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El señor ESCALONA.-
Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que esta iniciativa es necesaria.
Al comienzo de la sesión, con relación al proyecto que mejora la Reforma Previsional, dijimos que las finanzas públicas este año atraviesan por un momento delicado, situación que, seguramente, se va a intensificar en el curso de los próximos meses. Por ende, no creo que resulte fácil la discusión del próximo presupuesto, ni la del subsiguiente.
Por lo tanto, es esencial aprobar pronto la iniciativa legal que nos ocupa. No digo que la votemos al término de la sesión, como exageradamente podría pensarse; pero sí que la tramitemos en los plazos que hemos conversado (una semana o diez días para formular indicaciones y el debate particular en agosto), a fin de despacharla en esta fase legislativa.
Porque -seamos francos- quienquiera que encabece el próximo Gobierno -espero que lo haga el Senador señor Frei , que nos acompaña en la sesión- tendrá un desafío mayor para configurar el Presupuesto de la Nación con el nivel de recaudación tributaria que estamos obteniendo. Por ello, urge aprobar pronto todas las medidas propuestas en el proyecto con el propósito de transparentar, de hacer público, de asegurar los mecanismos que le garanticen a la sociedad la inversión de CODELCO a corto plazo.
Desde ese punto de vista, no es posible subvalorar la iniciativa.
En segundo lugar, si deseamos aprobarla ahora, debemos asumir la realidad tal como es.
En mi opinión, el párrafo sobre las atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados es redundante. Pero estoy seguro de que, considerando la relación corporativa existente en el Congreso Nacional -se compone de dos ramas desde su creación-, es completamente imposible pensar que se pueda incluir una enmienda en este proyecto de ley que, en la práctica, reforme la Constitución, al señalar que la Cámara Baja no tendrá facultades fiscalizadoras con relación a CODELCO.
Si pensáramos de esa forma, significaría que no deseamos la aprobación del proyecto. Porque lo anterior resulta simplemente imposible. Por lo tanto, ruego que nos atengamos a la rigurosidad de los hechos. En el Parlamento no existen las condiciones para omitir la cláusula de las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
Seamos claros en ello y no engañemos a la opinión pública.
En cuanto a lo relativo a la capitalización y a la inversión, cabe señalar, para los efectos de la historia fidedigna de la ley, que se incluyó, con el esfuerzo de varios Senadores -en particular, nombro al Honorable señor Núñez , quien representa a una Región minera-, una indicación sobre la materia, que leeré para que la conozca la opinión pública que ha estado observando el debate.
Su texto reemplaza al artículo 6° del decreto ley Nº 1.350, por el siguiente:
"Antes del 30 de marzo de cada año, el directorio deberá aprobar el Plan de Negocios y Desarrollo de la Empresa para el próximo trienio. Este plan deberá incorporar los montos anuales de inversiones y financiamiento y los excedentes anuales que se estima que la Empresa generará durante dicho trienio, debiendo dar conocimiento del mismo a los ministros de Hacienda y Minería.
"Antes del 30 de junio de cada año, tomando como referencia dicho Plan, teniendo presente el balance de la empresa del año inmediatamente anterior y con miras a asegurar la competitividad de la empresa, se determinará mediante decreto fundado, conjunto y exento de los Ministerios de Minería y de Hacienda, las cantidades que la empresa podrá destinar a la formación de fondos de capitalización y reserva.
"Las utilidades líquidas que arroje el balance, previa deducción de las cantidades que se refiere el inciso anterior, pertenecerán en dominio al Estado e ingresarán a rentas generales de la Nación.".
El artículo es explícito, señor Presidente.
No concurre a rentas generales el cien por ciento de las utilidades líquidas, como aquí se afirmó. El texto citado es directo y claro, y no hay posibilidades de confusión. Se excluyen de ir a rentas generales de la nación las cantidades que la empresa destinará a la formación de fondos de capitalización y reserva, mediante decreto fundado, con el fin de asegurar la competitividad de aquella.
Alguien podría decir que eso es letra muerta. Bueno, ello dependerá de los parlamentarios del próximo período.
Yo tengo confianza en la opinión pública. Creo que, salvo excepciones, el Congreso Nacional estará en condiciones de garantizar una representación decente y digna, sea de Gobierno o de Oposición. Confío en que la ciudadanía sabrá elegir un buen Parlamento.
Si no se cumpliera lo dispuesto en el texto antes citado, se estaría vulnerando una atribución jurídica, lo cual, desde el punto de vista constitucional, significaría ejercer una de las facultades consagradas en el artículo 53 de la Carta Fundamental.
En consecuencia, señor Presidente , el no cumplimiento de lo señalado en dicha indicación implicará, desde una perspectiva jurídica, la eventual concurrencia de las causales para la acusación constitucional de los Ministros de Estado comprometidos.
Entonces, si en el próximo Congreso no existen parlamentarios -de Gobierno o de Oposición- interesados en asegurar el respeto de lo aquí preceptuado, si los Parlamentos futuros no cumplen sus responsabilidades, no se puede hacer más. Es imposible que la ley se ponga en todos los casos.
Lo que sí es claro es que en el proyecto se consagra un mecanismo nuevo que garantiza un plan trienal, el cual, de acuerdo con la historia fidedigna de la ley y lo discutido en las Comisiones de Minería y de Hacienda, se enmarca en la perspectiva de 20 años. Es lo que exigen las inversiones mineras con el propósito de asegurar una viabilidad a largo plazo.
O sea, en verdad, me parece difícil o a lo menos inexacto levantar la acusación de que el asunto planteado en la discusión del Congreso Nacional -efectivamente un conjunto de parlamentarios, de Gobierno y de Oposición, representantes de zonas con una fuerte presencia minera, especialmente de la Segunda y Tercera Regiones, lo colocaron en el debate- no haya tenido un reflejo en el resultado de esta iniciativa de ley, porque una indicación establece un hecho nuevo, un instrumento económico y jurídico diferente para garantizar la viabilidad de la empresa a largo plazo.
El otro aspecto, señor Presidente, que me interesa se refiere a la elección del directorio.
Ciertamente, me dio que pensar e incluso miré con simpatía el que el Senado tuviera las atribuciones para nombrar distintos directorios. Pero seamos claros. La opinión pública fue testigo del espectáculo poco edificante en el nombramiento del Contralor General de la República. Tal institución, de la más elevadísima importancia en la Nación, estuvo durante larguísimos meses acéfala, sin posibilidad de designación de quien la dirigiera por hallarse sometido su nombramiento al juego de minorías y mayorías del Senado. Y creo sinceramente que eso debiera darnos una lección. Que en la empresa de la cual depende en gran parte el patrimonio nacional la designación de sus directores recaiga en el juego de corto plazo de la correlación de fuerzas políticas, la verdad es que tal teoría no se valida con la historia reciente.
Aun más. El reblandecimiento de las organizaciones partidistas -lo digo con entero respeto de las personas involucradas, porque voy a aludir a un hecho político, no a uno de carácter personal- y la proliferación de opciones individuales que modifican de manera severa el pronunciamiento de la soberanía popular que elige representantes que luego dejan su pertenencia original, exponen, de forma demasiado dramática, a las contingencias puntuales una designación de importancia estratégica para el país como esta.
Digo esto con mucho respeto a las personas. No es nada personal. Este es un hecho político.
No quisiera que acontecimientos puntuales de contingencia, acuerdos personales de traspaso de una u otra coalición, decisiones de independencia por razones electorales de corto plazo vinieran a decidir¿
El señor LONGUEIRA .-
¡Oriéntenos un poco, señor Senador !
El señor ESCALONA.-
¿quiénes integrarán el directorio de CODELCO.
He sido criticado reiteradamente por mi defensa de las fuerzas políticas y soy coherente con la opinión que siempre he mantenido en la materia.
Por eso, la mejor garantía ante la situación por la que estamos atravesando es que una medida de esa naturaleza no esté expuesta a situaciones demasiado azarosas como las que concurren hoy en la configuración de la actual correlación de fuerzas del Senado.
Tengo una alta estima por CODELCO.
Y dado que nos podemos dar el lujo -como se decía hace poco rato a propósito de la discusión del proyecto anterior en cuanto a que la recaudación tributaria ha caído verticalmente en comparación al año pasado- de aprobar iniciativas legales que no solamente mantienen sino que aumentan el gasto fiscal -objetivo en el cual el cobre y CODELCO han tenido un papel esencial-, voy a respaldar la propuesta del Ejecutivo , pues no deseo que el azar venga a definir quién está o no en el directorio de la principal empresa pública del país.
Como digo, señor Presidente , en mi opinión este es un proyecto necesario, independientemente del ingreso de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No está en condiciones de resolver todos los problemas mencionados en la discusión.
Es imposible solucionar aquí lo relativo al ejercicio de las atribuciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados establecidas en la Constitución.
Incluso más: poner tal materia en el centro de la discusión no hace sino retardar inconveniente e innecesariamente el trámite del proyecto. Además, con justa razón, creo que desde el punto de vista corporativo dicha rama del Parlamento se puede sentir en situación de menoscabo.
En consecuencia, entendiendo que todavía hay plazo para formular indicaciones y que el proyecto puede ser enriquecido, considero que el interés nacional aconseja abrir paso a su aprobación.
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