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- rdf:value = " INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde conocer el informe de la Comisión Investigadora encargada de estudiar el estado actual de cumplimiento de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre (Cites), en relación con el rol del Servicio Agrícola y Ganadero en materia de fiscalización y cumplimiento de la citada normativa internacional.
Diputado informante de la Comisión es el señor Fulvio Rossi.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 82ª, en 29 de septiembre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 28.
El señor ROSSI .- Señor Presidente , me voy a centrar sólo en las conclusiones y proposiciones de la Comisión, porque el informe completo se encuentra a disposición de los señores diputados y señoras diputadas. En él encontrarán el detalle de las motivaciones que tuvimos para encargar a esta Comisión investigadora que analizara el nivel de cumplimiento del Estado de Chile con la Cites, una Convención que establece normas y regulaciones sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, porque habíamos recibido muchas denuncias en materia de fiscalización y de cumplimiento de la citada normativa internacional, y era necesario adecuar nuestra legislación para estar a la altura de los requerimientos que nos exige dicha Convención.
Sobre la adecuación normativa, la Comisión reconoce que la incorporación de la Cites a la ley de Caza, efectuada mediante la ley Nº 19.473, y la posterior dictación de su Reglamento, ha significado un avance importante en la adecuación de la legislación nacional a las normas de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Sin embargo, hace presente que estas adecuaciones fueron realizadas hace casi una década, de manera que es menester revisar los cuerpos normativos, a fin de atender las nuevas interpretaciones, enmiendas y recomendaciones hechas por la Conferencia de los Estados parte en la Convención.
Muchos invitados a la Comisión señalaron que era muy importante hacer adecuaciones legislativas, en particular los personeros de la Cancillería, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero.
Algunos de los invitados manifestaron que los conceptos de habitualidad y de finalidad comercial que contempla la ley de caza, la cual, para tipificar como delito el comercio ilegal exige que concurran el concepto de habitualidad y de finalidad comercial, no se condicen con la extensión que de estos conceptos se da en la Convención, que es mucho más rigurosa. Por eso, para facilitar la labor del Ministerio Público y de los fiscalizadores es necesario hacer adecuaciones legislativas y establecer cuándo habrá comercio ilegal, que hay mucho, especialmente en lugares de exhibición de animales, como los circos.
Por ello, la Comisión propone que se estudie la adecuación pertinente para dotar de mayor eficacia a la parte del ordenamiento jurídico nacional que recoge las exigencias de la Cites, teniendo presente que regula y protege las especies de flora forestal y no forestal, a la fauna y a las especies hidrobiológicas.
En el ámbito de las especies hidrobiológicas, es indispensable separar la autoridad administrativa de la científica. En el ámbito de las especies animales, la autoridad científica está radicada en el Museo de Historia Natural y, la administrativa, en el Servicio Agrícola y Ganadero. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las especies hidrobiológicas, toda vez que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) ejerce ambas autoridades: la administrativa y la científica, causal, ente otras, de que Chile no esté en la primera línea de cumplimiento de la Convención.
La Comisión considera necesario revisar la norma del artículo 22 de la ley de Caza, con el propósito de establecer expresamente una sanción para los tenedores que no puedan acreditar legítima procedencia conforme a las disposiciones de la Convención. ¿Qué significa esto? Detectamos que era casi normal que personas o instituciones adquirieran, en una especie de mercado negro, determinadas especies animales y que el responsable, el que cometía el delito, fuera el vendedor y siempre que se dieran la habitualidad y la finalidad comercial. En cambio, el tenedor, que es el que compra el animal sin cumplir las condiciones que exige el Cites, no estaría cometiendo delito alguno. Pensamos que eso debe ser modificado, de manera de inhibir también a los compradores y, por ende, tenedores de las especies que se incluyen en los apéndices de la Convención.
La Comisión también sugiere modificar el inciso segundo del artículo 30, a fin de establecer el verdadero sentido y alcance del verbo rector “comerciaren”. En el mismo sentido, se acordó definir “habitualidad” para los efectos del artículo 31, ya que resulta complejo acreditar tal situación respecto del que comercia con especies de las señaladas en el artículo 22.
En materia de permisos y certificaciones, es necesario desarrollar la respectiva adecuación normativa para optimizar el trabajo de fiscalización en la entrada o salida de especies Cites en cualquier punto del país y coordinar el trabajo entre el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero y el Ministerio Público, como principales fiscalizadores del cumplimiento de la normativa. De hecho, el Ministerio Público también participó en la Comisión y dio a conocer de qué manera estaba actuando, de acuerdo con la legislación chilena, en relación con el cumplimiento de esta Convención.
Quiero referirme a las especies decomisadas, un tema tremendamente relevante para la Comisión, y la necesidad de contar con un centro de rescate. La facultad de dejar en poder del infractor la especie animal decomisada sorprendió de sobremanera a todos los integrantes de la Comisión, ya que cuando una especie es decomisada por el Servicio Agrícola y Ganadero, haciendo uso de su función administrativa y fiscalizadora respecto de la ley de Caza, es decir, la Convención Cites, resulta paradójico que muchas veces el animal decomisado se le entregue al propio tenedor. La Comisión considera que esta medida, que constituye una solución adoptada por el denominado “árbol de decisiones”, contenido en la Circular Nº 294, de 11 de julio de 2003, del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, debe ser revisada, en atención a que finalmente no se cumpliría con el objeto de proteger al animal de ser usado con fines económicos, porque se supone que al infractor se le entrega el animal decomisado y se le exige que no lo utilice con fines comerciales. En la práctica, eso jamás se ha cumplido. Es el caso de los animales que son enviados a zoológicos o que por falta de una infraestructura adecuada para su tenencia son devueltos materialmente al infractor.
En relación con esta materia, la Comisión constató que el Estado de Chile no posee un centro de rescate para animales, obligación impuesta por la Convención -la que debe ser asumida por los Estados miembros de la Cites-, razón por la cual la autoridad muchas veces ha optado por enviar esas especies a centros privados o entregarlos en custodia al infractor. Por ello, la ministra de Agricultura se comprometió a incluir una partida referida a la construcción y funcionamiento de un centro de esta naturaleza en la ley de Presupuestos del sector público para el 2010. Espero que dicha Cartera cumpla con su compromiso. Para la Comisión constituye un hecho de extraordinaria importancia, porque, de lo contrario, siempre vamos a estar al debe respecto del cumplimiento de la normativa Cites. No obstante, hace presente que se deben realizar estudios multidisciplinarios que permitan determinar con exactitud el monto de los recursos que se necesitan para materializar dicho centro.
Respecto de la observancia, coordinación y cooperación para el cumplimiento de esta Convención, la Comisión estima necesario que se emprendan medidas destinadas al fortalecimiento de las instituciones vinculadas a la Cites, para lo cual se deben impulsar acciones de capacitación y promoción de las normas de la Convención y sus apéndices, las que deben comprender a entidades públicas y a organizaciones de la sociedad civil. Con este fin, se estima de total pertinencia recomendar que los recursos se asignen mediante la creación de un fondo concursable. La Comisión tuvo la permanente colaboración de muchas agrupaciones proteccionistas de animales, como la CEFU, Control Ético de Fauna Urbana , y de muchos especialistas en esta materia, quienes presentaron propuestas y participaron activamente en cada una de las sesiones. Por eso, nos parece muy relevante que haya un fondo concursable que permita a la sociedad civil colaborar con el Estado de Chile en el cumplimiento de esta Convención.
En cuanto al nivel de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Cites, el Estado de Chile no ha dado cabal cumplimiento -es un hecho indesmentible y así lo señalan la literatura internacional y diversos informes del propio organismo a las obligaciones contraídas al suscribir la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, entre otras causas, porque en materia de recursos hidrobiológicos no ha nombrado a la autoridad científica ni ha concluido la adecuación de la legislación nacional a las normas de la Cites. En cuanto a la designación de la autoridad científica para recursos hidrobiológicos, la Comisión fue informada por uno de sus invitados de que dicho nombramiento recaería en el director del Museo Nacional de Historia Natural, proposición que esta instancia investigadora comparte, no obstante que recoge y hace suya la petición del director de dicha entidad, en orden a que tal nombramiento debe considerar la respectiva asignación de recursos para contratar a los profesionales necesarios a fin de dar cabal cumplimiento a las obligaciones que ello implica. Resulta muy laborioso y requiere mucho esfuerzo, tiempo y recursos humanos profesionales y académicos realizar todas las labores derivadas de los informes que se solicitan a la autoridad científica para que, por ejemplo, certifique cuál es la especie de una determinada incautación.
En materia de adecuaciones normativas, reglamentarias y legales, la Comisión ha podido constatar que Chile se encuentra calificado en categoría 2, ya que la legislación nacional no ha dado cabal cumplimiento a los requerimientos de la Convención. Sobre el tema, la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente reconoció ante la Comisión la necesidad de legislar, razón por la cual, de acuerdo con las obligaciones internacionales, anunció que se enviará un proyecto de ley que regulará la sanción del comercio ilegal y el destino de las especies de flora y especies hidrobiológicas, lo que permitirá a Chile avanzar a la categoría 1, que comprende a los países que dan cabal cumplimiento a la normativa de la Cites.
Finalmente, la Comisión destaca la oportunidad que presenta la creación de esta nueva institucionalidad medioambiental y del Servicio de Biodiversidad como fundamental para evitar la dispersión de competencias, funciones y atribuciones. Por ello, estima que se deben generar las instancias necesarias para obtener el pleno cumplimiento para la adecuación normativa y la implementación administrativa en el cumplimiento de la Convención Cites. Con ese fin, es indispensable atender a las debilidades que presentan las instituciones llamadas a fiscalizar su cumplimiento, como el SAG, a causa del decreciente monto de recursos de que disponen, por lo cual se solicita el correspondiente aumento en el presupuesto de esas instituciones para 2010.
Es todo cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Ximena Vidal.
La señora VIDAL ( doña Ximena) .- Señor Presidente , en la Comisión Investigadora Cites escuchamos a los expertos que trabajan en el tema y aprendimos sobre la Convención y el cuidado de la flora y la fauna exótica, especialmente de las especies en extinción. También nos informamos de que el tercer negocio mundial es el tráfico de animales, precedidos por el narcotráfico y el tráfico de armas. Es decir, no estamos ante una investigación más ni podemos hacernos los desentendidos, porque falta conocimiento al respecto.
En este país la institucionalidad sobre el tema es pobre y desprovista de recursos para implementar una política de prevención y control del tráfico de animales eficaz y que se coordine eficientemente con las organizaciones no gubernamentales encargadas del tema. En términos nacionales e internacionales, hay que intensificar el trabajo integral sobre el problema.
¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de los tratados internacionales? Resoluciones y decisiones de la autoridad administrativa que atentan contra el espíritu de la norma y que facilitan el comercio ilegal de animales listados en la Cites. La falta de aplicación de la ley es generalmente por desconocimiento e ineficiente gestión de recursos; la vulneración del control de fronteras, lo que implica un costo económico, de acuerdo con los tratados de libre comercio; la desconfianza en las instituciones públicas, porque falta la sensibilidad y el conocimiento de las autoridades, posibilita el tráfico de animales, como monos, felinos, reptiles y aves, y también pieles. Además, ocurren otros ilícitos, como la asociación ilícita, el tráfico de drogas y de otras especies y el maltrato y crueldad hacia los animales, como bien dijo el diputado informante .
Señor Presidente , solicitamos la aprobación de las conclusiones del informe que presentó ante esta Sala el Presidente de la Comisión Investigadora , el diputado señor Fulvio Rossi .
No quiero alargarme en el tema, pero la actuación de algunos funcionarios del SAG, la descoordinación, la falta de conocimientos de los fiscalizadores sobre los animales exóticos y en extinción y la ausencia de buen trato atentan en contra la existencia de esas especies.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente , como dijo la diputada Vidal , en extensas jornadas analizamos el tema en discusión.
Chile firmó una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas. Se supone que es una reglamentación para regular este tipo de comercialización, así como la cooperación internacional para que cada Estado resguarde su flora y fauna.
Sin embargo, cuando se analizaron y redactaron las conclusiones, pudimos ver con sorpresa que Chile no está calificado en categoría uno, porque carecía de las leyes y regulaciones adecuadas.
Frente a eso, los legisladores planteamos que estamos absolutamente dispuestos a estudiar, aprobar y despachar las iniciativas necesarias relacionadas con el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, a fin de dar cumplimiento a la Convención que aprobamos y ponernos al día en todo lo que tiene que ver con la legislación internacional.
Al respecto, tuvimos una respuesta positiva del Ejecutivo para enviar a la brevedad todos los proyectos que tienen que ver con aquello que nos falta para tener una legislación que satisfaga las exigencias de la Convención Cites, lo que significaría que las conclusiones de la Comisión fueron efectivas y su trabajo tuvo sentido.
No estoy de acuerdo con lo planteado por la diputada Vidal respecto de que los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, desconocen todo lo que tiene que ver con el resguardo de la Convención Cites, ya que esa materia es el hermano pobre de los objetivos del Ministerio de Agricultura. Soy miembro permanente de la comisión, y nunca he visto en el Presupuesto los fondos para concretar esa convención o para la protección de la flora y fauna de especies amenazadas.
Solicitamos a la ministra de Agricultura que estuviera en la sesión para analizar este caso. Espero que en la reunión de la Comisión Mixta de Presupuestos se analicen los fondos que se le van a entregar al SAG y no sólo las medidas que se adoptarán para hacer un centro de rescate de esa fauna y flora silvestre amenazada que, según entiendo, es la implementación básica para llevar a cabo la Convención Cites.
Tenemos una falta tremenda de profesionales. El SAG podría hacer un sacrificio para solucionar ese vacío, para lo que debería establecer sistemas de aprendizaje para sus profesionales. No obstante, debemos tener presente que si sólo dieciséis personas están a cargo de todo un programa a nivel nacional, no tendrán la capacidad para fiscalizar lo que ocurre en las aduanas a lo largo del país y menos para vigilar los pasos ilegales. En consecuencia, creo que la actual institucionalidad para llevar a cabo este tipo de convenios está absolutamente colapsada y obsoleta.
Hace algún tiempo aprobamos una nueva normativa para el Ministerio de Medio Ambiente, en la cual figuraba un artículo transitorio que otorgaba el plazo de un año para crear un Servicio de Biodiversidad. Esperamos que cuando analicemos la creación de ese servicio, tomemos en cuenta cuál es la institucionalidad con que contamos para fiscalizar lo relacionado con la Cites y resguardar las especies amenazadas.
Firmamos muchas convenciones y tratados internacionales que nos hacen sentir que somos jaguares; pero, en la práctica, vemos una debilidad tremenda en nuestra capacidad de reacción frente a los tratados y a las convenciones que firmamos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde votar el informe de la Comisión Investigadora encargada de estudiar el estado actual de cumplimiento de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites), en relación con el rol del Servicio Agrícola y Ganadero en materia de fiscalización y cumplimiento de la citada normativa internacional.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Duarte Leiva Gonzalo; Espinosa Monardes Marcos; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.
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