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El señor GARCÍA .-
Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a aprobar la idea de legislar sobre esta iniciativa, que hace justicia a los académicos y funcionarios de las universidades estatales al establecer un mecanismo de incentivo al retiro.
Este mecanismo se creó, primero, para quienes integran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales; luego se hizo algo parecido para los trabajadores de la salud y los profesores; después, también para otros servidores públicos. En consecuencia, claramente estábamos en deuda con los académicos y funcionarios de las universidades estatales.
Por eso, nos alegra aprobar la idea de legislar sobre este proyecto, que establece dos modalidades de incentivo al retiro.
La primera consiste en el otorgamiento de una bonificación de un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea de planta o a contrata, con un máximo de once meses.
Al respecto, resulta útil dejar establecido en esta Sala que, cuando hablamos de remuneraciones, nos referimos a un monto sin el límite imponible de 60 unidades de fomento; es decir, el cálculo se deberá realizar considerando el total haberes.
Esa era una duda de los funcionarios de las universidades, que fue despejada durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Se precisó claramente que todas las partidas del total haberes, salvo aquellas que por ley no son imponibles y sin el límite de las 60 UF, deberán considerarse para establecer la bonificación, multiplicadas por el máximo de once meses.
La otra modalidad es una bonificación adicional, conocida como "incentivo al retiro", equivalente a 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y a 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico.
Asimismo, es importante consignar que esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagará conjuntamente con la de un mes por año de servicio, con un tope máximo de once meses.
En todo caso, creemos que en la discusión particular será necesario mejorar algunos aspectos del proyecto.
En primer lugar, está el hecho de que una vez cumplida la edad de 65 años, en el caso de los varones, y de 60 años, en el de las mujeres, se dispone de solo 180 días para presentar al rector la renuncia y así poder acceder a los beneficios, que de lo contrario se pierden.
Ciento ochenta días son la nada misma cuando se trata de que una persona se prepare para jubilar. Todos sabemos que hoy el endeudamiento de las familias chilenas es alto. Por lo tanto, se necesita de un tiempo para ir adecuando los futuros ingresos a los compromisos pendientes, más aún cuando, como en muchos casos, todavía existen hijos cursando estudios superiores.
En ese sentido, me parece razonable extender el plazo de 180 a 360 días. Además, hay una razón muy poderosa para hacerlo.
Quiero recordar que tanto el señor Ministro de Hacienda como la señora Ministra del Trabajo han recomendado a los trabajadores no pensionarse hasta que se recuperen los fondos de las AFP. Todos sabemos que producto de la crisis estos han sufrido una merma, en particular el Fondo A, con una pérdida que incluso sobrepasó el 40 por ciento. En la actualidad, se han recuperado en aproximadamente 20 por ciento y esperamos que de aquí a un año lo hagan en un cien por ciento. Y es muy importante que las personas jubilen cuando sus ahorros hayan recuperado el total de lo perdido, porque ello tiene directa relación con sus pensiones futuras.
También debemos hacernos eco de la situación que afecta a las mujeres, ya que si las obligamos a retirarse a los 60 años, les ocasionaremos -como tantas veces ha explicado aquí la Honorable señora Matthei - un doble daño: por un lado, habrá más años de pensión, y por el otro, menos años de cotizaciones previsionales.
Esta situación se arregló en el proyecto de la ANEF, se arregló en el proyecto de los profesores y también en el de los trabajadores de la salud. A esto nosotros lo hemos llamado, legítimamente, "doctrina Matthei ", porque ella ha sido la principal impulsora de que las mujeres tengan la posibilidad de pensionarse voluntariamente entre los 60 y los 65 años, sin perder los beneficios, con el objeto de que puedan recibir una pensión más alta.
Por eso, nos parece justo que los empleados y académicos de las universidades tengan idéntico tratamiento.
Reitero: los Senadores de Renovación Nacional, no obstante haber un grupo de docentes que en los últimos días han hecho sentir su disconformidad con la iniciativa porque desean mejorar algunos aspectos, vamos a votar a favor la idea de legislar, estando dispuestos a complementar y mejorar el proyecto durante su discusión particular.
He dicho.
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