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El señor NOVOA ( Presidente ).-
Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, en materia de gobierno y administración regional, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3436-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de reforma constitucional:
En segundo trámite, sesión 85ª, en 22 de enero de 2008.
Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 77a, en 9 de diciembre de 2008.
Gobierno (nuevo), sesión 86ª, en 14 de enero de 2009.
Gobierno (segundo), sesión 36ª, en 29 de julio de 2009.
Discusión:
Sesiones 78ª, en 10 de diciembre de 2008 (vuelve a Comisión); 91ª, en 3 de marzo de 2009 (queda pendiente su discusión general); 92ª, en 4 de marzo de 2009 (se aprueba en general).
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión deja constancia, en el segundo informe, de una cuestión previa referida a la determinación del ámbito de la idea matriz del articulado.
Al respecto, la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Bianchi, Núñez, Orpis, Pérez Varela y Sabag) hizo suyo el criterio del Tribunal Constitucional en orden a que esta última consiste en la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto señale como existentes y que desea resolver. En consecuencia, la idea matriz de la reforma constitucional que nos ocupa se halla compuesta por los propósitos contenidos en el mensaje con que la iniciativa se presentó a tramitación.
Asimismo, el órgano técnico consigna que si bien el proyecto se refiere a aspectos de gobierno y administración regional, su objetivo no dice relación a transformar la organización político administrativa del país, de un Estado unitario a un sistemas federado o de comunidades autónomas, por cuanto es el Presidente de la República , por intermedio de los intendentes, quien tiene a su cargo las funciones de gobierno y administración, sin que ello sea posible modificarlo, al menos por esta vía.
La Comisión precisa, para los efectos reglamentarios, que el número 5 del artículo único, que pasó a ser 12, no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, conservando, por ende, el mismo texto que Sus Señorías aprobaron en general. Es decir, el artículo 125 de la Carta dispondrá que las leyes orgánicas constitucionales respectivas establecerán las causales de cesación en los cargos de alcalde, consejero regional y concejal.
De conformidad con el Reglamento, ese número debe darse por aprobado, para lo cual se requieren 23 votos conformes, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y votación.
El señor PIZARRO.-
Deseo formular una consulta, señor Presidente.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No ha terminado la relación, Su Señoría.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA (Presidente).-
Reitero que primero debe finalizar la relación.
El señor ROMERO.-
De acuerdo con el Reglamento, quiero pedir el aplazamiento de la votación.
El señor NOVOA (Presidente).-
Al terminar la relación,
El señor ROMERO.-
Pero no se pueden dar por aprobadas algunas disposiciones, señor Presidente, en circunstancias de que queremos solicitar la votación de algunas de ellas.
El se��or NOVOA (Presidente).-
La única que se
El señor ROMERO.-
¡Intentemos un debate!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Se está efectuado la relación, señor Senador. Si Su Señoría plantea la votación de algún artículo, le asiste ese derecho.
El señor ROMERO.-
¡Lo ejerzo respecto de todos ellos, señor Presidente ! ¡En la Comisión no tenemos un Senador de nuestra bancada!
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No me grite, Su Señoría, porque escucho perfectamente. Si usted aprieta el botón del micrófono,¿
El señor ROMERO.-
Así lo he hecho desde hace varios minutos, pero Su Señoría no me da la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).-
No me parece pertinente esa otra forma de actuar, señor Senador,
El señor ROMERO.-
Ahora sí que se activó el micrófono.
Pido segunda discusión y votación por artículo, cuando ello corresponda, porque nuestra bancada carece de un representante, repito, en la Comisión de Gobierno.
El señor ALLAMAND.-
Ese es el argumento.
El señor NÚÑEZ.-
Ello no es culpa nuestra.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
No existe ningún problema, Honorable señor Romero. Le asiste ese derecho.
Ahora, tratándose de la primera discusión,¿
El señor ALLAMAND.-
La norma ha sido siempre que no se haga.
El señor ROMERO.-
La tradición ha sido la de aceptar inmediatamente la solicitud, por las razones que hemos dado.
El señor LETELIER.-
Debería completarse por lo menos la relación.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Desgraciadamente, la petición de segunda discusión implica disminuir lo que se destina a intervenciones. Entonces, si un Comité quisiera privar de la mitad del tiempo al resto de los señores Senadores, podría lograrlo muy fácilmente acudiendo siempre a ese expediente.
El señor ROMERO.-
No es la intención, señor Presidente.
El señor NOVOA (Presidente).-
Por lo tanto, no resulta tan claro que proceda en todos los casos.
Si ahora no media un debate, no tengo inconveniente en que, si la Sala lo estima adecuado, pasemos al siguiente punto de la tabla.
El señor Secretario debe terminar la relación, eso sí, e informar en seguida el señor presidente de la Comisión de Gobierno , luego de lo cual el asunto quedaría para segunda discusión.
Puede proseguir el señor Secretario .
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
La Comisión informante somete a la consideración de la Sala una serie de modificaciones que efectuó al texto aprobado en general -el mismo que despachó la Honorable Cámara de Diputados-, las que se acordaron en forma unánime.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate. Sin embargo, los acuerdos de Comités a los cuales di lectura hace un momento fijaron los tiempos para la primera discusión.
Las enmiendas propuestas por el órgano técnico se pueden consultar en el boletín comparado.
Cabe señalar finalmente que requieren para su aprobación el voto conforme de 23 ó 25 señores Senadores, según el Capítulo de la Carta Fundamental en que inciden.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , aun cuando la objetividad siempre es muy difícil y esquiva, trataré de reflejar la mayor que sea posible en relación con la que ha sido una de las discusiones más trascendentales e importantes en que he participado en mis largos años como Senador. Considero muy significativas las modificaciones que en este momento pretendemos introducir en la Constitución Política en materias tan relevantes para la democracia y la estabilidad institucional del país.
Por cierto, deseo resaltar que el debate fue realizado con altura de miras y se desarrolló durante más de un año.
En determinado momento, se nos conminó en la Sala a que la iniciativa volviera a la Comisión de Gobierno para los efectos de abordar con mayor detención algunos puntos que se estimaban significativos o particularmente delicados, cosa que hicimos.
El órgano técnico consultó a connotados constitucionalistas, a personas vinculadas con el sistema de división político administrativa del Estado, a presidentes de instituciones que han agrupado a los consejeros regionales durante muchos años, a algunos rectores y académicos de universidades.
Por lo tanto, deseo subrayar que ha sido una tarea especialmente destacable, de alto nivel y que esperamos que obtenga el apoyo de nuestros Honorables colegas, a propósito de las materias que se tratan en la reforma constitucional.
Con lo anterior, por cierto, no quiero predisponer el buen juicio que acerca de cada uno de estos puntos ellos pueden mantener, porque en la Comisión estamos conscientes de que son susceptibles de más de un debate.
El proyecto nació en un mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República que fue visto por la Cámara de Diputados y despachado por dicha Corporación el 17 de enero de 2008.
El texto de la otra rama del Congreso trataba, básicamente, tres asuntos: la duración en el cargo de Senador -materia que discutimos y nos pareció particularmente delicada-, la elección directa de los consejeros regionales y aspectos generales de la transferencia de competencias al gobierno regional. En esencia, a eso se refería la reforma constitucional que estudiamos a partir de lo que nos llegó. Sin embargo, en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado nos pareció muy significativo incorporar otras materias que consideramos atingentes.
Desde luego, a propósito de la idea de la elección directa de los consejeros regionales, estimamos importante la creación del cargo de presidente del consejo regional.
También encontramos de especial relevancia que en la Carta Fundamental quede establecida con claridad la regulación de las transferencias de competencias, materia sobre la cual, por cierto, ha habido un largo debate durante estos veinte años de transición.
Asimismo, nos pareció trascendente regular las líneas generales de lo que implica la mayor independencia financiera de las Regiones.
Además, juzgamos importante que el Senado de la República disponga de potestad para dirimir los conflictos de competencia que se produzcan entre los consejos regionales y el gobierno central.
Sobre el particular, quiero decir que no es la primera vez que se consagra en el Texto Constitucional que la Alta Corporación sea un órgano dirimente. En efecto, nos corresponde esa función en el caso de conflictos entre la Contraloría y el Poder Judicial , entre otros.
A nuestro juicio, es relevante que los convenios de programación, que en la actualidad solo dicen relación a los gobiernos regionales, se amplíen a los llamados "gobiernos locales".
Y, por cierto, respecto de un asunto sobre el cual durante muchos años hemos querido legislar: las áreas metropolitanas, el proyecto que se somete a consideración de la Sala pretende hacerlo por primera vez. Más adelante profundizaré las razones por las que, tanto los cinco miembros de la Comisión como otros colegas que asistieron a sus sesiones, consideramos trascendente legislar en la materia.
Como señalé, se crea la figura del presidente del consejo regional, cuyas funciones serán determinadas por la ley orgánica constitucional respectiva. Sobre el particular, resulta muy importante dejar constancia de que el proyecto en discusión no aborda el mecanismo eleccionario propiamente tal. Por cierto, el presidente deberá ser electo de manera democrática, en votación directa, por los consejeros, quienes también serán elegidos -como queda consagrado con nitidez-, pero por la ciudadanía.
Ese punto es particularmente relevante, porque a todos nos pareció en la Comisión que en Chile existe una anomalía democrática: se elige al Primer Mandatario , a los Senadores y Diputados, a los concejales y alcaldes, pero no a los consejeros regionales.
Desde nuestro punto de vista, ello debe ser corregido, y tanto en el texto del proyecto presentado por la Presidenta de la República -ya debatido en la Cámara de Diputados- como en el que propone la Comisión se establece con claridad la elección de los consejeros.
La transferencia de competencias desde el nivel central al regional constituye tal vez uno de los puntos más delicados que debimos abordar.
No se nos escapó la alta sensibilidad de dicha materia en países donde se ha descentralizado el poder. En algunas naciones europeas -como en España- todavía se sigue discutiendo acerca de si determinadas competencias deben estar radicadas en las comunidades autónomas o en el gobierno central.
Reitero que se trata de un asunto particularmente delicado y, por eso, juzgamos muy trascendente incorporarlo también dentro de la reforma constitucional que nos ocupa.
En tal virtud, la disposición que aprobamos determina un conjunto de materias sobre las cuales se puede pedir el traspaso de competencias a los gobiernos regionales. No queremos decir con esto que todas ellas deben ser trasladadas a dichas entidades, sino que, a modo ejemplar, proponemos establecer en la Constitución la posibilidad de solicitar que todas, o parte de ellas, sean transferidas a los gobiernos regionales.
Por otro lado, la mayor independencia financiera de las Regiones también es una materia especialmente complicada. La mayoría de nosotros representamos a Regiones en el Parlamento, y tenemos claro que en ellas no se conoce con exactitud el monto concreto de los recursos del Presupuesto de la nación que les corresponden. Si se nos pregunta por su cuantía, calidad y orientación, nos resulta muy difícil dar una respuesta.
Por tal razón, y por otras concernientes al otorgamiento de mayor autonomía a nuestras Regiones, particularmente en un ámbito tan delicado como el financiero, en la Comisión establecimos tres puntos que, a nuestro juicio, merecen la mayor atención de la Sala.
El primero se refiere a que, para efectos de la aprobación de los presupuestos regionales, deberán considerarse los recursos asignados en la Ley de Presupuestos de la Nación, los provenientes de los convenios de programación y los fondos propios.
Esas son las tres fuentes de financiamiento de nuestras Regiones.
En segundo término, el presupuesto regional deberá debatirse segmentadamente por Región durante la discusión presupuestaria, es decir, tendrá que aprobarse por el Congreso Nacional.
Es muy importante que el Parlamento, y en especial el Senado, analicen exactamente cuántos recursos se le asignarán a cada Región en el Presupuesto, respecto del cual nosotros debatimos Partidas nacionales. Ello obligará al Ejecutivo a establecer Partidas por cada una de nuestras Regiones y a determinar los mecanismos de distribución pertinentes, tal como se realiza en los casos del Fondo Común Municipal y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
De esa forma, los presupuestos de cada una de las Regiones también serán conocidos por el Congreso Nacional.
En tercer lugar, la reforma establece que el consejo regional estará facultado -sobre este punto deberá abundarse en la ley orgánica constitucional respectiva- para resolver, de manera independiente, sobre los planes de desarrollo y de inversión propuestos por el presidente del consejo regional.
Nos parece esencial que dicha autoridad no sea una figura decorativa, sino una capaz de representar al conjunto de los consejeros elegidos y de plantear cuáles serán las estrategias de desarrollo de sus Regiones y los asuntos centrales en torno a los que deba debatirse el Presupuesto a los efectos de profundizar en un desarrollo más integral de nuestras Regiones.
En cuarto término, respecto al Senado como órgano dirimente, debo señalar que se trata de una materia a debatir, y es muy relevante hacerlo con altura de miras. Pero como dije al inicio de mi intervención, no es la primera vez que se le otorga a la Corporación la facultad de dirimir entre dos Poderes del Estado; aunque aquí no se trata de eso, por cierto.
Por lo tanto, resulta fundamental conocer en qué condiciones actuará el Senado ante un conflicto que pueda presentarse:
a) Cuando haya una negativa del poder central para transferir una competencia solicitada por el respectivo consejo regional.
Dicho consejo podrá pedir que se le entregue determinada competencia por los dos tercios de sus miembros. No se trata de que cualquier grupo de consejeros pueda ponerse de acuerdo para requerir que se le traspasen atribuciones respecto a transportes, a salud, a educación. Se precisa que el consejo, una vez analizado el asunto, solicite al gobierno central, con el quórum mencionado, la transferencia de determinadas funciones, consideradas en el artículo 114 de la Constitución que proponemos incorporar en reemplazo del actual.
b) Cuando el propio consejo regional rechace una transferencia efectuada por el Poder Ejecutivo .
En ambas situaciones, nos parece básico que el Senado de la República tenga la posibilidad de actuar en forma dirimente ante un conflicto.
También consideramos esencial que los convenios de programación queden radicados no solo en los gobiernos regionales, sino que se hagan extensivos a los gobiernos locales.
Sin embargo, no es tan importante la ampliación de tales convenios, como sí lo es la obligatoriedad de su cumplimiento.
En la actualidad, muchos de ellos se quedan normalmente en las buenas intenciones, o a veces son utilizados por un Diputado, un Senador o un funcionario de Gobierno para lucirse ante la posibilidad de desarrollar tal o cual iniciativa, sin que exista la obligación de cumplirlos.
Por lo tanto, en esta reforma constitucional nos pareció relevante disponer que dichos convenios de programación, luego de su establecimiento, sean obligatorios.
Y, por último, no quiero ahondar mayormente en el punto, pero debo decir que Chile se ha transformado en un país altamente urbanizado. No solo Santiago ya es una gran metrópolis, sino también Valparaíso , Viña del Mar, Concepción, Temuco. Hay conurbaciones crecientes en la Octava Región.
En consecuencia, nuestro país ha evolucionado hacia uno donde complejas zonas metropolitanas merecen gobiernos de naturaleza distinta de la existente. Por eso, nos permitimos introducir la posibilidad de la creación de "alcaldes mayores" -por llamarlos de alguna manera- en cada una de las áreas que se establezcan, tal como ocurre en París, Madrid o en varias ciudades altamente complejas. Es muy importante que haya un sistema diferente del actual, que es bastante caótico.
Por lo tanto, me parece muy relevante tener claro que se trata de un nuevo orden institucional. Como mencioné, en él existirán mayor independencia regional; mayor legitimidad de origen para cada uno de los consejeros regionales, quienes deberán actuar de la manera que señalé, y se creará el cargo de presidente del CORE. Todo ello posibilitará mayor fomento para las Regiones y mayor grado de equilibrio entre estas y la zona central del país.
Por último, deseo señalar que no hay nadie dentro de la Comisión de Gobierno -y creo que tampoco en la Sala- que quiera atentar contra un principio que nació con la República: el carácter unitario del Estado de Chile.
A mi juicio, cualquier insinuación en el sentido de que estamos sentando las bases para el federalismo o para un nuevo Estado nacional, que rompa definitivamente con nuestra tradición, es equivocada. Porque ninguno de nosotros piensa en ello, sino, básicamente, en cómo descentralizar más el país.
Por consiguiente, pido a mis estimados colegas que, a partir de mañana, realicemos un gran debate de cada uno de los artículos. No he hecho cuestión en cuanto a que ellos fueron aprobados por unanimidad. Y, en teoría, el señor Presidente podría haberlos sometido a la consideración de la Sala. Pero nos pareció que, objetivamente, dada la naturaleza y alcance de la materia, cada uno de los preceptos merecía ser analizado aquí por los señores Senadores.
He dicho.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra.
El señor NOVOA (Presidente).-
Para referirse a una cuestión de procedimiento, tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , ya que existe un acuerdo en términos de dar un tiempo a cada Comité para debatir el proyecto, que en la práctica equivale al que se dispone para analizar la idea de legislar, y que paralelamente se ha pedido segunda discusión, ¿por qué no efectuamos la primera hoy y mañana votamos por artículo?
Me parecería muy relevante comenzar el análisis ahora, considerando sobre todo la presencia de consejeros regionales en las tribunas.
--(Aplausos en tribunas).
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Luego me referiré a lo señalado por Su Señoría. Antes, daré la palabra el Senador señor Allamand .
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente, solo deseo plantear una duda con respecto al procedimiento del Senado.
A mi juicio -quiero que usted me corrija o lo aclare-, cuando se pide segunda discusión, en la práctica, de acuerdo con la tradición, ello significa que la materia sobre la cual recae dicha solicitud debe ser analizada en la sesión siguiente. Es la norma que yo por lo menos he visto aplicar en los años que llevo en el Senado.
El Honorable señor Romero pidió precisamente eso. Y tengo entendido que es lo que corresponde.
No me refiero a cómo debemos proceder en esta sesión. Hay una propuesta del Senador señor Orpis , y otra de distintos parlamentarios. Simplemente quiero preguntar qué disposición se emplea habitualmente cuando un Comité solicita segunda discusión. Yo pienso que eso conlleva aplazar la vista de la materia para el día siguiente.
Deseo que el señor Presidente me lo confirme o, en definitiva, me señale que estoy en un error.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Está en un error, Su Señoría.
El inciso final del artículo 129 del Reglamento, que habla de la segunda discusión, dice: "La segunda discusión empezará en la sesión siguiente a aquélla en que haya terminado la primera".
Y ello por la razón que señalé anteriormente: si en el ejercicio del derecho de cada Comité a pedir segunda discusión no se llevara a cabo la primera, se privaría a los Senadores del tiempo suficiente para debatir.
Ahora, con relación a la situación que nos ocupa¿
El señor ALLAMAND.-
Excúseme mi ignorancia reglamentaria, señor Presidente -llevo acá tres años no más, mucho menos que otros Senadores-, pero cada vez que he visto solicitar segunda discusión, el procedimiento utilizado fue el que indiqué.
Entonces, deseo que me diga si no es así y, en consecuencia, solo yo he advertido esa práctica. En tal caso, le pediría que me informara a través de qué procedimiento reglamentario es posible dar lugar a la situación que manifesté.
Pero -reitero- en estos tres años he observado una y otra vez que, cuando un Senador solicita segunda discusión, el procedimiento usado habitualmente, más allá de lo que dispone el artículo del Reglamento antes citado, fue el que mencioné. De manera que, según entiendo, ello corresponde a la tradición del Senado. Y aquí hay varios señores Senadores que podrían dar cuenta de ello.
Si estoy equivocado, señor Presidente , le agradeceré que me lo aclare.
El señor ROMERO.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor GAZMURI.-
Pido la palabra.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero, y después, el Honorable señor Gazmuri .
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , la discusión general ya se realizó. Lo que corresponde ahora, con respecto al proyecto con segundo informe de la Comisión, es votarlo artículo por artículo.
Entonces, no puedo entender que la Mesa esté aplicando una norma relativa a una iniciativa con primer informe (en debate general) respecto de uno con segundo informe, donde hay que votar por artículo.
Obviamente, cuando se vota de esa manera, también hay una discusión por artículo respecto del punto específico -como señaló el Senador señor Orpis en la segunda parte de su intervención-. Eso es obvio: cada disposición debe ser debatida. Pero no hay discusión general cuando hay segundo informe, sino por artículo.
Por eso quiero reiterar al señor Presidente que hoy estamos ante el segundo informe respecto de una materia debatida ampliamente por el Senado. La discusión general ya se hizo. De modo que ahora corresponde el debate particular.
En consecuencia, nuestra petición de segunda discusión -incluso dije que queríamos votar por artículo- obedece a una razón muy simple: no estamos representados en la Comisión.
No estoy tratando de suspender o prolongar un debate, sino de ordenar el debate, porque simplemente no entiendo que se vayan a repetir los mismos conceptos planteados en la discusión general.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , estamos ante un problema, en el sentido de que el acuerdo de Comités -adoptado en forma unánime, hay que decirlo, con la presencia de Renovación Nacional- fue que haríamos una excepción. Porque, ciertamente, nos encontramos ya en la discusión particular y, por tanto, de acuerdo con los procedimientos y los usos, no cabe repetir el debate general.
En la reunión de Comités se argumentó que, dado que el informe venía despachado en forma unánime -por tanto, según lo que procede habitualmente, correspondería votarlo de una sola vez, salvo que se pidiera discutir algún artículo-, haríamos una excepción y llevaríamos a cabo un debate global en un trámite de discusión particular.
Ahora, si el Comité Renovación Nacional pide segunda discusión, está en su derecho reglamentario.
Por consiguiente, se nos crea una contradicción.
Acordamos por la unanimidad de los Comités -y lo podíamos hacer- un procedimiento no regular. Pero ya que se ha pedido segunda discusión, propongo evitar el análisis general para salvar el impasse, y, en función de ello, solicitar a dicho Comité que retire su petición a fin de empezar ahora el debate por artículo.
Si todos estuvieran de acuerdo, se zanjaría el problema.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Romero.
La señora MATTHEI.-
Quieren tiempo para estudiar el proyecto.
El señor ROMERO.-
Señor Presidente , no tendríamos ningún problema en realizar un nuevo debate general. Pero lo que nosotros entendimos en los Comités -a lo mejor estamos equivocados- fue que se iba a abrir una instancia de debate, artículo por artículo, dada la complejidad que reviste una materia de esta naturaleza.
Por otra parte, reitero que no tenemos representación en la Comisión pertinente, de modo que nos resulta muy complejo iniciar hoy día el debate y la votación particular.
Entendemos que cada precepto va a tener que ser discutido. Ahora, si la Sala quiere hacer un nuevo debate general, no nos oponemos. Y si lo desean efectuar, en hora buena. Pero la decisión la va a adoptar la Mesa.
Lo que solicitamos es que la discusión particular -¡artículo por artículo!- la hagamos, al menos, a partir de mañana.
No obstante, si Sus Señorías quieren llevar a cabo una segunda instancia de debate general, no nos vamos a oponer.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , en una ocasión anterior, los Comités utilizaron un procedimiento que, a mi entender, era contrario al Reglamento. Leí el texto correspondiente, pero se argumentó sobre la base de lo dispuesto en el artículo 19 de aquel: "Ningún Senador podrá oponerse a los acuerdos adoptados, dentro de su competencia, por la unanimidad de los Comités.
"La oposición que se haga se tendrá por no formulada y no será sometida a debate.".
Entonces, invoco el mismo derecho que se ejerció en mi contra en su momento.
En consecuencia, señor Presidente , pido respetar el acuerdo de Comités, tal cual fue convenido. Con ello, no estoy negando, en absoluto, el derecho del Comité Renovación Nacional a pedir segunda discusión y, por tanto, que ella quede para mañana. Se entiende que no habrá debate general y que se iniciará de inmediato el correspondiente a cada artículo. O sea, se da a conocer la primera disposición, iniciándose en seguida la votación.
Eso es lo que acordaron los Comités. Por lo menos, así lo entiendo.
Lo único que solicito ahora es que se aplique el mismo procedimiento que, en su momento, fue contrario a mi interpretación del Reglamento.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Espina.
Después daré una opinión respecto del Reglamento y del acuerdo de Comités de hoy.
El señor ESPINA.-
Señor Presidente, la sugerencia de los Honorables señores Orpis y Romero es exactamente la misma. Por lo tanto, quiero solicitar, de manera formal, que la acordemos.
No es primera vez que respecto de un proyecto de ley que presenta distintas complejidades los Comités resuelvan un tratamiento especial. Pero, a mi juicio, la propuesta realizada por los Senadores mencionados es la más sensata: primero, realizar hoy día una discusión conforme a los tiempos asignados a cada Comité, a fin de tener un debate general, pues, tratándose de asuntos diferentes a los del primer informe, queremos ilustrarnos con otras opiniones sobre materias que resultan tan importantes.
En segundo lugar -como ya lo mencionó el Senador señor Romero reiterando lo dicho por el Honorable señor Orpis -, que la discusión artículo por artículo se haga mañana.
La razón de por qué queremos que se proceda así no es menor. Y la quiero señalar, sobre todo porque hay consejeros regionales presentes en la Sala. Pero ella no es por estar en contra del proyecto, sino que obedece al hecho de que, por no tener a un miembro de nuestro Partido en la Comisión, no tenemos la posibilidad de informarnos acerca de lo que se resolvió.
--(Manifestaciones en tribunas).
Por esa razón, queremos, señor Presidente , que se debata hoy y se vote mañana con conocimiento de cada uno de los artículos. Es muy simple.
El señor LARRAÍN.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En seguida daré la palabra a Su Señoría.
Hay ciertos puntos que me gustaría precisar.
Respecto de la tradición de la segunda discusión, entiendo que no hay tal.
Cuando ella se pide y ningún señor Senador se ha inscrito para usar de la palabra en la primera discusión, el asunto queda para la sesión siguiente. Pero si hay diez inscritos, se les dará la palabra.
Esa es una cuestión reglamentaria. Si el criterio de las Mesas anteriores ha sido distinto, no fue bien aplicado. Pero -y así me lo confirma el señor Secretario -, cuando se pide segunda discusión y hay Senadores inscritos para hablar en la primera, lo pueden hacer. Una vez finalizada esta primera discusión, se lleva a cabo la segunda en la sesión siguiente.
Por otra parte, los acuerdos de Comités son válidos para la Sala, como señaló el Senador señor Vásquez .
Tuvimos una reunión de Comités en que participaron los dos de Renovación Nacional. Se trató de manera especial la forma de debatir este proyecto en segundo informe y que, reglamentariamente, debía votarse sin debate, porque todas las modificaciones que se le introdujeron fueron aprobadas en forma unánime.
Planteé que, en mi opinión, una iniciativa tan importante tenía que ser discutida. Por eso, se estableció esta división del tiempo de una hora y media, lo cual no tiene nada que ver con el procedimiento normal que consiste en poner en votación, sin debate, todas las enmiendas aprobadas por unanimidad, a menos que algún Comité pida votación separada de alguna. O sea, se estableció dicho procedimiento para facilitar la discusión. Y, a mi juicio, lo anterior no obsta en nada el derecho del Comité de Renovación Nacional para solicitar votación separada de todos los artículos y segunda discusión, según se planteó.
Por lo tanto, sería bastante inútil hacer un debate general y luego analizar artículo por artículo, ya que se pidió votación separada de todos ellos.
En tercer término, respetando, por cierto, el derecho de los señores Senadores a participar del análisis de un proyecto con la mayor cantidad de información posible, no creo conveniente el precedente de que se postergue o se saque de la tabla -es lo que se está requiriendo- una determinada materia, porque un Comité no tiene representación en alguna Comisión.
Hay siete Comités y las Comisiones están integradas cada una por cinco miembros. Por lo tanto, en todas van a faltar, a lo menos, dos de aquellos.
Entonces, si el precedente es que cada vez que funcione una Comisión en que un Comité no tiene representación -puede ser el Radical Social Demócrata, el Demócrata Cristiano o el de la Unión Demócrata Independiente- no se va a discutir cierto asunto, me parece complicado.
Está claro que se pidió votación separada de todos los artículos. Este es un derecho de todo Comité, y se respeta. No hay ningún problema al respecto.
De otro lado, fue solicitada segunda discusión. Al respecto, voy a pedir a la Sala que resuelva, porque tenemos dos opciones: dar por terminada la primera discusión ahora o ella se hace dentro del tiempo fijado para que se realice. Todos los demás aspectos son reglamentarios.
Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN .-
Señor Presidente , quiero reafirmar los criterios sobre el sentido de la segunda discusión.
No hay una tradición única en esta materia. Y se aplican las normas reglamentarias, según Su Señoría expresó. Sobre el particular, no tengo dudas.
Otro punto dice relación al siguiente problema: hubo unanimidad en las propuestas de la Comisión y, en rigor, solo si se pide en la Sala votar cada una de ellas, corresponde hacerlo sin discusión. Se podrá fundamentar el voto, pero no hay debate.
Ahora bien, si los Comités acordaron un procedimiento a fin de tener discusión sobre cada artículo y luego votar, me parece el mejor camino.
En ese sentido, creo que sería un poco absurdo que luego de discutir y aprobar cada indicación, se hiciera un debate general. Como habrá que ir discutiendo artículo por artículo sin votarlo, no procede una discusión general. Solamente procede la particular. Y, por haberse pedido votación separada, habría que ir artículo por artículo. De manera que lo que procede es que el señor Presidente divida el tiempo para referirse a cada uno y votar mañana.
Esa sería una fórmula, pues no veo la posibilidad de efectuar una discusión general y que mañana, en el debate particular, tengamos una discusión adicional. Ya se hizo la discusión general.
Por lo tanto, el punto es que hoy día realicemos la discusión artículo por artículo y mañana votemos. Es lo que cabe desde el punto de vista reglamentario, o que se postergue todo para mañana.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.-
Señor Presidente , solicito formalmente que el señor Secretario dé lectura de nuevo al acuerdo de Comités. Porque, si estos acordaron no votar en forma separada, debe procederse así. De lo contrario, debe seguirse el trámite normal.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , ¿por qué no llama a una reunión de Comités para resolver el problema?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Quiero precisar el acuerdo de los Comités: se planteó que, dada la importancia del proyecto, se iba a distribuir una hora y media entre los distintos oradores, sin perjuicio de que se pudiera pedir votación separada respecto de cada artículo.
En consecuencia, para no estar discutiendo toda la tarde, parece que la solución está clara.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , basta observar el texto aprobado en general por la Sala del Senado y el propuesto por la Comisión para darnos cuenta de que se trata de proyectos distintos. Por lo tanto, a mi juicio, lo señalado por los Senadores señores Orpis y Romero en el sentido de que dispongamos hoy de una hora y media -entiendo que ese es también el acuerdo de los Comités- para una discusión general es absolutamente procedente.
Aquí hay un sinnúmero de materias que no estaban en la idea matriz de esta reforma constitucional cuando la votamos. Por eso es tan importante abrir la posibilidad de discutir nuevamente en general, durante la hora y media que acordaron los Comités, lo que va a permitir hacer claridad sobre muchas indicaciones agregadas en la Comisión.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente, sugiero acogernos al planteamiento de la Mesa.
El acuerdo fue discutir esta materia durante el tiempo que dura la hora de Incidentes, más 50 por ciento -es decir, durante una hora y treinta minutos-, y distribuirlo entre los Comités.
Se ha argumentado que el proyecto ha cambiado y que, en consecuencia, es bueno revisarlo. Pues bien, el tiempo convenido va a permitir satisfacer con creces esa necesidad.
Respecto de la segunda discusión -es decir, la votación artículo por artículo-, propongo hacerla mañana.
A mi modo de ver, ese debiera ser el camino, señor Presidente, y, desde luego, reitero que respaldo su proposición.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Habría sido bastante bueno, entonces, que, para evitar todo este escándalo, se hubiera procedido como sugirieron los Comités; es decir, llevar a cabo el debate y, después, si se pidiera votación separada, llevarla a cabo. Sin embargo, hemos perdido media hora inútilmente.
El señor PIZARRO .-
Pero, ¿qué vamos a hacer, repetir el debate en general y mañana votar?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador, vamos a empezar la discusión y mañana se votará artículo por artículo.
En el tiempo del Comité Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Cantero.
El señor CANTERO.-
Señor Presidente , el proyecto que se somete a consideración de la Sala me parece que avanza en el sentido que establece la Constitución, en particular en su artículo 3º, ya que mantiene un Estado unitario, pero con una administración funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada, en su caso.
Asimismo, apunta a que los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización y el desarrollo equitativo y solidario entre las Regiones, provincias y comunas del territorio nacional.
En seguida avanza en la creación del cargo de presidente del consejo regional y en la regulación constitucional de la transferencia de competencias, estableciendo claramente un conjunto de materias que podrían ser consideradas a este propósito.
También habla sobre una mayor independencia financiera de las Regiones, aun cuando echo de menos que en las Partidas pertinentes del Presupuesto de la Nación se consideren, de una vez por todas, presupuestos separados regionalmente en forma integral. Aquí se enfatiza lo que ya está consignado: que las Regiones tendrán un presupuesto y un plan de inversiones. Pero confío en que en lo futuro en el Presupuesto de la Nación ellas dispongan separadamente de los recursos entregados no solo por los órganos descentralizados, sino también por los Ministerios, que los aplican de manera desconcentrada.
Además, me parece importante establecer la duración del cargo de Senador, la elección directa de los consejeros regionales y los aspectos generales de las competencias a que he hecho referencia.
La elección democrática de los CORES y la creación del cargo de presidente del consejo regional los considero avances de la mayor relevancia. Empieza a construirse la personalidad de estas autoridades, con vocerías y representantes que tengan un fuerte arraigo regional, rompiendo la tradición que hasta ahora caracterizaba al Estado, el cual, aun cuando hablaba de regionalización y descentralización, lo cierto es que, desde el punto de vista de la gestión regional, mantenía un sistema muy parecido a la encomienda, con un Intendente que debía reportarse y consultar cada decisión con el nivel central.
Es un paso muy importante. La elección democrática y la creación de un vocero que encabece, como presidente del consejo regional, las inquietudes, necesidades y anhelos de las Regiones aportarán legitimidad.
La transferencia de competencias desde el nivel central al regional me parece muy trascendente. Ello permitirá avanzar en la lógica de establecer gobiernos regionales con competencias y primacía respecto de los Ministerios, los cuales muchas veces los sometían por la imposición de criterios.
Se avanza también en la línea de dar mayor independencia financiera a las Regiones, en considerar fondos para los presupuestos regionales. Deberá discutirse en forma segmentada el presupuesto para cada una de ellas. Ahí es donde echo de menos el determinar todas las Partidas que se aplicarán en una Región.
El consejo regional estará facultado para resolver de manera independiente sobre los planes de desarrollo. Frente a litigios de competencia, el Senado actuará como órgano dirimente, lo que me parece muy importante.
La ampliación y obligatoriedad de los Convenios de Programación también permiten favorecer la gestión.
La creación de áreas metropolitanas, particularmente en materias de orden vial y de transporte, es una cuestión muy significativa.
Creo que hemos dado pasos importantes. Quedan muchas materias pendientes, pero valoro este esfuerzo, que avanza significativamente en el sentido de dar personalidad y capacidad de gestión a las autoridades regionales, fortaleciendo la descentralización y la regionalización.
Señor Presidente , el tiempo de nuestro Comité lo vamos a dividir con el Senador señor Bianchi . Por lo tanto, quedo hasta aquí para que él pueda utilizar los próximos cinco minutos.
Anuncio mi voto a favor del proyecto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi.
El señor BIANCHI.-
Señor Presidente , no hubiera querido comenzar mi intervención de la manera en que lo voy a hacer. Tenía un espíritu mucho más propositivo. Lo voy a mantener, pero eso no quita que señale lo que profundamente siento.
Esta es la segunda vez en que somos testigos de una demostración de un Comité político que no nos permite avanzar en una materia tan trascendental como la que hoy día nos convoca. Se han buscado los argumentos más increíbles. Afortunadamente, aún tenemos tres años por delante para poder remediar esta situación, cosa que Chile pide a gritos.
Lo lamento profundamente. Mañana -me atrevo a asegurarlo en este momento-, en la votación artículo por artículo, la mayor discusión se centrará en el traspaso de las competencias y en la decisión dirimente que en esa materia deberá tomar el Senado de la República.
¿Cuál es el temor: que el próximo Gobierno -el que sea- no quiera que exista una verdadera descentralización?
El débil argumento que se ha dado hoy (el no tener un representante en la Comisión) para postergar, prorrogar o suspender un gran y necesario debate para el país, me parece francamente lamentable.
Sin embargo, voy a analizar el proyecto desde una perspectiva absolutamente positiva.
Las demandas por un país regionalizado y descentralizado tuvieron su origen hace ya más de cien años en la Región de Magallanes, a la cual represento con orgullo.
En mi Región estamos conscientes de que Chile es un país que, no obstante ser unitario, posee una diversidad regional, que es asfixiada por el centralismo.
Por eso, creo que esta reforma constitucional brinda una gran oportunidad para dar un verdadero paso en favor de la descentralización de nuestro país. Así podemos iniciar un modelo de desarrollo que a futuro tenga, como centro de sus objetivos, el contar con Regiones más fuertes y con auténticos grados de autonomía.
Todos sabemos que el solo establecimiento de la elección directa de los consejeros regionales no significa que estemos avanzando en favor de una verdadera descentralización.
Lo hemos dicho muchas veces: hoy no existen gobiernos regionales, sino meras administraciones regionales de las decisiones que adopta el Gobierno central. Las políticas y los recursos hoy en día son resorte de este. En tales asuntos los CORE toman muy pocas decisiones.
Por ello, en la Comisión de Gobierno, Senadores de diversos sectores políticos estuvimos de acuerdo en profundizar el proyecto mediante una serie de indicaciones que, de seguro, darán mayor protagonismo y relevancia a los consejeros regionales elegidos democráticamente, quienes, sin duda, constituirán un gran contrapeso al poder representado por el intendente al interior de los futuros gobiernos regionales.
En primer lugar, el consejo regional ya no será presidido por el intendente, sino por una consejera o un consejero elegido democráticamente por sus pares.
En especial, quiero referirme a los perfeccionamientos que hemos introducido al mecanismo de transferencia de competencias contemplado en el artículo 114 de nuestra Constitución, materia que mañana será, a mi juicio, motivo de gran discusión. Dicho mecanismo, pese a existir desde hace ya mucho tiempo, ha tenido cero relevancia práctica, fundamentalmente porque su implementación depende en exclusiva de la voluntad del Gobierno central.
Por eso, en segundo término, deseamos dejar claro a nivel constitucional que la iniciativa para la transferencia de competencias puede ser originada en el Gobierno central o en una solicitud del propio gobierno regional, y que, en caso de desacuerdo entre ambos, será el Senado el que resuelva.
Creo que esta reforma nos permitirá, al fin, contar con políticas definidas por primera vez desde las Regiones y según sus realidades para las más diversas funciones públicas, tales como salud, transporte, desarrollo social, productivo y energético, deporte, etcétera. Además, destaco y defiendo el rol que le cabe al Senado en esta materia. Lo hemos propuesto como órgano dirimente, puesto que, igual que en otras materias, nuestra Corporación, por su especial integración y representatividad, se encuentra llamada a dirimir las disputas de competencia entre diferentes organismos del Estado.
Es por ese motivo que corresponde que el Senado intervenga en tal caso en un conflicto que no se da -como algunos afirman- al interior del Poder Ejecutivo , sino entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, entes estos últimos totalmente autónomos y distintos, según los define su misma ley orgánica.
Estas dos reformas, sin duda, son muy relevantes y permitirán avanzar hacia una mayor autonomía política de cada Región.
En materia de autonomía presupuestaria regional, pudimos concordar con los demás Senadores miembros de la Comisión una serie de enmiendas que, si bien no son del todo suficientes, sí harán posible distinguir de mejor manera la realidad financiera de cada una de nuestras Regiones.
En ese punto cabe destacar que en la Ley de Presupuestos se establecerá una nueva partida, donde se analizará cada Región en particular. Además, el consejo regional estará facultado para resolver, en forma independiente, sobre los planes de desarrollo y de inversión que sean propuestos por su presidente dentro del presupuesto otorgado.
En honor al tiempo, solamente agregaré que Chile necesita seguir siendo un país unitario, pero también que sus Regiones tengan más autonomía, más poder y verdaderos gobiernos regionales.
Por supuesto, concurriré con mi voto a aprobar los artículos del proyecto.
El señor ALLAMAND.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador , para formular una consulta, con la venia de la Mesa?
El señor BIANCHI .-
¡Encantado!
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
El señor ALLAMAND.-
Señor Presidente , quiero formularle al distinguido Senador señor Bianchi , que ha trabajado con tanto ahínco en esta materia y a quien, ciertamente, le reconozco todo su ímpetu regionalizador -aunque no creo que sea el pionero de la regionalización en Chile-, una pregunta que, quizás, por el conocimiento que recién estamos teniendo sobre este tema, se aclare más adelante. También puede ser respondida por el Presidente de la Comisión , el Senador señor Núñez .
Yo noto una cierta asimetría entre la figura del presidente del consejo regional y la del intendente.
Algunos que no hacemos permanentemente pábulo de nuestro afán regionalizador planteamos, alrededor de diez años atrás, que se debía terminar con lo que el profesor Cea calificaba como "la institución del dios Jano", esto es, con un intendente que es representante del Presidente de la República y, a la vez, motor del consejo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Perdón, señor Senador.
El señor ALLAMAND.-
La consulta es muy simple.
En el proyecto se dice que las facultades del presidente del consejo regional se determinarán en la ley orgánica constitucional respectiva; sin embargo, las del intendente se hallan definidas en la Constitución. Por tanto, pregunto a los Senadores señores Bianchi y Núñez cómo se va a salvar esa evidente asimetría.
Si en la Carta existe una norma que preceptúa que es el intendente quien preside el consejo regional y ahora se plantea que una ley orgánica regulará la constitución de la figura del presidente de dicho organismo, es evidente que se deberá modificar el Texto Fundamental -no veo que se esté proponiendo- para crear dicha figura y para darle facultades a quien dirija el consejo.
Lo que estoy diciendo, señor Presidente, es que, salvo que me equivoque -por supuesto, puede ocurrir-, se advierte asimetría en un hecho básico.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Señor Senador , el Comité Renovación Nacional dispone de tiempo propio y usted se encuentra inscrito para intervenir.
Solicitó una interrupción para realizar una pregunta, pero resulta que está argumentando más que preguntando.
El señor ALLAMAND.-
¡Renuncio al uso de la palabra! Y dejo hecha la consulta.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Está bien. Pero no sé si los señores Senadores la irán a contestar.
Sí pido un mínimo de respeto por los acuerdos que adopten los Comités. De lo contrario, no sé para qué se reúnen.
El señor ALLAMAND .-
¡Lamento haber hecho una argumentación excesiva!
¡Espero una respuesta!
El señor NOVOA (Presidente).-
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Hablaré después del Senador señor Muñoz Aburto, señor Presidente .
El señor NOVOA (Presidente).-
Entonces, tiene la palabra, Su Señoría.
El señor MUÑOZ ABURTO.-
Señor Presidente , avanzar en la regionalización es un desafío ineludible. No hacerlo ha sido considerado recientemente por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) como una grave falencia del sistema político chileno. Más aún, tal finalidad es reconocida por los habitantes de las Regiones como una de sus reivindicaciones más sentidas.
Aspiramos a aumentar las competencias y atribuciones locales como una forma de acercar las decisiones, de terminar con el centralismo que nos agobia y de profundizar la democracia.
Por ello, quiero señalar claramente que esta reforma me parece decepcionante y elemental. Hay aspectos que son insuficientes y otros, definitivamente mal pensados.
Me parece que la elección de los consejeros regionales es un avance importante que hemos venido reclamando desde hace muchos años, pero, a estas alturas, resulta algo muy básico.
Con la elección popular se avanza en la primacía de la soberanía popular y se pone término al engorroso y poco transparente sistema indirecto, que ha producido graves escándalos, con denuncias de cohecho y compra de votos.
Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de la máxima autoridad regional. Soy partidario de su elección por voto popular. Así lo propuse y fue rechazado por la Comisión. En su lugar, se consagró un mecanismo donde el intendente es la máxima autoridad regional y representante del Presidente de la República , pero tiene al frente a un presidente del consejo regional.
Ello sólo generará polémicas permanentes. Es una reforma a medias. No hay que ser adivino para avizorar que originará un eterno conflicto de suma cero, con un intendente en la sombra, que cuestionará y criticará cada decisión del consejo.
Creo en un intendente elegido, que sea, a su vez, presidente del consejo y líder del gobierno regional. En España, así funciona y las autoridades centrales están obligadas a entenderse con quien ha sido electo por cada comunidad. No veo en esto un obstáculo al Estado unitario, sino, más bien, un desafío a las cúpulas políticas y a las lógicas tradicionales.
Si alguien quiere llamarlo "federalismo", me da igual. Yo creo que eso es descentralización y regionalización en serio, con respeto y no con temor a los ciudadanos.
Lo mismo pasa con la transferencia de atribuciones a los gobiernos regionales. Lo propuesto es un avance, pero tímido; un paso a medias, que no deja molesto ni satisfecho a nadie.
Se crea un extraño procedimiento: los CORE piden la transferencia de competencias mediante un quórum muy elevado y el Presidente de la República acepta o deniega el requerimiento. En caso de desacuerdo, se cuenta con el Senado como último árbitro.
Quiero saber si alguien realmente piensa que algún consejo no va a solicitar asumir esas facultades y, también, si alguien cree que el Primer Mandatario se opondrá a ello, sin calcular el efecto de ese rechazo en una Región, más aún si esta es densamente poblada. Y, por último, imaginemos una discusión de ese tipo en el Senado.
Si sabemos que será así, ¿por qué no se traspasan derechamente tales atribuciones, como lo propuse mediante una indicación? Establezcamos los plazos y la gradualidad, y si es necesario, los procedimientos para volver a centralizarlas en caso de que los gobiernos regionales fracasen.
El mecanismo propuesto es muy anómalo.
Me preocupa, asimismo, que no haya una norma clara sobre el financiamiento. Establecer un listado de competencias posibles de traspasar es un avance, pero también un peligro. Acá puede replicarse el fracaso de la municipalización.
Por último, seguimos dilatando el abordar en forma acuciosa una evaluación de las Regiones existentes. Considero que ese proceso no está agotado. Creamos dos nuevas hace poco y hay más proposiciones: Ñuble , Chiloé , Aconcagua, por nombrar solo algunas.
En definitiva, señores Senadores y consejeros regionales que hoy nos acompañan, apoyaré el proyecto porque representa algunos avances. Sin embargo, me parece un resultado muy pobre para una reforma que debió ser un hito en materia de regionalización.
Sigo aspirando a una reforma completa, con Regiones realmente fuertes, con competencias y recursos y, sobre todo, con pleno respeto a la soberanía de sus habitantes. Incluso, se puede pensar -por qué no- en regiones autónomas.
He dicho.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.-
Señor Presidente , la verdad es que la reforma constitucional en debate partió con objetivos más modestos que los que nos presenta el trabajo acucioso de la Comisión.
Su propósito inicial era dar cuenta de un asunto, a mi juicio, fundamental, que se ha ido abriendo paso con mucha lentitud en el país: la necesidad de generar un consejo regional elegido directamente y no a través del mecanismo indirecto que rige actualmente, el cual exhibe todas las fallas que aquí hemos señalado.
Somos muchos quienes hemos planteado ese asunto desde hace varios años. Felizmente, en el país se ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto a que, si queremos dar al consejo regional prestancia, prestigio y representatividad, ello debe hacerse por la vía de la elección directa de sus miembros.
Sin embargo, la Comisión ha incluido un conjunto de otras materias que, a mi juicio, son muy relevantes en un real proceso de descentralización.
En esta especie de discusión general deseo plantear algunas ideas muy simples.
En primer lugar, es evidente que el proceso de regionalización en nuestro país ha sido extraordinariamente débil. De hecho, todavía rige un hipercentralismo en la administración, lo cual no resulta tolerable para muchas Regiones. Ello se expresa muy distintas maneras: pocos poderes regionales, autoridades regionales que no son elegidas popularmente, procedimientos administrativos que uno no alcanza a determinar en virtud de qué misterio se siguen manteniendo.
Comenté a gente de Gobierno que no entiendo por qué la inversión que acuerda un CORE, con fondos regionales y mediante una decisión propia, requiere, para su concreción, la firma del Ministerio de Hacienda en Santiago. En la Región del Maule hemos tenido proyectos que han esperado un mes, 20 días para iniciarse, por la falta de visado del Secretario de dicha Cartera o del Director de Presupuestos . Se trata de recursos que la ley asigna a las Regiones; por tanto, estas debieran resolver su destino a través del consejo regional.
Sobre el punto, debemos llegar a un acuerdo sustantivo para profundizar el proceso de descentralización y regionalización.
En segundo término, soy un convencido de que la experiencia histórica demuestra que solo hay regionalización cuando se van constituyendo poderes políticos regionales.
Lo que en Chile llamamos "regionalización" nació de un mero dictamen político-administrativo de un régimen dictatorial. No obedeció a ninguna demanda real. Tanto es así que no había regiones en el país.
Y cuando se crearon, ¡se les asignaron números! Felizmente, a la Región que represento algunos ya la llamamos por su nombre: Región del Maule. Pero todavía se habla de la "Séptima Región", lo cual denota una no identidad. Porque esta no existe en los números.
La identidad radica en las provincias. Ahí ella es fuerte. ¡Por eso Ñuble sigue pidiendo ser Región, al igual que San Felipe de Aconcagua!
En resumen, hay un problema: la división regional no nació de una presión política.
La única manera de afirmar el proceso de regionalización es dar autoridad y prestancia política a las Regiones. Después vendrá lo administrativo y las competencias.
En ese sentido, celebro que aquí se proponga la elección directa de los consejeros regionales. Pero debemos ir más allá: a la elección por sufragio universal del presidente del CORE , en paralelo con la del intendente. Aquí no debería haber ninguna sustitución. Porque, como somos un país unitario, habrá competencias que seguirán siendo nacionales. Por ejemplo, las carreteras y la política energética. Esta, en cuanto tal, no puede ser regionalizada, porque las Regiones no son autosuficientes en energía. Y nunca lo serán. Tal política es nacional. ¡Y, por favor, no hagamos demagogia! El país tendrá que ver cuál será la opción más adecuada para la matriz energética: la hidroeléctrica, la solar, la mixta. Cada Región no podrá resolver eso por sí sola.
El asunto es que no cabe ninguna contraposición entre un intendente, que representa al Presidente de la República y posee el control de la administración en todas las competencias de carácter nacional, y un jefe del gobierno regional, que cuenta con presupuesto y competencias propias.
Se precisa una discusión para ponernos de acuerdo en los conceptos.
¿A qué llamamos "gobierno regional"? Leo lo que dice el diario "El Centro" de Talca: "Se cita a gabinete regional". ¡Se trata de los seremis; eso no es regional! Es la reunión de los representantes de los Ministros en la Región. Lo que constituye el gobierno regional es la entidad denominada como tal y que registra una dirección conocida en cada Región, también en la del Maule. De hecho, algunos de sus representantes nos acompañan en las tribunas.
El consejo regional cuenta con el FNDR y un pequeño aparato administrativo para manejar los fondos. Ello se debe fortalecer con nuevas competencias y, también, con recursos y organismos para que estas se materialicen.
Lo anterior no puede ser un proceso nacional, además, porque las actuales Regiones muestran distintas capacidades de gobierno. Algunas pueden administrar más asuntos que otras, aunque no es bueno señalar esto en tiempos de campaña. Pero si vamos a legislar sobre reforma de la Constitución hay que decirlo, porque son realidades.
Si queremos llevar a cabo un proceso de regionalización en serio, no se puede implementar de un día para otro; habrá que establecer prioridades.
Por ejemplo, en la Región del Maule (que represento), deberíamos contar con un servicio agrícola, ganadero y forestal propio -para ello sí hay condiciones, capacidades y necesidades-, y que no se nos impongan desde el INDAP, la CONAF y demás instituciones del nivel central los instrumentos y políticas por aplicar.
Ahora, pienso que el SAG tiene que seguir siendo nacional. Porque la mosca de la fruta no pregunta por qué región ha de entrar. Y las normas fitosanitarias relativas a las exportaciones son aplicables en todos nuestros mercados.
Entonces, la iniciativa que nos ocupa amerita una discusión en profundidad.
Me alegro de que en el informe de la Comisión se dé cuenta de la inclusión de materias de fondo por primera vez en nuestro debate. Ya el Senador señor Núñez ha indicado cuáles son y en qué consisten.
Con respecto al cargo de presidente del consejo regional, vamos a presentar una indicación, porque no me parece conveniente que él sea elegido por sus integrantes. De ese modo no tendría suficiente autoridad regional.
En cuanto a la elección de los consejeros regionales, tendrán que ser elegidos por provincias -al igual que hoy día- y por votación directa. De lo contrario, las provincias con mayor población pueden quedar con una representación indebida.
Si el presidente del consejo regional es elegido de entre sus miembros, no tendrá un mandato regional, sino que será el consejero de la provincia equis. En cambio, si se eligiera mediante votación directa tendría legitimidad regional, incluso en Regiones grandes como la del Maule, con un millón de habitantes y un padrón electoral de 500 mil ciudadanos.
La elección directa por la gente daría al presidente del CORE una tremenda autoridad política delegada. Y esa Región hablaría de otra manera con el resto del país.
Por lo tanto, creo que la elección directa del presidente del consejo regional es un elemento central y crucial en esta reforma. Y no es en absoluto contradictoria con la designación de intendente, sino, de alguna manera, complementaria.
Hay otras cuestiones en el proyecto, pero como estamos en su discusión general las voy a plantear mañana, cuando lo analicemos en particular.
Muchas gracias.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señor Presidente , después de este análisis previo, he llegado a la conclusión de que el Senado no ha dimensionado el hecho de que hoy día se está efectuando aquí una discusión histórica en todos los órdenes: en el ámbito político, los candidatos presidenciales hablan de la descentralización; distintos informes también dicen relación a ella.
Hoy, por primera vez después de 30 años, estamos debatiendo una propuesta concreta, real, que va a la médula, que va al fondo en el asunto de la descentralización.
En verdad, me cuesta pensar y entender la discusión que se ha dado en el seno de esta Corporación, porque existe conciencia de que en las últimas tres décadas ha habido un statu quo en materia de descentralización. ¡Absolutamente!
Chile ha optado, desde un punto de vista conceptual, no por un Estado descentralizado sino por un Estado desconcentrado, que es un concepto radicalmente distinto. Y para demostrarlo basta con mencionar dos aspectos.
Primero, desde la perspectiva institucional, todas las autoridades que dicen ser regionales tienen una dependencia del nivel central: el intendente, el gobernador, los seremis y los jefes de servicios.
En efecto, el intendente es de exclusiva confianza del Presidente de la República; el gobernador, algo similar; los secretarios regionales ministeriales, de la respectiva Cartera y en definitiva del nivel central, y los jefes de servicio regionales, del jefe de servicio también del nivel central.
Por lo tanto, señor Presidente, el Senado debe pronunciarse si está dispuesto o no a avanzar, no hacia un Estado desconcentrado, sino hacia un Estado descentralizado.
Tal es la decisión fundamental que estamos tomando hoy. Y esa es la propuesta que hace la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.
En la actualidad, los gobiernos regionales prácticamente no existen. Ellos son, en términos reales, un instrumento para canalizar políticas desde el nivel nacional o para ayudar a solventar los déficits que registran los distintos municipios, como lo voy a demostrar en el curso de esta intervención.
Y yo quiero ir a la médula del problema, señor Presidente.
¿Cuáles son las dos condiciones para poder alcanzar la descentralización y avanzar en ella? Se encuentran en el artículo 114, relativo al traspaso de competencias.
Si no se ha progresado en la descentralización es porque el nivel central no quiere desprenderse de una cuota de poder. Y eso ocurre con cualquier Gobierno.
¿Qué establece el texto sustitutivo del artículo 114 de la Constitución, el cual, a mi juicio, es la esencia, el corazón del proyecto? Que el traspaso de competencias puede gatillarse por medio de dos fórmulas.
Primera fórmula: a través del Presidente de la República . Sin embargo, es sabido que, no obstante que el artículo 114 está vigente, nunca ha habido voluntad por parte de algún Jefe del Estado para traspasar competencias.
En consecuencia, ¿qué hizo la Comisión? Como no existe esa voluntad, como es difícil trasladar el poder, planteó que dicho traspaso se gatille también a partir de un acuerdo del propio consejo regional.
Esa es la segunda fórmula. Y me parece muy relevante.
Por último, ante la evidencia de que el nivel central no quiere desprenderse del poder, estableció que si aquel deniega la solicitud de traspaso de competencias y el consejo de una región determinada insiste en ella, decidirá el Senado.
O sea, el Senado dirimirá el punto.
Pienso que este es el nervio, la esencia de la presente reforma constitucional. ¿Por qué razón? Porque la sola existencia de la norma referida provocará dos cosas.
En primer lugar, que efectivamente el Presidente de la República haga traspaso de competencias, pues si no lo hace, siempre -¡siempre!- el gobierno regional tendrá la alternativa de solicitarlo y de insistir. Por consiguiente, si el nivel central desea mantener cuotas de poder y ser armónico, le va a convenir negociar la transferencia de aquellas con los respectivos gobiernos regionales, porque de lo contrario estos la van a pedir en la forma que consigna la iniciativa.
En segundo término, el artículo 114 establece también algo que tiene valor: no todas las Regiones se encuentran en condiciones de asumir las competencias que se proponen en esta reforma. Y, por lo tanto, se señalan, a título ejemplar, algunas que son susceptibles de transferirse.
Y digo que eso tiene valor, señor Presidente , porque aquí no se trata, simplemente, de traspasar competencias solo por traspasarlas, sino de que haya eficiencia en la gestión pública. Por ende, aquellos gobiernos regionales que se hallen capacitados y en condiciones para asumir las funciones inherentes a una transferencia de competencias, que la soliciten y procuren ser lo más efectivos posible.
Esa es la esencia del proyecto -no nos equivoquemos en el resto-: el traspaso de competencias. Y este se complementa con otras disposiciones adicionales.
¡Cómo no va a ser importante, señor Presidente , que los convenios de programación de inversión pública tengan carácter obligatorio! Hoy día, ¿cuál es la consecuencia jurídica si el gobierno regional o el nivel central no cumplen dichos convenios? ¡Ninguna! En el texto propuesto se establece la exigibilidad y el carácter obligatorio de ellos.
Además, se estatuye algo muy trascendente: que esos convenios, que ahora a los gobiernos regionales solo les es factible suscribir con los ministerios, podrán celebrarlos también con los municipios. Y con ello se fortalece, asimismo, la autonomía regional.
Señor Presidente, en aras del tiempo, solo quiero decir que hoy día existe conciencia de que es preciso descentralizar.
Se nos presentó una iniciativa que solo abordaba el aspecto electoral: la elección de los CORE. Y la unanimidad de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización -cosa que prácticamente no había ocurrido- avanza en el nervio, en lo central de la descentralización: el traspaso de competencias.
Eso es lo que tendrá que decidir el Senado.
Desde un punto de vista político, creo que ha llegado la hora de la verdad respecto del tema de la descentralización. El país entero sabrá quiénes están a favor de ella y quiénes se oponen, por cuanto el artículo 114 resulta esencial en esta materia.
Por eso, deseo hacer un llamado al Senado para que de los discursos pasemos a los hechos. Hasta ahora hay solo discursos con respecto a la regionalización. Y la iniciativa que nos ocupa es una propuesta concreta, unánime, de carácter transversal, aprobada por todos los Senadores, para progresar decididamente en esa línea.
Por eso, hoy puede ser un día histórico en el que, con mucha frustración, no aprobemos una reforma constitucional de esta envergadura, o bien, podrá ser un día histórico donde avancemos decididamente en el ámbito de la descentralización.
¡Eso es lo que está en juego en los debates de hoy y de mañana en esta Corporación!
Podemos progresar a través del traspaso de competencias y del otorgamiento de mayor autonomía en materia de recursos para los gobiernos regionales o, simplemente, quedarnos en el discurso.
El proyecto estuvo un año y medio en la Comisión de Gobierno. El informe se encuentra hace una semana a disposición de los señores Senadores, su contenido es profundo y avanza decisivamente en una materia en que no se ha progresado casi nada durante treinta años.
Tenemos la oportunidad, señor Presidente .
No frustremos la aspiración de la inmensa mayoría de los chilenos a avanzar en la descentralización.
He dicho.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Hago presente que le restan diez minutos al Comité Partido Unión Demócrata Independiente.
En el tiempo del Comité Partido Renovación Nacional, que dispone de 16 minutos, tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , en primer lugar, debo expresar que el proyecto no solamente obedece a discursos o compromisos, sino a la investigación realizada en materia de regionalización, que demuestra claramente que el sistema vigente en nuestro país es insostenible. De continuar el actual nivel de centralismo -como quedará demostrado en las imágenes que expondré en seguida a la Sala-, Chile va directamente hacia el abismo.
En tal sentido, han sido bastante elocuentes los datos y antecedentes entregados por el Consejo Nacional para la Regionalización y Descentralización de Chile (CONAREDE), organismo que ha trabajado por décadas sobre este tema.
Si uno verifica las cifras, apreciará que en el 2 por ciento de la superficie de Chile se desenvuelve casi el 80 por ciento de la actividad económica, política, cultural y educacional del país.
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Si ilustramos este fenómeno de una manera didáctica, la siguiente imagen muestra cómo se vería el país, e incluso, para que ella quepa en el recuadro, se ha tenido que reducir la proporcionalidad demográfica de la población que habita en el resto del país en comparación con la que corresponde a la Región Metropolitana.
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Lo anterior trae como consecuencia, entre otras cosas, un gravísimo deterioro de la calidad de vida de las personas que viven en las grandes ciudades. Y de continuar el centralismo según los factores que he señalado, la tendencia indica una fuerte alteración en el porcentaje de pacientes que acuden a consultorios de atención primaria con síntomas de desorden sicológico, registrándose en nuestra capital (Santiago de Chile) el índice más alto del planeta en ese ámbito.
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Si uno observa la realidad de las distintas Regiones y canaliza doce factores de desarrollo -entre ellos, la posibilidad de acceder a conectividad, de contar con servicios de educación y salud; de desarrollar aspectos sociales y productivos-, concluye que el 50 por ciento del territorio nacional (que corresponde a las zonas marcadas con colores rojo y naranja en el cuadro siguiente) no se siente parte del país y se halla en una condición denominada como "de frontera interior".
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A continuación, al revisar los indicadores de desarrollo humano que construye el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es posible concluir que Chile promedia a nivel internacional una situación relativamente presentable.
Si fijamos nuestra atención en la Región Metropolitana, el ranking obtenido sobre la base de factores económicos, educacionales y de salud, entre otros, arroja que muchas comunas del sector oriente de ella figuran dentro de los estándares más altos de desarrollo humano como los alcanzados por Canadá, Estados Unidos, Finlandia y España.
Por el contrario, si uno centra la mirada en otras comunas del país, principalmente en las del Maule y Biobío, observa que esas zonas se encuentran a un nivel similar al de países como Kenia, Togo, Congo , Sudán y Pakistán .
Esta es la realidad de la inequidad en nuestro país.
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En el aspecto educacional, Chile no tiene nada para sentirse orgulloso. Estamos bajo -¡muy por debajo!- el promedio. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, en matemáticas se ubica en el lugar 47 de un total de 57 países; en lectura, ocupa la posición número 38 de un universo de 55; y en ciencias, el puesto 37 de entre 54 naciones.
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¿Qué se hace en paralelo?
La Ley General de Educación baja el ciclo de enseñanza básica a seis años, en razón de lo cual más de 4 mil escuelas quedarán sin séptimos y octavos básicos.
Por lo tanto, si no nos preparamos en los ocho años de transitoriedad que establece el mencionado cuerpo legal, habrá un flujo aún mayor de familias completas que habitan en zonas aisladas -que corresponden al 50 por ciento del territorio nacional- hacia las regiones metropolitanas.
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En salud, ocurre prácticamente lo mismo. Los centros hospitalarios más complejos se ubican en las grandes ciudades que ya he indicado. Los hospitales regionales, provinciales y locales carecen de especialidades. Las rondas médicas no cubren la demanda real y, además, los planes de salud están experimentando un fenómeno muy especial. Por ejemplo, en la Región de Aisén todos los niños nacen en Coihaique, por cuanto solo en dicha ciudad se aplica a las mujeres la anestesia epidural.
Por lo tanto, la gente que habita en dichas zonas está obligada a emigrar a las regiones metropolitanas en desmedro de la armonización del país.
En este sentido, me atrevo a sostener que el proyecto que nos presenta hoy día la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización constituye un avance notable, por cuanto representa un progreso enorme respecto de todo lo que se ha comprometido, desgraciadamente, por diversos candidatos a la Presidencia de la República quienes, después de asumir dicho cargo, se olvidan de ello. El trabajo de los Senadores ha significado adelantos notables respecto al informe que vimos en enero: transferencia de competencias, facultades y medios, elección directa de los consejeros regionales y refuerzo de la identidad de las Regiones.
Estimo que vamos caminando en la línea correcta.
Mañana analizaremos en particular el proyecto. Desde luego, al intendente solo le cabrá coordinar a los distintos servicios públicos. Tendremos un consejo regional elegido que -como señala explícitamente el proyecto- debe representar tanto a la población de la Región como a su territorio. Por lo tanto, ha de evitarse -como se ha indicado- el centralismo regional.
El hecho de elegir un presidente entre los miembros del consejo regional nos parece un avance, prefiriendo que esa persona surja de la misma Región con la debida correspondencia territorial y poblacional.
El carácter plurianual de los presupuestos y la posibilidad -como consagra el artículo 113- de que los consejos adquieran una serie de facultades y competencias son progresos importantísimos. Sin embargo, el precepto dispone que "Podrán ser de competencia de los gobiernos regionales una o más de las siguientes funciones públicas".
Estimo que habrá que hacer lo imposible para que ocurra de esa manera. Y la fórmula radica en la sugerencia que nos hace la Comisión. Es decir, si las funciones no las transfiere el Presidente de la República , podrán solicitarla los dos tercios de los consejeros regionales. Y si la dificultad persiste, el Senado dirimirá dicha petición.
Por lo tanto, creemos que ello implica un avance que debemos resaltar.
Quisiera referirme a muchos más temas, pero creo que estamos en presencia de una oportunidad relevante e histórica dado el poco progreso que hemos obtenido en regionalización. Debemos hacer mucho más.
Y sin temor tenemos que dar las facilidades para que las Regiones despeguen por sí solas, alcancen grados de autonomía, generen una identidad propia y reconstruyan la armonización que requiere hoy día el país, pues se ha roto el tejido social debido al excesivo centralismo que padece Chile.
Desde luego, votaré a favor del proyecto.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , ahora deseo referirme a un asunto distinto.
El señor NOVOA (Presidente).-
Muy bien, señor Senador.
El señor HORVATH.-
Señor Presidente , le pido recabar el asentimiento de Sus Señorías para que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura pueda funcionar paralelamente con la Sala a partir de las 18:30 con el fin de seguir el estudio del proyecto que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, que tiene urgencia.
--Se autoriza.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , le solicito recabar la venia del Senado para que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales funcione simultáneamente con la Sala a partir de las 18:30 al objeto de despachar un proyecto relacionado con Chaitén (faculta al Fisco para comprar y vender propiedades afectadas por situaciones de catástrofe). Necesitamos alrededor de 15 minutos para tratar artículos pendientes.
--Se autoriza.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-
En este momento han llegado a la Mesa dos documentos
Primero, el informe de la Comisión de Economía recaído en el proyecto de la Cámara de Diputados que aumenta el plazo para la formación de sociedades anónimas deportivas profesionales (con urgencia calificada de "discusión inmediata") (boletín Nº 6.536-29).
El señor NOVOA (Presidente).-
Queda para tabla.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).-
Y segundo, un proyecto de acuerdo, suscrito por los Senadores señores Larraín, Romero, Allamand, Arancibia, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Longueira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica, mediante el cual expresan su preocupación frente al progresivo deterioro de la libertad de expresión en Venezuela (boletín Nº S 1.191-12).
El señor NOVOA (Presidente).-
Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El señor NOVOA ( Presidente ).-
Prosigue la discusión del proyecto sobre gobierno y administración regionales.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor ÁVILA.-
¿Y nuestro Comité, señor Presidente?
El señor NOVOA ( Presidente ).-
También está inscrito. Pero, como Su Señoría comprenderá, no pueden hablar todos al mismo tiempo.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que esta reforma constitucional es clave y fundamental para el desarrollo de las Regiones y de todo el país.
Este proyecto llegó a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización en enero de 2008. A partir de ahí, hemos celebrado innumerables reuniones, con participación de importantes profesionales y expertos en la materia que fueron invitados a dar su opinión. Producto de los extensos debates, la iniciativa llegó a esta Sala, desde donde, tras su análisis, se remitió a dicho órgano de trabajo para segundo informe.
Ahora, una vez más tenemos en este Hemiciclo el proyecto, que, como ya se ha expresado, es fruto del trabajo intenso de los cinco integrantes de la Comisión, quienes aprobaron por unanimidad el texto pertinente.
Nadie podría negar honestamente que Chile avanza hoy de manera significativa en regionalización y descentralización, dos de los más grandes anhelos de la comunidad nacional, en especial de la que reside fuera de Santiago.
La reforma constitucional sobre gobierno y administración regional que esta tarde empezamos a discutir en la Sala constituye un paso más en tal dirección. Y ese paso es más largo y efectivo después de que la Comisión de Gobierno despachó un articulado que conserva el espíritu tenido en vista por el Ejecutivo al enviar una proposición de ley que recoge anhelos expresados muchas veces por los chilenos en distintos niveles e instancias.
Es bien sabido que las naciones que desarrollan sus regiones en forma armónica y saben entregar a tiempo y en grado suficiente las competencias más allá del poder central pueden tener la seguridad de alcanzar un progreso generalizado en menor tiempo y tal vez gastando menos esfuerzos.
Chile y los chilenos debemos caminar de modo resuelto para lograr esa meta.
No hay duda de que uno de los problemas más asfixiantes que vive el país en el ámbito del gobierno y la administración regional es el llamado "centralismo".
Quienes vivimos en regiones y hemos desarrollado toda nuestra vida en una comuna y en una provincia sabemos lo enervante e insoportable que resulta el centralismo y somos conscientes de su nefasta influencia en el atraso en que todavía viven numerosas comunidades regionales, provinciales y comunales.
Debemos decir las cosas en forma clara y sin tapujos: Chile y los chilenos tenemos una mentalidad centralista, queramos reconocerlo o no.
Basta recordar que la base del sistema político que nos rige, el sistema democrático, se basa en los partidos. De ahí nace todo. Las colectividades políticas nombran a los candidatos a Concejales, a Alcaldes, a Diputados, a Senadores y a Presidente de la República .
¿Han visto ustedes, Honorables colegas, algo más centralizado que los partidos políticos?
¡Si las comunas ni siquiera deciden respecto de sus candidatos a concejales y alcaldes!
Y hoy, cuando estamos en un proceso de designación de los postulantes a parlamentario, todo se resuelve en el nivel central.
¡Esa es la mentalidad centralista que tenemos!
Los sistemas financieros y económicos determinan todo en Santiago. Las grandes empresas -ENDESA, por ejemplo- producen en Regiones, pero concentran todo en la Capital. Los impuestos se pagan en Santiago, y queda muy poco en el nivel regional.
Por eso, debemos avanzar en ese aspecto.
En tal sentido, señor Presidente , tenemos una deuda con las comunas. Los alcaldes y los concejales conocen al dedillo los problemas de la comunidad. ¿Y por qué no han podido solucionarlos? Porque no les hemos dado a los municipios la autonomía que les entrega el artículo 121 de la Carta Fundamental; porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo aquí, en esta Sala, para cumplir el mandato constitucional.
¡Desde hace diez u once años les estamos debiendo a las municipalidades la plena autonomía!
Hoy ni siquiera pueden conformar sus plantas, fijar las remuneraciones de sus funcionarios. Es decir, están actuando con las manos amarradas.
Les traspasamos servicios y responsabilidades, como la educación y la salud, pero todo se decide a nivel central: las remuneraciones y cuanto se debe hacer en cada una de ellas. Les entregamos a los municipios un Estatuto Docente que les impide mejorar la calidad de la educación, en fin.
Por eso, debemos seguir avanzando en el proceso de regionalización. Empero, es necesario también tener presente el problema municipal. Esta reforma constitucional, que discutimos y analizamos con profundidad y amplitud en el seno de la Comisión de Gobierno, da un paso muchas veces demandado y que tanto ha costado: la elección por votación universal y directa de los consejeros regionales o miembros del consejo regional.
Ya se han señalado en este Hemiciclo los vicios que se producen cuando se debe elegir a las grandes autoridades regionales, las que tienen un enorme poder. Sin embargo, son los concejales de cada Región quienes eligen a los consejeros. Y en algunas Regiones se han producido hechos muy tristes y lamentables a raíz de ese mecanismo.
Por supuesto, las cosas van a cambiar con la elección popular de los consejeros regionales, quienes durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos.
El proyecto encomienda a la ley orgánica constitucional respectiva regular la organización del consejo regional y el número de sus integrantes.
Está claro que las Regiones, en el escenario propuesto por la reforma constitucional en estudio, necesitan contar con una figura que equilibre la del intendente, quien seguirá ejecutando las políticas del nivel nacional implementadas en las subzonas. De esa manera, el presidente del consejo ha de estar dotado de facultades para liderar los procesos de transferencia de competencias, las que deberán ser determinadas en forma clara, precisa y ejecutiva en la ley orgánica, al objeto de que las Regiones fortalezcan su independencia respecto del gobierno central, sin romper el carácter unitario del Estado de Chile.
Nosotros, al hablar de "gobiernos regionales", jamás hemos querido romper la unidad del país, sino entregarles a aquellos facultades y atribuciones. Nuestro Estado es unitario y no federal.
Señor Presidente , me parece oportuno aclarar que el reconocimiento constitucional de la transferencia de competencias desde el gobierno central hacia el regional no significa -como ya señalé- transformar el carácter unitario del Estado de Chile, sino más bien entregar un nuevo impulso para que, con motivo de la discusión de la reforma de la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, el país cuente con el soporte necesario respecto de una cuestión que ha sido postergada durante largo tiempo, pues los que hoy llamamos "gobiernos regionales" no son más que administraciones que ejecutan las decisiones sobre políticas adoptadas en el nivel central, transformándose así en instrumentos de implementación de salvatajes comunales, sin una visión macro en lo que a la Región se refiere.
Señor Presidente , este proyecto de reforma constitucional establece la elección popular de los consejeros regionales e instituye el cargo de presidente del consejo; señala las funciones públicas de competencia de los gobiernos regionales y las de identificación regional que les pueden ser transferidas; reconoce al Senado como institución dirimente de las divergencias surgidas entre el Ejecutivo y los consejos regionales con motivo de las transferencias; establece la obligación de ejecutar los convenios de programación; faculta a los gobiernos regionales para administrar áreas metropolitanas, y, finalmente, propone otras adecuaciones relacionadas con la enmienda en análisis.
Resumiendo, los efectos de esta reforma a la Carta son un nuevo orden institucional; mayor independencia regional; legitimidad democrática de origen; creación de una nueva figura: la de presidente del consejo; fomento de las regiones; administración de zonas metropolitanas, y avance hacia la autonomía, sin romper el esquema de Estado unitario.
Por último, como estamos en un proceso de elección presidencial, quiero recordar que todos los candidatos a la Primera Magistratura están de acuerdo en descentralizar y dar mayor poder y autonomía a las Regiones.
¡Qué oportunidad, entonces, para aprobar la reforma en proyecto! Porque, en vísperas de un proceso de tanta significación, ¡los actores más relevantes reconocen que es absolutamente necesario entregarles autonomía, poder y recursos a las Regiones!
Por supuesto, votaré favorablemente.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Le quedan dos minutos al Comité Demócrata Cristiano.
No los usará.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia e Independientes, tiene la palabra el Honorable señor Ominami.
El señor OMINAMI.-
Señor Presidente, al igual que la mayor parte de los Senadores que han intervenido, creo que este proyecto constituye un avance.
Lo más significativo es la elección democrática, por sufragio universal, de los consejeros regionales. Y este paso adelante justifica el votar afirmativamente la iniciativa.
Sin embargo, cuando uno entra a una interrogación más de fondo respecto a las competencias, a las facultades, a cómo la regionalización funcionará hacia el futuro, no puede dejar de llegar a una conclusión: esta es una reforma todavía extremadamente tímida; luego de ella el país no se va a regionalizar en serio, contrariamente a lo que han hecho otros países del mundo, incluso con fuerte tradición centralista.
Por razones de exilio, conozco el caso de Francia, probablemente la nación más centralizada del orbe, con una tradición jacobina resultante de la Revolución Francesa.
Lo que hay allí es una regionalización en serio. Existen presidentes de consejos regionales electos por la región que no tienen por qué coincidir con la mayoría presidencial o con la mayoría parlamentaria.
Hay ahí regiones en serio, con autoridades en serio, que tienen consejo regional en serio y que cuentan con un gobierno regional en serio.
Yo tengo la sensación de que, claramente, ese no es el caso de Chile.
Quizá el ejemplo más típico sea el de las decisiones que se adoptan en las Regiones en los asuntos medioambientales, particularmente en los delicados.
Me ha tocado participar, como mero oyente, en sesiones de los consejos regionales del medio ambiente donde funcionarios de rango medio tienen indicaciones claras de votar de determinada manera, las que emanan de órdenes dadas por el poder central. Y allí, o votan de la forma que se les señala, o, lisa y llanamente, pierden el cargo.
Esos no son gobiernos regionales. Aquellos no son funcionarios que puedan defender a conciencia los intereses de las Regiones. Se trata más bien de representantes de los Ministerios centrales en ellas, pero en ningún caso son parte de gobiernos regionales autónomos.
En este proyecto, el intendente sigue siendo la primera autoridad, no obstante que el presidente del consejo sea electo por este.
Sobre el particular, comparto lo que aquí se ha dicho: presidentes de consejos bajo el imperio del intendente como primera autoridad de la Región, designada en forma directa por el Primer Mandatario , son personeros subalternos; no se trata de figuras de gran relevancia, máxime si su designación es indirecta, a partir de un cuerpo electoral pequeño, como lo es el de los consejeros regionales.
Yo soy abiertamente partidario de la elección directa, por sufragio universal, del presidente del consejo regional. Creo que, si así se resolviera, eso les daría a la regionalización y a la Región una entidad por completo distinta.
La actitud de un presidente de consejo regional elegido por su Región, que cuenta con el respaldo de esta, no es la misma que la de uno electo meramente por los consejeros regionales y, en última instancia, subordinado a la autoridad del intendente designado por el Presidente de la República.
Termino -para compartir nuestro tiempo- expresando mi convencimiento en cuanto a que las grandes dificultades de Chile difícilmente se resolverán sin pasar por la regionalización.
Quiero poner un ejemplo.
A estas alturas, tengo la sensación de que no hay una solución nacional para el problema de la educación pública. Y tal vez lo lógico sería que las Regiones dispusieran de competencia y facultades importantes para administrar sus sistemas educativos y que se fueran viendo en su ámbito distintas prácticas y estímulos que les permitieran enfrentar las cuestiones de la educación estatal, con la posibilidad de cierto grado de competencia entre unas y otras para zanjar las situaciones que no hemos sido capaces de resolver a nivel nacional, ni menos en el de la municipalización.
Siento que el planteamiento formulado, con el extraño artículo 114 que vamos a discutir mañana, está muy lejos de cumplir el objetivo de regionalizar en serio nuestro país.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro en los tres minutos que le quedan al Comité Partido por la Democracia e Independientes.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente , muchos Senadores han coincidido en que todos los candidatos presidenciales dicen que hay que transferir más poder a las Regiones. Esto lo venimos escuchando desde el año 90: todos los postulantes a la Primera Magistratura ofrecen regionalizar; pero en definitiva, respecto de las funciones críticas, eso no se produce.
Siento que con este proyecto tampoco lo estamos produciendo. Y como en último término, para transferir funciones reales de regionalización, el Presidente debe elaborar leyes, espero que el próximo Senado se halle en condiciones de despachar las iniciativas pertinentes, para que esa manifestación de todos los candidatos se haga efectiva. Si no, habremos asistido a una nueva promesa incumplida por la clase política.
Yo aspiro a que podamos tener de verdad un proceso de regionalización. Y está claro que la figura del presidente del consejo regional no es equivalente a la del intendente. Empero, anhelo que aquel, en la coyuntura actual, sea elegido en forma directa.
La elección indirecta, a través del consejo, equivale a que los concejales elijan al alcalde.
En consecuencia, el que "la lleva", el presidente del consejo, queda sujeto al acuerdo político.
¡Porque es una elección de acuerdo político! ¡No me vengan con cosas! Hemos trasladado lo que hoy día tenemos en la elección de los actuales consejeros a la del presidente del consejo regional. Y eso nada bueno augura.
Claramente, aquella es una deficiencia, que se encuentra mediatizada por las diferencias profundas habidas durante los últimos veinte años.
En la Cámara de Diputados participé en ese debate durante tres períodos. Y, por cierto, no existe consenso para generar la figura del intendente electo directamente o la del presidente del consejo regional electo junto con los gobernadores.
Se dice que vamos hacia un Estado federativo. Pero si no existe legitimidad -no solo autoridad, la que se delega por la Presidencia de la República - delegada por la soberanía popular, ninguna Región va a tener líderes de verdad: tendrá líderes "presos", cautivos de los consejeros regionales, de los acuerdos que no se toman en Regiones -el Senador señor Orpis lo sabe muy bien-, sino en Santiago, los días lunes, en las comisiones políticas.
O sea, si alguien me dice que el intendente del Biobío va a ser elegido por los consejeros regionales, que se juntarán en la zona para decidirlo, miente y se equivoca, porque el presidente del consejo regional será escogido en la comisión política del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana o de la Unión Demócrata Independiente. Ahí se va a determinar.
Entonces, no nos engañemos. Lo que estamos creando es una figura indirecta de elección de presidente del consejo regional, pero, en definitiva, no estamos descentralizando, sino dando más poder a las colectividades políticas para que se distribuyan esos cargos.
En tal sentido,¿
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
Terminó su tiempo, Su Señoría.
El señor NAVARRO.-
Necesito 30 segundos, señor Presidente .
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Está bien.
El señor NAVARRO.-
En consecuencia, creo que solo cuando sean elegidos directamente los intendentes y los gobernadores vamos a tener la legitimidad de una autoridad capaz de pelear por la Región sin mirar primero al presidente del partido y a La Moneda.
Por último, la ley orgánica constitucional que va a transferir las funciones y fijar las atribuciones será objeto de otro debate. ¿Cuánto vamos a demorar en ese asunto? Exijo claridad a los Comités en relación con el tiempo que demandará la discusión de esa transferencia y, en particular, la firma de convenios programáticos. La posibilidad de estos últimos siempre ha existido, porque los gobiernos regionales pueden dictar reglamentos, pero no lo han hecho. Siento que a este Gobierno ya se le agotó el tiempo y que no veremos dictado ese cuerpo legal.
¡Patagonia sin represas, señor Presidente!
He dicho.
El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).-
En el tiempo del Comité Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Honorable señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.-
Señor Presidente , tal como decía el Senador señor Orpis , creo que estamos frente a una situación relevante, histórica, en materia de descentralización y regionalización, de poder avanzar seriamente en un asunto respecto del cual esta Corporación -y el Congreso, en general- y los Gobiernos de la Concertación solo han andado por el lado.
Deseo recordar que el Parlamento, durante 2006 y 2007, debatió la creación de dos nuevas Regiones: la de Los Ríos y la de Arica y Parinacota. Y, en los discursos pronunciados en esa ocasión para aprobarlas, todos quienes usaron de la palabra expresaron claramente que la actual institucionalidad no daba para más y que era necesario abordar la cuestión en plenitud.
Esa presión del Senado y de otros factores políticos llevó al Ejecutivo a presentar hace más de un año y medio un proyecto de ley de reforma de los gobiernos regionales extraordinariamente tímido, que radicaba su aspecto central solo en la elección de los consejeros regionales.
Nosotros no estuvimos dispuestos a avanzar en esa materia y que se eligiera únicamente a los consejeros regionales, porque iba a pasar lo mismo que en los municipios, en los cuales se elige a los alcaldes y concejales, pero, claramente, se hallan muy lejos de ser actores del desarrollo local, de ser impulsores del progreso, de los anhelos de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque sufren claras falencias en el ámbito presupuestario, financiero, y porque una serie de facultades no se hallan radicadas en ellos, sino que son compartidas no solo en el nivel regional: también lo son, muchas veces, por el Gobierno central.
Por lo tanto, nadie puede decir que por el hecho de elegirse a cierto número de autoridades estamos adelantando en materia de regionalización.
Nosotros hemos querido avanzar en aspectos sustancialmente distintos. En cuanto a la elección de los consejeros regionales, que sea la ciudadanía la que dé legitimidad y decida quiénes deben formar parte del cuerpo normativo, fiscalizador, de la Región. Ello nos parece bien, y así lo hemos resuelto.
Pero, junto con ello, hemos establecido que resulta imprescindible actuar sobre el elemento central, el que hace la diferencia entre hallarse frente a un sistema centralizado o uno descentralizado, entre seguir en un gran centralismo, como el que vivimos, o dar pasos en materia de regionalización.
Nadie puede discutir eso ahora. Y me llama mucho la atención que la mayoría de quienes han sostenido al Gobierno durante los últimos 20 años reclamen hoy por el centralismo, ya que este ha sido fruto de las mayorías políticas establecidas por las Administraciones de la Concertación, que no han querido avanzar en la materia de una manera relevante.
En la actualidad, nosotros planteamos que el elemento central lo constituye la transferencia de competencias. Y puede ser objeto del debate en particular de mañana la validez o no de las normas jurídicas, pero la Constitución Política establece hoy que la ley va a regular ese primer punto. Mas no ha pasado absolutamente nada en tal sentido.
Por eso, hemos instaurado un mecanismo para que nadie pueda saltarse esa obligación, que consideramos fundamental: la de que el Gobierno entregue potestades o el gobierno regional, elegido por la ciudadanía local, solicite una de ellas o una determinada función. Resulta indudable que lo lógico, lo obvio, es que si una Región pide cierta potestad o facultad, esta sea cedida por el Gobierno.
No cabe duda de que puede existir un conflicto y de que es posible que el Gobierno mantenga un criterio distinto y no quiera otorgarla. Puede estimar que la Región no cuenta con capacidad para asumirla; que la facultad de que se trate tiene que conservarla siempre en sus manos. Y ello me parece aceptable.
En esa medida, el Senado va a dirimir entre los legítimos representantes de la ciudadanía: el consejo regional y el Gobierno Central. Y vamos a abrir debate sobre si la Región se halla capacitada, si es necesario el traspaso, si la facultad es clave para su desarrollo. Creo que en ello tenemos que avanzar de una manera significativa.
Y no se trata de un gobierno regional de mentira ni de una pantalla.
Lo considero un avance notable.
De hecho, la duda radica hoy en si las regiones se encuentran capacitadas para asumir tales decisiones.
Pienso que es preciso creer en la gente, en las Regiones, y dar los pasos necesarios. De lo contrario, seguiremos como en la actualidad, en que la Región Metropolitana continúa creciendo de una manera increíble, ya superando con largueza los seis millones de habitantes, y en que en las zonas extremas, particularmente, se registran dificultades para el desarrollo de asentamientos humanos, careciendo las Regiones, en general, de capacidad para dar una respuesta adecuada a su gente.
Me parece fundamental, entonces, que la reforma de la Carta avance en la elección de quienes conformarán el consejo regional, porque este constituye la contrapartida de la autoridad del Gobierno Central, que es el intendente, para poder llevar adelante los planes de desarrollo e inversión.
Tenemos un Gobierno unitario. Debemos llevar a cabo un progreso de tal magnitud y talla para que en verdad las cosas funcionen.
Creo que el aspecto cultural se encuentra aquí extraordinariamente presente.
Por ello, la reforma en estudio va a imponernos un trabajo intenso. La normativa que espero que aprobemos de manera unánime va a demandarnos, en los próximos dos años, una labor clara y efectiva. Porque la ley orgánica constitucional va a tener que determinar cómo esas funciones deben ser asumidas por los gobiernos regionales. Debemos desarrollar adecuadamente en ella las atribuciones del consejo regional, las de su presidente. Ello va a exigir del Senado y del Congreso Nacional una labor que será -reitero- de verdad relevante.
La elección de consejeros regionales y el traspaso de facultades son lo esencial de la reforma. Y considero que es un paso que el país no ha dado de forma suficiente en ningún momento de su historia. Y hoy estamos dispuestos a hacerlo.
Existen otras materias extraordinariamente importantes, como algunos han señalado, relativas a instituciones que están desarrollándose, pero a las que se debe dar la fortaleza de la cual en la actualidad carecen.
En las Regiones que representamos, cada uno de nosotros ha participado en ceremonias donde se lanzan, con mucho bombo, los famosos convenios de programación, que configuran un instrumento muy trascendente para el desarrollo. Pero ahí nadie se obliga. El Gobierno no se encuentra constreñido a cumplirlos. Y en particular en la Región del Biobío se han vivido incumplimientos al respecto. Y, salvo la crítica política, no se avanza más allá.
Los convenios de programación pasarán ahora a ser obligatorios. Y la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales establecerá cómo se expresa ello, cuáles serán las responsabilidades por el incumplimiento y qué sanciones se aplicarán al transgresor de un acuerdo entre el Gobierno central y una Región, porque esta última tendrá la potestad para exigir lo que en determinado momento se comprometió.
Eso me parece fundamental.
Me hubiera gustado escuchar en el debate de hoy, ya que el pronunciamiento de la Sala se postergó para mañana, las objeciones a las normas contempladas, a los instrumentos establecidos, a las instituciones que se crean. No hemos conocido pretensiones al respecto, ni argumentaciones jurídicas o políticas en cuanto a si algunas de las disposiciones que votaremos importan un proceso errado o insuficiente. Por lo tanto, considero que la presente discusión -la hemos sostenido en ocasiones anteriores- estuvo claramente de más. Cabe recordar que la Sala -con esto termino- trató el asunto en el mes de enero.
Y expreso mi gran preocupación por la ausencia del Gobierno, señor Presidente , por lo cual le pido a la Mesa hacer todas las gestiones necesarias para que asista mañana, pues la última vez que nos ocupamos en un proyecto de esta naturaleza le quitó el piso.
He dicho.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Senador señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , la iniciativa en análisis exhibe varios avances, pero temo que no se hallan en perfecta armonía con el resto de la legislación y, en particular, con la Carta Fundamental. Será preciso llevar a cabo un esfuerzo adicional, en consecuencia, porque, según desprendo del informe, se registran numerosos alcances que será preciso abordar.
Ignoro cuál es el punto de vista al respecto del Ejecutivo, ya que, por desgracia, tal como se ha mencionado, en la Sala no se encuentra alguien que lo represente para iluminarnos acerca de estas materias. De ahí que, curiosamente, deberemos esperar hasta el día de mañana, cuando sea tratada nuevamente la iniciativa, para conocer su planteamiento, el cual a lo mejor resultará tardío, porque este era el momento de exponerlo.
Debido a que funcionan simultáneamente con la Sala dos Comisiones de las cuales formo parte y a cuyas reuniones tengo que asistir, voy a ahorrarme todo aquello que ya ha sido objeto de análisis por parte de los demás Honorables colegas y resaltaré dos o tres aspectos que estimo de particular interés.
En cuanto al traspaso de competencias, la propuesta del Ejecutivo señalaba que el Presidente de la República podría transferirlas solo puntualmente a uno o más gobiernos regionales. Ello se concentraba de modo exclusivo en el Primer Mandatario y sería realizado vía decreto supremo.
El proyecto aprobado por la Comisión de Gobierno amplía la facultad al abrir la posibilidad de que los propios gobiernos regionales soliciten el traspaso de una serie de funciones públicas, de carácter amplio.
Asimismo, se incorpora al Senado como institución dirimente de las divergencias que surjan entre el Ejecutivo y los consejos regionales con motivo de las transferencias.
Desde el Gobierno se ha señalado que con ello se estaría distorsionando el principio de la separación de poderes del Estado.
Se plantea, entonces, un punto donde necesariamente debiera centrarse el debate. Por supuesto, uno esperaba que aquí se concentrara la controversia que necesariamente va a surgir entre el Legislativo y el Ejecutivo . Nos hemos quedado sin conocer el punto de vista correspondiente. Y, como señalaba hace un momento, esperamos que mañana sí podamos advertir cuál es la posición específica del Gobierno al respecto.
El señor ORPIS.-
Se incluye en el informe: es contrario.
El señor ÁVILA.-
Me aclara espontáneamente el Senador señor Orpis que se halla contenido en el informe y es contrario. Pero tal vez ha habido momentos de reflexión posterior y ha tenido lugar alguna mutación interesante, que hasta el momento ignoramos.
El señor PROKURICA .-
¡Desconocida!
El señor ÁVILA.-
Genera mucha participación lo que expongo, señor Presidente . Le agradeceré que ponga orden.
Respecto de la transparencia, no existen en el proyecto disposiciones relacionadas con la materia.
Sin embargo, con la dictación de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, se regula el principio de transparencia y el derecho de acceso a la información de las intendencias y gobiernos regionales, entre otros organismos de la Administración del Estado, los cuales deben cumplir con la publicación de su marco normativo, estructura orgánica, dotación, etcétera.
En lo referente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), no existen disposiciones específicas en la iniciativa. Los procedimientos de operación y distribución de esos recursos se encuentran regulados en el decreto N° 132 del Ministerio del Interior, de 16 de abril de 2007.
La ley define parámetros para la asignación de 90 por ciento del Fondo basados en criterios de población con carencias sociales en cada Región y da mayor capacidad al gobierno regional para definir políticas y metas locales.
A pesar de no contemplarse en el texto normas relacionadas con el FNDR, la Comisión de Gobierno aprobó la inclusión de la siguiente, en relación con el aspecto presupuestario: "Corresponderá al consejo regional aprobar el proyecto de presupuestos de la respectiva región considerando, para tal efecto, los recursos asignados a ésta por la Ley de Presupuestos de la Nación, sus recursos propios y los que provengan de los convenios de programación". Es decir, este último órgano se limitará a quemar incienso sobre lo que llegue, porque más allá de eso carecerá de facultad alguna. Es un simple formalismo, pero que, en el fondo, alguna satisfacción dará a los consejeros, en la medida en que les asigna una aparente capacidad de resolución.
En lo atinente a los presupuestos regionales y con relación al debate del proyecto en el Senado, una de las cuestiones planteadas que se reflejó tímidamente en las disposiciones acogidas fue el de la existencia de los primeros como una partida independiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, de manera de enfrentar las diferentes necesidades de cada una de las Regiones.
Se trata de un asunto que, naturalmente, también va a encontrar reacciones con relación a lo que hoy conocemos y al statu quo dominante en la administración central, e ignoro cómo serán sorteadas las dificultades que se presentarán.
En fin, de todos modos, señor Presidente , estamos ante un proyecto que, por lo menos desde el punto de la composición de los consejos regionales, representa un avance significativo, dado que apunta a la elección plenamente democrática de quienes los integran, con lo que nos zafamos de este mecanismo sórdido, que hasta ahora ha sido objeto de un sinnúmero de irregularidades, por lo cual ya se encuentra moralmente desechado por la ciudadanía.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).-
Señor Presidente , quiero precisar un par de términos que, para una buena definición, es conveniente tener claros.
No es lo mismo centralismo que una fórmula tan manida como la que se desea mostrar acá. Y, en tal sentido, debe quedar despejado que, si queremos eficacia en el ejercicio del poder, tiene que existir un proceso real de regionalización.
Es obvio que en los siglos XIX y XX dicha eficacia condujo al centralismo. Pero eso no demuestra que un régimen unitario deba ser necesariamente tributario del centralismo. No. Es factible que se dé un régimen unitario con una regionalización como a la que aspira el país, más bien como la que reclama, pues la actual no da para más.
Sentado lo anterior, debe entregarse poder real a las Regiones, lo cual pasa por que cuenten con recursos efectivos, y no a medias. En este sentido, habrán de adoptarse todas las medidas conducentes a que dispongan de dineros suficientes para dar cumplimiento a sus demandas.
Por último, creo que avanzar en una fase de elección más directa, como la que se propone en la iniciativa en discusión, es el camino adecuado.
Ciertamente, ello precisará la adecuación de algunas normas, sin complicarse mucho, a ciertos principios rectores: una regionalización efectiva, que no es contraria a un régimen unitario, para dejar atrás un centralismo que está agotado y que, incluso, en muchos casos es causal de corrupción debido al mismo ejercicio del poder; una entrega real de recursos a las Regiones con el objeto de que los utilicen de acuerdo con su leal saber y entender; y, por último, una cercanía de las autoridades a la gente en la forma que corresponde a fin de que el poder se vea reflejado en los ciudadanos y no se considere tan lejano como hoy.
Eso es todo.
El señor NOVOA (Presidente).-
Tiene la palabra por tres minutos el Honorable señor Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.-
Señor Presidente , como Senador independiente, también voy a entregar mi voto favorable al proyecto que nos ocupa. Porque, al menos en la letra, puede significar mayor justicia en el desarrollo de las Regiones, donde muchos de nosotros vivimos.
Como hombres públicos, a diario comprobamos que no existe una regionalización de verdad. Es decir, hay una buena dialéctica, una buena doctrina, pero cuando se quiere aplicar la regionalización en la práctica, observamos una distancia muy grande en la concreción de hechos positivos.
Debo recordar en esta breve intervención que Chile es uno de los países más centralizados -¡más centralizados!- del mundo. Y eso lo comprobamos con la erradicación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros nietos desde las Regiones a la gran urbe de Santiago, donde vive el 48 por ciento de la población total del país. Este porcentaje de chilenos ocupa el dos por ciento de nuestra geografía; o sea, el 52 por ciento restante habita el 98 por ciento del territorio.
Ahora, resulta muy interesante que los consejeros regionales sean elegidos en forma directa, porque ello también constituye una aspiración o un interés de la ciudadanía. Y si los concejales y alcaldes, los Diputados y Senadores emergen del ejercicio de la soberanía popular, me parece de absoluta justicia que esos representantes -quienes asignan los fondos regionales- sean objeto de la evaluación de los ciudadanos de las Regiones, por considerar que ellos tienen mayor capacidad para la distribución de recursos tan fundamentales para el desarrollo.
Pero me llama la atención y me preocupa -es factible que también sea una inquietud de muchos colegas presentes en esta oportunidad- que estas iniciativas de descentralización no contengan normas que funcionen en la práctica. Muchas de nuestras leyes son un tanto teóricas, y chocan con la realidad.
En nuestras Regiones se han instalado empresas, por ejemplo las forestales, que extraen la riqueza de nuestros bosques pero que se llevan todos los recursos obtenidos al Gran Santiago, o, en el caso de La Araucanía, hacia la Octava Región, que aparece con un porcentaje de exportaciones muy interesante, bastante alto, sin que se dé a conocer que parte importante de ellas proviene de la provincia de Malleco, y, en definitiva, no son contabilizadas para los efectos del cálculo del PIB y de otros indicadores que se utilizan para entregar fondos a las Regiones.
Entonces, tenemos empresas forestales, grandes tiendas, grandes compañías, cuyas oficinas centrales gerenciales se encuentran en Santiago. Es decir, ellas extraen nuestros recursos para, posteriormente, depositarlos en la gran olla de la Capital.
Por eso, ojalá que en iniciativas futuras se otorguen algunas facilidades tributarias con el objeto de que no acontezca lo que sucede hoy: de cada 100 industrias, 75 están en Santiago; y las 25 restantes, repartidas desde Arica a Punta Arenas.
Gracias.
El señor NOVOA (Presidente).-
Terminado el Orden del Día.
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