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- rdf:value = " El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , con ocasión del tratamiento de un proyecto similar al que estamos debatiendo, Manuel Rojas , nuestro diputado de la zona norte, me manifestó, cuestión que conversamos también con el ex diputado Waldo Mora , una idea bastante interesante. La recuerdo, porque debe quedar registrada en la historia de la ley, amén de que el subsecretario del Interior debería tomar nota de ella. Dice relación con el servicio militar. En su oportunidad, le hicimos presente al ministro del Interior de la época que también se considerara a Carabineros para que se cumpliera el servicio militar; que Carabineros también tuviera que ver con el servicio militar obligatorio, porque desde esta perspectiva se podía combatir, de manera más cercana, el flagelo de la droga.
Por eso, recuerdo la idea del diputado Rojas y adhiero a ella idea. El subsecretario también debería considerarla en alguna iniciativa futura.
La seguridad ocupa un triste sitial de honor, por decir lo menos, entre las preocupaciones de la gente y de quienes la representamos. Sin embargo, el delito debemos combatirlo en forma racional. Es aquí donde surgen las discusiones, toda vez que el combate a la inseguridad ciudadana no está exento de facilismo y de soluciones abiertamente antidemocráticas. Repito, es aquí donde tenemos diferencias con algunas bancadas. A nuestro juicio, la lucha debe darse en el marco del estado de derecho; allí estaremos todos de acuerdo.
En este contexto, se contempla la elaboración de un nuevo Código Penal, que actualiza y armoniza este importante cuerpo legal con la situación actual del país.
El proyecto propone la creación de un nuevo ministerio, denominado Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que será sucesor del actual, y estará encargado de la prevención y control de la delincuencia, así como de la rehabilitación de los infractores de ley y su reinserción social.
En ese marco normativo aparece algo interesante: los intendentes estarán a cargo de la ejecución de la política nacional de seguridad pública interior a nivel regional y provincial. Este signo de fiscalización es interesante y de una tremenda legitimidad democrática.
El proyecto también establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Carabineros y Policía de Investigaciones, pasan a depender del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Aquí retomo el comentario que hice al comienzo de esta intervención, en cuanto a las mayores posibilidades que tendría Carabineros si más personas se insertan para combatir el flagelo delictual. Para lo anterior, se hacen ajustes y adecuaciones a las leyes orgánicas de ambas policías, habida consideración que las subsecretarías de Carabineros e Investigaciones son reemplazadas por la Subsecretaría del Inte-rior, sucesora legal de todos los derechos y obligaciones de que fueren titulares las subsecretarías que se suprimen.
Me llama la atención que no se haya incorporado al Sename a la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación, que será la encargada de prevenir socialmente la delincuencia, el consumo de drogas y alcohol, y de rehabilitar y reinsertar socialmente a los infractores de ley y a quienes padezcan adicción a las drogas, para lo cual deberá gestionar planes y programas en relación con la prevención social del delito, amén de supervigilar y coordinar los planes y programas que los demás ministerios y servicios públicos desarrollen en este ámbito.
Un gran aporte de la Cámara de Diputados es la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que estará presidido por el ministro del Interior y Seguridad Pública e integrado por el ministro de Justicia , el ministro del Servicio Nacional de la Mujer , un representante de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros de Chile, el Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el director Nacional de Gendarmería ; en fin, un Consejo que estará integrado por un sinnúmero de participantes que lo hacen más interesante e importante como expresión del combate al consumo de drogas.
Ese Consejo será de carácter consultivo y se reunirá a lo menos tres veces en cada año calendario y, por lo menos una vez, escuchará a representantes de la sociedad civil. Interesante idea.
También se crea, en reemplazo del Conace, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas, servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Por eso, llama la atención su presupuesto, que aunque interesante, lo encuentro muy venido a menos para lo que será ese Servicio. Se habla de 3 mil 600 millones de pesos, con un mayor gasto en personal de mil 400 millones de pesos.
La misión específica de ese Servicio será elaborar políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas.
Por lo tanto, este tan anhelado proyecto debe ser apoyado por todas las bancadas. Todos queremos, de una vez por todas, que el tema de la inseguridad ciudadana salga de la opinión pública como situación prioritaria a ser solucionada.
La delincuencia está a la vuelta de la esquina; por eso, el apoyo al proyecto debe ser de todos y no sólo de quienes estamos por legislar una nueva institucionalidad en materia de seguridad pública.
He dicho.
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