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El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , en primer lugar, en el análisis de las ciencias políticas, cunde la teoría de que, en la sociedad de las comunicaciones, los ciudadanos se expresan a través de los medios y no de las movilizaciones callejeras y de las protestas de la sociedad civil organizada.
Esta concepción, que es de centroderecha, busca igualar a la sociedad civil, despojarla de sus derechos y colocarla en el ámbito puro de una sociedad comunicacional.
Sin embargo, esta teoría, que debilita el espacio de la sociedad civil y de los derechos ciudadanos, es muy peligrosa, porque crea una sociedad estática con escasa capacidad de movilización y de pronunciamiento respecto de los grandes temas nacionales. Es decir, la transforma en una sociedad embobada por los medios.
El proyecto es peligroso, en particular, el artículo 2º, para el que pido votación separada, igual que para el 4º.
Chile es uno de los pocos países donde se debe pedir autorización a la autoridad para realizar una manifestación pública.
En otros países se efectúan sin autorización, ya que sólo se ordenan las calles por las cuales va a pasar la manifestación.
Pero para hacer una manifestación pública en Chile, se debe contar con autorización. Tenemos que pedir permiso al alcalde para efectuar, por ejemplo, un acto en una plaza; ellos son los facultados para prestarlas. Además, se debe acudir al gobernador cuando se trata de una manifestación callejera. Incluso, puede ser denegada por él o por el intendente, según corresponda.
En nuestro país se presentan límites bastante fuertes respecto de una movilización o de una protesta social.
Sin embargo, constituyen un elemento esencial para lograr políticas públicas o para frenar los abusos del mercado o del mundo privado. Basta ver lo que ha pasado en Arica recientemente con las movilizaciones de los ciudadanos que viven en medio del plomo, problema antiguo, pero fue necesaria una manifestación de envergadura para que las autoridades de Gobierno y del mundo privado se percataran de él.
En el caso de Arica, la responsabilidad es de quienes exportaron el plomo desde Suecia, de quienes lo trajeron y de las empresas privadas que lo depositaron en esas largas franjas del desierto que hoy están completamente habitadas.
Las autoridades decidieron crear una comisión trasversal para enfrentar con los vecinos esa verdadera tragedia.
Las movilizaciones sociales son esenciales en una democracia. Sirven para conocer los puntos de vista de los ciudadanos, ya que éstos tienen una escasa posibilidad de tomar resoluciones y no cuentan con iniciativa de ley. Además, no disponen de plebiscitos. Simplemente, miran como espectadores la política y las resoluciones que adopta la autoridad.
La incorporación de una norma como la que establece el artículo 4º, que hace solidariamente responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública en plazas, calles u otros lugares de uso público, de los daños que los participantes causen, a menos que hayan adoptado todas las medidas razonables para evitarlos, va a inhibir cualquier tipo de manifestación o va a llevar a la cárcel a quienes las organicen.
El artículo 2º, a que hicieron referencia algunos colegas, viola el derecho constitucional a reunión que está limitado desde los tiempos del régimen de Pinochet. Posteriormente, nuestra legislación no ha sido modificada.
Por lo tanto, debemos votar en contra de las dos normas que pretende incorporar el proyecto, que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público.
No podemos consolidar una sociedad que se inmovilice, donde cuentan los medios, las denuncias y las resoluciones de las autoridades. Es decir, una sociedad sin voz.
No tengo dudas de que no sólo las movilizaciones de la CUT, sino también las manifestaciones deportivas o de los grandes agricultores cuando se toman las carreteras, tienen un componente que escapa a quienes las organizan.
No se puede culpar a los organizadores de una protesta por desórdenes que se cometan en ese evento. Éstos, más bien, deben evitarse mediante los permisos que se concedan, con los lugares donde se realicen y con la acción de las policías; pero no puede responsabilizarse a una organización, ni menos con el énfasis de las normas, porque eso significaría inhibir completamente la participación y movilización ciudadanas, esto es, no sólo las expresiones políticas, sino también sociales.
Espero que esta iniciativa que refuerza elementos de la ley de seguridad del Estado, no incorpore normas lesivas para la sociedad civil y sus actividades.
Como diputado del Partido por la Democracia, anuncio que mi bancada va a rechazar el proyecto, porque atenta contra los derechos constitucionales.
He dicho.
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