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- rdf:value = " El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente , quiero hacer algunas puntualizaciones sobre el proyecto, que creo es muy importante.
En cuanto a los derechos de los contribuyentes, cada vez que hablamos de materias tributarias y del derecho del Estado a exigir el pago de determinadas cargas públicas, como son los tributos en general y los impuestos en particular, existe la necesidad de compensar ese natural y absolutamente necesario rol estatal con los derechos y las atribuciones de las personas. Por eso, hoy hemos avanzado en la defensa de esos derechos. Por ejemplo, en la mañana aprobamos el proyecto que modifica el Código Tributario en lo relativo a los derechos de los contribuyentes, materia en la que ya había avanzado el actual director del Servicio de Impuestos Internos a través de un decálogo de tales derechos. Hace algunos meses, la Cámara adoptó una decisión, que probablemente sea una de las más importantes, para que existan tribunales tributarios y aduaneros absolutamente independientes, dentro de un plazo de transición en que se irá instalando toda la justicia tributaria.
Es decir, en el adecuado balance entre la natural necesidad del Estado de obtener recursos, por un lado, y los derechos de los contribuyentes, por otro, la Cámara de Diputados y, en general, el Congreso Nacional han contribuido a mejorar esa relación a través de una justicia independiente y del reconocimiento de los derechos del contribuyente. Sin embargo, quedaba una etapa muy importante en materia de fiscalización, como es el acceso a la información, sobre todo bancaria, por parte del organismo al cual, legal y constitucionalmente, se le han entregado las atribuciones para perseguir la responsabilidad fiscal: el Servicio de Impuestos Internos.
En mi opinión, el proyecto compensa adecuadamente esa búsqueda de justicia e información con las certezas jurídicas, la seguridad y el respeto a la libertad y al derecho de propiedad de cada uno de los contribuyentes. En ese sentido, no debemos olvidar que existe una relación de poder asimétrica, por lo tanto es necesario e indispensable tomar ciertos resguardos ante el poder del Estado para que éste no se transforme en una especie de “gran hermano”, sino en una autoridad que tiene el legítimo derecho a recabar información para lograr el cumplimiento de las normas tributarias.
Por eso, conjuntamente con lo obrado en la mañana en materia de derechos de los contribuyentes y, antes, de tribunales tributarios, me parece que el proyecto viene mejorado desde el Senado. Por lo tanto, debemos proceder a su aprobación, no sólo por las razones esgrimidas -coincido con el diputado Schilling en que son de naturaleza local o nacional-, sino también por la relevancia del proyecto en relación con la OCDE.
Todos sabemos que este proyecto y otros, como, por ejemplo, el relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, que también hemos aprobado esta semana, o el de gobierno corporativo de Codelco o de las empresas públicas, son iniciativas legislativas que a una organización internacional tan relevante como la OCDE le interesa que promovamos, participemos y tomemos decisiones en esa materia, con el fin de ser admitidos en una entidad que será muy importante, no sólo para el prestigio de Chile, sino también para el desarrollo de nuestras políticas sociales, legislativas y económicas. Por lo tanto, también es relevante para ir cumpliendo otros requisitos que nos permitirán acceder a un grupo muy importante a nivel internacional, como es la OCDE.
Como han señalado varios señores diputados, los cambios son de naturaleza procesal, en materia de ciertas notificaciones, de cómo se resolverán ciertos temas mientras no existan los tribunales tributarios y, cuando ya existan, de cómo será el procedimiento natural en esa instancia. Todos esos cambios me parecen correctos, porque facilitan, ayudan y dan más eficacia al proyecto, por cuanto permitirán balancear el debido acceso a la información bancaria con los derechos de los contribuyentes.
Me gustaría destacar un hecho que, a mi juicio, es una incorrección jurídica. Debe quedar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y para efectos de la interpretación que hace esta Cámara del uso de ciertas expresiones. En algunas normas se establece que el tratado será “ratificado” por el Congreso Nacional. Sin embargo, en estricto rigor -dejo constancia de ello como el verdadero sentido natural que debe tener, debido a nuestra atribución constitucional-, se debe indicar que esos tratados deben ser “aprobados” por la Cámara de Diputados y el Senado. Ése es el verbo rector que establece el artículo 54 de la Constitución Política, reservando la palabra “ratificados” al Poder Ejecutivo .
Por lo tanto, espero que el Ejecutivo coincida con lo que debemos entender para todos los efectos legales presentes y futuros. Espero que las distintas instancias paralelas a ésta, como el Tribunal Constitucional, entiendan que la historia de la ley y el adecuado uso de las expresiones constitucionales nos debe llevar a entender que la atribución que la ley reserva al Congreso es “aprobar” los tratados, de acuerdo con el artículo 54, número 1), de la Constitución, y no “ratificar” los tratados, lo cual, según el artículo 32, número 15°, de la Carta Fundamental, está reservado exclusivamente al Presidente de la República . En consecuencia, después de dejar esa constancia de la necesidad y en el entendido de que se trata de un buen proyecto para las finalidades que he reseñado, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
"
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