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El señor BIANCHI.-
Señor Presidente, la iniciativa en debate se ha tramitado bajo el título de "Proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica".
Al señalarse "otros beneficios", en el caso de los funcionarios de las universidades estatales de Arica, Parinacota, Iquique y Magallanes, se trata de un hecho de la mayor importancia. Sin duda, constituye un acto de justicia. Ello, por cuanto la iniciativa dispone en su artículo 12 el pago de una bonificación especial para zonas extremas.
Desde 2006, hemos venido trabajando en forma permanente y mancomunada con los trabajadores de la Universidad de Magallanes, cuya directiva preside la funcionaria Mónica Álvarez , como también con los dirigentes de las de las restantes Regiones y con la directiva nacional, presente hoy en la Sala, encabezada por la señora Beatriz Garrido . Para ellos va mi sincero reconocimiento por su aporte a la concreción del proyecto.
En primer lugar, logramos que las autoridades del Poder Ejecutivo entendieran que nos encontrábamos frente a una legítima y justa demanda de los servidores de esas casas de estudio superiores, quienes, a diferencia del resto de los trabajadores del Estado que viven en zonas extremas, como los de las Fuerzas Armadas y los del Poder Judicial , no recibían un bono que les reconociera la diferenciación del costo de vida por residir en esas áreas del territorio.
Las gestiones realizadas permitieron que, mientras discutíamos el Presupuesto de la Nación el año recién pasado, las autoridades de Hacienda asumieran el compromiso de buscar soluciones. Ello dio paso a una mesa de negociación que en abril del presente año culminó su tarea con la firma de un protocolo de acuerdo que ha sido pilar para el proyecto que hoy discutimos.
La bonificación para zonas extremas no tiene relación alguna con otros beneficios de que trata la iniciativa y, reitero, solo responde a una antigua, digna y justa demanda.
Si bien el proyecto en análisis avanza en su tramitación y hoy lo votaremos favorablemente en general, ya vendrá el tiempo -ojalá sea corto- para formular indicaciones. Allí, mi preocupación se centrará en que la futura ley establezca de manera clara el monto de bonificación que corresponderá a cada funcionario. Es decir, que recoja plenamente lo firmado entre el Gobierno y los trabajadores, porque ese es el espíritu, y que no se trate de una suma global por repartirse en cada universidad, como se quiso, en forma un tanto ambigua y sin precisiones, en el texto original.
A los empleados les asiste una legítima duda, que me han hecho saber y que, por ende, hago propia. Me refiero a que el establecimiento de una suma global puede perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores, pues dichos montos están calculados de acuerdo con el número de funcionarios existentes a 2008. Pero ya ha pasado casi un año desde ese lapso y las cifras son distintas, contando cada universidad con más o menos empleados. Si son más, se los afectará al recibir una cifra menor; y, si son menos, se perjudicará al Estado, pues se va a entregar a la universidad un monto superior al necesario, que esta no podría devolver.
Reitero que nos encontramos frente a un proyecto de importancia mayúscula para miles de trabajadores de universidades estatales. Pero particularmente a los de zonas extremas se les hará justicia, pues tendrán, de una vez por todas, igualdad con sus pares fiscales.
Por lo anterior, lamento que algunos sectores de la comunidad académica universitaria insistan en dilatar la tramitación de la iniciativa. Sus demandas pudieron dejarse establecidas en las instancias previas de negociación, como lo hicieron los restantes gremios y representantes de las universidades.
Felizmente, los Comités acordaron por unanimidad que en la discusión en particular el proyecto sea analizado en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación. De esa forma, daremos celeridad al presente trámite legislativo y así pronto tendremos ley.
Con relación al incentivo al retiro, algunos puntos también generan válida inquietud y preocupan a los trabajadores de las universidades del Estado. Formularé indicaciones respecto de dichos aspectos, y espero que el Gobierno las acoja.
Un punto se refiere a que la renuncia voluntaria exigida para obtener la bonificación por ese hecho y la adicional puedan efectuarse dentro de 360 días -cerca de un año y no de 180 días o seis meses- desde la fecha en que las personas cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65, en el de los hombres.
Un segundo aspecto apunta a aclarar en la ley, y no mediante un dictamen de la Contraloría -como se hace en la actualidad-, que las presentes bonificaciones no se encuentran sujetas al límite de 60 UF de imponibilidad. Ello, para que no se produzca de nuevo un daño previsional a los trabajadores.
Otro elemento que les inquieta -y que creo totalmente posible solucionar- es dar oportunidad a las mujeres para efectuar su retiro voluntario al cumplir 60 años o, si ellas lo estimaren, hasta los 65.
Sin duda, se trata de materias que abordaremos en la discusión en particular. Por sus características, reitero, ojalá podamos hacerlo en forma priorizada.
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