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- rdf:value = " INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALESEl señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios, con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6458-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 16 de junio de 2009.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 32ª, en 8 de julio de 2009.
Hacienda y Educación, unidas, sesión 38ª, en 5 de agosto de 2009.
Discusión:
Sesión 33ª, en 14 de julio de 2009 (se aprueba en general).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Deseo saludar a una delegación de la Federación de Académicos de las Universidades Estatales de Chile, encabezada por su Presidente don Leonardo Seguel , la que nos acompaña en las tribunas para seguir el debate de este proyecto.
Agradeceré a todos los asistentes que mantengan tranquilidad durante la discusión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de julio del año en curso, y cuenta con un segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, unidas, las que dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 10, 11 y 12 permanentes, y 1° y 2° transitorios no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo cual mantienen el mismo texto aprobado en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
El artículo 3° requiere el voto conforme de 20 señores Senadores y, en este momento, hay 29 en la Sala.
--Se aprueban los artículos recién mencionados que no fueron objeto de indicaciones, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que se pronunciaron favorablemente 29 señores Senadores.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Asimismo, las Comisiones unidas efectuaron modificaciones a los artículos 1°, 2°, 6°, 8° y 9°, las cuales fueron acordadas en forma unánime. Dichas enmiendas se pueden consultar en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Cabe recordar que, de acuerdo con el Reglamento, las modificaciones aprobadas por unanimidad deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
El señor LETELIER.-
¿Se puede fundar el voto, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Sí, señor Senador.
Si le parece a la Sala, se ofrecerá la palabra a la Honorable señora Matthei para que explique el resultado de la labor realizada por las Comisiones unidas.
Acordado.
Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, urge aprobar la materia de que trata el proyecto en discusión.
Los funcionarios, sobre todo, los no académicos, han venido trabajando en esta iniciativa por lo menos desde hace 10 años. Conocemos a muchos de ellos, quienes se acercaron a nosotros con motivo del daño previsional y también del pago de asignación zona.
Lo único que pido es que efectivamente se apruebe el proyecto. Su texto, que fue trabajado con los funcionarios y con los señores rectores, ha sido bien elaborado.
Los artículos aprobados por unanimidad en las Comisiones unidas conceden un bono de un mes de remuneraciones por cada año de servicio a los funcionarios que cumplan determinadas edades.
Asimismo, se corrigió un problema que había sido objeto de preocupación en el primer informe, que obligaba a las mujeres a retirarse a los 60 años, si no, perdían el beneficio. Sin embargo, ahora ellas podrán elegir en qué momento se van, entre los 60 y los 65 años, siempre que lo hagan dentro de las fechas que establece el proyecto.
Señor Presidente , hay una materia que va a causar polémica, y dice relación a si esos funcionarios deben retirarse a los 6 ó a los 12 meses después de haber cumplido la edad exigida. Este será el único punto que, probablemente, producirá divergencias.
Los funcionarios y los rectores han dicho claramente que prefieren que el retiro se concrete a los 6 meses. De hecho, todos los proyectos de ley que han dado beneficios extraordinarios para incentivar a la gente a jubilarse en mejores condiciones o con algún dinero extra, otorgan plazos muy breves. Ninguno concede un año. Sin embargo, los académicos quieren 12 meses, básicamente, para seguir ganando un mejor sueldo durante ese período e irse recién a los 66 años. Deseo aclarar que esa no es la postura ni de los funcionarios ni de los rectores, sino solo de los académicos.
Señor Presidente, por cierto, en este punto pueden haber diversas opiniones, pero los rectores nos han planteado que en muchos casos se requiere efectuar una renovación de las plantas. Por eso, prefieren claramente 6 meses de plazo, la que también es la postura del Gobierno.
Esa es, reitero, la única materia donde probablemente habrá votación dividida. De hecho, así ocurrió en las Comisiones unidas.
Solo quiero señalar que cuando los señores académicos plantean que preferirían un plazo de un año, porque eso les permitiría efectuar una mejor planificación, la verdad es que tienen todo el tiempo de hacerlo antes. Todo el mundo sabe cuándo va a cumplir 65 años. Por lo tanto, esas decisiones deben estar tomadas previamente y no empezar a analizar la situación recién cuando se cumple la edad exigida para retirarse. La persona puede pensarlo anticipadamente.
Hubo una materia que sí modificamos y mejoramos. Se trata de las personas que hayan cumplido la edad tope antes de la vigencia de la ley. El proyecto las obligaba a tomar una decisión y comunicársela al rector en un plazo de 90 días. Consideramos que era demasiado poco y, entonces, lo extendimos a 6 meses.
Por otra parte, señor Presidente , también compatibilizamos la iniciativa con la postulación al bono poslaboral que vence a fines del presente año. Muchas personas no habían querido jubilarse y optar a esa bonificación, porque estaban esperando la aprobación de este proyecto de ley. Por lo tanto, se prorroga la posibilidad de acceder también al bono poslaboral, a fin de poder compatibilizarlo con los otros beneficios.
A mi juicio, el proyecto es bueno. Aunque cada persona piense que puede mejorarle ciertos aspectos, quiero señalar que lo más importante es la rapidez con que se despache. Cada mes que transcurre -y puede quedar pendiente para el próximo- es uno más que pierden los funcionarios, especialmente, quienes reciben el pago de la asignación de zona.
Así que, solicito la colaboración de Sus Señorías y que aprueben la iniciativa.
Hemos realizado un muy buen trabajo, sobre todo los gremios. Hubo un buen entendimiento entre ellos y el Ejecutivo . Y nosotros, en el fondo, hemos apoyado ese esfuerzo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Dado que el tiempo de que dispone cada Senador es similar al de fundamentación de voto y que no se ha pedido votar separadamente ningún artículo, propongo abrir la votación y que intervengan primero los oradores inscritos.
El señor ÁVILA.-
Bien.
El señor CANTERO.-
Conforme.
--Así se acuerda.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Con relación a lo planteado por la Honorable señora Matthei respecto del deseo de algunos funcionarios de aumentar a un año los 180 días fijados para concretar el retiro, debo señalar que la norma que dispone este plazo viene aprobada por unanimidad. Y no cabría discutir el punto aquí en la Sala por cuanto su extensión a un año es de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República .
Por lo tanto -repito-, ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer ese debate acá.
En votación todas las modificaciones propuestas por las Comisiones unidas en el segundo informe.
--(Durante la votación).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , quiero retomar lo expresado por la Honorable señora Matthei al final de su intervención.
En verdad, los gremios desarrollaron un acucioso trabajo, tanto en el Parlamento como con el Ejecutivo .
En lo personal, tuve una relación muy directa con ellos. Y en la última parte de la tramitación presentaron, por mi intermedio, sobre todo los del norte, un conjunto de indicaciones. Desgraciadamente, estas no fueron recogidas por el Gobierno.
No obstante lo anterior, estimo que hay que aprobar el proyecto, que constituye un importante avance con relación a lo que existía y se venía trabajando con mucha antelación.
Se hicieron los esfuerzos para tratar de incorporar las indicaciones estudiadas por los gremios; pero no siempre se puede lograr absolutamente todo. Al menos se dio un paso significativo en la resolución de un problema pendiente desde hacía mucho tiempo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE .-
Señor Presidente , nosotros estamos dispuestos a apoyar la iniciativa en los términos en que la despacharon las Comisiones unidas. Y estimo correcto lo informado por la Honorable señora Matthei .
Solo deseo señalar que el proyecto es parte de un proceso del que muchos hemos estado permanentemente preocupados: cómo responder a las necesidades de mejorar la situación de todas las universidades, pero en especial de las estatales, que están en déficit respecto de las demás. Eso, por supuesto, requiere el aporte de savia mayormente comprometida con ellas y, además, tener una condición económica suficiente.
Ningún profesor, académico o persona que alguna vez hayamos impartido clases en esos establecimientos podemos estar tranquilos si ellos no cuentan con una mínima sustentación económica. Y cuando no se reconoce la labor de los profesores, su situación y el valor que representan, lo cierto es que somos nosotros, como país, los que perdemos.
Por eso, sin más, anuncio que los Senadores democratacristianos aprobaremos el texto propuesto en el informe.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
El señor LETELIER.-
Señor Presidente , este es un proyecto cuya aprobación se esperaba desde hace mucho tiempo. Se ha construido un consenso. Sin embargo, como expresó la Senadora señora Matthei , subsiste una discrepancia acerca de si el plazo para acogerse a los beneficios debe ser de 180 días o de 365 a partir del cumplimiento de la edad establecida.
Es preciso destacar, para la historia de la ley, que la iniciativa fija algunos criterios para el inicio de la vigencia de aquella y otros de carácter permanente, a partir del año 2012. Por ello, será un mecanismo estable de incentivo al retiro para los funcionarios de las universidades públicas del país.
Como en toda normativa legal con plazos de aceleración, estos deben ser breves.
Al igual que otros colegas, deseo destacar que se han perfeccionado ciertas disposiciones para evitar eventuales debates con la Contraloría General de la República. Así, en el artículo 9° queda claramente establecido que para los efectos del beneficio compensatorio las remuneraciones mensuales imponibles no estarán sujetas a límite alguno.
Eso es relevante, a fin de que no se caiga en una discusión acerca del monto del mes por año que se va a pagar. Y, como se ha dicho, se logra garantizar la compatibilidad de este beneficio o estímulo para acelerar la acogida a retiro, con el bono poslaboral.
Hubo un debate acerca del período de anuncio de la fecha de retiro del servicio. Tal anuncio debe hacerse dentro de los 180 días siguientes al cumplimiento de la edad correspondiente. Al presentar los antecedentes ese plazo se elimina y, en el fondo, se genera un espacio de tiempo adicional -dependerá del trabajador o la trabajadora con sus empleadores- que dice relación a cómo se van a tramitar los expedientes para acogerse a la norma.
Esta parte la dejamos al acuerdo interno de cada universidad, en el sentido de que en algunos casos esos seis meses puedan prorrogarse por un poco tiempo más, dependiendo de cómo se tramiten los expedientes.
En seguida me referiré al debate que se generó.
Yo escuché a la comunidad académica con mucho respeto. Nos plantearon una inquietud que algunos Senadores quisimos analizar con los rectores: si el obligar a retirarse en los seis meses siguientes al cumplimiento de la edad para ello puede generar un vacío o un daño en la universidad en cuanto a la contratación de académicos que se hagan cargo de una cátedra o de alguna responsabilidad al interior del plantel.
Se trataba de una inquietud legítima, sin duda.
Debo señalar que la experiencia en concursos recientes a fin de contratar profesionales, ha demostrado que en Chile existe una gran cantidad de personas con sólida formación académica interesadas en trabajar en las universidades públicas, lo que es muy relevante.
Por ende, un eventual vacío en las cátedras o un menoscabo para los estudiantes no es algo que se pudiese producir por el debate de un plazo de seis meses más o seis meses menos.
La normativa reviste gran trascendencia para los funcionarios de las universidades estatales, académicos y no académicos. Y sobre todo para estos últimos, porque les otorga el reconocimiento y respaldo que necesitan, mediante un incentivo muy importante que les permite acogerse a retiro en condiciones más dignas que las actuales.
Nosotros nos pronunciamos a favor de la iniciativa en las Comisiones unidas, y solicitamos a la Sala aprobarla por unanimidad.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , el objetivo del proyecto se conoce popularmente como "dar tiraje a la chimenea". En este caso, los leños han sido de combustión muy lenta. Desde luego, se habla de más de diez años, según consignaba la Senadora Matthei .
Yo lo valoro, porque es uno de los pocos gestos que las universidades públicas tienen de su dueño: el Estado, en el último tiempo.
Creo que uno de los grandes déficits, desde el punto de vista de nuestra gestión gubernativa, que exhibimos como coalición es el de no haber rectificado el hecho aberrante de condenar a las universidades estatales al autofinanciamiento.
La circunstancia de que tengan que abandonar algunas de sus tareas esenciales para andar corriendo detrás de la parte del presupuesto que no cubre el sector público, ha desnaturalizado en buena medida su labor.
De ahí que el dar pie a que se produzca una renovación en el campo académico y también en el de la administración les hará muy bien a las universidades públicas. Y lo que viene para nosotros es seguir impulsando iniciativas que las hagan retornar al sitial que les corresponde. Ello, particularmente en lo que concierne a la Universidad de Chile, para que no continúe en un estado que -creo yo- ha hecho dar vueltas en su tumba a Andrés Bello desde hace ya un largo tiempo.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Entiendo el interés de las personas que nos acompañan en las tribunas por seguir el análisis de esta iniciativa. Sin embargo, les ruego que se abstengan de manifestarse en un sentido u otro hasta que concluyamos la votación.
El señor ÁVILA.-
Son aplausos, señor Presidente . No importa.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Sé que todos son aplausos cariñosos, señor Senador, pero debo hacer cumplir el Reglamento.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , como se expresó, estamos ante un proyecto largamente esperado. Y me alegra que el Estado empiece a dar señales acerca de su rol en el ámbito de la educación, particularmente en el de la superior, como en este caso. Específicamente, me satisface que se establezcan un criterio y una política que ponen de relieve la preocupación que asume el Estado en torno a la gestión de las universidades estatales.
Son múltiples las limitaciones para realizar una gestión que permita asegurar la calidad de la educación superior.
De una parte, un escaso aporte estatal a las universidades, que en promedio no supera entre 10 y 14 por ciento de su presupuesto.
De otra, mecanismos crediticios de acceso casi imposible, debido a las restricciones emanadas de la fiscalización que ejerce la Contraloría, por un lado, y por otro, a las limitaciones existentes para obtener préstamos que permitan mejorar infraestructura o desarrollar proyectos de diversa naturaleza, incluidos los de mejoramiento en la calidad de los recursos humanos.
Como si eso fuera poco, dichos establecimientos solo pueden endeudarse hasta el horizonte de un gobierno, situación que los deja completamente atados de manos.
Hoy existe respuesta al incentivo al retiro. Pero vale la pena señalar que es un estímulo que cautela la dignidad de quienes se van a jubilar, para que mantengan un nivel de vida razonable y lo más positivo posible.
Se faculta a las universidades estatales para conceder una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que, desempeñándose en planta o a contrata, hayan prestado servicios en ellas por un período no inferior a cinco años, continuos o discontinuos, a la fecha de impetrar el beneficio, y que entre la publicación de la ley en proyecto y hasta el 31 de diciembre de 2011, ambas fechas inclusive -esto es muy importante-, tengan o cumplan 65 años de edad, si son hombres, y en el caso de las mujeres, desde que cumplan 60 años y hasta los 65 (en este caso se establece una flexibilidad), sobre la base de que hagan efectiva la renuncia voluntaria en los términos que se indican.
Aquello me parece muy positivo.
Por otro lado, el artículo 6º contempla una norma de carácter permanente que cautela tal herramienta como instrumento para que las autoridades universitarias puedan tomar medidas que permitan asegurar la calidad en la gestión y la excelencia en la docencia, en la investigación y en las publicaciones.
No se logró ampliar de 180 a 360 días el plazo para concretar el retiro (participé en el debate y presenté indicaciones en esa línea). Sin embargo, en compensación, se extendió de tres a seis meses el período para impetrar el beneficio.
Aquello permite también -como expresó la Presidenta de las Comisiones unidas, Senadora señora Matthei , quien entregó una estupenda información, lo cual me permite economizar mis planteamientos- postular al bono poslaboral, que -como se manifestó- vence este año.
Considero que dicho mecanismo es sumamente positivo, pues les posibilitará a las universidades estatales, que debieran recibir todavía más atención de las autoridades de Gobierno y particularmente del Estado, modernizar sus plantas; hacer más exitosa su gestión, y, por esa vía, lograr una mejor ubicación, una mayor ponderación por parte de la ciudadanía y las preferencias de los estudiantes que aspiran a la educación superior.
Voto a favor.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, el paso que se da con este proyecto es importante, por cuanto apunta hacia el capital humano de las universidades, conformado por académicos, personal administrativo y estudiantes. Todos ellos son la universidad.
Es relevante la infraestructura. Sin embargo, hemos orientado la iniciativa a facilitar la concreción de algo pedido por los rectores y que ha sido aceptado por los académicos: abrir un proceso de bonificación.
Debo advertir que aquello no se realiza con recursos fiscales. Lo que estamos haciendo es posibilitar que las universidades se endeuden, contra su patrimonio, con el aval del Estado, por un plazo de veinte años.
Por lo tanto, como decía el Senador Ávila, este papá irresponsable, que ha dejado abandonados a sus hijos; el dueño de estas "empresas" que son las universidades estatales, a las que ha obligado a funcionar de determinada forma, sigue en deuda. Es decir, ha concretado un paso para lograr una mejora en el proceso de renovación, posibilitando una salida digna a quienes han dedicado su vida entera a dar dignidad y, por cierto, peso académico a los referidos planteles. No obstante, para ello usa un mecanismo: endeudamiento contra el patrimonio de tales establecimientos, con el aval del Estado, por veinte años.
Siento que eso permite un proceso de mejoramiento; empero, sigue siendo insuficiente.
Estamos con 0,3 por ciento del PIB para el financiamiento fiscal a la educación superior. Y el debate queda pendiente, porque las universidades públicas serán un poquito mejores a partir de la ley en proyecto, pero no lo suficiente como para poder competir en igualdad de condiciones con las privadas.
El 0,3 por ciento del PIB nos pone en una situación muy inferior a la de la década del 70, del Gobierno de Salvador Allende, cuando gastábamos bastante más en educación.
Este no es un problema de la Ministra de Educación , sino de Hacienda: cuánto está dispuesto a invertir el país en educación, especialmente en la superior.
No saldamos la deuda pendiente del Estado con sus universidades. Por el contrario, provocamos un mecanismo que tendremos que evaluar.
Y digo con claridad que queda pendiente la factibilidad de que las universidades públicas también accedan al mejoramiento de su infraestructura para que puedan competir en igualdad de condiciones con las particulares pagadas.
No se trata de que se esté privatizando la educación superior chilena. ¡Ya está privatizada! El 70 por ciento de la matrícula corresponde a universidades particulares. Por lo tanto, solo estamos rescatando un tercio de lo que queda para la educación superior pública.
Para ello, el proyecto produce un avance; pero no es suficiente.
Soy partidario de que este año se presente una iniciativa de ley para progresar en el mejoramiento de la infraestructura universitaria, de acuerdo a un mecanismo similar de endeudamiento por ley.
Ahora, los funcionarios que van a jubilar lo harán con una situación compleja de las AFP, debido a las pérdidas que se produjeron en el nuevo sistema de pensiones, las cuales no podrán ser compensadas en lo inmediato.
Yo aspiro a que -tal como se lo hemos dicho a los profesores de básica y media, a quienes obligamos a jubilar bajo una condición de mercado de las AFP que implicó la reducción de 45, 50 y 55 por ciento de sus fondos previsionales- podamos mitigar o compensar esa situación en el futuro, cuando las condiciones lo hagan factible.
En tal sentido, la crisis y, lamentablemente, la irresponsabilidad de un sistema único de "capitalización individual" han determinado que no se pueden mejorar las pensiones, porque no hay más alternativa que pertenecer a una AFP. Esa es la realidad.
Señor Presidente , votaremos a favor este proyecto. Lo discutimos durante largo tiempo en la Comisión de Educación cuando la presidí. Allí pudimos observar el conjunto de deficiencias de que adolece la educación superior estatal en Chile.
Este es un avance. Espero que los académicos lo valoren y accedan a la normativa pertinente. A muchos de ellos los vamos a seguir necesitando, pues no se puede desperdiciar ese capital humano. Porque los que llegan a trabajar a las universidades ingresan para hacer carrera y aprender. Varios podrán volver después de cinco años o, de manera excepcional, a contrata o a honorarios. Porque no podemos descapitalizar nuestra educación superior. Algunos académicos son sencillamente irremplazables. Pero se verán en la obligación de adscribirse a este proyecto por su situación económica.
En este país no se premian la excelencia, el mérito.
Yo aspiro a que el sistema que concibamos en forma permanente premie siempre el mérito al interior de nuestras universidades públicas.
¡Patagonia sin represas!
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , debo señalar en primer término que votaré a favor de este proyecto. Pero también quiero felicitar a las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda -valoro su cometido- por la rapidez y eficiencia con que lo aprobaron.
La iniciativa que nos ocupa tuvo su origen hace aproximadamente dos años, cuando en la Comisión de Trabajo, junto con los Senadores señor Letelier y señora Alvear , le solicitamos al Ministerio de Hacienda que incluyera, entre otros, a los funcionarios académicos y no académicos dentro de los incentivos al retiro. Y fue así como también se incorporó a los trabajadores de la CONFUSAM y a los asistentes de la educación.
Ahora bien, lo atinente al funcionamiento de la educación superior, lamentablemente, no está contenido en la idea matriz de este proyecto. En él se establecen mecanismos de incentivos al retiro que supuestamente mejoran las posibilidades de obtener una buena indemnización o una cantidad adecuada de dinero cuando se está a punto de jubilar. Pero se incluye, asimismo, otro tipo de beneficios para los funcionarios académicos y no académicos, aspecto en el que deseo detenerme.
Se otorga una bonificación especial a los funcionarios que se desempeñan en las universidades estatales de zonas extremas: Universidades Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes. Con ella se coloca a los trabajadores de esos planteles en un pie similar al de los funcionarios de la Administración del Estado que laboran en dichas zonas.
Lo anterior ha sido fruto del trabajo realizado, principalmente, por los dirigentes de los funcionarios no académicos. Y, en el caso de la Universidad de Magallanes, debo hacer un reconocimiento a doña Mónica Álvarez , representante de los funcionarios no académicos, quien -como se expresó en la sesión en que aprobamos la idea de legislar- desarrolló una labor que fue fundamental para que nosotros resolviéramos incorporar la referida bonificación especial, que favorecerá no solo a los funcionarios de su asociación, sino también a los académicos y a los directivos.
Señor Presidente , esta iniciativa, que promueve la renuncia a los respectivos puestos de trabajo en las universidades estatales, estimula (según se ha manifestado) a los funcionarios con ciertas cantidades de dinero que van a compensar en parte -como ellos lo hicieron presente- el daño previsional que han sufrido, situación que se contempla en la normativa sobre bono poslaboral que aprobamos hace mucho tiempo.
Voto a favor de esta iniciativa porque va en directo beneficio de los funcionarios de las universidades estatales, y principalmente de los que laboran en aquellas que señalé de las zonas extremas.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , los méritos de este proyecto ya han sido indicados por muchos de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Yo también voy a votar a favor, por dos razones adicionales.
En primer término, porque, como he señalado en más de una oportunidad, las universidades estatales compiten en el mercado del estudiantado postsecundario con las manos atadas, pues no solo deben enfrentar la competencia de aquel, sino también la regulación pública que las afecta no obstante recibir los mismos fondos fiscales que perciben otros planteles de enseñanza superior que no se encuentran sujetos a las limitaciones y controles que rigen respecto de ellas.
En tal sentido, el proyecto que nos ocupa tiene la virtud de desatar al menos uno de los muchos nudos que se mantienen y que, por desgracia, perjudican gravemente a los establecimientos de enseñanza superior estatales.
La referida situación ha sido expuesta en forma permanente por los integrantes del Consejo de Rectores. Y espero que algún día el Estado se haga cargo de las objeciones formuladas a las reglamentaciones y a la normativa legal aplicables a las universidades estatales de nuestro país.
En segundo término, como otro mérito de la iniciativa, quiero connotar que el bono que se consagra no constituye una exigencia para los trabajadores, sino que es voluntario, forma parte de la decisión personal de cada uno de ellos. Aquí no se establece un sistema de despido o de desafectación inmediata de los funcionarios, sino que se les da a estos un plazo para que opten por un camino u otro. En consecuencia, no se está despidiendo a nadie.
Ahora, el que quiera irse tendrá el beneficio; quien desee quedarse verá los beneficios que ello le acarrea. Pero cada trabajador sabrá qué estará haciendo.
Esa es una sabia y correcta forma de enfrentar las decisiones personales de cada cual con relación a su trabajo y al desarrollo de su vida.
Por lo tanto, considero que ese segundo mérito del proyecto también merece ser destacado, porque es una ventaja que respeta la individualidad de cada uno de los funcionarios de las universidades estatales, sean o no académicos.
Por eso, voto que sí.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor de este proyecto de ley, que, en primer término, concede una bonificación por retiro voluntario de un mes de remuneraciones, con tope de once meses, la que deberá financiarse con cargo a los empréstitos que las distintas universidades estatales obtengan en el sistema financiero.
El segundo beneficio es una bonificación adicional para quienes cotizan en el nuevo sistema previsional, en las AFP, la que en el caso de los no académicos asciende a 395 unidades de fomento, y en el de los académicos, directivos y profesionales, a 935 UF.
Finalmente, se establece -como bien lo señaló el Honorable señor Muñoz Aburto - una bonificación especial para los académicos y no académicos que trabajan en zonas extremas en las Universidades Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes.
Creemos que se trata de un buen proyecto. Los dirigentes gremiales han trabajado incansablemente para conseguirlo. Por lo tanto, nos sumamos con mucho gusto a la labor que ellos han venido realizando.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente , seré muy breve.
Creo que, como se ha dicho, se trata de un proyecto importante. En la Comisión de Hacienda lo discutimos en detalle y voy a votarlo favorablemente.
Como también se ha señalado, me parece que este es uno de los pocos gestos -sobran los dedos de las manos para contarlos- que el Estado les ha hecho a sus universidades durante estos años. Pienso que no ha sido un buen dueño: las ha dejado atadas de manos, libradas a una competencia en donde ganan, no quienes imparten la mejor educación, en el sentido amplio, sino, muchas veces, los que tienen más posibilidades de acceder a recursos del sector privado por la vía de franquicias tributarias y otros mecanismos imperantes. Con todo, estimo que esos planteles de enseñanza superior han demostrado un gran vigor. De no haberlo exhibido, habrían sido conducidos, con toda seguridad, a desaparecer, como muchos quisieran.
Estimo que falta bastante para contar con una verdadera política del Estado respecto de esos establecimientos.
Soy de las personas que piensan que las universidades no son lo mismo que un supermercado ni que un conjunto de instituciones o negocios que venden simplemente conocimientos. Son los lugares donde se piensa el país, donde se realiza un debate en altura, al margen de la contingencia o por sobre ella. Y, desde ese punto de vista, juzgo que lo que tenemos hoy día como sistema de educación superior deja muchísimo que desear.
Me parece bien que se haya propuesto la iniciativa, la cual permitirá una renovación de los elencos académicos y no académicos de las universidades estatales.
Me incluyo entre los Senadores que manifestaron dudas, en su momento, respecto del plazo que se establece. Consideraba que 180 días podían ser un término corto.
Concurren al respecto las razones previsionales. Algunas personas piensan que pueden continuar mejorando el retorno de sus fondos de pensión, y ello podría conducir a que eventuales beneficiarios del proyecto decidieran no ejercer la opción que se les abre. Desde ese punto de vista, el universo contemplado se reduciría.
En conversaciones con distintos sectores y, particularmente, con rectores universitarios, se ha manifestado la total seguridad de que dentro de los 180 días será posible que soliciten el beneficio planteado por la normativa más de 2 mil académicos de las universidades estatales, si no me equivoco, lo que significaría una renovación importante.
Ellos conocen más que uno la realidad del mundo universitario. Hago confianza en lo que han dicho. Y, por tal razón, me pareció que también era necesario votar por dicho plazo, el cual estimé corto, reitero, en un primer momento, y que podía poner en riesgo el propósito de que el proyecto provocara todos los efectos que se esperan.
Voto favorablemente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , tal como también lo expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, no voy a ahondar en los méritos de la iniciativa, porque los estimo obvios.
Sin embargo, quiero advertir -sobre todo teniendo presente que se encuentra en la Sala la señora Ministra de Educación- que surgen dos dificultades. Primero, el texto en examen no resuelve lo relativo al daño previsional de los académicos y no académicos de todas las universidades. Lo que hace es crear un bono, un beneficio, para quienes deseen acogerse al retiro, por cierto que voluntario -no existe, como asimismo se ha dicho, una obligación al respecto-, y establecer, concretamente, mecanismos para que se pueda invocar lo que se dispone.
Segundo, los académicos no necesariamente pueden ser recontratados. Porque el inciso primero del artículo 8° dispone que ello no es posible, ni a honorarios ni a contrata, en el caso de quienes se acojan al beneficio, a menos que devuelvan el dinero obtenido, sin perjuicio de que a rectores y organismos colegiados se les permite determinarlo sobre la base de una serie de criterios que me parecen bien consignados en la norma que acabo de mencionar.
Sin embargo, mi preocupación es la siguiente.
En primer lugar, ya señalé que no se resuelve la cuestión del daño previsional.
En segundo término, los rectores y consejos académicos o directivos de la mayor parte de las universidades estatales tendrán que recurrir necesariamente al sistema financiero para los efectos de poder cumplir de manera efectiva lo que contempla la ley.
Lo anterior significará aumentar la deuda que ya enfrentan esos establecimientos, que se verán necesariamente ante una grave dificultad de financiamiento, como ha sucedido en todos estos años.
Como se ha dicho, la mayor parte de ellos no recibe más de 12, 13, 15 ó 18 por ciento de aporte estatal. Para completar el resto deben acudir a los más diversos mecanismos, algunos de ellos muy creativos, a fin de cubrir cada una de sus necesidades.
Pero, como señalaba, el sistema contemplado obliga a seguir endeudándose. Y el Estado nos está expresando que va a recurrir -no forzosamente en la ley en proyecto- a los recursos que se requieran para los efectos de que algunas universidades no sufran lo que ya han experimentado.
Sobre el particular, deseo consignar que algunos rectores han estado a punto de terminar presos, a punto de ser llevados a la justicia, por el hecho de haberse endeudado y comprometido más allá de lo prudente el patrimonio de esas casas de estudio. En consecuencia, creo que el problema es bastante de fondo.
Porque, además, el artículo 9º de la iniciativa faculta para que, a contar del 1° de enero de 2012, las universidades establezcan, con cargo a sus recursos propios, una bonificación por retiro voluntario de manera permanente.
¿De adónde sacarán los recursos para tal efecto? ¿Quién asegura que ese año dispondrán de todos los que se requieran para que los funcionarios, sean académicos o no académicos, puedan retirarse con un beneficio mayor al contemplado en las leyes previsionales vigentes? Con el actual sistema de financiamiento, no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. ¡Ninguna!
Si no acogemos la demanda de los rectores -como hemos tratado de hacerlo en la Comisión de Educación-, de muchos académicos, de numerosos estudiantes de universidades estatales, en el sentido de otorgarles mayores recursos a esas casas de estudios superiores, no se podrá cumplir lo dispuesto en la normativa que nos ocupa. Y, por lo tanto, estamos aprobando algo que puede ser visto como estrictamente demagógico. Perdone que lo diga, señor Presidente .
Es lo mismo que ha ocurrido muchas veces cuando aprobamos proyectos de ley que obligan a los municipios a entregar determinados tipos de beneficios, sin que el Estado les proporcione los fondos necesarios. Hemos discutido el tema en esta misma Sala. Disponemos que generen ciertos beneficios para sus funcionarios o para los habitantes de la comuna, pero, normalmente, el Estado no les asigna todos los fondos respectivos.
Y, en el caso en examen, se está entregando una facultad para que los rectores y los consejos superiores de las universidades estatales, a partir del 1° de enero del año 2012, determinen la misma medida a la cual se acogerán muchos académicos y no académicos una vez promulgada la ley.
Pero seamos claros, señor Presidente . Si no existe una política de educación superior -en particular, en relación con la estatal- que efectivamente asegure un mayor financiamiento por el Estado y si este no asume la responsabilidad que tiene con sus 16 universidades, los señores Senadores que sigan en este Hemiciclo en el año 2012 deberán analizar necesariamente un mecanismo que permita aprobar los recursos indispensables para la aplicación de la normativa que estamos aprobando
Solicito un minuto más, señor Presidente .
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Lo tiene, señor Senador.
El señor NÚÑEZ.-
Muchas gracias, señor Presidente .
Quería destacar ese hecho, porque me parece francamente lamentable que, una vez más, no hayamos tenido la precaución suficiente de exigir esos recursos. En efecto, estamos aprobando una normativa que significará que muchos académicos y no académicos van a solicitar el 1° de enero de 2012 la entrega del beneficio que se contempla, y las universidades estatales no dispondrán de los fondos correspondientes.
De todas maneras, me parece que el texto constituye un avance, sin duda alguna. Me parece una señal positiva, sin duda alguna. Pero no es suficiente.
Muchas gracias.
--(Aplausos en tribunas).
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
El último inscrito es el Senador señor Muñoz Barra.
Puede hacer uso de la palabra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , en la sesión pasada que se trató el proyecto anuncié que me abstendría, no por considerar que no obedece a una buena intención, sino porque no quiero sumarme a una situación que estamos viviendo en el ámbito que nos ocupa.
En lo relativo a la enseñanza superior, en efecto, prácticamente no hemos avanzado nada en la creación de un tipo de educación pública que responda a la realidad socioeconómica de la familia chilena; en la estructuración de un sistema coherente de lo que entendemos por responsabilidad del Estado en relación con las instituciones del sector, en las que se puede hacer factible o no el ingreso de jóvenes de los sectores sociales más débiles en lo económico, pero que reúnen las condiciones intelectuales para poder aspirar a una carrera universitaria.
En esa oportunidad también expresé que, desde 1990 a la fecha, habiendo transcurrido casi 20 años. la educación superior, salvo algunas leyes tipo parche que hemos aprobado para salir del paso frente a determinadas situaciones, no ha sido objeto del desarrollo de una estructura que -insisto- vuelva a responder a los padrones de responsabilidad estatal, para hacer factible la posibilidad de que todos tengan derecho a acceder, como ocurría en el pasado, a este tipo de estudios.
Sé que me van a preguntar cuántos ingresaban antes a las universidades. Está bien. Se trataba de etapas diferentes. Durante muchos años, Chile vivió un proceso de alfabetización. Y fue una de las tareas que debieron enfrentar diferentes gobiernos. Ello se hizo con éxito, hasta llegar hoy, si no me equivoco, a un promedio de 4 a 5 por ciento de analfabetos. O sea, en el concierto de América Latina dimos pasos muy grandes en la materia.
En el caso de la educación superior, se han creado 512 representaciones o "sucursales" de universidades. Porque las 16 estatales y las otras de la Universidad Católica integrantes del Consejo de Rectores han generado un promedio de cuatro o cinco planteles en diferentes partes del país. Usando un término que tal vez no sea el mejor, han establecido "sucursales" -repito-, para el efecto económico de poder financiarse, como decía el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.
El déficit de las universidades es tremendo. Se trata de miles de millones de pesos que algunas de ellas, de una u otra manera, van paliando mediante una especie de bicicleta, para lo cual pagan una cantidad determinada y logran un cierto efecto en otro lado. Por eso, no se lleva a cabo ni innovación ni extensión, aspectos fundamentales para formar profesionales de alta calidad, especialmente en un siglo como el que estamos viviendo, en que se requiere una capacitación realmente completa para los efectos de que nuestras relaciones internacionales también puedan tener éxito.
Entonces, señor Presidente , cuando veo -es algo que se ha manifestado en los últimos días- que 50 por ciento de los jóvenes que ingresan a las universidades públicas no terminan la carrera, pienso que alguien tiene que enfrentar esa realidad y plantear una posibilidad de solución. Es un perjuicio inmenso para las familias de los trabajadores, así como también una pérdida de recursos estatales.
Como me quedan solo algunos segundos, termino dando las gracias a mis Honorables colegas por el interés demostrado en mi intervención.
Muchas gracias.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminada la votación.
--Por 33 votos favorables y una abstención, se aprueban las modificaciones propuestas por las Comisiones de Hacienda y de Educación, unidas, y queda despachado en particular el proyecto,
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, Flores, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Muñoz Barra.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación.
La señora JIMÉNEZ ( Ministra de Educación ).-
Señor Presidente , señoras y señores Senadores, quiero agradecerles, en nombre del Ejecutivo -y también interpretar a rectores y funcionarios de las universidades-, por la extraordinaria aprobación del proyecto.
Es cierto que se trata de una iniciativa parcial -lo sabemos-, pero asimismo quiero decirles que estamos trabajando en conjunto con los representantes del Consorcio de Universidades Estatales de Chile. En particular, uno de los asuntos que más les preocupan es el de la gestión, el de las trabas con la Contraloría. Estamos unificando criterios, no solo entre planteles de enseñanza superior, sino también entre las Contralorías regionales, que es otro de los temas pendientes. Y nos dedicamos a ello en la mejor forma posible, porque, en efecto, se trata de una dificultad importante en la gestión.
Estamos intentando valorizar con ellos los bienes públicos que son las universidades estatales, porque, en nuestra opinión, deben financiarse por el Estado.
Estamos abocados igualmente a la calidad.
Y pronto el Congreso va a recibir un proyecto sobre las pedagogías y medicina.
En fin, estamos trabajando activamente con el Consorcio, así como también con las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores.
Existe, en efecto, una cuestión pendiente. Sus Señorías saben que la Ley Orgánica Constitucional de Educación, en cuanto a la educación terciaria, no se ha revisado. Nosotros tenemos todas las bases para una política en ese ámbito, y, por lo tanto, o se alcanza a presentar la iniciativa al final del período del Gobierno -tendremos que verlo en el Ejecutivo-, o los proyectos quedarán listos y consensuados, tal como el que se acaba de aprobar lo fue con las universidades, de modo que ello se traduzca en un muy fácil despacho.
Ustedes recibirán el trabajo que estamos realizando, en forma muy seria y responsable, tanto con el Consorcio como con el Consejo de Rectores, porque les va a facilitar también la labor legislativa.
En educación se avanza con acuerdos. Por lo tanto, consensuar proyectos con las universidades resulta muy importante. Y en eso estamos. Reitero mis agradecimientos a las señoras y señores Senadores, así como también a los funcionarios y a los rectores, que pusieron lo mejor de ellos en la iniciativa.
--(Aplausos en tribunas).
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