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El señor NÚÑEZ.-
Señor Presidente , por cierto, comparto plenamente la afirmación en el sentido de que estamos tratando un proyecto de ley trascendente, no solo para la minería sino, fundamentalmente, para el país.
Está de más señalar la relevancia de CODELCO en la economía nacional y, en particular, lo que ha significado en nuestra historia, desde el momento en que se nacionalizó el cobre, por acuerdo unánime del Congreso de la época, y durante los últimos 39 años. Sin embargo, siempre es bueno recordar la importancia que esta empresa reviste para Chile y sus habitantes.
Por lo tanto, no estamos ante un proyecto menor. Es tal vez uno de los más significativos que hemos tenido la posibilidad de discutir, tanto en la Comisión de Minería como en la de Hacienda y seguramente también en la Sala.
Por lo demás, tiene el gran valor de intentar -creo que con éxito- la modernización efectiva de una empresa vital para la nación, y de aumentar de modo significativo su competitividad.
Si hay un área de la economía altamente competitiva que requiere una modernización permanente es la de las empresas relacionadas con el cobre y, en general, con los minerales. Porque estamos en un mundo donde aquellas que no son capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos y de la profesionalización de sus plantas de personal no tienen ninguna posibilidad de subsistir, como lo vemos todos los días.
En consecuencia, el hecho de que la iniciativa intente seriamente aumentar la competitividad de CODELCO es, por cierto, algo que respaldamos en plenitud.
Quizá algunos pretendan ver en tal modernización una suerte de neutralidad política de la Corporación del Cobre. Esta siempre va a pertenecer al Estado de Chile. Y, en la medida en que así acontezca, será, de alguna manera, una empresa a la que, políticamente, a todos los chilenos nos importará darle la máxima eficiencia posible.
Por eso, también nos parece positiva la profesionalización de su directorio: que el Presidente de la República nombre a cuatro de sus miembros; que los trabajadores se hallen adecuadamente representados; que el Consejo de Alta Dirección Pública tenga la posibilidad de nominar a cuatro directores por la vía de las ternas que para cada cargo propondrá al Jefe del Estado .
Lo anterior, que podría aparecer como un hecho novedoso en nuestra visión de cómo deben ser las empresas públicas, no lo es. Lo hemos impulsado también en la ENAP, y seguimos pensando que la ENAMI debe modernizarse aún más, al igual que otras empresas públicas que todavía requieren modificaciones sustantivas, por la forma en que están enfrentando sus responsabilidades.
Además, el proyecto termina con la figura de un Presidente Ejecutivo con demasiadas atribuciones, el que, como todo ser humano, puede cometer errores. En la actualidad, dada la manera como se halla organizada CODELCO, se le entregan facultades extraordinariamente relevantes, más allá de las que debería tener cualquier presidente de una empresa tan compleja como esa.
Estamos hablando de una de las 5 ó 6 productoras de cobre más importantes del mundo, de una de las 10 empresas más grandes de América Latina, incluyendo algunas que todos conocemos, como PETROBRAS y otras vinculadas a la economía mexicana.
Asimismo, considero trascendental la información que hemos escuchado en el día de hoy en cuanto a que la Presidenta de la República va a enviar al Congreso un proyecto de ley para eliminar el 10 por ciento de las ventas de cobre destinado a las Fuerzas Armadas, que constituye una carga absurda para CODELCO. Es probable que ello se haya justificado en algún momento delicado de nuestra historia. Por cierto, quienes nos oponíamos al Régimen militar no entendíamos perfectamente que en aquel instante ello podía significar un aporte esencial para los efectos de la seguridad nacional. Pero eso no admite ninguna justificación hoy día.
Si queremos modernizarla en serio, la empresa no puede mantener una carga como la que le ha significado durante todos estos años el 10 por ciento de las exportaciones de cobre para las Fuerzas Armadas.
Por lo demás, todos hemos trabajado -el Senado, en particular- en la idea de transparentar al máximo los recursos de las empresas públicas. Y creo que el hecho de que el Parlamento no tenga la posibilidad de discutir acerca del destino de dicho 10 por ciento, que ha ocasionado cuantiosas sumas a las instituciones de la Defensa, constituye una rémora que no es posible aceptar.
Por lo tanto, vamos a apoyar la iniciativa -esperamos que pronto llegue al Congreso- que termina con esa carga, lo cual, ¡por favor!, no significa que no tengamos claro que las Fuerzas Armadas requieren una modernización constante. Nadie está por quitarles fondos a organismos cuya función es garantizar nuestra seguridad externa. Pero no es posible aceptar que una empresa de todos los chilenos, como se ha señalado aquí, tenga que cargar con parte importante de los recursos destinados a las instituciones armadas.
Comparto plenamente que se fiscalice a las empresas públicas. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que se ejerza un control que llegue al punto de ahogarlas. Ese es nuestro problema. En ese sentido, comprendo perfectamente que la Contraloría General de la República debe estar entre los órganos fiscalizadores.
Por mi parte, presenté una moción para propiciar una suerte de coordinación de todas las entidades que deben fiscalizar a las empresas públicas.
Se me ha dicho que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado obliga a una coordinación de todas las reparticiones que tienen que ver con la fiscalización de empresas de tal naturaleza.
Pero CODELCO se halla sometida a cinco tipos de fiscalización, entre ellas, la que efectúa su fiscalía interna; la que proviene de las atribuciones de la Cámara de Diputados; la de la Superintendencia de Valores y Seguros; la de la Contraloría General de la República. ¡Por favor! ¡Son demasiadas fiscalizaciones para una sola empresa!
Y, como digo, cuando los fiscalizadores no se coordinan, terminan por ahogar a las empresas.
Siempre pongo el siguiente ejemplo. Normalmente, en las empresas mineras ocurren accidentes, no solo laborales, sino también de otra índole, como el destrozo de una correa transportadora de minerales que no se encuentra en Chile. Ello da origen a sumarios internos y cada día que pasa sin que sea repuesta significa millones de dólares para el erario. Por tanto, debe existir un mecanismo que permita sustituirla con rapidez, independiente del sumario administrativo que pueda iniciar la empresa.
Por eso, a quienes formamos parte de la Comisión de Minería nos pareció importante el acuerdo adoptado por la Comisión de Hacienda en el sentido de asegurar que CODELCO posea un mecanismo de financiamiento que le permita desarrollar inversiones de largo plazo.
Las empresas mineras no pueden vivir año a año; su naturaleza -como muy bien lo sabe nuestro Secretario General- hace que requieran miradas de largo plazo. En el ámbito minero, no hay ninguna empresa, ni privada ni pública, que pueda manejarse solo año a año. Eso es absurdo. Deben proyectarse con una visión estratégica.
Por cada tonelada que se extrae de la tierra debe asegurarse que haya otra de reemplazo. Ese es el principio básico. Si una empresa no tiene asegurada la sustitución de la tonelada que se extrajo, sencillamente está destinada a morir a largo plazo.
No es el caso de CODELCO. Porque reservas de minerales tenemos, y muchas. Algunos dicen que para 80 años; otros, para 100. Una parte importante de nuestro territorio aún no ha sido explorado adecuadamente. El hecho es que tenemos reservas de cobre y también para CODELCO.
Todavía queda mucho por explorar en "Chuqui", cuya existencia se calcula en por lo menos 50 años en minerales.
El Salvador se encuentra en condiciones más difíciles, pero el Gobierno -la Presidenta de la República y los Ministros de Hacienda y de Minería aquí presentes- ha asegurado que hará todo lo posible por que dicho yacimiento se mantenga como una empresa productiva para todos los chilenos.
Las otras dos divisiones, tanto Andina como El Teniente, tienen vida para mucho rato. Los túneles de este último mineral son espectaculares. Y lo digo no solo porque nací ahí, sino porque los conozco desde pequeño. Con todo lo que se ha explorado en El Teniente se podría recorrer dos veces la circunferencia de la Tierra. Y eso, gracias, fundamentalmente, a la capacidad de nuestros ingenieros y trabajadores, que mantienen una mina subterránea que es no solo la más grande del mundo, sino, desde el punto de vista de la ingeniería, también una maravilla. Y se puede seguir explotando todavía más porque sus vetas aseguran por lo menos otros 50 años.
Pero lo más importante, desde mi perspectiva -no por razones meramente ideológicas, sino porque estoy convencido de que la Corporación del Cobre sigue siendo un soporte esencial para la economía de nuestro país-, es que la iniciativa de ley en debate reafirma el carácter estatal de CODELCO. Felizmente, no se ha levantado ninguna voz en el Senado, ni tampoco en la Cámara de Diputados, que busque algún subterfugio para privatizarla.
Algunos candidatos presidenciales han expresado que desean privatizar el 5 o el 10 por ciento, pero, por fortuna, el que yo apoyo ha señalado claramente que por ningún motivo va a participar en una idea semejante, no ya por razones ideológicas, sino porque Chile ha demostrado tener capacidad para explotar minerales.
El candidato de la Alianza no ha señalado opinión alguna, pero, al parecer¿
El señor GAZMURI .-
¡Va a vender el 10 por ciento!
El señor NÚÑEZ.-
¿va a encontrar oposición suficiente al interior de los propios partidos que lo apoyan para vender incluso el 10 por ciento que ha comprometido.
Sería una gravísimo error incorporarnos en una discusión que ya fue latamente superada en Europa, donde prácticamente todas las empresas públicas siguen teniendo tal carácter y dando muestras de su capacidad para continuar siendo eficientes, como CODELCO lo es para el conjunto de los chilenos.
Por todo lo anterior, señor Presidente, votaré a favor tanto en general como en particular el proyecto en debate.
He dicho.
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