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El señor LETELIER.-
Señor Presidente, estimados colegas, hay diferentes formas de enfocar este debate; dependiendo de cómo se haga, uno obtiene el aplauso o el repudio.
No cabe duda de que este proyecto tiene un fin necesario: generar un mecanismo de incentivo o de premio al retiro para funcionarios no académicos de las universidades estatales. Es algo que se encuentra fuera de debate, y existe consenso sobre la necesidad de apoyar ese objetivo en el plazo más breve posible.
Lamento mucho que el representante del Ejecutivo , señor Edgardo Riveros -que pronunció un discurso y se fue-, no esté en la Sala, por cuanto el problema de fondo es que llegó con cierta tardanza el debate sobre las universidades públicas.
Y ese tema también cruza esta discusión, que es un segundo enfoque donde existen graves problemas, no de hoy, sino de hace años.
La crisis entre los rectores, la polémica que se generó este fin de semana, no hace más que reflejar que existe un tema que no ha sido abordado en forma suficiente.
La falta de consenso sobre la responsabilidad del Estado para con sus universidades es una cuestión de fondo, por cuanto rigen normas legales que tienden a condicionar la administración de ellas, lo cual, si bien tiene un lado positivo al reconocerse la calidad de funcionarios públicos a quienes se hallan vinculados a dichos planteles, genera asimismo las razones que hacen necesaria la iniciativa que nos ocupa esta tarde.
Porque las universidades estatales podrían haber creado los mecanismos del caso sin ley si hace años se hubiese debatido lo concerniente a sus estatutos.
Pero el problema de fondo que provoca debate -a lo menos en la Comisión que presido- no consiste en cuestionar la importancia de la ley en proyecto para los funcionarios no académicos, sino en que, para los propósitos de los académicos, ella resulta inútil. ¡No los cumple! ¡No sirve! ¡Constituye un engaño absoluto para lo que requieren las universidades públicas en nuestro país!
Uno no puede programar la salida de los académicos de una universidad tal como procede en el caso de otros establecimientos.
Lo que significan las carreras universitarias, los momentos del año para acogerse a retiro, lo que implica preparar académicos de reemplazo forman parte de una discusión que precisa otros tiempos.
Ese es uno de los errores de este proyecto: no reconoce las diferencias entre la realidad de los trabajadores no académicos, quienes tienen pleno derecho a exigir que nos apuremos en la sanción de la legislación pertinente, y la de los funcionarios académicos, quienes ven que el texto que analiza en este momento la Sala no llega a buen puerto.
Lo de los académicos debería haberse debatido separado de lo de los no académicos. Y se debería haber generado una discusión sobre lo que ocurre con las universidades estatales.
Por eso, lamento que quien nos vino a hacer presente la importancia de despachar esta iniciativa se haya ido de la Sala. Porque para parte de nosotros -se trata de un asunto transversal- es obvio que esto no tiene que ver con el daño previsional, contrariamente a lo que han pretendido algunos, ni tampoco con los mecanismos de retiro, que en sí deben ser objeto de un debate complementario.
Aquí, señor Presidente , hay una discusión pendiente acerca de las universidades estatales: ¿qué pasa con la educación superior pública?, ¿qué ocurre con la generación de profesionales académicos en las universidades del Estado?
Si uno ve cuántos académicos se encuentran haciendo investigación en las universidades públicas, concluye que la cifra ha decrecido a un ritmo alarmante -¡alarmante!- en los últimos veinte años.
Esa situación debe hacernos reflexionar como país al momento de realizar planteamientos en materia de innovación, de creación de densidades académicas formativas.
La Presidenta Bachelet ha impulsado la formación de doctorados y maestrías fuera de Chile. Lo aplaudimos. Pero eso no hace más que reflejar las debilidades de nuestra propia estructura de educación superior, porque no somos capaces de generar aquí ese capital humano.
En tal contexto, señor Presidente , lamento el acuerdo de los Comités, que aceptaron la imposición de la lógica de discutir esta iniciativa como si se tratara simplemente de una cuestión de Hacienda: la destinación de recursos para incentivar el retiro de funcionarios de los planteles públicos de educación superior.
Creo que aquello es importante, y por eso voy a votar a favor.
Sé que los trabajadores no académicos entienden la situación porque tienen puesta la camiseta y no quieren la desaparición, la muerte de las universidades estatales. Empero, con la estructura legal existente, ellas están amenazadas. Y no nos engañemos.
Algunos creemos en la educación pública. Por eso planteo mi cuestionamiento a la forma como se ha llevado a cabo este debate. Porque se ha obviado lo concerniente a la permanencia en las universidades estatales.
Se dice que las universidades públicas podrán renovar a los académicos. ¡Mentira! ¡Absolutamente falso!
Las agrupaciones de académicos nos plantearon las razones, que son evidentes: un académico no se puede retirar a mitad de semestre; hay que preparar a los que se harán cargo de las cátedras respectivas, en fin. Y esa discusión, por desgracia, en esta Corporación, no se ha realizado como corresponde.
Se tomó una decisión administrativa por presiones de urgencias que ninguna relación dicen a aquel debate, que se ha postergado en el país por demasiado tiempo.
Por cierto, aprobaremos la iniciativa que nos ocupa. Tenemos la convicción de que la facultad a que se refiere debe ser permanente. Y estamos analizando la materia, porque el estatuto respectivo no permite que las universidades actúen por sí solas sobre el particular. Necesitamos, entonces, un debate sobre la administración de la educación superior.
Esperamos que la ley en proyecto signifique un avance para quienes han creado las universidades públicas. Los funcionarios no académicos son muy relevantes. Pero el mundo de los académicos, que se relaciona con una formación cultural distinta en nuestro país, se halla pendiente.
En todo caso, pido lo siguiente: en algún momento abramos el debate de fondo sobre las universidades del Estado, y durante él veamos si estamos o no de acuerdo.
Hemos visto la polémica ventilada en los medios de comunicación respecto a los rectores de dichos establecimientos. Algunos tendremos convicción en un sentido; otros, en uno distinto. Pero la discusión es necesaria.
Los países no avanzan sin un modelo de educación más definido. Yo soy un convencido de que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades y determinar criterios preferenciales para con ellas. No creo que a todas haya que tratarlas igual.
Ese debate se encuentra pendiente. Y espero que podamos realizarlo con motivo del segundo informe. Porque esta iniciativa no satisface; no ayuda al "tiraje", a la renovación del cuerpo académico que requieren las universidades públicas.
He dicho.
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