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    • rdf:value = " REGULACIÓN DE CIERRE DE CALLES Y PASAJES POR MOTIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA. Primer Trámite Constitucional. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar, en primer lugar, el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas es el señor Cristián Monckeberg. Antecedentes: -Moción, boletín N° 3848-06, sesión 68ª., en 20 de abril de 2005. Documentos de la Cuenta N° 8 -Moción, boletín N° 6289-25, sesión 117ª., en 17 de diciembre de 2008. Documentos de la Cuenta N° 17 -Moción, boletín N° 6363-06, sesión 123ª., en 14 de enero de 2009. Documentos de la Cuenta N° 9 -Primer informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, refundido en los tres proyectos, sesión 3ª., en 17 de marzo de 2009. Documentos de la Cuenta N° 9. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Entregará el informe el diputado Sepúlveda . Tiene la palabra su señoría. El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente , en representación de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, paso a informar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, que regula el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana, originado en mociones refundidas consignadas en los boletines números 3848-06, 6289-25 y 6383-06. Este proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los integrantes presentes de la Comisión. Su idea matriz o fundamental es regular el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad pública. Antecedentes. La alta sensación de inseguridad de la población ha propiciado la adopción de diversas medidas de protección que se han considerado eficaces para reprimir la delincuencia, entre las que se destaca el cierre de calles y pasajes. Dicha medida ha sido abordada por distintos municipios de diversas maneras. Algunos la consideran ilegal y no la autorizan. Consultada la Contraloría General de la República al respecto, ha señalado que procede autorizar el cierre de calles y pasajes de una sola entrada o pasajes peatonales, salvo que se trate de calles o pasajes que converjan en una avenida o calle principal y siempre que no implique deterioro importante al uso común de los bienes ni se afecten derechos constitucionales. Esa situación ha sido enfrentada por varias municipalidades que han dictado ordenanzas para regular la materia, pero con requisitos y exigencias muy disímiles. Por ejemplo, en la comuna de Maipú, se ha dictado una ordenanza que señala que las calles que confluyan en una red vial básica tienen asociada la prohibición de cerrar con portones, y en la comuna de Curicó, sólo se autoriza el cierre de calles y pasajes públicos ciegos, al igual que lo han estado efectuando otros municipios en consideración a dictámenes emitidos por la Contraloría. Sin embargo, no existe un criterio uniforme en cuanto al procedimiento o los requisitos que deben cumplir los vecinos para la solicitud de cierre. No obstante, ello encuentra su amparo legal en la ley orgánica constitucional de Municipalidades, que en su artículo 4º, letra j), dispone que los municipios pueden realizar actividades relacionadas con el apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana. Al tomar conocimiento de la solicitud de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social de proceder al archivo del proyecto de ley que faculta a las municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad pública, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas solicitó que éste le fuera remitido para su estudio. Durante el estudio en general de la moción del diputado señor Walker y de la diputada señora Caraball (Boletín Nº 3848-06), después de haber recibido la opinión de la señora ministra de Vivienda y Urbanismo , de la subsecretaria de Desarrollo Regional de ese momento, los representantes de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, así como los de la Asociación Chilena de Municipalidades, los integrantes de la Comisión concordaron que, si bien eran partidarios de regular el cierre de determinadas calles y pasajes, dicha facultad recaía en el alcalde, de conformidad a lo establecido en el artículo 5º, letra c), de la ley orgánica constitucional de Municipalidades, por lo que consideraron pertinente presentar una nueva moción que diera cuenta de las observaciones efectuadas por los invitados. Así, con fecha 17 de diciembre de 2008, se dio cuenta de la moción de la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Jorge Burgos , Sergio Correa , Gonzalo Duarte , Francisco Encina , Marcelo Forni , Patricio Hales , Cristián Monckeberg , Carlos Montes y quien informa, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que autoriza el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana, consignada en el boletín Nº 6289-25. Asimismo, se hace constar que el 14 de enero del año en curso se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas la moción de las diputadas señoras Isasi y Nogueira y los diputados señores García , Latorre , Montes y Uriarte , que regula el cierre de pasajes (boletín Nº 6363-06), la cual fue analizada en su mérito, acordándose tramitarla en forma conjunta con las otras dos iniciativas antes señaladas. Cabe señalar que hay diferentes mociones sobre la materia que nos convoca. En primer lugar, la contenida en el boletín Nº 3848-06, del diputado señor Patricio Walker y de la diputada señora Eliana Caraball , que faculta a las municipalidades para autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad pública. Los patrocinantes fundamentan la iniciativa en que el artículo 5º de la ley orgánica de Municipalidades dispone que la administración de los bienes nacionales de uso público corresponde al alcalde y que “administrar”, según el sentido natural y obvio de la palabra, implica “ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes”, por lo que es dable concluir que el alcalde, en uso de sus atribuciones, podría ordenar, disponer u organizar el uso de calles y pasajes, autorizando el cierre de los mismos o su control de acceso, tomando para ello en consideración las obligaciones que le establece la propia ley de Municipalidades en materia de orden y seguridad ciudadana, asegurando de esta manera el respeto a la integridad física y psíquica de los habitantes de la comuna afectada, pero debiendo velar, al mismo tiempo, por el respeto al derecho de circular de todos los ciudadanos. En segundo lugar, la moción consignada en el boletín Nº 6289-25, de la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Burgos , Correa, Duarte , Encina , Forni , Hales ; Monckeberg , don Cristián ; Carlos Montes y quien informa, que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que autoriza el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana. Los autores de la iniciativa en comento la fundamentan en el deber del Estado de incentivar y colaborar en la incorporación de las personas en las tareas de seguridad ciudadana, por lo que es necesario impulsar la dictación de leyes que permitan la participación activa de los vecinos y los municipios en la recuperación, preservación o mejoramiento de espacios públicos que se vean afectados por la delincuencia u otras amenazas a la seguridad de los habitantes en sus barrios y vecindades, reconociendo que una parte importante de la comunidad cree que para mejorar sus condiciones de seguridad se debe proceder al cierre o a la adopción de controles de acceso a calles y pasajes, lo cual se está realizando en forma espontánea, inorgánica y al margen de cualquier regulación. En tercer lugar, la moción que figura en el boletín Nº 6363-06, de las diputadas señoras Marta Isasi y Claudia Nogueira y los diputados señores García , Latorre , Montes y Uriarte , que regula el cierre de pasajes. La iniciativa legal en comento se fundamenta en los altos índices de delincuencia que existen en el país, especialmente en las grandes ciudades, lo que ha generado la necesidad de adoptar medidas de protección tales como la instalación de sistemas de alarmas, cercos eléctricos y contratación de guardias privados. Sin embargo, sus patrocinantes consideran que por sobre las medidas antes señaladas existe otra que, en su opinión, constituye un mecanismo eficaz de protección, el cierre de pasajes y calles, autorización que no se utiliza en forma amplia por cuanto podría vulnerar el derecho garantizado en el artículo 19, número 7º, de la Constitución Política de la República. Para ello los autores de la moción proponen que el cierre de pasajes y calles se pueda solicitar a la municipalidad, la que otorgaría el permiso con autorización de la dirección de obras respectiva. Al mismo tiempo, plantean un horario de cierre, el cual no podrá afectar actividades como la realización de cualquier gestión ordenada por los tribunales de justicia. También se prevé en la moción un mecanismo para que la comunidad manifieste su consentimiento. En consecuencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas estudió y refundió las diferentes mociones antes señaladas. Por lo tanto, en su artículo permanente propone modificar el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio del Inte-rior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, a fin de autorizar el cierre de calles y pasajes por necesidades de seguridad ciudadana. La primera modificación agrega tres incisos en la letra c) del artículo 5º del referido cuerpo legal a fin de facultar al alcalde para que, con acuerdo del concejo, autorice el cierre o control de acceso a calles y pasajes, por un plazo de uno a cuatro años. Para autorizar dicha medida se debe recabar un informe técnico de la dirección de tránsito municipal, siempre que no se entorpezca la libre circulación. Asimismo, se señala que el decreto que autorice el cierre o control de acceso debe ser fundado y debe especificar, entre otras materias, los dispositivos de cierre y control y los horarios de aplicación de la medida. Además, se contempla el procedimiento para la revocación de la misma. También se dispone que para otorgar la autorización de cierre las municipalidades deberán dictar una ordenanza local que contendrá, entre otras materias, el procedimiento de tramitación de las solicitudes, las medidas para garantizar la circulación, el porcentaje de vecinos, residentes u ocupantes que deben dar la aprobación a la solicitud, los mecanismos de financiamiento de la construcción y mantenimiento de las obras necesarias, las personas u organización responsable de la correcta utilización de la autorización, y contemplar los requisitos para la renovación de la autorización. La segunda modificación que presenta la iniciativa es al artículo 65 de la ley orgánica de Municipalidades y tiene por objeto concordar la norma del artículo 5º letra c) con el hecho de que para autorizar el cierre de una calle o pasaje el alcalde requerirá el acuerdo del concejo. Por último, el artículo transitorio del proyecto regula la situación de las calles o pasajes que actualmente cuentan con mecanismos de cierre o de control de acceso, ya sea producto de una autorización o que ella responda a una situación de hecho. Para regularizar tal situación a través de dicho artículo se concederá un plazo de dos años, contados desde la dictación de la ordenanza. Por otra parte, el artículo único del proyecto tiene el carácter de orgánico constitucional, en virtud de lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política. No hay artículos que requieran aprobarse como normas de quórum calificado. Asimismo, no existen normas que sean de competencia de la Comisión de Hacienda. En resumen, el proyecto busca dar cuerpo legal a una situación de hecho que se presenta en todas las ciudades del país, en todas las comunas de la Región Metropolitana. Queremos, de alguna manera, entregar un marco legal que les permita a los vecinos conjugar la seguridad ciudadana, a la que tienen derecho. Asimismo, velar por el respeto y cumplimiento de la Constitución Política en orden a que todos los habitantes tienen acceso libre a los distintos espacios públicos de nuestro país. Es cuanto puedo informar. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales. El señor HALES.- Señor Presidente, los diputados que presentamos las diversas mociones que recoge este proyecto, de una de las cuales soy coautor, lo hicimos conscientes de las dificultades que existen en nuestras ciudades en materia de seguridad, por lo que llamamos a aprobarlo. Sin embargo, debo agregar que lo considero una desgracia necesaria, porque no corresponde a la manera en que queremos que viva nuestra gente. En efecto, no quiero tener rejas en las ventanas de mi casa, y las tengo. Hay muchos ciudadanos que enrejan sus casas sin placer, sin alegría, lo que daña la estética de su hogar y, además, la sensación de libertad. Pero es la respuesta que encuentran a una necesidad, porque, de hecho, hay lugares en los que ni siquiera se puede abrir la ventana. Como eso no ha sido suficiente, ahora estamos cerrando la ciudad. Hacerlo, se ha transformado en una necesidad. Y en este tipo de medidas también se expresa la desigualdad, la falta de equidad en el tratamiento que se da a los distintos sectores de la ciudad, pues las formas de intervención urbana que se aplican para los ricos son distintas a las que se utilizan para los pobres. Con el cierre de pasajes y calles sin salida, digámoslo directamente, se constituye el condominio de los pobres y de la clase media. Cuando se tiene dinero, se organiza un condominio; se crea, se diseña, se arma y se cierra. Y nadie alega porque se cerró la ciudad, a pesar de haberse construido un barrio cerrado. Esa solución suena más elegante: barrio cerrado, condominio. Se trata de un área completamente cercada, con guardias, barreras, circuitos de televisión, lomos de toro, murallas y rejas. Adentro, un barrio pirulo, donde todo funciona bien y se ve bien. En cambio, cuando la gente de clase media pide permiso para cerrar calles o pasajes sin salida por razones de seguridad, nos alarmamos y le decimos que está cerrando la ciudad. Cuando la gente de dinero construye un barrio cerrado, lo llamamos condominio, forma de vivir en comunidad, organización, nueva manera de vivir y ocupar el espacio urbano; pero cuando hablamos de cerrar calles y pasajes, decimos que es una agresión a la ciudad. Es verdad que es una agresión a la ciudad, pero responde a la necesidad de quienes no tienen dinero para construir un condominio. Por eso presentamos este proyecto de ley. En todo caso, quiero informar que esta iniciativa fue extraordinariamente estudiada. No lo digo para valorarme, sino para reconocer el trabajo de todos los diputados que han participado en su tramitación. Son pocos los proyectos en apariencia simples, como éste que busca autorizar el cierre de calles y pasajes, que han permitido que se genere una discusión sobre la ciudad. Prueba de la seriedad con que se trató la iniciativa es que en la Comisión recibimos nada menos que a Eugenio Garcés , doctor en arquitectura; a la experta internacional Margarita Greene , ambos profesores de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica; al doctor Luis Valenzuela , director de Proyecto Urbano , de la misma facultad de arquitectura; al arquitecto especialista en espacio urbano y master en Londres, señor Antonio Lipthay ; a Macarena Rau, con quien participo en Cpted, presidenta de dicha Corporación, y a Cecilia Leiva , arquitecta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es decir, eruditos en la materia. Todos ellos tiene una forma de mirar el espacio público con la cual he trabajado desde hace varios años y que tuvo especial acogida en el Gobierno a través del abogado Felipe Harboe , actual diputado , ex subsecretario de Carabineros y, luego, del Interior, quien fue una de las pocas autoridades que asumió esta manera de mirar la seguridad ciudadana y decir que consiste en ocupar el espacio público. Participó en nuestros seminarios de seguridad ciudadana y fue un gran contribuyente a este modo de mirar la ciudad segura, que consiste -reitero- en la ciudad ocupada por los buenos, con el espacio público vivo, con niños en las calles, con gente practicando deportes. Pero en la actualidad la ciudad abierta presenta riesgos, por lo que los ciudadanos piden cerrar las calles donde viven, incluso, a veces, indiscriminadamente. Hay medidas que son históricamente determinadas, es decir, per se no siempre son buenas. Por ejemplo, en el mundo de ayer tener casa sin rejas en las ventanas era parte de la manera de vivir; ponérselas era una barbaridad; hoy, es parte de la arquitectura diaria. Si recorremos las afueras de alguna ciudad civilizada veremos que no se conocen las rejas y que los únicos espacios cerrados de las viviendas son aquellos donde se deposita la basura o se cuelga la ropa, para que no se vean y no molesten los perros. Pero entre casa y casa ni siquiera hay divisiones, porque se practica una buena manera de convivir. En Chile estamos en un momento distinto. No porque necesariamente las personas hayan sido víctimas de un delito, sino porque tienen la percepción de que pueden serlo. El miedo también es parte de la realidad. Existe. Es casi material, físico. Por ello, nuestras ciudades piden ser tratadas de otra forma. Si la clase media no tiene la posibilidad de construir barrios como los de la gente de dinero, los llamados condominios, tendremos que armarle lo que llamo el condominio de la clase media: el cierre del pasaje o la calle sin salida. Pero eso no puede hacerse así no más, razón por la cual establecimos distintas medidas que deben ser consideradas al momento de otorgarse una autorización de ese tipo. Y lo que no está en la letra del proyecto, la autoridad municipal deberá encontrarlo en lo que estamos diciendo hoy, en la historia del establecimiento de esta futura ley, para que entienda cuáles son los criterios que inspiraron al legislador a la hora de pensar la ciudad en la que se pretenden cerrar calles y pasajes sin salida. Así, por ejemplo, al aplicar estas disposiciones la autoridad deberá tener presente que el flujo peatonal no sólo cumple un rol de conectividad, sino también de vigilancia natural. Es lo que llamo el “policiamiento natural”, vale decir, los ciudadanos moviéndose por las calles. Por tanto, es importante permitir que ello ocurra de buena manera. Por otra parte, deberá considerar que las autorizaciones deben analizarse caso a caso, que no se trata de aplicar una norma general. La ciudad debe tratar de otorgar espacios de igualdad, de igualdad de recorrido. En este sentido, por ejemplo, en nuestra opinión los cierres se deben limitar a pasajes y calles que tiene una sola entrada, donde el circuito es muy claro. Al respecto, presentamos una indicación, para no terminar cortando la ciudad. Asimismo, se deberá elaborar un informe de prevención situacional que establezca qué se está cuidando en cada caso, porque no se trata de cerrar por cerrar. No es así. Además, la autoridad que consiente el cierre deberá buscar los medios para paliar los efectos negativos de tal medida, para lo cual será necesario promover y garantizar la mejor forma de contacto, de convivencia entre los vecinos y, también, mayor seguridad. El proyecto fue discutido en distintos escenarios: para más seguridad, para menos seguridad; para más cerramiento, para menos cerramiento. Llegó un instante en que nos preguntábamos cómo podríamos cuidar este bien de la ciudad abierta si, a la vez, lo que nos inspira es cerrar sus calles. Era una contradicción fundamental, esencial. Todo lo que alegábamos a favor de la ciudad era contrario a lo que proponíamos en el proyecto. Lo que nos inspiraba para cerrar era contradicho por nosotros mismos, que queríamos espacios urbanos abiertos, públicos, ocupados por la gente. Buscamos resolver la ecuación de la mejor manera. Seguramente la fórmula que encontramos es imperfecta, pero qué le vamos a hacer. No obstante, algunas cosas quedaron establecidas, como las que acabo de mencionar y otras más. Por ejemplo, que se debe tener en cuenta que cuando a través de una resolución se aprueba una alteración del ordenamiento territorial, también se afectan otras actividades, que son muy legítimas y que no debe-rían verse limitadas por razones ajenas a su giro, como ocurrirá con los pequeños locales comerciales a los que la autoridad ha otorgado patente para funcionar abierto a la ciudad en los mismos pasajes o calles que se pretendan cerrar. ¡Qué hará esa pobre gente, cuya única fuente de ingreso es su negocio en el pasaje! ¡Cuán pequeño será ese comerciante, que instaló un negocito en su casa, en un pasaje! No se trata de un mall, ni de un supermercado, sino de una persona pobre, modesta, sencilla, que hizo un gran esfuerzo para pagar la patente municipal para vender pan, bebidas y otras cosas menores, que ve que por ley le cierran el pasaje y le liquidan la única fuente de ingresos que tenía. Ese tipo de situaciones debe ser tomada en consideración antes de adoptar una decisión al respecto. Esto va a ser complejo, porque no sólo los urbanistas y los arquitectos, nos van a decir que estamos aprobando proyectos para cerrar la ciudad; también los alcaldes y los pequeños comerciantes van a objetarlo. Sin embargo, estamos viviendo un momento muy difícil en relación con la delincuencia, es la percepción que tiene la ciudadanía. Independiente de las mejoras que se han hecho, de los tres mil carabineros que la Presidenta Bachelet espera tener en la calle al término de su Gobierno y de los 17 proyectos contra la delincuencia que aprobamos durante el período 2006-2009, el cierre de calles y pasajes significa para los ciudadanos que no tienen dinero vivir en el condominio de la clase media. Por eso, vamos a aprobar esta iniciativa. Lamentablemente, por razones políticas o politiqueras, hubo un sector que se opuso y dificultó la aprobación del proyecto que crea el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, que era otra de las ideas que tenía la Presidenta Bachelet y que se debería haber aprobado. Felizmente, de aquí a dos meses, cargarán con la culpa responsable ante los ciudadanos. Me refiero a la parte más dura de la Derecha desde el punto de vista político, porque Renovación Nacional dio su apoyo en general al proyecto sobre la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Es una pena que haya primado la politiquería a la hora de crear este ministerio. No sólo las rejas forman parte de la seguridad pública. El Presidente de la Cámara de Diputados puede suscribir, con orgullo y públicamente, que en los últimos tres años esta Corporación ha aprobado 17 proyectos de ley contra la delincuencia. Podría hablar horas de que la ocupación del espacio público da más seguridad. Eso sería el centro. Ese es mi amor a la ciudad, la ciudad abierta. La ciudad es lo más complejo que ha inventado el ser humano -lo he dicho en esta Sala otras veces-, después del matrimonio. Uno se pregunta ¿para qué la hizo? Para el encuentro de las personas, para salir de lo rural porque la gente estaba dispersa. ¿Para qué se hizo el burgo? Para el encuentro, la defensa y lo militar, para hacer comercio, intercambiar los productos del campo, estudiar en la ciudad medieval, tener protección, vivir y estar permanentemente unidos. Las ciudades buenas del mundo -que uno a veces recorre- son para pasarlo bien, donde sólo caminar por el espacio público es un placer para el alma y el cuerpo. Pero esa ciudad hoy la vamos a cerrar. Repito, podríamos hablar horas de la ciudad abierta, pero también hemos hablado y escrito horas durante la tramitación de este proyecto de ley sobre la ciudad que tiene que cerrarse, la ciudad amurallada. Leamos a Carlos Franz . Veamos un poco del urbanismo que hoy empieza a aparecer y de una forma de arquitectura que no habría imaginado cuando estudié esta profesión, que es la manera de securizar, de cerrar, de encerrar. No estaba en mis conocimientos el diseño de rejas. Sin embargo, en los últimos años de ejercicio de la profesión, he tenido que pensar en cómo hacer una reja que armonice con la arquitectura. Esto va a tener que ser parte de la tarea de los alcaldes. Me alegro de que la Comisión haya despachado a la Sala un proyecto tan digerido y discutido. También va a tener que ser analizado por la autoridad alcaldicia, porque se va a encontrar con muchas dificultades a la hora de aplicarlo. Estoy seguro de que hicimos algo positivo. Los ciudadanos pueden decir que, junto con los 17 proyectos de ley contra la delincuencia que aprobamos en los últimos años y los tres mil carabineros que la Presidenta Bachelet quiere en la calle al término de su mandato, estos diputados le van a entregar a la ciudadanía una nueva norma legal que va a permitir cerrar las calles y pasajes sin salida para que puedan vivir más seguros en la ciudad. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado don René Manuel García. El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente , no estamos discutiendo sobre el paisaje de la ciudad, ni sobre la persona que tiene un pequeño negocio al interior de un pasaje, sino sobre algo que es lamentable: que las personas tengan que enrejar los lugares donde viven para tener seguridad y no ser asaltadas, lo que analizado fríamente demuestra una falta de combate a la delincuencia. No tendríamos por qué estar discutiendo un proyecto de estas características si las personas no fueran asaltadas en sus propias casas. Hasta los más pintados han sufrido robos en sus propiedades, ya sea por “las Arañitas”, que se meten a los departamentos; por una banda que es llamada “Los Invisibles”, ya que quienes la forman entran a las casas, roban, salen y nadie los ve, o por otros delincuentes. Esa es la preocupación que hoy tienen las personas. El proyecto de ley habla de los pasajes y calles que no tienen salida. No obstante, en la Comisión la ministra señaló que estos cierres generan inseguridad en las personas cuyas calles o pasajes no están cerrados. Entonces, ¿cómo será la inseguridad en los hogares que se encuentran en pasajes o calles que no están enrejados, si los que viven adentro se están protegiendo de la delincuencia que el Gobierno no ha sido capaz de controlar? Ese es el problema que tenemos. Es lógico que la gente que vive en poblaciones y que ha sido objeto de miles de robos tome algunas medidas para resguardarse. Por ello, hace un esfuerzo gigantesco para cerrar su pasaje. Pero llama la atención que aquí se autorice el cierre por uno o dos años, porque la plata la tienen que poner los vecinos que solicitan el cierre del pasaje sin salida. En consecuencia, si estos vecinos viven en una calle o pasaje sin salida, que al interior no tiene plazas, ni áreas verdes y, no se va a abrir nunca al uso público, no veo por qué no puede permanecer cerrado. Eso le va a dar más seguridad a las personas y personal de Carabineros no va a perder el tiempo haciendo guardia. Hay miles de carabineros en las calles y no son capaces de controlar la delincuencia. Se ha hablado mucho de los tres mil carabineros que la Presidenta Bachelet quiere tener en la calle. Es más, el plan de nuestro candidato presidencial es tener diez mil carabineros en los próximos cuatro años; dos mil quinientos cada año para dar mayor seguridad a las personas. La ministra señaló en la Comisión que se debería modificar la ley orgánica constitucional de Municipalidades y no la ley general de Urbanismo y Construcciones. Sin duda, tendría que establecerse en dicho cuerpo legal si el alcalde va a autorizar el cierre de las calles, ya que se va a necesitar la aprobación del concejo, pero no veo por qué se va a meter el Serviu cuando la municipalidad estima conveniente otorgar la autorización por un tiempo mayor. Esta es una iniciativa que la gente está reclamando por la inseguridad que hoy vive en su propia casa. De acuerdo con los noticieros y encuestas, la principal preocupación ciudadana es la seguridad en todo orden de cosas. Por eso, si esto le significa a la ciudadanía algún alivio, debemos aprobarlo. Hay que ayudar a que la gente pueda cerrar sus calles o pasajes. Quiero decir algo más. En los edificios, la mayoría de las personas que viven en los cuatro primeros pisos está poniendo rejas en sus ventanas. En consecuencia, no podemos decir que sólo se trata de la gente que vive en el primer piso o en casas de un condominio. Como no ven la protección que requieren, es absolutamente necesario que tengan derecho a cerrar los pasajes y calles para su mayor seguridad. La discusión no está centrada en el paisaje ni en el diseño de los arquitectos. Esa cuestión la sabemos, porque las obras deben contar con todos los permisos para su construcción. Con este proyecto aportamos un grano a la seguridad de los pasajes y calles sin salida. Por lo tanto, también como autor de la iniciativa, anuncio mi voto favorable. No busquemos más pretextos, como el de la señora que tiene almacén, vende pan y otras cosas. Los pasajes son para que vivan las personas con seguridad. Cuando ésta sea total, tengamos resguardo policial y tranquilidad en las viviendas, abramos todos los pasajes y calles. Ojalá el sueño dorado de todas las personas se cumpla: la construcción de más hospitales, más escuelas y menos cárceles. Hoy, con la delincuencia desatada, la inversión en cárceles dobla a la de los hospitales y de las escuelas. Me gustaría estar discutiendo otros proyectos, como el de Presupuestos, con todos los temas que abarca, y no estar preocupado de la delincuencia, guerra que ha perdido la Concertación. Espero que se recupere la paz, que la gente de bien pueda andar por las calles y los delincuentes y reincidentes estén recluidos en la cárcel para tranquilidad de todos los chilenos. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente , el proyecto en discusión llega en un momento muy oportuno, pues se relaciona con un tema de debate público en nuestras comunidades. En la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas se planteó una controversia al respecto, y como el informe no lo expresó en forma particular, quiero hacerme cargo de ella. Me abstuve en la votación de la gran mayoría de sus artículos, básicamente porque me asiste una contradicción sustantiva. En la forma en que está elaborada la iniciativa, impide el cierre de calles y pasajes, pues establece un requisito que es condición necesaria para su autorización: siempre que lo permita el plan regulador comunal. Obviamente, ninguna comuna en Chile tiene incorporada esa condición en la formulación del plan regulador comunal. En el inciso primero de la letra c) del artículo 5º se establece que las municipalidades podrán autorizar “siempre que lo permita el plan regulador comunal, y en las condiciones establecidas en él,...” Como ninguna comuna incluye en su plan regulador comunal lo exigido por esta iniciativa, la disposición será letra muerta. Podría ocurrir que se oriente en dirección inversa a los objetivos de los autores del gran número de mociones presentadas sobre la materia. Todas apuntaban a facultar a los municipios para cerrar las calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. Pero la condición establecida por las indicaciones presentadas durante su tramitación, lleva a que esto sea imposible. Como es conveniente para el desarrollo de la ciudad que la iniciativa faculte a los municipios para autorizar el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad, con los diputados Enrique Accorsi, Pedro Araya, Fidel Espinoza, Joaquín Godoy y Patricio Melero presentaremos una indicación para eliminar esa frase. Por lo tanto, si la Sala lo acuerda, se podría votar el proyecto con la indicación para eliminar del inciso primero de la letra c) del artículo 5º la siguiente frase: “… siempre que lo permita el plan regulador comunal, y en las condiciones establecidas en él, …”. De esa manera, la primera parte del inciso quedaría de la siguiente forma: “En el ejercicio de esta atribución las municipalidades podrán autorizar, por un plazo no inferior a uno ni superior a dos años, el cierre o medidas de control de acceso de pasajes y vías locales sin salida, con el objeto de garantizar la seguridad de los vecinos”. Con esta indicación el proyecto recupera su sentido original, cual era autorizar el cierre de calles y pasajes para lo cual se requerirá el informe de la dirección de obras municipales, de las autoridades policiales, el acuerdo de las comunidades, etcétera. Por eso, si le parece a la Sala, pido que esta indicación se vote en forma conjunta con el proyecto, a fin de perfeccionar su contenido y no dilatar su tramitación. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señor diputado , pueden presentar la indicación y en el momento de la votación, se solicitará la unanimidad para votarla en forma conjunta con el proyecto. Tiene la palabra el diputado Felipe Harboe. El señor HARBOE.- Señor Presidente , sin duda, cuando la Cámara de Diputados discute proyectos como éste, vuelve a conectarse con la realidad social que, a veces, se siente un poco olvidada por ella y las demás autoridades. Felicito a los autores de esta bien inspirada moción, aunque no siempre bien redactada, que crea una medida adicional y complementaria para la seguridad. No obstante ello, quiero señalar que en materias de seguridad y de crecimiento urbano, lo peor que puede existir son las intervenciones dogmáticas cargadas de animosidad y electoralistas. Más bien, hay que centrarse en temas estrictamente técnicos y de solución. La reciente intervención del diputado García denota un desconocimiento total respecto de la operación del sistema de seguridad. Como se ha repetido tantas veces como diputado , entiendo que él también contribuyó a aprobar la llamada reforma procesal penal, la que, a partir de 2003 dejó al Gobierno en un segundo plano en la persecución criminal, de los delitos y de los delincuentes, la que fue otorgada a un organismo autónomo, que no depende del Ejecutivo, por disposición de este Congreso Nacional, denominado Ministerio Público. En consecuencia, corresponde coordinarse con el Ministerio Público. Por otro lado, la doctrina y la aplicación práctica internacional de la metodología del Cpted, Crime Prevention Through Environmental Design , Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental , busca construir ciudades con el objeto de disminuir los riesgos estructurales en materia de seguridad. Implementa medidas tales como la construcción de baja altura para permitir el uso de la luz natural, la disminución de la densidad poblacional para aminorar los niveles de violencia, el establecimiento de espacios públicos circulares, en función de la integración, y no necesariamente el cierre. No obstante, nuestras ciudades son muy discriminadoras. Las diferencias sociales no sólo se expresan en la capacidad adquisitiva de las personas y su nivel educacional, pues la ciudad también se ha transformado en un elemento de desigualdad. Mientras en algunos lugares se construyen viviendas sociales por montón, con una alta densidad poblacional, con carencia de espacios públicos y el aumento de la construcción en altura, en otros lugares es impensable la construcción de viviendas sociales, menos aun afectar su entorno. En algunas comunas, la construcción o el emplazamiento de edificios debe respetar el entorno de las viviendas colindantes. Sin embargo, en la comuna de Santiago los alcaldes han optado por permitir la construcción de edificios en altura adosados, literalmente, a viviendas de fachada continua. Con ello, se genera el efecto invierno permanente -así lo llamo-, carencia de luz en las casas, humedad y colapso de los servicios básicos. Por cierto, donde antes vivía una familia, hoy lo hacen cuarenta o cuarenta y cinco familias. Nadie pensó acerca del impacto en seguridad que eso causaría. Cuarenta y cinco familias, con un promedio de cuatro personas, significan 180 nuevos usuarios del servicio de salud, de educación y, particularmente, de lo relacionado con seguridad, que nadie lo contempla. En consecuencia, debemos tener una mirada más integral del fenómeno urbano, respecto de lo que se está haciendo. En algunos sectores existen los condominios. De hecho, los nuevos barrios en los sectores altos de la ciudad son “privados”, pues las inmobiliarias compran grandes paños de terreno, cierran sus accesos y construyen viviendas. Dichos condominios poseen condiciones importantes en seguridad: circuito cerrado de televisión, guardias y cierros perimetrales. Me parece bien por aquellos que pueden hacerlo. Pero los habitantes de otros lugares de la ciudad no disponen de recursos para ello. No hay inmobiliarias que se hagan cargo de su administración ni capacidad económica para pagar un circuito cerrado de televisión, guardias o cierros perimetrales. Por eso, en mi concepto, el proyecto apunta en la dirección correcta. Obviamente, soy partidario de una ciudad abierta y de la recuperación de los espacios públicos, en lo cual he trabajado durante años. Chile tiene un promedio de 0,9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, mientras que el promedio mundial es de 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Estamos al debe, pero tenemos que hacernos cargo de una realidad. En calles sin salida o pasajes lamentablemente no siempre es posible brindar las condiciones de seguridad. Por ello, la iniciativa, de una u otra forma, ayudará a la integración, puesto que los vecinos buscarán un acuerdo para adoptar medidas de seguridad. No se trata sólo se instalar una reja, sino, lisa y llanamente, de lograr condiciones de tranquilidad. Ello ocurrirá si un padre de familia o una madre de familia saben que en su pasaje o calle sin salida existe la posibilidad de contar con un cierro, puesto que la sensación de seguridad aumenta considerablemente. Ahora bien, espero que esto no signifique privatizar el espacio público. Debemos tener regulación al respecto, por lo que me parece bien la indicación que planteó el diputado Gonzalo Duarte , de lo contrario el proyecto podría ser letra muerta. Lo importante es compatibilizar el legítimo ejercicio de medidas para combatir la delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad con el respeto al espacio público. En la comuna de Santiago hay más de 2 mil 300 pasajes, 556 cité y, al recorrerlos, uno se da cuenta de que los vecinos se están organizando para instalar rejas y protegerse. Me parece importante, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este proyecto de ley, en el sentido de que la opinión mayoritaria de los vecinos sea la que prime a la hora de decidir la instalación de cierros. Ahora bien, el Congreso Nacional ha contribuido de manera importante a la lucha contra la delincuencia. Para decirlo en términos positivos, ha colaborado en el mejoramiento de las condiciones de seguridad a través de 17 leyes, como dijo el diputado Patricio Hales. El período 2006-2009 terminará con 6 mil carabineros en la calle. El diputado García sostuvo que un candidato ha planteado aumentar la dotación de Carabineros en 10 mil nuevos funcionarios. Esa propuesta ya se hizo en 2005 y con el alto mando de Carabineros dijimos que no era conveniente. Es imposible, porque la capacidad formadora máxima de Carabineros alcanza a mil 500 carabineros por año. Ahora, si se va a ampliar la cobertura formadora, se puede poner en riesgo el principal mérito y reconocimiento que tiene Carabineros, su calidad, porque bajarán los niveles de selección, probablemente afectando la calidad, tal como se hizo en la década del 80, cuando se formó a carabineros durante seis meses y un gran número de ellos terminó preso y arriesgó el prestigio institucional. En la actualidad, Carabineros es un orgullo nacional. Por último, votaré favorablemente el proyecto. Felicito a los autores, porque avanza en la vía de permitir el asociacionismo de los vecinos en lugares donde no hay posibilidad de financiar condominios de viviendas y lugares cerrados. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos. El señor LOBOS.- Señor Presidente, con dolor en el alma votaré favorablemente el proyecto, porque cerrar las calles es como querer cerrar los ojos a la realidad. Esta es la creación de ghettos modernos, pero a la inversa, pues no se está aislando gente, como lo hiciera otrora algún régimen. Los propios ciudadanos han decidido enrejarse, aislarse de la sociedad por el más tercermundista de todos los sentimientos: el miedo. Soy chileno y, a pesar de que domino un par de idiomas extranjeros, prefiero hablar en castellano en esta Corporación y recordar a Quevedo, en el sentido de que hay que vestirse de muerte para demostrar que estoy vivo. Eso es un poco lo que estamos haciendo con la iniciativa, pues se está rodeando de acero a una comunidad, a un grupo de vecinos, que tienen que vestirse con esta armadura sólo por la falta de compromiso y el doble mensaje del Gobierno al darle una suerte de impunidad al delincuente. En la actualidad, el juez de garantía muchas veces confunde garantizar el debido proceso al delincuente con garantizarle todos los derechos, pero no así el acceso a la justicia a la víctima. Además, cuenta con un defensor, financiado por todos nosotros. O sea, la propia víctima, con el IVA que entera al comprar un kilito de azúcar, paga parte del sueldo a quien está defendiendo a su agresor. Por último, el delincuente es apresado por una Policía cansada, pues lo atrapa durante la mañana y en la tarde lo encuentra en la calle, pasa delante de los cuarteles policiales y les hace mofa. Esta sensación raya en lo indecible. Creo que no hay voluntad política para tomar el toro por los cuernos. Se dice que al término de la era de la Presidenta Michelle Bachelet habrá 3 mil carabineros nuevos, pero salen a la calle atados de manos, no pueden actuar. Si alguno de ellos llega a cumplir con su deber, por cierto será acusado de cualquier maleficio y, probablemente, será expulsado de la institución o se cortará su carrera. Aquí es donde quiero hacer un llamado, porque muchas autoridades aún no se sacan el complejo de joven y se creen los mocetones que durante el tiempo de universidad llamaban cilones a los carabineros, enemigos de la humanidad, no se dan cuenta de que ya peinan canas y tienen amplia la frente. Hay que evolucionar y pensar que nuestro deber como parlamentarios es estar del lado de los ciudadanos honestos, de esa gente humilde que se saca la mugre trabajando, logra juntar sus cosas y ve, de repente, que el “pato malo” se mete a su casa. El proyecto de ley viene a normar algo que se está haciendo con bastante desorden, pero no por eso deja de doler. Lo natural es que nuestras ciudades tengan plazas amplias, bien iluminadas; parques y calles abiertos, en los que se pueda deambular libremente, a cualquier hora del día y de la noche, con seguridad. Para ello, el Estado debe cumplir con su labor. Sin embargo, hoy opta por el mal menor, por la solución alternativa, la más baratita, porque prácticamente se ha perdido la lucha contra la delincuencia -así lo ha reconocido- y ha resignado su derecho a ejercer la autoridad. Entonces, hay que elegir el mal menor: vestir nuestras calles de rejas, cerrar los pasajes y las calles para que la gente pueda defenderse. Pero ¿qué va a pasar cuando en uno de estos pasajes cerrados haya un incendio o tenga que entrar una ambulancia para atender una urgencia? Ahí se verá la otra cara de la medalla. En este caso, probablemente, no es este proyecto lo que necesitamos, sino que Chile vuelva a su centro, que sepamos que los condominios no resuelven el problema. La verdadera solución es que todas nuestras calles, plazas, jardines, departamentos y edificios queden asegurados, porque el Estado de Chile se encarga de los delincuentes. Como el Gobierno aún no ha recogido el guante, los municipios han tenido que entregar una solución alternativa. Los alcaldes han tenido que promover el financiamiento de los proyectos de alarmas comunitarias. Algunos de ellos, incluso, han creado oficinas de seguridad para apoyar a las víctimas. Además, han contratado sicólogos, siquiatras, enfermeras, matronas y abogados, ya que muchas familias han sido víctimas de la delincuencia. Por lo tanto, han tenido que perseguir a los culpables. ¡Por Dios, me duele que, pese a las adquisiciones, todavía continúe esta esquizofrenia! Por eso, repito, con el dolor de mi alma, voy a votar favorablemente, pese a que me parece que la iniciativa sólo representa una solución de parche para los chilenos que no tienen recursos suficientes para habitar en un condominio seguro y tengan que cerrar sus barrios para que los niños puedan jugar y no les roben la bicicleta, la pelota de fútbol o los agredan. Pero vuelvo a destacar nuestro verdadero norte: se debe garantizar a la ciudadanía caminar en paz en este hermoso país. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende. La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente , escuché atentamente las palabras de mi colega Juan Lobos , con quien puedo coincidir en una sola cosa: también me cuesta votar favorablemente el proyecto. Confieso que no me agrada. La iniciativa representa una necesidad para regular una situación que, con distintos criterios, las municipalidades han debido aplicar. Este tipo de proyectos no me agrada, aunque me hago cargo de la angustia y de la preocupación de los vecinos, por ejemplo, de la comuna de Puente Alto que he representado por años; sé lo que un proyecto de este tipo puede significar para un sector con 600 mil habitantes, donde se construyen muchísimas casas sin espacios públicos, áreas verdes ni espacios comunitarios. Por lo tanto, sé lo que puede provocar a los habitantes de los pasajes. A lo mejor, la medida puede llevar más tranquilidad a las calles o pasajes, pero, no es un tipo de iniciativas que pueda agradar. No es la idea. En lo único en que coincido con el diputado Lobos , es que votaré favorablemente el proyecto; en relación con el resto de lo escuchado, quiero dejar constancia, una vez más, de que no me gusta que se use la seguridad ciudadana con fines electorales. Al respecto, quiero ser muy clara: este tema nos involucra a todos. Es un tema país muy difícil, porque va ligado al micro y narcotráficos. La cuestión no es sencilla, ya que abarca aspectos que van desde cómo socializar a los niños en los hogares, hasta los grados de responsabilidad de las autoridades de todos los niveles. En el caso de un alcalde, debe tener muy claro el plan regulador de su comuna hasta cómo mantener bien iluminados los espacios públicos; la responsabilidad de los dueños de los sitios eriazos, que no han sido capaces de cerrarlos bien, que se constituyen en guaridas para quienes practican malas conductas o son delincuentes. Por su parte, el gobierno central debe preocuparse de entregar a la población las suficientes fuerzas de orden y seguridad. En este caso, de Carabineros y recursos materiales. El Gobierno ha propuesto aumentar la planta de Carabineros en 6 mil efectivos -mil quinientos por año-, lo que representa un esfuerzo enorme del Gobierno de la Presidenta Bachelet. ¿Pero qué pasa? Cada carabinero debe ser bien formado; de lo contrario, vamos a tener que lamentar que ellos mismos, como ha ocurrido, sean quienes cometan delitos. Estamos en un período de campaña electoral durante el cual deberían conocerse las propuestas y la mirada país de cada candidato, pero cuando escucho por la radio la propuesta del señor Piñera de formar a 10 mil carabineros cada cuatro años, sé que falta a la verdad. Ello no es posible. Por lo tanto, me duele que con ofertones se les tome el pelo a los ciudadanos ingenuos e incautos. Lo digo responsablemente a quien quiera escuchar. Lo he expresado también en la Región de Atacama. Falta a la verdad. Son ofertones en un período de campaña electoral. Es una irresponsabilidad que no se condice con la capacidad real del país. Ocurre lo mismo cuando ofrece un millón de empleos. Y también cuando promete un sueldo ético de 280 mil pesos. ¡Por favor! Ojalá pudiera decir que no está equivocado, pero lo está. En este período es comprensible que un candidato haga ofertones irresponsablemente. Ello me duele, ya que significa, repito, tomarle el pelo a la ciudadanía de inteligencia normal. Todos sabemos que es imposible. Pero, en cambio, puedo decir que el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme para aumentar cada año la planta de Carabineros en 1.500 efectivos nuevos y formados con responsabilidad, dotados de los equipos necesarios. No sólo no me agrada la idea; a lo mejor, es un mal necesario, pero el mayor énfasis debe estar en la prevención y en la claridad a la hora de hacer efectivo el cuidado de las calles y de los ciudadanos. Quiero manifestar un segundo elemento que me parece doloroso. Hace una semana, la Cámara no pudo aprobar el proyecto que creaba el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, pues no se contó con los votos de la Alianza, a pesar de que hubo un acuerdo en el Senado, que incluía al Presidente de la Unión Demócrata Independiente . Es decir, los diputados de la Alianza se dieron el gusto de rechazar el proyecto. Al respecto, cabe preguntarse ¿hay aprovechamiento de las inseguridades, de los miedos, del temor de la gente a ser víctimas de robos? ¿Queremos usar con mayor eficiencia los recursos? ¿Se está intentando coordinar mejor a las policías a cargo de la seguridad? ¿Es lógico que las policías dependan del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, cuestión heredada de la dictadura, lo que corresponde después de veinte años de democracia? ¿No fue acaso una votación ideologizada la que ignoró el verdadero temor de la población? Con estos hechos, quiero señalar que se está politizando el tema. Se están haciendo ofertones irresponsables. Esa votación demuestra que no se preocupan de una mejor coordinación y eficiencia. Pero ¿por qué no me agrada el proyecto, a pesar de que lo considero un mal necesario? Porque nuestro énfasis, como dije, no sólo debe apuntar a los espacios públicos, sino a la diferencia de barrios. Chile debe tener las ciudades más segregadoras. En pocos países, hay tanta segregación como en el nuestro. A las construcciones de ahora les agregan cada vez más rejas. ¿No es doloroso pensar en la enorme diferencia que se genera entre quienes tienen recursos para vivir en condominios bellos, con jardines, con espacios suficientes, con parques y quienes habitan barrios con escasez de espacios públicos verdes? ¿Cómo no va a ser doloroso ver que continúa una cierta línea discriminatoria? Mientras más pobres los barrios, más rejas. Los pobres no pueden pagar las cantidades que se invierten en el barrio alto en el que condominios entregan seguridad las 24 horas del día. Tienen guardias especiales o cámaras de vigilancia. En definitiva, es otra realidad. ¿Es mala la segregaci��n? Al respecto hay que considerar que cuando se integran las ciudades existe mayor comunicación y convivencia. Queremos que los vecinos sean superactivos, participativos y comprometidos en el tema de la seguridad. Ello requiere que se organicen y, en conjunto, presenten proyectos de medidas preventivas. Ojalá participen de nuestros fondos concursables. Eso requiere de medidas ingeniosas, como han surgido en algunos casos, donde hay determinadas señales que significan alarma. Además, es necesario darles más espacios de participación, más posibilidades de asumir su propia seguridad, lo que quizás evitará que se lleven a cabo muchos cierres de calles y pasajes. Éstos deben efectuarse de acuerdo con condiciones muy rigurosas. Primero, el cierre debe ser aprobado por la dirección de obras municipales y, segundo, la autorización que se otorgue deberá especificar los horarios en que podrá ser restringido el tránsito. Esto no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, por cuanto sería muy doloroso. Ha ingresado a la Sala el ministro del Interior , a quien saludo. Reitero mi dolor porque no logramos aprobar algunas normas del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Quiero enfatizar una vez más que los parlamentarios de la Alianza se dejaron llevar por razones ideológicas, lo que impidió lograr una mejor coordinación de las policías, hacerlas más eficientes y aprovechar mejor nuestros recursos, que deberían canalizarse en el establecimiento de mayores espacios públicos. Es necesario adquirir el compromiso de aumentar las áreas verdes. En esa materia nos encontramos en deuda. Por lo tanto -repito-, apoyaré el proyecto, pero con las prevenciones que he hecho presente. El compromiso real en esta materia se demostrará con el reforzamiento de los espacios públicos y el fortalecimiento de las policías, a las que debe entregarse los materiales necesarios y la adecuada formación para su buen desempeño, no con ofertones irresponsables lanzados por determinadas campañas presidenciales. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Abel Jarpa. El señor JARPA.- Señor Presidente , el colega médico Juan Lobos señaló en parte de su intervención la palabra esquizofrenia. La apreciación de su señoría es correcta. El diputado García señaló que es necesario construir más hospitales y menos cárceles. Más tarde, el diputado señor Lobos se refirió a la llamada “puerta giratoria” y a que los delincuentes no son procesados como es debido. Sin embargo, cada día aumenta el número de ellos en las cárceles. Sin duda, aquí hay una incoherencia. Quiero hacerme eco de las palabras de la diputada señora Isabel Allende . En efecto, el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública fue aprobado prácticamente por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Sin embargo, en la Sala, determinados artículos de quórum calificado no obtuvieron los votos necesarios para ser aprobados, no obstante existir un acuerdo político entre las distintas bancadas. Si eso no es esquizofrenia no sé qué puede serlo. Por otro lado, si se busca hacer proselitismo u obtener dividendos políticos a partir del tema de la seguridad ciudadana, no se estará enfocando de manera adecuada el tópico que concita mayor preocupación en la ciudadanía y en el Gobierno. La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas siempre abordó con especial preocupación el proyecto en debate, de suyo complejo. De hecho, dedicó diez sesiones a debatir la iniciativa. Como señaló el diputado señor Hales , la Comisión escuchó a todos los expertos en la materia. En tal sentido, quedó de manifiesto la preocupación en relación con la libertad de desplazamiento de las personas por lugares de uso público. Cuando se decide cerrar calles y pasajes se está privatizando un espacio de uso público. Esa fue la razón que llevó a la Comisión a observar que cuando un municipio autoriza el cierre de una calle o de un pasaje, la medida debe ser revisada al cabo de dos años. Ello no significa que el espacio necesariamente se reabrirá. Con todo, reitero, si se permite el cierre de calles y pasajes en forma indefinida se estará privatizando espacios de uso público. La idea es compatibilizar la libertad de desplazamiento y la seguridad personal, pues mucha gente se siente más segura en espacios cerrados. Deseo volver sobre un tema que ya fue abordado por algunos diputados que me antecedieron en el uso de la palabra: la segregación que sufren nuestras ciudades y la falta de planificación urbana de muchas de ellas. Los expertos que concurrieron a la Comisión se refirieron a la forma en que debe desarrollarse una ciudad. Otro tema abordado por esa instancia es el proyecto enviado por el Gobierno sobre seguridad privada. Estamos transformando una materia tan importante como la seguridad pública en un tema que distinguirá ricos de pobres. ¿Por qué digo esto? En la actualidad existen más de mil empresas que se dedican a la seguridad privada y 150 mil personas que son beneficiarias de sus servicios. Se trata de una actividad que genera 850 millones de dólares al año. ¿No habrá un interés económico, además del político-electoral, al querer seguir infundiendo temor a través del tema de la seguridad ciudadana? Si se revisan las encuestas, la cantidad de delitos ha disminuido. Sin embargo, la sensación de temor en relación con este tema sigue creciendo. Ello se debe en gran parte a los medios de comunicación, en especial la televisión, que incentivan el tratamiento del tema. Repito, ¿no habrá detrás del interés político uno de carácter económico? Ha habido consensos respecto de los proyectos enviados por la Presidenta de la República , doctora Michelle Bachelet , relacionados con la seguridad ciudadana. Es cierto que no se aprobaron algunos artículos del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que incluye la creación de una Subsecretaría de Prevención y Rehabilitación. Sin embargo, espero que en el tercer trámite constitucional esos artículos sean repuestos por el Senado. La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas trabajó concienzudamente el proyecto en debate. No votaré la iniciativa con el mayor de los agrados; sin embargo, a nuestro juicio norma sobre una preocupación manifestada claramente por la comunidad durante estos días. Finalmente, deseo destacar que la Comisión despachó la iniciativa el 4 de marzo del presente año. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías. El señor FARÍAS.- Señor Presidente, me alegro de que por fin tengamos la oportunidad de discutir el proyecto en debate. Quien habla fue alcalde de la comuna de San Joaquín durante doce años. El problema que aborda el proyecto en estudio de pronto comenzó a crecer. Las municipalidades comenzaron a improvisar una solución, por cuanto no existía regulación respecto del cierre de calles y pasajes. Muchas veces, las decisiones se tomaban de acuerdo con lo que los vecinos nos planteaban respecto de la seguridad ciudadana. En algún momento, se estableció un modus operandi que fue acogido no sólo por la municipalidad de San Joaquín, de la que me tocó ser alcalde, sino también en otros municipios. Los principios que se tuvieron en consideración fueron dos: en primer lugar, que los propietarios de los inmuebles estuvieran de acuerdo con el cierre, y en segundo lugar, que no vulnerara el libre derecho de cualquier persona a transitar por un bien nacional de uso público, en este caso, una calle o un pasaje. Desde ese entonces se establece una ordenanza que permite cerrar los pasajes. Una consideración. Yo no estoy de acuerdo con cerrar los pasajes y con que el país se siga enrejando. Se ha ido creando una cultura respecto de que la única manera de defendernos es enrejándonos, poniendo muchas protecciones alrededor de las casas y rejas en las calles, y llenando de automóviles de seguridad ciudadana por todos lados, como si eso fuera a detener la delincuencia. Sufrí un robo en mi casa, pese a los numerosos vehículos de seguridad ciudadana que circulaban alrededor. Por lo tanto, eso me confirma que el hecho de tener más de esos vehículos o estar más enrejado no solucionará el problema de seguridad. Su solución pasa por tratar el tema más a fondo, por ejemplo, con proyectos de ley como el que acabamos de ingresar a tramitación, que plantea una reforma laboral a fin de entregar más oportunidades a los empleados para que puedan trabajar mejor y recibir mejores ingresos, y evitando que los jóvenes estén parados en las calles, donde los delincuentes pasan a ser sus ídolos porque usan zapatillas impecables y chaquetas de cuero maravillosas como consecuencia, eventualmente, de los robos que cometen. Entonces, reitero, ahí es donde debemos atacar la delincuencia, no encerrándonos. Encerrarse puede ser un paliativo, una pequeña protección para las personas, pero con ello no se enfrenta el fondo del problema. Tampoco creo -es lo que ocurre en la actualidad- en seguir aumentando, aumentando y aumentando las penas de cárcel para cuanto delito hay y bajando la edad de responsabilidad de los delincuentes, porque, en definitiva, estamos echando a más y más gente adentro de las cárceles. Si no me equivoco -no soy un experto en cifras en esa materia-, Chile es uno de los países que más presos tiene. Sin embargo, nos encontramos con el problema de que dentro de las cárceles, los presos se convierten en mejores profesionales de la delincuencia, debido a que allí están los más capos de la delincuencia -en el más amplio sentido de la palabra- que les van enseñando cómo mejorar sus delitos. Hace tres o cuatro semanas llamaron por teléfono a mi hijo para expresarle que yo estaba secuestrado y le cobraron 17 millones de pesos por dejarme en libertad. Ese llamado fue hecho desde una cárcel; pero gracias a la solidaridad de los vecinos, que lograron comunicarse conmigo -es importante también hacer un llamado a la gente en ese sentido, porque ésa es la manera de ir parando ese tipo de estafa-, afortunadamente mi hijo no soltó ningún peso. Si metemos más gente en las cárceles, pero no existe un procedimiento para reeducar a los delincuentes, es decir, que a través de la pena esa gente pueda regenerarse, cambiar e integrarse a la sociedad de una manera diferente, en el fondo nunca lograremos ese objetivo final. Si bien este proyecto no solucionará el problema de la delincuencia y de los robos al interior de las casas -que la gente no se llame a engaño-, sí será un paliativo. Por eso, estoy de acuerdo en legislar en esta materia, a fin de establecer un modus operandi. Voy a presentar dos indicaciones que, ojalá, se voten hoy en la Sala, a fin de no retardar la tramitación del proyecto. No estoy de acuerdo con la expresión “por un plazo no inferior a uno ni superior a dos años,” referida a las condiciones para otorgar el permiso de cierre, que figura en el inciso primero del número 1) del artículo único. De acuerdo con lo que leo, dicho permiso se otorgará por uno o dos años, no más. No es, como manifestó un diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que esto se vaya a revisar -eso no está dicho acá-, sino que, como máximo, ese permiso se otorgará por un plazo de dos años. Si el permiso se va a otorgar, hay que hacerlo; pero un decreto puede ser bajado por otro decreto municipal fundado y sacarse a los cinco, tres, dos, un año, etcétera. Por lo tanto, voy a presentar una indicación que suprima ese plazo. Asimismo, el inciso cuarto del numeral 1) del artículo único se refiere a que el porcentaje de beneficiarios que deberá firmar la solicitud de permiso no podrá ser inferior al 90 por ciento de los vecinos residentes u ocupantes de los inmuebles. A mi juicio, no deben ser los residentes quienes tomen la decisión, sino los propietarios de los inmuebles, porque ellos verán afectado su entorno. Recuerdo que en la comuna de San Joaquín pedíamos que los propietarios estuvieran de acuerdo con los arrendatarios, pero que fueran aquéllos los que solicitaran el permiso, porque son los dueños de las respectivas casas. Los arrendatarios, por definición, están sólo durante algún tiempo en ellas y después se van. Por lo tanto, voy a presentar una indicación a fin de reemplazar la frase “vecinos residentes u ocupantes de los inmuebles” por otra que diga: “propietarios de los inmuebles” Dicha indicación está respaldada por el diputado Tucapel Jiménez y ojalá se pueda votar hoy. Por último, el proyecto apunta a un problema de fondo relacionado con la delincuencia, a cómo frenarla en nuestros barrios, calles y pasajes. Aparte de lo señalado, la única manera de hacerlo es ocupar los espacios públicos. Debemos hacer proyectos e instar a las juntas de vecinos a ocuparlos; que las plazas no sigan desocupadas, en manos de los delincuentes; que las municipalidades las iluminen adecuadamente, como asimismo las calles y los pasajes, y, de esa manera, forzar a que los delincuentes se vayan y la gente buena ocupe esos espacios. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa. El señor CORREA .- Señor Presidente , algunos parlamentarios que me antecedieron en el uso de la palabra, señalaron que aquí habría intereses políticos involucrados para sacar provecho de la seguridad ciudadana en la campaña electoral en que estamos todos inmersos. Sin embargo, en todas las encuestas que se hacen ése figura como el principal problema del país. Por eso ningún candidato a la Presidencia de la República puede dejar de estar preocupado de la materia, en cuanto a decir que harán si llegan a la Primera Magistratura , con respecto a la delincuencia, porque, reitero, es el problema más relevante y preocupante para la ciudadanía. La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, que todos los años nos da a conocer el Ministerio del Interior en el mes de agosto -desconozco por qué no entrega aún la correspondiente al presente año- es un buen parámetro para saber si el Gobierno lo ha hecho bien o mal en materia de seguridad ciudadana. A los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana nos cuesta entender que hayan bajado los índices de delincuencia, considerando que la percepción ciudadana indica todo lo contrario. Por ejemplo, Curicó , ciudad que represento en esta Cámara, figura dentro de las diez ciudades con mayor delincuencia, con un aumento cercano a 20 por ciento respecto de la encuesta anterior. Otro aspecto que refleja la encuesta del año anterior es el aumento de la percepción ciudadana de temor al delito. Ese miedo al que se refirieron algunos diputados, esa percepción de temor lleva a las familias a encerrarse en sus casas y a no salir después de las 7 u 8 de la noche, especialmente en sectores de más escasos recursos. Es decir, el temor a ser víctima de actos de violencia es peor que haber sido victima, porque la persona pierde esa libertad que requiere para desarrollar su vida en forma normal. Otro parámetro para medir el éxito o fracaso de las políticas de seguridad ciudadana del Gobierno es evaluar el programa de prevención Comuna Segura-Compromiso 100, en el que se cifraron muchas esperanzas. Sin embargo, aunque se han entregado muchos recursos a los municipios, no ha dado resultado. En no pocas ocasiones, se presentan proyectos que nada tienen que ver con delincuencia; algunas veces, las juntas de vecinos, para obtener recursos, inventan algún proyecto, que después presentan a este fondo concursable. Es fácil imaginar que ese proyecto, una vez aprobado, no tendrá ningún resultado práctico. Respecto del programa Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, efectivamente funcionó muy bien, pero sólo en sus comienzos. Después, por razones que desconozco, no ha funcionado como se previó; es más, en comunas rurales o de escasos recursos ni siquiera está operativo. En seguida, han cuestionado el anuncio de un candidato que prometió 10 mil nuevos carabineros en las calles; han dicho que no será posible. Pero recordemos que la Presidenta Bachelet prometió 6 mil carabineros más durante su mandato, y no veo que los haya contratado. El señor HARBOE .- ¡Ha cumplido! El señor CORREA.- Tengo mis dudas, diputado Harboe; es posible que hayan contratado unos mil 500 y, con un poco de empeño, pudo haber llegado a los 2 mil anuales. Con todo, lo importante es aumentar la dotación de Carabineros, porque son necesarios. Por otra parte, el proyecto pretende regularizar algunas situaciones de hecho, que legalmente no corresponden, como el cierre de calles que han realizado los vecinos, en algunos casos con autorización de los municipios. Fue esta situación irregular la que nos llevó a presentar la iniciativa en debate. Es el caso de Curicó, comuna en la que, por decreto, sólo se autoriza cerrar los pasajes ciegos, cuestión que también es preocupación de este proyecto. Durante la discusión del proyecto escuchamos la opinión de la ministra de Vivienda , quien propuso que la iniciativa legal considere, entre otros aspectos, tener la opinión favorable de, a lo menos, el 75 por ciento de los vecinos directamente afectados para autorizar el cierre de calles, y que los costos asociados al cierre deben ser asumidos por los vecinos requirentes. Sus sugerencias fueron consideradas en el texto en discusión. También escuchamos la opinión de la entonces subsecretaria de Desarrollo Regional, quien manifestó la necesidad de consultar siempre a las direcciones de obras de las municipalidades. Por su parte, arquitectos y urbanistas manifestaron que el proyecto va en contra del concepto de la libertad y de una ciudad abierta. Quienes hemos tenido ocasión de visitar países vecinos y también naciones desarrolladas, hemos apreciado la diferencia que existe en el desarrollo urbanístico. En países desarrollados, manzanas completas comparten un jardín común frente a la calle, sin ninguna reja; en cambio, en otros existen casas rodeadas de muros tremendamente altos, coronados por alambres de púa enrollados, que dan una sensación de encierro tremendo. Por eso los arquitectos señalaron que el cierre de calles y pasajes afecta la sensación de libertad. Pienso que están en lo correcto, pero para llegar a lo que preconizan es menester ser un país desarrollado y capaz de terminar o de disminuir la delincuencia. Países desarrollados lo han logrado por medio de diversas medidas. Por último, el proyecto va en el sentido correcto. Por eso, sin perjuicio de algunas modificaciones menores, amén de la indicación del diputado señor Duarte , que considero positiva, la bancada de la Unión Demócrata Independiente lo votará a favor. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. El señor BURGOS.- Señor Presidente , antes de referirme al proyecto, voy a hacer algunas reflexiones. Probablemente, en el tema de seguridad pública es donde más espacio hay para tener discursos diferentes cuando se es oposición o gobierno; donde hay más espacio -lo digo con respeto- para ser relativamente poco responsable o irresponsable cuando se es oposición, y, probablemente, para ser muy responsable y complejamente responsable cuando se es gobierno. Lo digo, porque con ocasión de este proyecto se repiten conceptos sin asidero alguno. Sostener que los carabineros que salen a las calles no tienen atribución alguna, es una impropiedad injustificada, amén de que no le hace bien al país que en el Congreso Nacional se den discusiones de esta naturaleza. En seguida, sostener que es una mala cosa que los imputados tengan defensa, es una impropiedad jurídica profunda, entre otras cosas, porque en algún momento de la vida podemos ser acusados, incluso injustamente. En consecuencia, sostener que un estado de derecho da un mal paso porque las personas tienen derecho a defensa, la que está asegurada por el ordenamiento jurídico, es no entender nada, no sólo de derecho, sino de democracia, lo que es bastante más grave. El que habla es autor de una de las mociones que derivan en este proyecto. Sin embargo, como los seres humanos tenemos derecho a dudar de cosas que hemos hecho y dicho en la vida, en mi caso tengo serias dudas acerca del contenido esencial de la iniciativa, es decir, que otorgue más seguridad pública a las personas, no sólo desde la perspectiva de la libertad y del tipo de ciudad que arquitectos y artistas, con razón quieren, sino también desde el punto de vista objetivo. El otro día leí a alguien que, respecto de este proyecto, señalaba que una de las mejores garantías para evitar la profundización de la inseguridad ciudadana en el delito es que exista circulación, que en las calles circulen las personas; es decir, todo lo contrario a cerrar las calles. Por lo tanto, es un error pensar que la panacea es cerrar ciertas calles para bajar el riesgo de inseguridad. Estoy cierto de que la Comisión hizo un buen trabajo y citó a varias personas. Pero lo que me preocupa es que se deben tomar decisiones con elementos objetivos. No veo, por lo menos en el informe, algún elemento que indique que la autorización del cierre de pasajes, o simplemente reconocer lo ocurrido, porque parte importante de los pasajes están cerrados, constituya un buen elemento desde el punto de vista de la seguridad pública. Hoy existen estudios y encuestas respecto del tema. Sin embargo, no conozco ninguno que señale que esa medida, que es compleja en relación con la ciudad, es beneficioso en materia de seguridad. No hay dato alguno que señale que en las comunas, subcomunas y zonas donde se han cerrado más pasajes, la delincuencia y los niveles de denuncia y de victimización hayan bajado. Entonces, tengo la impresión de que estamos legislando por tufo o populismo, de lo cual me declaro reo, porque soy patrocinantes de una de las mociones que dieron origen a la iniciativa. Por eso, creo necesario echar una segunda mirada al tema. Por lo tanto, anunció que no concurriré con mi voto favorable al proyecto, sino que me abstendré. Quiero hacer mención al proyecto, que probablemente será aprobado. En ese sentido, presenté una indicación a su texto, porque en él se presume que la autorización será prácticamente automática. Entrega señales en el sentido de que hay que escuchar a las personas, pero también da la impresión de que en la petición se operará prácticamente con criterios de buzón. Hay una frase sumamente indicativa de eso. Por eso presentaré la indicación. El inciso segundo del numeral 1) del ar-tículo único señala lo siguiente: “El Concejo deberá disponer audiencias públicas para escuchar, previo al otorgamiento de la autorización, la opinión de la unidad de Carabineros y del Cuerpo de Bomberos que corresponda al pasaje y/o vía local sin salida respecto a la cual se pretenda autorizar los dispositivos de control”. A mi juicio, por lo menos debemos eliminar la frase “previo al otorgamiento de la autorización”, porque podrán escuchar para recomendar al alcalde negar la autorización. ¿Qué sentido tendría escuchar a los elementos técnicos si sólo es para otorgar la autorización? Sería casi una formalidad. Esa es la demostración de que está hecho casi como una acción automática. Pero debe existir un análisis en cuanto a si tiene sentido, porque podría ocurrir que no tenga sentido alguno cerrar un pasaje, porque ello no generaría seguridad, sino inseguridad. De manera que, insisto, hay que echar una segunda mirada a esta materia. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg. El señor MONCKEBERG ( don Cristián).- Señor Presidente , escuché atentamente las intervenciones de los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, especialmente la del diputado Burgos . A mi juicio, el argumento final que entregó dicho colega puede ir o no ir en la línea correcta, pero que es necesario discutirlo a fondo. No creo que en el proyecto exista un interés populista o el deseo de llevar este tema a la discusión pública en un período electoral. Quiero dejar constancia de que esta iniciativa comenzó su tramitación hace casi un año en la Comisión, instancia en la que fue discutida latamente y en forma bastante profunda. A mi juicio, la argumentación del diputado Burgos permite concluir que el proyecto es necesario. Él señaló que el concejo deberá disponer audiencias públicas para escuchar y que habría que suprimir la parte que dice: “previo al otorgamiento de la autorización,”. Es decir, el concejo deberá tomar conocimiento y escuchar la opinión de Carabineros y de Bomberos. De ese solo argumento que entrega el diputado Burgos se desprende que el proyecto va por buen camino y que, por lo tanto, debe ser aprobado. Ahora bien, más allá del argumento específico que acabo de entrega respecto de la intervención del diputado Burgos , creo que todos los proyectos son conflictivos, principalmente cuando regulan la situación de la gente en cuanto a sus aspectos más personales, como la propiedad privada y el acceso a las vías públicas, a calles y pasajes, etcétera. Por lo tanto, es un asunto delicado. Hoy la realidad indica que calles y pasajes, con salida o sin ella, se están cerrando o, a lo menos, se está restringiendo el acceso a la gente que no vive en esa zona. Tanto es así que hace algunas semanas la Contraloría General de la República ordenó terminar con el cierre de ciertas calles y pasajes, porque ello atenta contra la libre circulación de las personas, lo cual se encuentra establecido en la Constitución Política. En ese sentido, dicho órgano contralor determinó que cuando se proceda al cierre de calles y pasajes, debe corresponder a los que tengan una sola entrada o salida o a pasajes peatonales, siempre y cuando no converjan en una avenida o calle principal. También indicó que ello no debe implicar un detrimento importante en el uso común de dichos bienes ni afectara gravemente los derechos constitucionales, salvo los de residentes. Esos argumentos fueron reiterados por urbanistas y muchos expertos en la materia que fueron invitados a la Comisión, antecedentes que se consideraron en el proyecto, que fue despachado por la Comisión hace bastante tiempo. En una intervención se expresó de que estaríamos modificando la ley general de Urbanismo y Construcción, lo cual no es efectivo, porque se modifica la ley orgánica constitucional de Municipalidades. Se fusionaron mociones presentadas por varios parlamentarios. Esta iniciativa puede ser absolutamente perfectible. En efecto, tras escuchar la opinión de los diputados en la Sala, se advierte claramente que el proyecto puede ser mejorable. De hecho, hubo muchos aportes durante su discusión en la Comisión. Ojala se apruebe hoy el proyecto, con las indicaciones presentadas en la Sala. Me parece muy bien que el plazo que se establece en el inciso primero del numeral 1) del artículo único no sea indefinido. Algunos éramos de opinión de uno y cuatro años, y otros, de entre uno y dos años. La razón de fondo es porque cuando los permisos son indefinidos, al final los espacios públicos se transforman en privados. La Comisión quería que no ocurriera dicha situación. Al mismo tiempo, se otorga responsabilidad al alcalde y al concejo, autoridades políticas del municipio, para que, cuando tomen la decisión, lo hagan de manera fundada. Así lo establece el inciso segundo del artículo único del proyecto. El concejo deberá llevar adelante audiencias públicas a fin de escuchar la opinión no sólo de los vecinos, sino de Carabineros y del Cuerpo de Bomberos. Hay otro tema que no ha sido destacado, pero que fue planteado por los urbanistas, dice relación con lo que ocurre con ciudades declaradas patrimonio de la humanidad, o con barrios, calles, pasajes o lugares declarados patrimonio arquitectónico. Al respecto, el proyecto señala claramente que no se puede autorizar el cierre de calles o pasajes en esos lugares, por razones obvias y por todos entendidas. La ley no pretende regular absolutamente todo. Se entrega a la municipalidad y al concejo la autorización y los requisitos mínimos. El objetivo de la ordenanza municipal a que se refiere el inciso cuarto del numeral 1) del artículo único es entregar a los municipios los puntos básicos o mínimos para regular de mejor manera el cierre de calles y pasajes. Incluso, se establece que deberá haber personas responsables ante el cierre de calles y pasajes, no sólo para los efectos de la administración durante la vigencia del permiso, sino también una vez que éste expire para los efectos de sacar la reja si así procede. Por lo tanto, reitero, es un proyecto que, no obstante ser perfectible, va por buen camino. Como han planteado algunos señores diputados, contiene algunos aspectos que pueden ser mejorables vía indicaciones, de manera de regular lo que hasta ahora es una situación de hecho, ya que hay municipios que lo autorizan y otros que lo niegan, a lo que se suma que en algunas oportunidades la Contraloría se pronuncia a favor de esos cierres, y en otras lo hace en contra. En consecuencia, se hace necesaria y urgente una regulación en esta materia. Tal como señaló el diputado Hales , en estos cuatro años el Congreso ha aprobado diecisiete o dieciocho proyectos de ley sobre seguridad ciudadana. Me ha tocado participar en varios de ellos -no en todos-, cuando se analizaron en las comisiones de Constitución y de Seguridad Ciudadana. En consecuencia, es bueno destacar que, más allá de de nuestras diferencias políticas, la Cámara de Diputados y el Congreso Nacional han enfrentado de buena manera el tema de la delincuencia desde el punto de vista legislativo, ya que han sacando adelante proyectos de ley iniciados en mensajes y en mociones. Señor Presidente , espero que el proyecto de ley sea tramitado rápidamente en el Senado y que no quede olvidado en alguna comisión, ya que no ha sido calificado con urgencia y no está presente el Ejecutivo a través de al menos un subsecretario o una subsecretaria de alguno de los ministerios involucrados. Debo recordar que hace bastante tiempo hicimos un esfuerzo con el diputado Harboe , en ese entonces subsecretario de Interior , para modificar la ley sobre violencia en los estadios. Se trataba de una muy buena modificación, pero la iniciativa no ha sido despachada por el Senado, no se la calificó con urgencia ni se le han presentado indicaciones. Cada vez que se realizan partidos de fútbol, como el de mañana, se producen hechos violentos, por lo que se echa de menos una buena ley en ese sentido. Pues bien, esa iniciativa fue aprobada por la Cámara y despachada al Senado, donde lleva bastante tiempo entrampada en la Comisión de Constitución, que ni siquiera la ha visto. Es necesario que el proyecto, que nace de mociones refundidas y no de un mensaje del Ejecutivo, y que tiene coincidencias con la ley de violencia en los estadios, se transforme en ley y no duerma el sueño de los justos en el Senado, porque el Ejecutivo estima innecesario calificarlo con la urgencia que corresponde. Señor Presidente, me alegro de la discusión que se ha realizado en torno al proyecto, el cual ha recibido muy buenos comentarios de los parlamentarios. En consecuencia, pido que revisemos las indicaciones en la Sala para despacharlo prontamente. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. El señor ACCORSI.- Señor Presidente , seré muy breve, porque las indicaciones están a la mano. Ojalá que podamos recuperar todos los espacios públicos para no tener que debatir este tipo de proyectos. Es necesario señalar que sólo las personas que tienen medios pueden cerrar sus calles, pero hay otro sector que no lo puede hacer. En consecuencia, el proyecto dice relación con un principio de igualdad. También es importante destacar que los habitantes de las comunas que tienen más recursos no debieran estar segregados de los que no los tienen, porque eso impide que se lleve a cabo una vida en armonía y una mayor socialización de todos los sectores. Anuncio que la bancada del Partido por la Democracia apoyará la iniciativa, pero consideramos necesaria también la aprobación de una indicación que hemos presentado para eliminar la norma que basa el cierre de esos espacios en el plan regulador de cada comuna, porque en ningún plan regulador están contemplados esos cierres. Si aprobamos la actual redacción de la iniciativa, esta regulación será letra muerta, porque no se podrá utilizar. En consecuencia, teniendo en cuenta las aprensiones que han planteado varios señores diputados y que las indicaciones presentadas se aprueben en la Sala, damos el voto favorable al proyecto de ley. He dicho. El señor MEZA ( Presidente accidental ).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente , es importante destacar que el proyecto estuvo disponible para ser tratado en la Sala en el mes de marzo de este año. La Comisión, que en ese momento presidió el diputado señor Cristián Monckeberg , entregó muchas horas al estudio de la iniciativa, en el cual participó también el entonces subsecretario del Interior y actual diputado Felipe Harboe . Me preocupa que no esté presenta algún representante del Ejecutivo en la Sala, ya que temas como la delincuencia y el desempleo son los que más afectan a la ciudadanía. Me preocupa que haya pasado el ministro del Interior por la Sala y que se haya ido, en circunstancias de que estamos tratando un tema que es prioritario para todos los ciudadanos del país. Señor Presidente, nos gustaría que, de ser posible, se acordara analizar en la Sala las distintas indicaciones que hemos presentado los parlamentarios, con el objeto de que el proyecto no vuelva a Comisión, sino que sea inmediatamente despachado al Senado. Ninguna familia quiere estar enrejada en nuestro país; no obstante, lo hace por desesperación, por la necesidad de protegerse de la delincuencia, para que sus niños puedan tener más seguridad en el jardín de sus casas, ya que los delincuentes están ingresando todos los días a los hogares de ciudadanos honestos, sobre todo a los de gente más humilde. El proyecto regula algo que hoy está absolutamente al arbitrio de los municipios, lo que en definitiva ha segregado, como bien lo han dicho muchos diputados, a las personas adineradas de las que tienen menos recursos. Con el proyecto se pretende aumentar la seguridad en los espacios donde viven personas de menos recursos. La iniciativa procura dificultar el accionar de los delincuentes mediante esta medida que, esperamos, sea transitoria. Al respecto, nadie sabe cómo continuará el accionar de la delincuencia en el país. No obstante, como parlamentarios, tenemos la obligación de entregar todos los instrumentos a los vecinos para que se puedan proteger de la delincuencia. Entiendo que es difícil contratar 10 mil carabineros más; pero si el país los requiere, tendremos que hacer ese esfuerzo, para dedicarlos fundamentalmente al tema de la delincuencia. En ese sentido, con todo el respeto que tengo a Carabineros de Chile, veo muchos problemas en la aplicación del Plan Cuadrante de mi comuna, lo que no ocurre, por ejemplo, con el trabajo que se realiza para controlar las faltas a la ley del Tránsito. Por lo tanto, la autoridad gubernamental, a la hora de entregar indicaciones a Carabineros, deberá dar mayor prioridad al tema de la delincuencia. Para qué decir lo que sucede con las drogas. La autorización para cerrar pasajes y calles en sectores vulnerables, fundamentalmente atacados por el narcotráfico, será un apoyo a los vecinos y a los niños, porque en la actualidad los narcotraficantes deambulan en forma libre y sin ningún control. Bien lo saben quienes representan distritos populares. Por eso, creo que con este instrumento vamos a apoyar a los vecinos en su lucha por sus hijos y contra el narcotráfico y los criminales que cada día se toman muchos barrios y pueblos. Lamento profundamente que no se encuentre presenta ningún representante del Gobierno, en circunstancias de que se trata un tema de prioridad para el país. Apoyo la indicación del diputado Duarte para eliminar la frase “siempre que lo permita el plan regulador comunal”, que figura en el inciso primero del numeral 1) del artículo único, porque significaría entrabar la operatividad de la regulación con que contarán los municipios. Insisto en mi petición de que se voten hoy las indicaciones. Ojalá que haya unanimidad o que se llame a reunión de Comités, porque así podríamos despachar hoy el proyecto al Senado, porque se trabajó durante mucho tiempo. El país está esperando instrumentos que vayan en el sentido correcto, no sólo para protegerse de la delincuencia, sino para avanzar en la rehabilitación de los reincidentes que hoy están en cárceles. Finalmente, esperamos que la Cámara despache hoy el proyecto. Así daríamos una buena señal a la ciudadanía, cuyas preocupaciones grandes son, sin duda, la delincuencia y el desempleo. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señoras diputadas y señores diputados, se encuentran inscritos los diputados señores Melero, Verdugo, Leal, Robles, Valenzuela y Montes, pero restan sólo tres minutos para el término del Orden del Día. En consecuencia, una posibilidad es entregarle tres minutos a cada uno para que intervengan, y la otra es dejar pendiente el proyecto para hoy en la tarde o para mañana. ¿Habría acuerdo para conceder el uso de la palabra por tres minutos a cada uno de los diputados inscritos? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente , me preguntaban si la calzada de Emaús está enrejada. Ayer, un hijo estaba preocupado porque vio el cartel de un candidato que decía: “Ten cuidado; vamos a perseguir a los narcos” y un montón de otras cosas. En todo el mundo, la mano muy dura fracasa en la lucha contra la delincuencia, porque genera un espejismo. Hay que mirar el proyecto con lupa, porque va a terminar enrejando al país. Me llamó un arquitecto de providencia, donde muchos votan por la Alianza, y me dijo que iban a poder cerrar incluso la calle Orrego Luco , porque cualquier dueño de restaurante, para mantener su cafecito, podría evitar el espacio público. Uno puede tener una opinión valorativa en el sentido de que, en casos calificados, los concejos municipales pudieran adoptar esa medida. Pero lo mínimo es pedir una segunda reflexión a la Comisión y que se acojan las indicaciones. A mi juicio, sería necesario contar con un informe de Carabineros que establezca que efectivamente la única opción en el respectivo sector sea el enrejamiento, porque la policía uniformada no tiene capacidad operativa, no tiene comisaría, hace falta personal, o no se cuenta con plan cuadrante. En suma, porque se ha fracasado en la lógica de control con instrumentos más civilizados para combatir la delincuencia dura. Señor Presidente , estos incentivos pueden ser perversos; podemos terminar con el 70 por ciento de las calles y pasajes del país enrejados; podemos terminar con el espacio público y vivir nuevamente un espejismo, en vez de poner el acento en lo que importa: inversión social, fortalecer a Carabineros, crear, como dice nuestro candidato presidencial, una escuela de Carabineros en Concepción y aumentar la cantidad de efectivos, invertir en espacios públicos y recuperar los barrios. Eso nos ayudaría a vencer a la delincuencia, no enrejar el país. Ojalá que el proyecto vaya a segundo informe para que lo votemos con prudencia. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señores diputados, se han presentado cinco indicaciones al proyecto. Algunos jefes de bancada pidieron que se vote de inmediato con éstas. Sin embargo, sugiero mandatar a la Comisión de Vivienda para tratarlo -así me lo solicitó el diputado don Carlos Montes- y que vuelva a la Sala la próxima semana para su discusión particular. ¿Habría acuerdo? Acordado. Tiene la palabra el diputado señor Germán Verdugo. El señor VERDUGO.- Señor Presidente , me alegro por la decisión que se tomó, porque creo que el proyecto merece una segunda discusión, ya que, tal como está, aunque la intención es muy buena, será extraordinariamente difícil lograr un resultado favorable, en primer lugar, por lo que ya se ha planteado en relación con el plan regulador comunal. Ninguna municipalidad tiene establecidas esas condiciones en su plan regulador comunal, y su modificación, través de un seccional, toma tiempo y tiene un costo. En segundo lugar, el proyecto establece un plazo no inferior a uno ni superior a dos años. Se dice que el objetivo es permitir que las personas de menores ingresos tomen algún tipo de resguardo respecto de su propiedad. Pero, sinceramente, creo que ninguna persona con dificultades para hacer algún tipo de inversión gastará recursos si sabe que, pasados dos años, no existirá seguridad alguna de que la autorización se renueve. Eso lleva a que el proyecto sea bastante inútil, porque será muy difícil hacer inversiones por dos años, especialmente a personas de pocos recursos. Por otro lado, en el inciso segundo se establece que el concejo deberá disponer audiencias públicas para escuchar. Creo que habrá una enorme dificultad para llevarlas a cabo. En el proyecto se dice que tienen por objeto escuchar la opinión de la unidad de Carabineros y del Cuerpo de Bomberos que corresponda al respectivo sector. Normalmente, las unidades de Carabineros correspondientes estarán a cargo de un teniente, y sabemos que éste debe consultar la opinión de su superior, es decir, del mayor, del prefecto, en fin. Es otra traba que presenta el proyecto, porque será muy difícil implementar esa disposición. Por otra parte, me llama la atención el tenor del inciso final del numeral 1) del artículo único, que establece los deberá contener la ordenanza. En él se establece la prohibición de instalar carteles o señales que indiquen que se trata de una propiedad privada. Y agrega: “y contemplar la renovación de la autorización si persisten las razones contenidas en el decreto fundado que motivó su concesión”. No quiero ser pitoniso. Creo que está de más dar a entender que esas condiciones se mantendrán, pero queda la posibilidad de que no suceda eso. Por esas razones, creo que es absolutamente conveniente que el proyecto vuelva a Comisión. He dicho. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Señoras diputadas y señores diputados, al tomar el acuerdo de enviar el proyecto a la Comisión de Vivienda cometí un error, porque debe remitirse a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Tiene la palabra el diputado señor Hales. El señor HALES.- Señor Presidente , la Sala acordó enviar el proyecto a la Comisión de Vivienda, en circunstancias de que se trató en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas. Por lo tanto, debería corregirse el acuerdo en tal sentido. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- En efecto, señor diputado . Debe entenderse que el proyecto se remitirá a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, que lo despachará la próxima semana a esta Sala. Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. El señor LEAL .- Señor Presidente , considero positivo que el proyecto vuelva a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas para hacer una reflexión un poco más a fondo sobre la materia. Al respecto, el diputado Jorge Burgos , quien es autor de una de las mociones refundidas, señaló algunas consideraciones que es necesario tener en cuenta. Me parece compleja la privatización del espacio público. Si bien la autosegregación residencial no es un fenómeno nuevo en la historia de las ciudades, dado que se inscribe en los orígenes del urbanismo moderno, las experiencias autosegregativas nunca han contribuido a generar mejores condiciones de seguridad. Pensemos en los suburbios norteamericanos, en las favelas de Brasil, en los barrios jardines o exclusivos, los cuales nunca han terminado garantizando seguridad para sus habitantes. Considero que la autosegregación conlleva un riesgo sustantivo, porque tiende a anular lo que muchos urbanistas llaman “el arte de vivir juntos”, rodeados de la ciudad. Entiendo que el proyecto busca regular una situación de autosegregación residencial que se ha venido produciendo de facto, donde nos encontramos con calles enrejadas y avenidas limitadas en su tránsito. Con ello, de alguna manera, se están violando normas constitucionales relativas al libre acceso a los espacios públicos a todos los ciudadanos, lo que resulta preocupante. En algún momento el alcalde de Providencia propuso cerrar de noche ciertas calles del barrio El Golf debido al problema de prostitución que vive el sector. Naturalmente, ello significaba limitar el tránsito por dichas calles durante determinadas horas en ese barrio histórico tan significativo para nuestra ciudad. Creo que la privatización de los espacios públicos no es sólo una forma de protegerse de la inseguridad, que es creciente, y del temor a la delincuencia, sino también una manera de distinguirse del resto, de mantener en ese espacio segregado una clase de vida que no necesariamente es la de los demás. En tal sentido, pienso que se busca también preservar ese espacio como una forma de vida contra las invasiones de los otros habitantes. Considero que detrás de este debate hay complejos fenómenos sociológicos. Por eso, estoy contento de que la iniciativa vuelva a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas para su segundo informe, de manera que podamos hacer una reflexión mucho mayor sobre la materia. Ésta no es sólo una cuestión de enrejamiento, sino un asunto que comporta cambios conductuales y de vida en la población, lo cual me parece extremadamente complejo, porque retrotrae la situación en cuanto al sentido del espacio público y el derecho de las personas a su libre acceso. He dicho. El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. El señor ROBLES.- Señor Presidente , tal como lo plantearon diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, también participo de la idea de que privatizar los espacios públicos es tremendamente contradictorio. Y en ese plano, tal vez uno de los aspectos más importantes es ordenar, en su forma, el proyecto de ley. En efecto, el inciso primero del numeral 1) del artículo único se refiere solamente a los pasajes. Entiendo por pasajes los que tienen una sola vía de entrada. Al respecto, como señaló la Contraloría General de la República, no se puede cerrar un pasaje que tenga dos entradas o salidas. Por otro lado, tal como dispone dicho inciso, lo lógico es actuar sólo sobre las vías locales sin salida, de manera de que si se va a entregar una autorización de esa naturaleza a los municipios, ella sea sumamente limitada y acotada a los espacios donde las personas tengan sólo una forma salir del condominio, por así llamarlo. Es decir, se trata de convertir un pasaje en un condominio, lo que tal vez tiene más sentido. Pero cerrar calles o pasajes que tienen doble salida o entrada, efectivamente es privatizar en forma completa el espacio público. Actualmente, algunas empresas están utilizando ese tipo de solución en distintos lugares: cierran calles y barrios enteros; colocan rejas en dos o tres salidas de calle para -por así decirlo- resguardar a la gente que queda al interior de ese sector. Señor Presidente , el país no puede entrar en la segregación residencial. Es claro que deben buscarse fórmulas que mejoren la seguridad ciudadana; pero ello debe hacerse manteniendo las calles como bien de uso público y no privado. Por último, pido que una vez que el proyecto vuelva a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, la Secretaría se fije bien en su articulado. Ello, porque el numeral 1) del artículo único sólo se refiere al acceso de pasajes y vías locales sin salida. Por lo tanto, todos los incisos deben mantener ese concepto, para que no se hable de calles en algunos y de pasajes en otros. He dicho. El señor SÚNICO ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero. El señor MELERO.- Señor Presidente, en primer lugar, a objeto de recoger fielmente la historia fidedigna del establecimiento de este proyecto, que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, debo señalar que, desgraciadamente, el informe no recoge el primer proyecto de ley en esta materia, que un conjunto de diputados presentamos el 22 de octubre de 1992, el cual buscaba precisamente permitir el cierre de pasajes con el objeto de dar mayor seguridad a los vecinos que viven en ellos. Dicha moción fue presentada por los entonces diputados señores Francisco Bartolucci , Víctor Pérez Varela , Cristián Leay , Juan Antonio Coloma , Carlos Bombal , Andrés Chadwick y Pablo Longueira , y por los actuales diputados Sergio Correa , Jorge Ulloa y quien habla. Como en ese tiempo no existía la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, el referido proyecto fue visto por la Comisión de Gobierno Interior. Por lo tanto, en señal de respeto a la historia fidedigna del establecimiento de la ley y considerando la tarea que cumplirá el diputado Carlos Montes , pido que en la iniciativa también se recoja nuestra moción, que fue archivada. Como señalé, fue estudiado en la Comisión de Gobierno Interior, la cual recibió a representantes de Carabineros y de la Asociación Chilena de Municipalidades. En cuanto al mérito y al contenido del proyecto, mi experiencia personal en la materia, primero como alcalde y ahora como parlamentario, me señala que es de sentido común acceder ante una solicitud presentada por vecinos para cerrar un pasaje, cuando la situación así lo amerite. A todos nos ha tocado ver situaciones de esa naturaleza. Por eso, creo que es bueno que dicha acción se pueda realizar conforme a la regulación que la iniciativa plantea. Señor Presidente , por su intermedio deseo hacer la siguiente pregunta a los señores diputados que hicieron discursos críticos sobre la materia, en el sentido de que la regulación propuesta significa privatizar y complejizar la situación: si vivieran en un pasaje y sus vecinos les pidieran su aprobación para pedir su cierre, ¿se negarían? Pienso que no, porque esos colegas se darían cuenta de que detrás de eso hay un bien común mayor, cual es la seguridad, y por lo tanto accederían a dicha petición. El debate ha estado muy centrado en el tema de la seguridad y no se ha puesto el eje en otras externalidades positivas que, a mi juicio, también se generan en la materia, como es, desde luego, la corrección de una serie de situaciones de hecho. En efecto, son cientos los pasajes que se hallan en tal situación en las distintas comunas del país. Por lo tanto es bueno legislar a fin de darles un plazo para regularizar esa situación. Pero también existen otras externalidades positivas. Así, por ejemplo, se amplía el patio de las casas; los pasajes se transforman en un lugar de convivencia donde los niños pueden jugar y el resto de las personas esparcirse, y el conjunto de vecinos puede desarrollar actividades comunes para Navidad y Fiestas Patrias, como muchas veces nos ha tocado ver. Por otra parte, se facilita la coordinación del trabajo con las juntas de vecinos y se fomenta la cooperación y la convivencia al interior de los conjuntos habitacionales. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente , no es común debatir sobre la ciudad en esta Corporación, aunque es importante hacerlo, por ser el lugar donde la gente se encuentra y dialoga. Por cierto, no hay una sola opinión respecto de qué hacer con los pasajes y calles que enfrentan problemas de seguridad, los cuales afectan a todos quienes viven en ellos. Querríamos que no hubiera rejas en las casas, que no hubiera pasajes cerrados, pero lo cierto es que mucha gente está cerrando sus calles y pasajes. En muchos lugares está ocurriendo eso, particularmente en las poblaciones Serviu. ¡Cuidado con eso! Aclaro que no estoy hablando de los condominios ni de los pasajes que ya están cerrados, de los que tienen una sola entrada y salida, que mencionó el diputado Robles , porque esos ya están legalizados. Ése no es el problema; el problema es qué hacemos con el resto. Enfrentamos dos hechos concretos que son parte de nuestra realidad cotidiana. Uno es que ya hay pasajes cerrados y el otro que hay personas que lo pasan muy mal, porque en los pasajes en que viven, circulan grupos con armas y se producen situaciones tremendamente difíciles. La Comisión estudió la situación para intentar determinar qué debe hacerse. Una posibilidad, teórica, era decir que todo debe estar abierto, pero es irreal. Otra opción era privatizar todo, pero resulta inconveniente para la ciudad. En definitiva, la Comisión decidió que lo mejor es entregar un instrumento de gestión a los municipios. En eso consiste este proyecto. En efecto, con la aprobación de esta iniciativa, los municipios contarán con un instrumento de gestión que les permitirá, bajo ciertas condiciones y por un período transitorio, autorizar el cierre de pasajes y calles, pero sin que quienes vivan en esos pasajes y calles se sientan propietarios de esos espacios. Se trata, pues, de un instrumento de gestión con condiciones claramente establecidas. Eso se plantea en este proyecto, y me parece bien que se corrija, para mejorarlo. Para terminar, voy a referirme a lo que dijo el diputado Valenzuela , quien cada día me sorprende más. Cada día me sorprende más la falta de visión de ciudad y de país, porque la verdad es que estamos enfrentando un problema real. Reitero que querríamos que todo estuviera abierto, pero eso choca con la realidad. Por eso, aquí entregamos un instrumento de gestión. El diputado Valenzuela sostiene que la solución debe consistir en más política preventiva. Creo que dicha política aumentó bastante con la dictación del decreto Nº 255, por ejemplo, y todo lo que se refiere al subsidio para entorno. La cantidad de proyectos existentes, de grupos que se reúnen y la forma en que trabajan es realmente importante. Hay políticas hacia los condominios de vivienda social. Es cierto que se han debilitado las organizaciones, pero es porque el Congreso Nacional aún no ha resuelto el problema de paralelismo y la lucha entre esas instituciones. Debemos ser bastante más responsables y pensar en la forma como construir una ciudad más real a partir de lo que existe y en como construir más convivencia. Decir que no, que todo debe quedar abierto y libre, y negarse a entregar este tipo de instrumentos a los municipios, es desconocer la realidad, porque en los hechos ya se está cerrando todo, se está privatizando todo y las municipalidades no cuentan con instrumentos que les permitan realizar gestión territorial y llegar a acuerdos con los vecinos para, de esa forma, controlar lo que se hace. Ése es el sentido del proyecto. Me parece que las indicaciones presentadas permitirán mejorarlo y espero su aprobación en un plazo muy breve. He dicho. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Recuerdo a la Sala que para su aprobación esta iniciativa requiere el voto favorable de a lo menos 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio, por contener disposiciones que tratan sobre materias propias de ley orgánica constitucional. En votación en general el proyecto. -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 6 abstenciones. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado. -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. -Votó por la negativa el diputado señor Aguiló Melo Sergio. -Se abstuvieron los diputados señores: Alinco Bustos René; Escobar Rufatt Alvaro; Girardi Briere Guido; Leal Labrín Antonio; Mulet Martínez Jaime; Valenzuela Van Treek Esteban. El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por haber sido objeto de indicaciones, el proyecto vuelve a Comisión. -El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones: Artículo único Nº 1 Letra c) Párrafo primero De los señores Araya; Duarte; Espinoza, don Fidel; García-Huidobro; Godoy; Melero, y Venegas para suprimir la frase “siempre que lo permita el plan regulador comunal, y en las condiciones establecidas en él”. De los señores Farías y Jiménez, para suprimir la frase “por un plazo no inferior a uno ni superior a dos años,”. Párrafo SegundoDel señor Burgos Párrafo cuartoDe los señores Farías y Jiménez Nº 2 Del señor Verdugo, para agregar, a continuación del punto aparte (.) con que termina la letra q), que pasa a ser punto seguido (.) la siguiente oración: “El concejo solicitará un informe, previo al otorgamiento de la autorización, a Carabineros de Chile y al Cuerpo de Bomberos.”. -o- El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Duarte. El señor DUARTE.- Señor Presidente , solicito que recabe el acuerdo unánime de la Sala para votar, sin discusión, el proyecto de acuerdo de Contratación Pública entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay. El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- ¿Habría acuerdo para acceder a la solicitud del diputado Gonzalo Duarte? No hay acuerdo. "
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