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El señor ÁVILA.-
Señor Presidente , me voy a eximir de las consideraciones generales del proyecto, para abordar algunos puntos específicos que, en mi concepto, merecen ser resaltados.
Por ejemplo, creo que constituye un retroceso el hecho de disminuir de dos a uno la representación de los trabajadores en el directorio. Siento que si de verdad se desea un compromiso efectivo con relación a todo el potencial técnico que posee CODELCO, habría sido altamente aconsejable generar una mayor integración y vinculación con quienes se desempeñan en dicha corporación y exhiben una trayectoria, una preparación que no es fácil encontrar en el mercado. Y, por lo tanto, habría sido de interés para el país contar con ese activo que la empresa ha ido desarrollando a lo largo del tiempo.
La modificación a la ley N° 13.196, o Ley Reservada del Cobre, que data de 1958, establecía que una parte de las utilidades de las empresas de la Gran Minería debía destinarse a la compra de armas de las Fuerzas Armadas. Pero una enmienda introducida en 1976 dispuso que el 10 por ciento de las ventas de CODELCO -únicamente de esta empresa- debía destinarse a ese fin.
Curiosamente, la existencia de esa normativa ha sido un impedimento eficaz para evitar la privatización de CODELCO, puesto que, con el lastre de tener que entregar el 10 por ciento de sus ventas a las Fuerzas Armadas, es imposible que una empresa extranjera desee comprar aquella entidad, dado que no podría competir con las otras transnacionales mineras.
El ex Presidente Ricardo Lagos se refirió a ese punto en una entrevista en Estados Unidos para la revista "Latin Trade", en mayo de 1999, en plena campaña presidencial. Allí sostuvo: "Es muy importante introducir capital privado en Codelco para que pueda expandirse. Pero para privatizar Codelco tenemos que suspender la entrega del 10% de sus ingresos a las Fuerzas Armadas. No creo que ningún inversionista privado esté interesado en Codelco hasta que superemos este problema.".
Felizmente, aquellas expresiones que vertió en el país del norte no se pusieron en práctica cuando fue Presidente. Este es uno de los pocos casos en que un olvido o una omisión del programa gubernamental resulta tremendamente favorable para los intereses del país.
Es de esperar que el proyecto que deroga la entrega del 10 por ciento de las ventas de CODELCO a las Fuerzas Armadas no sea la antesala de su privatización.
En cuanto a la capitalización, aspecto al que hacía mención en términos muy precisos y fundados el Senador señor Vásquez , cabe señalar que resulta inconveniente, según los trabajadores, que el régimen cambiario y presupuestario de la empresa solo se aborde otorgándole mayores atribuciones al Ministerio de Hacienda.
Ello da cuenta de un sesgo cortoplacista cuya lógica es que CODELCO siga siendo una variable de ajuste para las políticas fiscales anuales y uno de los principales sostenes de la caja presupuestaria del gobierno de turno, cuestión que no condice con las políticas de largo plazo que debieran imperar en una empresa estratégica como esta.
Por ejemplo, para poder cumplir el plan de inversiones previsto para el quinquenio 2009-2013, a un promedio anual de 2 mil 581 millones de dólares, se requiere tomar hoy decisiones que establezcan directrices claras.
Eso era precisamente lo que echaba de menos el Senador que acabo de mencionar, a raíz de que el funcionamiento como sociedad anónima recae, yo diría, en el aspecto más trivial y más superfluo: el concerniente a un modo de fiscalización que no necesariamente condice con la naturaleza pública de esta empresa.
En consecuencia, se hace imprescindible una política de capitalización con una cifra anual para los próximos 4 años que oscile entre los 300 y los 500 millones de dólares.
Volviendo al tema más específico de la fiscalización, cabe recordar que el año pasado Chilevisión, el canal del candidato aquel, denunció las asesorías realizadas a CODELCO por el señor Eduardo Titelman , que a la sazón se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo de COCHILCO , órgano fiscalizador de CODELCO, ya que por ley ese rol no lo puede cumplir directamente la Contraloría.
Dicha figura equivaldría más o menos a que el Contralor General de la República brindara asesoría a un municipio; luego boleteara, y después lo fiscalizara.
Entonces, aquí hay un punto bien crucial.
Ayer escuchaba largas lamentaciones de algunos colegas por esta especie de encarnizamiento fiscalizador que supuestamente podría producirse en contra de CODELCO. Pero claro que eso sería solo en el papel, porque en el caso de la fiscalización a la que estoy aludiendo, con el ejemplo específico que he citado, en verdad, no habría nada que temer por cuanto ninguna cosa que allí se haga sería sensible a un rigor contralor, ya que, por el tipo de relaciones que en apariencia se producen, se anularía por completo.
Entonces, una empresa como CODELCO, con la importancia estratégica que reviste para el desarrollo del país, debe ser objeto de los controles imprescindibles para velar por el interés público allí comprometido.
Es cierto que se desenvuelve en un limbo entre lo privado y lo público. Para lo privado, algunos se sienten en especial satisfechos por la injerencia que tenga la superintendencia. Pero lo cierto es que se la somete a ese régimen en un aspecto que pudiera ser importante, pero no todo lo trascendente que se requiere en términos de su desarrollo. Si de verdad se desea que experimente un desenvolvimiento sano, resulta imprescindible asegurar los planes de inversión. Pero si estos se deciden en el Ministerio de Hacienda con un criterio que no se halla debidamente establecido, la suerte de la empresa va a quedar sujeta a la sensibilidad del Secretario de Estado que ocupe el cargo, según el tipo y orientación del Gobierno al cual pertenezca.
Señor Presidente , sin duda alguna, esta es una de las iniciativas más trascendentes que nos ha tocado considerar en el Senado durante el último tiempo. Pero, aunque aborda materias de singular importancia, es preciso tener claro que saldrá convertida en una ley con debilidades, con vacíos y con problemas importantes no resueltos o abordados de una manera que no es la más apropiada.
Aun así, y como acontece casi con todo proyecto que llega al Senado, mi voto será favorable, a pesar de que deba seguir digiriéndolo con posterioridad hasta terminar de tragarlo varias horas después.
He dicho.
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