"subject","predicate","object" "http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634/seccion/akn640634-po1-ds10","http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type","http://datos.bcn.cl/ontologies/bcn-resources#SeccionRecurso" "http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634/seccion/akn640634-po1-ds10","http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type","http://datos.bcn.cl/ontologies/bcn-sessiondaily#SeccionProyectoDeLey" "http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/640634/seccion/akn640634-po1-ds10","http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#value"," MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.496, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES. Primer trámite constitucional. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el diputado señor Patricio Vallespín. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 6543-03, sesión 35ª, en 3 de junio de 2009. Documentos de la Cuenta N° 3. -Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 61ª, en 11 de agosto de 2009. Documentos de la Cuenta N° 19. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Solicito la unanimidad de la Sala para autorizar el ingreso del director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), señor José Roa. No hay acuerdo. Tiene la palabra el diputado señor Arenas. El señor ARENAS.- Señor Presidente , quiero señalar que el tema que vamos a tratar es muy técnico y el director del Sernac es el que más lo conoce. Por consiguiente, sería importante contar con su aporte. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Solicito nuevamente la unanimidad de la Sala para autorizar el ingreso del director del Sernac. Acordado. El diputado señor Ortiz entregará el informe. Tiene la palabra su señoría. El señor ORTIZ (de pie).- Señor Presidente , reemplazo al diputado señor Patricio Vallespín , quien debió viajar anoche a Puerto Montt por un problema de salud de un familiar directo. En nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma. Se estimó necesario modificar la institucionalidad referida a la protección de los derechos de los consumidores, ya que si bien hubo avances legislativos notorios en esta materia, se ha constatado insuficiencias, principalmente, en materia de protección del interés general, colectivo y difuso, que entorpecen la correcta aplicación de la ley de protección del consumidor. La idea fundamental de este mensaje es establecer un nuevo orden de incentivos para que los consumidores tengan acceso rápido y expedito a la justicia y a la reparación de sus daños. Se define una nueva estructura de desincentivos a las empresas que compiten deslealmente y no respetan tales derechos, y se faculta al director del Servicio Nacional del Consumidor para que participe activamente en la solución amistosa de controversias y, por otra parte, verifique el cumplimiento de las sentencias definitivas o equivalentes jurisdiccionales ejecutoriados, dictadas en causas relacionadas con el resguardo de los derechos de los consumidores. De este modo, recogiendo las mejores prácticas internacionales sobre la materia, se dotará al consumidor, que es nuestra preocupación, de los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer efectiva la responsabilidad del proveedor infractor, además de establecer medidas para evitar la ocurrencia de la misma conducta en el futuro. El proveedor que es declarado infractor ahora habrá de abstenerse de persistir en la conducta que afecta el derecho del consumidor. En el director del Servicio Nacional del Consumidor recaerá la obligación de verificar el cumplimiento de las sentencias dictadas por los tribunales de justicia, cuando se trate de intereses generales, colectivos o difusos. Por otra parte, también se consideró indispensable establecer un deber de compensación por parte del proveedor declarado infractor, sea por medio del pago de las costas de la causa o el precio o tarifa del bien o servicio, en caso de incumplimiento de lo ofrecido o acordado, así como también en caso de deficiencias en la calidad y seguridad. En el caso de cobros excesivos, se busca la devolución de dicho monto, de modo que junto con compensar de alguna forma el daño causado, el proveedor tenga desincentivos a la infracción masiva, por una parte, y el consumidor incentivos a denunciar, por otra. Se estimó, como otra regla procesal conveniente, conferir al juez la atribución para fijar reparaciones no monetarias, complementarias a las medidas anteriores, sobre la base de la propuesta del demandante, tanto respecto de intereses generales o individuales. Lo anterior, agilizará los procedimientos para fijar y hacer efectiva individualmente la indemnización, devolución o reparación, precisar el procedimiento colectivo aplicable y el modo de perseguir la reparación del daño causado al consumidor en caso de sentencia definitiva, resolución de órgano fiscalizador sectorial o equivalente jurisdiccional, que determine la responsabilidad infraccional del proveedor y sancione su incumplimiento. Para incentivar la solución rápida de problemas masivos a través de soluciones amistosas, se consideró del todo conveniente regular de mejor forma la facultad del Servicio para presentar la propuesta de solución ante el tribunal, sobre la base que proponga la propia empresa infractora, con multas rebajadas y menores costos. Por último, para zanjar legalmente una discusión jurisprudencial, se estimó pertinente que el plazo de prescripción de la acción derivada de la ley de protección del consumidor, se cuente desde el cese de la infracción, lo que es coincidente con estándares internacionales, particularmente con las normas de la Unión Europea. Votaron a favor de la iniciativa, los diputados Gonzalo Arenas , Marcelo Díaz , Carlos Abel Jarpa , Antonio Leal , Patricio Vallespín y quien habla. En la discusión del proyecto estuvieron presentes el ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, Hugo Lavados ; el jefe de la división jurídica del ministerio; Eduardo Escalona ; el abogado asesor, Carlos Rubio ; el jefe de Desarrollo de Mercados , José Morel , y el director del Servicio Nacional del Consumidor, José Roa . Como es un proyecto que incide directamente en la vida de los consumidores, pido a mis colegas que lo aprobemos en general y particular. Es todo cuanto puedo informar. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado Eugenio Tuma. El señor TUMA.- Señor Presidente, cada vez que avanzamos en el perfeccionamiento de las disposiciones de la ley del Consumidor, mejoramos las oportunidades de los consumidores para hacer uso de sus derechos, los que están contemplados en la indicada normativa, aunque en los procedimientos no siempre se garantiza que sean ejercidos. Entre muchos de los temas pendientes para mejorarlos están aquellos que dicen relación con el acceso a la justicia y la confianza en que el daño sea reparado o mitigado, por cuanto no siempre estos reclamos terminan favoreciendo al consumidor, no porque la demanda no sea justa, sino porque el procedimiento no es ágil y porque aún no está garantizado que las costas de la demanda sean financiadas por el infractor. El proyecto garantiza que quien no cumpla con la ley del Consumidor cubrirá los gastos que genere la demanda. En las materias donde menos han actuado los usuarios ante los tribunales ha sido especialmente en aquellas de interés general, colectivo o difuso, porque resulta un procedimiento bastante engorroso, por decir lo menos, para garantizar y asegurar que los tribunales favorezcan el reclamo de los consumidores. No obstante, el proyecto mejora el acceso a la justicia en la materia y asegura que quien reclama con justa razón tendrá financiamiento, el cual recaerá en el infractor. Además, agiliza el procedimiento ante los tribunales para acortar los plazos. Por primera vez, por ley, se permitirá la participación de las asociaciones de consumidores, con un fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor, que no sólo actuará de mediador, sino que, dadas sus facultades, sus decisiones tendrán la fuerza de una sentencia judicial. Por eso, éste es un paso más hacia garantizar de mejor forma los derechos de los consumidores y asegurar que quienes tienen una relación asimétrica con los proveedores de servicios queden en un pie de igualdad a la hora de defender sus derechos, de concurrir al tribunal y de financiar los costos de la demanda. Por lo tanto, la bancada del PPD va a respaldar con entusiasmo el proyecto de ley. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas . El señor ARENAS .- Señor Presidente , como debo retirarme para asistir a la Comisión investigadora relacionada con la compra de los tanques Leopard , sólo diré que éste es un muy buen proyecto. Además, su importancia radica en que son aportes surgidos de la práctica del Sernac, en el día a día, por lo cual dicen mucho con perfeccionar el sistema de la defensa de los derechos colectivos, de acuerdo con la experiencia en esta materia. Hago un llamado a mis colegas para votar a favor del proyecto de ley, porque es un buen proyecto, se basa en la realidad y es un avance para una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores, por los cuales siempre hemos estado preocupados en la Comisión de Economía, la cual presido. Felicito al gobierno, al ministro y al director del Sernac por esta propuesta. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Informo a las señoras y señores diputados que la votación es a las 12.30 horas. Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , en primer lugar, por su intermedio, mi saludo al ministro de Economía y al director del Sernac . En segundo lugar, decir que esta iniciativa es simple, pero muy profunda. Realmente, facilita el camino a los consumidores que formulan reclamos, dado que muchas veces se arrepienten de denunciar al ver que no tienen posibilidades de ser reparados en sus derechos dañados. La normativa propuesta lleva a eso, a que el Sernac tenga los instrumentos necesarios para agilizar los procesos por denuncias de los consumidores ante el sistema judicial y tengan derecho a ser resarcidos los efectos negativos del servicio solicitado o de la compra realizada. Constantemente escuchamos reclamos, especialmente de la gente humilde, a raíz de problemas con la prestación de servicios de empresas tales como las telefónicas, sanitarias u otras, o por la compra de algún bien de consumo, pero que a la hora de hacerlos efectivos no cuentan con las herramientas necesarias. Además, establece las compensaciones necesarias. Cabe decir que los afectados muchas veces no acuden a los tribunales porque las costas del proceso son altas. Ahora esto va a ser asumido por quien venda. En pocas palabras, le estamos entregando a los consumidores una nueva herramienta a través del Sernac para la defensa de sus derechos y el resarcimiento del daño que puedan haber sufrido. El cobro de una multa a aquellas empresas que hayan incurrido en una infracción en desmedro de los usuarios va a facilitar la solución del problema entre las partes de una manera más ágil y sin tener que llegar a un juicio. Estas dos herramientas son esenciales y van a facilitar el camino para que los consumidores reciban apoyo en el resarcimiento y reparación del daño causado. Espero que todos estemos a favor de esta iniciativa, con el objeto de que pronto termine su trámite legislativo y pueda ser finalmente ley de la República, sobre todo, porque se necesitan herramientas sólidas, firmes, para que los consumidores individuales y colectivos sean compensados por hechos que les hayan afectado en forma directa. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , este proyecto lleva varias semanas en Tabla y nos alegramos de que hoy se vote, porque significa un nuevo orden de incentivos para los consumidores, sobre todo, porque el Servicio Nacional del Consumidor va a poder intervenir para agilizar el procedimiento judicial. El Servicio Nacional del Consumidor es una entidad relativamente nueva y está comenzando a dar sus frutos en virtud de las disposiciones legales aprobadas; no obstante, mi preocupación radica en que sigue siendo una institucionalidad pobre y sin la fuerza suficiente. De acuerdo con las disposiciones legales que lo rigen y que tienen que ver con los consumidores, hoy no es capaz de revisar muchos procedimientos. Por ejemplo, la ley Eléctrica se modificó sólo para incentivar la llegada de inversionistas que trajeran recursos al país. Sin embargo, los consumidores están totalmente desprotegidos en todo lo que tiene que ver con esa legislación. Por tanto, quiero saber si de ahora en adelante, a través del Servicio Nacional del Consumidor -que lo encuentro pobre, débil, con poca capacidad para fiscalizar y para ser proactivo respecto del consumidor-, se va a poder revisar toda la normativa legal que tenga que ver con los servicios básicos del consumidor, por ejemplo, el agua, la luz, el gas, etcétera. Lo que hoy sufren los consumidores de electricidad es aberrante, pero lo peor es que es absolutamente legal. Por eso, resulta increíble oír al director del Servicio Nacional del Consumidor tratando de explicar a los consumidores lo que están haciendo para defender sus derechos, ya que, al final, las familias deben pagar una cantidad de plata que no se condice con la realidad que vive el país. Más que nada quería hacer una reflexión sobre esta materia. La Presidenta de la República dijo que iba a dar una mirada de mujer y de género a todos los servicios públicos, debo reconocer que se está haciendo a nivel nacional; se dijo que íbamos a entregar una mirada transversal a todo lo que tiene que ver con la discapacidad, también debo reconocer que se ha avanzado mucho en eso; pero no veo al Servicio Nacional del Consumidor con una mirada transversal en la implementación de políticas públicas; no veo a este Servicio ni al Ministerio con la autoridad suficiente para tener una mirada transversal al momento de aplicar la ley. He visto a esa Cartera más preocupada de que lleguen más inversionistas, pero con ninguna capacidad para fiscalizar en beneficio de los consumidores. Vamos a votar a favor del proyecto; no obstante, debo decir que da pena y me preocupa la forma en que está actuando el Ministerio y el Servicio Nacional del Consumidor porque, al final, lo único que hacen es parchar cosas, pero no vemos ninguna capacidad para prevenir situaciones que van en desmedro de los consumidores. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando Meza. El señor MEZA.- Señor Presidente , el país avanza al entregar a la ciudadanía las herramientas suficientes para defender sus derechos. Este es un tema que ha sido analizado primero y defendido después con bastante frecuencia por el director del Sernac , pero -como decía la diputada Sepúlveda - en precarias condiciones. Celebro la presencia en este debate del ministro de Economía y del director del Servicio Nacional del Consumidor; no obstante, insisto en que, muchas veces, este último, en solitario, es el rostro visible de la defensa de los derechos de las personas que a diario son “manoseados” por inescrupulosos comerciantes que, escudados en el poder del dinero de tremendas cadenas de tiendas, entregan artículos con publicidad engañosa, a precios exorbitantes y con intereses inmensos. En muchos casos, los consumidores reciben productos que no satisfacen las necesidades para las cuales los adquirieron. En esta indefensión, prácticamente pierden el dinero y los productos. Es muy complejo llegar hasta las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor cuando se vive en localidades pequeñas que están esparcidas por la geografía nacional. Es triste ver a una dueña de casa que, después de ahorrar dinero con mucho esfuerzo para comprar una lavadora, un refrigerador, un televisor o cualquier electrodoméstico, se encuentra desprotegida a la hora de reclamar porque el artefacto no ha funcionado como corresponde. Me refiero al desamparo de la gente humilde, de la clase media, la que después de grandes esfuerzos logra adquirir algún artefacto; sin embargo, al momento de reclamar por su mal funcionamiento, recibe el portazo de la tienda que se lo vendió. Para qué hablar de lo que ha sucedido con las empresas eléctricas, de los dramas que se han producido en los campos de la Región de La Araucanía, por ejemplo, de Villarrica, Pucón , Curarrehue, Gorbea , Toltén , Cunco , Loncoche , donde los reclamos se suman a diario por las exorbitantes cuentas de la luz -y también del agua- que se entregan a los consumidores, muchas veces sin justificación. Por ello, este proyecto nos llena de satisfacción y esperamos que también vaya con una pincelada económica, con recursos para que el Servicio Nacional del Consumidor cuente con más fiscalización, más personal y mejores instrumentos técnicos para desempeñar su labor en defensa de los consumidores. Ahora se les aplicarán multas a esos desvergonzados que abusan de la confianza de los ciudadanos, a quienes les venden productos que no corresponden a lo que ofrecen en su publicidad. Habrá más fiscalización, la gente tendrá más facilidades para recurrir a la justicia y el director del Servicio Nacional del Consumidor tendrá más facultades para acelerar los procesos. Los que hagan las cosas mal serán castigados con las costas correspondientes y tendrán que devolver el dinero a los consumidores. Así ocurre en los países más desarrollados donde, si el consumidor no está conforme, se le devuelve el dinero que pagó. En Chile, vamos hacia allá. Se trata de un problema cultural, educacional, de respeto mutuo, tolerancia y convivencia. Espero que este proyecto contribuya a que todos los consumidores chilenos puedan vivir un poco más tranquilos y en paz con aquellos que, a veces, nos proveen con productos que no son lo que esperamos. Por eso, vamos a votar favorablemente este proyecto, con mucha alegría y con la esperanza de que no se quedará traspapelado en el recuerdo. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no cabe más que alegrarse cuando tratamos este tipo de proyectos. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que pasa -como lo acaba de decir el colega Meza- en las comunas que represento: Cunco , Curarrehue, Pucón , Villarrica , Loncoche , Gorbea y Toltén , como también en muchas otras. En realidad, en todo el país sucede lo mismo; hablamos de nuestro distrito porque es el que conocemos mejor, no es que desconozcamos la realidad del resto del país. Me gustaría que el ministro y el director del Sernac me escucharan sólo medio minuto. En la Región de La Araucanía, gracias a Dios, tenemos 98 por ciento de electrificación rural. Cuando en una comunidad se corta la luz y uno de los usuarios llama a la línea 600, que es de Santiago, le piden que dé su número de cliente. Aparte de pagar la llamada, en la boleta del mes siguiente le cobran la reposición del servicio. Es decir, al usuario, cuando la empresa tiene la obligación de proteger a los consumidores. Me parece una tremenda injusticia; pero, es lo que vemos a cada rato. Es decir, el cliente que avisa tiene que pagar, además, la reposición del servicio. Es uno de los casos que me llaman mucho la atención. Muchas de estas empresas le echan a perder el presupuesto mensual y, a veces, trimestral y anual, a la familia, porque emiten las boletas sin haber tomado la lectura de los medidores. Pues bien, a una familia que paga 10, 15 ó 20 mil pesos de luz al mes, a los pocos meses le llega una boleta por 240 mil pesos, y cuando va a reclamar, le dicen que no tomaron el estado del medidor, que se acumuló el consumo y que, por eso, debe más de 200 mil pesos. Claramente, esta situación echa a perder cualquier presupuesto familiar. ¿Por qué le digo esto al director del Sernac ? Por algo muy simple: en Chile, la gente tiene que entender que está pagando por un servicio y que tiene derecho a conocer las condiciones en que se entrega. Por ejemplo, en reuniones que tuve en Cunco y en Loncoche, los pobladores me decían que salía un olor muy desagradable de las alcantarillas y que cuando tiraban la cadena, las aguas servidas salían hacia arriba. ¿Acaso la empresa no tiene la obligación de mantener en buen estado las plantas elevadoras que tienen que instalar los pequeños comités de pobladores porque, de lo contrario, no les aprueban los proyectos? Entonces, no le echemos la culpa al Sernac. La gente no se atreve a reclamar porque existe una burocracia salvaje. Al final, dicen que nada sacan con reclamar porque nadie les soluciona sus problemas. Por eso, hay que inculcarles a los consumidores que están pagando por un servicio y que su primer derecho es que éste se proporcione en buenas condiciones, que no están pidiendo limosna; que están pagando por el servicio de luz, agua potable o telefónico, y que tienen derecho a recibirlo en buena forma. Quiero entrar en algunos detalles. Por ejemplo, en el caso de la telefonía, las empresas venden celulares, en circunstancias de que saben que hay zonas en las cuales no existe cobertura. Eso es un engaño. Las personas pueden hablar durante media hora o una hora sólo cuando van al pueblo; es decir, tienen que caminar un par de kilómetros para tener cobertura. Entonces, que no digan que el 98 por ciento del territorio nacional tiene cobertura, porque cuando la gente requiere el servicio, se da cuenta de que ésta no existe. Aquí hay un nuevo engaño. Otro ejemplo. Se estaban vendiendo televisores de plasma -en la comisión los prohibimos-, con no sé qué características, en circunstancias de que en nuestro país aún no se ha implementado un sistema digital. Vendieron miles de aparatos, sin saber cuál será el sistema que se usará en nuestro país. Todo esto es engañar a la gente. Uno se alegra cuando lee que una tienda de Estados Unidos fue demandada por vender zapatos de mala calidad. En Chile ocurre lo mismo, con la diferencia de que aquí existe mucha burocracia, debido a lo cual la gente no se atreve a hacer denuncias. Hay que perderle el miedo a esto. En el fondo, este proyecto apunta a eso. Desgraciadamente, tanto en Chile, como en casi todo el mundo, lo que más duele son las multas. Sin embargo, en vez de decir que nunca han recibido multas ni reclamos, las empresas prefieren pagarlas. Es lo que pasa, por ejemplo, con Chilectra de Santiago, se le aplicó una multa de un millón de dólares, pero como es una compañía monopólica -es decir, no tiene competencia- la paga muerta de la risa, porque es muy inferior a lo que ha cobrado de más a los usuarios. Quiero ponerle otro caso al ministro . Hoy, la gente va y compra una tarjeta de prepago para su celular, que le puede costar 5 mil pesos. Por lo general, lo hacen las personas de edad avanzada -presenté un proyecto sobre la materia en la Comisión de Economía-, que guardan su tarjetita como hueso santo para una emergencia -ocho millones de usuarios tienen celulares con tarjetas de prepago-, y cuando quieren llamar, les dicen que lo sienten mucho, pero que su tarjeta venció el día anterior, a pesar de que sólo han ocupado 500 o mil pesos de los 5 mil pagados. Es decir, el saldo que les quedaba a su favor se va para adentro. Es lo mismo que cuando uno tiene un plan y no ocupa todos los minutos contratados. La pregunta que cabe hacerse es, ¿no deberían traspasarse para el mes siguiente los minutos no ocupados? Esto porque, se usen o no se usen, ya están pagados. El caso de las tarjetas de prepago es patético, porque son sumas muy pequeñas de 100, 200 ó 300 pesos. En el fondo, es sólo un minuto, a veces, el tiempo que transcurre entre la vida y la muerte porque no llegó la ambulancia. Pues bien, por este solo concepto, es decir, por el excedente de las tarjetas de prepago que no se ocupa, las empresas ganan 320 millones de pesos diarios. Este antecedente está a disposición de la Comisión de Economía. Hablamos de los chilenos más pobres del país, de ocho millones de personas a las cuales las compañías telefónicas no les ofrecen planes porque suponen que no van a pagar. Es algo patético porque, aunque parezca extraño, la gente pobre es la que mejor cumple con sus compromisos económicos. Es algo que hay que destacar. Por eso, las empresas no pueden decirle a una persona que, porque es pobre, no tiene derecho a contratar un plan. Me parece una tremenda injusticia. Entonces, cuando en estos temas avanzamos a pie firme por el buen camino, lo primero que tenemos que hacer es educar a la gente para que no se avergüence de hacer estas denuncias, porque harto cuesta ganarse la plata y comprar los servicios que se ofrecen. Ése es el fondo del problema. Quiero decirle al ministro que uno se entusiasma con estos temas que vive a diario y que muy pocas veces tiene la oportunidad de tratarlos en profundidad. Ahora, si él va a las grandes tiendas a comprar un televisor, una lavadora, un refrigerador o lo que sea, le cobran 100 mil pesos, si usa la tarjeta de crédito de la tienda; pero debe pagar 220 mil pesos, si no la tiene. Claramente, el negocio de las tiendas no es el refrigerador o los demás productos que venden, sino las tarjetas de crédito, por las cuales cobran sobre el 4 por ciento de interés mensual. De manera que en dos, cuatro o seis meses, recuperan los 220 mil pesos. Es ahí donde tenemos que hincar el diente. Las tiendas deberían ganarse el dinero honradamente y no cobrando intereses usurarios. Ayer, en la Sala, se puso el ejemplo de una tarjeta de crédito por la cual se cobraba el 4,2 por ciento de interés mensual, en circunstancias de que el Banco Central ha fijado tasas inferiores. Ante esa situación, estoy seguro de que el consumidor tiene derecho a un interés justo. Por eso, el proyecto me parece bueno. Ojalá la gente pierda la vergüenza de hacer denuncias. Los derechos de las personas son sagrados, porque del 99 por ciento de todos los servicios, ninguno es gratis. De ahí, mi alegría por esta discusión para terminar con los abusos, sobre todo en los servicios básicos. Mucha gente está aburrida de presentar reclamos, pues han pasado meses y años en ese cometido y no le han solucionado su problema. Ojalá que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley para que los servicios sean cobrados mensualmente. Si tienen que emplear más gente, que lo hagan. Pero no tienen derecho a echar a perder el presupuesto de una familia por tomar el estado de los medidores cada tres o cuatro meses. El ministro sabe que es así. También es cosa de mirar lo que está pasando en Chilectra, empresa a la que le sale mucho más barato pagar una multa de 1 millón de dólares y seguir cobrando 100 ó 200 pesos por concepto de excedentes. Ahora, me gustaría que el ministro me aclarara el siguiente punto. En la factura aparecen varios conceptos, reajuste sencillo, pago fuera de plazo, envío de boletas; es decir, cobran todo. Parece que el negocio es buscar cualquier subterfugio para ganar plata y no prestar un buen servicio, que es lo que corresponde. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , a medida que la sociedad alcance mayores niveles de desarrollo, es probable que sean más frecuentes las leyes que modifiquen el estatuto jurídico del derecho del consumidor, porque en forma creciente nos vamos empoderando como ciudadanos y como consumidores. Eso significa que se elevarán los estándares sobre los cuales vamos a fijar los mínimos de nuestra legislación. Eso ha ocurrido en sociedades desarrolladas, donde el poder adquisitivo y el consumo de la población han aumentado en forma sustantiva. Hay ciudadanos y consumidores más conscientes de sus derechos. Desde esa perspectiva, nunca debemos ver estas modificaciones como leyes definitivas, porque no van a ser la foto final de la historia en materia de regulación jurídica sobre las atribuciones ni de los servicios del consumidor, ni de los derechos que los consumidores vayan exigiendo para dar respuesta a sus necesidades, demandas e insatisfacciones con los procedimientos para obtener aquello que creen legítimo en la relación cliente-consumidor. Desde ese punto de vista, valoro la disposición del Ejecutivo de estar atento a los cambios que requiere nuestra legislación, a impulsarlos y promoverlos. También valoro que la Comisión de Economía despachara el proyecto con mucha rapidez. De hecho, pasó muy luego a la Sala. Asimismo, hay otras iniciativas en la Comisión que también son objeto de deliberación y que tienen que ver con los derechos de los consumidores en algún ámbito específico que tardarán mucho más tiempo. Pero, en este caso, vamos bastante más rápido. La iniciativa se hace cargo de algo que las propias organizaciones de consumidores venían reclamando. En materia de procedimiento de acciones colectivas, éste es tan largo y complejo que se hace inexistente y precario. Desde esta perspectiva, varias de las reformas planteadas a la ley nos ayudarán de manera muy importante a corregir esa apreciación de la organización de consumidores que, por lo demás, es una realidad. Esto no obedece a un reclamo de las asociaciones, sino que tiene que ver con un diagnóstico compartido de que en acciones colectivas teníamos dificultades. Ahora, quiero referirme a algunas cuestiones importantes de destacar, en la medida que la iniciativa sea aprobada. En primer lugar, que las reclamaciones al Servicio Nacional del Consumidor o ante la superintendencia detendrán el plazo para reclamar ante la justicia. Es muy importante que se interrumpa el plazo de la prescripción. Un punto relevante que hemos escuchado frecuentemente al director del Servicio Nacional del Consumidor en sus asiduas comparecencias a la Comisión de Economía -nosotros le decimos que es diputado honorario- es que si no tenemos procedimientos simples que incentiven a los consumidores a reclamar por sus derechos, se generará una profunda sensación de insatisfacción en ellos. Si el camino de la reclamación, de exigir por la vía judicial o administrativa la satisfacción de los derechos, se torna cuesta arriba y equivale a subir una gran montaña en vez de quejarse de manera clara y directa ante una autoridad que, se supone, debería acoger su demanda, estaremos desincentivando el reclamo y favoreciendo el no mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios por los proveedores. En la medida que el proveedor sepa que por más que haya insatisfacción en los usuarios o en sus consumidores, el camino de la reclamación judicial o administrativa es ineficiente y poco exitoso, estaremos desincentivando el mejoramiento de la calidad de ese servicio. En segundo lugar, las empresas no podrán repetir la misma infracción, pues el proyecto determina que deberán cesar la conducta. Esto es fundamental y requiere una especial labor de seguimiento, fiscalización y monitoreo por el Sernac. Aquí, voy hacer un paréntesis, tal vez coincidiendo en parte con lo que decía la diputada Alejandra Sepúlveda , quien formuló un comentario acerca de la precariedad institucional del Sernac. Esta institución es muy potente, pero es probable que requiera cirugía institucional, si se busca que esté acorde con el fortalecimiento de los derechos de los consumidores y la toma de conciencia de ellos. De cara a los desafíos futuros, deberíamos plantearnos una nueva institucionalidad, más fuerte, quizás segmentando sus labores de preocupación respecto de otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el reclamo en el plano de la prestación de servicios financieros. Sin duda, esto requerirá que en algún momento nos sentemos a analizar si la actual institucionalidad da el ancho para enfrentar los desafíos futuros. A mi modo de ver, ha sido exitosa y ejemplar a nivel latinoamericano. Pero pensando en los retos futuros, tal vez tengamos que conversar acerca de las herramientas institucionales más apropiadas para su éxito, sobre todo si con esta iniciativa le entregamos facultades de vigilancia de las empresas sancionadas para el cumplimiento de los fallos, incluso, la capacidad de denunciar. Para eso hay que tener una herramienta de seguimiento muy potente. La diputada Alejandra Sepúlveda también expresó algo sobre el Ministerio de Economía. Al respecto, hace mucho rato que tenemos una conversación pendiente acerca de su rol en el contexto del desarrollo económico de Chile. De hecho, si revisamos sus apellidos, Fomento y Reconstrucción, nos daremos cuenta de que ni siquiera se ajustan a lo que pasa en Chile. Nuestra Comisión espejo se llama Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo. A lo mejor, tendríamos que empezar a hablar de desarrollo económico, no sólo de economía, fomento y reconstrucción. En consecuencia, ya hay cuestiones planteadas en el debate. Sin duda, serán parte de nuestras deliberaciones en el marco de las próximas elecciones presidenciales. Ojalá que la elite se centre en ese ámbito, en discutir ideas y cuestiones de fondo respecto de cómo vemos el país, y no en asuntos secundarios. Me asiste la convicción de que esto tiene que ver con un tema de fondo, que en los últimos dieciocho años hemos alcanzado niveles de desarrollo social, económico y cultural muy sustantivos, que nos obligan a mirar el país no con ojos de los años 90, del siglo pasado, sino del siglo XXI. Eso tiene que ver con las dimensiones con que los ciudadanos realizan sus actividades. La del ciudadano consumidor es parte de la realidad. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para reactivar la economía? La Presidenta de la República envió un proyecto de ley, aprobado por amplia mayoría en la Cámara, para entregar un bono de reactivación económica a las familias de menores recursos y que consiste en 40 mil pesos por carga familiar, que se está pagando estos días. ¿Qué pretende ese bono? Que las familias más desfavorecidas cuenten con recursos para enfrentar la crisis económica. ¡Queremos que ese dinero vaya al consumo; que se gaste en el almacén de la esquina, en la tienda, en el quiosco! ¡Queremos generar dinamismo desde el punto de vista de los consumidores, y que el dinero sirva como una herramienta de fortalecimiento en la economía y en la reactivación económica! Este proyecto cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Socialista, porque va en la línea correcta, ya que reconoce las deficiencias del marco normativo vigente y ayuda a resolver problemas desde el punto de vista de las acciones colectivas, de la reparación del daño, del estímulo y del incentivo para el cumplimiento de la buena conducta después de una sanción aplicada a una empresa. Además, establece juicios y mecanismos rápidos y expeditos para que las empresas reconozcan sus errores y reparen el daño causado. Por lo tanto, la iniciativa significa una actualización importante y sustantiva de la legislación vigente, pero también una reforma para pensar en desafíos de más largo plazo. Con estas modificaciones no se agotan los desafíos que tenemos en este ámbito; ni en lo institucional vinculado al Servicio Nacional del Consumidor, ni en lo institucional vinculado al Ministerio de Economía. Insisto, este tema debería formar parte de nuestras deliberaciones de cara a la ciudadanía para la próxima elección presidencial. Un candidato, Eduardo Frei , lo está planteando, lo que es positivo. La ciudadanía está consciente y empoderada en sus derechos. Por último, quiero felicitar al Sernac. El proyecto fue objeto de deliberaciones y diálogos con las asociaciones de consumidores. Ésa práctica debería ser permanente. La sociedad civil se organiza de diversos modos, y debemos considerarla en nuestra reflexión durante los procesos de deliberación, no sólo en el espacio formal de la Cámara de Diputados, sino en el diálogo con las autoridades nacionales y regionales. He dicho. El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente , debemos felicitarnos por discutir este proyecto de ley tan importante para la calidad de vida de millones de chilenos. Muchos consumidores han sido víctimas de estafas y abusos por compañías monopólicas que deben resarcir los daños. El proyecto va a establecer una compensación muy importante. Hemos sido testigos, a pesar de que la información por la prensa y la televisión ha sido escasa, de los abusos de Chilectra, sobre todo en las comunas más vulnerables. Hasta ahora, no se han dado en Las Condes o Vitacura, sino en Cerro Navia, Renca y Huechuraba . Como los abusos son tan grandes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha aplicado a Chilectra cuatro o cinco multas de 1 millón de dólares. Pero, como dijo el colega René Manuel García , son tantas las ganancias de esa compañía, que paga con facilidad millones de dólares. Pero, ¿qué pasa con los clientes afectados? En la comuna de Huechuraba los pobladores se movilizaron. Dos mil personas reclaman por los abusos de Chilectra. Están organizados en una coordinadora que ha obligado a esa compañía a revisar las boletas y resarcir los cobros. Esto se ha producido sobre la base de un desgaste y presión increíbles. Chilectra se ha visto obligada a abrir una oficina, que los bomberos han facilitado con alto espíritu cívico, para revisar las cuentas con abusos. Los primeros abusos los cometió en comunas populares, ya que utilizó a los pobladores como conejillos de indias probando un medidor digital en los postes, y que no le entrega a cada consumidor el detalle de los gastos. Esos medidores tienen displays y, cada cierto tiempo, arrojan el consumo a los medidores de las casas. Pero los medidores están tan mal hechos que se han producido cruces de cuentas. Entonces, a una familia le cobran la cuenta del almacén vecino. Incluso, se traspasa parte del consumo público a cuentas particulares. Con alegría me enteré ayer que las compañías eléctricas van a cambiar los medidores. Por lo tanto, representa un triunfo de la movilización. En la negociación de la coordinadora de Huechuraba con Chilectra estaban Carolina Rojas, una pobladora, Leo García , otro poblador, y la concejala Camila Venado , además de los gerentes de esa empresa. Lo único que no habían conseguido hasta ese momento era el cambio de medidores. La compañía reconoció los abusos cometidos. Pero, ¿qué pasa con el resto de los consumidores de la Región Metropolitana? Las comunas de Cerro Navia, Renca y San Joaquín también han sido abusadas. ¿No van a tener una compensación? Por lo menos, esperamos que le devuelvan el dinero a los estafados. En la facturación, los abusos cometidos con medidores cruzados dejan constancia de que una familia pagó la cuenta del almacén vecino. Además, había medidores reseteados. Por lo tanto, indicaban un consumo duplicado. Me refiero a cuentas de 400 mil pesos. Una familia promedio de cinco personas hoy está reduciendo sus gastos de electricidad. Las compañías eléctricas todavía cobran según el cálculo que se fijó cuando subió el petróleo. Todavía no rebajan los costos. Están pagando 116 pesos por kilovatio. Una familia media, restringiendo su consumo, consume más o menos entre 200 y 300 kilovatios. Hay cuentas de más de 30 mil pesos. Una pareja de jubilados, con pensiones exiguas, está pagando alrededor de 22 mil pesos ¿Cómo es posible? Señor Presidente , por su intermedio deseo señalar al ministro que es necesario implementar un subsidio eléctrico dirigido a las miles de familias que no pueden pagar sus cuentas de electricidad. Por lo demás, éstas se ven abultadas porque las empresas cometen abusos. De hecho, Chilectra , en determinados casos, cobra durante meses por concepto de consumo provisorio y no factura el consumo real. Incluso, factura por montos de cero peso. Se entiende que ello ocurra durante un mes, pues quizás no hubo posibilidad de leer el medidor, pero no parece posible que ello ocurra durante cuatro o cinco meses continuos. Como es lógico, luego el consumidor recibe una cuenta muy abultada. La compañía, lejos de reconocer que no facturó el consumo, cobra intereses al cliente. ¿Cómo es posible que se cometa ese abuso? Por otra parte, existen facturaciones erróneas y sumas mal hechas. ¡Sumas mal hechas! ¿Dónde queda la presumible eficiencia de la empresa privada? Otra irregularidad consiste en que se cobra arriendo por el uso del medidor, en circunstancias de que muchos clientes son propietarios de los mismos. Ahora bien, cuando la compañía acumula cobros y factura por montos de cero peso, luego no sólo cobra intereses, sino que una parte del sobreconsumo que figura en la cuenta se liquida tomando en consideración la tarifa invierno. ¡Qué sinvergüenzura más grande! Sé que el director del Sernac conoce el problema. Es cierto que la gente de La Pincoya logró doblarle la mano a esta compañía; sin embargo, Chilectra se encuentra regateando la multa de 1 millón de dólares que le fue aplicada. Con todo, ¿qué pasará con los miles de otros pobladores estafados por esta compañía? ¿Qué señalan los medios de comunicación frente a este abuso? ¿Por qué sólo informan del hecho en pequeñas notas? Porque esta compañía financia a los medios de comunicación a través de avisaje publicitario. Varios periodistas me han dicho que lo mejor es no hacer notas, pues luego la compañía quita los avisos y desfinancia a los medios. Así las cosas, existe una mordaza que impide dar a conocer esta sinvergüenzura cometida por Chilectra. ¿Qué ha hecho la UDI o el señor José Yuraszeck ya no está en Chilectra? ¿Por qué dicen que defienden a los pobres? Estas personas están siendo estafadas en miles de millones de pesos. Se trata de un gran problema que afecta a miles de pobladores de Santiago, aunque tengo la impresión de que esta situación también ocurre en otras regiones. Junto con el diputado señor Tuma , hemos pedido públicamente a los ministros de Economía y Secretario General de la Presidencia que adopten las medidas necesarias para acelerar la urgencia de un proyecto que busca crear un organismo certificador de la facturación de las compañías eléctricas. Lo que está sucediendo es inaudito. Esperamos que la justicia compense los dramas que han vivido las familias afectadas. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , reconozco que el Ministerio de Economía y el Sernac se han mostrado mucho más proactivos en los últimos años. El proyecto en debate enriquece esa gestión. Lo mismo sucede con la Fiscalía Nacional Económica, organismo que ha mostrado más independencia, proactividad y ganas de defender a los ciudadanos. Apoyaré el proyecto, por cuanto apunta en la línea correcta. Como ha señalado la OCDE -en este caso, es necesario atender su sugerencia- es importante implementar sistemas de mediación proactiva y lograr que las empresas reconozcan sus errores, busquen compensaciones y no judicialicen los conflictos a través de largos procesos. A propósito de lo planteado por otros parlamentarios, persisten dudas en cuanto a como lograr que el servicio sea proactivo motu proprio cuando existen denuncias permanentes en ciertas áreas. Así como en la Región Metropolitana se han generado problemas con Chilectra, en la Región de O’Higgins, desde San Fernando a Rancagua -comenté esta situación al señor José Roa -, se han acumulado muchos reclamos en contra de la empresa CGE. Se trata de una compañía eléctrica con buen historial. Sin embargo, de pronto surgió una avalancha de reclamos. En efecto, la gente se siente abusada, pues muchas veces personal de esa empresa entra a casas y departamentos sin consultar a los residentes. La gente comenta que los consumos han subido mucho y hay sospechas de que quizá no se está efectuando lectura de medidores en forma mensual. Ello redunda en acumulación de consumo de energía eléctrica y el consiguiente cobro de intereses. De comprobarse esos abusos, ¿por qué el Servicio Nacional del Consumidor no asume una conducta proactiva, busca investigar los hechos y crea mesas de conversación con las empresas para compensar a los consumidores? De la lectura del proyecto, se colige que se han creado instrumentos para tal efecto, pero ello ha sido consecuencia de la constatación de reclamos. La idea es que cuando no exista reclamo formal, pero exista evidencia de que se ha generado dificultades en una determinada área, el Sernac -repito- asuma un rol proactivo, dialogue con las empresas y corrija las deficiencias que surjan en un ámbito determinado. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Marcelo Schilling. El señor SCHILLING.- Señor Presidente , no hay duda de que en los últimos veinte años los consumidores han ganado en protección. En efecto, por mucho tiempo permanecieron a la intemperie; hoy, los poderes públicos defienden sus derechos cuando se ven sometidos a engaños, abusos u otro tipo de situaciones desagradables. No cabe duda de que el proyecto en debate perfecciona las normas que los protegen. Sin embargo, es preciso continuar avanzando en esta materia, puesto que el mercado ha cambiado su naturaleza y la institucionalidad debe adecuarse a esas nuevas características. Por ejemplo, las grandes cadenas del retail, más que transar bienes lo que venden es dinero a través del otorgamiento de créditos. Ése es el verdadero negocio de estas grandes cadenas. Pese a ello, la protección frente a esos servicios financieros no está lo suficientemente extendida. Todos estamos al tanto de las altas y abusivas tasas de interés que cobran esas cadenas de negocios. Por ello, las políticas públicas deben ocuparse de defender a los consumidores. Más que vender camisas, las cadenas de retail prestan dinero para que las personas se vistan. También se produce este tipo de abuso en las empresas de cobranza al extenderse el crédito. Si bien se ha legislado para poner coto a sus procedimientos más invasivos y desestabilizantes para el consumidor, no es suficiente. Asimismo, en materia de cobranza es preciso incursionar en el sentido de limitar hasta cuánto puede pagar un deudor que tenga una deuda contraída con cualquier institución. Por ejemplo, en el caso de las AFP, si algún empleador incurre en mora en el pago de la previsión, muchas veces, tres meses después debe pagar cuatro veces lo adeudado, no sólo en multas e intereses, sino también en cargos y costos que imputan las empresas de cobranza. Todas estas cuestiones son, sin ninguna duda, acciones abusivas por parte de las grandes empresas. Para qué hablar de lo que relataba María Antonieta Saa respecto de empresas que venden servicios o bienes de utilidad pública y que incurren, de manera recurrente, en faltas en el servicio sin resarcir a los consumidores. Señor Presidente , quiero dejar planteada esta inquietud para que no se detenga el impulso de protección hacia los consumidores yendo hacia ámbitos, como el financiero, donde hoy el mercado ha cambiado de carácter. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el honorable diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , sin haber estudiado en forma más profunda el informe de la Comisión de Economía, me llama la atención su contenido. Se dice, por ejemplo que, con el mecanismo vigente, respecto de un juicio, iniciado hace cuatro años, aún no hay sentencia de primera instancia, y que el efecto más importante de esta ley es que se espera terminar con los juicios indemnizatorios en la mitad del tiempo que demoran en la actualidad. No sé si eso es un error o un argumento que se quiere plantear en el tratamiento de este proyecto. Lo dejo como pregunta al señor director del Servicio Nacional del Consumidor ; que me aclare un poco esa situación, porque me parece que, o no está bien emitido el informe o que, después de cuatro modificaciones a la ley, todavía existen juicios de años. Entiendo que esto determina obligaciones al proveedor que sea declarado infractor de conductas ilícitas o atentatorias de los derechos del consumidor. Entiendo también que establece el deber de compensación para que la sanción no resulte ilusoria. Establece, asimismo, reglas procesales adecuadas para no perjudicar a los consumidores. Además, faculta al juez para fijar reparaciones no monetarias a propuesta del demandante. Como quisiera que todos los comentarios emitidos por los distintos colegas fueran parte de este proyecto. No obstante, éste me parece débil; porque si estamos en la tercera o cuarta modificación de la ley, nos falta mucho. ¡Qué decir de los bancos e instituciones financieras que, prácticamente, no se tocan! Los servicios de luz, de agua potable, de gas y de teléfono van a tener un quehacer diferente; pero, reitero, las instituciones financieras y los bancos se tocan tangencialmente. También quiero mencionar la ilógica situación que se presenta cuando los tribunales sentencian a un infractor y le aplican multas a beneficio fiscal, sin reparar el daño ocasionado ni decretando el cese de las conductas reprochadas. Esta propuesta establece un nuevo orden de incentivos para que los consumidores tengan acceso -ahora, no sé sobre la rapidez- expedito a la justicia y a la reparación de los daños. Por eso, la pretensión de establecer una nueva estructura de desincentivos a las empresas que compiten deslealmente y que no respetan los derechos de los consumidores, debe ser de una forma un tanto más urgente, más rápida. Los tribunales se caracterizan por archivar asuntos que no nos llevan a una jurisprudencia no zigzagueante. Los tribunales, con textos expresos de leyes, a veces discurren sobre la procedencia de aplicar un procedimiento colectivo respecto de materias relativas a regulaciones sectoriales establecidas para estos servicios que comentamos. Esta modificación, indudablemente, queda con gusto a poco. Los comentarios vertidos dicen que debemos avanzar muchísimo más, pero será sobre la base de una nueva ley o de una modificación a la actual. Si duda, hay que aprobar este proyecto, pensando en un futuro mejor. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Recuerdo a las señoras diputadas y señores diputados que, simultáneamente, están funcionando las Comisiones de Ética, de Derechos Humanos, de Cultura y la Investigadora de la compra de los aviones Mirage. Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. El señor ULLOA.- Muchas gracias, señor Presidente. En un proyecto como éste, quiero referirme, más que al tema de fondo, el cual ha sido abordado por algunos señores diputados con mayor razón, y otras señoras diputadas con, claramente, menor razón, a lo siguiente: Desde el punto de vista formal y constitucional, el proyecto, que consta de dos artículos, contiene, claramente, en su artículo 2º un aspecto inconstitucional, toda vez que establece al Presidente de la República un plazo para determinar el texto refundido, coordinado y sistematizado. El artículo 64 de la Constitución Política señala, en su inciso quinto que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el Presidente de la República queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución.” Señor Presidente , entonces, el artículo 2º del texto en discusión es contradictorio con la Constitución Política y, en consecuencia, solicito, si hay unanimidad, con el propósito de no entorpecer la discusión del proyecto, eliminar de inmediato el artículo 2º. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Muchas gracias, diputado Ulloa, su opinión también es compartida por la Mesa de la Cámara. Tiene la palabra el ministro de Economía, señor Hugo Lavados. El señor LAVADOS (ministro de Economía).- Gracias, señor Presidente. No quiero referirme con detalles al proyecto. Han sido suficientemente indicados. Sólo señalar que, en primer lugar, con él, pretendemos fortalecer la defensa de los consumidores. En segundo lugar, lograr que sean indemnizados de manera más rápida, acortando los procedimientos judiciales. En relación a la pregunta del diputado Jaramillo, es efectivo que hay un juicio que lleva cuatro años y todavía no se dicta el fallo de primera instancia. Es un juicio civil y quienes lo llevan a cabo me han dicho que no es un caso raro en Chile y que podría demorar, en una situación optimista, dos y tres años adicionales. En tercer lugar, compensar adecuadamente cualquier acto que distorsione los mercados y afecte a los consumidores. En cuarto lugar, lograr un hecho que parece absurdo, pero no se estaba cumpliendo, cual es detener la conducta que afecte los derechos de los consumidores. Quiero ejemplificar que, con este proyecto, las multas que recientemente ha pasado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, del orden de tres millones de dólares, por errores en las cuentas de electricidad domiciliaria, de tres mil consumidores, se inició por denuncia del Sernac. Este hecho acción permitirá recurrir a un juicio indemnizatorio colectivo, el que se verá agilizado por acción de este proyecto. Además, la iniciativa tendrá otros efectos muy importante, toda vez que permitirá una suerte de posta entre la Superintendencia y el Sernac, puesto que la primera tiene la capacidad de establecer multas y el Servicio, dentro del ámbito de su acción, de definir si operan mecanismos de mediación u otros para resarcir a los consumidores, amén de evitar que la conducta sancionada continúe. Felicito y agradezco a los diputados miembros de la Comisión de Economía, que aprobaron el proyecto en general y en particular, por unanimidad y en un plazo breve, con la salvedad que acaba de hacer el diputado señor Ulloa, que había sido advertida por la Mesa para corregirla. Es necesario también reconocer el trabajo que realizó el Sernac, particularmente su director, don José Roa, así como la colaboración que prestaron las divisiones jurídica y de regulación y desarrollo de mercado del Ministerio de Economía, que trabajaron en la redacción del proyecto durante toda su trámite en la Comisión. En seguida, daré a conocer algunos antecedentes, que son interesantes de tener en cuenta. El director del Sernac me señalaba que, según encuestas confiables, más del 80 por ciento de los consumidores sabe qué es el Sernac; que más del 60 por ciento conoce sus derechos; que del orden de 80 por ciento reclama ante las empresas cuando sus derechos han sido vulnerados; que más del 60 por ciento no sigue comprando en las empresas con las cuales han tenido problemas y que algo menos del 60 por ciento resuelve sus reclamos directamente con las empresas. El problema central está en quienes no saben qué es el Sernac, que no conocen sus derechos y que no reclaman. Habitualmente se trata de consumidores de menores ingresos y con menor nivel educacional. Por lo tanto, aquí habrá que poner especial atención, de manera de orientar y educar a los consumidores en sus derechos. Aunque el presupuesto del Sernac se ha triplicado en los últimos 10 años, es evidente la necesidad de fortalecer organismos de este tipo; es menester darles una nueva mirada. Así lo han señalado varios diputados, particularmente el señor Marcelo Díaz. Hubo algunas menciones sobre el rol del Ministerio, sobre las cuales tenemos que debatir. Sólo agrego que sobre bases lo más informadas posibles, la discusión debiera darse en general sobre los distintos organismos del área económica y no sólo respecto del rol del Ministerio de Economía. Por último, varios diputados, entre ellos el diputado René Manuel García, se refirieron a la regulación y supervisión de las tarjetas de crédito. Al respecto, el gran tema son los saldos mensuales, toda vez que las tasas son variables, lo que hace que este tipo de créditos sea lejos el más caro de todos. Con todo, les recuerdo que las tarjetas de las grandes cadenas de tiendas están bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En seguida, sería muy interesante conocer en profundidad el pensamiento del diputado García y de otros diputados de la Alianza sobre temas de fondo, como regulación bancaria, competencia del sector y tasas de interés, materias en las que podremos avanzar sólo con amplias mayorías en el Congreso. Muchas Gracias. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, comparto totalmente la importancia y el valor del proyecto. Por eso, me preocupa lo que ocurre en el Senado con este tipo de proyectos y pido que la Mesa agilice el procesamiento que hace esa instancia posteriormente. Hace mucho tiempo, esta Cámara aprobó un proyecto, que pasó al Senado, que entre otras cosas establecía la forma de tratar los cobros excesivos de las compañías. Si ese proyecto hoy fuese ley, la situación con Chilectra habría sido distinta. Pido que reclamemos al Senado por la demora incomprensible de ese proyecto, que dice relación con el Sernac y con los derechos del consumidor. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos: El señor SÚNICO ( Presidente ).- En votación general el proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; León Ramírez Roberto; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Por no haber sido objeto de indicaciones, se declara también aprobado en particular, con excepción del artículo 2º, en virtud de lo que establece el inciso quinto del artículo 64 de la Constitución Política. Despachado el proyecto. 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