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- rdf:value = " PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta. (Continuación).El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde continuar el debate de las modificaciones del Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
Antecedentes:
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín Nº 5458-07, se inició en la sesión 72ª, en 2 de agosto de 2009.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, el proyecto de ley tiene dos objetivos centrales.
El primero, contenido en el artículo 41 propuesto por la Cámara de Diputados en el Nº 1 del artículo 1º del proyecto, que otorga más atribuciones a los fiscales y a los jueces de garantía para entregar alternativas distintas a las sanciones de prisión o internación en régimen cerrado a jóvenes infractores de ley, excluidos los delitos más graves.
Al respecto, indica un amplio catálogo de delitos para que el juez, el fiscal, las partes, puedan concordar la suspensión de la pena restrictiva de libertad en régimen cerrado aplicada al joven cuya causal de delincuencia ha sido, fundamentalmente, la adicción al consumo de alguna droga prohibida, incluida, por cierto, la cannabis sativa, e imponer al condenado la condición de someterse a tratamiento de rehabilitación, sujeto a controles periódicos, destinado a evitar la causalidad de su acción delictual, su adicción.
Sería un error hacernos los lesos en cuanto a que el problema de las drogas cruza a la sociedad nacional y que tiene un efecto brutalmente dramático en jóvenes de todos los segmentos sociales, pero con mayor gravedad en los de mayores carencias. Esta norma tiene esa lógica.
Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, fue suprimida por el Senado. Según nos contó el ministro de Justicia , en la sesión pasada, porque los senadores, en general, creyeron que el proyecto se bastaba con la norma relativa a Gendarmería, lo cual es un error. Es una equivocación no dar un paso concreto en esta materia y esperar una futura ley del Sename.
El ministro, ante un requerimiento transversal, pues usaron de la palabra el diputado Eluchans, la diputada Marisol Turres, el diputado Leal, la diputada María Antonieta Saa, entre otros, que alegaban por la ausencia de esta norma en el informe del Senado, se comprometió a enviar un proyecto sobre la materia antes del 30 de septiembre. Me parece un plazo razonable.
Es cierto que en otros casos no se han cumplido los plazos, pero como se comprometió solemnemente aquí, en la Sala, a enviar un proyecto antes del 30 de septiembre, hicimos fe de su compromiso, razón por la cual creímos lógico aprobar las modificaciones del Senado, pero sólo en cuanto a la norma relativa a que Gendarmería de Chile, en determinadas circunstancias, asuma roles preventivos o punitivos cuando se produzcan actos contrarios al orden, al interior de los penales y en determinadas situaciones.
He dicho.
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente , el proyecto merece un mayor análisis. Por tanto, deberíamos rechazar la supresión que hizo el Senado del artículo 41 aprobado por la Cámara, con el objeto de que el proyecto vaya a Comisión Mixta para resolver allí la divergencia, ya que razones de urgencia y otras bastante poco comprensibles impidieron que fuera perfeccionado en esta iniciativa y se optó por la vía rápida: la supresión de la norma.
Existe un problema concreto. Hay una amplia oferta del Conace para realizar tratamientos por adicción a drogas y alcohol que está subutilizado. Ese es el contexto. Una razón de aquello es la ausencia de mecanismos legales efectivos que incentiven el uso de dicha oferta. Un objetivo tiene que ser mejorar el acceso a los programas de tratamiento. La llamada sanción accesoria del tratamiento ha demostrado ser ineficaz, o al menos insuficiente, pues se centra más en el castigo que en el incentivo. Un reciente estudio efectuado por la Universidad de Chile ha demostrado que la vía principal de acceso al tratamiento es por voluntad de los jóvenes.
El proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional potenciaba dos mecanismos jurídicos en esa dirección, recogiendo la experiencia de las cortes de drogas. Primero, la suspensión del procedimiento penal y, segundo, de la ejecución de la sanción ya impuesta, en ambos casos, bajo la condición de someterse a un tratamiento de rehabilitación. Con ello se motiva al adolescente infractor a participar y mantenerse en los programas a cambio de una mejora en su situación procesal penal. De no cumplir el tratamiento, pierde esta oportunidad y el sistema aplica la sanción penal que corresponda.
Otra ventaja de estas normas, según se ha explicado por especialistas en el tema, es que ponen en manos del abogado defensor una herramienta acorde con sus deberes profesionales que les permitirá motivar a adolescentes a acceder a estos tratamientos. En la práctica, esto no es algo menor si consideramos que dentro del sistema de justicia juvenil sólo los defensores están especializados en la atención a los adolescentes. Por tanto, la entrega de estos instrumentos augura una mejor efectividad de las normas propuestas.
Con esto quiero enfatizar la idea de que nuestro objetivo debe ser mejorar y facilitar el acceso a estos programas. Se nos ha dicho que estas materias son de mucha complejidad, que por ello el Senado eliminó las normas relativas al tratamiento de drogas y se nos informó que pronto se va a enviar un proyecto de ley para perfeccionar la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Si el proyecto que hoy discutimos lleva casi dos años de tramitación, ingresó en octubre de 2007, como consecuencia de la muerte de diez adolescentes en Puerto Montt, hecho investigado por una comisión de la Cámara de Diputados presidida por la diputada señora Marisol Turres , ¿cuánto va a demorar, entonces, en convertirse en ley un nuevo proyecto que va a abarcar más temas que exclusivamente el relativo al tratamiento de drogas, donde sin duda vamos a tener importantes diferencias, porque las hemos tenido en la tramitación de los asuntos relativos a la ley Penal Juvenil? ¿No es acaso un asunto de alta complejidad permitir el ingreso de gendarmes en los centros del Sename y que sin embargo pudimos resolver en este lapso de tiempo? Este tipo de proyectos siempre terminan tratándose en forma apurada y, al final, por razones de seguridad y de castigo se postergan los fines de reinserción y rehabilitación que deberían estar en el centro de nuestro quehacer, especialmente en materia de justicia penal juvenil. Así ocurrió con la entrada en vigencia y así se pretende que ocurra nuevamente.
Mejorar el acceso a los tratamientos de droga es un tema urgente. El estado actual de tramitación de este proyecto permite que, con el compromiso de todos los sectores parlamentarios, podamos construir un acuerdo en la Comisión Mixta sobre la base del proyecto que la Cámara aprobó ampliamente en abril de 2008. Será también la oportunidad de ver hasta dónde el discurso en favor de la rehabilitación, del que algunos alardean por la prensa, se expresa también en la votación de estos mecanismos legales que en la Cámara ya habíamos sido capaces de acordar.
Además, la instancia de la Comisión Mixta nos va a permitir conocer cómo se piensa cumplir en el plazo de un año la formación de la guardia especializada que exige este proyecto y respecto de lo que no hay ninguna garantía.
Por ello, anuncio mi rechazo a las enmiendas introducidas por el Senado y reitero el compromiso de nuestra bancada, en orden a favorecer un acuerdo para mejorar las normas sobre rehabilitación de los adolescentes infractores, como ya había sido aprobado por amplia mayoría en esta Corporación en el primer trámite constitucional de este proyecto.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente , la intervención del diputado Marcelo Díaz me ahorra gran parte de los argumentos que quería entregar en esta oportunidad.
Pienso que es fundamental que el proyecto vaya a Comisión Mixta para -tal como decían varios colegas- perfeccionar esta norma y superar las debilidades que se puedan encontrar; no obstante, debemos aprovechar la oportunidad para legislar al respecto ahora.
Los niños y jóvenes constituyen un tema que tenemos que enfrentar con mayor profundidad y rigor en la Cámara. No estamos reflexionando en todo su significado lo que está ocurriendo en el mundo y en particular en Chile. Lo analizamos desde el punto de vista de contener delitos y no como una sociedad que está produciendo un tipo de conductas antisociales en su forma de funcionar.
El “Cisarro” no es sólo un caso extremo, sino que también una forma de estar en la sociedad y un modelo que se va extendiendo en determinadas realidades, no únicamente en Chile, también ocurre en París, en Chicago y en distintas partes del mundo. Es una forma de insertarse en la sociedad.
Hoy Chile no cuenta con una política consistente para enfrentar las causas de estos procesos de socialización o desocialización que se van dando. Y cuando se enfrenta el delito, viene una gran histeria sobre cómo reprimirlo, pero sin hacer un trabajo serio respecto de las causas y sin programas -como ha dicho el diputado Marcelo Díaz - sobre todo en lo que es rehabilitación a la altura de los problemas que tenemos.
En la Cámara tenemos que incorporar la evaluación del impacto de las leyes que han sido dictadas y el debate habido respecto de ellas. Cuando se discutió la ley del Sename dijimos que esa institución no iba a ser capaz de contener el conjunto de procesos que está generando la propia sociedad porque está mal diseñado, mal pensado, desarticulado de la educación, de la salud y no responde a una política en los barrios de los municipios. La realidad actual es que ese servicio está desbordado por todos lados.
Aquí se ha dicho que hay que repensar las funciones del Sename, pero primero debemos pensar globalmente el problema a partir del cual debemos generar la legislación que corresponde. La Cámara tiene que evaluar las leyes y el debate habido sobre ellas, porque algo nos ocurrió y no nos adelantamos a los hechos, a pesar de que se discutió y se entregaron argumentos, pero también recuerdo que en esa ocasión hubo muchos que dijeron que sólo había que partir con un Sename retocado.
El artículo 41 que figura en el proyecto despachado por la Cámara si bien contiene limitaciones en su planteamiento, lo concreto es que da un margen de flexibilidad para enfrentar la rehabilitación y entrega alternativas a los jueces para actuar. Pero el Senado lo ha suprimido y ha señalado que esta materia se va a analizar a través de otra legislación.
El problema que afecta a la sociedad es tan grave, tan profundo, tan complejo, que la justicia requiere mayores alternativas para enfrentarlos no sólo desde el punto de vista del tipo de condena, sino también de más recursos. Debemos asumir la rehabilitación como un problema de la sociedad en su conjunto. No puede ser que los jóvenes no cuenten con alternativas oportunas, tutores eficaces, con un sistema de acompañamiento eficaz. En verdad, nuestra sociedad está jugando con fuego; quienes no ven esta parte de la realidad, tampoco perciben el crecimiento exponencial de las conductas antisociales y la poca preocupación que tenemos por el origen de los problemas, sólo su contención.
En ese marco, quiero sumarme a lo señalado por el diputado Marcelo Díaz y varios otros colegas. El proyecto debe ir a Comisión Mixta para perfeccionar el artículo 41 y no postergar el tratamiento de la materia en futuros proyectos de ley, porque eso puede demorar mucho y la sociedad requiere hoy esas alternativas.
He dicho.
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .- Señor Presidente , intervengo sólo para reiterar lo que ya han manifestado otros parlamentarios, en cuanto a que el proyecto vaya a Comisión Mixta porque la modificación del Senado, que elimina la norma que establece la suspensión de la imposición de condena o la suspensión condicional del procedimiento, según el caso, respecto de los delitos que merezcan sanciones privativas o restrictivas de libertad iguales o inferiores a 540 días, es negativa en comparación con el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que permitía al juez imponer al imputado, durante el procedimiento, la medida cautelar de someterse a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol.
En primer lugar, creo absolutamente necesario entregar esta facultad al juez, y no limitarlo en la posibilidad de aplicar medidas cautelares; estamos hablando de personas muy jóvenes. En nuestro país, el flagelo de la droga y del alcoholismo es muy grande, no sólo en los sectores más populares y marginales, sino que en diversos estratos de la sociedad; en realidad, es un fenómeno transversal. Basta con ver las fiestas que se organizan en determinados lugares, para comprender la dimensión que ha alcanzado el efecto de las drogas y el alcohol, como elemento nocivo y puerta de ingreso a fenómenos delictivos.
Por lo tanto, considero negativo no ampliar las facultades a los jueces para que apliquen medidas cautelares, como la de someter al condenado a tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas y al alcohol, más que condenas perentorias. Enviar a la cárcel a un joven adicto a la droga, no soluciona su problema porque con ello no lo rehabilitamos, sino que los condenamos a que siga sumido en la droga o en el alcohol, porque no le prestamos asistencia en una edad en que es perfectamente posible cambiar, siempre que la sociedad y las instituciones del Estado lo ayuden.
Además, esta norma se contradice con algo que acordamos, relacionado con las políticas públicas sobre seguridad. Parlamentarios de la Concertación y de la Alianza suscribimos un acuerdo con la Presidenta Bachelet , en virtud del cual nos comprometimos a reestructurar el Sename y dar paso a un servicio para aquellos niños o jóvenes que han infringido la ley de imputabilidad penal adolescente, y a otro servicio que atienda a los niños que viven en situación de abandono, aunque hayan cometido faltas o delitos. Ése es el espíritu del acuerdo suscrito entre la Alianza, la Concertación y la Presidenta Bachelet y que se plasmará en el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional, aunque con retraso respecto de lo que hubiéramos querido, que apunta a estructurar dos organismos. Como digo, ése es el espíritu del proyecto; es decir, privilegiar la atención de los jóvenes, más que la represión.
En este sentido, la modificación del Senado restringe el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, razón por la cual la voy a votar en contra. Por las razones que he señalado, creo que es absolutamente necesario que el proyecto vaya a Comisión Mixta. Allí podremos perfeccionarlo y hacerlo acorde con el paso que vamos a dar posteriormente, cuando nos corresponda reestructurar el Sename y generar dos organismos que se preocupen más ampliamente de esta realidad. Coincido con el diputado Montes en que la delincuencia juvenil es un problema extremadamente complejo que requiere más estudio, reflexión, medidas y, sobre todo, políticas sociales. Al respecto, las medidas represivas y la limitación a los jueces para que puedan aplicar medidas cautelares alternativas, naturalmente, constituyen un límite para el tratamiento de esta materia.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre esta materia en los siguientes términos:
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Corresponde votar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 votos; por la negativa, 89 votos. No hubo abstenciones.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Rechazadas.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
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