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La señora MATTHEI.-
Señor Presidente , la Corporación Nacional del Cobre es, obviamente, la empresa más grande del país y la mayor productora del metal rojo en el mundo, y juega un rol fundamental en nuestras finanzas públicas. Y esperamos que lo siga haciendo, con el objeto de que sea posible costear los programas sociales. Por eso, la forma de asegurarnos de que pueda maximizar su valor económico y hacer lo más eficiente posible su proceso productivo es un tema que debemos abordar con profunda seriedad.
A mi juicio, no hay nadie en la Sala que no esté de acuerdo con que la empresa requiere una reforma profunda de su estructura administrativa. Consideramos que las enmiendas que modifican por completo la forma de nombrar a sus directores y designar y remover al Presidente Ejecutivo son absolutamente necesarias y van en la dirección correcta. Las apoyamos. Estimamos que constituyen una condición indispensable para poder seguir capitalizando CODELCO en el futuro y abrigar la seguridad de que esta última medida va a rendir lo más posible.
El proyecto plantea en primer lugar la excelencia. Queremos que los directores y el Presidente Ejecutivo sean las personas más capacitadas de Chile, independiente de su color político, y que se encuentren profundamente comprometidos con el futuro de la entidad. Por tal razón, la búsqueda de los mejores mediante empresas, de una forma profesionalizada, como lo hacen en general las mayores y mejores empresas estatales en el mundo, nos parece correcta.
Por otra parte, señor Presidente , resulta obvio que de la lógica de que CODELCO es manejada por el Gobierno de turno es preciso pasar a tener una visión de Estado respecto de ella, con representación también de quienes no opinan lo mismo que el Gobierno de turno, porque eso da transparencia, la cual asimismo contribuye al final a la eficiencia. En ese sentido, igualmente nos parece bien lo que el proyecto plantea.
Por último, es evidente que se requiere transparencia absoluta. Sobre esa base, obligar siempre a CODELCO a dar la misma información, como si fuera una sociedad anónima abierta, constituye una medida que va en la dirección correcta. Hoy día CODELCO entrega esa información, pero solo porque ha emitido bonos. Si no lo hubiera hecho, no estaría obligada ni siquiera a ello.
Por lo tanto, todos los principios a los que me referí (de excelencia, de visión de Estado, de transparencia), a nuestro juicio, están bien tratados.
No voy a repetir los contenidos del proyecto, porque han sido ampliamente analizados ayer y hoy. Quiero opinar, sí, sobre los aspectos que han generado más polémica.
En primer lugar, uno no puede dejar de abordar el tema del 10 por ciento de las ventas de CODELCO que se destina a las Fuerzas Armadas. Sobre el particular, he señalado muchas veces que las necesidades de inversión de las Fuerzas Armadas y de seguridad de nuestro país no se mueven al mismo tiempo en que fluctúa el precio del cobre.
En algún momento podemos tener, por un lado, un precio muy bajo de dicho metal y, por otro, necesidades urgentes de inversión en Defensa: en equipamiento, en alistamiento, en personal, etcétera. O al revés, un precio muy alto e inversiones en Fuerzas Armadas ya realizadas, sin que se requiera hacer más gastos.
En ese sentido, separar el precio del cobre del financiamiento de las Fuerzas Armadas me parece correcto.
Sin embargo, también he sido testigo de la demagogia y del populismo más feroz con respecto a las inversiones que precisan las Fuerzas Armadas. Muchas veces he escuchado a señores parlamentarios señalar: "¡Para qué vamos a comprar tal o cual armamento o a hacer tal inversión militar si podemos destinar esos recursos a gasto social!
Tal argumento no es aceptable.
Todo el mundo sabe que cuando una nación exhibe debilidad, sea en su política o en su capacidad de defensa, aumenta la probabilidad de un conflicto armado. Este se produce cuando un país ve que el vecino con el que ha tenido problemas está débil. Por lo tanto, la inversión en las Fuerzas Armadas no apunta solo a beneficiarlas a ellas, sino a cautelar la seguridad externa de la nación. Debido a ello, debe tratarse sin demagogia, sin populismo, con visión de largo plazo y seriedad.
Por eso, señor Presidente , aprobaremos el proyecto solo si se garantiza que nuestra seguridad externa no va a quedar sujeta a una discusión demagógica, populista, de corto plazo.
Si se pueden armonizar ambos objetivos, maravilloso.
Vamos al tema relativo a la fiscalización.
En lo personal, me alegraba de que la Cámara de Diputados y la Contraloría fiscalizaran a CODELCO y a cualquiera de las empresas públicas cuando nadie sabía lo que en realidad pasaba en ellas. Y así era. Todos conocemos el caso de EMPREMAR, que fue llevada a la quiebra por una pésima administración. Ahí la Cámara de Diputados constituyó una Comisión Investigadora -yo la pedí- para determinar lo sucedido, lo que llevó finalmente a la condena de algunos ex ejecutivos.
Sin embargo, en la medida en que tengamos un gobierno corporativo de excelencia, con visión de Estado y con absoluta transparencia, creo que esa fiscalización no corresponde.
Si bien pudieron haberse cometido abusos -de hecho los hubo: recordemos todos los pagos que realizó la misma CODELCO a gente vinculada a la política- cuando los gobiernos corporativos eran del Gobierno de turno y no del Estado, ese tipo de cosas no debiera ocurrir con un gobierno corporativo eficiente, profesional, con visión de Estado, porque habrá un freno interno que lo impida.
En todo caso, así como puede haber abuso en las empresas, es posible que este también se produzca en una fiscalización inadecuada por parte, por ejemplo, de señores políticos, de nosotros mismos. Cabe recordar que ha habido parlamentarios que, usando su cargo, han pedido información que les convenía para sus intereses comerciales. Y eso no corresponde. No quisiera que el día de mañana información respecto del Banco del Estado o de CODELCO, solicitada por un señor Diputado , terminara en manos de la competencia. No puede ser.
Por ello, señor Presidente , no votaré a favor de eliminar la mención que se hace en la iniciativa a la Cámara de Diputados. Porque no hace ninguna diferencia; se trata de una atribución constitucional. Pero sí anuncio que estoy dispuesta a firmar hoy un proyecto de reforma a la Carta para quitarle a esa Corporación la facultad de fiscalizar a las empresas estatales que tengan un gobierno corporativo decente. En ese entendido, estoy totalmente de acuerdo.
No corresponde tal control.
Así como dije que me alegraba de que la Cámara de Diputados fiscalizara cuando había oscuridad, en la medida en que contemos con un gobierno corporativo, con una administración transparente, eficiente y eficaz, esa fiscalización estará fuera de lugar.
Respecto del papel de la Contraloría en esta materia, tengo dudas. La verdad es que necesito leer mucho más para saber efectivamente cuál debiera ser aquí el rol de dicho órgano. No me pronuncio.
Sin embargo, lo relativo a COCHILCO me merece serias dudas.
El Senador señor Ávila mencionaba el caso del señor Titelman. Si es cierto todo lo que nos ha dicho -no tengo por qué ponerlo en duda-, lo que ha ocurrido ahí es un escándalo. Que un señor que debe fiscalizar a CODELCO le haya dado boletas de honorarios a esa empresa me parece inaceptable. ¡Inaceptable! Es lo mismo que si el Fiscal Económico hoy día le diera boletas a una cadena de farmacias.
Por otro lado, sabemos que anteriormente hubo ejecutivos de COCHILCO que dejaron esta institución y que, al poco tiempo, a la semana, estaban trabajando en CODELCO. Ello, obviamente, después de haber aprobado algún proyecto importante.
Si COCHILCO sigue con esas facultades, es evidente que deberemos modificar fuertemente su legislación. Tiene que haber incompatibilidades, un período en que no se pueda pasar de COCHILCO a CODELCO. O sea, es preciso que existan acá las mismas exigencias que se establecen, por ejemplo, respecto de una superintendencia. Y la forma de nombrar a los funcionarios de COCHILCO también debe ser totalmente distinta de la actual.
Ahora, señor Presidente, paso a referirme a lo relativo a las inversiones.
Se discute mucho si CODELCO debe seguir siendo estatal o no. Pero, en la práctica, ya se ha privatizado. En la mayoría de los nuevos emprendimientos de CODELCO, está metida la empresa privada. ¿Por qué? Porque tal Corporación no disponía de capital suficiente para invertir. Así de simple.
Sin embargo, se ha privatizado de la peor forma posible. En vez de poner las acciones en el mercado y de que el Estado obtenga todo el precio que se pueda dar por ellas, se decidió trabajar con determinadas empresas, respecto de las cuales no se sabe por qué se invitó a unas y no a otras, cuáles fueron las condiciones, quién las negoció, cuánto obtuvieron. Se desconoce todo eso. Se ha privatizado de una manera oscura y poco transparente. Esto no es aceptable.
Por eso, señor Presidente , me parece bien lo relativo al plan trienal de inversiones. Para algunos señores Senadores, podrá ser insuficiente. Y preferirían, a lo mejor, un mecanismo automático de capitalización. A mi juicio, el solo hecho de que el directorio se pronuncie en forma pública -eso va a estar en la FECU y en la memoria- y, además, de que los Ministros tengan que decir, de manera fundamentada y por escrito, por qué dan cierta cantidad y no otra, introduce una situación de transparencia que no permitirá que en CODELCO pase lo mismo que sucedió en el pasado en la ENAMI.
Lo ocurrido allí solamente se puede generar en un ambiente de secretismo. Si hubiésemos sabido lo que acontecía en la ENAMI, nosotros mismos le habríamos exigido al Ejecutivo que actuara de otra manera. El secretismo es el peor cuchillo en contra de las empresas públicas.
Pero el plan trienal de inversiones -en realidad, tiene una proyección de 20 años, según nos contaron los señores Ministro de Minería y Presidente Ejecutivo de CODELCO - será conocido por el país. Se va a saber cuánto piden y cuánto dan, y por qué razones.
Ello posibilitará una discusión pública, que evitará la repetición de lo sucedido en el pasado.
En consecuencia, señor Presidente, espero que el proyecto en estudio se apruebe.
Eso sí, muchos puntos quedan pendientes: lo relativo a la fiscalización; al 10 por ciento de las ventas de CODELCO para gastos de las Fuerzas Armadas; a las inversiones ya realizadas, y a cuáles serán los planes de modernización que permitirán lograr mayor eficiencia. Por último, hago presente que muchas de las promesas formuladas por el señor Juan Villarzú resultaron totalmente falsas, así como también lo fueron numerosos de los datos que nos entregó. El señor Villarzú tenía convencido al país de que el costo de producir cobre era de 50 a 60 centavos de dólar; pero no le mencionó a nadie que en esa estimación se rebajaban todos los ingresos obtenidos por el molibdeno. Y, de repente, abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que, en realidad, el costo de producción de CODELCO alcanzaba a casi un dólar con 50 centavos.
¡Ese costo es inaceptable! En esas condiciones, si el precio del cobre vuelve a su valor histórico, CODELCO sufrirá pérdidas y, en vez de constituir un puntal de nuestras finanzas, tendremos que inyectarle dinero, como sucedió en el pasado con muchas empresas públicas. Eso es lo que deseamos evitar, y por eso apoyamos el proyecto.
He dicho.
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