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El señor NOVOA ( Presidente ).- La presente sesión especial ha sido convocada con el propósito de analizar la situación de seguridad que está afectando a la Región de La Araucanía.
El señor Ministro del Interior solicita la autorización del Senado para que ingrese a la Sala el Subsecretario de la Cartera, señor Patricio Rosende.
--Se accede.
El señor NOVOA (Presidente).- Como es usual en este tipo de sesiones, los tiempos de los Comités se han dividido en la misma proporción que les corresponde en la hora de Incidentes.
Ofrezco la palabra.
El señor PÉREZ ( Ministro del Interior ).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor PÉREZ ( Ministro del Interior ).- Señor Presidente , señoras Senadoras y señores Senadores, quiero aprovechar esta ocasión para abordar en profundidad un tema de la más alta importancia para el país y para el Gobierno de la Presidenta Bachelet: el de las políticas públicas hacia los pueblos originarios.
Los Gobiernos de la Concertación anteriores y el que represento, han venido desarrollando una serie de programas que buscan crear una institucionalidad que reconozca las diferencias culturales de los pueblos originarios y que, al mismo tiempo, permita su desarrollo y el término de las desigualdades y de la falta de oportunidades que han sufrido sus integrantes.
En Chile, más de 690 mil hombres y mujeres mayores de 14 años se identifican como indígenas. Constituyen más de 3 mil comunidades y 1.586 asociaciones. Pertenecen a los pueblos aymara, quechua, likan antay, colla, diaguita, rapa nui, mapuche, kawashkar y yagán, los cuales dieron origen a nuestro país.
A lo largo de los siglos han preservado su cosmovisión, su lengua, sus tradiciones y su cultura, conformando junto a otros pueblos la identidad de nuestra nación. Sin embargo, el reconocimiento a su aporte ha sido escaso y, también, tardío.
POLÍTICAS DE LOS GOBIERNOS DE LA CONCERTACIÓN
Los Gobiernos de la Concertación desarrollaron una primera etapa de las políticas hacia los pueblos originarios, la que se estructuró en función de la Ley Indígena. Esto permitió definir la institucionalidad estatal, la política de desarrollo y la política de tierras actualmente en vigencia.
El Gobierno de la Presidenta Bachelet hizo una evaluación de esas políticas y decidió realizar las necesarias reformas, después de 15 años de implementación, para avanzar, de manera decidida, hacia una nueva forma de relación con los pueblos indígenas.
Hace más de un año -el 1° de abril de 2008- se entregó "Re-Conocer: Pacto Social por la Multiculturalidad", que cambia la perspectiva con que se abordaban las políticas públicas. Sin duda, es central el dejar de tratar a los pueblos indígenas como poblaciones en pobreza y tratarlos como pueblos con derechos.
También es relevante el esfuerzo por pasar de una relación exclusivamente entre comunidades indígenas y Gobierno, a una relación con todos los actores nacionales. Asumir la construcción de una sociedad multicultural -que acepte y reconozca la existencia de los pueblos originarios y promueva el respeto de sus derechos- es una de las tantas prioridades que se establecieron.
En "Re-Conocer" se entregan propuestas sobre el sistema político, derechos e institucionalidad; desarrollo integral de los pueblos y multiculturalidad y diversidad.
La primera área de trabajo fija una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas a través de profundas modificaciones al sistema político y a la institucionalidad pública.
También detalla las medidas de reorganización política y administrativa del aparato gubernamental, para atender en forma eficaz y eficiente la problemática de los pueblos indígenas.
La segunda área de trabajo profundiza y garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado y los pueblos originarios. Además, detalla los planes y programas sobre la base de los cuales el Gobierno pretende impulsar de manera sostenida el desarrollo productivo y la innovación, respetando las particularidades políticas, sociales, económicas y culturales de esos pueblos.
En la propuesta se pone énfasis en la tierra: la reivindicación más sentida de los pueblos originarios, al tiempo que se encomienda la preparación de una oferta de desarrollo integral de sus economías.
En cuanto a la diversidad, el Gobierno propone avanzar en la generación de un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos comprender y asimilar el carácter multicultural de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, y por primera vez, se desarrollan políticas específicas para áreas urbanas, donde vive el 70 por ciento de la población indígena de nuestro país.
AVANCES EN INSTITUCIONALIDAD
El logro más importante de estos meses de implementación de la nueva política hacia los pueblos originarios es la promulgación del Convenio 169 de la OIT, que había sido exigida ininterrumpidamente durante los últimos 20 años.
En el marco del Convenio, el Gobierno ha desarrollado dos procesos de consulta inéditos en el país.
El primero de ellos se refiere a la participación política, que ha tenido una enorme repercusión en el mundo indígena. Más de 500 organizaciones respondieron por escrito y más de mil dirigentes discutieron las propuestas del Gobierno en encuentros y mesas de diálogo en todas las zonas donde se registra presencia indígena.
La segunda consulta recayó sobre el reconocimiento constitucional, que se inició inmediatamente después de la aprobación de la idea de legislar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, esto es, el 7 de abril de 2009.
Es pertinente señalar que el proceso de difusión e implementación que se ha hecho del Convenio Nº 169, en el marco del acuerdo que existe entre el Gobierno de Chile y el Sistema de Naciones Unidas, ha sido valorado y destacado por los propios organismos internacionales que velan por su cumplimiento.
En tal sentido, la OIT ha elegido a Chile como país anfitrión de la conmemoración del vigésimo aniversario del Convenio Nº 169, para lo cual se están planificando una serie de actividades que se realizarán en septiembre próximo.
Otros avances importantes en el ámbito institucional se relacionan con la jerarquía que se le ha dado al tema indígena, instalándose el Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas. Además, se ha remitido al Congreso Nacional el proyecto que crea la Subsecretaría de Asuntos Indígenas que dependerá de MIDEPLAN.
Asimismo, se han creado unidades indígenas en todos los Ministerios e intendencias, transversalizando este tema en toda la estructura estatal.
Estas acciones, junto con los proyectos sobre creación del Consejo de Pueblos Indígenas -para lo cual se realizó la primera consulta indígena sobre participación política antes mencionada-, permitirán instaurar una nueva institucionalidad indígena.
De otra parte, fue aprobada y se encuentra vigente la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios. En ella se estableció un mecanismo a través del cual los pueblos indígenas, cuyo hábitat se encuentre en la costa y puedan acreditar el uso consuetudinario que han hecho de los recursos naturales, podrán acceder al uso exclusivo de un espacio delimitado, cuya administración se entrega a la comunidad indígena beneficiaria.
Ello constituye un enorme avance en el reconocimiento de derechos sobre recursos naturales, ya que el uso consuetudinario determina que la petición del pueblo indígena beneficiario tiene preferencia por sobre otro tipo de solicitudes.
Es preciso destacar también, en materia legislativa, la aprobación de la reforma constitucional que otorgó a la Isla de Pascua el carácter de territorio especial, lo que permitió la elaboración de un estatuto específico, el cual fue ingresado al Congreso Nacional y se encuentra actualmente en trámite.
Por otra parte, se ha creado en Temuco -zona de alta concentración de población indígena- una oficina de la Comisión Defensora Ciudadana, que tendrá por objeto atender las demandas generadas por el pueblo mapuche. Cabe destacar que dicho organismo tiene su sede en Santiago y la única oficina local es la que acabo de indicar.
Asimismo, la Defensoría Penal Pública, creada al amparo de la reforma procesal penal, ha venido desarrollando una política de defensa especializada indígena, para lo cual ha dotado a defensores y otros profesionales de la institución de los conocimientos y competencias necesarios para lograr la prestación de un servicio de calidad.
AVANCES EN DESARROLLO
En relación con el desarrollo de los pueblos indígenas, la política establecida en "Re-Conocer" dispone la entrega de predios a 115 comunidades en el período 2008-2010. En virtud de ello, durante 2008 se respondieron los requerimientos de 36 de ellas y el presente año se cumplirá con otras 44 comunidades, para completar las restantes en el año 2010.
Uno de los mecanismos para la adquisición de tierras es el Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI.
Desde 2006 hubo un incremento presupuestario del Programa denominado "Subsidios para la aplicación del artículo 20, letras a) y b), de la ley Nº 19.253". Con ello, se aumentó la cobertura del Fondo de Tierras y Aguas a nivel nacional y, en lo específico, en términos de la inversión, la compra de tierras en las Regiones del Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Los Ríos y Magallanes .
Otro mecanismo es el que ha sido llevado a cabo a través del Ministerio de Bienes Nacionales, con la tramitación de títulos gratuitos de dominio individual, transferencias comunitarias y entrega de concesiones de uso gratuito sobre predios fiscales a favor de personas, comunidades o de la CONADI, con aplicación del decreto ley Nº 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.
La acción en materia de tierras se ha desarrollado en las Regiones que concentran una alta densidad de población indígena, con antecedentes de ocupación o uso ancestral: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama , Biobío , La Araucanía , Los Lagos, Los Ríos, Magallanes , y provincia y comuna de Isla de Pascua.
En resumen, desde 1994 se han transferido más de 650 mil hectáreas a las comunidades indígenas, cuyo 35 por ciento corresponde a la gestión del Gobierno de la Presidenta Bachelet .
También ligado al desarrollo, el Programa Orígenes entró en una segunda fase con el objeto de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de comunidades del área rural de los pueblos aymara, atacameño, quechua y mapuche.
Desde el presente año se incrementó el Fondo de Decisión Local en un 33 por ciento, lo que implica, en estricto rigor, suplementar los recursos financieros a disposición de las comunidades de 24.546 millones de pesos a 32.573 millones pesos.
Por otra parte, se halla en ejecución desde el año pasado un plan de infraestructura y de conectividad rural-vecinal para las comunidades indígenas, que abarcará el periodo 2008-2012. Esta iniciativa implica 3 mil nuevos kilómetros de caminos y una inversión superior a los 77 mil millones de pesos.
En el ámbito educacional, durante el año en curso completaremos la entrega de 45 mil becas indígenas. Se aumentó en un 53 por ciento las becas de residencia y se realizó una nueva propuesta para los hogares.
En cuanto al fortalecimiento de las lenguas indígenas, se creó la Academia de la Lengua Aymara, en Iquique, y se ampliaron a 323 las escuelas interculturales. Además, se construyeron 30 jardines infantiles interculturales.
Como pueden ver los señores Senadores, ha habido una política consistente para el reconocimiento de los pueblos indígenas y su cultura, para crear una institucionalidad acorde con este reconocimiento que permita su desarrollo y para fortalecer su cultura y la diversidad que forma parte de nuestro país.
SITUACIÓN DE LA ARAUCANÍA
Al inicio de mi intervención, dije que esta era la oportunidad propicia para exponer las políticas públicas que hemos desarrollado con los pueblos indígenas. Para el Gobierno esta es la realidad de las comunidades y no las imágenes de violencia que cada tanto aparecen en los medios de comunicación.
Hemos sido insistentes en señalar que no es dable ligar algunos hechos de violencia con los pueblos originarios, en especial con el mapuche. Son más de dos mil comunidades que, mayoritariamente, quieren trabajar y desarrollarse.
Existen, por cierto, grupos minoritarios que no están de acuerdo con las políticas que se han implementado. Son grupos radicalizados que han hecho de la reivindicación de tierras su objetivo central. Sin embargo, ellos están fuera de toda lógica. Entre otros puntos, plantean un retroceso de los actuales límites a los que existían al momento de producirse la colonización española.
Frente a estos grupos, el Gobierno ha sido claro. No negociamos con quienes utilizan la fuerza. Aquellos que se encuentran en proceso de entrega de tierras y que utilicen diversas formas de presión, no accederán a los beneficios acordados.
Esa ha sido nuestra política y la hemos aplicado consistentemente. A pesar de ello, por razones que todos conocemos, hay quienes insisten en señalar que el Gobierno no aplica las leyes y que en La Araucanía no habría Estado de Derecho.
Las tres provincias que se han visto afectadas por incidentes corresponden a Arauco, en la Región del Biobío, y a Cautín y Malleco en la de La Araucanía. En ellas se han presentado 104 querellas entre los años 2000 y 2009, 38 de las cuales corresponden al período de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet .
El actual Gobierno ha presentado dos querellas invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado. La primera en el 2008, por el incendio provocado en el fundo de Jorge Luchsinger, y la segunda, con motivo del ataque perpetrado a camiones y a un bus interurbano, hechos acaecidos recientemente.
Entre 2000 y 2009 se ha invocado en diez oportunidades la Ley Antiterrorista. Dos de ellas corresponden a la gestión de la actual Administración: la primera por el atentado contra el fiscal Mario Elgueta y su comitiva, y la segunda, contra un líder de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco ) que hoy se encuentra en prisión preventiva.
ACCIÓN POLICIAL
Una de las críticas recurrentes que se le han formulado al Gobierno es por el clima de "inseguridad" que habría en el país y, en especial, en La Araucanía.
Todas las estadísticas en materia de seguridad pública muestran a nivel nacional una disminución en la cantidad de delitos y una leve caída en la percepción de victimización.
Específicamente en las Regiones del Biobío y de La Araucanía, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por Carabineros, las acciones violentas vinculadas a reivindicaciones indígenas no han aumentado durante los últimos tres años.
En la Región de La Araucanía, los datos proporcionados por Carabineros mantienen la tendencia nacional. Durante los últimos tres años, se observa una disminución de las acciones violentas relacionadas con reivindicaciones indígenas. De 123 acciones reivindicatorias realizadas en el 2007, pasamos a 81 durante el 2008 y solo se registran 52 en lo que va corrido del presente año.
Durante el año 2009, y según información entregada por la Dirección Nacional de Seguridad y Orden Público, en la Región de La Araucanía se han registrado 3 detenidos por incendio terrorista; 22 por usurpación violenta; 18 por usurpación no violenta; 3 por porte ilegal de armas de fuego; 9 por hurto de madera, y 25 por desórdenes públicos.
En cuanto a infraestructura, el Gobierno central ha destinado recursos tendientes a mejorar las condiciones y el equipamiento en la zona, así como a incrementar el número del personal destinado a las prefecturas.
Además, se han entregado equipamiento de armamento, chalecos antibalas, cascos balísticos, entre otros elementos. Por ejemplo, desde el período 2006-2009 se ha aumentado sostenidamente el parque vehicular. En 2006 se entregaron a las prefecturas 61 nuevos vehículos; en 2007, 65; en 2008, 95, y en lo que va corrido de 2009, 24.
Como se puede apreciar, existe un claro compromiso del Ejecutivo por tener una verdadera política hacia los pueblos indígenas y por garantizar la seguridad pública en las zonas donde se han presentado conflictos.
Quiero insistir en que las declaraciones con fuerte impacto mediático sobre falta de autoridad o de voluntad para aplicar las leyes carecen de todo fundamento. Más bien obedecen a razones ligadas con la campaña presidencial del año en curso.
A lo largo de esta exposición he insistido en que los pueblos originarios merecen un trato especial por parte de todas las autoridades del país; y reducir las políticas del Gobierno a hechos policiales o delictivos es, a mi parecer, una falta de respeto hacia las personas que los integran.
Muchas gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, que dispone de 17 minutos, tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA .- Señor Presidente , la Región de La Araucanía desde hace años viene sufriendo hechos de violencia protagonizados por pequeños grupos que han elegido la intimidación por la fuerza para obtener de parte del Estado la compra de predios a través de la CONADI.
Esos hechos de violencia ya no son casos puntuales como muchas veces el Gobierno los ha justificado. Tampoco, delitos comunes. Tanto es así que varios de ellos simplemente constituyen atentados terroristas, ya que están destinados a generar temor en la población y a obtener de las autoridades decisiones que de otro modo no tomarían.
El Comité de Senadores de Renovación Nacional estimó necesario solicitar esta sesión especial para hacer presente, una vez más, nuestra profunda y sincera preocupación por los hechos de violencia que han recrudecido gravemente en las últimas semanas en la Región de La Araucanía.
Nos encontramos frente a una amenaza generalizada de tomas de tierras. Tanto es así que hoy el diario "El Austral", de Temuco, consigna una nueva amenaza. Esta vez, de un grupo de comuneros de Quepe, quienes advierten a la autoridad que, de no responder positivamente a sus demandas, comenzarán movilizaciones en la zona, según acuerden las respectivas comunidades priorizadas por el Gobierno para la compra de tierras y que hoy se enteraron de que el proceso se halla paralizado.
El referido diario informa que un grupo de indígenas, encabezados por el consejero regional Hilario Huirilef , llegaron hasta la Intendencia a los efectos de presentar una carta y solicitar una entrevista con la Presidenta de la República para antes del 14 de agosto, pues de no ser así se sumarán a las movilizaciones registradas en la provincia de Malleco.
Como puede apreciarse, La Araucanía se encuentra muy distante de garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho, aunque en esta sesión el Ministro del Interior sostenga lo contrario. Ello significa un grave riesgo para el normal desarrollo de las actividades productivas y de servicios.
Negar la gravedad de tales hechos es simplemente intentar tapar el sol con un dedo. Y creo que, por desgracia, eso es lo que ha hecho el señor Ministro del Interior en su intervención.
La situación en La Araucanía, como expresé, se ha prolongado por demasiado tiempo y -lo que es más grave- ha ido creciendo en violencia y peligrosidad.
Los Senadores de Renovación Nacional queremos saber quiénes son los ideólogos que están detrás de los grupos violentistas; con qué financiamiento cuentan; dónde realizan el entrenamiento que les permite usar armas (por ejemplo, fusiles M-16) y actuar coordinadamente como organización paramilitar.
El Gobierno no puede sostener que no tiene respuestas a tales interrogantes, pues hace aproximadamente seis años se creó por ley, con dependencia del Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Inteligencia, organismo destinado a coordinar las acciones de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Es razonable concluir, entonces, que un organismo como ese debe tener la información; y si no dispone de ella, quiere decir que está faltando gravemente a los deberes que la ley le encomendó.
Respecto al financiamiento de dichos grupos, quiero recordar que, también por ley, hace algunos años creamos, con dependencia del Ministerio de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero, cuyo objeto es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la comisión de algunos delitos, entre ellos las conductas terroristas y las infracciones a las normas sobre control de armas.
En el cumplimiento de las mencionadas tareas legales, ¿qué información tiene la Unidad de Análisis Financiero sobre el financiamiento de dichos grupos violentistas?, ¿ha entregado antecedentes a la Fiscalía del Ministerio Público que investiga los hechos?
A los Senadores de Renovación Nacional nos asiste la convicción de que el país cuenta con la institucionalidad suficiente para impedir que la violencia y el terrorismo se apoderen de una parte del territorio nacional.
Tenemos a Carabineros de Chile, institución integrada por hombres y mujeres que día a día nos muestran su alto profesionalismo y su abnegado espíritu de servicio y sacrificio.
Lo mismo podemos decir de nuestra Policía de Investigaciones.
La pregunta entonces, señor Ministro del Interior, es por qué no se logra detener la violencia en La Araucanía.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).- Le restan 10 minutos al Comité Partido Renovación Nacional.
¿Desea intervenir el Honorable señor Espina?
No: prefieren rotar.
Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , escuché esta mañana una declaración del candidato de la Alianza por Chile señor Sebastián Piñera , mediante la cual expresaba en forma muy enfática que en la Región de La Araucanía -textual- "no existe el Estado de Derecho".
Siento respeto por ese candidato. De manera que no estoy haciendo en este minuto un planteamiento con el objeto de crear una querella eleccionaria. No me parecería serio, dado lo delicado de la situación existente en aquella zona.
Se ha dicho -insisto- que allí no existe Estado de Derecho.
Pienso que a ese candidato presidencial le han proporcionado informaciones equivocadas, las cuales, al generar en él planteamientos y análisis sobre la materia, dan lugar a lo largo de todo el país a una situación compleja que perjudica a la Novena Región, pues en una zona con aquellas características y donde existe el más alto índice de cesantía nadie se atreverá a realizar algún tipo de inversión, por no existir la necesaria seguridad jurídica.
En La Araucanía, señor Presidente, existen 1.800 comunidades.
A los señores Senadores que no pertenecen a esa Región y que no conocen la estructura y la idiosincrasia del pueblo mapuche debo señalarles que las comunidades están conformadas por pequeños poblados con 400, 300, 200, 150 familias.
¿Cuáles son las que están creando el conflicto?
Tengo acá una información absolutamente seria, donde se manifiesta que las comunidades radicalizadas pertenecen a la Coordinadora Arauco-Malleco.
¿Y cuántas comunidades se hallan adscritas a dicha Coordinadora? Treinta, provenientes de entre la Octava y la Novena Regiones.
Esas son las comunidades que han radicalizado el proceso. Y lo saben perfectamente mis estimados colegas de la Alianza por Chile que representan, al igual que el Senador que habla, a La Araucanía.
Para que veamos si la magnitud del problema es tan tremenda, señor Presidente, deseo puntualizar que las comunidades mapuches se encuentran clasificadas de la siguiente manera.
La población rural de comunidades mapuches llega a 243 mil 810 personas; esa es la cantidad de comuneros que trabajan en los campos de La Araucanía. Y en el sector urbano viven 448 mil 382.
Ahí están los cerca de 700 mil indígenas que hay en nuestro país.
Se ha señalado, señor Presidente, que allá no existe el Estado de Derecho.
Permítanme dar lectura a lo siguiente.
La comunera Mireya del Carmen Figueroa Araneda se halla imputada desde hace bastante tiempo.
Florencio Jaime Marileo Saravia se encuentra condenado a 10 años y 1 día por haber incendiado -me parece- bienes raíces de algunos campos.
Juan Patricio Marileo Saravia está condenado a 10 años y 1 día.
Juan Belisario Llanquileo Antileo se encuentra condenado a 5 años y 1 día.
Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao se halla imputado y detenido en la Región de La Araucanía.
Antonio Onofre Cadín Huentelao está condenado a 3 años, más 800 días, más 30 días.
Carlos Alejandro Cayupe Aillapán se encuentra condenado a 5 años.
Juan Carlos Huenulao Lielmil cumple un saldo de pena de 2 mil 510 días.
Juana Rosa Calfunao Paillalef está condenada a 61 días, más 61 días, más 541 días, más 3 años.
Patricia Roxana Troncoso Robles se halla condenada a 10 años y 1 día.
José Benicio Huenchunao Mariñán se encuentra condenado a 10 años y 1 día.
Bueno: ¡si eso no es Estado de Derecho, creo que tengo alguna confusión en cuanto a cómo entender tal concepto!
Porque, señor Presidente , las autoridades respectivas, partiendo por el Gobierno y el Ministerio y la Subsecretaría del Interior, han hecho, a través de la Intendencia y de las gobernaciones de La Araucanía, los planteamientos del caso en los tribunales de justicia -como corresponde a la sociedad democrática en que vivimos-, para que los organismos pertinentes determinen las sanciones por los delitos cometidos.
Ahora, hay detalles y problemas que los señores Ministro y Subsecretario del Interior -aquí presentes-, si lo estimaran pertinente, podrían considerar del análisis que estoy haciendo como Senador por la Región de La Araucanía.
Por ejemplo, el decreto supremo N° 395, que regula el Fondo de Tierras, dispone que los mapuches urbanos -vale decir, los 448 mil 382 que indiqué- tienen, para postular al subsidio de tierras, el mismo derecho que les asiste a los 200 y tantos mil mapuches que viven en los sectores rurales.
Pues bien, los mapuches urbanos, quienes están en las metrópolis -en Santiago, en Concepción, en las grandes ciudades-, no vuelven a las reducciones. Es evidente, entonces, que las tierras que les son asignadas mediante subsidio las arriendan o las venden a otros peñis, hermanos suyos, en la Región.
Ahí tenemos, pues, una tierra que no prospera, que no aumenta y que cada día decrece en el plano agrario. Porque, como sabemos, las empresas forestales, con las plantaciones de pino y eucaliptos, se han tomado la geografía de La Araucanía, dejando cada vez más restringidos los terrenos agrícolas.
Por consiguiente, señor Ministro, me parece que se debe buscar una fórmula para que esos mapuches urbanos no postulen con grandes posibilidades al subsidio en comento, pues no van a utilizar las tierras.
Hoy día -si no me equivoco-, el 56 por ciento de la producción triguera de nuestra zona está en manos de las comunidades indígenas, porque los grandes agricultores han vendido sus campos.
En consecuencia, si los terrenos agrícolas que quedan no son usados para la producción de cereales, se estará generando en La Araucanía un problema, una deficiencia, una falencia económica que, a no dudarlo, repercutirá en el aumento de la cesantía.
Ahora, hay en esta materia otras cosas que a lo mejor interesa evaluar. No estoy diciendo que se proceda como señalo. Empero, lo que digo es resultado de la experiencia que me deja el recorrido que realizo por los sectores campesinos, con los que mantengo un contacto permanente.
Existe una evaluación realizada por la Dirección de Presupuestos, que también se declara partidaria de modificar ciertos criterios de asignación. Por ejemplo, otorgar subsidios a los campesinos mapuches más jóvenes de las reducciones, sobre la base de que están en condiciones de explotar los terrenos, y reemplazar por una pensión la entrega de tierras a los ancianos de las comunidades indígenas, a fin de permitirles tener un sustento digno para vivir los últimos años de su existencia.
La idea es privilegiar a los jóvenes que se quedan en las reducciones, quienes quieren trabajar la tierra y tienen fuerzas para ello; y a aquellos que se encuentran en los últimos años de su vida entregarles, en vez de tierras -estas cada día son más escasas-, una pensión.
Por otra parte, debe observarse con absoluto realismo lo relacionado con la compra de tierras, aspecto que provoca efervescencia, dolor, angustia en muchos sectores campesinos.
En la Región de La Araucanía se han comprado 100 mil hectáreas de terreno. Si se repartieran entre los 290 mil campesinos que quedan, no alcanzarían a media hectárea per cápita. Vale decir, las posibilidades que surgen a partir de la compra de tierras no soluciona el problema de pobreza que aqueja a muchas de las 1.800 comunidades.
Como dije, se compraron 100 mil hectáreas, pero los terrenos han sido entregados sin maquinarias, sin créditos y sin asesoría tecnológica.
Quienes vivimos en sectores agrarios sabemos que para trabajar un campo se necesita tanto o más dinero que el destinado a la adquisición del terreno. Porque, además, hay que tener maquinarias, insumos, etcétera.
Entonces, hoy se observa un triste y lamentable fracaso en las 50 mil hectáreas entregadas, pues varias -casi 20 por ciento- están siendo arrendadas a los propios agricultores que le compraron tierras a la CONADI. ¿Y ello por qué? ¿Por flojera, por irresponsabilidad de los campesinos? ¡No! ¡Porque estos no cuentan con las herramientas indispensables para hacerlas productivas, y eso los obliga a agredir los bosques que quedan, para hacer leña, carbón!
Por consiguiente, señor Ministro , creo que ha de estudiarse la situación, porque no resulta admisible asignarles tierras a los campesinos indígenas sin proporcionarles a la vez maquinaria y -¡por favor!- asesoría técnica.
Quiero terminar, señor Presidente , focalizando mi intervención en lo concerniente a Temucuicui. Y le pido que me conceda más tiempo, pues creo que ello incide en una realidad que le puede servir al señor Ministro del Interior .
A la Comunidad Mapuche Autónoma de Temucuicui -está conducida por Jorge Huenchullán y Víctor Queipul y es la más radicalizada- no se le han comprado tierras porque, ya desde el año 2008, sus miembros han estado dispuestos a ser relocalizados y desistieron de su demanda por los predios del señor René Urban , del fundo La Romana.
O sea, el grupo más radicalizado manifestó disposición en tal sentido. Incluso, ha mirado un fundo, Quechereguas, en la comuna de Traiguén, y estaría llano a irse para allá.
Ahora, la comunidad histórica Ignacio Queipul Millanao , conducida por el lonko Juan Catrillanca y el werkén Mijael Carbone , es la única que quiere la compra del fundo La Romana, de René Urban.
Porque para las comunidades anteriores, para los que se quedan ahí y están postulando a esos terrenos, se han adquirido alrededor de 2 mil 500 hectáreas.
¿Cuánto pide el señor Urban por el campo que crea todo el conflicto que se vive en La Araucanía? Cinco millones de pesos por hectárea. He consultado a entendidos y me dicen que el precio es completamente razonable¿
El señor NOVOA ( Presidente ).- Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor MUÑOZ BARRA.- ¿Me da un minuto más, señor Presidente?
El señor NOVOA ( Presidente ).- Se lo cederá el Comité Unión Demócrata Independiente, señor Senador, ya que usted se "comió" entero lo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, más un minuto.
El señor ALLAMAND .- ¡Que se lo pida al Partido por la Democracia, señor Presidente!
El señor MUÑOZ BARRA.- ¡No me dejaron repostular a ser Senador y me lo van a dar!
Para finalizar -y les ofrezco excusas a mis Honorables colegas de Comité, quienes me han brindado un recibimiento muy cariñoso y fraterno por la intervención que he podido hacer-, solo deseo expresar al señor Ministro que es factible comprar el fundo mencionado, desactivar esa mecha prendida y llevar la pacificación.
No quiero ver más a niños mapuches de 13 ó 14 años salir de un colegio a la carretera como guerrilleros, ya que ahí puede hallarse el foco de la creación de centros de resistencia que provoquen una situación que ningún chileno -y menos los de la Región de La Araucanía- querría para el futuro.
Muchas gracias a la Unión Demócrata Independiente por cederme parte de su tiempo, así como también a los miembros de la bancada a la cual pertenezco ahora, en mi calidad de Senador independiente .
El señor NOVOA (Presidente).- En el turno del Comité Partido por la Democracia e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente , cuando uno escucha las distintas intervenciones, como la relación del Ministro del Interior y la opinión del Senador señor García , la verdad es que algo no calza, no está bien. Alguien está mirando las cosas de un modo enteramente distinto. Sin lugar a dudas, se trata de diagnósticos demasiado diferentes.
El Honorable señor García nos habla de pequeños grupos con una alta tendencia a la actuación violenta. Y otras personas ponen el acento en aspectos distintos, como los problemas de fondo y las historias de falta de integración y de despojo ancestral de las tierras de los pueblos originarios. Son dos visiones que me parecen demasiado disímiles.
Creo que la atención periodística, por desgracia, se ha centrado en algunos conflictos que la atraen más quizás por una cierta espectacularidad. Pero estimo que no son, ni con mucho, algo que agote lo que, en propiedad, deberíamos llamar conflicto no resuelto con los pueblos originarios.
La realidad es que incluso respecto de los incidentes las visiones que se exponen también resultan por completo sesgadas. Se hace mucha referencia a algunos protagonizados por ciertos dirigentes -en particular, los de la Coordinadora Arauco Malleco-, pero ¡por Dios que se dice poco acerca de la violencia que sufren las comunidades en Malleco!
Es preciso bucear en los diarios y en las páginas de Internet para encontrar el relato respecto de los niños mapuches heridos y vejados en Ercilla.
Se mencionan poco -prácticamente, nada- las amenazas de muerte que han recibido dirigentes mapuches por parte de comandos cuya integración exacta desconozco. El comando Hernán Trizano ha proclamado que el conflicto no se va a resolver en el marco del Estado de Derecho, sino, simplemente, a golpes de dinamita.
Y creo que, en ello, el sesgo de la desigualdad, de las miradas distintas, asimismo empaña una visión más lúcida de las dificultades.
Soy de la opinión de que aquí median, al final, cuestiones muy de fondo, las cuales tienen que ver con demandas ancestrales que no han sido resueltas, por desgracia. Sin lugar a dudas, existe un problema de pobreza. Pero no es solo eso. No se trata exactamente del mismo que afecta a otros sectores de la población: existe un problema de pobreza estrechamente vinculado con la discriminación racial. Desde esa perspectiva, no puedo compartir el punto de vista de los Senadores de la Alianza. Me parece que de manera muy unilateral centran su atención en algunos incidentes y piden lo que resulta normal para los sectores conservadores: más represión. Es lo que uno escucha: no un Estado de Derecho, sino más represión. Y no considero que esa sea la solución requerida.
Por mi parte, estoy de acuerdo con José Aylwin , quien escribió ayer una columna en "La Tercera" que juzgo interesante leer. Allí, entre otras afirmaciones, sostiene: "Pensar que con la represión se acaba el conflicto es una aberración.".
Estimo lo mismo, señor Presidente . Y me parece que la de José Aylwin no es una opinión cualquiera. Es, probablemente, una de las personas no mapuches que ha estudiado más la situación y el destino de ese pueblo, con los cuales se ha comprometido durante años.
A la vez -quiero decirlo con mucha franqueza-, siento que, por momentos, el Gobierno se deja arrastrar en el enfoque a que he hecho referencia.
Considero que, de alguna manera, también acaba de hacerlo mi estimado amigo el Senador señor Muñoz Barra en su muy contundente exposición. Más de la mitad de ella la ocupó el listado de todas las acciones represivas en contra de dirigentes mapuches.
Pienso que, cuando discutimos así, estamos justamente legitimando ese enfoque de las cosas, ya que se ponen por delante el aspecto represivo, las condenas¿
El señor MUÑOZ BARRA .- ¿Me da una breve interrupción, Su Señoría?
El señor OMINAMI.- Con todo gusto, pero el problema radica en el tiempo del Comité.
El señor MUÑOZ BARRA .- Serán solo 10 segundos, señor Senador. Conozco su caballerosidad.
El señor NOVOA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA .- Simplemente deseo aclarar que no señalé medidas represivas: hice presente que los tribunales de justicia dictaron esas condenas. Y lo expuse porque se dice que no hay Estado de Derecho en la Región de La Araucanía.
Gracias, señor Senador. No quiero abusar de su tiempo.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente , decía que a veces el Gobierno se deja arrastrar en el enfoque más bien represivo de la cuestión. En ese plano, comparto también la crítica de José Aylwin respecto a la forma en que el Ejecutivo abordó los últimos incidentes de hace algunos días. ¿Qué se hizo? Se envió al Subsecretario del Interior ; se sobrevolaron en helicóptero las zonas de conflicto; se anunció el reforzamiento de las medidas policiales y el nuevo material policial que se llevará a la zona, en circunstancias de que quizás habría sido una mejor señal haber enviado al Comisionado Presidencial designado para resolver los asuntos indígenas. Me parece que ese habría sido un mejor indicador de que el Gobierno entiende que se hallan involucrados problemas de seguridad, por cierto, pero también, fundamentalmente, cuestiones de fondo.
Creo que el propio Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo que hemos suscrito -y con esto termino- dispone la forma de entablar un diálogo conducente con los pueblos originarios. Y ello debe buscar resolver en serio lo relativo a las tierras y restablecer el imperio del Estado de Derecho, pero sin discriminaciones arbitrarias. A los mapuches que están luchando por sus derechos no se les aplica exactamente la misma legislación. Aquí se plantean las dificultades que conlleva la ley que determina conductas terroristas, la cual es francamente una aberración, y otras materias que me parece que debieran ser parte de una discusión en serio, integral, sobre el particular.
Gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente , me parece plenamente pertinente la sesión especial solicitada por el Comité Renovación Nacional, destinada a analizar la situación de seguridad que está afectando a la Región de La Araucanía. Y nosotros adherimos a la citación con fuerza, decisión y convicción.
Se presentan dos formas de enfrentar una cuestión que afecta dramáticamente a cientos de miles de personas: la lógica de la opinión planteada por el Ministro señor Pérez Yoma , por una parte, o la de los hechos, por la otra, expuesta por las víctimas. Y tenemos que optar por una de esas opciones para el análisis del tema que nos ocupa.
El señor Ministro nos dice que existe pleno apego al Estado de Derecho. Y, básicamente, su argumentación se refiere a la cantidad de formalizaciones. Sin embargo, nadie sabe si ello corresponde a 1, 5, 10 ó 50 por ciento de quienes deberían encontrarse en esa condición.
Me gustaría que el titular del Interior se colocara -y lo expreso porque tengo buena opinión de su persona- en la situación de los afectados. No sé cómo reaccionarían los Senadores presentes si sus hijos fueran apedreados cuando van en un bus, si sus casas fueran incendiadas 36 veces, si los fiscales enviaran a lo menos ocho comunicaciones oficiales al Gobierno señalando la necesidad de implementar la ley dentro de la zona de que se trata.
Entonces, sugiero que no basemos el debate en opiniones, sino en los hechos, y que veamos qué podemos hacer y cuáles son los efectos en la Región de La Araucanía, parte integrante de nuestro territorio, de situaciones como las descritas que, obviamente, pueden extenderse a cualquier lugar del país.
En seguida, quiero observar que no es primera vez que estamos analizando el asunto. Estoy leyendo conclusiones de la Comisión Especial que esta Corporación formó hace algunos años, en las cuales se repiten exactamente las mismas aprensiones manifestadas hoy día en la Sala.
Y para que no se diga que se trata de una cuestión que separa a la Concertación y la Alianza, invito a mis Honorables colegas a consultar las actas en que se registra que el entonces Senador señor Silva Cimma hacía referencia a la grave afectación al principio de seguridad jurídica existente en Chile, al terror de ser víctima de la violencia y a la desesperación de no contar con el amparo oportuno de la justicia para garantizar los derechos de las personas.
Este es un segundo aspecto que se mantiene como reproducido con un papel de calco y que afecta a ámbitos muy amplios. Entonces, no basta con simplificar en términos de si se trata de una cuestión de represión o de aplicación de la ley. Un amplio sector del país lo está pasando muy mal y se siente ilegítimamente desamparado en ese último caso. Porque resulta fácil hablar a cientos de kilómetros de distancia, pero resulta más complejo sufrir incendios, apedreamientos y el hecho de registrarse comunicaciones no atendidas de los fiscales.
Mientras el Gobierno siga creyendo que hace las cosas bien, temo que tanto una sesión de esta naturaleza como la violencia y la inseguridad jurídica se van a multiplicar por varias veces durante los próximos años.
Y me preocupan los efectos derivados de lo anterior. Si Sus Señorías observan con atención el último índice de competitividad regional -dicho sea de paso, se halla auspiciado por el Ministerio del Interior y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-, este refleja que la zona con más pobreza, falta de inversión e inseguridad es La Araucanía. No lo dice el Senador que habla, sino el Ministerio del Interior.
En consecuencia, ¿no mediará un vínculo, un vaso comunicante, entre una cosa y otra, determinante de que esa pobreza genere niños con menos oportunidades educacionales y menos opción de desarrollarse, así como también menor inversión pública y privada, lo cual afecta seriamente a un sector amplio de la población?
Ese es el asunto de fondo, que de alguna manera tenemos que enfrentar. Y no basta con plantear una opinión de que se cumple el Estado de Derecho.
Quiero hacerme cargo también de la lógica relativa a la represión, hecha presente por algunos señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Cabe considerar que en este caso existen dos formas de ver la aplicación de la ley. Si cada vez que ella es llevada a cabo se concluye que se trata de una represión, entonces no dictemos leyes y dejemos que desaparezca el principio de autoridad, porque no surge una opción más precisa. ¡Si lo que se está pidiendo es que se recurra a la normativa dictada por el Congreso!
Porque nada resultaría más grave -y en eso coincido con el Senador señor Ominami - que la aparición de grupos vengadores que se autogenerasen el deber de usar la ley del Talión.
¡Honorables colegas, la ley del Talión puede regir en Chile si no actuamos con inteligencia, con energía y con sentido de la realidad! ¡Y eso es lo que preocupa hoy a la Región de La Araucanía!
De ahí que encontremos tan importante la celebración de la presente sesión y la revisión de los procedimientos y la aplicación de la ley a la cual se ha hecho referencia.
Ello se extiende a que los ocho comunicados de los fiscales regionales obtengan respuestas. Porque hoy día he leído en el "Diario Austral" de Temuco que el mismo señor Ministro los responsabiliza a ellos. ¡Lo que aquí no podemos hacer es "jugar al comprahuevos", donde unos responsabilizan a otros y viceversa. Para eso no estamos.
Para concluir, señor Presidente , dentro del espacio de que dispongo -vamos a dividirlo entre la bancada-, quiero subrayar que este es un tema extraordinariamente serio en la convivencia entre los chilenos. Porque existen compatriotas afectados día a día. Porque estamos condenando a una Región a la pobreza. Porque, teóricamente, algunos se sienten justificados, ante la inacción, a avanzar por el camino de la ley del Talión. Porque vemos que la autoridad se desentiende del problema y cree que sobrevolar una zona es una forma de preocuparse por ella.
Por eso, más allá de las interpelaciones que entiendo que van a registrarse en la Cámara de Diputados, me parece fundamental que el Senado se aboque con seriedad al asunto y que no tengamos que reproducir sesiones anteriores en las cuales simplemente nos lamentamos de la falta del Estado de Derecho.
Claramente, a la luz de lo ocurrido, se advierte que este último -¡qué triste y duro es decirlo!- no funciona en algunos sectores de Chile. Si ello no nos importa ni nos preocupa, quiere decir que ese germen puede extenderse a cualquier lugar del país.
Por tal motivo, señor Presidente , espero que la sesión concluya con decisiones de entendimiento y no de enfrentamiento, y que instemos al Gobierno a cumplir la ley, así como también a los ciudadanos a sentirse protegidos. Pero eso no tiene que ver con opiniones, sino con acciones y comprensión.
Tampoco parece justo -como me lo han señalado numerosos alcaldes de mi Partido- que, al final, la repartición de tierras dependa de quienes generen más violencia, ni que, en la medida en que elijan ese camino, existan grupos con más opciones de recibir tierras, de acuerdo a las políticas fiscales, que la inmensa mayoría de los mapuches que buscan la vía del entendimiento.
No caricaturicemos la situación. El problema de La Araucanía no es la violencia del mundo mapuche. Hay algunos de sus integrantes, un pequeño número, que, por la vía de la violencia o del temor que muchas veces muestra la autoridad para enfrentarlos, provocan la sensación de conflicto masivo, en circunstancias de que gran parte del pueblo mapuche se considera perteneciente a nuestro país y desea el entendimiento y no la confrontación.
¡A esos sectores debemos ayudar!
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Partido Radical Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , dado el escaso tiempo de que disponemos para intervenir, lo haré de manera muy breve, porque después usará la palabra al Senador señor Ávila .
Solo quiero señalar dos cosas.
En primer lugar, sostener que en La Araucanía no hay Estado de Derecho me parece una irresponsabilidad. Así lo ha probado el Honorable señor Muñoz Barra .
Pero también debemos decir con claridad que los fiscales han entregado información y detenidos a los tribunales de justicia, y estos han estimado que no han existido pruebas suficientes para determinar efectivamente la culpabilidad de las personas denunciadas o formalizadas.
Resulta obvio que en este tipo de delitos, con personas encapuchadas, no identificadas, no haya posibilidades de obtener pruebas tan ciertas como en otros. En consecuencia, bien o mal para nuestro gusto, los tribunales de justicia han actuado. Y, no obstante los esfuerzos de las policías y de los fiscales, el Estado de Derecho ha determinado que ciertas personas no pueden ser condenadas.
Contra eso, nosotros no podemos intervenir, porque si lo hiciéramos violaríamos nuestras obligaciones constitucionales.
En segundo término, yo he sostenido que sobre el particular el Ministerio del Interior debería aplicar una política diferente.
Los problemas que ocurren en La Araucanía se producen en lugares puntuales. Pero la destinación, por orden judicial o por disposición administrativa, de efectivos policiales para el cuidado de esos lugares, que alcanza aproximadamente a entre 150 y 200 efectivos, implica sacarlos de la dotación correspondiente al resto de la Región.
Por lo tanto, qué tienen que ver Loncoche, Puerto Saavedra o Freire -donde hay 11 carabineros- con la existencia de una dotación insuficiente para la población, debido a que otros efectivos se hallan destinados al cumplimiento de las órdenes de los tribunales de justicia o al desempeño de obligaciones de carácter policial o administrativo.
En tal sentido, aspiro a que el señor Ministro -se lo pido concretamente- cree un cuerpo policial especializado y preparado, al que no se le escapen individuos que quemen camiones a 84 metros de los cuarteles, cuyos integrantes provengan de la dotación nacional de Carabineros y no de la regional, pues de lo contrario se ve afectada la seguridad ciudadana de La Araucanía en general por hechos absolutamente puntuales.
He comprobado que la comunidad de la Región de La Araucanía es absolutamente consciente de que esa solución resulta necesaria.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Le restan cuatro minutos al Comité Partido Radical Social Demócrata.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente , el miércoles 29 de julio de este año ingresó a la redacción del diario "Las Noticias", de Victoria, un individuo que se identificó como miembro del comando paramilitar Hernán Trizano . Manifestó en exclusiva a ese medio que, a partir de la semana del 3 de agosto, dicho grupo armado "meterá sus manos en el asunto", refiriéndose a las demandas indígenas en la provincia de Malleco. Además, indicó que cuentan con dinamita, detonadores N° 8 y mecha lenta, y que no dudarán "en ubicarla" -fueron sus expresiones- donde los señores Ancalaf , Cayul Queipul , Huenchullán y doña Norma Pilquinao . De esa manera, afirmó, se podría dar término al denominado "conflicto mapuche" (como si fuese solo de ellos y entre sus miembros).
La comunidad de Temucuicui vive constantemente sitiada por la policía y la justicia. La situación de violencia solo se puede entender si contextualizamos el despojo que ha sufrido con amparo del Estado chileno.
Hacia 1853, la aplicación de la nueva legislación indígena, más proteccionista, implicó la incorporación administrativa del territorio mapuche al de la República de Chile. El interés de los hacendados del Valle Central por expandirse hacia el sur fue determinante. De esta forma, el General de División Cornelio Saavedra lideró la llamada "Pacificación de la Araucanía", entre 1861 y 1883, mientras nuestros vecinos trasandinos protagonizaban su conocida "Conquista del Desierto", una suerte de "Operación Cóndor", pero ancestral.
En 1871 se iniciaron los trabajos de mensura para rematar las tierras arrebatadas. Se entregaron a los mapuches unos "títulos de merced", que les reconocían la propiedad de las tierras donde habitaban. Sin embargo, solo se atendieron las que poseían materialmente según el Derecho Civil chileno. Se desconoció desde un inicio el concepto mapuche de posesión y territorio.
El Estado adquirió, entonces, 5 millones de hectáreas, y el pueblo mapuche debió hacinarse en poco más de 500 mil. Todo esto, después de constituir la propiedad privada en favor de colonos chilenos y extranjeros.
La usurpación fue siempre condimentada con violencia.
Por otro lado, la homogenización cultural impulsada por el Estado chileno fue responsable también del proceso de estigmatización. Desde 1990, muchas comunidades han luchado por sus derechos ante los tribunales, donde siempre han sido perjudicadas.
No debemos olvidar que la comunidad de Temucuicui pertenecía a la jurisdicción territorial del antiguo Lonko Epuleo Coñomil , cuyo límite sur llegaba hasta el cerro Coipué. Esta era la línea antigua de la comunidad. Sin embargo, cuando fue radicada, en 1884, con el título de merced N° 3B " Ignacio Queipul " y "Millanao", de 150 y 100 hectáreas, respectivamente, Temucuicui fue dejada fuera de los terrenos.
A partir de 1919, diversos remates fiscales entregaron las tierras a la sucesión de Juan Patterson , bajo el nombre de Fundo Alaska y Temucuicui, que completó unas 1.652 hectáreas.
En 1930, el Juzgado de Indios de Victoria fue depositario de reclamaciones. Sin embargo, una argucia legal impidió que la comunidad obtuviera éxito, pues la legislación vigente en esos años planteaba que solo era posible pedir restitución cuando las tierras estaban dentro del título de merced. No quedaban bajo esa consideración las tierras antiguas demandadas.
El señor NOVOA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.- ¿Puede concederme algunos minutos adicionales, señor Presidente?
El señor NOVOA ( Presidente ).- Ya le había dado un minuto, Su Señoría.
¿Puede terminar?
El señor ÁVILA.- Señor Presidente , como no alcanzaré a concluir en el tiempo que se me ha indicado, desearía que el resto de mi discurso fuera incorporado en la Versión Oficial. Me temo que los representantes de ciertos magnates huincas deben haber sufrido muchas irritaciones de carácter en el transcurso de la intervención, y espero que cesen ahora que el señor Presidente ha dado por finalizado mi tiempo.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand, en el período que le resta al Comité Partido Renovación Nacional: diez minutos.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente , si antes de esta reunión existía preocupación en la opinión pública¿
Lamento que el señor Ministro del Interior abandone la Sala precisamente cuando me quiero referir a su intervención. Lo que entiendo es que, cuando se celebra una sesión de esta naturaleza, los Ministros deben permanecer en la Sala.
El señor NOVOA (Presidente).- No es obligación, me dice el señor Secretario.
Lo vamos a llamar, a ver si...
El señor ALLAMAND.- Muy bien: no lo es.
Voy a tener que referirme, entonces, al Ministro Pérez Yoma , no obstante que él ha abandonado la Sala.
Quiero hacer presente que, si había preocupación en la opinión pública y en el país por el tema mapuche, después de escuchar al señor Ministro del Interior ella debe tornarse en alarma.
Y me referiré a un solo aspecto.
Él ha intentado argumentar sobre la vigencia del Estado de Derecho en La Araucanía.
Más aún, por haber deslizado ayer un comentario en orden a que no se estaba respetando el Estado de Derecho, Sebastián Piñera fue objeto de un conjunto de réplicas por parte del señor Ministro , a las que se sumaron algunos Senadores de la Concertación.
Quiero recordar a los señores miembros de la Concertación presentes en la Sala que la Alta Corporación ya tiene un juicio sobre esta materia, al que concurrieron la mayoría de Sus Señorías. En efecto, en 2005, aquí se aprobó por unanimidad un informe basado, fundamentalmente en este aspecto, en la opinión de don Enrique Silva Cimma .
¿Y qué señaló él? Que nuestra Constitución dispone que "es deber del Estado resguardar el orden público y hacer efectivo el imperio del derecho".
Además, indicó que la situación de la zona mapuche se generaba a partir de las alteraciones del orden público y que la reiteración de esas conductas ponía de manifiesto -lo señalo textualmente- que "el Estado está incumpliendo manifiestamente sus obligaciones constitucionales y legales. Por un lado, no está asegurando el orden público y, por el otro, no garantiza el imperio del derecho".
Señor Presidente, que no hay Estado de Derecho en La Araucanía es una opinión del Senado, fundada en el planteamiento de don Enrique Silva Cimma, al que acabo de aludir.
Quiero hacer presente al señor Ministro del Interior, al cual agradezco que haya tenido la gentileza de volver a la Sala, que su apreciación del Estado de Derecho es de una limitación que, verdaderamente, no se compadece con su cargo.
Porque el Estado de Derecho, señor Ministro, no es una formalidad; no es que se pueda presentar o no un recurso; no es que se pueda detener a una persona o a otra. El Estado de Derecho -y por eso Enrique Silva Cimma habla de "vigencia del Estado de Derecho"- es un hecho objetivo.
Si se considera que los asaltos a camiones y los 37 asaltos de que ha sido víctima una persona en su casa demuestran la existencia del Estado de Derecho, entonces el país está en un grave problema. Porque quien debe cautelar el Estado de Derecho, señor Ministro , es usted.
Deseo señalarle también que la opinión de Enrique Silva Cimma es que la inacción da origen a responsabilidad extracontractual del Estado; en consecuencia, con mayor razón a responsabilidades legales y políticas.
Y un último argumento.
La segunda característica del Estado de Derecho es que los organismos públicos tienen el monopolio del uso de la fuerza.
Por lo tanto, las intervenciones de los Senadores señores Ominami y Ávila, quienes hablaron de "grupos armados", confirma que no existe plena vigencia del Estado de Derecho en La Araucanía.
En consecuencia, señor Ministro , si persiste en su idea de que sí lo hay, objetivamente, desde mi punto de vista, usted se hará cómplice de una situación en la cual la ley no está siendo aplicada. Ello, no en mi opinión, sino en la del Senado y de Enrique Silva Cimma.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi.
Al Comité Partido por la Democracia e Independientes le queda un minuto. Pero Su Señoría dispondrá de tres para intervenir.
El señor GIRARDI.- Gracias, señor Presidente, por su generosidad y la del Senado.
La materia en análisis es muy relevante. Es el problema más difícil que enfrenta la sociedad chilena. No creo que exista otro respecto al cual las consecuencias de no resolverlo adecuadamente sean tan dramáticas.
En Chile, los que no disponen de Estado de Derecho son los pueblos originarios, que han sufrido la aplicación de una política de despojo, de avasallamiento. A mi juicio, el resto de la sociedad blanca sí lo tiene, y puede reclamar.
Por lo tanto, debemos hacernos cargo de una parte dramática de la historia de Chile.
Nosotros tendríamos que haber llevado a cabo una política de inclusión. Hemos hecho esfuerzos en tal sentido -no lo niego-, pero han sido del todo insuficientes.
Y, entonces, ¿cómo enfrentamos la situación en comento?
Creo que la política de militarización reviste un profundo sesgo racista. Esto de querer intervenir, judicializar, militarizar la zona, significa no reconocer el problema de fondo.
Lo único que logramos con eso es legitimar a los grupos más radicales, a los más violentos, y echarle bencina al conflicto.
Me parece que aquí, en vez de represión, se necesita inclusión. Se precisa una sociedad solidaria, con algo de sensibilidad ante una situación que, en mi concepto, por los niveles de pobreza, a todos nos debiera llamar la atención, conmocionar.
En Chile, efectivamente, no ha existido limpieza étnica, como en otras sociedades. Pero sí hay limpieza cultural; hay exclusión brutal; hay falta de reconocimiento de los valores y principios más fundamentales.
Me da mucha vergüenza que nuestro país sea cuestionado por organismos de derechos humanos con relación a la causa indígena. Me apena que en el norte les estén quitando el agua.
Hay distintas maneras de excluir, de destruir. Y el Senador señor Orpis lo sabe. Es otra manera, lenta, inexorable, de destrucción de la cultura.
Si deseamos avanzar de una vez por todas, ello significa suscribir un acuerdo de paz. Y el último parlamento indígena se celebró en 1907.
Pienso que ello debe pasar por la amnistía de quienes se encuentran detenidos -no por hechos de sangre-; por la revisión de la política de tierras, que en mi concepto ha sido importante, pero insuficiente. Además, el mundo indígena tiene un concepto diferente acerca del territorio, de la comunidad.
Es fundamental resolver, de una vez por todas, lo relativo a la participación política. Hay que avanzar en materia de reconocimiento constitucional, pues es una vergüenza que seamos incapaces de incorporar a los pueblos originarios dentro de nuestra identidad nacional.
Me parece que todo lo anterior podría sentar las bases para un Nuevo Trato. Sin embargo, a mi juicio, quien vive la odiosidad, la exclusión, tiene derecho a rebelarse, ojalá no por la vía violenta.
Insisto: los únicos que no disponen de Estado de Derecho en Chile son los pueblos originarios.
Entonces, creo que tenemos una deuda histórica, que deberíamos intentar resolver.
Sobre el particular, quiero leer algo que me parece muy simbólico.
Se trata de una relación del Parlamento de Coz-Coz, de 1907, donde un lonco manifestó lo mismo que pasa hoy. Han transcurrido más de cien años y no ha cambiado nada la vida para los pueblos originarios. El texto dice:
"Aquí en Coz Coz Joaquín Mera le ha quitado la tierra a tres indias hijas de la Nieves Aiñamco, después que la mató. El Juez lo soltó después que lo tuvo preso; entonces Mera vino a quemarle la casa a la Antonia Vera".
Yo me pregunto quiénes son los Mera de hoy día.
Eso es lo que debiéramos resolver, y precisar cuáles son los jueces que no aplican justicia, son complacientes y tienen una visión unilateral. A mi juicio, si no solucionamos en forma adecuada este asunto nos arrepentiremos, pues vamos a estimular la generación de una fuerza incontrolable.
El señor NOVOA ( Presidente ).- En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor MUÑOZ BARRA.- Pido al señor Presidente que el Honorable colega me conceda un minuto para hacer una pregunta al Senador señor Girardi.
El señor ESPINA.- Tengo el tiempo justo.
El señor MUÑOZ BARRA.- Necesito solo un minuto.
El señor ESPINA.- Se lo otorgo, con la venia de la Mesa.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Advierto a la Sala que, sumados los tiempos de los Comités que aún no han hecho uso de la palabra, vamos a sobrepasar la hora fijada como término de la sesión. Luego, deberá pedirse la unanimidad para prorrogarla.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , deseo formular una pregunta al Senador señor Girardi , para que no quede como el padre Gatica ; es decir, que predica, pero no practica.
Su Señoría habla mucho de la defensa de los pueblos indígenas, pero qué puede responder respecto de la situación que afectó al único candidato indígena que el PPD postulaba para Diputado , señor Domingo Ñancupil , a quien dejaron fuera para poner en su lugar a don Joaquín Tuma .
He visto la ferviente defensa que hace el Senador señor Girardi de los pueblos indígenas; pero deseo que me informe por qué, en el caso que acabo de mencionar, se aceptó la discriminación, la misma que hoy día se da en la sociedad.
El señor NOVOA ( Presidente ).- Lo que el señor Senador plantea no tiene nada que ver con la materia en debate. Además, le está quitando tiempo a otros señores Senadores.
El señor PIZARRO .- ¡No censure, señor Presidente ...!
El señor NOVOA (Presidente).- Lo que pasa es que hay que respetar el derecho de todos.
El señor PIZARRO.- El Presidente del Senado no puede precalificar o descalificar a priori.
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente , voy a aprovechar esta oportunidad para dirigirme, por su intermedio, al señor Ministro del Interior , pues tengo la impresión de que él podría ayudarnos a resolver la situación que actualmente se vive en La Araucanía, la cual es bastante más compleja que reducirla a una de sus facetas más dolorosas y duras: la violencia.
Hace ocho años que soy Senador por La Araucanía; trabajo con más de 600 comunidades de mi circunscripción, y quiero citar la opinión de muchas de ellas para que, realmente, haya conciencia de lo que está ocurriendo.
En primer lugar, las comunidades mapuches están formadas por personas honestas, honradas, de esfuerzo y que reivindican legítimamente sus derechos; pero viven en la extrema pobreza. Y ellas sienten, en el fondo, que han sido abandonadas durante muchos años debido al fracaso de las políticas públicas. Estigmatizarlas sería un tremendo error, porque la inmensa mayoría de ellas no comparte la violencia y, además, la repudia.
En segundo término, señor Ministro , los niveles de extrema pobreza que se viven en La Araucanía son brutales. Me gustaría saber si los señores Senadores, al recorrer el sector pensarían si constituye o no un germen de violencia vivir en zonas rurales sin agua potable y, lo que es peor, para darle a sus animales, para regar sus campos; sin electricidad ni apoyo para desarrollar sus tierras, donde la inmensa mayoría solo tiene cultivos que les permiten sobrevivir.
¿No hay una enorme responsabilidad del Estado en los niveles de pobreza? Según datos oficiales del Gobierno, 56 por ciento de las comunidades mapuches vive en la indigencia y sin lo mínimo para subsistir.
¿No es ese un germen que induce a la violencia o que la incentiva?
Por otro lado, quiero entregar solo dos datos que dan cuenta del fracaso estrepitoso de las políticas públicas en los últimos años. Y pido al señor Ministro que no acepte que falten a la verdad los funcionarios de la Región.
Las políticas públicas han fracasado. Y el discurso de los parlamentarios de la Concertación en La Araucanía es para comentar ese fracaso. Pero son Gobierno. ¡Son Gobierno! Y las políticas que ustedes han impulsado fracasaron. Por eso las comunidades mapuches votan por la Alianza. Esa es la verdad. Porque las políticas que ustedes han implementado son un fracaso.
Voy a dar un ejemplo: se supone que la CONADI es la gran institución cuya finalidad es ir en apoyo de las comunidades mapuches. Pues les digo que, investigada por denuncias hechas por gente de la Concertación, se descubrió que más de 2 mil 600 millones de pesos se entregaron en forma directa, al margen de los procedimientos legales declarados por la Contraloría, burlándose de las comunidades que postulaban a beneficios en forma pacífica.
¡Y ahí está la Conadi, señor Ministro ! ¡Funciona igual! ¡No hay un cambio! Supuestamente, ella tiene que ir en apoyo de las comunidades mapuches.
Respecto de la política de asignación de tierras, pido que lean el informe citado por los Senadores señores Allamand y Coloma . Dice que las comunidades mapuches, señor Presidente , en relación con esta materia "han hecho presente su frustración y desánimo ante una situación que interpretan como el premio a las actitudes violentas y antijurídicas y un verdadero castigo para quienes respetan la ley. Esta situación les resulta aún más incomprensible si se considera que estos grupos violentos no representan las aspiraciones de las Comunidades Mapuches, que se centran en progresar en paz y tranquilidad.".
¿Tienen derecho a reivindicar sus tierras? Sí, pero deben invocarlo en forma pacífica. La ley les asigna un procedimiento. Pero ¿qué tierras se les entregan? De mala calidad, erosionadas, sin capacidad productiva, sin apoyo para hacerlas útiles y, además, sin premios para aquellos que hacen todo el esfuerzo para reivindicarlas en forma honesta.
Finalmente, porque ya se ha hablado en forma extensa del problema de la violencia, solo dos consideraciones más.
La primera, que las más perjudicadas con la violencia predominante en la Región son las propias comunidades mapuches. Y son las que más la rechazan.
La segunda, que la situación que viven los agricultores y campesinos frente a la violencia es, simplemente, inaceptable, invivible, un infierno.
Lamento que no esté en la Sala el Senador señor Ominami , porque me hubiera gustado preguntarle qué pasaría si él viviera acosado de modo permanente y con el temor de que lo van a asaltar, que le roben, que le destruyan su propiedad o que se la incendien. Eso, señor Presidente , no es bueno para nadie; representa un daño a la Región, y es repudiado por las propias comunidades mapuches que quieren vivir en paz.
En consecuencia, pido al señor Ministro que, de una vez por todas, en el poco tiempo que le resta a su Gobierno, considere esta situación como una grave falencia para el desarrollo de La Araucanía.
El señor NOVOA (Presidente).- En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , me alegra que el Honorable señor Espina haga un alegato estatista tan apasionado. ¡Ha descubierto que el Estado es un instrumento importante y esencial en las políticas públicas y de protección social, de manera que, enhorabuena, porque, después de tantos años de vida política y de tanto debate parlamentario, finalmente ha llegado a la conclusión de que el Estado resulta esencial para garantizar el bien común!
El señor ESPINA.- Muchas gracias.
El señor ESCALONA.- En todo caso, quiero señalar que la simplificación del desafío de la sociedad chilena y la definición de este como un reto exclusivamente estatal es un error.
El candidato presidencial de la Derecha sostuvo que no hay Estado de Derecho -así lo dijo- y no que no estuviese plenamente vigente, según trató de acomodar sus expresiones el Senador señor Allamand en la Sala.
El señor ALLAMAND.- Lea, la cita, señor Senador.
El señor ESCALONA.- Dijo que no hay Estado de Derecho -es lo textual-, lo que es completamente distinto. Señalar aquello, en realidad, es un profundo error. Porque, como se ha sostenido acá -y estoy convencido de ello por haber sido Diputado por un distrito donde el problema mapuche tiene una importancia central, como sucede en Arauco, aun cuando este no corresponde a la Novena Región-, es un reto para nuestra sociedad, desde el punto de vista cultural, económico, social y, por supuesto, institucional, pero no exclusivamente ni sobre todo institucional. Es en esencia -diría yo- un desafío cultural y económico, el cual tiene que ver no solo con la cultura del pueblo mapuche -del que tengo la mejor consideración-, sino también con la de quienes no pertenecen a él.
Porque un aspecto muy importante en las dificultades que se viven en la Araucanía se refiere a la especulación hecha con el precio de la tierra. Y no podemos sostener que eso sea un problema estatal ni del pueblo mapuche. Dice relación a la cultura en que predomina la codicia y la avaricia. Porque, cuando se define que el Estado va a adquirir un predio para entregarlo a las comunidades mapuches, el precio salta tres, cuatro, cinco, hasta diez veces. Y todos sabemos hoy que, desde que comenzaron estas políticas en el año 1990, el valor de la tierra se ha multiplicado no por dos ni por tres, sino por diez, por veinte, por treinta.
Además, ninguno de nosotros ignora, porque los propios líderes mapuches involucrados así lo han señalado, que algunos agricultores promueven la toma de sus predios -lo que les permite pedir su venta incluso en aquellos casos en que no están ni el interés del Estado ni de las comunidades- y cobran más caro por ellos.
Entonces, el problema cultural se encuentra mezclado con el económico, con la avaricia, con la codicia, con ese sentido mal llamado "chileno" -entre comillas- que quiere sacar provecho fácil de una circunstancia fortuita -en este caso no tanto-, como es la necesidad de resolver la demanda de tierras del pueblo mapuche.
Es verdad también -no podemos idealizar las culturas de los diferentes pueblos involucrados- que ciertas personas que no han sido nunca consideradas como mapuches ahora se presentan como tales única y exclusivamente por el interés de requerir los beneficios de las políticas públicas. Inclusive, en algunos casos, resulta muy difícil encontrar el ancestro mapuche de esos individuos; pero, dado que la ley no tiene posibilidad de definir ese aspecto si no es sobre la base del reconocimiento a quien se considere con él, hacen un mal uso de la legalidad y se autocalifican con esa característica no teniéndola, con el objeto de reclamar artificialmente beneficios.
La señora MATTHEI .- Así es.
El señor ESCALONA.- Entonces, señor Presidente , estimo sinceramente que, como la nación chilena es una, el peor error histórico que se podría vivir en el curso de los próximos años es la irrupción de un sector que quiera formar dentro del país otro Estado. Sería un hecho de atroces consecuencias y generaría un conflicto de incalculables repercusiones.
Por lo tanto, la legítima demanda del pueblo mapuche tiene que resolverla Chile como nación, asumiendo su diversidad y multiculturalidad. Este es un asunto en que está de por medio la unidad nacional. Pero esta no se puede resolver a palos ni tampoco con frases, sino encontrando las políticas adecuadas en el mundo de hoy. Porque uno de los efectos impensados de la globalización es que presiona sobre las fronteras nacionales, como lo hemos podido apreciar en Europa, con las más trágicas consecuencias, cuando se desplomaron Estados que nadie pensó que ella los afectaría, como finalmente ocurrió. Cuidar y asegurar la unidad nacional requiere políticas públicas que se desarrollen con amplitud, generosidad y altura de miras, y con la visión que efectivamente asegure la proyección del país a largo plazo.
Por eso, me parece que, cuando el señor Ministro del Interior habló de "irresponsabilidad", tal palabra es atinente al debate, sin perjuicio de que se discrepe de ella. Porque aquí no estamos esencialmente frente a un problema relacionado con el funcionamiento de las instituciones estatales. Incluso, podría reconocerle a la Oposición que hay dificultades en el funcionamiento de los aparatos policiales. Pero ¿la mayor o menor eficacia de estos dice relación a una ausencia del Estado de Derecho? ¡No, pues!
No implica ausencia del Estado de Derecho que los servicios policiales no tengan la eficiencia que se requiere. El Estado de Derecho funciona de todas maneras, de forma que, aun cuando se pida mayor represión, creo que el problema no se resuelve por esa vía, como algunos parecen pensar, sino sobre la base de la multiplicidad de las políticas que se apliquen en el ámbito institucional, económico y cultural; en el reconocimiento de los pueblos afectados, y, naturalmente, en el financiamiento de aquellas.
Porque para el Senador señor Espina ha sido fácil señalar que la pobreza y la indigencia no se han resuelto. Yo espero, en consecuencia, que cuando discutamos la próxima Ley de Presupuestos tengamos unanimidad para aprobar los recursos que las políticas públicas exigen que se apliquen en La Araucanía.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En el tiempo del Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente , creo que estamos participando en una sesión importante no solo para nosotros, sino también para definir situaciones donde es necesaria una mayor preocupación por parte de las autoridades y de toda la sociedad chilena, a fin de encontrar realmente un camino de consenso y de solución respecto de problemas que no son de ahora.
En esto quiero ser bien preciso: la situación ha sido grave desde que Chile existe y desde que el país empezó a desarrollarse. Ha pasado por diversas etapas. El problema, de alguna forma, ha sido permanente en nuestro medio.
Considero, incluso, que no es justo atribuir al Gobierno o a la coalición que ha gobernado en los últimos veinte años la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Porque ello venía de antes. Y, claramente, a mi juicio, queda al descubierto que en años y quizá en siglos no hemos encontrado una solución adecuada. Eso es cierto. Pero no hay excusas para que el Gobierno y la sociedad chilena no resuelvan estos conflictos. Al contrario.
Por otro lado, algunas de las argumentaciones dadas rayan en la caricatura. Porque, venir aquí a sostener que nuestros antepasados han construido una sociedad sobre la base prácticamente de mutilar, aislar, segregar, humillar o asesinar a los pueblos originarios es, a todas luces, una exageración.
Es cierto que ha habido situaciones como esas, pero no ha sido la constante. Chile es quizá el país de América del Sur con el mayor índice de mestizaje. ¡Y gracias a Dios ha sido así! En esta Sala creo que prácticamente no hay nadie que no tenga sangre indígena. Pretender mostrarse en una forma más esnob no tiene lógica.
Pero el problema existe, señor Presidente . Y algunas de las cosas mencionadas aquí son efectivas. Vivir hoy día en ciertas zonas de La Araucanía no debe de ser muy tranquilizador. Tenemos que buscar la forma de superar eso, pero no solo por La Araucanía. Porque, aun cuando en Chile el problema indígena no se halla extendido como en Perú, Bolivia o Ecuador, sí se encuentra presente en todo el territorio nacional.
Algunos señalan que lo que aquí falta es que rija el imperio de la ley. ¡Está bien! Yo soy el primero en decirlo. Además, ha habido ciertas actuaciones del Ministerio del Interior que no me han parecido adecuadas. Lo digo con toda confianza y con toda transparencia y lealtad.
No es dable que el señor Subsecretario exprese que es una majadería insistir en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Siendo él un funcionario que ha actuado con mucha probidad en otras materias, sus declaraciones -tengo que manifestarlo- me dejaron tremendamente preocupado. Porque, antes de 48 horas, el señor Ministro del Interior estaba aplicando dicha ley. "Bueno, ¡pónganse de acuerdo!", podría decir uno.
Pero el problema va mucho más allá de esa pequeña o gran desavenencia entre dos funcionarios realmente calificados y subsistiría incluso si se aplicara la ley, como aquí se reclama. Todos deben cumplirla, pues estamos sometidos al Estado de Derecho. Nadie puede venir a sostener que alguien está eximido de tal cumplimiento por pertenecer a un pueblo originario. ¡También tiene que cumplir la ley! ¡Cómo no!
El punto es que, aun cuando ella se aplicara, no resolveríamos el problema.
Comparto la afirmación del Senador señor Escalona . Este es un problema de la nación chilena. Aquí no existen dos naciones. ¡Cuidado con empezar a decir que tenemos otra! Hay diversidad, sí. Pero, con aquella lógica, se destruye la unidad nacional, que debemos preservar.
El asunto tampoco se soluciona con la entrega de tierras.
Escuché al Senador Muñoz Barra y su alegato me pareció bastante razonable solo en parte. Su Señoría plantea: "Hay tanta población indígena urbana y tanta rural. Entreguémosles tierras". Puede ser una alternativa. Pero necesitaríamos otro territorio. ¡Deberíamos empezar a comprar más superficie, ver cómo pasar hacia el lado argentino¿! En realidad, el problema no se resuelve con media hectárea, con una hectárea, ni siquiera comprando el doble o el triple de la tierra.
Esa es la cuestión.
¿Cómo resolver el problema, entonces? Mediante una solución integral. Y esta es la que Chile no le ha dado a Chile. Así lo diría. No se ha otorgado no solo a los pueblos originarios, sino a todo el país. Aquí, claramente, debería haber una integración por la lengua, por el idioma, por posibilidades de educación, por opciones de participación, incluso en el ámbito político. Nada de ello hemos resuelto y pretendemos reducir la situación a la entrega de tierras.
Si se intenta remediar el problema por esta vía, lo seguiremos teniendo por mil años. Hay que buscar algo mucho más generoso, mucho más inteligente, mucho más integrador, y no seguir con discursos que considero extraordinariamente peligrosos. ¡Venir a hablar del "hombre blanco" a estas alturas de la vida, creo que no es el camino!
Entonces, señor Presidente, espero que el Gobierno y la sociedad chilena entera entiendan que tenemos una deuda con una parte de ella. Aquí hay un sector de personas que ha ido quedando al margen. Y si queremos integrarlas como corresponde -no de una forma que no conduzca a ninguna parte-, debemos abrirnos a buscar soluciones de verdad.
Pero la ley tiene que cumplirse. ¡Eso es lo primero! Aquí no caben situaciones de excepción para nadie. En un Estado de Derecho, la ley rige para todos. Y ello no es represión, no es destrucción de una minoría. ¡No! Las minorías se destruyen cuando no se cumple con la ley. La paz no se logra cuando no se cumple con la ley.
La legislación es fundamental para una sociedad. No perdamos de vista ese principio. No se puede caer en definiciones que no solo no resolverán el problema de fondo, sino que, además, darán pábulo para que haya más violencia e, incluso, para que algunos justifiquen en ella situaciones de oportunismo político y no exigencias de orden público que permitirían a nuestro país ser lo que debiera.
Chile es una nación que ha costado mucho construir, a través de emprendimientos que se han desarrollado durante siglos. Tenemos que estar a la altura de ello, en lugar de buscar escapismos para justificar hoy nuestra incapacidad, nuestra intolerancia y nuestra falta de visión.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha llegado la hora de término de la sesión.
Sin embargo, aún quedan por intervenir los Senadores señores Gazmuri (por 6 minutos) y Larraín (por 10). Además, es posible que el señor Ministro desee hablar al final.
Por tal motivo, pido la anuencia de la Sala para prorrogar la sesión 20 minutos más.
--Así se acuerda.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En los 6 minutos que restan al Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente , considero útil esta sesión especial, pues nos permite hacer un debate lo más profundo posible sobre un asunto que, sin duda, constituye uno de los grandes temas pendientes de nuestra sociedad.
Parto diciendo que discrepo muy profundamente de la afirmación que ha hecho la Oposición en cuanto a que en La Araucanía no estaría rigiendo el Estado de Derecho. Ello me parece particularmente grave, porque implica un error conceptual de fondo que nos puede llevar a conclusiones bastante descaminadas.
El Estado de Derecho nunca impide la comisión de delitos. Si en una sociedad estos no se llevaran a cabo, no se necesitaría el Derecho. Sería la sociedad de la santidad, el paraíso.
El Estado de Derecho permite ordenar la vida social a través de normas y procedimientos, precisamente para que todos se ajusten a la convivencia civil y para que quienes no lo hagan puedan ser ubicados, juzgados y sancionados. Y eso hoy está ocurriendo en el país.
Que hay problemas de orden público en La Araucanía es evidente. Pero nadie se atrevería a sostener que en la Región Metropolitana no impera el Estado de Derecho porque ahí existe cierto nivel de delincuencia. Sería una idea completamente descaminada y, además, generaría un alarmismo que puede dañar a la sociedad y a la misma Araucanía .
En el ámbito de la competitividad, cabe destacar que en esa zona las exportaciones, incluso las forestales, siguen creciendo. El año pasado aumentaron 14 por ciento.
El alarmismo no lleva a ninguna solución razonable de los problemas. En ese sentido, llamo a la Derecha a tener una mínima responsabilidad. Por la historia del país, ya sabemos que no hay que sembrar tempestades.
Y la acusación de que en una parte del territorio, en un Estado como el nuestro, no rige el Estado de Derecho es una acción tremendamente irresponsable, que solo puede dañar al país y, en particular, a la Región de La Araucanía.
Así que invito a los Senadores de las bancadas de enfrente a mostrar en esta materia, a pesar del fragor electoral, mayor responsabilidad histórica.
Por otro lado, es evidente que el problema con la comunidad mapuche, al igual que el de las otras etnias originarias, representa un conflicto que nuestra sociedad no ha sabido resolver en 200 años de república. Se trata de un asunto pendiente que a esta generación le corresponde intentar solucionar de una manera global, sobre todo en un mundo donde la conciencia de los derechos de los pueblos originarios se ha transformado en una cuestión universal.
Cabe agregar que la historia del pueblo mapuche fue distinta durante la República de como fue en la Colonia. Porque el Estado español nunca ocupó territorialmente La Araucanía ; solo estableció un límite en el río Biobío. Tal ocupación y el sojuzgamiento del pueblo mapuche nacen con la República. Y la relación histórica entre esta y dicha etnia obedece a una lógica de exclusión cultural radical y de usurpación y despojo patrimonial.
La exclusión cultural es evidente, desde el desconocimiento de la propia identidad. Se nos enseñaba en Chile que existía una sola raza. Basta visitar cualquier ciudad para advertir la mentira de aquello: somos un país esencialmente mestizo, plurirracial. Pero se nos instruyó durante años que había una sola raza: la chilena. Si eso no es exclusión cultural, ¡qué es! ¡Negación de la propia identidad!
Considero un milagro que todavía se hable el mapudungun, porque se transmitió por vía oral solamente en el seno de las comunidades mapuches. Nunca se enseñó en una escuela. Por suerte los misioneros, sobre todo franciscanos y, antes, holandeses, escribieron gramáticas e hicieron posible que dicho idioma hoy día tenga escritura.
Exclusión cultural y despojo patrimonial.
Antes de la ocupación, la economía mapuche -y esto se halla muy documentado en la obra de Bengoa- exhibía bastante desarrollo en el siglo XIX, con una actividad ganadera de fuerte exportación al centro del país.
El despojo patrimonial tuvo dos fases: la primera fueron las reducciones y la segunda -esto reclaman hoy día las comunidades-, la ocupación ilegal de las reducciones que surgieron a partir de 1883. Esto se halla muy documentado en un libro, que recomiendo, de José Bengoa , sobre la última fase de la usurpación. Aquello sucedió en los años treinta, y se efectúo, supuestamente, en el marco de la ley por los Juzgados de Indios.
Las reivindicaciones de las comunidades -en algún momento conocí en detalle este asunto- exigen revisar los límites de las reducciones, no los del territorio originalmente ocupado.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador.
Le concederé un minuto para que concluya la idea.
El señor GAZMURI.- Gracias, señor Presidente.
En consecuencia, la reivindicación de tierras tiene un origen de mucha justicia. Y entiendo que es un problema muy difícil de resolver.
Pero no se trata solo de tierra -de nada sirve esta sin capacidad de desarrollo-, sino también de cultura, de política.
Por último, los grupos armados y la acción radicalizada son hoy la expresión, felizmente, de una minoría del pueblo mapuche. Si confundimos los términos, si militarizamos la región, si victimizamos al conjunto de la etnia mapuche, el país enfrentará un problema severísimo. En España, la ETA todavía comete crímenes, porque el 15 por ciento de los vascos vota por ella. Eso no ocurre en La Araucanía. Y espero que nunca suceda. Pero ello implica asumir una política muy amplia y contar con capacidad efectiva para aislar a las pequeñas minorías radicales.
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Finalmente, en el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .- Señor Presidente , en este tipo de sesiones, como siempre, a partir de un hecho se derivan muchas conclusiones y análisis.
La verdad es que hoy se nos convocó fundamentalmente para debatir la situación de seguridad que está afectando a la Región de La Araucanía. Este es el objetivo central, sin perjuicio de que, a propósito de él, se aborden asuntos más de fondo de dicha Región y se analicen las responsabilidades que el país tiene frente a los chilenos de origen mapuche, en especial, y a los que conforman los pueblos originarios, en general.
En la actualidad, nadie puede negar que los conflictos de orden público que afectan a una parte de La Araucanía, promovidos por pocas comunidades de las muchas que existen, son reales y efectivos, y que se han incrementado en el tiempo.
Los hechos referidos indican que el problema de orden público efectivamente se ha agravado. No es algo nuevo. Más allá de cualquier consideración, estos existen y amenazan el orden público; o sea, ponen en cuestión la vigencia del Estado de Derecho en la zona. Aquí se evidencia un desborde violento y reiterado por parte de algunas comunidades. Son pocas, pero las hay.
Asimismo, hago presente algo extremadamente delicado: la participación de extranjeros frecuentemente vinculados a las comunidades más violentas. Tengo en mis manos un ejemplar reciente del diario "Las Noticias", de Victoria, que reproduce el testimonio de Víctor Huenchupán , quien manifestó lo siguiente: "existe gente extranjera que se encuentra infiltrada al interior de varias comunidades que conforman el pueblo mapuche en la región de La Araucanía". "Según Huenchupán, los individuos -de rasgos nórdicos e idioma extranjero- muchas veces logran ganarse la confianza de los comuneros, para luego sostenidamente instarlos a que se organicen y promuevan -con el uso de la violencia- sus derechos ancestrales". Estos son datos reales de lo que ocurre allí.
¿Es acaso normal que en nuestro país extranjeros promuevan la organización de la violencia? ¿Es aceptable o tolerable?
Más aún, aquí se ha recordado la situación de propietarios -son dueños de sus predios desde hace 80 ó 100 años- que han sido asaltados reiteradamente, decenas de veces. ¿Es propio de un Estado de Derecho que en una parte del territorio las leyes no rijan?
Por otro lado, he leído que existirían grupos paramilitares que pretenden atacar a comunidades indígenas. Es el caso de un tal "Comando Hernán Trizano". Desconozco la verdad de tal afirmación, pero esas cosas empiezan a surgir cuando efectivamente no hay vigencia de la ley. En ese contexto, cada uno se cree con el derecho de hacer justicia por sí mismo.
Son condenables, absolutamente, quienes promueven la violencia en forma reiterada y, también, quienes procuran, si es el caso, ocupar la fuerza para replicar y reprimir a los primeros. Ambos hechos son completamente inaceptables, pero constituyen una señal de lo que en verdad está ocurriendo.
Y la responsabilidad le cabe obviamente al Ejecutivo . Porque así lo consagra nuestro orden constitucional: al Presidente de la República le corresponde "la conservación del orden público en el interior". Y me parece que no ha cumplido con esa misión.
Efectivamente se cuestiona la vigencia del Estado de Derecho en esos lugares. Ello no solo se reiteró en un informe aprobado por el Senado -sobre la materia se han recordado las palabras del entonces Senador Silva Cimma -, sino que, además, fue planteado en la Corporación por personas como el ex Ministro Juan Agustín Figueroa , quien señaló que, a su juicio, no había Estado de Derecho en la zona.
Pero no entremos en una discusión semántica.
Hay sectores -por ejemplo, en la comuna de Ercilla, donde habita la comunidad Temucuicui- donde algunos grupos se han tomados espacios territoriales, impidiendo el funcionamiento de las policías, los fiscales, el Ministerio Público, los tribunales. Ello significa que existen personas que se arrogan autoridad y derechos que en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional solo les están reconocidos a determinadas autoridades y magistraturas. Tal precepto se consigna en el artículo 7° de la Carta Fundamental, que es lo constitutivo, lo esencial de un Estado de Derecho.
Por lo mismo, quiero precisar y corregir lo que señaló aquí el Senador Escalona -no se encuentra en la Sala en este momento- en cuanto a que Sebastián Piñera habría expresado que en Chile no hay Estado de Derecho.
Voy a citar exactamente lo manifestado por Sebastián Piñera . Dijo: "Al fin y al cabo, el que paga el pato por un gobierno que no es capaz de establecer el orden, de garantizar la seguridad y de hacer imperar el Estado de Derecho es la gente más humilde de La Araucanía, que hoy día sufre no solamente la violencia, sufre también de una de las regiones con mayores niveles de pobreza y con mayores niveles de desempleo.".
Esas fueron sus palabras textuales, que son muy distintas de las que citó hace algunos minutos el Senador mencionado.
Y tal problema no es de hoy. Entonces, parecería injusto todo esto, porque a lo mejor el Ministro Pérez Yoma y el Subsecretario Patricio Rosende están haciendo los mejores esfuerzos por garantizar el orden público en la zona. Sin embargo, el resultado cierto es que no hay seguridad jurídica; no hay tranquilidad; no hay paz ni orden en una parte del territorio de La Araucanía.
Ese es un dato real. Y creo que si alguno de los colegas estuviese viviendo en la comuna de Ercilla podría dar testimonio de que aquello es un hecho, no una opinión.
Allí el conflicto no es de ahora sino que se arrastra desde hace bastante tiempo y, como una bola de nieve, ha ido creciendo.
Repito: no es un problema respecto del cual podamos hacer un juicio solo por lo que sucede hoy día; está ocurriendo desde hace muchos años, y ni los anteriores Gobiernos ni el actual han sido capaces de asegurar la paz y la tranquilidad en la zona.
Esa es una responsabilidad que sí tenemos derecho a exigir, porque vemos que la situación, en lugar de mejorar, empeora.
Con relación a ello -como muchos han sostenido-, aquí hay un germen, existe una explicación. ¿Por qué tiene lugar esa violencia? Porque hay mucha pobreza. Porque los chilenos de origen mapuche que habitan en la Novena Región, y probablemente también en otra, tienen enormes dificultades para llevar una vida digna. Y ello pone en cuestión la política indígena que se ha empleado.
En esta materia se han cometido errores muy grandes; se ha favorecido la corrupción, y, como alguien decía, quizás ha habido propietarios agrícolas que mediante autoatentados han pretendido mejorar el precio de sus tierras. Es posible. No quiero entrar a discutir tal minucia.
Lo cierto es que la política que se ha seguido y en la cual se han gastado significativos recursos no ha solucionado los problemas. Y eso también es responsabilidad de 20 años de Gobiernos de la Concertación, los que, a pesar de sus esfuerzos por zanjarlos, han tomado decisiones que no han resultado, tanto en la preservación del orden como respecto de las causas que puedan llevar a que algunas comunidades busquen el camino de la violencia ante la impotencia de no tener respuestas a sus derechos.
Señor Presidente , creo que lo anterior debería hacer reflexionar a las autoridades de la Concertación, que tienen responsabilidades ineludibles en la situación en comento, porque han estado a cargo de gobernar la nación y, por lo tanto, de mantener el orden público.
Aclaro que no estoy hablando solamente de una persona, sino de diversos Ministros y de todos los Gobiernos de los últimos 20 años.
No se ha hecho bien el trabajo respecto de las comunidades indígenas. Lamento que así sea, porque, para ser justo, este es un problema de Chile con sus pueblos originarios.
Y no es el único aspecto en el que existe insatisfacción. La verdad es que el mundo mapuche no ha estado verdaderamente incorporado al país; no se ha preservado su identidad.
Lo principal para preservar la identidad de un pueblo es la conservación de su lengua, y la de los mapuches se ha ido perdiendo desde hace tiempo. Hoy muchos de ellos no hablan su idioma. Y si se pierde este, que es más importante que perder la tierra, va a desaparecer lo que constituye la esencia de cualquier pueblo indígena que desea preservar su identidad.
No hemos hecho lo necesario para incluir realmente a esa etnia. Y no porque sus integrantes no sean capaces. Yo trabajo desde hace varios años con dos contadoras. Son mujeres de origen mapuche y espléndidas profesionales: honestas, laboriosas, como las mejores.
Aquí no se trata de un problema del pueblo mapuche, sino de Chile, que históricamente no ha sabido realizar bien su labor. Pero en 20 años los Gobiernos de la Concertación no lo han hecho mejor, con la agravante de que en la actualidad enfrentamos un conflicto de orden público que no se ha logrado resolver.
Estimo que tenemos derecho a exigirles a nuestras autoridades que de una vez por todas le den solución, no solo porque va en desmedro de un sector donde pareciera no tener plena vigencia el Estado de Derecho -todos los antecedentes indican que así es- sino, además, porque la insatisfacción de la gente en esa zona deriva de la creencia de que va a tener que seguir conviviendo con la pobreza, el hambre y la miseria eternamente.
Este fatalismo es el que se conoce en los pueblos mapuches que uno ha tenido oportunidad de visitar. Y siempre se siente la impotencia de no haber sido capaces, como país, de resolver sus problemas.
He dicho.
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