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- rdf:value = " El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , de acuerdo con la discusión de este proyecto, sin duda, vamos a aprobar la nueva institucionalidad. La creación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es un viejo anhelo de muchos ciudadanos y de la comunidad que quieren no sólo un ministerio represor, sino que proteja y ejerza la seguridad ciudadana. Por eso, es fundamental dejar consignado que se está resolviendo una enorme anomalía, consecuencia de la época dictatorial, cuando Carabineros y la PDI pasaron a depender del Ministerio de Defensa. Con esta iniciativa, su dirección y coordinación corresponderá a la nueva Subsecretaría del Interior, es decir, se avanza en la línea correcta.
Se avanza también al establecer una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación que se hará cargo directamente de dos aspectos fundamentales de la seguridad pública: la prevención de la comisión del delito -con programas y la focalización de iniciativas- y la rehabilitación.
Insisto, la creación de la Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación apunta al núcleo del combate al delito y a aumentar los instrumentos para una seguridad pública eficiente. No sacamos nada con seguir llenando las cárceles, con aplicar altas penas a los delincuentes, si no tenemos una política de prevención, de anticipación a esos delitos, de rehabilitación y de seguimiento de la conducta de esos delincuentes.
De acuerdo con innumerables estudios, aproximadamente, el 80 por ciento de quienes infringen la ley y caen a la cárcel son hijos o parientes de otros que ya estuvieron allí. Si no realizamos un seguimiento de los hijos de condenados, no vamos a cortar la cadena delictual que reproduce conductas; vamos a fomentarla.
La Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación tiene que avanzar en esa línea. Además, como lo plantea el proyecto -en buena hora-, se modifica el Conace, para que sea un servicio público especializado; no sólo un programa, una glosa dentro de la política pública. En definitiva, pasa a ser un servicio público descentralizado, con funcionarios en cada región, con presupuesto asignado específicamente a la rehabilitación de miles y miles de personas que sufren el flagelo de la droga. Ésa es una buena política. Tenemos que buscar soluciones de largo plazo.
Se equivocan quienes plantean que con el combate frontal al delito con más policías e intervención en las calles vamos a solucionar el problema de seguridad pública. Las políticas requeridas son de largo plazo, sistemáticas, sostenidas, de Estado. Con ellas, creo que se avanza enormemente en la contención del tráfico o la adicción a las drogas; así como en la rehabilitación, al establecer la posibilidad de programas para aquellas familias que sufren porque personas cercanas son adictas a las drogas o al alcohol.
¿Qué alternativas tienen hoy esas madres o padres para sus hijos adictos?
Tenemos que avanzar en la materia. Por eso, aprovecho la presencia del Subsecretario en la Sala para plantearle la necesidad de contar con jueces de cumplimiento de condenas. No sacamos nada, señor subsecretario, por su intermedio, señor Presidente , con aplicar penas rígidas, si, más tarde, cuando el condenado hace uso de beneficios o cumple su pena, no sabemos qué ocurre posteriormente. Precisamente, los delitos más dramáticos que hemos conocido en el último tiempo, fueron cometidos por personas que habían cumplido penas o gozaban de algún beneficio. ¿Dónde está el seguimiento y el resguardo para la sociedad, respecto de esas personas?
Es importante avanzar en esta materia y me gustaría que el Subsecretario se refiriera en su intervención, para que quede en la historia de la ley, a la iniciativa del Ejecutivo para una política de implementación de jueces de cumplimiento de condenas, que existen en muchos países.
Por último, es de gran relevancia la necesidad de que se evalúe la función de las policías. Tanto Carabineros como la PDI hacen un gran esfuerzo; pero si analizamos la gestión económica y administrativa -muchas veces- de sus funcionarios, de la asignación de sus recursos, concluiremos que no es la más eficiente.
De acuerdo con el texto del proyecto de ley, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará semestralmente a la Cámara de Diputados acerca de la inversión y avances en la implementación de programas de seguridad pública. Es relevante saber sobre la inversión de los recursos y su impacto.
Por ejemplo, ¿por qué en determinadas zonas del territorio dejan de funcionar cuarteles de policía, y condenamos a su población a la indefensión? Ese es el caso del sector de Las Ánimas en la ciudad de Valdivia. Hoy, una población de más de 15 mil habitantes ni siquiera cuenta con un retén de Carabineros, en circunstancias de que lo tuvo. No existe una política focalizada que implique proteger a los habitantes y atacar el delito en forma sistemática. Al respecto, se nos dice que Carabineros está complementando mejores programas de prevención, mediante la colocación de cuarteles móviles fruto de la racionalización de recursos.
Por eso, la Cámara de Diputados debería evaluar semestralmente el funcionamiento policial, cómo se usan los recursos humanos y materiales y su impacto en los objetivos propuestos y en la comisión de delitos.
Por eso, la bancada socialista votará favorablemente el proyecto, aunque dejamos planteados algunos temas. En tal virtud, pido al subsecretario, por su intermedio, señor Presidente , que nos diga que ocurrirá con los jueces de cumplimiento de condena, cuáles serán las iniciativas en tal sentido y qué proyectos se contemplan para avanzar en la evaluación de la función de nuestras policías, como cumplimiento de metas, programas de inversión y seguimiento de estas políticas. Es importante tener respuesta a estas inquietudes y dejar constancia de ellas en esta sesión.
He dicho.
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