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- rdf:value = " PROHIBICIÓN DE CONDICIONAR LA ATENCIÓN DE SALUD AL OTORGAMIENTO DE CHEQUES O DINERO EN EFECTIVO. Observación de la Presidenta de la República .
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde tratar la observación de su excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Patricio Melero.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión de Salud, boletín N° 4269-11 (S), sesión 92ª, en 27 de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 32.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor MELERO (de pie).-
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Salud, tengo a bien informar sobre la observación aditiva formulada por su excelencia la Presidenta de la República al proyecto, ya aprobado por el Congreso Nacional, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo, originado en moción de los senadores Guido Girardi, José Antonio Gómez , Alejandro Navarro , Carlos Ominami y Mariano Ruiz-Esquide .
Durante el análisis de la observación de la Presidenta de la República , la Comisión recibió la opinión y argumentación del abogado del Ministerio de Salud, don Eduardo Díaz Silva , y del Superintendente de Salud , don Manuel Inostroza .
Con el objeto de recordar a la Sala los contenidos fundamentales del proyecto que aprobamos, cabe mencionar que la idea matriz de la iniciativa es prohibir que los prestadores de salud exijan, como garantía del pago por las prestaciones que reciba un paciente, el otorgamiento de un cheque o dinero en efectivo. No obstante, el establecimiento podrá solicitar que se garantice el pago por otros medios idóneos, como entregar la información para hacer efectiva la eventual deuda en tarjetas de crédito, letras de cambio o pagarés, o carta de respaldo otorgada por el empleador.
Debo recordar que, hace algún tiempo, el Congreso Nacional prohibió la exigencia del cheque en garantía para las atenciones de urgencia. Ahora se trata de prohibirlo como exigencia en las intervenciones de salud programadas -es decir, las no urgentes-, con el objeto de que nunca más en Chile se condicione la atención al requerimiento de un cheque en garantía.
En cuanto al contenido del proyecto despachado por el Poder Legislativo , debo señalar que está estructurado en base a un artículo único que consta de tres numerales, mediante los cuales se introducen modificaciones al decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, del Ministerio de Salud. La moción complementa la ley Nº 19.650, conocida como ley de urgencias, que prohibió exigir dinero, cheques u otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar la atención en caso de urgencia vital calificada por un médico, extendiendo dicha prohibición en caso de aquellas prestaciones que no correspondan a una situación de urgencia médica.
Sus principales puntos son los siguientes:
1) Se consagra que los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente afiliado al Fonasa o a Isapres, el otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
2) La norma dispone que el paciente, voluntariamente, podrá dejar en pago de las prestaciones cheques o dinero en efectivo. O sea, se suprime la exigencia, pero se mantiene la voluntariedad para utilizar el sistema de garantía de pago.
3) Lo anterior rige para todos los casos en que no se trata de atención de urgencia, pues en ésta rige lo ya aprobado en la ley Nº 19.650, de 1999, conocida como ley de urgencias. En ella, se prohíbe exigir dinero, cheques o cualquier otro instrumento financiero para garantizar el pago de las atenciones de salud en un centro asistencial u hospitalario, en casos de urgencias o emergencias calificadas por un médico cirujano, hasta que el paciente se encuentre estabilizado y pueda ser derivado a otro centro de salud que disponga el paciente o quien lo represente.
Por tanto, queda claro que la intención del legislador consiste en prohibir a los prestadores que exijan cheques o dinero en efectivo para garantizar el pago de las prestaciones que otorgan y, como contrapartida, se amplían los instrumentos de garantía que el paciente puede utilizar para este fin, sin eliminar la posibilidad que se pague o se deje un cheque como garantía voluntaria.
En el proyecto no se dispuso el ente fiscalizador ni las multas para los infractores. Por eso, la Presidenta de la República formuló observación para complementar la moción inicialmente aprobada por el Congreso Nacional, que contempla lo siguiente:
-Asignar a la Superintendencia de Salud la facultad de fiscalizar a los prestadores de salud y de sancionarlos en el evento de que infrinjan la norma que prohíbe exigir cheque o dinero en efectivo en garantía de pago por las prestaciones que reciban los usuarios o pacientes;
-Permitir que la sanción, de acuerdo con su gravedad, esté constituida por multa de diez a mil UTM, o sea, de 364.980 pesos a 36.498.000 pesos;
-Tratándose de prestadores institucionales -centros públicos o privados-, además de la multa, se les sancionará con la eliminación del registro de prestadores acreditados, por un plazo de hasta dos años;
-Tratándose de prestadores individuales -médicos, dentistas, matronas, etcétera-, además de la multa, se les suspenderá, hasta por ciento ochenta días, la facultad para otorgar prestaciones GES, tanto a través del Fonasa como de Isapres, y para otorgar prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa;
-En caso de reincidencia dentro de un período de doce meses, se aplicará una multa desde dos hasta cuatro veces el monto de la multa aplicada por la infracción anterior;
-El procedimiento para la aplicación de sanciones y su consiguiente reclamación se sujeta a las normas ya vigentes de los artículos 112 y 113 del DFL Nº 1, de 2006, de Salud, que consagran el recurso de reposición ante el Superintendente de Salud y la reclamación judicial ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el evento que se suscite controversia en torno a si efectivamente se exigió o no el otorgamiento del cheque o del dinero en efectivo.
-Se exige, a la Superintendencia, implementar un sistema de atención continuo y expedito para recibir y resolver los reclamos que se formulen sobre estas materias.
Durante el análisis de la observación de la Presidenta de la República , la Comisión recibió la opinión del abogado asesor del Ministerio de Salud, señor Eduardo Díaz Silva , y del Superintendente de Salud , señor Manuel Inostroza .
El representante del Ejecutivo señaló que, por tratarse de un tema específico del área de la salud, la fiscalización del cumplimiento de la norma legal debe ser efectuada por la Superintendencia de Salud, la cual, para ser eficiente, debe tener las facultades sancionatorias correspondientes, que ahora se agregan con el veto.
Por consiguiente, la observación formulada por su excelencia la Presidenta de la República fue aprobada por mayoría de votos (cinco a favor, uno en contra y una abstención). Por la afirmativa, votaron los diputados Girardi , Lobos, Melero, Núñez y la diputada Karla Rubilar ; por la negativa, el diputado Robles . Se abstuvo el diputado Roberto Sepúlveda .
Por lo expuesto, y en el propósito de que esta materia sea ley a la brevedad, la Comisión de Salud recomienda la aprobación de la observación de la Presidenta de la República a este proyecto de ley.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
En discusión.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos.
El señor LOBOS.-
Señor Presidente , en primer lugar, anuncio mi voto favorable a la observación al proyecto, pues complementa otra iniciativa que despachó la Cámara hace bastante tiempo, mediante la cual se prohibió la garantía en las atenciones de urgencia. Sin embargo, quedó pendiente esta condicionante que, en algunas ocasiones, resultaba muy molesta para los usuarios: la exigencia de un cheque en garantía para ingresar a un establecimiento de salud, tanto privado como público, cuando se quería entrar al pensionado.
El proyecto toca varios temas. En primer término, amplía los instrumentos mediante los cuales una persona puede comprometer el pago de las prestaciones que recibirá.
Durante su discusión inicial, antes que fuera votado en la Cámara de Diputados, algunos de los presentes manifestamos que quizás era más peligroso el remedio que la enfermedad. Hoy, el cheque tiene poco o nulo valor, si se decide no pagar, pero la letra de cambio es un instrumento que puede significar, incluso, su ejecución a través del decomiso de alguna especie. Es decir, la persona que no responda por la letra comercial que ha suscrito puede ser embargada.
No obstante, la idea principal apuntaba a abrir el abanico de posibilidades al usuario de alguna prestación electiva, es decir, cuando se pone de acuerdo en el lugar y fecha en que lo hará y no se trata de una urgencia. En este tipo de intervenciones se amplía el espectro de instrumentos que puede utilizar.
Expresamente, en esa ocasión, la Comisión se jugó para dejar el cheque como un elemento que cualquier persona pueda utilizar voluntariamente. Puede emplear cualquier medio, sea cheque, el voucher de una tarjeta de crédito o una letra de cambio.
También se abrió la puerta, a través de una indicación de los parlamentarios de la Comisión -como bien señaló el diputado Patricio Melero -, a la posibilidad de acoger lo que muchas instituciones ya aceptan: las cartas de garantía enviadas por empresas a través de sus respectivos departamentos de bienestar.
Sin embargo, el proyecto de ley no contemplaba fiscalización ni sanciones y, para que no sea letra muerta, el veto aditivo de la Presidenta de la República corrige ese “error legislativo”, pues asigna a la Superintendecia de Salud la facultad de fiscalizar y determinar las multas a los prestadores de salud que infrinjan la norma que prohíbe exigir cheque o dinero en efectivo. Al respecto, una multa que va desde diez UTM a mil UTM me parece fuerte y adecuada.
En el caso de los prestadores institucionales, centros públicos o privados, además se les sancionará con la eliminación del registro de prestadores acreditados hasta por dos años. Los directores de hospitales deberán elaborar un instructivo muy claro a sus recaudadores de pensionados, puesto que tendrán que tener muy clara la situación para no incurrir en una falta. Lo mismo sucede en el caso de las clínicas.
En cuanto a los prestadores individuales, quizá se establece una situación que señaló en la Comisión el diputado Alberto Robles , en el sentido de que muchas veces se puede malentender que un paciente deje un cheque en garantía por una atención de salud realizada en una consulta particular de un médico mientras lleva el bono. Ahí se podría estar incurriendo en una situación punible. Dejo mencionado este punto, pues seguramente el diputado Alberto Robles se referirá con mayor profundidad respecto de este tópico.
Me parece que son dos puntos que habrá que tener en cuenta cuando la ley entre en vigencia y analicemos sus verdaderos efectos.
Para finalizar, anuncio que votaré a favor del proyecto. Celebro que estemos ampliando el abanico de instrumentos mercantiles que un ciudadano común y corriente pueda utilizar para acceder plenamente a la salud.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).-
Señor Presidente , estamos discutiendo sobre una pequeña falencia que tuvo el proceso legislativo de este proyecto, dado que después del debate en la Cámara de Diputados y en el Senado, la iniciativa no contempló el ente fiscalizador ni las sanciones correspondientes por la exigencia del cheque en garantía para las prestaciones electivas.
Soy una convencida de que las cosas pasan por algo y, en este caso, la realidad hizo posible que con este veto aditivo la Superintendencia de Salud tenga las atribuciones para fiscalizar y sancionar también a los prestadores de salud que exigían el cheque en garantía, pero en casos de urgencia. En su momento, el superintendente señaló que no contaba con las atribuciones necesarias para sancionar como correspondía cuando los prestadores hacían la exigencia del cheque en garantía en las atenciones de urgencia, no en las prestaciones electivas. Por lo tanto, debido a esta pequeña falencia legislativa, el veto aditivo, ha permitido subsanar, incluso, un problema que tenía la legislación anterior.
Como bien dijo el diputado Juan Lobos, el proyecto de ley permite a las personas contar con un abanico un poco más amplio de posibilidades para pagar, no necesariamente a través de un cheque.
Ahora bien, no puedo dejar de insistir en que estimo que la iniciativa no soluciona el problema que hoy tienen los usuarios del sistema de salud en Chile. Contamos con seguros de salud, como existe en otros países, y lo lógico sería que uno se pueda atender sin problemas, ya sea de urgencia o electivamente, y que nuestro seguro, sea el Fonasa o la isapre que uno elija, responda ante el prestador institucional, y no el usuario a través de pagarés, cheques o lo que sea. El paciente se entendería después con su asegurador. Así funcionan los seguros de salud que operan en el mundo y es lo que deberíamos discutir.
Espero que avancemos en una discusión en ese sentido, porque hoy sólo estamos ampliando el espectro de posibilidades, pero no resolvemos el problema de fondo de la gente, que es que su asegurador, al que paga todos los meses sus cotizaciones, responda cuando necesite una atención de salud. La Cámara de Diputados tiene pendiente esa discusión.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.-
Señor Presidente , suscribo lo que ha planteado la diputada Karla Rubilar , porque el veto aditivo simplemente incorpora multas al proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados y el Senado. El tema de fondo es el que ha planteado la diputada Rubilar , por lo que suscribo plenamente sus palabras.
Ahora bien, quiero dejar constancia que mi voto negativo en la Comisión de Salud, que tiene que ver con lo que ocurre diariamente en las consultas de los prestadores individuales.
El objetivo de la iniciativa es evitar que en las clínicas privadas y en los hospitales públicos, en la modalidad institucional, exijan a sus pacientes cheques o dinero en efectivo en garantía por atenciones de urgencia o electivas, lo cual, evidentemente, va contra todo principio en cuanto al pago por las prestaciones de salud. Pero en ningún minuto se expresó la intención de los legisladores de que esta exigencia se aplicara también a los prestadores individuales.
Los prestadores individuales a los que se refiere el articulado son principalmente los médicos, quienes realizan prestaciones remuneradas en sus consultas privadas. En todo Chile hay pacientes que se atienden en las consultas de los médicos y tienen derecho a su bono, ya sea de isapre o de Fonasa. Si por alguna razón el paciente decide ir al médico en forma electiva, pero no lleva el bono, deja una garantía, que después recupera cuando entrega el bono. Pero el veto aditivo incorporó un articulado que impedirá que esta situación ocurra. Por lo tanto, los colegas médicos no podrán atender a sus pacientes porque la iniciativa les impedirá recibir en garantía dinero o cheque. Quienes infrinjan la norma se verán expuestos a una multa de diez a mil UTM y a la posibilidad
de ser sancionados con la suspensión, hasta por 180 días, para otorgar prestaciones GES, tanto a través de Fonasa como de isapres, y para otorgar prestaciones en la modalidad de libre elección de Fonasa.
El articulado impide que los pacientes dejen garantías por las prestaciones individuales que lleve a cabo un médico en su consulta. Me parece que no era el propósito de la iniciativa que votamos a favor, que pretende regular esta materia. A mi entender, el veto aditivo de la Presidenta de la República va en contra de muchos pacientes que deben recurrir al médico privado con apuro y no alcanzan a sacar su bono.
No se puede pedir votación separada de algunas disposiciones del veto aditivo. Sin embargo, tal como lo planteé en la Comisión, deseo dejar constancia de que el inciso incorporado no resulta bueno para los pacientes que recurren a los médicos privados.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti.
El señor DE URRESTI.-
Señor Presidente , el veto aditivo mejora el proyecto, cuyo propósito es garantizar el derecho de cualquier ciudadano que concurra a un prestador institucional o individual de salud, de ser atendido como corresponde y no quedar sujeto a la extorsión de dejar en garantía un cheque o dinero en efectivo.
Por lo tanto, con esta normativa estamos erradicando una práctica extendida en el país, que significó tremendas arbitrariedades, angustias y situaciones límites de emergencia cuando se llegaba con familiares enfermos a recintos de salud, dado que si no se presenta un cheque o dinero en efectivo de por medio, no se atendía a los enfermos, que quedaban en la más absoluta indefensión, y la conducta inapropiada, en la más completa impunidad.
En la medida en que ponemos en el centro de la discusión la obligación de atención, se justifica que esta normativa siga avanzando.
También es importante lo establecido en el inciso tercero del artículo 141 bis, que preceptúa que en los casos de atenciones de emergencia, debidamente certificados por un médico cirujano, regirá la obligación de atención. Asimismo, es fundamental el establecimiento de un procedimiento expedito en materia de sanciones para los prestadores de salud, y con multas que van de diez a mil UTM. Esto desincentivará la comisión de esa conducta e inhibirá a los prestadores de salud de negar la atención por la no entrega de un cheque en garantía. Por lo tanto, considero que se trata de un gran avance.
No comparto la opinión de mi colega Alberto Robles , en relación con los prestadores individuales de salud, porque también en el caso de ellos se han presentado casos de negativa explícita de atención.
Habrá que arbitrar las medidas necesarias para que el bono se entregue en un lapso adecuado.
Si eliminamos el concepto de garantía, es decir, de entrega de un cheque o de dinero en efectivo, estaremos avanzando.
Por lo tanto, felicito al Ejecutivo por el envío del veto. Una vez que la iniciativa se convierta en ley de la República, la Superintendencia de Salud contará con atribuciones y podrá fiscalizar, lo que permitirá instalar una cultura diferente. No sólo en la salud privada, porque también han ocurrido problemas en hospitales públicos. Me refiero a una cultura en la cual quedan garantizadas las atenciones de salud, de manera de no vernos más expuestos a la indignidad de la exigencia de un cheque o de dinero en garantía con ese propósito.
Ojalá que en esta materia exista transparencia y que la Superintendencia de Salud informe de manera regular y publique las instituciones, establecimientos o prestadores de salud que incurran en ese tipo de conductas. Constituye una norma importante para transparentar y saber cómo funciona el sistema de salud.
Estas son garantías y derechos explícitos para miles de ciudadanos que no debieran verse enfrentados a la angustia de entregar un cheque en garantía o dinero en efectivo para recibir una prestación de salud.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Farías.
El señor FARÍAS.-
Señor Presidente , como dijo el diputado señor Alfonso de Urresti , el proyecto representa un anhelo muy importante para la comunidad.
En algún momento de la vida, todos hemos sido testigos de que personas no han podido acceder a una atención de salud por no contar con un cheque para garantizar el pago del hospital, la clínica o el centro asistencial. Por lo tanto, se da un paso en esta materia.
Algunos aspectos del proyecto no me gustan, pero debemos avanzar y, quizás con el tiempo, podamos perfeccionarlos. Se plantea que en caso de no ser una atención de urgencia, se “podrá” exigir como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente el otorgamiento de cheque o dinero en efectivo. Este “podrá” muchas veces se convierte en un imperativo.
La Presidenta de la República decidió enviar el veto aditivo para incorporar multas y la forma como fiscalizar la el respeto de la norma.
Es importante avanzar, en el sentido de poner término a la exigencia de la garantía, de manera que todos puedan acceder a la salud.
Es cierto que hoy, al ampliarse el abanico de opciones a tarjetas de crédito, cartas de respaldo, letras de cambio o pagarés, se permitirá que la gente pueda lograr un mayor acceso y no se ejerza una persecución judicial espantosa y terrible por el hecho de tener que atenderse, ante una urgencia, en algún centro asistencial. Eso, naturalmente, constituye un avance.
Por lo tanto, al igual que mi bancada, votaré favorablemente el veto aditivo de la Presidenta de la República , porque es una manera de avanzar hacia lo que todos queremos: que el cheque en garantía desaparezca y no ocurra lo que ha sucedido en muchas clínicas.
Deseo mencionar un ejemplo. Un par de veces he tenido que llevar a mi madre a un recinto hospitalario y me han exigido un cheque en garantía. Yo les dije: “Okey, les doy el cheque, pero en la parte de atrás voy a poner: “En garantía”.”. Me dijeron que no lo hiciera, porque está prohibido. Entonces, me quedó claro que juegan con la fe pública. Si se pone atrás “en garantía”, reconocen que piden una garantía indebida. Sin embargo, si no se entrega el cheque, no prestan la atención.
Por lo tanto, se requiere mayor fiscalización y mayor honestidad por parte de los servicios de salud, en el sentido de no pedir un cheque en garantía, que algunas veces disfrazan de respaldo. Dicen que es un respaldo, no una garantía, pero eso es mentira.
Debemos luchar por transparentar nuestro sistema de salud y por lograr un acceso igualitario a un derecho humano esencial, como es la atención de salud. En definitiva, por el derecho a ser bien atendidos en los centros de salud.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.-
Señor Presidente , el proyecto en discusión representa una respuesta a la gran inquietud ciudadana que se produce ante la ocurrencia de algún problema de salud, porque la exigencia de documentos en garantía produce una sensación de desprotección, angustia y desesperación. En efecto, el imprevisto de una enfermedad se ve agravado porque, para ser atendido en un centro de salud, se requieren documentos que respalden la atención.
Hoy, la posibilidad de contar con otros instrumentos para resguardar el pago de prestaciones de salud, produce, sin lugar a dudas, tranquilidad en numerosas familias, las que, ante la enfermedad de un familiar, muchas veces deben recurrir a personas conocidas de buena voluntad a fin de que les faciliten documentos para ingresar al paciente a un centro asistencial.
Hace algún tiempo, el Congreso Nacional aprobó un proyecto que prohibía exigir documentos en garantía. La norma, que estaba muy bien escrita, estableció que no se puede exigir el cheque en garantía para acceder a una prestación de salud. Sin embargo, como no contempló sanciones y no existe un ente fiscalizador que vele por la materia, prácticamente resultó ser letra muerta.
El proyecto entrega facultades de fiscalización a la Superintendencia y establece multas para quienes no cumplan con la exigencia legal. En algunos casos las sanciones son muy elevadas y los prestadores de servicios de salud, adicionalmente, pueden ser suspendidos para el otorgamiento de las Garantías Explícitas en Salud y de las prestaciones en la modalidad de libre elección del Fonasa.
Por consiguiente, señor Presidente , destaco la iniciativa, pues da tranquilidad, mayor certeza y seguridad a muchas personas que deben enfrentar situaciones de emergencia en el ámbito de la salud. Sin duda alguna, el proyecto contribuye a terminar con la sensación de desprotección, angustia y desesperación, provocada por no contar con un documento de pago en forma oportuna con el objeto de garantizar la prestación de salud requerida.
Me alegra participar en el tratamiento de esta iniciativa, que va en directo beneficio de miles de familias de nuestro país, las que veían en las exigencias descritas una injusticia.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).-
Señor Presidente , la materia que aborda la iniciativa en debate constituye un gran anhelo de la población. Hace muchos años, el ex diputado señor Armando Arancibia fue el autor de la primera iniciativa para prohibir la exigencia de cheques en caso de que un prestador de salud debiera atender un caso de urgencia. En efecto, fue el primer colega que centró su atención en un tema tan anhelado e importante para la ciudadanía. Desde ese entonces ha transcurrido mucho tiempo.
Honestamente, lamento mucho que el título de la iniciativa llame a equívoco: “Proyecto de ley, iniciado en moción, que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo”. ¡Parece fantástico! Si bien es cierto que el artículo 141 bis, que se incorpora al decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006, señala que los prestadores de salud no podrán exigir, como garantía de pago por las prestaciones que reciba el paciente, el otorgamiento de cheques o de dinero en efectivo, sí podrán garantizar el pago por otros medios idóneos, tales como el registro de la información de una tarjeta de crédito, cartas de respaldo otorgadas por los empleadores, o letras de cambio o pagarés. Así las cosas, sólo estamos cambiando una cosa por otra.
Aquí se ha celebrado la iniciativa como un gran paso. Sin embargo, éste se dará el día que no se exija documentación en garantía para atender a un paciente. La idea es que las personas reciban tratamiento y luego el prestador de salud cobre por ese servicio, en los casos en que ello corresponda.
Repito, el proyecto sólo cambia la figura del cheque o el dinero en garantía por instrumentos tales como la letra de cambio, cartas de respaldo entregadas por los empleadores o tarjetas de crédito. Es cierto que se amplia el rango de pago, pero no es posible afirmar que se eliminó la condicionante.
Por ello, lamento decir que la iniciativa no constituye un gran paso en esta materia. Repito, éste se dará cuando se elimine la exigencia de dejar documentos en garantía para atender a un paciente. La población siente que no estamos haciendo todo lo posible para entregar una atención explícita, garantizada y oportuna y, por otra parte, que cada día que pasa la salud es más onerosa.
El sistema público se hace cargo del 70 por ciento de la población, y el 30 por ciento restante se atiende en el sistema privado de salud. Con todo, ese porcentaje de personas no necesariamente se encuentra bien cubierto. Muchas personas que se atienden en las isapres descubren con horror, una vez transcurrida la situación crítica de salud que llevó a pedir atención, la existencia de una “letra chica” que no fue leída en su momento y que es la causante de que el paciente adquiera elevadas deudas. Se trata de una realidad de la que nos debemos hacer cargo. Todavía no hemos logrado reformar a fondo el sistema de las isapres. Es más, quiero recordar que ellas todavía siguen cobrando muchísimo más dinero a las mujeres en edad reproductiva. Se trata de personas “peligrosas”, por cuanto son más susceptibles de embarazarse.
Por otra parte, no resulta lógico que el sistema privado de salud descarte a las personas mayores. Al sistema le interesa reclutar población garantizada, esto es a jóvenes, quienes tienen menos posibilidades de enfermar, lo que reduce la posibilidad de efectuar consultas médicas. El día que se logre transparentar y fiscalizar de mejor manera el actual sistema que rige a las isapres, así como aplicar reformas mucho más profundas, podremos afirmar que estamos mejorando la atención privada.
Respecto de los prestadores públicos de salud, el gran desafío es mejorar la calidad de la atención, su oportunidad y terminar con las listas de espera que, desgraciadamente, se hacen interminables.
Los gobiernos de la Concertación han hecho grandes esfuerzos en materia de salud. En efecto, han invertido enormes cantidades de dinero en el presupuesto del área. Sólo basta mirar los nuevos hospitales y consultorios en cada una de las regiones. Sin embargo, faltan especialistas. En ese sentido, quiero señalar a los colegas lo siguiente. Muchos médicos han pagado con gran esfuerzo su educación. Sin embargo, parece que ese hecho les hace pensar que no tienen ninguna obligación para con la sociedad. Lamento que no exista ese componente solidario. En Vallenar existe un hospital maravilloso; se está remodelando el hospital de Copiapó; se ha mejorado la infraestructura médica en Chañaral y en comunas como Diego de Almagro. Sin embargo, en todos esos lugares hay carencia de especialistas. Los alcaldes opinan lo mismo. El ministro de Salud ha señalado que el Estado ofrece remuneraciones de hasta dos millones y medio de pesos para llenar esas plazas, lo que supone un esfuerzo enorme para el Ministerio de Salud. Sin embargo, los especialistas no optan por formar parte del sistema público de salud. Lamentablemente, algunos de ellos no tienen sentido solidario y prefieren ejercer la profesión en consultas privadas o en centros urbanos más poblados. Así, resulta difícil reducir las listas de espera.
Es muy fácil culpar al Gobierno en esta materia, como he escuchado de boca de algunos diputados de la Región de Atacama. El problema de fondo es saber qué clase de médicos se están formando, con qué sentido de responsabilidad hacia su comunidad, su región, la sociedad y el país. Si todos los médicos prefieren permanecer en consultas particulares, en grandes centros urbanos y no volver a sus regiones, estamos enfocando mal la materia.
El tema de salud es más complejo y pasa por que en la formación académica exista un componente de solidaridad y de responsabilidad. La idea es que los profesionales retribuyan a su comunidad el privilegio que tuvieron en algún momento de acceder a la educación superior y formarse como médicos.
Si el proyecto en debate es considerado un avance porque la Superintendencia podrá fiscalizar a los prestadores de salud en materia de garantía de documentos, habrá que votarlo a favor. Sin embargo -lo digo con toda honestidad-, no se está dando ningún gran paso, por cuanto -repito- se está cambiando una cosa por otra. Es cierto que se flexibilizó el medio de pago, pero se continúa exigiendo garantizar la atención de salud. Me parece que ello no corresponde. No nos engañemos ni engañemos a la opinión pública. A quienes presencian el debate les puede quedar la sensación de que estamos dando un gran paso, pero ello no es así. Si la idea es cambiar el cheque en garantía o el pago en efectivo por una tarjeta de crédito o un pagaré, francamente el paso es mínimo.
Por lo tanto, señor Presidente , quiero dejar expuesta con claridad mi opinión, porque me duele mucho que aparezcamos solucionando un problema muy importante, muy anhelado, muy sentido y necesario, en circunstancias de que este proyecto, como tal, no lo corrige. La iniciativa flexibiliza mínimamente y permite que la Superintendencia fiscalice, pero, repito, mínimamente.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.-
Señor Presidente , por su intermedio quiero decir a la estimada diputada Isabel Allende que no nos podemos engañar. Es difícil que nos engañen a estas alturas de la vida, pero, a veces, tenemos que soportar legislaciones que no están de acuerdo con el siglo XXI. Éste es un caso. Pensé -y en eso sí me engañé- que el Senado mejoraría el proyecto, pero fue un equívoco y fallaron mis pretensiones, pues no hay ninguna observación de interés al proyecto y regresa a esta Corporación con las mismas falencias que critiqué abiertamente en una etapa inicial. En la práctica, el objetivo principal del proyecto no se logra. Es cierto que, en principio, queda proscrita la exigencia del cheque o de un valor que lo represente en garantía para caucionar el pago de una prestación médica, pero es cierto también que suprimiendo la exigencia del cheque terminamos con una discriminación -ahí buscamos el lado positivo de ello- que pesa sobre la gente más humilde, la que, usualmente, no tiene cuenta corriente. Sin embargo, resulta difícil poder sostener que una persona, que requiere un tratamiento médico, aunque sea urgente, tiene la voluntad libre y espontánea para suscribir un título de crédito que, jurídicamente hablando, tiene el mismo poder de un cheque, por ser también un título ejecutivo.
Entonces, estamos ante un error de inclusión de otras opciones, como son las letras de cambio y pagarés ante notario -nuestra jurista Laura Soto me decía que tienen el mismo valor que un cheque; que la situación penal o civil es exactamente igual-, y otros documentos similares que también podrían considerarse, porque tienen caución penal y son aceptables según la normativa que se comenta.
Pero, ¿qué pasa con la posibilidad de dejar un cheque en garantía “voluntariamente”? ¿Alguien podría realmente saber si una persona extendió el cheque de manera libre
y espontánea, si fue caucionada o si, en definitiva, se vio obligada por las circunstancias? El hecho de dejar esta posibilidad significa borrar con el codo lo que se escribió con la mano.
Qué curioso: una idea tan brillante y tan humana que contenía el proyecto en su génesis, en mi opinión la hemos desaprovechado. Voy a tener que votar a favor porque, por último, esa hoja del libreto también la vamos a usar voluntariamente, ya que ante una urgencia no voy a ir a la notaría para suscribir un pagaré y entregarlo a la clínica.
En suma, me engañó el Senado, porque creí que mejoraría el proyecto. En su momento se me dijo dejémoslo ir al Senado para no lo rechazarlo. Hoy ni siquiera puedo pretender rechazarlo, porque estoy molesto con la forma de legislar del que habla.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la observación en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar la observación formulada por su excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que prohíbe condicionar la atención de salud al otorgamiento de cheques o dinero en efectivo.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votó por la negativa el diputado señor Robles Pantoja Alberto.
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