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El señor SÚNICO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL .-
Señor Presidente , la ley Nº 20.017, de 2005, específicamente su artículo 4° transitorio, apuntó en la perspectiva de regularizar derechos de aprovechamiento de aguas de pozos y norias en beneficio de pequeños agricultores.
Esta norma, de noble intención, pretendía solucionar el problema de quienes tenían construidos pozos de pequeño volumen de extracción y que, por requisitos establecidos en el Código de Aguas, no podían regularizarlos, y en consecuencia no podían optar a los programas de subsidios que el Estado tiene al efecto.
Sin embargo, se constató que, en la práctica, dicho artículo tuvo un efecto bastante alejado de su espíritu, ya que luego de su entrada en vigencia se presentaron cerca de 52 mil solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, muchas de las cuales no corresponden a pequeños agricultores, sino a medianas y grandes empresas que utilizaron la referida disposición transitoria como un procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores, desvirtuando los fines de la norma.
Ese artículo transitorio posibilitaba la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en la perspectiva de favorecer a pequeños campesinos y a indígenas, lo que, en la práctica, no ha ocurrido. Por eso, anuncio mi apoyo a este proyecto de ley.
Aclaro que algunos agricultores, como los de la Región de Atacama, han recurrido a la Contraloría General de la República en contra de la Dirección General de Aguas. Por eso, deberíamos aprobar en forma rápida la iniciativa, porque, de constituirse los 52 mil derechos de aprovechamiento de aguas solicitados a lo largo del país, se perjudicarían los ya otorgados debido a que se produciría saturación y sobreexplotación de los acuíferos con consecuencias desastrosas.
Hay que tener presente que la limitación de la facultad que se estableció en el referido artículo 4º transitorio de la ley N° 20.017, no puede afectar las aguas otorgadas a indígenas ni a la pequeña agricultura o agricultura familiar, que necesitan estos recursos hídricos y no son las causantes de los grandes problemas hídricos de la Región de Atacama o de otras regiones.
Se debe cautelar el espíritu del artículo 4º transitorio y restringir su alcance, para que no se acojan a él las mineras ni los grandes agricultores, como se ha pretendido tras la presentación de 52 mil solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. Hay que resguardar el agua en favor de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar y de los indígenas. Ellos deben tener acceso a este importante recurso.
En la Región de Atacama, en particular en el valle de Copiapó, vivimos una situación de extrema escasez. El río Copiapó, que el año pasado tenía un caudal de 11 millones de metros cúbicos, hoy sólo tiene 7 millones de metros cúbicos.
Tenemos un acuífero que produce recursos hídricos por 4 mil litros por segundo. Sin embargo, existe una utilización de más de 6 mil litros por segundo, con derechos constituidos por parte de grandes empresas agrícolas, mineras, y otras, por 21 mil litros por segundo. Por lo tanto, la situación es extremadamente grave. No quiero alarmar a nadie, pero todos los estudios indican que en el valle de Copiapó hay agua potable asegurada sólo para tres o cinco años, y no más.
Por tal razón, más que criticar al Ministerio de Obras Públicas, como lo han hecho algunos señores diputados, valoro que dicha cartera haya entregado al ministro Viera-Gallo un proyecto de reforma constitucional que recupera los derechos de agua y repone plenamente lo que el régimen militar modificó, en relación con que las aguas son un bien de uso público de la nación.
La iniciativa recoge básicamente el contenido de otros cuatro proyectos presentados en el Congreso Nacional: el primero, del senador Ricardo Núñez , sobre la diversificación de las cuencas en materia del Código de Aguas; el segundo, del diputado que habla, respecto de la recuperación de los derechos de aguas que no utilizan las empresas y que enajenan como si las aguas fueran de ellas; el tercero, del senador Horvath , sobre glaciares y nieves, y el cuarto, presentado por los diputados señores Chahuán y Aedo , también sobre derechos de agua.
Me parece que es muy importante concretar ahora dicha iniciativa de reforma constitucional que impulsa el Ministerio de Obras Públicas, que fue entregada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que siga su curso. Por lo tanto, en forma pública pido al ministro señor José Antonio Viera-Gallo que acelere la tramitación de ese proyecto, porque es urgente recuperar los derechos de agua por los cuales empresas pagan una pequeña patente que mantienen en su poder, para después enajenar y transar dicho bien en el mercado, como si el agua fuera una mercancía cualquiera y no perteneciera a todos los chilenos; es decir, como si no fuera, como han dicho la Iglesia Católica y el mundo evangélico, un derecho humano que debemos preservar. Al respecto, cabe recordar que, sólo el 3 por ciento del agua de nuestro planeta es dulce y que Chile ocupa el tercer lugar dentro de los países con mayores recursos hídricos dulces. El país tiene una responsabilidad gigantesca ante la agricultura y los proyectos de diversa naturaleza, pero, sobre todo, ante los seres humanos, a fin de preservar los recursos hídricos de agua dulce.
Señor Presidente , es necesario entregar mayores facultades a la Dirección General de Aguas. Logramos que cuente con más fiscalizadores, pero como se ha dicho, operan en condiciones paupérrimas y, sobre todo, con enorme dificultad para entrar a los predios.
Necesitamos que los fiscalizadores de la Dirección General de Aguas tengan el carácter de ministros de fe cuando recurran a la justicia. De lo contrario, existe una tremenda disparidad ante el peso de los agricultores o las grandes mineras para limitar la capacidad de fiscalización.
Necesitamos legislar para garantizar que las empresas estén obligadas a trasladar en forma gradual los derechos de agua que hoy tienen en los acuíferos intermedios -en el caso de Atacama, en el de Copiapó-, a los acuíferos de costa, porque para ellos es perfectamente posible utilizar en sus procesos productivos la mezcla de agua salada y dulce que hay en los acuíferos de costa, y no seguir utilizando sólo agua dulce.
En Copiapó hay un ejemplo que da vergüenza. No sé como se autorizó el permiso por parte de la Corema. Me parece un escándalo que una empresa traslade su concentrado a través de un tubo, utilizando agua dulce, desde Tierra Amarilla hasta un puerto de Caldera, y que esa agua dulce sea botada al mar. Necesitamos que ninguna gota de agua dulce vaya al mar. Hoy existe tecnología, a través de plantas de osmosis inversa de diversa naturaleza, para recuperar el agua dulce, e impedir que un escándalo de esa naturaleza continúe repitiéndose.
Lo que hace esa empresa es no pagar el costo de volver a reinyectar esa agua ya purificada en el sistema. Por un problema de costos, la bota al mar, con lo cual causa un daño tremendo a la Región de Atacama y al valle de Copiapó.
Por lo tanto, espero que se apruebe el proyecto a fin de restringir el alcance del artículo 4º transitorio de la ley N° 20.017, de tan noble espíritu, pero cuyo tenor literal fue aprovechado por grandes agricultores y por mineras para solicitar la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas. Es necesario que en esta materia, se consagren de todas maneras los derechos de los pequeños campesinos y de los indígenas.
Asimismo, espero que se apruebe el proyecto de reforma constitucional sobre derechos de agua, patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas y su ministro Sergio Bitar , y, al mismo tiempo, se avance en el proceso de renacionalización del agua en nuestro país, lo que es indispensable para manejar bien las cuencas. Es necesario que el Estado asuma un rol protagónico en relación con un recurso que, en el norte de Chile, es tremendamente escaso, y que en el caso de los valles de Copiapó y del Huasco, se encuentra en una situación de extrema dificultad.
Esperamos cambios legislativos, pero también de conducta y mayor fiscalización. Se fiscalizó en Copiapó y se encontraron con que hay agricultores que están extrayendo de manera ilegal 900 litros de agua por segundo.
La fiscalización también ha permitido llegar a la conclusión de que el litro agua por segundo se está transando entre 50 mil y 80 mil dólares, en circunstancias de que se trata de agua que no pertenece a quienes inscribieron los derechos, porque lo hicieron para un proyecto, y hoy enajenan el resto, lo venden como si fuera de su propiedad, violando con ello la norma constitucional que establece que las aguas son un bien de uso público.
He dicho.
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