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- rdf:value = " El señor PROKURICA.-
Señor Presidente, apoyo la propuesta y la solicitud del Senador señor Orpis.
A mi juicio, quienes representamos a Regiones mineras en el Senado sabemos que hay gente que sufre una realidad dramática debido a los relaves y demás desechos de la minería, que no provienen necesariamente de otro país.
Estamos frente a un tragedia humana que viven miles de personas en el caso de Arica, y voy a agregar otros más.
Yo pienso distinto del señor Ministro . Por ello, en primer lugar, me gustaría reiterarle la pregunta que le formuló el Senador señor Allamand : si no se necesita una ley, ¿por qué no han solucionado el problema?
En mi concepto, se precisa una normativa, y en el Senado hay preocupación al respecto.
De otro lado, le pido al señor Viera-Gallo que en caso de enviar un proyecto de ley especial también se incluya a la población "Aeropuerto", de Chañaral, respecto a la cual el delito es doble, porque la playa de esta localidad fue contaminada por CODELCO, empresa del Estado que vertió allí sus relaves durante 50 años. Se trata de la mayor contaminación a nivel mundial. En ese lugar vuelan los residuos minerales y las personas viven entre ellos en forma permanente.
Además, tenemos el caso de la población "El Palomar", de Copiapó, donde pasó lo mismo que en Arica. El SERVIU construyó -¡en forma muy inteligente...!- una ampliación cerca de lugares donde había plantas de tratamiento de minerales y, en consecuencia, la gente vive encima de los desechos.
A mi juicio, habiendo la misma razón tiene que existir la misma disposición. Por lo tanto, le pido al Ministro señor Viera-Gallo que, de ser posible, dentro del proyecto anunciado incluya a los sectores antes mencionados, a fin de solucionar los problemas que los aquejan, porque involucran una responsabilidad del Estado. En efecto, la gente no llegó sola a esos lugares. En Copiapó las poblaciones fueron planificadas y construidas por el SERVIU al lado de plantas mineras instaladas ahí hace 50 años. Y, en el caso de Chañaral, existe una contaminación provocada claramente por una empresa estatal.
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