que pagar sus compromisos pendientes con fuertes intereses. Sabemos que el Servicio de Salud Chiloé y el Ministerio de Salud han hecho gestiones para liquidar los pagos pendientes, pero lo concreto es que ello no ha ocurrido. Ha pasado un tiempo más que aceptable y las empresas no pueden seguir pagando el costo de la burocracia. Los contratistas anunciaron que el próximo sábado se “tomarán” las obras de manera pacífica y simbólica. Ayer cortaron el agua en el hospital nuevo, para llamar la atención acerca de su caso, recibir una respuesta definitiva y, por cierto, el pago correspondiente. En su cuenta pública del pasado 21 de Mayo, la Presidenta Bachelet mencionó el futuro hospital de Queilén entre los proyectos a los que el gobierno dará prioridad. Esa será una meta difícil de alcanzar si ni siquiera somos capaces de cumplir con la construcción de un hospital modular provisorio. Para Chiloé, la salud pública es un tema demasiado sensible; es el que más ha movilizado a la ciudadanía durante el mandato de la actual administración y en el anterior, no obstante el importante esfuerzo en inversión que hace el gobierno. Ahora, adicionalmente, se afecta el trabajo de emprendedores locales que, a diferencia de otros, hicieron bien su trabajo y a tiempo. Debemos ser parte de las soluciones a los problemas de salud de Chiloé, largamente postergados. Por eso, pido oficiar a la ministra de Salud y al ministro de Hacienda para que den respuesta definitiva, y a la brevedad, a esas pequeñas empresas que demandan desde hace meses el pago de lo que se les adeuda. Es lo que corresponde; es lo justo. Pido, además, que se envíe copia de mi intervención al director del Servicio de Salud Chiloé y al alcalde de Queilén. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. INVESTIGACIÓN DE EVENTO CONTAMINANTE EN LOCALIDAD DE CHURRUMATA, COMUNA DE ANDACOLLO (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado señor Raúl Saldívar. El señor SALDÍVAR.- Señora Presidenta, estimo indispensable oficiar al superintendente del Medio Ambiente, al director del Servicio de Salud de la Región de Coquimbo y al secretario regional ministerial de Salud, en razón de los siguientes acontecimientos. En la comuna de Andacollo, provincia de Elqui, Región de Coquimbo, el gobierno de Chile está desarrollando un programa destinado a descontaminar la comuna, dado que es una de las más contaminadas con material particulado en el país. No obstante, los monitoreos indican que las emisiones de las empresas mineras emplazadas en la comuna provocan que se sigan sobrepasando los niveles de contaminación por partículas, lo que, naturalmente, produce consecuencias funestas entre los habitantes de la zona y mucho daño en todo orden de cosas. En el curso de la mañana de hoy, esa crítica situación fue sobrepasada por mucho. En la escuela Patricio Lynch, ubicada en el sector de Churrumata, se instalaron algunos olores en la atmósfera cercana, por lo que alrededor de cincuenta alumnos debieron ser llevados hasta el hospital de la comuna para recibir tratamiento de urgencia en razón de ese problema. Por lo tanto, pido que se oficie a las autoridades mencionadas para que ordenen que se investigue lo sucedido esta mañana en la comuna de Andacollo, que ha sido suficientemente maltratada por diversos problemas asociados a la contaminación. A mi juicio, lo que acaba de ocurrir es el colmo, por lo que la situación debe ser investigada. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que están levantando la mano. ACLARACIÓN DE SITUACIÓN RELACIONADA CON CONCESIÓN DE TERRENO A COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE LA CALERA (OFICIOS) La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- A continuación, tiene la palabra el diputado señor Christian Urízar. El señor URÍZAR.- Señora Presidenta, en diciembre de 2012 la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de La Calera, Carlos Alfaro Cortés, recibió una respuesta favorable de la Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso a una petición de entrega en concesión gratuita de un inmueble ubicado en dicha comuna. Esta situación generó, como es lógico, alegría, tranquilidad y confortabilidad entre los integrantes de la mencionada compañía de Bomberos. Sin embargo, al año siguiente, la misma secretaría regional ministerial le solicitó a la directiva de la Segunda Compañía de Bomberos de La Calera que presentara una carta de renuncia al terreno adjudicado, con el pretexto de darles uno mejor ubicado para instalar su cuartel. A la fecha, los bomberos no han recibido respuesta alguna de parte de Bienes Nacionales ni de ninguna otra institución, por lo que, por supuesto, se sienten profundamente engañados y decepcionados, en especial porque el terreno que originalmente les habían entregado para emplazar su cuartel se ha convertido en un microbasural y en un complicado foco de delincuencia para la comuna de La Calera. El resto de los habitantes de la comuna está tremendamente preocupado, porque esperaba contar con el terreno adecuado para que se instalara el cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos, Carlos Alfaro Cortés, y lo que ven con decepción es que la solución se ha ido demorando a causa de muchos trámites y complicaciones. No entienden por qué si en un momento se había entregado ese terreno en concesión a Bomberos, luego se lo quitaron. Además, no comprenden por qué ese terreno no se esté utilizando. En consecuencia, solicito oficiar al ministro de Bienes Nacionales y al secretario regional ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Valparaíso, para que nos aclaren esta lamentable situación. No se puede jugar con los proyectos del Cuerpo de Bomberos, en especial porque se trata de una institución muy bien evaluada por la ciudadanía y porque presta importantes servicios a toda la comunidad. He dicho. La señora PASCAL, doña Denise (Vicepresidenta).- Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión de los diputados que han levantado la mano. Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. -Se levantó la sesión a las 13.56 horas. GUILLERMO CUMMING DÍAZ, Jefe suplente de la Redacción de Sesiones. VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES SANDOVAL, COLOMA, HASBÚN, KORT, LAVÍN, MACAYA, NORAMBUENA Y URRUTIA, DON IGNACIO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y NOGUEIRA, QUE “IMPONE EL DEBER DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADÍA (ELEAM) DE PRESTAR ASISTENCIA SOCIAL Y REPRESENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES, CUYO CUIDADO SE LES HAYA ENCOMENDADO”. (BOLETÍN N° 10136-18) I. IDEAS GENERALES. Sin lugar a dudas en un país como el nuestro donde la esperanza de vida de las personas ha aumentado considerablemente en los últimos años, en conjunto con una ostensible baja en los índices de natalidad, nos hemos podido dar cuenta que cada día las políticas públicas vinculadas a los adultos mayores serán cada vez de mayor importancia en la agenda pública nacional, habida consideración del número de personas mayores como también de las prestaciones y promoción que el Estado debe hacer de sus derechos y facultades subjetivas. En este sentido podemos afirmar que en materia institucional y legislativa estamos en un período de transición entre una normativa protectora a una de mayor promoción e inclusión social. Mientras en la primera existe un concepto de un adulto mayor débil que requiere protección de algún familiar y por cierto del Estado, en el segundo se legisla en base a un sujeto empoderado de sus derechos que más que cautela lo que se requiere es la transferencia de ciertos valores y herramientas como lo es la inclusión hacia una sociedad activa, destinada más que a recibir prestaciones, a participar de la vida ciudadana con absoluta libertad y propiedad. En este orden de cosas, el concepto de envejecimiento activo está íntimamente vinculado con esta idea, la cual integra no sólo el concepto de vejez como parte de un proceso social, sino que imprime a los adultos mayores espacios para aportar a la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, actualmente aún existen claros indicios que se requieren en nuestro país un reforzamiento de una institucionalidad protectora de nuestros adultos mayores, pero más que eso de una cultura del respeto y protección a éstos particularmente de aquellas personas enfermas, minusválidas o que se encuentran en estado de pobreza o destitución. A mayor abundamiento en la plano de la pobreza de un adulto mayor no es sólo admitido hablar puramente de ingresos económicos. La última encuesta de la CASEN 2013 muestra que la pobreza en Chile, llegaba a un 14,4%. Sin embargo, poco se dio a conocer en los medios de comunicación, sobre el significado del concepto de pobreza, la existencia de otras formas de medición a nivel internacional y sus resultados enfocados desde una mirada integral en los adultos mayores en Chile Es así como todo ámbito vinculado a los adultos mayores dice relación con una mirada integral que trascienden a los márgenes conceptuales de un fenómeno social, sino más bien deben ser analizados desde una perspectiva sistémica, esa es a nuestro juicio el gran desafío que debe asumir el Estado de Chile, cual es la conceptualización amplia del problema de la ancianidad en Chile y el mundo. Y bajo esta perspectiva, creemos que la pobreza en esta materia engloba muchos ámbitos entre los cuales destacan por cierto los ingresos económicos de los adultos mayores, pero también la situación de abandono y desamparo que sufren una buena parte de ellos, situación que no es admisible, más allá de una norma jurídica, toda vez que existe en este sentido un deber moral de parte de los órganos del estado de propender a una vejez digna. En este sentido creemos que algunas normativas que garantizan derechos a los adultos mayores constituyen sólo el comienzo de una gran reforma que regule la materia y que establezca en nuestro país por fin un estatuto jurídico e institucional acorde con los requerimientos de este importante sector de nuestra sociedad. II. CONSIDERANDO. 1.- Que, los establecimientos de Larga Estadía se encuentran definidos en el Reglamento que establece su funcionamiento como aquel en que residen personas de 60 años o más que, por motivos biológicos, psicológicos o sociales, requieren de un medio ambiente protegido y cuidados diferenciados que allí reciben. Dichos cuidados tienen por objeto la prevención y mantención de su salud, la mantención y estimulación de su funcionalidad y el reforzamiento de sus capacidades remanentes. En este sentido pensamos que la definición regula aspectos clínicos de los adultos mayores, pero deja fuera otros ámbitos igualmente relevantes como es el caso de la afectividad u otros componentes espirituales. 2.- Que, de esta manera, más allá de establecer espacios físicos para la recepción de familiares o estadía en el lugar confortable, los diputados firmantes de esta proyecto ley pensamos que estos centros de larga estadía deben hacerse cargo, en la medida de sus posibilidades, de la situación de abandono e indefensión de los adultos mayores, como un elemento que asista no sólo en sus aspectos legales, sino que también le otorgue dignidad como persona y sujeto que posee derechos que deben ser cautelados por las instancias institucionales. 3.- Que, en este sentido situaciones como el abandono, la violencia intrafamiliar, o la pobreza vinculada a los adultos mayores es un asunto que requiere de la máxima preocupación de las autoridades, flagelos que sin una asistencia adecuada por parte de entidades técnicas certificadas por el Estado como son los Centros de Larga Estadía, generaría una situación inadmisible para la dignidad de estas personas y por tanto inconsistente con los compromisos asumidos por nuestro país tanto a nivel nacional como internacional. 4.- Que, efectivamente nuestra legislación en diversas disposiciones establece sanciones ante un maltrato de esa categoría, normativas que trascienden a los ámbitos civiles, penales, de familia e incluso laborales, de tal manera que existe en el espíritu de nuestra legislación una idea o concepto protector de los adultos mayores en este ámbito y que forma parte integrante de sus derechos. 5.- Que, el abandono o violencia intrafamiliar, constituye un flagelo creciente en la sociedad chilena cuyas víctimas son precisamente los adultos mayores, si bien es cierto ellos tienen derecho a pedir al tribunal de familia una medida de protección, especialmente si es expulsado de la casa en que vive o le restringen su libertad para desplazarse al interior de ella, los actos de abandono o violencia pueden perfectamente ocurrir en el contexto de una visita a algún centro de larga estadía o vivir una situación de abandono en dichos centros. En tales casos nos parece justo que tales centros cuenten con unidades de asesoramiento o defensa y que en casos calificados asuman la representación de los derechos de los adultos mayores cuando estos se encuentren solos en estos lugares sin ninguna visita de algún familiar. IV. CONTENIDO DEL PROYECTO. El proyecto que en esta oportunidad sometemos a tramitación consiste en otorgarle a los Centros de Larga Estadía, facultades de asistencia social y en casos calificados de representación de sus derechos ante las instancias administrativas y judiciales cuando el adulto mayor, que encontrándose en sus dependencias se encuentre en situación de abandono por parte de sus familiares. V. PROYECTO DE LEY Artículo Único: “Los Establecimientos de Larga Estadía o ELEAM regulados en la normativa reglamentaria vigente, deberán asistir socialmente y en casos calificados representar ante las instancias administrativas y judiciales los derechos de aquellos adultos mayores víctimas de abandono y que se encuentren actualmente en tales establecimientos.” PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES FARCAS, CORNEJO, ESPEJO, FUENZALIDA, LEÓN; PÉREZ, DON JOSÉ; ROBLES Y SILBER, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS CARVAJAL Y HERNANDO, QUE “MODIFICA LA LEY N°16.282, EN MATERIA DE SANCIÓN A LOS ACTOS DE ESPECULACIÓN O ACAPARAMIENTO DE BIENES DE PRIMERA NECESIDAD EN CASOS DE SISMOS Y CATÁSTROFES”. (BOLETÍN N° 10137-06) Fundamentos: 1.- Durante la última década nuestro país ha sido golpeado duramente por desastres naturales, manifestados en terremotos y catástrofes de diversa índole (incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, etc.). 2.- Al respecto, nuestra legislación cubre los diversos aspectos afectados con ocasión a los fenómenos naturales aquí descritos, estableciendo planes de emergencia mediante los organismos técnicos especializados e incluso, contando con herramientas constitucionales como los Estados de Excepción, que ayudan a reestablecer el orden en las localidades afectadas y permite la inyección de recursos para afrontar las crisis. 3.- Una de las aristas que están reguladas en estos casos, dice relación con la protección dada al consumidor de artículos de primera necesidad, quien en dichos momentos requiere indispensablemente de alimentos, agua para el consumo, y otros servicios básicos que le permiten mantener condiciones mínimas de supervivencia. En este sentido, la ley 16.282 cuyo texto refundido lo encontramos en el Decreto número 104 del año 1977 del Ministerio del Interior, sanciona de manera enérgica a los especuladores de precios como también a quienes se niegan a ofertar y vender productos de primera necesidad, almacenándolos en bodegas con el fin de aumentar sus precios y aprovecharse de la escasez. Sin embargo, hasta hoy hemos sido testigos como el comercio establecido vulnera la normativa vigente y reacciona negativamente ante la ocurrencia de desastres naturales, catástrofes y terremotos, aumentando los precios de productos alimenticios y bienes de primera necesidad como el agua, la harina y el pan. 4.- Por ello es necesario perfeccionar dicha norma en su artículo 5°, toda vez que la institucionalidad chilena ha avanzado y la manera de enfrentar estas situaciones ha variado desde su dictación. A su vez, es más frecuente la ocurrencia de catástrofes y terremotos en nuestro país. Así, dentro de la última década, han entrado en erupción a lo menos cinco volcanes, hemos padecido inundaciones que hace 50 años o más no ocurrían, nevazones intensas y una particular seguidilla de terremotos a lo largo de Chile, incluso con Maremoto en nuestras costas, lo cual era visto como un fenómeno lejano en el tiempo. 5.- Nuestra iniciativa legislativa observa y se hace cargo de la necesidad de perfeccionar la normativa, manteniendo su espíritu pero mejorando su redacción, lenguaje y terminología, como a su vez agregando elementos nuevos, como la posibilidad de incluir al transporte público dentro de los servicios regulados en una situación de emergencia. Consideramos que las experiencias recientes vividas en nuestro país avalan la presentación de este proyecto y consideramos que Chile se encuentra propenso a que sigan ocurriendo hechos de similares características, dada la extensión de nuestro territorio como la diversidad en la geografía del país. 6.- Por último cabe señalar que actualizamos la designación del servicio competente para estos casos, que pasa de ser la DIRINCO al SERNAC, ya que desde 1990 la Ley N° 18.959 en el artículo 5 estableció lo siguiente: “Sustituyese, en el decreto con fuerza de ley N° 242, de 1960, todas las menciones a la ‘Dirección de Industria y Comercio’ por la denominación ‘Servicio Nacional del Consumidor’. Toda referencia que las leyes vigentes, efectúen a la ‘Dirección de Industria y Comercio’ se entenderán hechas al ‘Servicio Nacional del Consumidor’”. Pese a esto sería conveniente para evitar confusiones hacer referencia expresa al SERNAC y darle atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de esta norma y denunciar su infracción. En el mismo sentido, se reemplaza la forma de apreciación de la prueba, alineándola a los mismos estándares de la legislación de protección del consumidor y demás cuerpos normativos modernos, es decir la Sana Crítica. Por estos motivos, tengo el honor de someter al conocimiento de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente PROYECTO DE LEY Artículo Único: Reemplazase el artículo 5° de la ley 16.282 cuyo texto se encuentra en el Decreto número 104 del año 1977 del Ministerio del Interior, por el siguiente: “Los proveedores que, con posterioridad a la dictación del decreto a que se refiere el artículo 1° precedente, se negaren infundadamente a vender al público en general bienes de primera necesidad o destinados a su consumo ordinario, tales como alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles, y bienes que sirvan para el alhajamiento o guarnecimiento de una morada, o rechazaren la prestación injustificada de servicios básicos para la población, tales como el transporte de pasajeros, sufrirán la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. En la misma pena incurrirán quienes condicionen la venta de dichos bienes o la prestación de dichos servicios a la adquisición de otras mercaderías o servicios; lo mismo que cualquiera persona que a sabiendas comercie con bienes destinados a ser distribuidos gratuitamente en la zona afectada. Se sancionará en igual forma a quienes, siendo o no proveedores, vendan los artículos o presten los servicios a que se refiere el inciso primero a precios superiores a aquellos exhibidos, informados o publicitados con anterioridad a la dictación del decreto a que se refiere el artículo 1° anterior, o con engaño en la calidad, peso o medida, a los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado, y a los que vendan artículos alimenticios adulterados o en condiciones nocivas para la salud. No obstante, si alguno de estos delitos tuviere asignada una pena mayor en las leyes vigentes, se aplicará dicha pena. Los Tribunales apreciarán la prueba producida y expedirán su fallo conforme a las reglas de la sana crítica. Las penas establecidas en este artículo serán aplicadas sin perjuicio de las sanciones y medidas administrativas que establezca la legislación vigente. La Dirección de Industria y Comercio, por intermedio de su Director, o del funcionario que éste designe en cada provincia, podrá hacerse parte en los procesos a que dieren lugar los delitos que se contemplan en este artículo. En los delitos contra las personas o la propiedad será considerado agravante el hecho de haber sido cometido el delito en la zona afectada. Se faculta al Presidente de la República para fijar normas excepcionales relativas a protestos de letras de cambio y plazo de validez de los cheques”. 17. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES HASBÚN, ÁLVAREZ-SALAMANCA, MORALES, SANDOVAL; URRUTIA, DON OSVALDO; URRUTIA, DON IGNACIO; VAN RYSSELBERGHE Y WARD, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y SABAT, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR PARA AUMENTAR LAS PENAS AL DELITO DE ATENTADO CONTRA PERSONAL DE CARABINEROS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, Y RINDE HOMENAJE AL CARABINERO MÁRTIR SUBTENIENTE DANIEL SILVA RODRÍGUEZ”. (BOLETÍN N° 10138-07) I. IDEAS GENERALES. Nuestro país desde su fundación ha sido una nación respetuosa de sus instituciones fundamentales, rasgo que inequívocamente la ha distinguido de otras naciones del mundo, prevaleciendo con ello un orden y paz en un contexto de institucionalidad fuerte y consolidada. Tales características son vistas por los propios ciudadanos y también por los otros Estados como un activo de Chile que le atribuye condiciones de seriedad en el concierto internacional. Sin lugar a dudas este prestigio tradicional de las instituciones en Chile implica o tiene como presupuesto la existencia de instituciones de excelencia con verdadero espíritu republicano al servicio la patria y sus intereses fundamentales y este es el caso de nuestra policía, de Carabineros de Chile. Esta institución policial, fundada un 27 de abril de 1927, durante el gobierno del General Carlos Ibáñez del Campo, es la institución policial con mayor tradición y prestigio en toda Latinoamérica y una de las cinco instituciones policiales más modernas y profesionalizadas del mundo y cuya función esencial es dar eficacia al Derecho, reguardar la seguridad interior del país y proteger el orden público. Esta noble función e institución se encuentra integrada por chilenos con una alta vocación de entrega y servicio público, personas modestas y profesionales que ejercen su alta función las 24 horas del día y los 365 días del año con verdadera abnegación y sensibilidad social. Es así como carabineros de Chile se erige, en tiempo de pérdida de legitimidad de nuestras instituciones públicas como una entidad valorada por los chilenos y al mismo tiempo respetadas por la justicia de sus funcionarios y el alto profesionalismo de éstos en su actuar diario. Con todo, no es posible soslayar que desde un tiempo a esta parte vivimos en momentos de crispación política y social y más allá de ello estamos ante un ambiente en donde las instituciones sociales se encuentran en un claro cuestionamiento. En efecto, instituciones como la familia, la autoridad paterna, la autoridad estatal (en todas sus formas), profesores, etc., viven un proceso de decaimiento en donde la excesiva y nociva horizontalidad de trato y la timidez en el ejercicio de la autoridad conllevan espacios de violencia y atentados a estas figuras icónicas de la sociedad insertadas desde siempre. En este contexto, el fenómeno de la delincuencia se ha acrecentado en nuestro país, requiriendo de la autoridad policial mayores niveles de eficacia. Todo lo anterior ha dado lugar a la existencia cada vez más recurrente, de mártires de carabineros, quienes como se indicó en párrafos anteriores ejecutan su labor con total y absoluta vocación de servicio a los demás. Este fue el caso del Subteniente Daniel Silva Rodríguez quien el pasado 1 de agosto de 2013 se convirtiera en mártir de la institución al ser asesinado por delincuentes que intentaron asaltar una Caja de Compensación, siendo repelidos por personal de la Cuadragésima Sexta Comisaría de Macul. El subteniente Silva fue un aventajado oficial, con amplias facultades para el ejercicio de su función, virtud que le valió recibir una beca luego de ingresar el 16 de enero de 2009 a la institución uniformada en la Escuela de Carabineros. Prueba de lo anterior Daniel Andrés Silva Rodríguez, pese a sus tan sólo 27 años, llegó al grado de subteniente tras egresar de la referida escuela matriz en diciembre de 2011. Que, de acuerdo a lo anterior el presente proyecto de ley tiene por objeto otorgarle un cierto estándar de reprochabilidad a aquellos delitos perpetrados contra los funcionarios policiales, y como legisladores quisimos proyectar nuestra intención en la figura del subteniente Silva, un carabinero que con su excelencia a nivel académico y profesional plasmó uno de los objetivos más importantes de todo país: otorgarle a sus ciudadanos oportunidades de desarrollo de todas sus destrezas al servicio de la patria. II. CONSIDERANDO 1.- Que, la función de preservación y promoción del orden público y seguridad en un país constituye de suyo una tarea ardua, con múltiples implicancias que descansan en los más diversos ámbitos tales como la moral, el derecho, la religión la cultura, entre otros factores. 2.- Que, constitucionalmente es a carabineros la institución encomendada de velar por el resguardo de este concepto sirviendo fielmente a su mandato por ley establecido, sustentada en una tradición de más de 87 años. 3.- Que, esta abnegada labor desempeñada por carabineros los ha erigido como una de las instituciones con mayor raigambre y credibilidad en nuestra sociedad por sobre otras importantes instituciones permanentes de la república. En este sentido su labor de prevención y represión del delito posee una complejidad extrema que la comunidad aprecia y promueve, tomando en consideración el alza que el flagelo de la criminalidad ha alcanzado en nuestro país en los últimos decenios. 4.- Que, los atentados contra estas autoridades evidentemente violentan la conciencia de nuestra sociedad y por lo mismo deben ser efectivamente castigadas por las implicancias que genera estos ataques a funcionarios de carabineros en el ejercicio de sus funciones. 5.- Que, los diputados firmantes de esta moción creemos que los atentados a estos funcionarios reviste caracteres especiales de gravedad no sólo a partir de la existencia de un ataque a la integridad física y psíquica de una persona, sino porque además se trata de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, de tal manera que su tratamiento penal debe ser lo suficientemente aleccionador porque se trata de un crimen contra el Estado, de tal forma que si concebimos criterios de liviandad ante estos casos sencillamente el poder del estado como entidad ordenadora de una sociedad desaparece prevaleciendo la impunidad. 6.- Que, de esta manera, la presente iniciativa, tiene por objeto aumentar las penalidades frente a actos arteros de quienes atentan contra la vida e integridad del personal de Carabineros en actos de servicio. Lo anterior porque esta institución se encuentra en la primera línea contra la delincuencia erigiéndose como un garante del orden y seguridad en Chile. III. CONTENIDO DEL PROYECTO La presente moción aumenta las penalidades respecto de aquellos delitos que afectan a Carabineros y que se encuentran establecidos en los artículos 416,416 bis, 416 ter y 417 del código de Justicia Militar. Es así como se plantea establecer para el delito de homicidio hacia un carabinero la pena única de Presidio Perpetuo Calificado, a partir de las gravísimas connotaciones que reviste tal ilícito, junto con lo anterior la iniciativa establece aumentos en las penalidades para los otros delitos que contemplan este grupo de artículos. IV. PROYECTO DE LEY. Artículo 1: Modifíquese el artículo 416 del Código de Justicia Militar eliminando las expresiones “presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado” por la voz “Presidio Perpetuo Calificado” Artículo 2: Modifíquese el numeral 1 del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar reemplazando la expresión “presidio mayor en su grado medio” por “presidio mayor en su grado máximo” Incorpórese un nuevo inciso 2° en el numeral 1 del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, en el siguiente sentido: “Si el delito descrito en este numeral es cometido en el contexto del ejercicio de un derecho constitucional, el hechor no podrá hacer uso de beneficios legales consagrados en la ley 18.216” Artículo 3: Modifíquese los numerales 2, 3 y 4 del artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, en el siguiente sentido: a) En el numeral 2 elimínese la expresión “presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo” por “presidio mayor en su grado medio” b) En el numeral 3 elimínese la expresión “presidio menor en su grado medio a máximo” por “presidio mayor en su grado mínimo” c) En el numeral 4 elimínese la expresión “presidio menor en su grado mínimo o” por “presidio menor en su grado máximo y” Incorpórese un nuevo inciso final en el artículo 416 bis del Código de Justicia Militar con el siguiente texto: “quien cometa los delitos establecidos en los número 2 y 3 de este artículo no podrá optar a beneficios consagrados en la ley 18.216 sino una vez cumplido efectivamente 3 años de la condena privativa de libertad”. Artículo 4: Remplácese en el artículo 416 ter del Código de Justicia Militar la expresión “en un grado” por la voz “en dos grados” Artículo 5: Reemplácese en el artículo 417 del Código de Justicia Militar la frase “presidio menor en su grado mínimo a medio” por “presidio menor en su grado medio a máximo”. PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES URRUTIA, DON OSVALDO; SANDOVAL, ULLOA, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS NOGUEIRA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 20.066, DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN EL SENTIDO QUE INDICA”. (BOLETÍN N° 10139-18) “De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadísticas, en 1992 las personas mayores de 60 años constituían el 9,8 por ciento de la población. En el año 2002 este porcentaje subió al 11,4 por ciento. Para el año 2012 el porcentaje de la población de 60 o más años, aumentó a 13,7 proyectándose en un 14,9 para 2015 y un 17,3 para 2020. En cuanto al Índice de Adultos Mayores - medida demográfica del envejecimiento, que representa el número de adultos mayores (60 años o más) por cada cien niños (0-14 años) - este ha avanzado de un 40,94 en 2002, a 47,40 en 2005, luego a 59,73 en 2010, 64,90 en 2012, 73,09 en 2015 y se proyecta a un 87,84 en 2020. Como podemos observar de acuerdo a estos datos, la población en Chile está envejeciendo, lo que hace necesario adoptar políticas públicas que tengan por objeto resguardar a este grupo de la población, velando por un envejecimiento digno, reconociendo sus derechos y autonomía en la sociedad. En el discurso presidencial del día 21 de mayo del año en curso, la Presidenta de la República anunció una serie de medidas en materia de adulto mayor, como el diseño del Subsistema Nacional de Cuidados, como parte del Sistema de Protección Social, Seguridades y Oportunidades y Chile Crece Contigo; la construcción de 15 nuevos establecimientos de larga estadía y centros diurnos para personas mayores; entre otras. Si bien este mensaje constituye una buena noticia, existen actualmente vacíos en nuestra legislación, en materia de adulto mayor, que es necesario abordar. A partir de la reforma que realiza la Ley N° 20.427 de 2010, se incorpora a los adultos mayores dentro de los sujetos de protección de la Ley de Violencia Intrafamiliar, Ley N° 20.066, de 2005. En este sentido el artículo 3 de dicha ley señala que “el Estado adoptará políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar, en especial contra la mujer, los adultos mayores y los niños, y a prestar asistencia a las víctimas”. De acuerdo a las definiciones que otorga la ley, se entiende que la violencia intrafamiliar es “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar”. Por su parte la Ley N° 19.968, que Crea los Tribunales de Familia, señala en su artículo 8°, relativo a la competencia de los juzgados de familia, las materias que les corresponde resolver, entre las que se señala, en su numeral 16, los actos de violencia intrafamiliar. Así también, en su artículo 81, referente a la competencia, se dispone que “corresponderá el conocimiento de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar, regulados en la ley Nº 20.066, al juzgado de familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional tenga residencia o domicilio el afectado. En todo caso, cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en asuntos de familia, fiscal del Ministerio Público o juez de garantía según corresponda, que tome conocimiento de una demanda o denuncia por actos de violencia intrafamiliar, deberá, de inmediato, adoptar las medidas cautelares del caso, aun cuando no sea competente para conocer de ellas. En caso de concurrir conjuntamente como víctimas de violencia intrafamiliar personas mayores y niños, niñas o adolescentes, el juez podrá siempre adoptar las medidas de protección en conformidad a la ley”. De la lectura de este artículo podemos concluir que en asuntos de violencia intrafamiliar resultan competentes los tribunales de familia, los que de acuerdo a las facultades que les otorga la ley, en su artículo 92 numeral 8, como medida cautelar, podrán dictar medidas de protección para los adultos mayores víctimas de violencia. Sin embargo, como ya señalábamos anteriormente, la violencia intrafamiliar, definida por la Ley N° 20.066, dispone que debe existir una relación de parentesco entre las partes, señalando además que en el caso de adultos mayores debe haber una relación de cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. Siendo así, en el caso que la situación de violencia no ocurra entre parientes, los Tribunales de Familia no tendrán competencia para decretar las medidas de protección correspondientes, puesto que no se configuraría el caso de violencia intrafamiliar tal como lo define la ley. Lo anterior es de suma relevancia si consideramos que muchos adultos mayores viven sin sus familias, en residencias especiales, o en establecimientos de larga estadía, debido a que requieren de especiales cuidados o no cuentan con lazos familiares. Según datos de la Encuesta CASEN 2013, de las personas de 60 años o más encuestadas, un 7% presenta una dependencia leve, un 5,8% dependencia moderada y un 6,2% dependencia severa. Se entiende por dependientes aquellas personas que declaran tener dificultades en actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, caminar, comer, usar el excusado, acostarse y levantarse de la cama) o en actividades instrumentales de la vida diaria (preparar comida, manejar su propio dinero, salir solo de su casa, efectuar compras, hacer o recibir llamadas telefónicas, efectuar quehaceres livianos de la casa, organizar y tomar sus propios medicamentos) las que son resueltas con ayuda de otras personas, o bien no pueden ser realizadas ni con ayuda técnica ni de terceros. Debido a la situación de dependencia muchos adultos mayores optan por vivir en centros especiales, o bien son llevados allí por sus familias, para que reciban los cuidados y atención especial que requieren. Por otra parte, de acuerdo a información proporcionada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor al Diario La Tercera, entre los meses de enero y abril del año 2014, el Servicio recibió 971 consultas y casos de maltrato, a nivel nacional, tratándose mayormente de consultas por casos de maltrato sicológico y abandono. Estas cifras nos demuestran que los abusos contra las personas mayores son una realidad que requiere medidas especiales para ser combatida, sobre todo dada la especial situación de vulnerabilidad de este grupo. En atención de todo lo anterior, es que creemos que resulta relevante modificar la actual Ley de Violencia Intrafamiliar, de manera que el concepto de violencia intrafamiliar también contemple los maltratos o abusos efectuados por quienes sin tener relación de parentesco con los adultos mayores, se encuentran relacionados con ellos en un nivel de cuidado, de manera que los casos de violencia efectuados por quienes trabajan en establecimientos de cuidados de personas mayores, puedan ser conocidos por la judicatura de familia y de esta manera resulte procedente aplicar medidas de protección. Por ello, y en atención a los antecedentes expuestos, es que presentamos el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo único.- Modifíquese el artículo 5° de la Ley N° 20.066, que Establece la Ley de Violencia Intrafamiliar, en el siguiente sentido: Incorporase en el artículo 5º, inciso 2°, a continuación del vocablo “familiar”, la siguiente frase “, o de cualquier otra persona que en el ejercicio de estas labores de cuidado, incurra en actos de maltrato contra el adulto mayor.”