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El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , ante todo, quiero expresar mi más enérgico reclamo porque el proyecto viene con suma urgencia, lo que no permite a los diputados presentar indicaciones para mejorarlo.
Mi gobierno nos tiene acostumbrados a pensar que la labor de los colegisladores es votar y punto, y no expresar nuestras ideas y visiones en relación con temas que nos parecen muy importantes.
En proyectos como el que nos convoca, los parlamentarios que representamos al norte tenemos una voz que manifestar y planteamientos que hacer; sin embargo, no nos permiten hacerlo como corresponde.
Vamos a presentar un proyecto para limitar las facultades del Ejecutivo en materia de calificar con suma urgencia ciertos proyectos, lo que no tiene ninguna razón de ser. En lo que se refiere al proyecto en comento, mi región tiene una particularidad muy especial. Sin embargo, los diputados no podemos presentar indicaciones sobre temas que nos parecen relevantes.
Dicho eso, el proyecto señala que en Copiapó, una de las zonas con más estrés hídrico, que tiene constituidos en derechos 19 metros cúbicos de agua por segundo, a pesar de que la capacidad de aguas subterráneas no resiste más allá de cinco a seis metros cúbicos por segundo, las solicitudes ascienden a 364, de las cuales sólo dos corresponden a agricultores Indap.
Lo que vive Copiapó es un problema tremendamente serio, provocado por el Estado de Chile durante el gobierno militar, período en el cual la Dirección General de Aguas entregó una inusitada cantidad de derechos de aguas para la especulación. En efecto, el día antes de que el Presidente Aylwin asumiera su gobierno, la Dirección General de Aguas de Pinochet entregó derechos de agua a gente que iba a especular con ese vital elemento en Copiapó. Por eso, hoy nos encontramos con que la cuenca de Copiapó se está secando.
Cuando uno plantea estos temas, espera que el Gobierno, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas actúen en forma enérgica.
El proyecto permite que de una vez por todas la cuenca de Copiapó se cierre, al prohibir a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, excepto cuando se trate de pequeños campesinos. Sin embargo, me habría gustado presentar una indicación.
En ese sentido, espero que el Ministerio de Obras Públicas recoja mi planteamiento, dado que en la cuenca de Copiapó ni siquiera los pequeños campesinos pueden sacar un litro de agua, porque -reitero- están disminuyendo un metro por mes sus aguas subterráneas, medidas por la Empresa Sanitaria de Atacama. Ni siquiera los campesinos pueden sacar agua de esa cuenca sin aumentar su deterioro y su balance negativo.
Actualmente, se están presentando proyectos mineros en la región. Por eso, pido al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas no aceptar ninguno más en la cuenca de Copiapó, aunque existan derechos comprados, si no aportan agua nueva. De lo contrario, seguirá aumentando el referido balance negativo.
Al ver lo que está ocurriendo en el norte, uno se da cuenta de que esa zona requiere una legislación mucha más enérgica, distinta de la que se aplica en el sur. Sé que en la región a la cual pertenece el distrito del diputado Ulloa , sus ríos no tienen los problemas del río Copiapó. Por lo tanto, debe estar conteste conmigo en que el trato que se debe dar a las aguas del norte debe ser distinto al que se da a las del sur. Esto se debe plasmar en la Constitución a fin de reconocer que Chile es muy diverso, y que, por lo tanto, la Dirección General de Aguas no puede actuar de igual forma respecto de los ríos Mataquito y Copiapó.
Por otro lado, dado que no puedo presentar indicaciones en favor del valle del Huasco, quiero una explicación clara del ministro de Obras Públicas y del director General de Aguas sobre la razón por la cual dicho valle no fue incorporado en este proyecto.
Me llama la atención ese hecho. Los derechos de agua del río Huasco, desde el punto de vista de su balance, se han entregado en gran cantidad, y en algún momento comenzará la especulación, tal como ocurrió en Copiapó. Dicho valle todavía no tiene problemas, pero no fue incorporado en esta iniciativa. Me pregunto, ¿a título de qué? ¿Por qué se pasa de Copiapó a Culebrón Lagunillas? ¿Cuál es la razón de esta política de aguas?
Al respecto, me habría gustado presentar una indicación para incluir al valle del Huasco, porque sabemos que los derechos de agua de ese río ya fueron entregados y en cualquier momento sus aguas superficiales empezarán a explotarse más allá de lo razonable. De hecho, tuvimos una discusión con la junta de vigilancia, la que no se opuso a que la importante empresa Agrosuper, que se está incorporando a la región, pidiera una enorme cantidad de derechos de agua subterránea. No sé de qué manera la autoridad en Santiago puede determinar los derechos de agua subterránea que se entregan en el valle del Huasco y cómo esa decisión afectará su futuro.
A mi modo de ver, debe implementarse una política real y concreta en todo el norte. Me parece mal que la Dirección General de Aguas no esté realizando su aporte en este proyecto, en la medida en que incorpora sólo a Copiapó y no al valle del Huasco. Me parece mal que los parlamentarios que no pertenecemos a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural no tengamos derecho a presentar indicaciones sobre un proyecto que afecta, fundamentalmente, al territorio que representamos.
Cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, tendré especial cuidado en que la Dirección General de Aguas cuente con el presupuesto necesario para desarrollar sus actividades.
En mi región, he constatado que el ministro de Obras Públicas no entrega a la Dirección General de Aguas el presupuesto adecuado, a fin de que esta entidad haga lo que debe realizar en ella.
Gracias a una indicación presentada durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2009, tenemos tres fiscalizadores en el valle. Pero ellos no pueden salir a terreno, debido a que el Ministerio de Obras Públicas no les entrega viático, camioneta ni recursos para que se muevan. Entonces, estamos preocupados del cemento, pero no de cosas fundamentales para el norte, como el agua.
Reitero que revisaré exhaustivamente esa materia durante la próxima discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Queremos que la Dirección General de Aguas, por lo menos en el norte, cuente con el presupuesto necesario para realizar todo lo que debe hacer, y que lo haga bien.
El gobierno regional está disponible para prestar su apoyo, pero al parecer el Ministerio de Obras Públicas se hace el sordo en relación con esta importante rama de su actividad. Pareciera que le importaran más las concesiones. Al respecto, hemos visto una ley de concesiones para licitar hasta las escuelas y los hospitales. Ya vimos que a través de este sistema se busca concesionar nuevos hospitales y privatizar la salud en Chile.
Por eso, voy a estudiar en detalle el presupuesto asignado a la Dirección General de Aguas. Deseo prestarle mi apoyo, a fin de que cumpla su cometido en el norte. Para ello es necesario que cuente con recursos, de manera que sus funcionarios puedan salir a fiscalizar sin dificultades. Asimismo, se requiere que la Dirección General de Aguas tenga el equipamiento tecnológico necesario, y que los flujómetros que se están pidiendo sean incorporados en los valles de Copiapó y del Huasco. Ojalá pueda, vía Internet o por otros medios, controlar la fiscalización de este valle que se está secando.
Es muy relevante que el Ministerio de Obras Públicas presente un proyecto de reforma constitucional para modificar el régimen de aguas en Chile, que permita separar lo que pasa en el norte de lo que sucede en el sur, y así evitar la especulación que se está llevando a cabo con las aguas, sobre todo en las regiones del norte, de una de las cuales soy su representante.
He dicho.
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