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El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet.
El señor MULET.-
Señor Presidente , sin duda, voy a apoyar este proyecto de ley. Sin embargo, deseo referirme al problema del agua en mi región y en el resto del país.
Me alegro de que el ministro de Obras Públicas enviara este proyecto, porque hemos solicitado que se prohíba a la Dirección General de Aguas constituir más derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Copiapó. En efecto, en reiteradas oportunidades -más que una petición, ha sido un reclamo de la comunidad de la Región de Atacama- hemos solicitado al director general de Aguas y al subsecretario de Obras Públicas que no sigan constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca de dicho río.
También me preocupa la situación del valle del Huasco que, sin duda, no presenta todavía el colapso por sobreexplotación que registra el de Copiapó, que se está estudiando. Sin embargo, sí hay una situación grave o que se puede agravar. O sea, hay que tratar de resolver el problema de Copiapó, pero también prevenir. En ese sentido, me habría gustado que tal prohibición se extendiera, al menos, a algunas secciones del valle del Huasco.
Señor Presidente , durante los últimos lustros hemos ido tomando conciencia de la gran problemática del agua a nivel mundial, en particular sobre la que dice relación con el agua dulce. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con el valle de Copiapó, donde la sobreexplotación de los recursos hídricos tiene a ese hermoso valle en peligro de secarse. En efecto, informes hidrológicos del Ministerio de Obras Públicas dados a conocer hace algunas semanas, indican que existe una cantidad de agua inferior al 50 por ciento de la necesaria para pasar la temporada.
El proyecto va por el camino correcto, pero es insuficiente ante la gravedad del problema.
Durante los últimos años en el Gobierno ha habido contradicciones en esta materia. Por primera vez veo una luz de un cambio, de un giro. En tal sentido, si bien el proyecto no resolverá el problema, sí está poniendo un freno importante para no seguir constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas. Sé que la DGA ha tomado la decisión administrativa de no hacerlo. De hecho, ese organismo no cambiará en forma sustantiva, pues lo que se modificará es la situación jurídica. En otras palabras, se impondrá la ley para que un futuro director de la DGA, impuesto por otro gobierno, se vea impedido de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas. Repito, la situación jurídica quedará trabada, salvo en lo relativo a los pequeños agricultores o a las comunidades indígenas.
¿Por qué señalo que ha habido contradicciones? Porque el agua ha estado en manos del Estado y ha sido éste el que la ha administrado en forma deficiente. En efecto, el Estado, a través de sus órganos, entregó más derechos de aprovechamiento de aguas a privados que la capacidad de surtimiento del valle de Copiapó. Esto viene ocurriendo durante los últimos veinte años, aunque todo comenzó en 1980 ó 1981, época en que se modificó el Código de Aguas. Seguramente, esto se llevó adelante de buena fe, en el ánimo de buscar soluciones. Sea como fuere, hoy nos percatamos de que ello se hizo en forma equivocada.
Por otra parte, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Estado, pese a la oposición de todos los parlamentarios de la Región de Atacama, privatizó, mediante concesión, la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama -si mal no recuerdo, en esa época el subsecretario aquí presente era Superintendente de Servicios Sanitarios-, lo que implicó que la administración del recurso más importante de la región quedara en manos de una empresa que lucra, pero que no satisface las necesidades de la Región de Atacama.
Además, el Estado es dueño de las aguas que están en el valle de Chañaral. De hecho, los derechos de aprovechamiento de esas aguas pertenecen a Codelco. La aspiración de la comunidad de Chañaral y de Diego de Almagro es contar con más agua potable y acceder a recursos hídricos -muchos de los cuales no se utilizan-, a fin de diversificar el emprendimiento agrícola en el valle de Chañaral. Con todo, es el Estado el que no facilita el desarrollo de esos proyectos.
El proyecto representa una pequeña luz, por cuanto una repartición del Estado -el Ministerio de Obras Públicas- lo sustenta. Sin embargo, se requiere de algo mucho más sustancial. El valle de Copiapó está en riesgo. Se dirá que es fácil alzar la voz y decirlo, pero es necesario hacer cirugía mayor. Con el fin de que no se produzca una catástrofe es necesario adoptar medidas mucho más drásticas. La iniciativa sólo busca que el problema no continúe agravándose.
Al constatar que se entregaron derechos de aprovechamiento de aguas a grandes empresas agrícolas -en algunos casos se trata de centenares de litros por segundo-, pero que éstas no las ocupan y las venden a compa-ñías mineras, uno tiene derecho a pensar que se defraudó la ley, por cuanto estas empresas se aprovecharon de la inocencia de la Dirección General de Aguas, que entregó derechos de aprovechamiento de aguas, con lo cual se sobreexplotó el valle más allá de los recursos que éste puede recuperar anualmente. ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿A través de la recuperación de esos recursos para el Estado? ¿Mediante la nacionalización de los mismos? No, por cuanto el Estado los administró en forma deficiente. Los órganos del Estado no dan ninguna garantía de que administrarán bien esas aguas en caso de su recuperación, por cuanto -repito- fueron ellos los que entregaron derechos de aprovechamiento de aguas, privatizaron las empresas de agua potable y no quieren entregar los recursos hídricos pertenecientes a Codelco para diversificar el emprendimiento agrícola en el valle de Chañaral.
¿Qué debemos hacer? Regionalizar. Chile posee una gran diversidad geográfica. La situación de Atacama debe ser abordada en forma urgente, en particular lo que ocurre en Copiapó. Se trata de circunstancias distintas de las que pueden encontrarse en otras zonas del país. Quiero que la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama deje de ser concesionada y vuelva a tener carácter regional. La idea es que sea administrada por el alcalde y los consejeros regionales, a fin de satisfacer el derecho básico en materia de consumo de agua potable.
Por otra parte, propongo que la Región de Atacama cuente con facultades para administrar los recursos hídricos, de modo de no centralizar esa potestad en la Dirección General de Aguas, por cuanto ello no nos da ninguna garantía. La mayor demostración es el daño producido durante decenios y que ha desembocado en la crisis que se vive hoy.
La futura reforma al Código de Aguas debe considerar las diferencias regionales y otorgar facultades a las autoridades regionales para administrar recursos con la debida libertad y autonomía, con el fin de privilegiar la vida, la agricultura y las actividades mineras.
Nos encontramos en medio de un dilema complejo que espero se resuelva en forma inteligente, pero también con franqueza y lealtad. Estamos en un período de elecciones. Todos hablan del agua, tanto los candidatos como el Gobierno. El proyecto constituye un pequeño paso para congelar por la vía jurídica lo que administrativamente ya se encuentra paralizado. Se trata de una buena medida. Sin embargo, deseo que el señor ministro responda cuándo se tomarán las medidas para solucionar el problema de fondo.
Anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, con las observaciones que he hecho presente.
He dicho.
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