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Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).-
Señor Presidente , muchas de las innovaciones que propone la iniciativa intentan dar respuesta a algunas manifestaciones de crisis o de arcaís-mo institucional que hace rato requerían ser enfrentadas para, básicamente, poner a tono algunas lógicas de la gestión parlamentaria con lo que hoy la sociedad demanda de quienes detentan funciones públicas.
Así, el proyecto que nos ocupa es muy necesario desde la perspectiva de adecuar nuestra ley orgánica constitucional a los desafíos de las nuevas regulaciones sobre transparencia -su motivación original-, pero también de avanzar algunos pasos en la necesaria modernización a la que debe someterse nuestra institución; porque corresponde que ella sea defendida de manera irrestricta por los que cumplimos la función parlamentaria, pero también por quienes creemos en la democracia como forma de gobierno.
Si hay algo que distingue a la democracia de una dictadura es la existencia de partidos políticos diversos y de un Congreso Nacional elegido democráticamente. Desde ese punto de vista, el desprestigio o la caída de la solvencia institucional del Parlamento tiene un efecto expansivo sobre el conjunto de las instituciones políticas y democráticas.
Es evidente que en la retina de los ciudadanos hay un conjunto de prácticas o conductas parlamentarias que quizás en algún momento parecieron retornables o normales, pero que hoy, según el juicio estándar de la opinión pública, es necesario reformar.
Desde esa perspectiva, me parece que la creación de algunas de las instituciones que plantea esta iniciativa será muy sana y clarificadora para la gestión parlamentaria, pues nos permitirán dilucidar la finalidad, primero, de ciertas herramientas o instrumentos que por más pedagogía cívica y ciudadana que hayamos hecho, no hemos sido capaces de trasmitir con claridad a la opinión pública, y, segundo, de los recursos que se nos entregan para el desempeño de la función parlamentaria.
Desafortunadamente, en ocasiones nosotros mismos contribuimos a la mala percepción de nuestra actividad, ya que la cámara fácil o el segundo de televisión, a veces, se consigue por la vía de denostar a la institución que nos cobija.
Por tal motivo, me parece que hemos generado una lógica perversa en la relación con los medios de comunicación. Lo vemos habitual y frecuentemente cuando se adoptan ciertas decisiones que nada tienen que ver con la lógica del funcionamiento parlamentario, pero sí con la lógica mediática.
Por otra parte, si bien la iniciativa incorpora algunas instituciones que me parece importante respaldar, no es perfecta, ya que en algunos casos se ha respondido a las urgencias derivadas de la coyuntura política de los últimos meses, razón por la cual es muy probable que en el futuro debamos hacerle algunas adecuaciones o abocarnos minuciosa y cuidadosamente, detallo cuando corresponda, a la modificación del Reglamento de la Corporación, para dar el tono más adecuado a las normas complementarias que deberán plasmar el espíritu del legislador, del que da cuenta el debate habido no sólo en la Comisión Mixta que conoció este proyecto, sino también -imagino- en nuestras respectivas bancadas.
Entre las instituciones que debemos destacar está el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que liberará a los parlamentarios de la responsabilidad de resolver sobre los fondos que necesitamos para desempeñar nuestras funciones, que en la actualidad la ciudadanía considera que son recursos mal gastados. Se nos ve como personas que, con recursos públicos, resuelven sobre sus propios ingresos.
Disponer de una institución externa que fije las asignaciones parlamentarias nos debería dar tranquilidad a nosotros y claridad a los ciudadanos, a las electoras y los electores, en cuanto a que los recursos que se nos asignan están efectivamente destinados al cumplimiento de nuestras funciones.
Otra institución que debemos destacar es el Comité de Auditoría Parlamentaria, porque me parece bueno y justo que rindamos cuenta de los recursos públicos que recibimos, que digamos qué hacemos con ellos, que nos sometamos a un examen que permita a la Cámara de Diputados y a la sociedad chilena en general saber que los fondos que nos asignaron fueron bien utilizados, es decir, en el cumplimiento de las funciones para las cuales fueron entregados; en definitiva, que se gastaron bien.
Si somos jueces y partes en esas materias, eso no es posible. Por ello es tan importante este tipo de instituciones.
Igual importancia otorgo al hecho de que a partir del 11 de marzo de 2010 -hay un acuerdo de la Sala en ese sentido- quienes desempeñen funciones para los parlamentarios o para los Comités no serán contratados directamente por los diputados, sino por la Cámara de Diputados, bajo el régimen establecido en el Código del Trabajo, con las figuras especiales que considera este proyecto.
Esa medida ayudará a transparentar más ante la ciudadanía la relación de los parlamentarios con quienes trabajan para nosotros.
El objetivo de la generación de estas instituciones es restablecer y trasmitir con claridad la dignidad y la nobleza de la función parlamentaria que, insisto, es clave e indispensable en una sociedad que se precie de democrática.
Por eso, no obstante algunos reparos y cuestionamientos, votaré favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
He dicho.
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