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- rdf:value = " INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO DEL SISTEMA POLÍTICO CHILENO.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).- Corresponde considerar, en primer lugar, el informe de la Comisión Especial de Estudio del Sistema Político Chileno.
Diputado informante es el señor Marco Enríquez-Ominami.
Informo a sus señorías que, luego de la exposición del diputado informante , para la discusión del informe los tiempos entre los Comités Parlamentarios se han distribuido, proporcionalmente, de la siguiente forma: Comité Unión Demócrata Independiente, 17 minutos; Comité Renovación Nacional, 10 minutos; Comité Partido por la Democracia, 10 minutos; Comité Demócrata Cristiano, 8 minutos; Comité Socialista, 7 minutos; Comité PRI-Independientes, 5 minutos, y Comité Radical Social Demócrata, 3 minutos.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Especial, sesión 96ª, en 3 de noviembre de 2009. Documentos de la Cuenta Nº 18.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado informante.
El señor ENRÍQUEZ-OMINAMI (de pie).-
Señor Presidente , honorable Cámara:
Transcurridos cerca de dos años desde la creación de la Comisión Especial de Estudio del Sistema Político chileno, ha llegado la hora de presentar y debatir sus conclusiones ante la Sala.
Debido a la proximidad de las elecciones presidenciales y parlamentarias, no es quizás el mejor momento para analizar serena, racional y desapasionadamente un informe que escapa a las características de una iniciativa legal cualquiera.
Sin embargo, cuando se trata de materias que han marcado la discusión política y académica de nuestro país por muchas décadas y que no obstante el tiempo transcurrido siguen siendo objeto de controversia y preocupación, es siempre oportuno ponerlas en el centro del debate.
La primera discusión rigurosa sobre la materia comenzó en 1990, con la creación de la Comisión Especial de Estudio del Régimen Político Chileno, presidida por Eugenio Ortega , antiguo colega de muchos de ustedes, la cual tuvo un desarrollo muy útil para nuestro cometido.
En dicha Comisión se redactó un informe, pero sin conclusiones y, por razones que desconozco, no se votó. Sin embargo, su objetivo fue, al igual que el nuestro, recoger y procesar los diferentes aportes de la comunidad nacional sobre las distintas alternativas al modelo presidencialista que nos rige.
En esa Comisión de 1990, que presidió don Eugenio Ortega , a quien rindo homenaje por el trabajo que encabezó en esos años, concurrieron también académicos, cientistas políticos, expertos nacionales y extranjeros y ex presidentes.
Transcurridos cerca de veinte años de aquella experiencia, se han aprobado diversas reformas a la Constitución que han propendido al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones. Sin embargo, el régimen de gobierno presidencialista reforzado de la Constitución de 1980 se ha mantenido, en lo esencial, inalterado.
Debido a lo anterior, un grupo de diputados decidimos abrir el debate sobre las virtudes y los vicios del señalado régimen político y explorar alternativas que combinen de manera más adecuada y equilibrada el rol del Presidente de la República y del Congreso Nacional, que garanticen gobiernos estables y eficientes y que permitan válvulas de escape efectivas frente a crisis políticas como las que hemos conocidos.
La Constitución de 1980 ha sido y sigue siendo objeto de análisis y discrepancias y la Comisión no escapó a esa realidad. En efecto, se ha discutido muchísimo sobre su legitimidad, sobre los principios en que se basa y particularmente sobre las instituciones que de ella emanan. Las reformas constitucionales de 1989 y de 2005, por enunciar sólo las dos principales, son producto de ese libre debate de ideas que ha recaído sobre la Carta Fundamental.
Tales reformas políticas removieron algunos de los enclaves autoritarios del texto constitucional original y corrigieron el estatuto del poder político; sin embargo, no modificaron el régimen presidencialista chileno -en eso al menos hubo acuerdo entre moros y cristianos en la Comisión-, pues se mantiene prácticamente inalterado el Capitulo IV, referido al sistema de gobierno.
Desde la perspectiva del constitucionalismo social y democrático, una de las tareas de futuro consiste precisamente en analizar la posibilidad de modificar el régimen presidencialista y establecer así un tipo de gobierno que permita un reequilibrio entre los órganos representativos: Presidente de la República y Congreso Nacional, equilibrio que es inexistente e inviable en el marco del régimen presidencialista exacerbado que rige en la actualidad.
El modelo presidencial clásico se caracteriza por un predominio del Ejecutivo en la concentración de potestades públicas por sobre el Legislativo y por reconocer una separación rígida de poderes. Sin embargo, el tipo de gobierno deviene en presidencialismo, constituido en verdadero superlativo político institucional de su modelo clásico, cuando el reparto competencial vigoriza o robustece todavía más las atribuciones del Ejecutivo. Así, la preeminencia del Gobierno respecto de los restantes poderes públicos desemboca en un desequilibrio exorbitante a favor de la autoridad presidencial.
El caso chileno, efectivamente, es prototípico del gobierno presidencialista, caracterizado por la concentración de funciones en el Presidente de la República , en cuanto Jefe del Estado y Jefe de Gobierno , pues designa a los ministros de Estado , subsecretarios de Gobierno, intendentes y gobernadores, quienes son colaboradores de su exclusiva confianza; goza de una amplia potestad reglamentaria; ejercita facultades extraordinarias bajo el derecho de excepción; conduce las relaciones exteriores y designa embajadores, funcionarios diplomáticos y representantes ante organismo internacionales.
En otro orden de cosas, el Presidente participa en el nombramiento de las máximas autoridades de las autonomías constitucionales, como el contralor general de la República , el fiscal nacional del Ministerio Público, miembros del Tribunal Constitucional y consejeros y presidente del Banco Central ; designa a los magistrados de los tribunales inferiores de la administración de justicia -en este informe, incluso, se omitió a los miembros del directorio de Televisión Nacional de Chile-, todo lo cual lo convierte en el supremo jerarca de toda la administración pública.
En el plano legislativo, como todos sabemos, el Presidente de la República cuenta con macizas facultades legislativas: concurre a la formación de las leyes en calidad de colegislador, tiene la iniciativa exclusiva de ley en determinadas materias, puede vetar, suprimir o adicionar en todo o parte un proyecto de ley aprobado por el Congreso Nacional, hacer presente la “urgencia” en la tramitación de un proyecto de ley y, como corolario, es un auténtico legislador, por medio de los decretos con fuerza de ley.
Nada de lo expuesto es nuevo para muchos de los diputados presentes, pero para la Comisión fue objeto de trabajo por más de un año, casi dos.
Todo lo dicho, por supuesto, deja en evidencia que el eje central del sistema político, la conducción externa e interna del Estado, la marcha de la administración pública, la función legislativa y la función de los órganos constitucionales autónomos descansa en el Gobierno o, mejor dicho, en el Presidente de la República . Esto obedece a que el esquema constitucional de 1980 se diseñó en la perspectiva de una dictadura o, en el mejor y utópico caso, de un gobierno autoritario y no, por cierto, de un gobierno democrático.
Se podrá decir que una de las ventajas del presidencialismo, sobre todo en consideración a las experiencias políticas latinoamericanas, es su fortaleza político-institucional y la estabilidad en los procesos políticos que de ello se deriva. Esta característica lo hace funcional en épocas de restablecimientos democráticos posdictaduras o de quiebres político-sociales. Sin embargo, tiene, como contracara, debilidades que son evidentes y que, sin resguardos normativos e institucionales, pueden derivar en el colapso del sistema en situaciones políticas críticas. Al respecto, bástenos recordar que a menudo los presidencialismos generan la personalización del poder, facilitando populismos o abusos de autoridad.
Los bloqueos constitucionales, como los mandatos presidenciales cortos o la prohibición de reelección inmediata son mecanismos de respuesta a estos riesgos. Sin embargo, pueden resultar totalmente insuficientes en situaciones de abuso de poder o ineficaces en casos de populismos.
En palabras del jurista Carlos Nino , el sistema presidencial "puede ser disfuncional frente a una crisis política, social o económica debido a la falta de válvulas de escape efectivas.” En efecto, dada la rigidez en que se sustenta, no tiene la capacidad de responder con eficacia y eficiencia las demandas y presiones de la sociedad por bienes y servicios públicos. Cuando esto ocurre, el sistema presidencialista puede generar una crisis de gobernabilidad, y por ende, de legitimidad, provocando la desestabilización de todo el sistema político, cuestión de la que América Latina y nuestro país han sufrido en carne propia.
Por otro lado, siguiendo al citado autor, el presidencialismo carece de legitimidad subjetiva, lo que hace que transformaciones sociales, políticas o económicas sean incompatibles con los gobiernos con mayorías simples o relativas. Esto puede generar estadios críticos en la convivencia política, puesto que es perfectamente posible que un gobierno, en la mitad de su ejercicio, se encuentre sin el consenso necesario o en franca minoría parlamentaria para gobernar, situación que hemos conocido en este Gobierno.
En suma, la personalización del poder, la pérdida de legitimidad durante un mandato rígido y la falta o pérdida de legitimidad subjetiva son motivos suficientes para revisar y analizar opciones a un posible cambio -total o parcial- del régimen presidencialista chileno.
Es en este escenario donde se plantea el trabajo de nuestra Comisión, que estuvo integrada por los Diputados señores Enrique Accorsi , René Alinco , Claudio Alvarado , Jorge Burgos , Francisco Chahuán, José Antonio Kast , Osvaldo Palma , Eduardo Saffirio , Alejandro Sule , Ignacio Urrutia , Esteban Valenzuela , y por quien informa, en calidad de Presidente . A todos ellos, les doy las gracias por su participación, presencia, interés, indicaciones y, como ya dije, por su pasión legislativa en esta Comisión.
En un período cercano a casi dos años celebramos numerosas sesiones para recibir en audiencia a los representantes de todo el espectro político, académico y social del país.
Frente a la realidad política constitucional existente en Chile, en el seno de la Comisión se debatió sobre las posibilidades reales de introducir cambios sustanciales a nuestro régimen de Gobierno. En esa línea, se concluyó en tres posibilidades a trabajar:
1) Mantener el tipo de gobierno presidencial, despojándolo de los elementos que concentran el poder en manos del Presidente de la República , reequilibrándolo con los del Congreso, pero sin alterar las bases del régimen presidencial;
2) Reemplazar el régimen presidencial por uno parlamentario, posición que fue de minoría, y
3) Reformar el actual sistema, manteniendo la figura del Presidente de la República en el marco de un gobierno semipresidencial, con la inclusión de un Jefe de Gobierno, inspirados en el caso de Alemania y de Francia, con distintas figuras que estudiamos.
La Comisión estimó que por la naturaleza, importancia y significado que tendría un debate respecto de tan profunda alteración de nuestro sistema de Gobierno vigente, resulta más constructivo que esa discusión se dé aquí, en el Pleno de esta Cámara, reservando el trabajo interno de la Comisión a aspectos puntuales de las diferentes propuestas recibidas durante las audiencias realizadas.
Coherentes con lo anterior, esta Comisión privilegió no hacer propuestas normativas específicas sino que, por el contrario, centrar el análisis en grupos de materias, tales como mejorar el sistema político, crear un régimen de Gobierno más equilibrado entre el Presidente de la República y el Congreso, modernizar la actividad política y los partidos políticos, promoviendo la mayor participación de los ciudadanos en el más pleno y libre ejercicio de sus derechos constitucionales.
Empero, con el propósito de avanzar hacia una línea definida de cambios, se optó en definitiva por someter a votación los tres criterios señalados precedentemente, que fueron argumentados por sus ponentes, sucintamente, en los siguientes términos:
Se expresó que el debate sobre el sistema de gobierno más apropiado para el país tiene un retraso de más de veinte años -en eso hubo gran consenso entre los parlamentarios de los distintos partidos-, y que existe mucho desconocimiento al respecto, que poco se habla de esto, porque el sistema político no está en duda, sino que lo que realmente se pretende es modificar la forma de gobierno. Nadie está pensando cambiar el sistema republicano por uno monárquico u otra figura similar, o al menos nadie lo dijo formalmente.
Para algunos de los miembros de la Comisión, la Constitución vigente tiene problemas severos que no aseguran el establecimiento de un régimen estable y eficaz. Al mismo tiempo, las reformas a la Constitución no necesariamente debieran tender a aumentar los poderes del Congreso Nacional, sino a analizar el conjunto de elementos que conforman el sistema institucional chileno y a tener un sistema de partidos políticos fuerte y democrático, con financiamiento público y controles adecuados, como ocurre en las democracias más desarrolladas.
Se sostuvo que existe un decálogo democrático según el cual un sociedad que se precie de tal no sólo requiere contar con una estructura de poder institucional adecuada, sino también una pluralidad de fuentes de información.
Muy al final del trabajo de la Comisión se abordó el sistema de información que rige a Chile. Asimismo, la necesidad de evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y la existencia de poderes fácticos que realizan lobbys extensos en todo el espectro político.
Además, se debe evitar que grupos sociales enquistados en tales medios se dediquen constantemente a denostar la política con una clara intensión de desestabilizar el sistema democrático para evitar el control y la regulación.
Otros miembros al interior de la Comisión, en cambio, estimaron que el debate en torno al sistema de gobierno no debe darse tanto desde una perspectiva académica, sino por el contrario, desde una óptica más política y programática. Se reconoció la naturaleza pluripartidista de nuestra sociedad y se abogó por el establecimiento de un sistema electoral proporcional; de introducir la figura de un jefe de gobierno distinto del jefe de Estado , al estilo francés; avanzar hacia un federalismo moderado que signifique la elección directa de intendentes y consejeros de manera de consolidar la mayor asignación de recursos en beneficio de las regiones del país, complementándolo con la distribución del poder político.
Asimismo, se sugirió la incorporación de plebiscitos vinculantes y el fortalecimiento de los partidos políticos para que puedan ser organizaciones más participativas, con financiamiento público y con control disciplinario sobre sus militantes, pero con mayor democracia interna. Esto último, mediante la incorporación del sistema de primarias para la elección de sus candidatos y un riguroso control por parte de un organismo independiente que podría ser una Superintendencia de Partidos o nuevas atribuciones para el Servicio Electoral. Sobre este punto fue en el que más nos detuvimos y más aportes hicieron los diputados Saffirio , Accorsi y Valezuela .
Tampoco faltó la mirada más conservadora, que apunta a realizar una modificación moderada del actual sistema, partiendo de la base de que es necesario la mantención de un sistema presidencial que reconozca las realidades de nuestra historia, pero que avance hacia un régimen de gobierno más eficaz y moderno sin alterar la esencia del mismo, ni introducir figuras ajenas a nuestra realidad política constitucional.
En relación con el régimen de gobierno que se estima más adecuado, los diputados señores Alinco , Valenzuela y el informante fuimos partidarios de adoptar un sistema semipresidencial, con la inclusión de la figura independiente de jefe de gobierno. En cambio, los diputados Eluchans y Saffirio fueron partidarios de mantener el actual sistema presidencialista, introduciéndole cambios que atenúen la concentración de poderes de que goza el jefe de Estado , pero sin que éste pierda su calidad de jefe de gobierno.
Durante el trabajo realizado por la Comisión se recogieron diversas propuestas de la más diversa índole y que la Comisión ponderó en relación con la mayor o menor incidencia que ellas tenían en la estructuración o perfeccionamiento de nuestro régimen de gobierno.
Del mismo modo, se desecharon aquellas sugerencias que sólo se referían a cambios normativos, concentrándose las opiniones de los integrantes de la Comisión en los temas que se consideraron más relevantes y que dicen relación con las siguientes materias:
a) Establecer la compatibilidad de los cargos parlamentarios con los de ministros de Estado . Al respecto se estimó que era necesaria una modificación esencial para hacer más fluidas las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Esta discusión se dio en el marco del nombramiento de la entonces diputada del PPD , señora Carolina Tohá , como ministra secretaria general de Gobierno;
b) Reforzar la figura del ministro coordinador del Gabinete de forma tal que se constituya en el jefe de gobierno y poder delegado del Presidente de la República . Aquí hubo consenso tanto de quienes planteábamos la figura del primer ministro junto al Presidente , así como de los que estaban más bien por mantener la actual estructura;
c) Se acordó explorar la modificación del sistema electoral. Sobre este punto, varios señores diputados estimaron que la modificación del sistema electoral es esencial, por cuanto el sistema binominal es un subsidio a la segunda mayoría, que impide una debida representación de las mayorías y minorías en el Congreso Nacional. A lo anterior debería sumarse la inscripción automática, el voto voluntario y el voto de los chilenos residentes en el extranjero, que son instituciones que fortalecen la participación y la democracia.
En general, en esto hubo gran consenso. Sin embargo, en este último punto, respecto del voto de los chilenos en el extranjero no hubo pleno consenso, pues existen algunas opiniones que consideran adecuado mantener el actual sistema electoral que consideran tan democrático como los demás, aunque reconocen que requiere enmiendas que colaboren a que sea más competitivo y existan mayores opciones de elegir para la ciudadanía;
d) Elección de consejeros regionales y otras autoridades regionales. Como en el punto anterior, se consideró que la designación de las autoridades regionales por parte del Presidente de la Republica es una muestra del presidencialismo y un centralismo exacerbado, lo que hace necesario que los cargos de intendentes y consejeros regionales sean de elección popular, cuidando que los cambios no conduzcan a una estructura federalista.
Me detengo un instante en este punto, por cuanto la reciente reforma constitucional de la ley N° 20.390 establece la elección directa del presidente del consejo regional y de los consejeros regionales, tal como lo propuso esta Comisión antes de esa votación;
e) Fortalecimiento del Servicio Civil o alta Dirección Pública. Existió gran consenso en cuanto a que la profesionalización de la Dirección Pública es fundamental para una administración eficaz y eficiente que sea capaz de recuperar el valor del servicio público. Sin embargo, se estimó necesario crear los mecanismos que permitan que la Alta Dirección Pública, junto con promover la eficiencia, sea capaz de convivir con el mandato soberano que se le ha otorgado a la autoridad democráticamente electa;
f) Perfeccionamiento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y la asesoría parlamentaria. Igualmente, hubo acuerdo general sobre la necesidad de perfeccionar las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, lo que implica, entre otras cosas, precisar con claridad la exclusividad de estas facultades y generar una normativa que permita un mayor control sobre las respuestas del Gobierno a la petición de antecedentes, a los plazos y a la calidad de las respuestas.
Se señaló en la discusión de este punto que el desprestigio del Congreso Nacional se debe en parte a la falta de comprensión de la función parlamentaria. A menudo, los diputados y senadores son evaluados por sus electores de acuerdo con la cantidad de gestiones que fueron capaces de realizar en sus distritos o circunscripciones, confundiéndose sus funciones con las que les corresponden a los alcaldes, seremis, intendentes o ministros. A los parlamentarios en general y a la Cámara de Diputados en particular, les corresponde de manera primordial una tarea legislativa y fiscalizadora, lo que hace necesario reforzar la asesoría parlamentaria con equipos de especialistas que fortalezcan la figura del parlamentario en su rol legislativo y dotar a la Cámara de mayores atribuciones fiscalizadoras. Aquí también nos detuvimos y hubo gran consenso en inspirarnos en el modelo norteamericano de asesoría legislativa;
g) Incorporación de iniciativa popular y perfeccionamiento del procedimiento legislativo. En esta materia se estimó que la participación ciudadana es fundamental para una mejor eficiencia y eficacia de las políticas públicas. Para conseguir este fin se requiere establecer plebiscitos vinculantes en todo órgano de decisión; perfeccionar el procedimiento legislativo creando un órgano de control sobre la implementación de las leyes, vale decir, hacer una evaluación de su trazabilidad, eficiencia e impacto; establecer el derecho de autor legislativo y un control mayor sobre los proyectos de ley para evitar la duplicación excesiva de leyes; implementar un sistema de calificación mixta o un sistema parecido al inglés donde se deja un día a la semana para discutir las mociones parlamentarias; eliminar la iniciativa exclusiva o, como alternativa, que los mensajes cuenten con cierto acuerdo parlamentario previo.
De vital importancia se consideró la necesidad de contar con un mejor sistema informativo sobre las iniciativas que se ven en el Pleno; definir la agenda legislativa los días viernes o lunes de cada semana; la fijación de plazos para presentar indicaciones y que éstas sean conocidas por todos los parlamentarios, independientemente de si pertenece o no a la comisión; revisar el sistema de urgencias y la facultad de veto del Presidente de la República ;
h) Determinar la composición del Congreso Nacional: unicameral o bicameral. En la discusión de esta materia se sostuvo por algunos señores diputados que el sistema bicameral favorece la estabilidad de las políticas públicas y se evitan decisiones apresuradas. A la luz de otras opiniones esta dualidad debería revisarse, porque en la práctica no se da una diferencia de roles sino que, muy por el contrario, existe una confusión de funciones. Muchos senadores infringen la constitución cuando se dedican a fiscalizar y, además, en un gobierno con mayorías divididas el proceso legislativo se torna en inmovilismo y lentitud legislativa;
i) Elección de una Asamblea Constituyente. Se planteó al respecto que las alternativas para hacer efectivas las reformas incorporadas en este análisis pasan por la posibilidad de reformas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución o la elección de una Asamblea Constituyente.
Como diputado informante leo lo acordado por la Comisión y me reservo mi opinión más particular: Considerando que todas las Constituciones en Chile han emanado de regímenes autoritarios y que la existencia de un sistema electoral que subsidia a la segunda mayoría produce serias dificultades para modificarla, la Asamblea Constituyente se convierte en la única alternativa lo suficientemente eficaz y legítima para abordar tales transformaciones. Se sostuvo, incluso, que en Chile el Poder Constituyente Legítimo , el pueblo, nunca tuvo ni ha tenido un “momento constitucional” en el que la población pueda definir su identidad y proyecto país; por el contrario, las constituciones siempre han sido impuestas por poderes poco representativos y, en algunos casos, de origen ilegítimo;
j) Duración del período presidencial y posibilidad de reelección. En este aspecto hubo diversidad de pareceres: en tanto que algunos señores diputados fueron de opinión de mantener el período de cuatro años con reelección y simultaneidad de elecciones. Otros estimaron que cuatro años es un período aceptable de tiempo para llevar a cabo un programa de gobierno. En este último caso, el período de cuatro años debería favorecer a los candidatos para que preparen sus planes antes de llegar al gobierno y no lo hagan durante su mandato.
Por último, se argumentó que la elección de presidente cada cuatro años contribuye a una mayor expresión de los ciudadanos respecto a la conducción ejecutiva del Estado, y
k) Regulación de la existencia de un Consejo General del Poder Judicial para que asuma el gobierno de dicho Poder. Finalmente, sobre este punto la Comisión resolvió que no era necesario efectuar cambios sustanciales al actual sistema de gobierno del Poder Judicial, el que ha dado muestras de imparcialidad y de independencia del poder político. Sobre este último punto, también hubo disenso.
Seguramente muchos son los temas que requieren la atención de la Cámara, reformas que acentúen y mejoren nuestro sistema político y de gobierno, que fortalezcan la participación ciudadana y que aseguren los derechos de todos los ciudadanos, particularmente el de las minorías y las etnias, y que de seguro requerirá de nuevos esfuerzos similares al realizado por esta Comisión.
Termino simplemente felicitando a mis colegas. El esfuerzo que hicimos durante dos años, con sesiones asiduas y, como decía Cantinflas , simultáneas y sucesivas, tuvo un éxito que para mí es inédito.
Hace veinte años Eugenio Ortega presidió una Comisión que no votó sus conclusiones, sin embargo, el texto que resume lo que desarrolló fue base para el presente informe.
Quiero invitar a los diputados a considerar que el esfuerzo de los miembros de la Comisión, desde sus identidades y desde sus diferencias, tuvo por objeto rescatar la política, no sólo para los chilenos sino que para devolver al Congreso Nacional el centro de su legitimidad.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.-
Señor Presidente, pido que la misma entendible tolerancia que tuvo con el tiempo usado por el diputado informante, la tenga también con las intervenciones de los diputados de las distintas bancadas, atendida la importancia de la materia.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Señor diputado , le aclaro que el diputado Marco Enríquez-Ominami solicitó la aplicación de la norma reglamentaria que permite extenderse por 15 minutos para terminar de rendir el informe.
El señor BURGOS.-
Está bien señor Presidente, pero hubo tolerancia respecto del tiempo prefijado, lo que me parece entendible, incluso, creo que no fue suficiente.
Simplemente, le pido que aplique la misma tolerancia, si es posible. Si no lo es, no importa.
Señor Presidente , el informe general es más descriptivo que conclusivo, al menos en los grandes temas. Es probable que, como dije antes, faltara algo de tiempo y, a mi juicio, respecto de los temas conclusivos, un trabajo más riguroso, con propuestas más institucionales.
Pero, más allá del informe y atendido el momento en que se manifiesta, déjenme decir un par de cosas que, a mi juicio, son atendibles y tienen que ver con el tema de fondo.
¿Es factible una reforma política? ¿Es necesaria una reforma política en Chile? Claramente, es mucho más necesaria que factible, al menos con los mecanismos que la Carta Fundamental de 1980 otorga para cualquier reforma institucional de envergadura.
Todos sabemos que el resultado parlamentario de 2009 no va a permitir convertir en viable lo necesario, aunque el tema de la reforma se convierta en un punto central de las campañas políticas. Los resultados podrán traer novedades o más novedades que las acostumbradas en materia parlamentaria, pero su magnitud no alcanzará, ni con mucho, para abrir los cerrojos que habiliten las reformas políticas necesarias.
Prefiero hablar de reformas que de nueva Constitución; más bien veo, en el mediano plazo, una nueva Constitución como resultado de un esfuerzo de negociación transversal que, eventualmente, pueda concluir en una nueva Carta Fundamental.
En ese tema, reconozco que tengo una opinión muy personal, pues pertenezco a un partido y a un conglomerado en el que se ha instalado fuertemente el tema de una nueva Constitución, sí o sí. En general, siempre he creído que la necesidad de nuevas Cartas Fundamentales tiene más que ver con épocas refundacionales; no tengo para nada claro que hoy nuestra sociedad esté en esa condición o situación. Colocarnos en esa disyuntiva es más bien artificial y puede producir sensaciones de inestabilidad.
Los procesos tipo Chávez, Morales , Correa, lejos de producirme admiración, me producen serias dudas y, más bien, reproches. Creo indispensable abocarse a reformas políticas; su postergación indefinida, amparados en los candados aún vigentes, me parece altamente irresponsable y hay efectos graves, por ejemplo, en la participación ciudadana.
¿Qué reformas me parecen más urgentes? Sistema electoral: la permanente polémica sobre el sistema electoral vigente desde 1989 debería dar paso a la búsqueda de un acuerdo modificatorio en la materia. Hay una propuesta muy interesante, de hace mucho tiempo, del ex senador Edgardo Boeninger y me limito sólo a recordarla para no excederme en el uso del tiempo.
Reforma al sistema de partidos políticos, la que debe incluir, a mi entender, al menos los siguientes aspectos: mecanismos de selección de candidatos, participación de los militantes en la formulación de la voluntad partidista, elección de las autoridades, etcétera.
Reforma sobre gasto y financiamiento electoral. Los acuerdos Insulza-Longueira de 2003 fijaron un antes y un después, pero, por cierto, hay un trecho gigantesco para avanzar.
Ahí están los puntos centrales de lo que debe ser la reforma política. Obviamente, el tema de fondo respecto de lo señalado en el informe requiere de un esfuerzo mayor. En ese sentido, puede ser un elemento de utilidad la propuesta del candidato de la Concertación de crear una comisión de alto nivel, como la de la pobreza y otras, que proponga al Congreso Nacional grandes reformas en el sistema político, donde podrá servir de insumo esta propuesta que, insisto, es más descriptiva que conclusiva.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.-
Señor Presidente , el trabajo de esta Comisión es lo más concreto que hay, nada tiene de sugerente o descriptivo. Es bueno que el país lo sepa. La Comisión votó, y ahora viene diciembre para que la gente se defina, porque aquí hay visiones políticas que, en vez de repetir lo hecho por occidente, de elegir los intendentes, fortalece el poder presidencial.
La propuesta del diputado que me antecedió en el uso de la palabra plantea que los presidentes, incluso tengan más poder, disolviendo la Cámara de Diputados, en vez de apuntar a un sistema semipresidencial, que postula todo lo contrario: obligar a la mayoría política a tomar en cuenta las agendas de los distintos grupos políticos y sus visiones para generar fórmulas de compromiso que van más allá del carisma de una persona, lo que tiene que ver con reivindicar la política y lo que los distintos grupos de la sociedad representan en ella.
Segundo, es muy claro que una mayoría es partidaria del sistema proporcional y así quedó de manifiesto en la Comisión. La mayoría de la Comisión es partidaria de primarias obligatorias. El diputado Burgos y otros colegas tuvieron reparos al respecto, niegan esa idea con el argumento de que algunos quieren destruir los partidos y no sé qué cosas más.
Estamos por una modernización democrática, construcción de fuerzas políticas efectivamente democráticas, donde la soberanía también resida en sus militantes. Para ello no es necesario balbucear o prometer eso, sino que practicarlo y hacerlo para las primarias, para seleccionar los postulantes al Congreso Nacional, a los municipios y para qué decir de los candidatos presidenciales; es cosa de ver la historia reciente del país.
El informe tiene un foco reformista, innovador y progresista, plantea la iniciativa popular de ley y la posibilidad de que existan cuotas en el caso de las minorías, a propósito de discusiones pendientes en el Congreso Nacional, en el caso de participación de los pueblos originarios y de las mujeres.
Como lo enfatizó muy bien el diputado Marco Enríquez-Ominami , el debate político no es abstracto; tiene que ver con la lógica que se encara el país, cómo se dinamiza.
En un informe reciente, Dirk Messner insiste en que una de las razones del rezago en equidad regional que existe en Chile es que no ha querido elegir gobiernos regionales que tengan autonomía, que dinamicen sus actividades, que peleen sus cosas, que hagan sus apuestas de desarrollo, que generen sus propios modelos y escuelas de gobernabilidad, de intervención social, de fomento económico, como sucede en todos los países desarrollados.
Entonces, estamos ante un informe diferente al de 1991, en el que Eugenio Ortega encabezó un debate teórico, en el que participó el ex director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Católica, Oscar Godoy ; Juan Linz , Giovanni Sartori y otros grandes cientistas políticos que debatieron sobre la insuficiencia del excesivo presidencialismo centralista paternalista chileno y la necesidad de que la nueva democracia fuese, sin miedo, a un modelo de mayor distribución del poder, de mayor responsabilidad, de corresponsabilidad de los ciudadanos y de sus comunidades en el desarrollo; a una mayor dignificación del propio Parlamento como espacio de los grandes acuerdos políticos; el enriquecimiento de agendas, y como también lo dijo el diputado informante , Marco Enríquez-Ominami , quien lideró e impulsó esta Comisión como válvula de solución de conflictos en caso de crisis, ese debate del 91 quedó inconcluso.
Por tanto, es bueno tener la posibilidad de que esta tarde refrendemos lo acordado por esa mayoría que se construyó con parlamentarios de la Concertación, como los diputados Enrique Accorsi , quien dio su aprobación a las proposiciones; René Alinco , quien se pronunció favorablemente sobre estas visiones más reformistas, y la actitud en muchos puntos constructiva de los diputados Saffirio y Chahuán, entre otros.
Ojalá que el informe se vote hoy, que el Congreso Nacional no tenga miedo y demos una señal de innovación, reformismo y de más democracia en el sistema político, como lo planteamos los diputados Álvaro Escobar , Marco Enríquez-Ominami y quien habla.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero manifestar que valoro el esfuerzo realizado por estudiar el tema. En segundo lugar, también valoro las palabras expresadas por el diputado Burgos, con quien tengo algunas coincidencias en sus planteamientos.
Un régimen político es producto de la necesidad de la historia de un pueblo en un momento determinado. En esa perspectiva, todos los cientistas políticos señalan marcos referenciales.
Si uno revisa los escritos de Giovanni Sartori, por ejemplo, se da cuenta de cómo era la sociedad chilena hasta 1973, con una democracia poco participativa, que tenía empoderados exclusivamente a los partidos políticos y que, además, se caracterizaba por el tremendo defecto de mantener un sistema multipartidista extremo, como lo llama el cientista político recién citado, a lo cual se sumaba un sistema electoral proporcional. Todo ello comprueba que el sistema era altamente volátil. La prueba de ello es que terminó por reventar.
En ese sentido, deseo referirme a algunos comentarios del diputado señor Burgos respecto del sistema electoral, quien acertadamente afirma que no existen sistemas electorales democráticos o antidemocráticos.
Es bueno que eso se comience a plantear en esta Sala, porque es la verdad. Los sistemas electorales son mecanismos que escoge la sociedad. Y si ésta es democrática, el mecanismo será tanto o más democrático como lo es la sociedad. Sostener una cosa distinta, es no conocer la ciencia política.
Por otro lado, quiero hacerme cargo de otros comentarios del diputado Burgos sobre el sistema electoral binominal.
No debemos olvidar que, según los analistas, las sociedades multipartidistas extremas, como fue el caso chileno, con sistemas proporcionales tienden a ser altamente inestables. Por el contrario, las sociedades democráticas estables son las que usualmente tenían sistemas o binominales o bipartidistas, con sistemas de partidos o moderados o bipartidistas.
El constituyente del ochenta se da cuenta de esa realidad y asume que para dar estabilidad al país es menester instituir, básicamente, un sistema electoral que ayude a evitar el multipartidismo extremo.
Hoy, todos, querámoslo o no, debemos estar conscientes de que esa fue la realidad. Los partidos más extremos han ido desapareciendo y esta sociedad ha podido entenderse porque, efectivamente, el sistema electoral lo ha permitido.
Luego, es preciso destacar dos aspectos. Primero, el sistema electoral es perfectible. Segundo, no tiene nada de antidemocrático escoger uno u otro. Lo que está claro es que los partidos políticos deben aprender a amoldarse al régimen que se busca establecer.
De hecho, hasta antes de 1973, en cuanto al peso de los partidos, quien poseía un timbre tenía un peso que no era razonable respecto, incluso, del nivel de magnetismo de un postulante.
De ahí, las posibilidades de realizar lo que hoy se está haciendo –por ejemplo, que el diputado informante de esta Comisión sea candidato presidencial- sólo se dan gracias al sistema. En un régimen en el que hubiese un control exacerbado de los partidos, claramente no podría existir.
Por lo tanto, estamos frente a una discusión legítima, pero que tiene mucho de aventura, porque se ha intentado “perfeccionar”. Para algunos ha sido perfeccionamiento, para otros no lo ha sido.
Entiendo que una Constitución que establece un determinado régimen, tampoco puede ser materia de discusión permanente y sistemática.
Hay que dar una estabilidad razonable al país, lo que hasta aquí se ha dado en materia económica y política. Desconocer esto, es querer tapar el sol con un dedo.
En consecuencia, si bien valoro la discusión académica, no será posible sociabilizar de manera rápida las distintas opiniones que figuran en el informe. Todas son legítimas, sin perjuicio de lo cual se debe poner en primer lugar el destino del país, el bienestar de la gente y la tranquilidad de nuestro pueblo. En esas prioridades debemos centrar de mejor manera el régimen político al cual queramos llegar.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.-
Señor Presidente , valoro enormemente la posibilidad de llevar a cabo este debate sobre el régimen político que deseamos implementar con la participación de todos. Esto representa un tremendo paso adelante; en esa dimensión lo valoro.
Los aportes entregados fueron realmente importantes. Iniciativas como éstas deberían ampliarse a lo que hacen otros parlamentos del mundo. Por ejemplo, en el de Finlandia se formó una comisión de futuro que está legislando para veinte años más. Por las actuales condiciones, aquí eso sería impresentable.
Valoro la discusión, porque puso en el tapete la participación ciudadana, muy relevante en estos tiempos. Me gustaría que los ciudadanos tuvieran una palabra más de fondo, sobre todo en los problemas medioambientales, de salud y de vivienda. Muchas veces las discusiones no recogen lo que se manifiesta.
Hemos planteado la posibilidad de hacer algunas reformas al sistema binominal. Creo que hay una apertura muy importante.
Tenemos una asimetría gigantesca entre el Ejecutivo y el Legislativo. En la actualidad, fuera de la fiscalización, el Congreso Nacional prácticamente no tiene ningún tipo de atribuciones, y muchas veces debemos adoptar posiciones extremas para negociar con el Ejecutivo , a fin de manifestar nuestro rechazo a tal o cual partida o al del acuerdo con alguna iniciativa. Pero ésa es una condición de fuerza, no de diálogo.
Creemos, que es necesario revisar, por ejemplo, el sistema bicameral, pues hemos aprobado más de 300 iniciativas que, por una serie de razones, no se pueden debatir en el Senado, lo que entraba la vida nacional.
Por otro lado, se abre la posibilidad de establecer plebiscitos vinculantes que, a mi juicio, es un sentido anhelo de toda la ciudadanía. Uruguay nos dio un ejemplo al plebiscitar el voto de los uruguayos en el extranjero, que fue rechazado. La posibilidad de incluir el plebiscito vinculante no la tenemos. Su instauración refrescaría mucho las acciones políticas y los debates futuros.
En cuanto a los partidos políticos, qué duda cabe que nuestras instituciones políticas necesitan una reforma con urgencia. Creemos que es una materia muy importante.
Por otra parte, uno de los invitados a la Comisión planteó la necesidad de llevar a cabo una reforma a la administración pública. Hemos visto que en otros países los funcionarios que trabajan en distintos niveles deben tener cierto grado de preparación, por lo que se hace necesario profesionalizar la administración pública a través de concursos vinculados a los conocimientos técnicos.
Se trataron muchas otras materias, pero donde hubo mayor consenso fue en la imperiosa necesidad de contar con una reforma constitucional. ¡Que mejor sitio que el Congreso para debatirla!
Me parece destacable lo que se ha hecho, es un tremendo hito. A lo mejor no le dimos la debida importancia a esta Comisión, que se haya tomado como una más de tantas que se han creado, pero valoro enormemente las proposiciones que se formularon en ella, porque necesitamos cambiar el sistema actual, ya que está obsoleto. Así lo ha manifestado la ciudadanía, pues no concuerda con lo que hacemos políticamente, creen que es necesaria una reforma. Ése es el mensaje que nos están entregando.
Una vez más, celebro el trabajo de esta Comisión. Creo que deberíamos aprobar su informe y hacer otros esfuerzos para tener acuerdos en esta materia, ya que es esencial para enfrentar los años que vienen, el bicentenario y lo que queremos ser como nación en veinte años. Con la misma estructura no vamos a avanzar con la celeridad que requieren los cambios en el mundo actual.
Imagínense que aún no tenemos ni Ministerio del Medio Ambiente ni Ministerio de Energía, que se relacionan con temas esenciales que se están debatiendo en el mundo. Chile no había sido capaz de crear la correspondiente institucionalidad y sólo hoy recién está a punto de nacer.
Entonces, como políticos, como Cámara de Diputados, debemos cuestionarnos si lo estamos haciendo bien con los elementos que tenemos. Me parece esencial una reforma a nuestro sistema electoral y el que crea que todo está bien, igual que el gatopardo, mejor que se quede en su casa, porque en esta materia se necesita un cambio importante.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente , el debate en torno a la temática planteada ha sido bastante reductivo en los últimos veinte años, por razones que no tengo tiempo de detallar, pero que voy a ir mencionando en frases casi expresionistas.
El problema de este sistema político es la crisis de la política, la pérdida de la calidad democrática y no de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Poner énfasis en ese factor, a mi modo de ver, es equivocar el camino. Enfrentar los problemas que hoy tiene la política y la institucionalidad democrática en nuestro país supone ir mucho más allá de las relaciones entre uno y otro Poder, que es lo que técnicamente corresponde al tipo de gobierno.
Lo voy a decir con una sola pregunta, ¿alguien cree que con un tipo de gobierno parlamentario o semipresidencial, con todas las demás variables políticas constantes, la situación de desprestigio de la política sería distinta de la actual? Lo dudo. De hecho, la popularidad de la Presidenta de la República nos muestra que no es el tipo de gobierno presidencial la fuente o la expresión de los problemas en lo central.
Por eso, la candidatura presidencial de Eduardo Frei ha puesto el énfasis en lo correcto, cuando habla de una reforma política para dotarnos de una nueva carta constitucional y la semana pasada menciona 25 puntos para mejorar la calidad de la política, que creo es el tema central.
Me parece que estamos con problemas severos desde el punto de vista de lo que es una democracia de buena calidad. No me niego a ninguna reforma que signifique profundizar fórmulas de democracia participativa, pero, debemos preocuparnos de que su arquitectura funcione bien, porque, de lo contrario, podemos llegar a un híbrido que es el peor de los mundos. Las democracias contemporáneas pueden ser complementadas en su línea representativa con fórmulas de participación, pero no pueden ser sustituidas; sobre eso, a mi juicio, hay consenso absoluto en el mundo académico y en la inmensa mayoría de quienes están en política.
Veo en esta democracia problemas serios: Primero, Robert Dahl y Giovanni Sartori han mencionado que debe haber pluralismo en las fuentes de información, como requisito fundamental para que haya una democracia y una esfera pública de calidad. En Chile esto no existe y parte de las campañas sistemáticas de desprestigio de la política tienen que ver con la concentración de los medios de comunicación en personas naturales, ni siquiera en grupos de poder. Personas naturales, canales de televisión, cadenas de periódicos, etcétera.
Segundo, en el avance del incivismo tenemos un problema grave, y la democracia es el régimen más exigente de todos desde el punto de vista de la calidad que pide a los ciudadanos. Por eso, los clásicos hablaron siempre de la virtud, entendida como preocupación por lo público, como amor a la patria, como un elemento central de los regímenes democráticos.
Tercero, tenemos un problema brutal con un actor esencial en la marcha de las democracias contemporáneas: los partidos políticos, que están absolutamente debilitados en esta sociedad. El derecho positivo chileno define el concepto de partido político, técnicamente, como un grupo de presión. No tengo tiempo para explayarme, pero desde el punto de vista del derecho público y de la doctrina constitucional está errado.
Nuestro sistema electoral presenta severos y crecientes problemas en su legitimidad, porque sólo apunta a una de las facetas que tiene como tarea, pero con grandes problemas en la capacidad de representación.
Entonces, se trata de que enfrentemos sistemáticamente la reforma política en esta sociedad, porque, de lo contrario, si ponemos énfasis sólo en el tipo de gobierno, vamos a colar el mosquito y nos vamos a tragar el camello, por usar una frase de un libro muy importante.
El señor ULLOA ( Presidente accidental ).-
Concluyó su tiempo, señor diputado .
El señor SAFFIRIO.-
Señor Presidente, termino de inmediato.
La Cámara de Diputados no debe creer que va a superar sus problemas de prestigio sólo cuando se produzca un cambio del tipo de gobierno, sino, primero, cuando los partidos cumplan bien con su función de reclutamiento; segundo, cuando se termine con la farandularización de la política y se afirme el autoconcepto de la dignidad de parlamentarios; tercero, cuando no se abuse, para armar escándalos políticos, las comisiones investigadoras, y cuarto, cuando se tome en serio el problema de asimetría con el Poder Ejecutivo y se busquen fórmulas de aseso-rías permanentes y consistentes con el trabajo parlamentario.
He dicho.
El señor ULLOA (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , voy a comenzar mi intervención citando a los presidentes Allende, Frei Montalva y Jorge Alessandri respecto de una misma idea. No son muchos los temas en los cuales puedan encontrarse opiniones coincidentes que hayan sido compartidas por los últimos tres Presidentes de la República antes del régimen militar.
Para describir las razones por las cuales les resultaba imposible conducir sus gobiernos hacia un buen puerto y las causas de la parálisis política que vivía Chile, tres ex mandatarios coincidían en lo mismo: no tenían la capacidad para gobernar debido a que no contaban con un Congreso que les permitiera hacerlo.
Parto diciendo esto porque, dentro de las características fundamentales del régimen político que nos rige, se encuentran presentes fórmulas discutibles, como todas, pero que se pensaron para solucionar el problema que los últimos tres presidentes antes de la interrupción de la democracia destacaron como central en lo que percibían como un fracaso de sus gestiones presidenciales: la incapacidad de gobernar dado que carecían de facultades y de mayorías en el Congreso que les permitieran avanzar con sus programas de gobierno y, en definitiva, gobernar.
La relación entre el Presidente de la República y el Congreso Nacional, como también entre el conjunto del poder político y la sociedad entera, es un objetivo específico de nuestro sistema político binominal. Dicha fórmula, que se encuentra presente en nuestro sistema político, y en la Constitución Política actual, precisamente buscaba solucionar ese problema instalado en el corazón de nuestra democracia antes de 1973.
No puedo dejar de referirme a la oportunidad de este documento. El diputado señor Enrique Accorsi dijo: “Qué duda cabe de que nuestro sistema político está obsoleto.”. Para mí, la duda es obvia. En verdad, no veo el problema que él ve. Puedo estar equivocado, pero, sospecho que en Chile no hay una crisis del régimen ni del sistema político que requieran de urgentes cambios, como si fuera el final de los tiempos, como lo planteaban el diputado aludido y otros. Por el contrario.
Ese colega afirmó que éste es un sistema obsoleto. Incluso, aludía a la opinión pública en función de promover un cambio de régimen que potenciara el parlamentarismo versus el presidencialismo.
Como lo dijo, con mucha honestidad intelectual, el diputado Saffirio , si se le pregunta a la gente sobre este tema, no cabe duda de que, pese a todo lo que nos quejemos de los excesos del presidencialismo, las grandes críticas de los chilenos a la política, como en todas partes del mundo, se centra en la conducta de los congresos, incluso en regímenes con congresos bastante más potentes que el chileno. Pero el problema es más agudo en Chile. De manera que, como sugería el diputado señor Accorsi , si pusiéramos el oído atento a lo que la gente intuye como el origen del grueso de los problemas de la política en el mundo, y no sólo en Chile, constataríamos que piensan en instituciones como ésta y no en los excesos del presidencialismo.
Me atrevo a asegurar que un análisis mínimamente objetivo de la historia política chilena y latinoamericana, de sus problemas y de las causas de sus crisis nos llevarían a concluir que son siempre los mismos tres factores: los excesos del parlamentarismo, la inestabilidad de sus instituciones y el déficit fiscal en que tienden a asentarse nuestras democracias.
Y sucede que, al final, si uno busca hilos conductores de los cambios que se promueven, observa que éstos pasan por un cambio institucional en función de aumentar el poder del Parlamento versus el del Presidente de la República , y muchas de las cuestiones que más incomodan a las opiniones mayoritarias de este informe son normas que están en el origen y explican la salud fiscal de este país.
No es coincidencia ni mérito exclusivo de la brillantez de nuestros gobernantes de los últimos veinte años que hayamos tenido esta etapa, sin precedentes en nuestra historia previa, de estabilidad política, de paz social y de progreso económico. Es el resultado de las instituciones en aplicación. Ahora, si a alguien eso le produce sensación de crisis, no la comparto. No hay crisis institucional en Chile; no existe.
Ahora bien, se podría sostener que en Chile el Presidente de la República es demasiado poderoso e influyente. Es una sensación que puede tener el Congreso Nacional, pero en pocas Constituciones del mundo se encuentran tantas instituciones y limitaciones al poder presidencial, y tan bien logradas, como la de Chile.
Pretender que lo único que importa es la relación entre el Presidente de la República y el Congreso es algo que hasta los niños que estudian en la educación básica, donde les enseñan los poderes del Estado, entienden que ya no es así. No es como nos enseñaron a nosotros: el triangulito que mostraba a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en que lo que no tenía uno, lo tenía el otro.
En Chile, el poder está repartido entre bastantes más instituciones. En materia económica, hay un Banco Central independiente, en cuyo origen participan poderes distintos. Y actúa con cuotas de independencia fundamentales. El contralor también tiene rangos de autonomía importantes. Existe el Tribunal Constitucional, que es central y que tiene facultades importantes, con grados de autonomía enormes. Además, hay grados importantes de autonomía en el Poder Judicial . La generación de sus autoridades tampoco depende del Presidente de la República de turno.
Entonces, por donde uno mire se da cuenta que en Chile el poder no consiste en una repartija entre tres, como nos enseñaron en el colegio, sino que éste está distribuido en una mesa que tiene, al menos, ocho o nueve patas distintas en las que se apoya nuestro entramado constitucional.
Por lo tanto, no se trata de que en Chile se hayan quitado facultades al Congreso Nacional para dárselas al Presidente de la República . Se estableció un sistema electoral que garantice que siempre existan mayorías con el Presidente de República o que le falten dos o tres votos para constituir mayorías en el Congreso, y así el Presidente pueda avanzar con su agenda legislativa, para que gobierne y para que no le pase lo que le pasó a Allende, a Frei Montalva o a Jorge Alessandri , que ganaban una elección y al día siguiente tenían dos tercios de esta honorable Cámara en contra, y sus gobiernos se frustraban permanentemente. Me dicen que los llamaban “de doble minoría”. No estaba vigente en esa época, pero celebro que diputados que sí lo estaban en ese entonces me lo recuerden.
Había una parálisis permanente. No nos hagamos los “cuchos”. Es evidente que el sistema binominal genera discrepancias, pero su origen apunta a lo que mencioné. Para juzgar un sistema, hay que hacerlo en función del propósito que buscaban quienes lo establecieron: que el gobierno que sea cuente con una mayoría garantizada o bien esté a pocos votos de obtenerla, para poder legislar.
Si se compara la historia de Chile con la triste historia de estancamiento político en Latinoamérica, considerando sus períodos más oscuros, se descubre que los factores son siempre los mismos: exceso de parlamentarismo, déficit fiscal y falta de estabilidad institucional.
Así como el diputado señor Accorsi celebraba que el Parlamento de Finlandia legislara para los próximos veinte años, nuestra bancada está feliz de anunciar que aprobará el informe en debate, para que sus contenidos comiencen a regir, eso sí, en cien años más. Claramente, tenemos mucha más visión que los finlandeses, pero Chile no necesita hoy de estas directrices.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.-
Señor Presidente , en la Comisión especial que tuve el honor de integrar llevamos a cabo un interesante debate sobre la historia política y constitucional del país, con la colaboración de destacados profesores universitarios en la materia. Abordamos diversos tópicos relativos a lo que debería ser un nuevo régimen político adecuado a nuestra idiosincrasia.
A partir de las diversas materias sobre las que versó el debate arribamos a consensos básicos, en especial a la necesidad de contar con un régimen semipresidencial, ya que en la actualidad existe un presidencialismo exacerbado en el que no existen controles adecuados y balances necesarios para mantener un sano sistema democrático. Por su parte, el Congreso Nacional se ha convertido en un mero colegislador, por cuanto el verdadero legislador es el Poder Ejecutivo .
Por otra parte, se hace necesario separar la función de jefe de Estado de la de jefe de Gobierno , para lo cual considero que debe institucionalizarse la figura del ministro coordinador, que cuente con las facultades necesarias para cumplir con esa importante función. A mi juicio, deberíamos experimentar con esta figura jurídica, que puede ser transicional para la creación del cargo de Primer Ministro , vigente en otros ordenamientos constitucionales. Se trató de una materia debatida en la Comisión, pero no logró consenso unánime.
En lo que respecta al funcionamiento de los partidos políticos, deben efectuarse elecciones primarias para la designación de candidatos a elecciones de cargos de representación popular. Esta idea la he propuesto a través de proyectos de ley suscritos junto con los diputados Álvaro Escobar , Tucapel Jiménez , Marco Enríquez-Ominami y otros.
En lo que se refiere al Congreso propiamente tal, soy partidario del unicameralismo, por cuanto permite una mayor expedición en la tramitación de los proyectos de ley, con facultades fiscalizadoras realmente acotadas y definidas, y con un buen equipo de asesores que coopere tanto en la labor legislativa como en la fiscalizadora.
En cuanto a la legislación propiamente tal, soy firme partidario de que exista la iniciativa popular de ley, como lo planteé en una reforma constitucional que presenté hace tres años, institución que, por lo demás, ya existe en otras naciones. La propia Presidenta de la República señaló, el 21 de Mayo recién pasado, que patrocinaría esa iniciativa, que coincide con otros presentados por senadores y diputados.
También manifesté mi parecer favorable a la elección directa de los consejeros regionales, manteniendo la designación de los intendentes por parte del Presidente de la República ; con todo, es necesario separar los cargos de intendente del de presidente del Consejo Regional , cargo que debe ser de elección popular.
Este interesante intercambio de ideas que se produjo en el seno de la Comisión, respecto de temas de tanta importancia para nuestra marcha política y constitucional, nos debe llevar necesariamente a elaborar una serie de reformas a la Carta Fundamental, pero sin que sea necesario crear una Asamblea Constituyente, como han planteado algunos miembros de la Comisión o representantes de diversas colectividades políticas, por cuanto no nos encontramos inmersos en una crisis institucional, como ocurrió en otros países y que hizo necesario crear entidades de este tipo.
A mi juicio, necesitamos reformar la institucionalidad jurídica que conforma la estructura constitucional de Chile, con una visión de país de largo plazo para enfrentar los años venideros, con un sistema político moderno, estable y que permita los adecuados controles entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo , sin que haya un desmedro recíproco entre uno y otro poder.
Asimismo, es necesario un mayor control ciudadano en relación con la actuación de ambos poderes del Estado. Por eso, hemos planteado la iniciativa popular de ley, de manera que se pueda garantizar a los ciudadanos su participación en los distintos proyectos de ley y en las instituciones jurídicas que consagra nuestra legislación.
Además, distintos diputados planteamos la idea de crear una “Comisión Futuro y Desarrollo Sustentable”. En tal sentido, es necesario rescatar lo hecho por naciones como Finlandia, donde se ha logrado establecer un gran consenso social, en que las fuerzas trabajadoras, los empresarios, las universidades y las autoridades políticas puedan diseñar el país que queremos construir para los próximos veinte o treinta años.
La mediatización de la política, de la que hemos sido objeto durante los últimos años, ha impedido visualizar los grandes temas que queremos promover. En veinte años, Finlandia pudo resolver temas relacionados con su matriz energética, reformas educacionales profundas y redistribución del ingreso. Lamentablemente, salvo esfuerzos individuales, en nuestro país no existe una preocupación de Estado respecto de la construcción del Chile del mañana. Por eso es tan necesario contar con dirigentes políticos y un Parlamento que sea capaz de darle urgencia a los proyectos de ley presentados en esa dirección y que no han tenido avances significativos en su tramitación legislativa.
Es necesario concordar un pacto social con contenido y definir los problemas que afectan a la población. En Chile, el 30 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza. La única canasta que no se ha reajustado es la que mide la pobreza y la indigencia, que data de 1988. Según ese parámetro, se establece que una persona es pobre si gana menos de 46 mil pesos e indigente si percibe menos de 23 mil pesos. Ése no es el país que queremos construir, integrador, solidario, en el que todos los ciudadanos se sientan parte de un solo y mismo proyecto de país. Por eso, resulta necesario abordar estos temas con perspectiva, pensando en el Chile y en la sociedad que queremos construir juntos.
Llamo a aprobar el informe de la Comisión, que busca visualizar el Chile del mañana, implementar las correcciones institucionales necesarias y corregir el curso de acción, para que Chile sea un proyecto colectivo y sus hijos se sientan parte de él. De ese modo, todos podremos decir, con honestidad y orgullo, que formamos parte de un mismo país.
He dicho.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre el informe en los siguientes términos:
El señor ÁLVAREZ ( Presidente ).-
Corresponde votar el informe de la Comisión Especial de Estudio del Sistema Político Chileno.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos. Por la negativa, 17 votos. Hubo 11 abstenciones.
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; García García René Manuel; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D'albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La Cerda Sergio; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Hernández Hernández Javier; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Rojas Molina Manuel; Salaberry Soto Felipe; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez Zenteno Rodrigo; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Dittborn Cordua Julio; Galilea Carrillo Pablo; Latorre Carmona Juan Carlos; Monckeberg Bruner Cristián; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán.
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