PROHIBICIÓN DE CONSTITUIR DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN DETERMINADAS ZONAS O ÁREAS. Primer trámite constitucional. El señor VARGAS ( Vicepresidente ).- Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en virtud del artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas. Diputado informante del primer informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural es el señor Ignacio Urrutia. Antecedentes: -Mensaje, boletín N° 6681-01, sesión 73ª, en 1 de septiembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 2. -Primer informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, sesión 85ª, en 6 de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 16. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Pido la palabra, señor Presidente . El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , solicito que pida el asentimiento de la Sala para que ingresen a la Sala el subsecretario de Obras Públicas y el director general de Aguas para la discusión de este proyecto. El señor VARGAS (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Cámara para que ingresen a la Sala dichas autoridades. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado informante señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente , la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural informa acerca del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República , que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en virtud del artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas. Cabe señalar que, con fecha 6 de octubre de 2009, la Primera Mandataria hizo presente la urgencia, con carácter de “suma”, para el despacho de esta iniciativa. Constancias reglamentarias previas. En conformidad con lo señalado en el artículo 287 del Reglamento, se hace constar expresamente: 1º) Que, de acuerdo con el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política, el proyecto no contiene disposiciones de carácter orgánico constitucional. 2º) Que, de acuerdo con el artículo 220 del Reglamento de la Corporación, no existen artículos del proyecto de ley que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda. 3º) Que, en virtud del artículo 15 del Reglamento, se introdujeron algunas correcciones formales que no es del caso detallar. 4º) Que el proyecto de ley fue aprobado, en general, por la unanimidad de los diputados presentes señores Barros , Estay , Hernández , Pérez , la diputada señora Sepúlveda , doña Alejandra , y el diputado señor Urrutia. Fundamentos. La ley Nº 20.017, que modificó el Código de Aguas, estableció en su artículo cuarto transitorio, incisos primero y segundo, que la Dirección General de Aguas constituiría derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta dos litros por segundo para las regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y hasta cuatro litros por segundo en el resto de las regiones, sobre captaciones que hubieran sido construidas antes del 30 de junio de 2004. Con posterioridad, la ley Nº 20.099, artículo 2º, amplió el plazo para presentar solicitudes de constitución de derechos hasta el 16 de junio de 2006. El objetivo del artículo 4º transitorio fue regularizar derechos de aprovechamiento de aguas de los pozos y norias en beneficio de los pequeños agricultores que tenían construidos pozos de pequeño volumen de extracción y que, por requisitos establecidos en el Código de Aguas, no podían regularizarlos; en consecuencia, no podían optar a los programas de subsidios que el Estado tiene al efecto, como la ley de Fomento al Riego. No obstante la finalidad social que buscaba proteger la ley Nº 20.017 a través de su artículo 4º transitorio, a partir de su entrada en vigencia, se presentaron aproximadamente 51.600 solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas a lo largo del país, muchas de las cuales corresponden a medianas y grandes empresas que utilizaron el referido artículo como un procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores. Por eso, de constituirse todos los derechos de aprovechamiento solicitados, se perjudicarían los ya otorgados, en atención a que se produciría una saturación y sobreexplotación de los acuíferos con consecuencias desastrosas y caóticas. Esa situación fue informada a la Comisión por el director general de Aguas , señor Rodrigo Weisner , en la sesión 98ª ordinaria, de 31 de marzo de 2009. En esa oportunidad los diputados integrantes de la Comisión manifestaron la necesidad de proteger las aguas subterráneas. En tal virtud, acordaron solicitar al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley en tal sentido, por el impacto que tenía esta materia en el desarrollo de nuestra agricultura. La iniciativa en debate concreta dicha inquietud. El proyecto incorpora normas que buscan proteger los intereses de comunidades indígenas que desarrollan actividades agrícolas, dando así cumplimiento a la ley Nº 19.253, sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y al Convenio OIT Nº 169, ratificado por Chile el 14 de octubre de 2008 y que entró en vigor el 15 de septiembre de 2009, que dispuso que los Gobiernos debían asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad, promoviendo la plena efectividad de sus derechos sociales, económicos y culturales, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. Comentario sobre el articulado del proyecto. El artículo único de la iniciativa prohíbe a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas solicitados en conformidad al artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, en las áreas que especifica el mismo artículo, y que consta en el informe que obra en poder de los diputados. Se deja expresa constancia que la prohibición no afectará a las solicitudes presentadas de conformidad al artículo 4º transitorio de la Ley Nº 20.017, siempre que cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 5º transitorio de la misma ley, efectuadas por pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas y comunidades indígenas. La definición de estos conceptos figura el informe. Por último, el artículo único establece que, sin perjuicio de las áreas individualizadas, el ministro de Obras Públicas podrá, mediante decreto fundado y previo informe de la Dirección General de Aguas, incorporar nuevas áreas a las ya contempladas, si de los antecedentes técnicos existentes se demuestra una afectación total o parcial del acuífero en el mediano y largo plazo. Durante la discusión del proyecto, se planteó la posibilidad de que esta norma pudiera revestir el carácter de inconstitucional por cuanto limitaría el derecho de propiedad sobre un derecho de agua, sin mediar ley expropiatoria. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha fallado que los derechos de agua, mientras no son conferidos mediante actos de autoridad, son meras expectativas y no derechos adquiridos. (Causas roles Nº 260, de 1997, y Nº 513, de 2006). Votación general y particular del proyecto. Para la discusión del proyecto, la Comisión contó con la participación de la ministra de Agricultura , doña Marigen Hornkohl ; del director general de Aguas , don Rodrigo Weisner Lazo ; del director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Nelson Pereira , y del director de Obras Hidráulicas , don Juan Antonio Arrese Luco . Fruto de la solicitud planteada por los integrantes de la Comisión, el Ejecutivo presentó indicación para incorporar, en el inciso final del artículo único del proyecto, la exigencia de que el ministro de Obras Públicas , al ejercer la facultad de incorporar nuevas áreas a la prohibición de constituir nuevos derechos de aguas, deba contar no sólo con informe positivo de la Dirección General de Aguas, sino que también del Ministerio de Agricultura. Puesto en votación, el proyecto fue aprobado en general y particular, incluida la citada indicación, por la unanimidad de los diputados presentes, señora Sepúlveda , doña Alejandra ; y señores Barros , Estay , Hernández , Pérez y Urrutia. Es cuanto puedo informar a esta honorable Corporación. He dicho. El señor VARGAS (Vicepresidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Ramón Barros. El señor BARROS.- Señor Presidente , el proyecto en debate es sumamente importante. A partir de la exposición del director general de Aguas , don Rodrigo Weisner , quien nos acompaña en la Sala, quedó muy claro que la modificación al Código de Aguas, particularmente el artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, que pretendía regularizar derechos de aprovechamiento de agua de los pozos y norias en beneficio de los pequeños agricultores, se transformó en un vehículo para que medianas y grandes empresas abusaran del sistema. Tal es así, que apenas entró en vigencia la modificación se presentaron alrededor de 51.600 solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, vulnerando zonas que están tremendamente complicadas en cuanto a sus aguas subterráneas. Recordemos que el estado de saturación en que se encontrarían las aguas subterráneas en muchos lugares del país, llevó a presentar este proyecto de ley, que fue discutido antes de su ingreso formal, habida consideración de una solicitud de la Comisión de Agricultura. Por lo tanto, es muy importante que con esta iniciativa se impida la contribución de nuevos derechos de aprovechamiento de agua; salvo que se trate de solicitudes de pequeños productores agrícolas, campesinos, indígenas y comunidades indígenas, toda vez que lo que se busca es restablecer el fundamento original de la modificación al Código de Aguas, manifestada a través del artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, en cuanto a que estas personas sí pueden constituir derechos en sus norias, en sus pozos de casa, con uno o dos litros por segundo, pero no los medianos y grandes empresarios, que han abusado del sistema. Subsisten algunas aprensiones menores. Al respecto, me gustaría que el director general de Aguas o el subsecretario de Obras Públicas se refirieran al agua potable rural, cuestión bastante relevante. También me gustaría que se refirieran a la indicación que agrega la frase “previo informe del Ministerio de Agricultura”. Para ser franco, no me gusta la discrecionalidad, y si esto lo estamos haciendo por ley, la incorporación de nuevas áreas -lo conversamos con Rodrigo Weisner -, al menos, debería hacerse con informe a las Comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados. Esto no puede resolverse discrecionalmente. Voy a votar favorablemente el proyecto, en el entendido de que en el Senado se va a incluir la indicación para que se informe a las comisiones de Agricultura del Senado y de la Cámara de Diputados respecto de la prohibición de incorporar nuevas áreas de aprovechamiento de derechos de agua mediante decreto fundado del ministro de Obras Públicas , previo informe del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Aguas. Comentario general. Aprovecho la presencia del subsecretario de Obras Públicas para plantear el tema de la escasez de agua. El proyecto de ley incorpora en la prohibición a un pequeño sector de mi distrito, la comuna de Marchigue, lo que me lleva a reflexionar sobre la necesidad de explorar caminos, dado que no se va a autorizar la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, para ver la forma de llevar agua hacia esos sectores a partir de la inversión ya hecha por el Estado. Me refiero al embalse Convento Viejo. En conversaciones con la concesionaria, el señor alcalde , el concejo y los agricultores, que han establecido un sistema productivo que ha revolucionado a la comuna de Marchigüe, a partir de los olivos, de las viñas y de la producción de vinos de altísima calidad, se ha determinado que existe la posibilidad de llevar agua a través del canal Población, a partir del agua acumulada en el embalse Convento Viejo. No digo que esto deba realizarse en lo que queda del año, pero hay que proyectarlo, dado que vamos a decretar una zona en que no se podrá constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Quedo a la espera de la explicación que darán el subsecretario de Obras Públicas o el señor director general de Aguas respecto del agua potable rural, a quienes agradezco su presencia en esta Sala Reitero, votaré a favor del proyecto en general y en particular. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo. El señor JARAMILLO.- Señor Presidente , se trata de un tema de profundo interés para quienes estamos ligados al sector rural, en especial a la producción agrícola. Cuando despachamos la iniciativa que se convirtió en la ley Nº 20.017, lo hicimos convencidos de que entregábamos una normativa que les favorecería, ya que ella permitiría a los pequeños agricultores, a los campesinos y al mundo indígena regularizar, por medio de un procedimiento sencillo, el aprovechamiento del agua que extraen de sus pozos y norias, y, a su vez, participar en los concursos de la ley de Fomento al Riego, que exige entre otros requisitos estar en posesión de los derechos de agua correspondientes a la obra que se concursa. Felizmente, la diputada Alejandra Sepúlveda me comentó que el proyecto que modifica la ley de Fomento al Riego, que tanto hemos promovido en los lugares donde el riesgo no es habitual, está en plena discusión en la Comisión de Agricultura y que contiene una innovación de enorme trascendencia para el mundo agrícola, que representamos. Expresamos en aquella oportunidad que la Dirección General de Aguas constituiría derechos de aprovechamiento permanentes sobre aguas subterráneas por un caudal de hasta dos litros por segundo para las regiones Primera a Metropolitana, ambas inclusive, y hasta cuatro litros por segundo para el resto de las regiones, sobre captaciones que hubieran sido construidas antes del 30 de junio de 2004. Posteriormente, la ley Nº 20.099 amplió el plazo para presentar solicitudes de constitución de derechos hasta 2006. Sin embargo, por la información que nos ha entregado la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Agricultura, esta normativa ha sido muy poco utilizada por los campesinos, especialmente por el mundo indígena, que no tiene la capacidad de desarrollar proyectos o, incluso, presentar las solicitudes correspondientes, lo que puede ser muy sencillo, pero debemos comprender de mejor manera su idiosincrasia. No obstante, las pequeñas y medianas empresas sí han pretendido beneficiarse de la ley para obviar los trámites de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas que establece el Código de Aguas y utilizar el procedimiento simplificado para regularizar sus propias extracciones. Han presentado una gran cantidad de solicitudes, lo que excede en mucho las capacidades de los acuíferos existentes, de acuerdo a los catastros que posee la Dirección General de Aguas. Hay situaciones aún más graves; no sólo esas empresas han pretendido utilizar esta normativa en beneficio propio, sino que también las mineras y en zonas de escasez de agua, como en la Región de Atacama. Según me comentó el diputado Antonio Leal , inescrupulosos han inscrito derechos de aprovechamiento de aguas con miras a especular posteriormente por el alto valor que se está pagando en esa zona por el litro por segundo, el que asciende a 180 millones de pesos, según se informó en la comisión. A lo anterior se deben agregar las peticiones que han realizado cientos de propietarios de parcelas de agrado que utilizan esas aguas para llenar sus piscinas o regar sus jardines. Además, deben agregarse las reclamaciones que se realizan ante la Contraloría y los recursos judiciales en contra de la Dirección General de Aguas cuando no accede a la petición de los derechos solicitados por esas personas o empresas. Por todo ello, considero de gran importancia el proyecto de ley que discutimos, ya que pretende que el beneficio que se concede sobre derechos de aprovechamiento de aguas llegue a quienes está dirigido y no sea usado por otras personas para simplificar los trámites que establece el Código de Aguas, lo que vulnera, a su vez, esa normativa. Por lo anterior, considero que impedir que la Dirección General de Aguas constituya derechos de aprovechammiento de aguas a favor de otras personas que no sean pequeños agricultores, campesinos e indígenas, es una buena medida cautelar para los más pobres del campo chileno y para la protección de nuestros recursos acuícolas. Por lo tanto, la bancada del Partido por la Democracia apoyará con fuerza la iniciativa. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni. El señor CERONI.- Señor Presidente , este proyecto era muy necesario por los abusos que se han cometido en la materia que aborda. No hay duda alguna de que el objetivo de la ley Nº 20.017 era regularizar los derechos de agua obtenida de los pozos y norias de los pequeños agricultores, lo que, a su vez, les permitía postular a distintos subsidios. Eso es tan claro, que la ley establecía que solamente se podía regularizar hasta dos litros por segundo, desde la Primera hasta la Región Metropolitana , y hasta cuatro litros por segundo en el resto de las regiones. O sea, el sentido era muy nítido: favorecer a los pequeños agricultores que, en el fondo, estaban utilizando sus aguas para consumo o riego de pequeños huertos, lo que finalmente les otorgaba derechos que les permitían obtener apoyos del Estado a fin de optimizar el uso del agua. Sin embargo, hemos visto que se ha presentado una gran cantidad de solicitudes absolutamente inaceptables. En consecuencia, hay que poner una traba como la que plantea el proyecto, en el sentido de impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en las zonas que, según estudios, es delicado constituir más derechos, salvo para quienes claramente señala la ley: pequeños agricultores, pequeños campesinos, indígenas y comunidades indígenas. Por lo tanto, la iniciativa es necesaria, por lo cual la vamos a apoyar absolutamente. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise Pascal. La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente , el proyecto es positivo y constituye un avance. No nos cierra el camino para la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en la zona que represento y en el país en general. Abre una puerta importante para solucionar los problemas sobre la materia. En la actualidad existen muchos beneficiados que no son campesinos relacionados con el Indap, ni pequeños agricultores que, sin ser beneficiarios del Indap, cumplen con los requisitos legales para ser catalogados como tales; ni indígenas ligados a la Conadi, por lo cual se disparó el cálculo considerado al momento de tramitar la ley Nº 20.017. En virtud del artículo 4º transitorio, se han presentado 51.600 peticiones, como se ha dicho aquí y lo señala el mensaje, contra 10 mil, que era lo previsto. Además, se han rechazado solicitudes por problemas con los títulos de dominio, especialmente en los casos de los pequeños propietarios agrícolas, que muchas veces traspasan terrenos a sus hijos sólo de palabra, por lo cual ha costado mucho regularizarlos y han quedado al margen de las posibilidades de constituir derechos de aprovechamiento de aguas. Es importante recalcar que la Comisión aprobó el proyecto en forma unánime. Esperamos que de igual forma se pronuncie la Sala. Dentro de las áreas en que el proyecto prohíbe constituir derechos de aprovechamiento de aguas solicitados en conformidad al artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017 -prohibición que rige para todos, salvo para los pequeños productores agrícolas y campesinos-, existen muchos sectores cuyos acuíferos corresponden al distrito que represento, donde están las localidades de Puangue, Melipilla , Cholqui, Popeta, Yali Alto , Alhué , etcétera; gran parte del Maipo, es decir, donde hay problemas justamente en la zona rural de la Región Metropolitana. Lo digo porque, desgraciadamente, los derechos de agua del río Maipo han caído en manos de grandes propietarios para el uso no agrícola, sino para el abastecimiento de la gran ciudad de Santiago, y han dejado sin ellos a los pequeños agricultores de nuestra zona y de muchas otras, porque allí no hay más abastecimientos acuíferos. Por lo tanto, los pequeños agricultores del distrito de la Región Metropolitana que represento quedan sin derechos, porque los grandes empresarios fueron más hábiles, tuvieron más posibilidades e inscribieron grandes pozos. En marzo de 2008 entregamos al ministro de Obras Públicas un proyecto de ley que aún está en la Comisión de Obras Públicas, a fin de estudiar una especie de ley del “mono” para solucionar el problema de los pequeños agricultores de la zona porque no han podido inscribir los títulos, especialmente en la provincia de Melipilla, en las comunas de Alhué y San Pedro, que han quedado marginadas debido a que los derechos de agua han sido comprados por empresas productoras avícolas. Por otra parte, ha habido grandes problemas con los comités de agua potable rural, APR. Una dificultad puntual ocurrida hace un año y que el ministro de Obras Públicas vio en terreno, dice relación con el APR Santa Rosa de San Pedro. El derecho de ese pozo, que abastecía a un grupo importante de vecinos, fue adquirido por Agrosuper. Hasta hoy, no se ha podido resolver el problema, porque dicho APR aún no tiene constituidos sus derechos para abastecerse. En la actualidad, esos vecinos están siendo “beneficiados” por la entrega de agua por parte de esa gran empresa, lo que impide su crecimiento y, por lo tanto, que se continúe avanzando en el mejoramiento de la zona. Por último, es necesario llevar a cabo un estudio serio del Código de Aguas a fin de establecer que la compra del vital elemento no puede hacerse en forma separada de la de tierras, como sucede en la actualidad. En efecto, quien tiene derechos de agua, puede enajenarlos sin vender sus tierras; por lo tanto, puede transarlos en el mercado a precios elevados, con grandes beneficios para él, pero con grandes perjuicios para otros. Si bien el proyecto es importante, debemos seguir avanzando y, reitero, hacer una revisión seria al Código de Aguas y en materia de derechos de agua, sobre todo en regiones como la Metropolitana y las del norte del país, donde dicho bien es escaso y de gran valor, que pueden pagar los señores que tienen grandes propiedades, pero no los pequeños agricultores que no pueden regar sus suelos. Además, en lugares como la comuna de San Pedro es necesario hacer pequeños embalses para almacenar el agua en las cuencas, de manera que no corra directamente -como sucede en la actualidad- hacia el río Maipo y, de ahí, hacia el mar. En conclusión, aún nos quedan grandes tareas pendientes en relación con el tema del agua. De manera especial, esperamos contar con el apoyo que hemos tenido en la zona que represento, que ojalá sea mayor, para que los pequeños agricultores puedan producir sus frutillas y otros vegetales, que es lo que les da el pan de cada día. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , el proyecto, que parece simple, abre un gran tema de discusión. Creo que en algún momento se hizo, pero no se ha evaluado lo suficiente. Por lo que nos plantearon el subsecretario de Obras Públicas y el director general de Aguas hace un momento, el agua, que es un bien escaso, está disminuyendo, con lo cual todas las actividades agrícolas se van complicando. Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer varias preguntas al director general de Aguas y al subsecretario de Obras Públicas. Por eso hice un gran esfuerzo para que estuvieran presentes en esta sesión, a fin de que sus respuestas queden en la historia fidedigna del establecimiento de esta ley. En primer lugar, quiero preguntar qué diagnóstico tienen sobre la manera como está funcionando la forma de pago de patentes que incorporamos en el Código de Aguas y la liberalización de los derechos de aguas. En su oportunidad, planteamos en forma reiterada -recuerdo que lo hicimos en comisión mixta cuando el senador Navarro era diputado- que ese pago de patentes era absolutamente insuficiente. Por eso, reitero, quiero saber lo que significa la liberalización, ya que han transcurrido uno o dos años de su aplicación. Tengo la impresión de que lo que quisimos establecer que el que utiliza el agua debe ser el dueño de ella. No puede ser que gente o empresas no la utilicen. Ya en la década de los sesenta se dijo que la tierra debe ser para quien la usa. Por lo tanto, el agua también debe ser para quien la usa. Por eso, debemos subir el precio de las patentes y liberalizar los derechos de agua. La disociación existente nos complica cada vez más. Por lo tanto, es necesario estudiar bien la definición de pequeño productor agrícola y de campesino. No debe haber una disociación entre el agua y la tierra. Por otra parte, di mi aprobación al proyecto de ley, porque consideré que también había una complicación de tipo administrativo respecto de los funcionarios encargados de aplicar la ley. Como señaló la diputada Pascal , quisimos hacer una “ley del mono”, pero, lamentablemente, quedó “para la escoba” y se transformó en la del “supermono”. El espíritu de la ley -me alegra que aparezca en el informe-era favorecer sólo a pequeños agricultores y no hacer extensivos sus beneficios a la cantidad de personas que han presentado más de 51.600 solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. Ello nunca se pensó así. Al respecto, debemos entender que siempre hay gente que se quiere aprovechar del sistema. A mi juicio, eso fue lo que ocurrió. Por eso, el proyecto limita la facultad que se estableció en su momento. Otra pregunta. ¿Por qué no se incluyó además a los comités de Agua Potable Rural (APR) en la excepción señalada en la iniciativa? Se consideró a los campesinos, a los pequeños productores agrícolas, a los “indígenas”. Entonces, ¿por qué no incorporamos en ella también a los comités de APR? Es una situación que venimos planteando desde hace mucho tiempo con la diputada Pascal . Señor Presidente , quiero que me expliquen “con manzanitas” lo siguiente: El artículo 142 del Código de Aguas dispone que si dentro del plazo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud, se hubieren presentado dos o más solicitudes sobre las mismas aguas y no hubiere recursos suficientes para satisfacer todos los requerimientos, dichos derechos se irán a remate. Y ya se está llegando a eso. En efecto, personalmente hice saber al director General de Aguas que los comités de APR están recibiendo notificaciones de remate de sus derechos. Cito como ejemplo el comité de APR de Larmahue, que el señor subsecretario conoce. Don Óscar Montedónico se comunicó conmigo a raíz de esa situación. Ocurre que los derechos de aprovechamiento de aguas de los pozos antiguos están constituidos. Pero debido a todo lo que hemos aprobado aquí para la ampliación de los APR, se han construido pozos nuevos, respecto de los cuales no se han constituido tales derechos. Es como lo que planteó la diputada Pascal respecto de Agrosuper. Como señalé, el artículo 142 del Código de Aguas establece que, en el caso indicado, la Dirección General de Aguas citará a remate. Por su parte, el artículo 148 de dicho Código dispone lo siguiente: “El Presidente de la República podrá, en el caso del inciso primero del artículo 142, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento”. Sin embargo, me planteo si es necesario llegar al punto de que la Presidenta de la República deba hacer eso. Por su parte, el proyecto otorga al ministro de Obras Públicas la potestad para incorporar nuevas áreas a las ya contempladas, si de los antecedentes técnicos existentes se demuestra una afectación total o parcial del acuífero en el mediano y largo plazo. Pero ¿es necesario hacer ello, en circunstancias de que podríamos haber incluido ese aspectoen la iniciativa, de manera de subsanar absolutamente lo vinculado a los derechos de aprovechamiento de aguas de los comités de APR? El proyecto de Presupuestos de la Nación para 2010 considera una ampliación tremenda para los comités de Agua Potable Rural. En ello, los gobiernos de los últimos veinte años han hecho un esfuerzo gigantesco, al punto de que hoy existe una cobertura de 98 por ciento en materia de agua en el área rural. Sin embargo, no están constituidos los respectivos derechos de aprovechamiento de aguas. Entonces, me habría gustado que se incluyera a los comités de APR. Ojalá los personeros aquí presentes tengan una mejor respuesta. Espero que la entreguen, de manera que los representantes de los comités de APR que me solicitaron formular las consultas, conozcan esa respuesta. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. El señor URRUTIA.- Señor Presidente , como bien lo señalan el informe y la gran mayoría de los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, este proyecto de ley es sencillo, pero de gran trascendencia. Sencillo, porque tiene un solo artículo, pero de gran trascendencia para los pequeños agricultores. La ley pretendió que los pequeños agricultores pudieran tener acceso a los concursos de riego. Sin embargo, muchos pequeños agricultores no tenían regularizados los derechos de aprovechamiento de aguas de sus norias y pozos, por lo cual no podían postular a dichos concursos. Entonces, se abrió una puerta para regularizar esa situación. Pero ocurrió que muchos que no califican para ser considerados pequeños agricultores se quisieron aprovechar del beneficio. Muchas de esas personas tienen parcelas de agrado o se dedican a actividades mineras de distinta naturaleza, por lo que no cumplen la finalidad que se tuvo en vista para abrir esa “ventanita”, esa posibilidad. Ellas querían constituir derechos de aprovechamiento de aguas, lo que provocó que finalmente se presentaran 51.600 solicitudes entre Arica y parte de la Sexta Región. El fuerte se produjo principalmente en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Por eso, el artículo único del proyecto prohíbe a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en ciertas áreas que individualiza. Dicha prohibición no afectará a los pequeños agricultores, sino a la gente que tiene parcelas de agrado, a la que se dedica a la actividad minera, etcétera, pues no se relacionan con la finalidad que se tuvo en su momento para legislar en esta materia. Puede suceder que en el futuro haya nuevos acuíferos y que otras regiones se presenten solicitudes más allá de lo calculado y por gente que no tiene nada que ver con la calidad de pequeño agricultor. Por eso, el proyecto faculta al ministro de Obras Públicas para incorporar nuevas áreas a las ya contempladas para tales efectos, previo informe del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Aguas. Dado que se trata de pequeños agricultores, pedimos que el Ministerio de Agricultura también emita un informe al respecto, de manera de que la cartera de Obras Públicas cuente con dos informes para cumplir su cometido. En consecuencia, el proyecto resguarda que los beneficiados en esta materia sean los pequeños agricultores, como pedimos desde un principio todos los parlamentarios. Así, ellos podrán participar en concursos, principalmente de riego, respecto los cuales hoy se encuentran absolutamente limitados. Finalmente, anuncio que la bancada de la UDI votará a favor el proyecto. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra al diputado señor Jorge Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , es claro que el tema del agua va adquiriendo cada vez mayor relevancia en la agenda pública. Por eso, creo que mucho más temprano que tarde deberemos tener un Ministerio del Agua, puesto que es un asunto de futuro. El viernes pasado estuvimos en San Carlos con la Presidenta Bachelet y otros personeros de Gobierno, oportunidad en la que se firmó un convenio de programación de obras de riego para la provincia de Ñuble, por más de 400 mil millones de pesos para los próximos seis años. La iniciativa apunta a la construcción de embalses, como La Punilla, y muchas obras menores que posibiliten la seguridad del riego para el desarrollo de la agricultura familiar campesina. Hoy estamos corrigiendo una ley que, como todas las legislaciones en Chile, se hacen para los grandes y después hay que corregirlas para que puedan beneficiar a los demás, en este caso, los pequeños y medianos campesinos. Es de toda justicia que, dado el estado de saturación en que se encontrarían los acuíferos, se prohíba la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, pero exceptuando a quienes debían ser favorecidos con el beneficio original, esto es, a los pequeños y medianos agricultores que sufren el rigor de la escasez de agua. En efecto, los pequeños productores agrícolas, vale decir, quienes explotan superficies no superiores a 12 hectáreas de riego básico, quedan excluidos de la prohibición y se constituyen, por tanto, en los beneficiarios directos de esta iniciativa. Lo mismo ocurre con los campesinos, personas que habitan y trabajan habitualmente en el campo y cuyos ingresos provienen fundamentalmente de la actividad agrícola, y con los indígenas y las comunidades indígenas, que muchas veces por desconocimiento no alcanzan a inscribir sus derechos de aprovechamiento de agua. Las que siempre alcanzan a hacerlo son las grandes empresas, especialmente las del sector minero. El problema afecta fuertemente a las zonas rurales, a comunidades como la de Rangelmo, en Coelemu, donde viven más de dos mil personas que cuentan con un suministro de agua potable muy deficiente. Por eso, celebro este proyecto, ya que permitirá asegurar el suministro de agua a diversas comunidades rurales, como la nombrada. Con el senador Hosaín Sabag hemos luchado mucho para resolver los problemas de escasez de agua en los sectores rurales. Así, por ejemplo, solicitamos al ministro de Obras Públicas la adquisición de máquinas perforadoras de pozos profundos para ayudar a los campesinos. Afortunadamente fuimos escuchados y ya se realizó la licitación pertinente, por lo que pronto podremos contar con dos máquinas nuevas. Por lo tanto, se hará lo mismo que se hizo durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva en los sesenta, cuando se adquirió el mismo tipo de maquinaria para ayudar a los comités campesinos a la construcción de pozos profundos que aseguraran el riego en los terrenos de los pequeños y medianos agricultores. Con la adquisición de estas dos máquinas, por cierto más modernas, pero que seguramente se harán pocas ante los requerimientos, queremos retomar esa iniciativa, tan provechosa para el campo. Cada una de ellas es capaz de cavar un pozo de 100 metros en un día, a diferencia de las máquinas con las que contamos hoy, que son de los años sesenta, los cuales demoran un mes en hacer lo mismo. Creo que estamos ante un avance, sobre todo en esta materia. Reitero que más temprano que tarde habrá que crear un ministerio del agua para enfrentar toda la problemática que deriva de la escasez del vital elemento, desde Arica a Punta Arenas, a causa del cambio climático, problema que se ha instalado en nuestra realidad y que debería formar parte de la agenda pública. Esta iniciativa respeta los derechos adquiridos con anterioridad. Por lo tanto, anuncio que la bancada de la Democracia Cristiana le prestará su apoyo, ya que va en directo beneficio de los pequeños y medianos agricultores que viven del campo. He dicho. El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Valcarce. La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente , sin perjuicio de entender que el objetivo del proyecto en debate es impedir la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, tengo dudas acerca de cómo se realizó el estudio que le da sustento, en especial respeto de Arica y Parinacota. En la Región de Arica y Parinacota, al igual que en la de Tarapacá, la situación de escasez de agua no es igual a la que se vive en el resto del país, especialmente en regiones donde los recursos hídricos son mucho más abundantes. Cuando estudié el informe -no creo que lo que voy a decir corresponda a un error de redacción-, leí que el director general de Aguas había informado a la Comisión de Agricultura que casi la totalidad de las solicitudes ingresadas en la región de Arica y Parinacota correspondían “a los ríos que están, por ejemplo, en el valle de Azapa, donde está el río San José y el estero Yuta, en el salar de Llamara, todos lugares que están absolutamente agotados desde el punto de vista de disponibilidad. Se trata de lugares donde hace más de veinte años la Dirección General de Aguas (DGA) no está otorgando derechos de agua”. Eso es lo que se transcribió en el informe. Sin embargo, lo cierto es que no existe tal estero Yuta en la región de Arica y Parinacota. Lo que sí hay es el río Yuta, pero está en otro valle, al norte de Arica. Por su parte, el salar de Llamara se encuentra en la región de Tarapacá. Entonces, me asaltan muchas dudas respecto de si el estudio se hizo con la rigurosidad que se debe. Me parece que nos falta un estudio específico sobre el acuífero del valle de Azapa, para saber hasta cuándo contará con agua y cómo se potenciará el recurso hídrico, tan fundamental para la ciudad de Arica. Por otra parte, también me asalta una duda en cuanto a que aquí estamos arreglando lo que se denominó la “ley del mono”. Al respecto, hace un par de meses oficié a la Dirección General de Aguas, para exponer que hace ya bastante tiempo que los agricultores del valle de Azapa cumplieron con el trámite de presentar la solicitud correspondiente y hasta la fecha no han obtenido respuesta. El informe dice textualmente lo siguiente: “De las 342 solicitudes presentadas en la Región de Arica y Parinacota, 13 peticiones corresponden a agricultores de Indap y 35 a indígenas de Conadi. El resto son solicitudes efectuadas por parcelas de agrado para llenar piscinas y grandes empresas agrícolas y mineras, respectivamente”. Pero quien conoce la región sabe que en Azapa no hay ninguna empresa minera, que el potencial minero está en la provincia de Parinacota y que su explotación se encuentra restringida a causa de la declaración de la zona como reserva de la biosfera. Sabe, además, que Camarones queda al sur de la ciudad de Arica y que no tiene nada que ver con el valle de Azapa. Asimismo, es sabido que las grandes empresas agrícolas que hay en dicho valle se pueden contar con los dedos de una mano y que, definitivamente, éstas ya tienen regularizados sus asuntos de agua. Y, como señalé, la actividad minera no tiene nada que ver en esto, porque corresponde a otra zona de la región. Ahora, si se conoce esa realidad y a las 342 solicitudes que se habrían presentado en la región se le restan las 48 peticiones que corresponden a indígenas de la Conadi y a agricultores de Indap, resulta entonces que las casi 300 solicitudes restantes deberían pertenecer a parcelas de agrado del valle de Azapa que necesitarían el agua para llenar sus piscinas. Pero sostener eso me parece casi ofensivo para quienes habitan los 45 kilómetros de dicho valle, ya que la mayoría de ellos son pequeños agricultores y no propietarios de parcelas de agrado. En todo caso, cuando se compra una parcela de una o de media hectárea para tal finalidad -agrado-, normalmente en la venta se incluye un cuarto o media acción de agua para riego y llenado de piscinas. Eso actualmente lo regula la Conca. Reitero que me asaltan muchas dudas en cuanto a que el estudio se haya hecho con la rigurosidad que corresponde. Durante dos años he fiscalizado los proyectos de la Conadi para regularizar derechos de agua de comunidades indígenas en Arica y Parinacota, pero hasta la fecha no he obtenido respuestas. Sé que dichos proyectos no se ejecutaron en su totalidad, por lo que mucha gente piensa que sus derechos de agua están regularizados a nivel nacional, en circunstancias de que en realidad el proceso sólo llegó hasta la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Arica. A la fecha sólo habría dos comunidades de la región con sus derechos de agua inscritos en el registro de la Dirección General de Aguas. El proyecto no se pudo seguir ejecutando, por lo cual la responsabilidad se traspasó al Indap, que no ha hecho absolutamente nada al respecto. Por lo tanto, la gente sigue sin saber si tiene o no derechos de agua inscritos. Aún no se regulariza esa situación y ahora se pretende cortar en seco la presentación de nuevas solicitudes. Por lo visto, no terminamos una tarea cuando ya empezamos a avanzar en otra. Finalmente -sólo voy a mencionarlo-, respecto de la discrecionalidad que se otorga en el proyecto al ministro de Obras Públicas para que, previo informe del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Aguas, pueda incorporar nuevas áreas de prohibición a las ya establecidas, quiero saber si eso es suficiente. El 15 de septiembre pasado empezó a regir en nuestro país el Convenio N° 169 de la OIT, por lo cual me parece que en la región de Arica y Parinacota debería, además, consultarse a las comunidades indígenas, tal como establece dicho convenio. He dicho. El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, este proyecto es muy importante, pero insuficiente. Quiero aprovechar la presencia en esta sesión del subsecretario de Obras Públicas y del director general de Aguas para señalar que uno de los casos más dramáticos es la gravísima crisis del recurso hídrico que sufre la Región de Atacama. Lo expresó de manera textual el ministro de Obras Públicas , quien me señaló que probablemente Copiapó es la comuna que presenta la mayor gravedad de todo el país en términos de la escasez del recurso hídrico. En el informe se establece que en Copiapó se constituyeron derechos por diecinueve metros cúbicos de agua por segundo, en circunstancias de que la capacidad de aguas subterráneas no va más allá de cinco a seis metros cúbicos por segundo, lo que indica la absoluta irracionalidad con que se ha actuado y la crisis que tenemos ad portas. Se han presentado trescientas sesenta y cuatro solicitudes, de las cuales solamente dos corresponderían a agricultores de Indap y ninguna a indígenas de la Conadi, que es uno de los objetivos que tenía el proyecto. Hoy la situación es crítica y se ha constituido un mercado del agua. En efecto, el último precio de transacción del litro por segundo alcanzó los 180 millones de pesos, lo que demuestra que no se ha cumplido en absoluto el objetivo de regularizar la situación de campesinos o de población indígena. Por el contrario, lo que ha habido aquí es especulación, porque se han comprado o se han concedido de por vida derechos de agua que después son transados o vendidos. En la regiones llevarán a cabo, a lo menos, ocho a diez grandes proyectos mineros de aquí al 2.020. La pregunta elemental es cómo se asegurará o garantizará el agua que ocuparán estos grandes proyectos mineros. Debo reconocer que no se ha cumplido con el objetivo. Por eso, quiero aprovechar la presencia de las autoridades respectivas para señalar que la situación de Atacama es crítica. Se debe modificar el Código de Aguas y se necesita una ley de cuencas o de recursos hídricos por región, dependiendo de su especificidad, ya que lo que ocurre con el recurso hídrico en el desierto de Atacama no es igual a lo que sucede, por ejemplo, en la Región de Aisén. Es más, la provincia de Copiapó vive una situación muy particular, porque se entregó la concesión a una empresa privada, llamada Aguas Chañar , que, según se señaló, era la empresa privada más eficiente para gestionar el tan escaso recurso hídrico. Llevamos mucho tiempo levantando la voz para decir que ni la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia de Servicios Sanitarios están cumpliendo a cabalidad su rol fiscalizador y evaluador, porque la calidad del servicio que entrega Aguas Chañar es más que deficiente, con constantes interrupciones de suministro, que después no son descontadas a los consumidores, las que pueden durar hasta dos días. Además, hay sectores en la comuna de Copiapó que no reciben agua. El marco regulatorio establece que el servicio de agua potable sólo se puede interrumpir con previo aviso y cuando lo justifique un plan de inversiones. Éste no es el caso, ya que muchas veces se ha interrumpido el servicio sin aviso previo. Por lo anterior, quiero hacer presente a las autoridades que hoy nos acompañan que los organismos competentes no están cumpliendo a cabalidad su rol fiscalizador y evaluador. Específicamente en el caso de Aguas Chañar, ni la Dirección General de Aguas ni la Superintendencia cumplen con su rol fiscalizador como debiera ser. Difícilmente podremos encontrar un agua de más mala calidad que la que recibe la comuna de Copiapó, que es la misma que reciben los habitantes de Caldera y de Chañaral. Por eso es una vergüenza que los servicios de salud sostengan que es inocua para la salud humana. Al respecto, los usuarios tienen serias dudas. Si alguno de ustedes viera el tipo de agua de que se trata, tendría legítimamente el derecho a preguntarse cómo lo hacen los habitantes de la comuna de Copiapó; si ello es sostenible; si pueden seguir consumiendo agua de esa calidad, que contiene elementos pesados que tiñen las llaves de color verde y con un sarro y un mal gusto indescriptible. Eso obliga a la gente que puede hacerlo a consumir agua envasada en forma permanente. Por lo tanto, quiero dejar constancia de mi reclamo, que he hecho presente varias veces, porque los servicios correspondientes no cumplen con su rol fiscalizador. Si bien es cierto que la Presidenta de la República ha hablado de la reforma constitucional que declarará el agua como un bien de uso público, lo primero que se debe hacer es asegurar el consumo humano en su integridad y con calidad. Es la primera protesta que formulo acá, porque en la Región de Atacama no se cumple con eso. El agua es un elemento muy escaso. Sin embargo, la irracionalidad ha hecho que se otorguen concesiones mayores a la capacidad de reposición. El consumo de agua prioritario o mayor está en la agricultura, luego viene el de la minería y mucho más abajo el humano. A mi juicio, se deben establecer medidas de emergencia. En la región se constituyó una mesa público-privada presidida por la intendenta, en la cual participan distintos actores; pero es absolutamente insuficiente por la lentitud con que se ha abordado la solución a este gravísimo problema. Se ha dicho que de no existir medidas concretas, extraordinarias, profundas y reales, de aquí a tres años entraremos en una crisis profunda. Además, se ha señalado que ya no existe capacidad para sustentar la agricultura en el valle del Huasco y en la provincia de Copiapó. Por tanto, la pregunta que hay que hacerse es cuánto más tendremos que esperar. ¿Por qué no se ha exigido una mayor inversión a la empresa que tiene la concesión, dado que la calidad de su servicio es totalmente insuficiente? Se deben instalar plantas desalinizadoras en Caldera y en Chañaral, pues, de lo contrario, no será posible el abastecimiento de agua. Por otra parte, los proyectos mineros que están en carpeta, que representan inversiones superiores a los 8.500 millones de dólares, sólo pueden ser bienvenidos mientras justifiquen de dónde sacarán el agua, repongan la que ocuparán y devuelvan la que no utilizarán. Hoy estamos en presencia de un mercado especulativo del agua. Hay mucha gente que está vendiendo el litro de agua por segundo a precios absolutamente increíbles porque se está aprovechando de la situación actual, de la falta de regulación, de la incapacidad para modificar el Código de Aguas y de que no existe una ley específica para los acuíferos por región, ya que la realidad en cada una de ellas es muy diferente. Hace algún tiempo, en la Primera Región se hizo una inversión para una planta desalinizadora. Sin embargo, en la Región de Atacama no ha ocurrido lo mismo, en circunstancias de que es imposible que una región pueda desarrollarse en plenitud y potenciarse gracias a la minería, la agricultura y el turismo, si no cuenta con el recurso hídrico que es lo más elemental. También quiero insistir en algo que ha sido abordado en este debate en relación con el agua potable rural. Creo que debemos ser más efectivos y dar una solución a eso. La situación que se vive en la región es de tal gravedad que ya no resiste más. Más que declaraciones o mesas, se necesitan acciones concretas que garanticen a los ciudadanos de la Región de Atacama, en particular a los de la provincia de Copiapó, el derecho a contar con recursos hídricos razonables. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto León. El señor LEÓN.- Señor Presidente , tal como señaló el diputado Urrutia , este proyecto es sencillo, pero da para iniciar una discusión -que iniciaron el diputado Sabag y la diputada Isabel Allende - sobre el problema que tenemos en Chile en relación con el agua. Es bueno aprovechar la ocasión para dejar constancia de nuestra preocupación sobre la materia. No imagino que alguien vote en contra del proyecto, pero debemos sentar las bases para que se genere un cambio en el estatuto jurídico que regula el uso de las aguas en Chile. En este momento estamos preocupados de las aguas subterráneas, que, sin duda, deben beneficiar única y exclusivamente a los pequeños agricultores y a quienes hacen uso de la economía familiar campesina, los usuarios del Indap. La experiencia nos muestra que las legislaciones sobre la materia han permitido usar y abusar de los derechos de agua. ¿Cuántas cuencas en nuestro país están cerradas? No hay ninguna posibilidad de conseguir derechos de agua. Sin embargo, vemos cómo el agua corre por los ríos y llega al mar sin ser usada. Entonces, como muchas cuencas están prácticamente cerradas, hoy hay que dejarse caer con todo en las napas subterráneas. Al respecto, algunos geólogos advierten sobre las posibles consecuencias de sacar agua subterránea como se está haciendo en el planeta. En este sentido, cabe tener presente que por algo existen las napas subterráneas y algún rol juegan en la geología y en la mantención de nuestro planeta, como evitar el resquebrajamiento de la tierra. Me parece muy bien que el Gobierno se preocupe de la materia, y comparto lo señalado por la diputada Isabel Allende . Sin embargo, no quiero criticar a la DGA por no fiscalizar. Al respecto, es necesario preguntarse si, dado el reducido número de fiscalizadores con que cuenta la DGA, es posible controlar todos los cursos de agua, tanto a ras de tierra como subterráneos. Yo creo que no. La DGA tiene un fiscalizador por región. Si alguien cree que una sola persona por región es capaz de fiscalizar el buen uso de las aguas de superficie y subterráneas, está equivocado, porque eso es prácticamente imposible. En esas circunstancias, más vale no hacer críticas por falta de fiscalización, sino pedir más participación del Estado para fiscalizar. Por lo tanto, debemos abordar el tema. Otro tema que debemos abordar se refiere a la calidad de las aguas, tanto de superficie como subterráneas. Muchas veces se abren faenas sin ninguna preocupación por sus niveles de contaminación de las aguas de superficie y subterráneas. La prensa informa sobre la condena que recibieron ayer delincuentes de cuello y corbata pertenecientes a Celco, que contaminaron el río Mataquito . Sin embargo, la sanción que se les aplicó, como diría un niño, “son dos chirlitos” y cinco minutos contra la pared. En efecto, contaminaron el río, pero la única sanción por ese delito fue la aplicación de una multa de 18 millones de pesos. El pago de 18 millones de pesos por verter al río veneno y sustancias contaminantes es la nada misma, comparado con los cientos de millones de pesos que les habría significado sacar dichas sustancias de la planta para su tratamiento, o bien tratarlas en la misma planta. Resulta obvio que el pago de 18 millones de pesos es mucho más barato. Debemos preocuparnos de esos temas; no sólo de cómo proteger la cantidad de agua o de cómo dotar de instrumentos a la DGA para que pueda entregar, de verdad, las cincuenta y tantas mil solicitudes de agua a sus legítimos beneficiarios, sino también de fiscalizar, de la calidad del agua y de evitar el uso y abuso en la explotación de este importante recurso. En ese sentido, espero que la propuesta de reforma constitucional a fin de crear una estructura jurídica nueva para el tratamiento del agua, anunciada por el Gobierno, ojalá llegue pronto al Congreso Nacional, porque se trata de un tema que debemos abordar con mucha prontitud. Por eso, anuncio que votaré a favor del proyecto. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , ante todo, quiero expresar mi más enérgico reclamo porque el proyecto viene con suma urgencia, lo que no permite a los diputados presentar indicaciones para mejorarlo. Mi gobierno nos tiene acostumbrados a pensar que la labor de los colegisladores es votar y punto, y no expresar nuestras ideas y visiones en relación con temas que nos parecen muy importantes. En proyectos como el que nos convoca, los parlamentarios que representamos al norte tenemos una voz que manifestar y planteamientos que hacer; sin embargo, no nos permiten hacerlo como corresponde. Vamos a presentar un proyecto para limitar las facultades del Ejecutivo en materia de calificar con suma urgencia ciertos proyectos, lo que no tiene ninguna razón de ser. En lo que se refiere al proyecto en comento, mi región tiene una particularidad muy especial. Sin embargo, los diputados no podemos presentar indicaciones sobre temas que nos parecen relevantes. Dicho eso, el proyecto señala que en Copiapó, una de las zonas con más estrés hídrico, que tiene constituidos en derechos 19 metros cúbicos de agua por segundo, a pesar de que la capacidad de aguas subterráneas no resiste más allá de cinco a seis metros cúbicos por segundo, las solicitudes ascienden a 364, de las cuales sólo dos corresponden a agricultores Indap. Lo que vive Copiapó es un problema tremendamente serio, provocado por el Estado de Chile durante el gobierno militar, período en el cual la Dirección General de Aguas entregó una inusitada cantidad de derechos de aguas para la especulación. En efecto, el día antes de que el Presidente Aylwin asumiera su gobierno, la Dirección General de Aguas de Pinochet entregó derechos de agua a gente que iba a especular con ese vital elemento en Copiapó. Por eso, hoy nos encontramos con que la cuenca de Copiapó se está secando. Cuando uno plantea estos temas, espera que el Gobierno, la Dirección General de Aguas y el Ministerio de Obras Públicas actúen en forma enérgica. El proyecto permite que de una vez por todas la cuenca de Copiapó se cierre, al prohibir a la Dirección General de Aguas la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, excepto cuando se trate de pequeños campesinos. Sin embargo, me habría gustado presentar una indicación. En ese sentido, espero que el Ministerio de Obras Públicas recoja mi planteamiento, dado que en la cuenca de Copiapó ni siquiera los pequeños campesinos pueden sacar un litro de agua, porque -reitero- están disminuyendo un metro por mes sus aguas subterráneas, medidas por la Empresa Sanitaria de Atacama. Ni siquiera los campesinos pueden sacar agua de esa cuenca sin aumentar su deterioro y su balance negativo. Actualmente, se están presentando proyectos mineros en la región. Por eso, pido al Ministerio de Obras Públicas y a la Dirección General de Aguas no aceptar ninguno más en la cuenca de Copiapó, aunque existan derechos comprados, si no aportan agua nueva. De lo contrario, seguirá aumentando el referido balance negativo. Al ver lo que está ocurriendo en el norte, uno se da cuenta de que esa zona requiere una legislación mucha más enérgica, distinta de la que se aplica en el sur. Sé que en la región a la cual pertenece el distrito del diputado Ulloa , sus ríos no tienen los problemas del río Copiapó. Por lo tanto, debe estar conteste conmigo en que el trato que se debe dar a las aguas del norte debe ser distinto al que se da a las del sur. Esto se debe plasmar en la Constitución a fin de reconocer que Chile es muy diverso, y que, por lo tanto, la Dirección General de Aguas no puede actuar de igual forma respecto de los ríos Mataquito y Copiapó. Por otro lado, dado que no puedo presentar indicaciones en favor del valle del Huasco, quiero una explicación clara del ministro de Obras Públicas y del director General de Aguas sobre la razón por la cual dicho valle no fue incorporado en este proyecto. Me llama la atención ese hecho. Los derechos de agua del río Huasco, desde el punto de vista de su balance, se han entregado en gran cantidad, y en algún momento comenzará la especulación, tal como ocurrió en Copiapó. Dicho valle todavía no tiene problemas, pero no fue incorporado en esta iniciativa. Me pregunto, ¿a título de qué? ¿Por qué se pasa de Copiapó a Culebrón Lagunillas? ¿Cuál es la razón de esta política de aguas? Al respecto, me habría gustado presentar una indicación para incluir al valle del Huasco, porque sabemos que los derechos de agua de ese río ya fueron entregados y en cualquier momento sus aguas superficiales empezarán a explotarse más allá de lo razonable. De hecho, tuvimos una discusión con la junta de vigilancia, la que no se opuso a que la importante empresa Agrosuper, que se está incorporando a la región, pidiera una enorme cantidad de derechos de agua subterránea. No sé de qué manera la autoridad en Santiago puede determinar los derechos de agua subterránea que se entregan en el valle del Huasco y cómo esa decisión afectará su futuro. A mi modo de ver, debe implementarse una política real y concreta en todo el norte. Me parece mal que la Dirección General de Aguas no esté realizando su aporte en este proyecto, en la medida en que incorpora sólo a Copiapó y no al valle del Huasco. Me parece mal que los parlamentarios que no pertenecemos a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural no tengamos derecho a presentar indicaciones sobre un proyecto que afecta, fundamentalmente, al territorio que representamos. Cuando discutamos el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo año, tendré especial cuidado en que la Dirección General de Aguas cuente con el presupuesto necesario para desarrollar sus actividades. En mi región, he constatado que el ministro de Obras Públicas no entrega a la Dirección General de Aguas el presupuesto adecuado, a fin de que esta entidad haga lo que debe realizar en ella. Gracias a una indicación presentada durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2009, tenemos tres fiscalizadores en el valle. Pero ellos no pueden salir a terreno, debido a que el Ministerio de Obras Públicas no les entrega viático, camioneta ni recursos para que se muevan. Entonces, estamos preocupados del cemento, pero no de cosas fundamentales para el norte, como el agua. Reitero que revisaré exhaustivamente esa materia durante la próxima discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Queremos que la Dirección General de Aguas, por lo menos en el norte, cuente con el presupuesto necesario para realizar todo lo que debe hacer, y que lo haga bien. El gobierno regional está disponible para prestar su apoyo, pero al parecer el Ministerio de Obras Públicas se hace el sordo en relación con esta importante rama de su actividad. Pareciera que le importaran más las concesiones. Al respecto, hemos visto una ley de concesiones para licitar hasta las escuelas y los hospitales. Ya vimos que a través de este sistema se busca concesionar nuevos hospitales y privatizar la salud en Chile. Por eso, voy a estudiar en detalle el presupuesto asignado a la Dirección General de Aguas. Deseo prestarle mi apoyo, a fin de que cumpla su cometido en el norte. Para ello es necesario que cuente con recursos, de manera que sus funcionarios puedan salir a fiscalizar sin dificultades. Asimismo, se requiere que la Dirección General de Aguas tenga el equipamiento tecnológico necesario, y que los flujómetros que se están pidiendo sean incorporados en los valles de Copiapó y del Huasco. Ojalá pueda, vía Internet o por otros medios, controlar la fiscalización de este valle que se está secando. Es muy relevante que el Ministerio de Obras Públicas presente un proyecto de reforma constitucional para modificar el régimen de aguas en Chile, que permita separar lo que pasa en el norte de lo que sucede en el sur, y así evitar la especulación que se está llevando a cabo con las aguas, sobre todo en las regiones del norte, de una de las cuales soy su representante. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL .- Señor Presidente , la ley Nº 20.017, de 2005, específicamente su artículo 4° transitorio, apuntó en la perspectiva de regularizar derechos de aprovechamiento de aguas de pozos y norias en beneficio de pequeños agricultores. Esta norma, de noble intención, pretendía solucionar el problema de quienes tenían construidos pozos de pequeño volumen de extracción y que, por requisitos establecidos en el Código de Aguas, no podían regularizarlos, y en consecuencia no podían optar a los programas de subsidios que el Estado tiene al efecto. Sin embargo, se constató que, en la práctica, dicho artículo tuvo un efecto bastante alejado de su espíritu, ya que luego de su entrada en vigencia se presentaron cerca de 52 mil solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, muchas de las cuales no corresponden a pequeños agricultores, sino a medianas y grandes empresas que utilizaron la referida disposición transitoria como un procedimiento simplificado para regularizar usos anteriores, desvirtuando los fines de la norma. Ese artículo transitorio posibilitaba la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en la perspectiva de favorecer a pequeños campesinos y a indígenas, lo que, en la práctica, no ha ocurrido. Por eso, anuncio mi apoyo a este proyecto de ley. Aclaro que algunos agricultores, como los de la Región de Atacama, han recurrido a la Contraloría General de la República en contra de la Dirección General de Aguas. Por eso, deberíamos aprobar en forma rápida la iniciativa, porque, de constituirse los 52 mil derechos de aprovechamiento de aguas solicitados a lo largo del país, se perjudicarían los ya otorgados debido a que se produciría saturación y sobreexplotación de los acuíferos con consecuencias desastrosas. Hay que tener presente que la limitación de la facultad que se estableció en el referido artículo 4º transitorio de la ley N° 20.017, no puede afectar las aguas otorgadas a indígenas ni a la pequeña agricultura o agricultura familiar, que necesitan estos recursos hídricos y no son las causantes de los grandes problemas hídricos de la Región de Atacama o de otras regiones. Se debe cautelar el espíritu del artículo 4º transitorio y restringir su alcance, para que no se acojan a él las mineras ni los grandes agricultores, como se ha pretendido tras la presentación de 52 mil solicitudes de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas. Hay que resguardar el agua en favor de los pequeños agricultores, de la agricultura familiar y de los indígenas. Ellos deben tener acceso a este importante recurso. En la Región de Atacama, en particular en el valle de Copiapó, vivimos una situación de extrema escasez. El río Copiapó, que el año pasado tenía un caudal de 11 millones de metros cúbicos, hoy sólo tiene 7 millones de metros cúbicos. Tenemos un acuífero que produce recursos hídricos por 4 mil litros por segundo. Sin embargo, existe una utilización de más de 6 mil litros por segundo, con derechos constituidos por parte de grandes empresas agrícolas, mineras, y otras, por 21 mil litros por segundo. Por lo tanto, la situación es extremadamente grave. No quiero alarmar a nadie, pero todos los estudios indican que en el valle de Copiapó hay agua potable asegurada sólo para tres o cinco años, y no más. Por tal razón, más que criticar al Ministerio de Obras Públicas, como lo han hecho algunos señores diputados, valoro que dicha cartera haya entregado al ministro Viera-Gallo un proyecto de reforma constitucional que recupera los derechos de agua y repone plenamente lo que el régimen militar modificó, en relación con que las aguas son un bien de uso público de la nación. La iniciativa recoge básicamente el contenido de otros cuatro proyectos presentados en el Congreso Nacional: el primero, del senador Ricardo Núñez , sobre la diversificación de las cuencas en materia del Código de Aguas; el segundo, del diputado que habla, respecto de la recuperación de los derechos de aguas que no utilizan las empresas y que enajenan como si las aguas fueran de ellas; el tercero, del senador Horvath , sobre glaciares y nieves, y el cuarto, presentado por los diputados señores Chahuán y Aedo , también sobre derechos de agua. Me parece que es muy importante concretar ahora dicha iniciativa de reforma constitucional que impulsa el Ministerio de Obras Públicas, que fue entregada al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para que siga su curso. Por lo tanto, en forma pública pido al ministro señor José Antonio Viera-Gallo que acelere la tramitación de ese proyecto, porque es urgente recuperar los derechos de agua por los cuales empresas pagan una pequeña patente que mantienen en su poder, para después enajenar y transar dicho bien en el mercado, como si el agua fuera una mercancía cualquiera y no perteneciera a todos los chilenos; es decir, como si no fuera, como han dicho la Iglesia Católica y el mundo evangélico, un derecho humano que debemos preservar. Al respecto, cabe recordar que, sólo el 3 por ciento del agua de nuestro planeta es dulce y que Chile ocupa el tercer lugar dentro de los países con mayores recursos hídricos dulces. El país tiene una responsabilidad gigantesca ante la agricultura y los proyectos de diversa naturaleza, pero, sobre todo, ante los seres humanos, a fin de preservar los recursos hídricos de agua dulce. Señor Presidente , es necesario entregar mayores facultades a la Dirección General de Aguas. Logramos que cuente con más fiscalizadores, pero como se ha dicho, operan en condiciones paupérrimas y, sobre todo, con enorme dificultad para entrar a los predios. Necesitamos que los fiscalizadores de la Dirección General de Aguas tengan el carácter de ministros de fe cuando recurran a la justicia. De lo contrario, existe una tremenda disparidad ante el peso de los agricultores o las grandes mineras para limitar la capacidad de fiscalización. Necesitamos legislar para garantizar que las empresas estén obligadas a trasladar en forma gradual los derechos de agua que hoy tienen en los acuíferos intermedios -en el caso de Atacama, en el de Copiapó-, a los acuíferos de costa, porque para ellos es perfectamente posible utilizar en sus procesos productivos la mezcla de agua salada y dulce que hay en los acuíferos de costa, y no seguir utilizando sólo agua dulce. En Copiapó hay un ejemplo que da vergüenza. No sé como se autorizó el permiso por parte de la Corema. Me parece un escándalo que una empresa traslade su concentrado a través de un tubo, utilizando agua dulce, desde Tierra Amarilla hasta un puerto de Caldera, y que esa agua dulce sea botada al mar. Necesitamos que ninguna gota de agua dulce vaya al mar. Hoy existe tecnología, a través de plantas de osmosis inversa de diversa naturaleza, para recuperar el agua dulce, e impedir que un escándalo de esa naturaleza continúe repitiéndose. Lo que hace esa empresa es no pagar el costo de volver a reinyectar esa agua ya purificada en el sistema. Por un problema de costos, la bota al mar, con lo cual causa un daño tremendo a la Región de Atacama y al valle de Copiapó. Por lo tanto, espero que se apruebe el proyecto a fin de restringir el alcance del artículo 4º transitorio de la ley N° 20.017, de tan noble espíritu, pero cuyo tenor literal fue aprovechado por grandes agricultores y por mineras para solicitar la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas. Es necesario que en esta materia, se consagren de todas maneras los derechos de los pequeños campesinos y de los indígenas. Asimismo, espero que se apruebe el proyecto de reforma constitucional sobre derechos de agua, patrocinado por el Ministerio de Obras Públicas y su ministro Sergio Bitar , y, al mismo tiempo, se avance en el proceso de renacionalización del agua en nuestro país, lo que es indispensable para manejar bien las cuencas. Es necesario que el Estado asuma un rol protagónico en relación con un recurso que, en el norte de Chile, es tremendamente escaso, y que en el caso de los valles de Copiapó y del Huasco, se encuentra en una situación de extrema dificultad. Esperamos cambios legislativos, pero también de conducta y mayor fiscalización. Se fiscalizó en Copiapó y se encontraron con que hay agricultores que están extrayendo de manera ilegal 900 litros de agua por segundo. La fiscalización también ha permitido llegar a la conclusión de que el litro agua por segundo se está transando entre 50 mil y 80 mil dólares, en circunstancias de que se trata de agua que no pertenece a quienes inscribieron los derechos, porque lo hicieron para un proyecto, y hoy enajenan el resto, lo venden como si fuera de su propiedad, violando con ello la norma constitucional que establece que las aguas son un bien de uso público. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet. El señor MULET.- Señor Presidente , sin duda, voy a apoyar este proyecto de ley. Sin embargo, deseo referirme al problema del agua en mi región y en el resto del país. Me alegro de que el ministro de Obras Públicas enviara este proyecto, porque hemos solicitado que se prohíba a la Dirección General de Aguas constituir más derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca del río Copiapó. En efecto, en reiteradas oportunidades -más que una petición, ha sido un reclamo de la comunidad de la Región de Atacama- hemos solicitado al director general de Aguas y al subsecretario de Obras Públicas que no sigan constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas en la cuenca de dicho río. También me preocupa la situación del valle del Huasco que, sin duda, no presenta todavía el colapso por sobreexplotación que registra el de Copiapó, que se está estudiando. Sin embargo, sí hay una situación grave o que se puede agravar. O sea, hay que tratar de resolver el problema de Copiapó, pero también prevenir. En ese sentido, me habría gustado que tal prohibición se extendiera, al menos, a algunas secciones del valle del Huasco. Señor Presidente , durante los últimos lustros hemos ido tomando conciencia de la gran problemática del agua a nivel mundial, en particular sobre la que dice relación con el agua dulce. Un ejemplo paradigmático es lo sucedido con el valle de Copiapó, donde la sobreexplotación de los recursos hídricos tiene a ese hermoso valle en peligro de secarse. En efecto, informes hidrológicos del Ministerio de Obras Públicas dados a conocer hace algunas semanas, indican que existe una cantidad de agua inferior al 50 por ciento de la necesaria para pasar la temporada. El proyecto va por el camino correcto, pero es insuficiente ante la gravedad del problema. Durante los últimos años en el Gobierno ha habido contradicciones en esta materia. Por primera vez veo una luz de un cambio, de un giro. En tal sentido, si bien el proyecto no resolverá el problema, sí está poniendo un freno importante para no seguir constituyendo derechos de aprovechamiento de aguas. Sé que la DGA ha tomado la decisión administrativa de no hacerlo. De hecho, ese organismo no cambiará en forma sustantiva, pues lo que se modificará es la situación jurídica. En otras palabras, se impondrá la ley para que un futuro director de la DGA, impuesto por otro gobierno, se vea impedido de otorgar derechos de aprovechamiento de aguas. Repito, la situación jurídica quedará trabada, salvo en lo relativo a los pequeños agricultores o a las comunidades indígenas. ¿Por qué señalo que ha habido contradicciones? Porque el agua ha estado en manos del Estado y ha sido éste el que la ha administrado en forma deficiente. En efecto, el Estado, a través de sus órganos, entregó más derechos de aprovechamiento de aguas a privados que la capacidad de surtimiento del valle de Copiapó. Esto viene ocurriendo durante los últimos veinte años, aunque todo comenzó en 1980 ó 1981, época en que se modificó el Código de Aguas. Seguramente, esto se llevó adelante de buena fe, en el ánimo de buscar soluciones. Sea como fuere, hoy nos percatamos de que ello se hizo en forma equivocada. Por otra parte, durante el gobierno de Ricardo Lagos, el Estado, pese a la oposición de todos los parlamentarios de la Región de Atacama, privatizó, mediante concesión, la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama -si mal no recuerdo, en esa época el subsecretario aquí presente era Superintendente de Servicios Sanitarios-, lo que implicó que la administración del recurso más importante de la región quedara en manos de una empresa que lucra, pero que no satisface las necesidades de la Región de Atacama. Además, el Estado es dueño de las aguas que están en el valle de Chañaral. De hecho, los derechos de aprovechamiento de esas aguas pertenecen a Codelco. La aspiración de la comunidad de Chañaral y de Diego de Almagro es contar con más agua potable y acceder a recursos hídricos -muchos de los cuales no se utilizan-, a fin de diversificar el emprendimiento agrícola en el valle de Chañaral. Con todo, es el Estado el que no facilita el desarrollo de esos proyectos. El proyecto representa una pequeña luz, por cuanto una repartición del Estado -el Ministerio de Obras Públicas- lo sustenta. Sin embargo, se requiere de algo mucho más sustancial. El valle de Copiapó está en riesgo. Se dirá que es fácil alzar la voz y decirlo, pero es necesario hacer cirugía mayor. Con el fin de que no se produzca una catástrofe es necesario adoptar medidas mucho más drásticas. La iniciativa sólo busca que el problema no continúe agravándose. Al constatar que se entregaron derechos de aprovechamiento de aguas a grandes empresas agrícolas -en algunos casos se trata de centenares de litros por segundo-, pero que éstas no las ocupan y las venden a compa-ñías mineras, uno tiene derecho a pensar que se defraudó la ley, por cuanto estas empresas se aprovecharon de la inocencia de la Dirección General de Aguas, que entregó derechos de aprovechamiento de aguas, con lo cual se sobreexplotó el valle más allá de los recursos que éste puede recuperar anualmente. ¿Cómo se resuelve esa situación? ¿A través de la recuperación de esos recursos para el Estado? ¿Mediante la nacionalización de los mismos? No, por cuanto el Estado los administró en forma deficiente. Los órganos del Estado no dan ninguna garantía de que administrarán bien esas aguas en caso de su recuperación, por cuanto -repito- fueron ellos los que entregaron derechos de aprovechamiento de aguas, privatizaron las empresas de agua potable y no quieren entregar los recursos hídricos pertenecientes a Codelco para diversificar el emprendimiento agrícola en el valle de Chañaral. ¿Qué debemos hacer? Regionalizar. Chile posee una gran diversidad geográfica. La situación de Atacama debe ser abordada en forma urgente, en particular lo que ocurre en Copiapó. Se trata de circunstancias distintas de las que pueden encontrarse en otras zonas del país. Quiero que la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama deje de ser concesionada y vuelva a tener carácter regional. La idea es que sea administrada por el alcalde y los consejeros regionales, a fin de satisfacer el derecho básico en materia de consumo de agua potable. Por otra parte, propongo que la Región de Atacama cuente con facultades para administrar los recursos hídricos, de modo de no centralizar esa potestad en la Dirección General de Aguas, por cuanto ello no nos da ninguna garantía. La mayor demostración es el daño producido durante decenios y que ha desembocado en la crisis que se vive hoy. La futura reforma al Código de Aguas debe considerar las diferencias regionales y otorgar facultades a las autoridades regionales para administrar recursos con la debida libertad y autonomía, con el fin de privilegiar la vida, la agricultura y las actividades mineras. Nos encontramos en medio de un dilema complejo que espero se resuelva en forma inteligente, pero también con franqueza y lealtad. Estamos en un período de elecciones. Todos hablan del agua, tanto los candidatos como el Gobierno. El proyecto constituye un pequeño paso para congelar por la vía jurídica lo que administrativamente ya se encuentra paralizado. Se trata de una buena medida. Sin embargo, deseo que el señor ministro responda cuándo se tomarán las medidas para solucionar el problema de fondo. Anuncio que votaré favorablemente la iniciativa, con las observaciones que he hecho presente. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Señoras y señores diputados, está a punto de concluir el Orden del Día y quedan tres diputados inscritos para intervenir. ¿Habría acuerdo para conceder tres minutos a cada uno? Acordado. Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres. La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente , es una lástima que sólo disponga de tres minutos para abordar un tema como el que nos convoca. Uno de los principios constitucionales es la igualdad ante la ley. De acuerdo con lo señalado en el proyecto, los descendientes de los pueblos originarios cuentan con derechos especiales y por sobre los del resto de los chilenos. Es necesario abordar con profundidad el tema concerniente al agua, pero no me parece que ésta sea la forma de hacerlo. En la zona que represento muchos agricultores no tienen apellidos indígenas. Al contrario, una gran cantidad de ellos son descendientes de españoles o tienen sangre mestiza. Es común encontrar personas con apellidos tales como Mancilla, Velásquez o Macías , así como con apellidos alemanes. Se trata de campesinos que cuentan con pocas hectáreas y que se han visto afectados por la ley, por cuanto personas con mayor instrucción han solicitado derechos de agua sobre sus predios. Votaré favorablemente la iniciativa, pero es necesario abordar con mayor profundidad la situación particular que afecta a cada una de las regiones. La extensión de un terreno no necesariamente aporta una diferencia en la calidad de vida y en la situación socioeconómica de una familia. Es necesario recordar que la tierra no necesariamente se subdivide; en muchas ocasiones, en un mismo campo las familias se multiplican y permanecen en él. Si bien la ley se presume conocida por todos, sabemos que no todos los chilenos, sólo un porcentaje que no alcanza al 1 por ciento, lee el Diario Oficial como para tener claro cuáles son sus derechos. Nos quedamos bastante cortos en hacer extensiva cada ley que aprobamos y cada derecho nuevo que adquieren nuestros ciudadanos. Lamento el poco tiempo de que disponemos para discutir un proyecto tan importante como éste que, por algunas razones distintas, es tan significativo tanto para la zona norte como para la zona sur. El agua es un gran tema y este proyecto, si bien ayuda en algo, es absolutamente insuficiente; al respecto debemos tener una visión de país sobre qué queremos hacer en el futuro. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente , vamos a apoyar este proyecto, aunque representa un pequeño paso. Hay que tener presente que el 98 por ciento del agua del país es de los privados, lo que es una vergüenza. No queremos eso. No queremos que el agua de todos los chilenos sea de unos pocos; queremos que sea de los campesinos, de los pequeños propietarios, del mundo indígena; queremos que ellos tengan sus derechos. Lo que sucede con el agua en Chile, reitero, es una vergüenza. Pasa lo mismo con el cobre. Debemos enfrentar la situación de estas dos riquezas; que el agua y el cobre sean para todos los chilenos y no para unos pocos. El año antepasado las mineras se llevaron 24 mil millones de dólares y pagaron casi nada de impuestos. Tenemos que tener claro que el agua es para todos los chilenos por igual; no para algunos pocos privilegiados que hoy pueden usufructuar de ella. Esa es una frescura, una sinvergüenzura. La aplicación del derecho minero también es otra vergüenza, porque con esa ley se pueden explotar agua y, por ejemplo, centrales hidroeléctricas o de carbón. El tendido eléctrico proyectado tiene seis mil derechos mineros. Éstas son las vergüenzas que no queremos. Felicito al ministro de Obras Públicas por hacer notar este tema; pero éste es un pequeño granito de arena. Insisto, queremos que el agua sea para todos los chilenos y no para unos pocos. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , el tratamiento de este proyecto me recuerda el relacionado con las antenas, en cuanto a que cuando llegan las iniciativas al Congreso, ya no hay solución. En el caso del proyecto en discusión no hay disponibilidad de agua en el país. En consecuencia, cuando se señala aquí que el 98 por ciento de las aguas está en manos de privados, me gustaría saber cuánta agua se entregó, en el tiempo del ex Presidente Frei , a Endesa, por ejemplo, que, de ese 98 por ciento, tiene el 90 por ciento, y no la están ocupando, no hacen nada. Lo hemos dicho con mucha fuerza. Quiero recordar a la Sala que, con mi gran amigo Octavio Jara -que en paz descanse-, el primer proyecto que presentamos a la Cámara proponía que el agua que no se ocupara pasara a propiedad del Estado para redistribuirla entre la gente que realmente la necesitara. El proyecto en discusión es de justicia. Su objetivo es impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas para que la gente no exhiba en el papel algo que no existe. O sea, efecto práctico no va a tener. Con respecto a la zona norte, la normativa de aguas protege a ultranza los bofedales; sin embargo, se están sacando de allí miles y miles de litros por segundo; en consecuencia, el espíritu de la ley, como se pretendió, no ha funcionado. Sin duda, hoy, de acuerdo con las cifras que se han dado respecto a cómo se negocia el agua, ésta es mucho más cara que la tierra. Por consiguiente, la reestructuración que debemos hacer apunta a aprovechar al máximo de nuestras aguas; a hacer cooperativas que puedan ocupar riego tecnificado, a que el agricultor tenga agua para su producción; en definitiva, que el país cuente con una buena distribución. ¿Cómo cubrimos las necesidades de las mineras? En mi zona no hay minas, pero ese problema es preocupante. El tema no es regional ni comunal, es de país y hay que abordarlo para tener disponibilidad de agua. Las empresas eléctricas que no estén utilizándola, deberían ceder algún porcentaje para que existan más canales de regadío y se ocupen con mayor fluidez. En definitiva, no sacamos nada con establecer una multa o rematar el agua cuando no se va a ocupar. O sea, hay que trabajar con seriedad; hacer proyectos de agua potable rural, de regadío tecnificado. A lo mejor, resulta sumamente caro, pero es mucho más barato que la tierra improductiva. Repito, éste es un problema de país que debemos solucionar. Indudablemente, el agua tiene que ser para el que la necesita y la ocupa; no para los especuladores. Esto es en todo orden. Estoy absolutamente de acuerdo en que éste es un primer paso; pero, como se dice, para ocupar el primer litro de agua, hay que dar un primer paso. Desde Arica hasta Punta Arenas debemos analizar con seriedad el problema del agua para resolverlo en la mejor forma posible, y sea usada por la gente que realmente la necesita. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- El señor subsecretario hará una brevísima intervención de cierre para, con posterioridad, iniciar las votaciones. Tiene la palabra, su señoría. El señor SALDIVIA ( subsecretario de Obras Públicas ).- Señor Presidente , quiero precisar algunos aspectos. En primer lugar -por su intermedio, señor Presidente -, quiero recordar a todos los señores diputados que este proyecto de ley se originó en una petición de la Comisión de Agricultura a partir de la cuenta que le entregó el director general de Aguas respecto de la situación del otorgamiento de los derechos de agua conforme al artículo 4º transitorio del Código de Aguas. La Comisión de Agricultura pidió este proyecto de ley. El Ejecutivo lo presentó y la Comisión lo aprobó por unanimidad. En segundo lugar, este proyecto de ley se hace cargo, como se ha dicho, tal vez del problema más urgente. A raíz de la reforma del Código de Aguas, del 2005, se generó un sistema para reconocer y regularizar determinadas explotaciones. Ahora, esta situación, que era urgente, relacionada con pequeños campesinos y población indígena, de acuerdo con lo que se discutió en 2005, se transformó en una vía para que usuarios distintos a aquellos solicitaran derechos. ¿Cuál es el problema? Que respecto de esas solicitudes la DGA no tiene facultad para denegarlas. Se han presentado más de 50 mil solicitudes de constitución de aprovechamiento de derechos de aguas y 150 metros cúbicos por segundo. El abastecimiento de Santiago es de entre 15 y 20 metros cúbicos por segundo. O sea, diez veces el abastecimiento de dicha ciudad. Esto produce un caos al cual hay que poner remedio. Por eso, esta Corporación tiene la oportunidad de dar una señal de alerta, y el primer paso en la materia es generar una discusión, como la habida, en relación con los derechos de aguas. Se habla de que en Chile hay un mercado del agua, pero cuando, a partir de una facultad normativa, que obliga al Estado a entregar agua gratuitamente, se aprecia de inmediato el efecto que esto produce entre los particulares: corren a pedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas a través de los mecanismos que establece la ley. En ese sentido, creemos que cerramos una primera puerta que puede provocar un caos de proporciones y la Cámara tiene la ocasión histórica de iniciar un debate luego de la aprobación de este proyecto. La reciente discusión sobre la materia ha sido muy profunda. Voy a responder algunas cosas muy puntuales que se plantearon. En materia de agua potable rural, el proyecto en nada afecta las solicitudes que se realicen conforme al artículo 6º transitorio de la ley Nº 20.017, también de la modificación al Código de Aguas del año 2005, toda vez que permite regularizar la explotación de facto de captaciones, superficiales o subterráneas. Por lo tanto, la modificación al artículo 4º transitorio que propone esta iniciativa, en nada afecta las solicitudes. También en relación con el agua potable rural, hay que tener presente que la facultad que el Código de Aguas entrega al Presidente de la República , delegada en el ministro de Obras Públicas para preferir el abastecimiento humano en el caso de remate, se ha traducido en un instructivo del director general de Aguas a todos los directores regionales. En tal virtud, en caso de colisión de intereses entre agua potable rural y otros usuarios, se recurrirá a la facultad que otorgó el Código en la reforma de 2005. Algunos diputados preguntaron por qué no figuraba entre las cuencas enunciadas en el proyecto la del río Huasco. No figura porque no está declarada saturada. Precisamente por eso, el proyecto de ley faculta a la Dirección General de Aguas -cuestión que, sin duda, será discutida en el Senado- para excluir, a partir de la declaración de cuenca saturada, las solicitudes que contempla el artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017. Un diputado dijo que ésta era una práctica administrativa que estamos formalizando por ley. Sí, es una práctica administrativa, pero ya está objetada por la Contraloría. Hay peticionario que han requerido a la Contraloría que ordene al director general de Aguas constituir los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados en virtud del artículo 4° transitorio. Por eso la urgencia; porque tenemos una pugna muy fuerte. Por último, felicito una vez más a la Comisión y a su Secretaría, porque el informe contribuyó de manera sustancial a la discusión. Muchas gracias. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate. -Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos: El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En votación general el proyecto de ley que impide la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas en virtud del artículo 4º transitorio de la ley Nº 20.017, de 2005, en determinadas zonas o áreas. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. -Se abstuvieron los diputados señores: Paya Mira Darío; Valcarce Becerra Ximena. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por no haber sido objeto de indicaciones, también se declara aprobado en particular. Despachado el proyecto.
PROHIBICIÓN DE CONSTITUIR DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS EN DETERMINADAS ZONAS O ÁREAS. Primer trámite constitucional.