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La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, los beneficios por retiro voluntario constituyen algo largamente anhelado. Diversos dirigentes han estado en contacto con nosotros y hemos elaborado proyectos y estudios desde hace al menos seis años.
Por lo tanto, en primer término, me alegro enormemente de que por fin los funcionarios de las universidades estatales recibirán estos beneficios, que hasta ahora eran otorgados solo a otros gremios.
Quiero señalar, sin embargo, que nos quedan todavía en el tintero los funcionarios del Poder Judicial , a quienes nunca se les ha concedido este tipo de incentivos. Por lo tanto, espero que también respecto de ellos se envíe una iniciativa a la brevedad.
En todo caso, el texto en debate establece dos beneficios por retiro voluntario. Por un lado, otorga un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con un máximo de once meses, a las personas que tengan o cumplan la edad para jubilarse entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre de 2011.
Recordemos que tanto a los funcionarios de las universidades estatales como a los de la Administración Pública en general se les cotizó durante muchísimos años por aproximadamente la tercera parte de su sueldo; el resto estaba constituido por bonos y asignaciones no imponibles. En consecuencia, sufrieron un daño previsional enorme.
En 1990, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, se legisló para solucionar el problema a quienes se encontraban en tal situación. Pero solo se favoreció a los afiliados del INP, los que desde la dictación de la ley respectiva pueden jubilar con una muy buena pensión.
O sea, a sabiendas de que a todos los empleados fiscales se les había cotizado por un tercio de sus ingresos, se zanjó el asunto solo a los imponentes del INP y no a los de las AFP. Por eso hemos tenido que estar aprobando diversas leyes que, si bien no son buenas pues no dan a estos últimos el mismo tratamiento, por lo menos les permiten acogerse a retiro con una pensión más pasable.
En ese sentido -este es el segundo beneficio-, la iniciativa en estudio otorga a los funcionarios de las universidades estatales que coticen en el sistema de AFP una bonificación de 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico.
Se supone que ello debería mejorar un poco la pensión de estas personas.
Señor Presidente , en la Comisión aprobamos por unanimidad el proyecto. Y realmente me alegro de que se haya presentado. Procuraremos tramitarlo con la mayor celeridad porque, como dijo recién el Senador señor Bianchi , entre otras cosas de ello pende el pago de la bonificación de zona extrema a los trabajadores de las universidades que se indica, quienes la necesitan en forma rápida.
No obstante, hay varios aspectos que suscitan dudas. Por ejemplo, se obliga a las mujeres a jubilar a los seis meses de haber cumplido 60 años. Todos sabemos que esa es la edad legal para que una mujer pueda acceder a la jubilación; pero, si alguna quisiera esperar hasta los 65 años, no veo por qué no se lo habríamos de permitir, como lo hemos hecho en todas las otras iniciativas. Además, jubilar a los 60 años en vez de a los 65 significa percibir una pensión 30 a 40 por ciento menor para el resto de la vida. Por lo tanto, si una mujer desea seguir trabajando, no diviso razón alguna para quitarle el beneficio de que se trata obligándola a jubilar con una pensión sumamente disminuida.
Esperamos cambiar eso durante la discusión particular.
Por otra parte, los docentes han pedido una y otra vez que se establezca el plazo de un año para poder jubilar. La pregunta que cabe hacer es qué pasará con aquellos que cumplan la edad legal después del 2011, respecto de los cuales no se dice nada.
¿Por qué a algunos gremios se les otorgaron los beneficios en forma permanente en sus respectivas leyes y a otros solo se les otorgan hasta el año 2011?
Señor Presidente , tengo serias dudas, igualmente, acerca del fondo destinado a incrementar el beneficio compensatorio, el cual se financiará mediante un aporte de 0,8 por ciento de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo de la universidad estatal pertinente, y un aporte de 0,65 por ciento de aquella, que será de cargo del trabajador.
Se supone que dicho fondo posibilitará seguir entregando los beneficios a partir del 2012. Sin embargo, hemos pedido que se hagan estudios actuariales porque tenemos la impresión de que ello no será así.
En primer lugar, no sabemos por qué a estos servidores se les impone un sacrificio que a otros no se les pidió.
En segundo término, probablemente las cifras van a indicar que en algún momento el fondo se agotará y, por consiguiente, las universidades tendrán el derecho a otorgar el beneficio, pero no contarán con el dinero para cancelarlo.
Por último, me sumo a la duda planteada por el Senador señor Bianchi en el sentido de que en 2009 y 2010 el Gobierno traspasará una cantidad determinada para pagar la bonificación especial de zonas extremas. Sin embargo, se trata de una cifra global. Ignoramos realmente cuánto va a significar para cada funcionario, cuyo número puede variar a lo largo del año: puede aumentar, puede disminuir. Y, por lo tanto, es muy raro que se asigne una bonificación por zona extrema, pero que para ello se traspase un monto global de dinero.
Así que, señor Presidente , apoyo con gusto el proyecto en general y anuncio que toda la bancada de la UDI lo votará favorablemente, sin perjuicio de querer disipar las dudas mencionadas antes de despacharlo en particular, no solo con la celeridad que amerita, sino, también, con toda la rigurosidad que requiere.
Gracias.
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