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El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , la materia que aborda la iniciativa en debate constituye un gran anhelo de la población. Hace muchos años, el ex diputado señor Armando Arancibia fue el autor de la primera iniciativa para prohibir la exigencia de cheques en caso de que un prestador de salud debiera atender un caso de urgencia. En efecto, fue el primer colega que centró su atención en un tema tan anhelado e importante para la ciudadanía. Desde ese entonces ha transcurrido mucho tiempo.
Honestamente, lamento mucho que el título de la iniciativa llame a equívoco: “Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo”. ¡Parece fantástico! Si bien es cierto que el artículo 141 bis, que se incorpora al decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, señala que los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo, sí podrán garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés. Así las cosas, sólo estamos cambiando una cosa por otra.
Aquí se ha celebrado la iniciativa como un gran paso. Sin embargo, éste se dará el día que no se exija documentación en garantía para atender a un paciente. La idea es que las personas reciban tratamiento y luego el prestador de salud cobre por ese servicio, en los casos en que ello corresponda.
Repito, el proyecto sólo cambia la figura del cheque o el dinero en garantía por instrumentos tales como la letra de cambio, cartas de respaldo entregadas por los empleadores o tarjetas de crédito. Es cierto que se amplia el rango de pago, pero no es posible afirmar que se eliminó la condicionante.
Por ello, lamento decir que la iniciativa no constituye un gran paso en esta materia. Repito, éste se dará cuando se elimine la exigencia de dejar documentos en garantía para atender a un paciente. La población siente que no estamos haciendo todo lo posible para entregar una atención explícita, garantizada y oportuna y, por otra parte, que cada día que pasa la salud es más onerosa.
El sistema público se hace cargo del 70 por ciento de la población, y el 30 por ciento restante se atiende en el sistema privado de salud. Con todo, ese porcentaje de personas no necesariamente se encuentra bien cubierto. Muchas personas que se atienden en las isapres descubren con horror, una vez transcurrida la situación crítica de salud que llevó a pedir atención, la existencia de una “letra chica” que no fue leída en su momento y que es la causante de que el paciente adquiera elevadas deudas. Se trata de una realidad de la que nos debemos hacer cargo. Todavía no hemos logrado reformar a fondo el sistema de las isapres. Es más, quiero recordar que ellas todavía siguen cobrando muchísimo más dinero a las mujeres en edad reproductiva. Se trata de personas “peligrosas”, por cuanto son más susceptibles de embarazarse.
Por otra parte, no resulta lógico que el sistema privado de salud descarte a las personas mayores. Al sistema le interesa reclutar población garantizada, esto es a jóvenes, quienes tienen menos posibilidades de enfermar, lo que reduce la posibilidad de efectuar consultas médicas. El día que se logre transparentar y fiscalizar de mejor manera el actual sistema que rige a las isapres, así como aplicar reformas mucho más profundas, podremos afirmar que estamos mejorando la atención privada.
Respecto de los prestadores públicos de salud, el gran desafío es mejorar la calidad de la atención, su oportunidad y terminar con las listas de espera que, desgraciadamente, se hacen interminables.
Los gobiernos de la Concertación han hecho grandes esfuerzos en materia de salud. En efecto, han invertido enormes cantidades de dinero en el presupuesto del área. Sólo basta mirar los nuevos hospitales y consultorios en cada una de las regiones. Sin embargo, faltan especialistas. En ese sentido, quiero señalar a los colegas lo siguiente. Muchos médicos han pagado con gran esfuerzo su educación. Sin embargo, parece que ese hecho les hace pensar que no tienen ninguna obligación para con la sociedad. Lamento que no exista ese componente solidario. En Vallenar existe un hospital maravilloso; se está remodelando el hospital de Copiapó; se ha mejorado la infraestructura médica en Chañaral y en comunas como Diego de Almagro. Sin embargo, en todos esos lugares hay carencia de especialistas. Los alcaldes opinan lo mismo. El ministro de Salud ha señalado que el Estado ofrece remuneraciones de hasta dos millones y medio de pesos para llenar esas plazas, lo que supone un esfuerzo enorme para el Ministerio de Salud. Sin embargo, los especialistas no optan por formar parte del sistema público de salud. Lamentablemente, algunos de ellos no tienen sentido solidario y prefieren ejercer la profesión en consultas privadas o en centros urbanos más poblados. Así, resulta difícil reducir las listas de espera.
Es muy fácil culpar al Gobierno en esta materia, como he escuchado de boca de algunos diputados de la Región de Atacama. El problema de fondo es saber qué clase de médicos se están formando, con qué sentido de responsabilidad hacia su comunidad, su región, la sociedad y el país. Si todos los médicos prefieren permanecer en consultas particulares, en grandes centros urbanos y no volver a sus regiones, estamos enfocando mal la materia.
El tema de salud es más complejo y pasa por que en la formación académica exista un componente de solidaridad y de responsabilidad. La idea es que los profesionales retribuyan a su comunidad el privilegio que tuvieron en algún momento de acceder a la educación superior y formarse como médicos.
Si el proyecto en debate es considerado un avance porque la Superintendencia podrá fiscalizar a los prestadores de salud en materia de garantía de documentos, habrá que votarlo a favor. Sin embargo -lo digo con toda honestidad-, no se está dando ningún gran paso, por cuanto -repito- se está cambiando una cosa por otra. Es cierto que se flexibilizó el medio de pago, pero se continúa exigiendo garantizar la atención de salud. Me parece que ello no corresponde. No nos engañemos ni engañemos a la opinión pública. A quienes presencian el debate les puede quedar la sensación de que estamos dando un gran paso, pero ello no es así. Si la idea es cambiar el cheque en garantía o el pago en efectivo por una tarjeta de crédito o un pagaré, francamente el paso es mínimo.
Por lo tanto, señor Presidente , quiero dejar expuesta con claridad mi opinión, porque me duele mucho que aparezcamos solucionando un problema muy importante, muy anhelado, muy sentido y necesario, en circunstancias de que este proyecto, como tal, no lo corrige. La iniciativa flexibiliza mínimamente y permite que la Superintendencia fiscalice, pero, repito, mínimamente.
He dicho.
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