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- rdf:value = " ACCESO DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA A INFORMACIÓN BANCARIA. Tercer trámite constitucional.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que establece normas que permiten el acceso de la autoridad tributaria a la información bancaria.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6477-05, sesión 94ª, en 28 de octubre de 2009. Documentos de la Cuenta N° 1.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para que ingresen a la Sala la subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, y el subsecretario general de la Presidencia , señor Edgardo Riveros.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En discusión las modificaciones del Senado.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente , hace poco tiempo discutimos en esta Sala el proyecto que ha sido modificado por el Senado, oportunidad en la que hubo coincidencia transversal en cuanto a que se trata de un instrumento importante y potente que apunta a instalar al país en una condición simétrica en relación con lo que ocurre con las grandes economías del mundo, y también contar con capacidades destinadas a evitar fenómenos bastante comunes, como la evasión y la elusión tributaria.
A mi modesto entender, las modificaciones del Senado no influyen en el aspecto central del proyecto discutido en su oportunidad en la Cámara de Diputados, esto es reglamentar el acceso del Servicio de Impuestos Internos, con la anuencia del contribuyente o con autorización judicial en caso de que no exista voluntad de éste último, a cuentas corrientes bancarias cuando los elementos de juicio lo determinen indispensable. Como se sabe, por ley, las cuentas corrientes bancarias están sujetas al secreto bancario.
En el poco tiempo de que dispusimos para analizar el comparado que contiene el texto aprobado por la Cámara de Diputados y las modificaciones introducidas por el Senado, pudimos constatar que, en general, las enmiendas son de carácter lingüístico y no afectan el fondo del proyecto. Algunas se refieren a plazos, que tampoco modifican sustancialmente la iniciativa.
El Senado introdujo modificaciones a determinados tipos de notificación. Sin ser experto en el tema, me parecen más adecuadas que las propuestas de la Cámara de Diputados, particularmente en lo referido a personas que mantienen domicilio tributario en el extranjero.
Por último, el Senado introdujo una modificación, tampoco muy sustancial, relacionada con la forma y modo en que se tramita el recurso de apelación ante la corte de apelaciones respectiva. La Cámara de Diputados simplemente incorporó una cláusula de preferencia; en cambio, el Senado estableció que, como regla general, los recursos se verán en cuenta, es decir, sin alegatos, salvo que una de las partes lo solicite.
Como ya señalé, el resto de las modificaciones no son mayores. Con todo, deseo que la subsecretaria de Hacienda explique lo relacionado con la siguiente materia:
El artículo segundo transitorio, aprobado por la Cámara de Diputados, señala textualmente: “Lo dispuesto en esta ley regirá a contar del 1º de enero de 2010 y respecto de la información bancaria que a contar de dicha fecha se genere.”. El Senado mantuvo la referencia a la entrada en vigencia de la ley, pero sustituyó la frase “y respecto de la información bancaria que a contar de dicha fecha se genere.” por la siguiente: “y respecto de las operaciones bancarias que se realicen a contar de esa fecha.”. No sé qué antecedentes consideró el Senado para esa sustitución. Si el cambio obedece a una materia más de fondo y no sólo a un alcance idiomático, sería bueno aclararlo.
Sin perjuicio de ello, sería positivo aprobar el proyecto en forma unánime, tal como lo hizo la Cámara de Diputados en su momento, de modo de dotar al Estado, una vez promulgada la ley, de un instrumento que vele de mejor forma por el cumplimiento de las disposiciones tributarias. De esa manera, el país adoptará una posición simétrica con países que ya cuentan con este tipo de normativas. Adicionalmente, dejaremos de figurar en listas sospechosas respecto del uso de este instrumento y, además, se habrá satisfecho determinadas condiciones impuestas por algunos organismos internacionales para acceder -en el caso de Chile se trata de una actitud voluntaria- a las llamadas “ligas mayores”.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.-
Señor Presidente , el proyecto busca conciliar dos objetivos muy legítimos. En primer lugar, evitar la evasión tributaria, que existe y se concentra en ciertos instrumentos financieros, profesiones y actividades. Se trata de una práctica injusta. En efecto, cuando algunos ciudadanos no pagan sus impuestos y otros sí, se produce una iniquidad que no debe mantenerse. Por lo tanto, evitar la evasión tributaria constituye un objetivo muy razonable y propio de un Estado moderno, como al que aspira a ser el nuestro.
En segundo lugar, la iniciativa cautela el respeto a la vida privada de las personas. Toda persona tiene derecho a una vida íntima, a no ser objeto de escrutinio permanente e indebido por otros ciudadanos, menos aún si son funcionarios públicos con acceso a poder, lo que les da la posibilidad de actuar en forma discrecional o penalizar a ciudadanos.
En consecuencia, existen dos bienes que es necesario cuidar: evitar la evasión tributaria y resguardar el derecho a la vida privada de los ciudadanos, para que no queden sujetos a la discrecionalidad y al uso abusivo que algunos funcionarios públicos puedan hacer de determinada información.
El proyecto en debate, que discutimos extensamente en primer trámite constitucional y al que el Senado le introdujo modificaciones menores, es un intento serio de equilibrar ambos bienes, por lo que deberíamos votarlo favorablemente. Explicaré por qué la iniciativa constituye un intento serio por conciliar ambos objetivos.
En primer lugar, se mantienen sanciones penales importantes -lo que nos parece bien- para los funcionarios públicos que den a conocer información privada de los ciudadanos.
En segundo lugar, el Servicio de Impuestos Internos, sólo a través de su director puede requerir información de la cuenta corriente de un ciudadano. Leo textualmente el texto del inciso tercero del artículo único del proyecto aprobado por el Senado, que reemplaza al artículo 62 del Código Tributario: “Salvo los casos especialmente regulados en otras disposiciones legales, los requerimientos de información bancaria sometida a secreto o reserva que formule el director, de conformidad con el inciso anterior, se sujetarán al siguiente procedimiento.” Esto nos parece importante.
Quiero recordar que en la iniciativa, tal como la conocimos en su primer trámite, eran los directores regionales quienes podían pedir información de la cuenta corriente de algún ciudadano. Eso, en principio, nos pareció inadecuado, porque, por muy importante que sea el cargo de director regional, siempre existe el riesgo de que haya vendettas personales, enemistades locales, que pueden llevar a un funcionario público, con acceso a información privada, a usarla en forma inapropiada.
Siempre nos pareció relevante que esto fuera decidido al más alto nivel. Así se establece y eso nos alegra.
Además, quiero recordar que, hace algún tiempo, aprobamos un proyecto de ley que crea tribunales tributarios y aduaneros independientes; muy relacionado con esta iniciativa, ya que, si a algún ciudadano su banco le comunica que el Servicio de Impuestos Internos desea información de su cuenta corriente o de algún instrumento financiero que posea en esa institución, ese ciudadano podrá oponerse, lo que obligará al Servicio de Impuestos Internos a acudir a los tribunales. Hoy, los jueces tributarios no son independientes; en primera instancia actúan funcionarios del Servicio, por lo tanto, esta disposición no tendría mayor sentido con el régimen actual. Pero, afortunadamente, el Congreso Nacional ya aprobó el cambio hacia un sistema de tribunales tributarios y aduaneros independientes, por lo que también parece justo que si un ciudadano cree ser objeto de una persecución discrecional, arbitraria y no desea que el Servicio tome conocimiento de la información requerida, puede recurrir al juez y exponer las razones por las cuales quiere vetar su acceso a ella.
Nos parece bien; así está en el proyecto. Como dispondremos de tribunales tributarios y aduaneros independientes en el futuro, esta cuestión tiene sentido. No lo tendría, si nos mantuviéramos con el sistema actual.
Además, quiero, decir -esto nos ha sido informado por el Servicio de Impuestos Internos y yo, personalmente, lo he corroborado con servicios de otros países- que, en la actualidad, la fiscalización tributaria que se hace en el mundo es selectiva, pero nunca personalizada. Los servicios de impuestos internos no fiscalizan a personas determinadas, con nombre y apellidos, sino que, como es tan grande el número de contribuyentes, se hace en forma aleatoria. Se eligen, aleatoriamente, contribuyentes a los cuales se va a investigar. Esperamos que esta modalidad también se use en Chile, porque es la manera moderna, seria y eficaz de controlar el pago de impuestos, no eligiendo a los adversarios, vigilándoles sus cuentas corrientes y quitándoles, entonces, el derecho a tener vida privada.
O sea, los planes de fiscalización nunca deben ser a dedo, sino aleatorios como en todos los países serios del mundo.
Como lo dijo el diputado Burgos , que me antecedió en el uso de la palabra, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), institución a la cual Chile aspira a ingresar -lo que me parece muy bien y ojalá lo logremos; sin duda, es una organización de primer nivel-, no nos exige cambiar nuestro sistema interno de recaudación tributaria, sino que tener un sistema de intercambio de información tributaria que sea ágil, porque, evidentemente, no desea que extranjeros, contribuyentes de países que pertenecen a ese grupo, puedan usar a Chile para esconder ingresos mal habidos y refugiarse acá. Por eso, nuestro ingreso a la OCDE exige compartir información tributaria con otros países de esa organización que permita una adecuada fiscalización y combate a la evasión. Nos parece bien. Valoramos que el Gobierno haya iniciado la búsqueda del ingreso de Chile a esa organización.
Además, la aprobación de este proyecto implica una ventaja: va a permitir que, finalmente, se firmen los tratados para evitar doble tributación con Estados Unidos, Australia e Italia, los cuales, según entiendo, no se han suscrito fundamentalmente porque esta norma no se ha aprobado. La futura ley va a dar acceso a esos tratados que, como todos saben, es un incentivo adicional a inversionistas de esos países, que son muy importantes en Chile, puesto que no tributarán dos veces por sus inversiones.
Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con el proyecto que votaremos, sólo va a tener acceso a las informaciones bancarias “que resulten indispensables” para la fiscalización del contribuyente. Ésta es una frase que se añadió en el Senado y que me parece muy bien. De nuevo se trata de evitar que un funcionario solicite información al bulto, genérica, que pudiera no tener ninguna relación con la intención de fiscalizar mejor.
Se deben fiscalizar operaciones y productos financieros específicos, respecto de los cuales el Servicio de Impuestos Internos tenga sospechas de que están relacionados con la comisión de delitos.
Reitero, me parece que este proyecto de ley concilia dos objetivos: por un lado, evitar la evasión y, por otro, resguardar la vida privada de las personas, no permitiendo discrecionalidad en el funcionario público que solicita información para controlar mejor el pago de tributos.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.-
Señor Presidente , se acaba -espero- la impunidad de la información. De lo que decía el diputado Dittborn , quiero recoger dos comentarios.
Uno, relativo a mi especialidad económica, financiera. Esto no sólo tiene efectos tributarios, legales o de confiabilidad de la información; hoy, no se pueden firmar tratados para evitar la doble tributación con Estados Unidos, Italia y Australia. En abril de este año, en el mundo había 22 países sin regulación para proveer información al organismo pertinente. Han pasado unos pocos meses y ya van quedando 17, cinco menos, y Chile sigue figurando en la zona gris, a pasos de entrar a la zona negra. Algún diputado , a veces, puede irse a la zona negra, pero rápidamente vuelve; sin embargo, un país que pase a la zona negra, no vuelve.
Más allá de la OCDE, esto significa que hoy, inversionistas extranjeros, léase administradores de fondos de pensiones, o como se les llame, franceses o ingleses, en esta situación, no pueden invertir en el país.
La iniciativa, que analizamos con calma hace algún tiempo, es bastante suave. Me gustaría un proyecto verdadero; éste termina con el sigilo bancario y no con el secreto bancario. Simplemente, es un avance negociado con aquellos que utilizan este tipo de información en forma privada, para que no pusieran obstáculos.
Sin embargo, quedan dos o tres tareas pendientes para el próximo gobierno, que espero sea el de Eduardo Frei el que las asuma, -a lo mejor no-. La primera, avanzar hacia una ley que en forma definitiva elimine el secreto bancario, con todo lo que ello conlleva. No veo por qué la información no debe ser pública y transparente. No hablamos de cuestiones estratégicas, sino que de manejos de fondos, de evasión -como decía el diputado Dittborn - o de elusión, en términos más elegante.
En seguida, el Senado, a través de una de sus modificaciones, agregó -muy inteligentemente- al artículo primero transitorio que, mientras no estén instaladas las salas, las apelaciones se tramitarán en la Corte de la residencia. Este es un parche. Lo correcto es acelerar la instalación de los tribunales tributarios y aduaneros. Los plazos de tres o cuatro años que nos dimos en su minuto, se plantearon pensando en la crisis, en la falta de recursos; pero hoy todo cambió y los recursos están. Pienso que un abogado, por muy experto que sea en civil, poco entiende de conceptos tributarios y aduaneros. Lo digo con mucho respeto por los abogados. Sin ir más lejos, el Presidente de la Corporación es abogado, pero sí entiende de materia tributaria. Por lo tanto, de aplicarse el artículo primero transitorio, igual estaremos en manos de un manejo de buena fe, pero sin conocimiento. Por lo tanto, la segunda tarea para el próximo gobierno será apresurar la instalación de los tribunales tributarios y aduaneros, sin nuevos plazos, que siempre redundan en otras negociaciones.
El tercer tema que queda pendiente, tratado en la reunión con los ejecutivos de la OCDE, en París, hace un par de meses, dice relación con la designación del director nacional del Servicio de Impuestos Internos . Espero que en algún minuto tengamos ese debate y que ese cargo sea provisto por el Sistema de Alta Dirección Pública.
Con todo, el no tener este sigilo bancario en camino, no sólo no nos permite ingresar a la OCDE sino que tampoco nos permite presentarnos con transparencia ante la mayoría de los países del mundo. Los países que no la integran son todos pequeños. Sé que a muchos les gustan los paraísos fiscales; en algunos de ellos hay buen turismo; en otros, buenas cuentas corrientes… No se asusten, no voy a preguntar a los candidatos presidenciales, que no van a la Comisión Mixta de Presupuestos, sino que mandan a sus asesores… Cosas de la vida; aquí tenemos a uno que, a lo mejor, después nos puede contestar de dónde provienen los fondos para las campañas. Los paraísos fiscales son interesantes.
Mantener la confidencialidad de la información y sólo autorizar su examen para efectos tributarios es un avance. Sin embargo, me queda una duda y espero que los abogados o la subsecretaria de Hacienda la aclaren. Se trata del secreto entre abogado y contribuyente. En el extranjero se ha debatido mucho sobre el límite entre el principio de legalidad y el secreto profesional.
Otro aspecto interesante son las condiciones de reciprocidad, de exigir a las administraciones tributarias de otros países el intercambio de información, dentro de los mismos plazos, salvaguardias, etcétera, porque no sólo hay que pensar del extranjero en Chile sino que también de Chile en el extranjero.
Por último, felicito al Ministerio de Hacienda. Sé que la tarea ha sido difícil; también felicito a algunos senadores y diputados que, con justa razón, expusieron sus puntos de vista y, sin embargo, han avanzado para lograr este intermedio entre lo que hoy tenemos -zona gris, zona negra, zona oscura- y lo que mañana tendremos al eliminar el secreto bancario.
Muchos se felicitan de este avance; yo no. Me habría gustado avanzar con mayor rapidez; sin embargo, debo reconocer el esfuerzo que del Gobierno de la Presidenta Bachelet , del Ministerio de Hacienda, de su subsecretaria y de su ministro . También reconozco que la Oposición, pensando en el país, ha dejado de lado algunos criterios económico-financieros tradicionales.
Demos una señal y aprobemos las modificaciones del Senado en forma unánime. Al menos ello nos permitirá decir que estamos avanzando. También espero que en un futuro gobierno adelantemos la instalación de los tribunales tributarios y aduaneros; avancemos hacia la eliminación total del secreto bancario y también hacia la concursabilidad del cargo de director nacional del Servicio de Impuestos Internos , como una manera de dar certeza de independencia y objetividad, amén de garantizar a los ciudadanos chilenos que lo que estamos haciendo se funda en la idea matriz del proyecto y en los acuerdos de la OCDE y de las Naciones Unidas y no en el marco de otras utilizaciones antojadizas.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Schilling.
El señor SCHILLING.-
Señor Presidente , los socialistas apoyaremos las modificaciones del Senado, por la convicción de que nuestro sistema financiero ya soporta estructuras arcaicas, como el secreto bancario.
La modernización de nuestra economía y del sistema financiero obliga a la aprobación de un proyecto con características particulares. A nuestro juicio, la iniciativa se funda en la necesidad de la modernización. Adicionalmente, procura otros bienes, por ejemplo la reducción, limitación o eliminación de la evasión tributaria.
Entre las modificaciones del Senado, hay dos que mejoran sustancialmente el proyecto. En primer lugar, se perfecciona el sistema de notificación del Servicio de Impuestos Internos a la persona cuyas cuentas bancarias se requiere indagar. Junto con mejorarlo y dado que a veces el titular de la información no se encuentra en su domicilio, sea porque está viajando o por otra razón, se exige indicar las razones por las cuales se solicita al requerido que facilite el acceso a sus cuentas bancarias, fundamentación conveniente y necesaria, toda vez que la persona necesita replicar en forma precisa y no de manera general o ambigua.
El proyecto facilita el acceso del Servicio de Impuestos Internos a las cuentas bancarias, sin la necesidad de pasar siempre por el tribunal. Sin embargo, más que una defensa de la vida privada o del pretendido bien de la privacidad, a que se hizo alusión en intervenciones anteriores, el proyecto establece, para el ciudadano que se desea indagar, la posibilidad de acudir al tribunal en caso de no estar de acuerdo con el requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. En los tribunales de justicia se podrá defender en caso de estimar que ese Servicio está abusando de sus facultades.
Lo principal es que, con este proyecto, Chile deja de figurar en la lista de los 22 de la zona gris, a que aludió el diputado Lorenzini ; deja de ser sospechoso de contar con los intersticios, vericuetos, recovecos y secretos que permiten el uso indebido del sistema financiero. El país entra en el ámbito con exigencias mayores de la modernidad y, también, facilitará la aspiración del país de incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pero el fin principal, reitero, es la modernización del sistema financiero, terminar con su secretismo y con las posibilidades de abuso que brinda, en el caso de que se quiera usar incorrectamente y para fines dolosos.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.-
Señor Presidente , quiero hacer algunas puntualizaciones sobre el proyecto, que creo es muy importante.
En cuanto a los derechos de los contribuyentes, cada vez que hablamos de materias tributarias y del derecho del Estado a exigir el pago de determinadas cargas públicas, como son los tributos en general y los impuestos en particular, existe la necesidad de compensar ese natural y absolutamente necesario rol estatal con los derechos y las atribuciones de las personas. Por eso, hoy hemos avanzado en la defensa de esos derechos. Por ejemplo, en la mañana aprobamos el proyecto que modifica el Código Tributario en lo relativo a los derechos de los contribuyentes, materia en la que ya había avanzado el actual director del Servicio de Impuestos Internos a través de un decálogo de tales derechos. Hace algunos meses, la Cámara adoptó una decisión, que probablemente sea una de las más importantes, para que existan tribunales tributarios y aduaneros absolutamente independientes, dentro de un plazo de transición en que se irá instalando toda la justicia tributaria.
Es decir, en el adecuado balance entre la natural necesidad del Estado de obtener recursos, por un lado, y los derechos de los contribuyentes, por otro, la Cámara de Diputados y, en general, el Congreso Nacional han contribuido a mejorar esa relación a través de una justicia independiente y del reconocimiento de los derechos del contribuyente. Sin embargo, quedaba una etapa muy importante en materia de fiscalización, como es el acceso a la información, sobre todo bancaria, por parte del organismo al cual, legal y constitucionalmente, se le han entregado las atribuciones para perseguir la responsabilidad fiscal: el Servicio de Impuestos Internos.
En mi opinión, el proyecto compensa adecuadamente esa búsqueda de justicia e información con las certezas jurídicas, la seguridad y el respeto a la libertad y al derecho de propiedad de cada uno de los contribuyentes. En ese sentido, no debemos olvidar que existe una relación de poder asimétrica, por lo tanto es necesario e indispensable tomar ciertos resguardos ante el poder del Estado para que éste no se transforme en una especie de “gran hermano”, sino en una autoridad que tiene el legítimo derecho a recabar información para lograr el cumplimiento de las normas tributarias.
Por eso, conjuntamente con lo obrado en la mañana en materia de derechos de los contribuyentes y, antes, de tribunales tributarios, me parece que el proyecto viene mejorado desde el Senado. Por lo tanto, debemos proceder a su aprobación, no sólo por las razones esgrimidas -coincido con el diputado Schilling en que son de naturaleza local o nacional-, sino también por la relevancia del proyecto en relación con la OCDE.
Todos sabemos que este proyecto y otros, como, por ejemplo, el relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas, que también hemos aprobado esta semana, o el de gobierno corporativo de Codelco o de las empresas públicas, son iniciativas legislativas que a una organización internacional tan relevante como la OCDE le interesa que promovamos, participemos y tomemos decisiones en esa materia, con el fin de ser admitidos en una entidad que será muy importante, no sólo para el prestigio de Chile, sino también para el desarrollo de nuestras políticas sociales, legislativas y económicas. Por lo tanto, también es relevante para ir cumpliendo otros requisitos que nos permitirán acceder a un grupo muy importante a nivel internacional, como es la OCDE.
Como han señalado varios señores diputados, los cambios son de naturaleza procesal, en materia de ciertas notificaciones, de cómo se resolverán ciertos temas mientras no existan los tribunales tributarios y, cuando ya existan, de cómo será el procedimiento natural en esa instancia. Todos esos cambios me parecen correctos, porque facilitan, ayudan y dan más eficacia al proyecto, por cuanto permitirán balancear el debido acceso a la información bancaria con los derechos de los contribuyentes.
Me gustaría destacar un hecho que, a mi juicio, es una incorrección jurídica. Debe quedar constancia en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y para efectos de la interpretación que hace esta Cámara del uso de ciertas expresiones. En algunas normas se establece que el tratado será “ratificado” por el Congreso Nacional. Sin embargo, en estricto rigor -dejo constancia de ello como el verdadero sentido natural que debe tener, debido a nuestra atribución constitucional-, se debe indicar que esos tratados deben ser “aprobados” por la Cámara de Diputados y el Senado. Ése es el verbo rector que establece el artículo 54 de la Constitución Política, reservando la palabra “ratificados” al Poder Ejecutivo .
Por lo tanto, espero que el Ejecutivo coincida con lo que debemos entender para todos los efectos legales presentes y futuros. Espero que las distintas instancias paralelas a ésta, como el Tribunal Constitucional, entiendan que la historia de la ley y el adecuado uso de las expresiones constitucionales nos debe llevar a entender que la atribución que la ley reserva al Congreso es “aprobar” los tratados, de acuerdo con el artículo 54, número 1), de la Constitución, y no “ratificar” los tratados, lo cual, según el artículo 32, número 15°, de la Carta Fundamental, está reservado exclusivamente al Presidente de la República . En consecuencia, después de dejar esa constancia de la necesidad y en el entendido de que se trata de un buen proyecto para las finalidades que he reseñado, anuncio que votaré favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el subsecretario Edgardo Riveros.
El señor RIVEROS (subsecretario general de la Presidencia ).-
Señor Presidente , coincido con lo señalado por el Presidente de la Cámara de Diputados, señor Rodrigo Álvarez, por cuanto, en lugar del término “ratificados” por el Congreso Nacional, se debe decir “aprobados” por éste, todo ello en consonancia con el artículo 54, número 1), de la Constitución Política de la República, toda vez que el artículo 32, número 15°, deja reservado el término “ratificación” para el Presidente de la República .
De manera que coincido plenamente con esa aclaración, para dejarlo consignado en la historia fidedigna de la ley.
Muchas gracias.
El señor VARGAS (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la subsecretaria de Hacienda.
La señora RECART, doña María Olivia (subsecretaria de Hacienda).-
Señor Presidente , en primer lugar, el diputado Burgos formuló una consulta respecto de una modificación que el Senado introdujo al artículo 2º. La verdad es que ese cambio es muy menor y no afecta al fondo del artículo.
En segundo lugar, el diputado Lorenzini preguntó si se mantenía el secreto entre el abogado y el contribuyente, lo cual es efectivo.
Por último, aprovecho la oportunidad de agradecer el apoyo al proyecto durante el trabajo realizado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Muchas gracias.
El señor VARGAS ( Vicepresidente ).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Corresponde votar las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria.
Hago presente que las enmiendas al artículo 62 bis, y las recaídas en el artículo transitorio requieren del voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos, por la negativa, 0 voto. Hubo 6 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Por no haberse alcanzado los votos necesarios, se rechazan las normas de quórum especial. Las demás se declaran aprobadas.
El proyecto pasa a Comisión Mixta.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , solicito reunión de Comités.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Continúa la sesión.
Los jefes de Comités de diversas bancadas me han solicitado recabar la unanimidad de la Sala para repetir la votación del proyecto de ley, debido a que varias señoras diputadas y señores diputados se encontraban trabajando en Comisiones.
¿Habría acuerdo?
El señor ULLOA.-
Daré la unanimidad si tal acto no se transforma en un precedente.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
No, señor diputado .
Acordado.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la autoridad tributaria.
Hago presente a la Sala que las enmiendas al artículo 62 bis y las recaídas en el artículo transitorio requieren del voto afirmativo de 69 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Isasi Barbieri Marta; Lobos Krause Juan.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Despachado el proyecto.
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