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La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, en primer lugar, destaco que todos nosotros votamos a favor de la reforma previsional, tanto de la principal como de esta que adelanta los beneficios.
En general, compartimos los criterios que se utilizaron. Recordemos que sobre el particular se formó una comisión de expertos.
El primer criterio fue aumentar fuertemente la antigua pensión asistencial. Esta, que pasó a llamarse "pensión básica solidaria", beneficia a las personas que nunca impusieron. Y se incrementó el monto. Antes alcanzaba aproximadamente a 40 mil pesos, y ahora llega a 75 mil. Pero, además, se permite que en un matrimonio ambos cónyuges accedan a ella, con lo que entre los dos pueden llegar a 150 mil pesos.
Sin embargo, confirmo lo manifestado por el Senador señor García : hay una tremenda confusión respecto de lo que espera la gente. Muchos creen que les subirá la pensión a 150 mil pesos en septiembre, lo que no es cierto, pues continuará en 75 mil. Lo que sucede es que un grupo adicional podrá acceder a la pensión básica solidaria, que -insisto- es prácticamente la misma de antes, dada como pensión asistencial: un subsidio para la vejez o para la invalidez de quienes nunca cotizaron.
Hay un segundo criterio, que me parece muy razonable: premiar al que sí hizo el esfuerzo, a quien cotizó. En tal sentido, se aumentan con un subsidio estatal las pensiones muy bajas. Así, se incrementarán las de hasta 145 mil pesos, siempre que el causante se encuentre efectivamente dentro del 45 por ciento más pobre de la población.
Premiar al que aportó, no solo es correcto desde un punto de vista de equidad y de justicia sino que también es importante porque, de lo contrario, la gente puede dejar de cotizar. Si quien gana el mínimo y comprueba que, sin esfuerzo alguno, obtiene 75 mil pesos, dejará de imponer y empezará a trabajar "a la negra". Y eso sería brutalmente negativo para el mercado laboral.
En consecuencia, todo lo que se ha hecho por esos conceptos nos parece correcto.
Ahora bien, ¿qué falta?
En primer lugar, ver cómo vamos a preocuparnos de la clase media, y sobre todo de quienes han sufrido el daño previsional.
En cuanto a lo anterior, durante décadas, a los trabajadores del sector público - Poder Judicial , universidades estatales- se les cotizó por la tercera parte de sus ingresos reales. El resto constituían asignaciones no imponibles. El Gobierno de don Patricio Aylwin arregló legalmente dicho problema, pero solo respecto del INP. Y por eso se ha producido una diferencia abismal entre la pensión que obtiene quien se jubila por el INP y quien, habiendo percibido el mismo sueldo, lo hace por una AFP.
Se intenta utilizar esa situación políticamente para señalar que se trata de un problema de las AFP. Ello no es así. Porque antes de la ley a que hice mención quienes jubilaban por el INP accedían a pensiones aun peores que las de las AFP.
De esta forma, una ley entregó mucho dinero a los funcionarios que jubilaban por el INP. Pero hasta hoy no se quiere corregir el problema de los afiliados a las AFP. Todos los proyectos relativos al daño previsional son solo un caramelo. No hay justicia ni equidad en esa materia, y los cotizantes de las AFP han sido brutalmente maltratados. Y siguen siéndolo, porque no se les otorgan muchos de los otros beneficios que sí reciben quienes pertenecen al INP, como aguinaldos.
¡Expreso mi protesta! ¡Hasta cuándo existe ese doble estándar! ¡Una persona con once mil puntos es tan pobre si recibe esa plata por el INP o por la AFP! ¡Y los Gobiernos de la Concertación han discriminado siempre en contra de la gente pobre afiliada a estas últimas!
El otro tema que queda pendiente es el del descuento de 7 por ciento. Obviamente, lo debemos ir bajando gradualmente.
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