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    • rdf:value = " INCENTIVO AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDADES ESTATALES El señor NOVOA (Presidente).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a las universidades estatales para establecer un mecanismo de incentivo al retiro de sus funcionarios y concede otros beneficios, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma". --Los antecedentes sobre el proyecto (6458-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 26ª, en 16 de junio de 2009. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 32ª, en 8 de julio de 2009. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El principal objetivo de la iniciativa es facultar a las universidades estatales para establecer mecanismos de incentivo al retiro para sus funcionarios, con el fin de renovar sus plantas académicas y no académicas, y de concederles otros beneficios. La Comisión de Hacienda discutió el proyecto solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Escalona, García y Sabag. El texto pertinente es el mismo de la Honorable Cámara de Diputados, el cual Sus Señorías pueden consultar en el informe. Cabe destacar que el artículo 3º requiere el voto conforme de 20 señores Senadores para su aprobación. El señor NOVOA (Presidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. La tiene el Senador señor Bianchi. El señor BIANCHI.- Señor Presidente, la iniciativa en debate se ha tramitado bajo el título de "Proyecto de ley que faculta a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios y concede otros beneficios que indica". Al señalarse "otros beneficios", en el caso de los funcionarios de las universidades estatales de Arica, Parinacota, Iquique y Magallanes, se trata de un hecho de la mayor importancia. Sin duda, constituye un acto de justicia. Ello, por cuanto la iniciativa dispone en su artículo 12 el pago de una bonificación especial para zonas extremas. Desde 2006, hemos venido trabajando en forma permanente y mancomunada con los trabajadores de la Universidad de Magallanes, cuya directiva preside la funcionaria Mónica Álvarez , como también con los dirigentes de las de las restantes Regiones y con la directiva nacional, presente hoy en la Sala, encabezada por la señora Beatriz Garrido . Para ellos va mi sincero reconocimiento por su aporte a la concreción del proyecto. En primer lugar, logramos que las autoridades del Poder Ejecutivo entendieran que nos encontrábamos frente a una legítima y justa demanda de los servidores de esas casas de estudio superiores, quienes, a diferencia del resto de los trabajadores del Estado que viven en zonas extremas, como los de las Fuerzas Armadas y los del Poder Judicial , no recibían un bono que les reconociera la diferenciación del costo de vida por residir en esas áreas del territorio. Las gestiones realizadas permitieron que, mientras discutíamos el Presupuesto de la Nación el año recién pasado, las autoridades de Hacienda asumieran el compromiso de buscar soluciones. Ello dio paso a una mesa de negociación que en abril del presente año culminó su tarea con la firma de un protocolo de acuerdo que ha sido pilar para el proyecto que hoy discutimos. La bonificación para zonas extremas no tiene relación alguna con otros beneficios de que trata la iniciativa y, reitero, solo responde a una antigua, digna y justa demanda. Si bien el proyecto en análisis avanza en su tramitación y hoy lo votaremos favorablemente en general, ya vendrá el tiempo -ojalá sea corto- para formular indicaciones. Allí, mi preocupación se centrará en que la futura ley establezca de manera clara el monto de bonificación que corresponderá a cada funcionario. Es decir, que recoja plenamente lo firmado entre el Gobierno y los trabajadores, porque ese es el espíritu, y que no se trate de una suma global por repartirse en cada universidad, como se quiso, en forma un tanto ambigua y sin precisiones, en el texto original. A los empleados les asiste una legítima duda, que me han hecho saber y que, por ende, hago propia. Me refiero a que el establecimiento de una suma global puede perjudicar tanto al Estado como a los trabajadores, pues dichos montos están calculados de acuerdo con el número de funcionarios existentes a 2008. Pero ya ha pasado casi un año desde ese lapso y las cifras son distintas, contando cada universidad con más o menos empleados. Si son más, se los afectará al recibir una cifra menor; y, si son menos, se perjudicará al Estado, pues se va a entregar a la universidad un monto superior al necesario, que esta no podría devolver. Reitero que nos encontramos frente a un proyecto de importancia mayúscula para miles de trabajadores de universidades estatales. Pero particularmente a los de zonas extremas se les hará justicia, pues tendrán, de una vez por todas, igualdad con sus pares fiscales. Por lo anterior, lamento que algunos sectores de la comunidad académica universitaria insistan en dilatar la tramitación de la iniciativa. Sus demandas pudieron dejarse establecidas en las instancias previas de negociación, como lo hicieron los restantes gremios y representantes de las universidades. Felizmente, los Comités acordaron por unanimidad que en la discusión en particular el proyecto sea analizado en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación. De esa forma, daremos celeridad al presente trámite legislativo y así pronto tendremos ley. Con relación al incentivo al retiro, algunos puntos también generan válida inquietud y preocupan a los trabajadores de las universidades del Estado. Formularé indicaciones respecto de dichos aspectos, y espero que el Gobierno las acoja. Un punto se refiere a que la renuncia voluntaria exigida para obtener la bonificación por ese hecho y la adicional puedan efectuarse dentro de 360 días -cerca de un año y no de 180 días o seis meses- desde la fecha en que las personas cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65, en el de los hombres. Un segundo aspecto apunta a aclarar en la ley, y no mediante un dictamen de la Contraloría -como se hace en la actualidad-, que las presentes bonificaciones no se encuentran sujetas al límite de 60 UF de imponibilidad. Ello, para que no se produzca de nuevo un daño previsional a los trabajadores. Otro elemento que les inquieta -y que creo totalmente posible solucionar- es dar oportunidad a las mujeres para efectuar su retiro voluntario al cumplir 60 años o, si ellas lo estimaren, hasta los 65. Sin duda, se trata de materias que abordaremos en la discusión en particular. Por sus características, reitero, ojalá podamos hacerlo en forma priorizada. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei. La señora MATTHEI.- Señor Presidente, los beneficios por retiro voluntario constituyen algo largamente anhelado. Diversos dirigentes han estado en contacto con nosotros y hemos elaborado proyectos y estudios desde hace al menos seis años. Por lo tanto, en primer término, me alegro enormemente de que por fin los funcionarios de las universidades estatales recibirán estos beneficios, que hasta ahora eran otorgados solo a otros gremios. Quiero señalar, sin embargo, que nos quedan todavía en el tintero los funcionarios del Poder Judicial , a quienes nunca se les ha concedido este tipo de incentivos. Por lo tanto, espero que también respecto de ellos se envíe una iniciativa a la brevedad. En todo caso, el texto en debate establece dos beneficios por retiro voluntario. Por un lado, otorga un mes de remuneraciones por cada año de servicio, con un máximo de once meses, a las personas que tengan o cumplan la edad para jubilarse entre la fecha de publicación de la ley y el 31 de diciembre de 2011. Recordemos que tanto a los funcionarios de las universidades estatales como a los de la Administración Pública en general se les cotizó durante muchísimos años por aproximadamente la tercera parte de su sueldo; el resto estaba constituido por bonos y asignaciones no imponibles. En consecuencia, sufrieron un daño previsional enorme. En 1990, durante el Gobierno del Presidente Aylwin, se legisló para solucionar el problema a quienes se encontraban en tal situación. Pero solo se favoreció a los afiliados del INP, los que desde la dictación de la ley respectiva pueden jubilar con una muy buena pensión. O sea, a sabiendas de que a todos los empleados fiscales se les había cotizado por un tercio de sus ingresos, se zanjó el asunto solo a los imponentes del INP y no a los de las AFP. Por eso hemos tenido que estar aprobando diversas leyes que, si bien no son buenas pues no dan a estos últimos el mismo tratamiento, por lo menos les permiten acogerse a retiro con una pensión más pasable. En ese sentido -este es el segundo beneficio-, la iniciativa en estudio otorga a los funcionarios de las universidades estatales que coticen en el sistema de AFP una bonificación de 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y de 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Se supone que ello debería mejorar un poco la pensión de estas personas. Señor Presidente , en la Comisión aprobamos por unanimidad el proyecto. Y realmente me alegro de que se haya presentado. Procuraremos tramitarlo con la mayor celeridad porque, como dijo recién el Senador señor Bianchi , entre otras cosas de ello pende el pago de la bonificación de zona extrema a los trabajadores de las universidades que se indica, quienes la necesitan en forma rápida. No obstante, hay varios aspectos que suscitan dudas. Por ejemplo, se obliga a las mujeres a jubilar a los seis meses de haber cumplido 60 años. Todos sabemos que esa es la edad legal para que una mujer pueda acceder a la jubilación; pero, si alguna quisiera esperar hasta los 65 años, no veo por qué no se lo habríamos de permitir, como lo hemos hecho en todas las otras iniciativas. Además, jubilar a los 60 años en vez de a los 65 significa percibir una pensión 30 a 40 por ciento menor para el resto de la vida. Por lo tanto, si una mujer desea seguir trabajando, no diviso razón alguna para quitarle el beneficio de que se trata obligándola a jubilar con una pensión sumamente disminuida. Esperamos cambiar eso durante la discusión particular. Por otra parte, los docentes han pedido una y otra vez que se establezca el plazo de un año para poder jubilar. La pregunta que cabe hacer es qué pasará con aquellos que cumplan la edad legal después del 2011, respecto de los cuales no se dice nada. ¿Por qué a algunos gremios se les otorgaron los beneficios en forma permanente en sus respectivas leyes y a otros solo se les otorgan hasta el año 2011? Señor Presidente , tengo serias dudas, igualmente, acerca del fondo destinado a incrementar el beneficio compensatorio, el cual se financiará mediante un aporte de 0,8 por ciento de la remuneración mensual imponible de cada funcionario, que será de cargo de la universidad estatal pertinente, y un aporte de 0,65 por ciento de aquella, que será de cargo del trabajador. Se supone que dicho fondo posibilitará seguir entregando los beneficios a partir del 2012. Sin embargo, hemos pedido que se hagan estudios actuariales porque tenemos la impresión de que ello no será así. En primer lugar, no sabemos por qué a estos servidores se les impone un sacrificio que a otros no se les pidió. En segundo término, probablemente las cifras van a indicar que en algún momento el fondo se agotará y, por consiguiente, las universidades tendrán el derecho a otorgar el beneficio, pero no contarán con el dinero para cancelarlo. Por último, me sumo a la duda planteada por el Senador señor Bianchi en el sentido de que en 2009 y 2010 el Gobierno traspasará una cantidad determinada para pagar la bonificación especial de zonas extremas. Sin embargo, se trata de una cifra global. Ignoramos realmente cuánto va a significar para cada funcionario, cuyo número puede variar a lo largo del año: puede aumentar, puede disminuir. Y, por lo tanto, es muy raro que se asigne una bonificación por zona extrema, pero que para ello se traspase un monto global de dinero. Así que, señor Presidente , apoyo con gusto el proyecto en general y anuncio que toda la bancada de la UDI lo votará favorablemente, sin perjuicio de querer disipar las dudas mencionadas antes de despacharlo en particular, no solo con la celeridad que amerita, sino, también, con toda la rigurosidad que requiere. Gracias. El señor NOVOA ( Presidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez. El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente , lamento mucho que los Comités no hayan tenido la disposición para que un proyecto de esta naturaleza haya ido a la Comisión de Educación. Este no es solamente un problema contable; no es solamente un problema de retiro de un importante número de académicos¿ El señor NOVOA ( Presidente ).- Señor Senador , los Comités acordaron que la iniciativa pasara a las Comisiones de Educación y de Hacienda, unidas. El señor NÚÑEZ.- Sí, pero nosotros hubiéramos preferido discutirlo en la de Educación a propósito del primer informe y no del segundo, porque, como digo, nos parece que no se trata solamente del tema del retiro que merecen muchos académicos y funcionarios de nuestras universidades públicas. Es el momento de que el Parlamento y el Gobierno se pronuncien respecto de qué es lo que se quiere hacer con ellas. El retiro de más o menos 4 mil 500 académicos y funcionarios no es un fenómeno cualquiera. Las universidades estatales no son un accidente en el proceso educativo del país. Algo sucedió que las dejó en su actual situación. Y a la Comisión de Educación le hubiese gustado -porque hemos estado conversando con todos los rectores, incluidos, por cierto, los de los planteles del Estado- ver la manera de ayudarlas, desde el Poder Legislativo , a superar las dificultades que enfrentan, en especial las regionales. La mayoría de quienes estamos aquí somos Senadores de Regiones y sabemos perfectamente que las universidades estatales se hallan en un estado bastante precario. Y no solo por la situación que afecta a una determinada cantidad de funcionarios -hombres y mujeres- que ya están en edad de jubilar, no solo porque estos no hayan tenido incentivo suficiente para mejorar su calidad académica durante todos estos años. En consecuencia, nos parecía absolutamente serio y responsable analizar en la Comisión de Educación, con motivo del primer informe, todas estas materias, que no son ajenas a su competencia. Por eso, iba a pedir segunda discusión para la iniciativa; sin embargo, he decidido abstenerme en la votación general, porque considero absolutamente innecesario habernos apresurado por dos o tres días, por una semana, sin que la Comisión de Educación haya tenido la oportunidad de analizarla con la Ministra de la Cartera , con otros personeros de Gobierno y con los rectores de los planteles involucrados, para saber con exactitud cómo podemos contribuir a resolver un drama que está afectando tanto al personal que desea acogerse a retiro -con justa razón- como al conjunto de las universidades públicas del país. Y ha surgido un conflicto no menor. Al parecer, el Consejo de Rectores, según informaciones periodísticas, está a punto de dividirse. Existe un problema de recursos, no solo para la actualidad de las universidades estatales, sino también para que estas puedan seguir subsistiendo en el futuro. Hay quienes sostienen que ellas están de más; otros pensamos que son el fruto de un proceso histórico muy relevante y que debemos velar para que se mantengan; en fin. Este era el momento para discutir más en profundidad una situación que afecta -lo entiendo perfectamente- a gran número de académicos y funcionarios que quieren acogerse a retiro. Pero ellos entenderán que era bastante importante que el Parlamento, y en especial el Senado, hubiesen tenido la posibilidad de expresar su opinión de fondo sobre el proceso educativo de la enseñanza superior del país y, en particular, de las universidades estatales. Por esa razón, lamentándolo mucho, anuncio que me abstendré en la votación general del proyecto. --(Manifestaciones en tribunas). El señor NOVOA ( Presidente ).- ¡Silencio, por favor! Agradeceré a las personas apostadas en las tribunas no efectuar manifestaciones. Debo indicarle, señor Senador, que en la reunión de Comités se solicitó que la iniciativa fuera estudiada también por la Comisión de Educación con motivo del segundo informe. Además, el proyecto está con "suma" urgencia desde la semana pasada, por lo que para no verla hoy hubiera sido necesario, probablemente, que el Gobierno le renovara su calificación. Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA .- Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional concurriremos con nuestros votos a aprobar la idea de legislar sobre esta iniciativa, que hace justicia a los académicos y funcionarios de las universidades estatales al establecer un mecanismo de incentivo al retiro. Este mecanismo se creó, primero, para quienes integran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales; luego se hizo algo parecido para los trabajadores de la salud y los profesores; después, también para otros servidores públicos. En consecuencia, claramente estábamos en deuda con los académicos y funcionarios de las universidades estatales. Por eso, nos alegra aprobar la idea de legislar sobre este proyecto, que establece dos modalidades de incentivo al retiro. La primera consiste en el otorgamiento de una bonificación de un mes de remuneración por cada año de servicio y fracción superior a seis meses, servidos de manera continua o discontinua en la misma universidad, ya sea de planta o a contrata, con un máximo de once meses. Al respecto, resulta útil dejar establecido en esta Sala que, cuando hablamos de remuneraciones, nos referimos a un monto sin el límite imponible de 60 unidades de fomento; es decir, el cálculo se deberá realizar considerando el total haberes. Esa era una duda de los funcionarios de las universidades, que fue despejada durante la discusión en la Comisión de Hacienda. Se precisó claramente que todas las partidas del total haberes, salvo aquellas que por ley no son imponibles y sin el límite de las 60 UF, deberán considerarse para establecer la bonificación, multiplicadas por el máximo de once meses. La otra modalidad es una bonificación adicional, conocida como "incentivo al retiro", equivalente a 395 unidades de fomento para el personal no académico ni profesional, y a 935 unidades de fomento para el personal profesional, directivo y académico. Asimismo, es importante consignar que esta bonificación adicional será de cargo fiscal y se pagará conjuntamente con la de un mes por año de servicio, con un tope máximo de once meses. En todo caso, creemos que en la discusión particular será necesario mejorar algunos aspectos del proyecto. En primer lugar, está el hecho de que una vez cumplida la edad de 65 años, en el caso de los varones, y de 60 años, en el de las mujeres, se dispone de solo 180 días para presentar al rector la renuncia y así poder acceder a los beneficios, que de lo contrario se pierden. Ciento ochenta días son la nada misma cuando se trata de que una persona se prepare para jubilar. Todos sabemos que hoy el endeudamiento de las familias chilenas es alto. Por lo tanto, se necesita de un tiempo para ir adecuando los futuros ingresos a los compromisos pendientes, más aún cuando, como en muchos casos, todavía existen hijos cursando estudios superiores. En ese sentido, me parece razonable extender el plazo de 180 a 360 días. Además, hay una razón muy poderosa para hacerlo. Quiero recordar que tanto el señor Ministro de Hacienda como la señora Ministra del Trabajo han recomendado a los trabajadores no pensionarse hasta que se recuperen los fondos de las AFP. Todos sabemos que producto de la crisis estos han sufrido una merma, en particular el Fondo A, con una pérdida que incluso sobrepasó el 40 por ciento. En la actualidad, se han recuperado en aproximadamente 20 por ciento y esperamos que de aquí a un año lo hagan en un cien por ciento. Y es muy importante que las personas jubilen cuando sus ahorros hayan recuperado el total de lo perdido, porque ello tiene directa relación con sus pensiones futuras. También debemos hacernos eco de la situación que afecta a las mujeres, ya que si las obligamos a retirarse a los 60 años, les ocasionaremos -como tantas veces ha explicado aquí la Honorable señora Matthei - un doble daño: por un lado, habrá más años de pensión, y por el otro, menos años de cotizaciones previsionales. Esta situación se arregló en el proyecto de la ANEF, se arregló en el proyecto de los profesores y también en el de los trabajadores de la salud. A esto nosotros lo hemos llamado, legítimamente, "doctrina Matthei ", porque ella ha sido la principal impulsora de que las mujeres tengan la posibilidad de pensionarse voluntariamente entre los 60 y los 65 años, sin perder los beneficios, con el objeto de que puedan recibir una pensión más alta. Por eso, nos parece justo que los empleados y académicos de las universidades tengan idéntico tratamiento. Reitero: los Senadores de Renovación Nacional, no obstante haber un grupo de docentes que en los últimos días han hecho sentir su disconformidad con la iniciativa porque desean mejorar algunos aspectos, vamos a votar a favor la idea de legislar, estando dispuestos a complementar y mejorar el proyecto durante su discusión particular. He dicho. --(Aplausos en tribunas). El señor NOVOA (Presidente).- Ruego a los asistentes no realizar ningún tipo de manifestación, ni a favor ni en contra. Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. El señor ORPIS.- Señor Presidente, por supuesto, voy a concurrir a aprobar la idea de legislar. Estamos frente a un proyecto de ley bastante trabajado -durante prácticamente cuatro años- y también muy esperado, en particular en las zonas extremas, donde, tal como indicó el Senador señor Bianchi , se había producido una discriminación en contra de quienes se desempeñan en las universidades estatales, situación que se corrige con la presente iniciativa. Existía una tremenda expectativa en cuanto a que sus normas se harían realidad en el mes de julio. En el curso del debate en la Comisión de Hacienda, en la que se formularon diversas observaciones, se planteó que una alternativa de solución para que el beneficio rigiera a la mayor brevedad era establecer un artículo transitorio -de hecho, lo conversé con el Ministro señor Viera-Gallo -. Y, a pesar de que la bonificación especial regirá a partir del 1° de enero de 2009, para efectos de mantener el beneficio se requiere una norma transitoria que rija a partir del mes de julio. La idea es contar con una fórmula que evite que las personas se vean perjudicadas por un eventual retardo en la tramitación del proyecto. Por eso, solicito a las Comisiones unidas la máxima celeridad en su tratamiento, porque -repito- la expectativa se cifraba en una vigencia y un despacho por el Parlamento en este mes de julio. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. El señor SABAG.- Señor Presidente , los Senadores de la Democracia Cristiana vamos a votar en general a favor del proyecto, que tiene por objeto facultar a las universidades estatales del país para establecer ciertos mecanismos de incentivo al retiro de sus funcionarios, a fin de renovar las plantas de personal académico y no académico. En tal sentido, se otorgan atribuciones a ellas para que, hasta el 31 de diciembre del año 2011, concedan, con cargo a sus recursos, una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios que tengan la edad para jubilar, en las condiciones que contempla el proyecto. Asimismo, se las faculta para que en el mismo período puedan contratar uno o más empréstitos con el propósito exclusivo de financiar el beneficio antes señalado, por lo que dicha bonificación no representará mayor gasto fiscal. El artículo 4° de la iniciativa estipula que el personal que se encuentre afiliado al sistema de pensiones consignado en el decreto ley N° 3.500, de 1980, y que cotice o hubiere cotizado en él tendrá derecho, por una sola vez, a una bonificación adicional de cargo fiscal. Esta será equivalente a 395 UF para el personal no académico y de 935 UF para el personal profesional, directivo y académico, en las condiciones que establece la ley. El mayor gasto fiscal que represente dicha bonificación adicional, que favorecerá a 3 mil 300 funcionarios, se hará efectivo entre los años 2009, 2010 y 2011, en la medida en que aquellos accedan al beneficio. Asimismo, el artículo 12 del proyecto dispone que las Universidades Arturo Prat, de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes, en uso de las facultades que les confiere el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, del Ministerio de Educación, otorgarán, a contar del 1° de enero de 2009, una bonificación especial a los funcionarios que trabajan en dichos planteles, siempre que laboren en las Regiones Primera, Segunda, Duodécima y Decimoquinta. Dicho precepto señala que el Fisco contribuirá al financiamiento de aquella bonificación, en los montos que allí se indican, para cada universidad. El mayor gasto fiscal que ello irrogará para el 2009 será de mil 480 millones; para el 2010, de mil 757 millones, y para los años siguientes, el mismo monto del 2010 incrementado en igual porcentaje en que se reajustan las remuneraciones del sector público en el año inmediatamente anterior. No cabe duda, señor Presidente , de que, como sucede con cualquier proyecto, no todos quedan conformes. Algunos están muy de acuerdo, y otros no. Sin embargo, hay quienes han manifestado -hemos recibido información a este respecto- que la iniciativa en estudio reviste gran importancia para las universidades chilenas, por cuanto su aprobación y puesta en marcha no solo permitirá que funcionarios académicos y administrativos, en tanto se trate de empleados públicos en edad legal para jubilar, puedan dejarlas de una manera digna, dado el incentivo al retiro propuesto, mitigando en algo el daño previsional acumulado por la no imponibilidad del total de sus remuneraciones, sino que también ella constituye una herramienta de gestión para las autoridades de esas instituciones. De tal forma podrán contar con las facultades legales que permitan alivianar sus plantas de personal, renovar los cuadros académicos a partir de jóvenes profesores-investigadores, con grado de doctor, y profesionalizar su administración. Cabe señalar -así lo manifiestan los rectores, cuya comunicación tengo en mis manos- que las universidades estatales no cuentan con la facultad legal de contratar empréstitos por un plazo superior al que resta de un período presidencial -actualmente equivale a nueve meses- para financiar inversiones o planes de desarrollo, ni medidas como estas, ni tampoco disponen de atribuciones para indemnizar a su personal e incentivarlo a que se retire, dada su condición de funcionarios públicos. Este proyecto se alinea directamente con la estrategia del país de lograr un salto cuantitativo y cualitativo en materia de investigación, ciencia e innovación para la competitividad y dar cabida a jóvenes doctores formados con recursos del Estado en el extranjero. Con esta iniciativa, el Gobierno también está dando cumplimiento al Protocolo de Acuerdo que se acompañó a la Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2009. A mí me alegra que se respeten los protocolos que se suscriben con motivo de la normativa presupuestaria. Y aquí el Ministerio de Hacienda está cumpliendo precisamente con aquella disposición. El proyecto en análisis es esperado con ansias por los académicos, profesionales y administrativos de las universidades del Estado de Chile, debido a su situación previsional y a que las leyes que han destinado fondos para planes de incentivo al retiro de los empleados públicos no han incluido al personal de esas universidades, que también ostentan la misma calidad funcionaria. En consecuencia, señor Presidente, reitero que aprobaremos en general el proyecto. Y, por supuesto, presentaremos las indicaciones correspondientes para mejorarlo. Ya se acordó que, para analizarlas y estudiar la iniciativa en particular, trabajaremos en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación. He dicho. El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor RIVEROS ( Ministro Secretario General de la Presidencia subrogante ).- Señor Presidente , en nombre del Ejecutivo, deseo plantear la necesidad de aprobar en general esta iniciativa legal. Por eso se le colocó "suma" urgencia. Y también creemos que ha sido conveniente el acuerdo adoptado por los Comités en el sentido de que su estudio en particular se lleve a cabo en Comisiones unidas de Hacienda y de Educación. Debo reiterar que este es un proyecto en cuya elaboración se contó con una amplia participación y que también contiene un acuerdo de la misma naturaleza: amplio. Por ello estimamos que, si bien en la discusión particular pueden surgir puntos de vista que necesariamente han de ser discutidos, creo que en la esencia de la iniciativa están los elementos de una justa compensación para aquellos funcionarios, académicos y no académicos, que han cumplido una larga trayectoria en las universidades chilenas. En segundo lugar, deseo destacar la necesidad de que, junto con un retiro digno de esas personas -como ha sido señalado aquí por diversos señores Senadores-, se produzca también un proceso de renovación de los planteles académicos y de funcionarios de las universidades estatales. Por eso, señor Presidente , señoras Senadoras y señores Senadores, el Ejecutivo solicita y espera una amplia y mayoritaria aprobación en general de este proyecto, para abrir paso a su pronta discusión en particular. Muchas gracias. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. El señor HORVATH.- Señor Presidente , desde luego, me sumo a los planteamientos que ya se han formulado, los cuales no repetiré. Pero sí deseo traer a colación las irregularidades o dificultades que se presentan en diversas universidades estatales en orden a verificar cuánto gana un funcionario o cuáles son los ingresos de muchos de ellos. De hecho, dos universidades -la de Los Lagos y la de Valparaíso- plantearon en su momento que no tienen acceso a información relacionada con bonos y con una serie de asignaciones que se entregan a personas que ocupan determinados cargos. El Director General del Consejo para la Transparencia fue bien taxativo en un informe que envió al Senado el 17 de junio de 2009, con motivo de una presentación que hizo sobre la materia. A raíz de esos requerimientos, declara expresamente que las disposiciones de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, promulgada el año pasado, son de aplicación obligatoria para las universidades estatales en tanto estas forman parte de la Administración del Estado. Ese es un tema que no podemos dejar pasar. En segundo término, quiero sumarme a lo manifestado por el Senador señor Bianchi en lo relativo a las asignaciones de zona de las Regiones extremas, materia respecto de la cual, cuando la iniciativa sea analizada en detalle, formularé algunas consultas para saber qué pasa con las universidades que cuentan con sede en Osorno o en Valdivia y, a su vez, en la Región de Aisén. Me parece que al personal que trabaja en ellas también le correspondería asignación de zona, sobre todo si se han realizado importantes inversiones para fundar universidades en dicha Región. Por otra parte, el Honorable señor García mencionó un documento que hizo llegar la Federación de Académicos de las Universidades Estatales. La verdad es que ellos sostienen que esta iniciativa debe ser mejorada para generar un retiro justo y masivo; de lo contrario, surgirán algunos problemas que, al igual que en situaciones anteriores, no han tenido solución, como se ha señalado aquí. Por eso, tratan de que quede estipulado cuando se promulgue esta ley en proyecto que, si los académicos y el personal no impetran los beneficios, en ningún caso se entenderá que renuncian a ellos, ya que necesitan más plazo para hacer efectivo su retiro -como se ha dicho aquí- y así alcanzar a recuperar la injusta pérdida que han experimentado sus fondos previsionales. Además, sostienen que el recambio de académicos y de personal requiere un proceso de transición programado, gradual -sobre todo en regiones-, donde resulta bastante difícil encontrar personas con todos los requerimientos que se señalan. Seguidamente, piden ver la posibilidad, en los casos en que se justifique, de recontratar a los académicos y al personal, sin tope de edad, en la medida en que se vaya produciendo ese proceso gradual. Por último, plantean la eliminación, modificación o perfeccionamiento de los artículos 9º, 10 y 11. Por tales razones, más las que anteriormente expresó el Honorable señor García -representante de Renovación Nacional-, vamos a votar a favor de la idea de legislar a la espera de perfeccionar la iniciativa en el debate en particular. El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ya se manifestó que los Senadores democratacristianos vamos a apoyar este proyecto, y votaremos de esa manera en las Comisiones unidas. Sin embargo, al comenzar mis palabras, quiero recoger la preocupación y molestia de un Honorable colega de la bancada socialista, quien expresó que en estos casos se vuelven a cometer algunos errores al asignar las Comisiones en las cuales deben tratarse los proyectos. Ha sido frecuente el reclamo respecto a la concentración del trabajo parlamentario en los dos organismos técnicos ya señalados, dejando a los demás en una situación un poco desmedrada, lo que además perjudica la labor legislativa. De eso se trata: no de estar metido en todo, sino solo en lo pertinente. En esa línea, deseo manifestar que esta iniciativa resulta absolutamente necesaria, conforme aquí se ha señalado. Ella ha sido motivo de un trabajo persistente de los rectores del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Hemos estado en varias oportunidades con quienes dirigen dicha entidad, señores Juan Manuel Zolezzi y Víctor Pérez , además del resto de los rectores de las universidades estatales. Pero el asunto apunta, de alguna manera, a la razón más propia de la discusión que estamos teniendo, en el siguiente sentido: la iniciativa que aprobaremos -espero- hoy se refiere al hecho concreto y preciso de que las universidades estatales quieren modificar su planta de funcionarios; necesitan cambiarla, modificarla; traer nuevas personas con especialidades que a lo mejor no están en la actualidad. Pero el fondo de la cuestión es que, por distintos motivos, no hemos podido empezar todavía -y sería bueno hacerlo ahora- a debatir cómo vamos a enfrentar la situación de las universidades privadas en Chile. Porque varias cosas son muy claras. Las universidades estatales constituyen la raíz y la forma esencial de la columna vertebral de la enseñanza superior, por cuanto son lo que más representa al país en su conjunto. Todos los planteles de educación superior, salvo los que se han creado en el último tiempo, tienen su alma máter; tienen capacidad de generar condiciones para formar chilenos, pero algunas son más específicas en una u otra materia. Quienes participamos en las universidades, tanto privadas como públicas, en su momento valoramos lo propio de cada una de ellas. Sin embargo, no cabe ninguna duda de que, por razones de todos conocidas -y que a veces, por conocidas, se callan-, las estatales se hallan desmedradas en cuanto a preparación, a financiamiento, a aporte del Estado. Por eso, es bueno que este sea el momento para comenzar a discutir sobre el particular. En primer término, ¿qué cosas debemos definir? ¿Cuál es el rol que el Estado les pide a sus propias universidades? En segundo lugar, ¿qué pueden dar al país tales casas de estudio, más allá de la formación profesional de sus estudiantes? El rol de la universidad en la sociedad no apunta solo a formar profesionales. Esta es una de sus partes; la otra está constituida por la creación de una cultura a la que tiene que aportar la institución. En Chile eso no se está dando. En tercer término, debemos entender que todas las universidades han de contar, como es obvio, con las mismas oportunidades. Ello significa tener el financiamiento adecuado. Las cifras que manejamos los últimos años demuestran que eso no ocurre. Y la iniciativa en comento es una manera de determinar, de alguna forma, un mecanismo de resarcimiento de ese déficit para que puedan mejorar sus funciones. No vamos a analizar ese punto ahora; lo dejaremos para la discusión particular, o bien tendremos que hacer un esfuerzo para que el tema que vamos a tratar en este proyecto sea el comienzo de un debate más global y serio no solo sobre materias específicas de financiamiento, sino también sobre una visión general de la educación superior en sus distintas vertientes. Me referiré solamente a tres asuntos. Primero, estamos ante el dilema de tratar de efectuar un análisis rápido, no atarantado, y debatir también otros aspectos. Creo que deberemos hacer un esfuerzo para llevar a cabo una tramitación rápida, pero sin dejar de discutir ciertos asuntos esenciales o, por lo menos, dejar planteadas algunas tesis. Segundo, como se ha señalado aquí, pensé en su momento que la normativa sería aprobada sin discusión por todas las comunidades universitarias. Así lo debatimos más de una vez en el Consorcio. Sin embargo, a todos se nos ha presentado una queja en cuanto a que no se han considerado algunos planteamientos de la Federación de Académicos de Universidades Estatales. Considero que será factible ver en la Comisión, si hay tiempo, si existen posibilidades de mejorar eso, siempre teniendo presente que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Aquí tenemos que hacer una suerte de esfuerzo por sacar pronto el proyecto, pero algunas cosas debemos recoger. Por último, como parlamentario, lamento que se produjeran algunos roces entre distintos rectores de universidades el último tiempo. Según me manifestaron desde el Consorcio, esas diferencias se habrían solucionado. A nuestro juicio, lo que importa es, después de haber abordado el problema de la educación básica y el de la educación media, hacer un esfuerzo muy grande para abordar el tema de la educación superior en el país en cuanto a la institucionalidad, a la equidad en el funcionamiento, al rol definitivo de ciertas universidades u otras de carácter nacional. Porque es ahí donde está el tronco esencial de la tarea universitaria; no solo en los profesionales o en los doctores, sino también en los pensadores y egresados que, de una u otra manera, sean conscientes de lo que sucede en cada una de las Regiones. El tema de las universidades -en particular, las estatales- en los extremos del país me parece especialmente relevante, más allá de que exista o no el mismo financiamiento, o uno mayor. Es cierto que no muchas cosas se pueden hacer sin dinero, sin financiamiento adecuado. Pero existe una obligatoriedad que las universidades deben asumir. Por tales razones, señor Presidente, vamos a apoyar la iniciativa, como ya lo expresó otro Senador de nuestra bancada, y espero que podamos despachar lo mejor posible una normativa sobre un tema que no se agota en el proyecto en comento. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, hay diferentes formas de enfocar este debate; dependiendo de cómo se haga, uno obtiene el aplauso o el repudio. No cabe duda de que este proyecto tiene un fin necesario: generar un mecanismo de incentivo o de premio al retiro para funcionarios no académicos de las universidades estatales. Es algo que se encuentra fuera de debate, y existe consenso sobre la necesidad de apoyar ese objetivo en el plazo más breve posible. Lamento mucho que el representante del Ejecutivo , señor Edgardo Riveros -que pronunció un discurso y se fue-, no esté en la Sala, por cuanto el problema de fondo es que llegó con cierta tardanza el debate sobre las universidades públicas. Y ese tema también cruza esta discusión, que es un segundo enfoque donde existen graves problemas, no de hoy, sino de hace años. La crisis entre los rectores, la polémica que se generó este fin de semana, no hace más que reflejar que existe un tema que no ha sido abordado en forma suficiente. La falta de consenso sobre la responsabilidad del Estado para con sus universidades es una cuestión de fondo, por cuanto rigen normas legales que tienden a condicionar la administración de ellas, lo cual, si bien tiene un lado positivo al reconocerse la calidad de funcionarios públicos a quienes se hallan vinculados a dichos planteles, genera asimismo las razones que hacen necesaria la iniciativa que nos ocupa esta tarde. Porque las universidades estatales podrían haber creado los mecanismos del caso sin ley si hace años se hubiese debatido lo concerniente a sus estatutos. Pero el problema de fondo que provoca debate -a lo menos en la Comisión que presido- no consiste en cuestionar la importancia de la ley en proyecto para los funcionarios no académicos, sino en que, para los propósitos de los académicos, ella resulta inútil. ¡No los cumple! ¡No sirve! ¡Constituye un engaño absoluto para lo que requieren las universidades públicas en nuestro país! Uno no puede programar la salida de los académicos de una universidad tal como procede en el caso de otros establecimientos. Lo que significan las carreras universitarias, los momentos del año para acogerse a retiro, lo que implica preparar académicos de reemplazo forman parte de una discusión que precisa otros tiempos. Ese es uno de los errores de este proyecto: no reconoce las diferencias entre la realidad de los trabajadores no académicos, quienes tienen pleno derecho a exigir que nos apuremos en la sanción de la legislación pertinente, y la de los funcionarios académicos, quienes ven que el texto que analiza en este momento la Sala no llega a buen puerto. Lo de los académicos debería haberse debatido separado de lo de los no académicos. Y se debería haber generado una discusión sobre lo que ocurre con las universidades estatales. Por eso, lamento que quien nos vino a hacer presente la importancia de despachar esta iniciativa se haya ido de la Sala. Porque para parte de nosotros -se trata de un asunto transversal- es obvio que esto no tiene que ver con el daño previsional, contrariamente a lo que han pretendido algunos, ni tampoco con los mecanismos de retiro, que en sí deben ser objeto de un debate complementario. Aquí, señor Presidente , hay una discusión pendiente acerca de las universidades estatales: ¿qué pasa con la educación superior pública?, ¿qué ocurre con la generación de profesionales académicos en las universidades del Estado? Si uno ve cuántos académicos se encuentran haciendo investigación en las universidades públicas, concluye que la cifra ha decrecido a un ritmo alarmante -¡alarmante!- en los últimos veinte años. Esa situación debe hacernos reflexionar como país al momento de realizar planteamientos en materia de innovación, de creación de densidades académicas formativas. La Presidenta Bachelet ha impulsado la formación de doctorados y maestrías fuera de Chile. Lo aplaudimos. Pero eso no hace más que reflejar las debilidades de nuestra propia estructura de educación superior, porque no somos capaces de generar aquí ese capital humano. En tal contexto, señor Presidente , lamento el acuerdo de los Comités, que aceptaron la imposición de la lógica de discutir esta iniciativa como si se tratara simplemente de una cuestión de Hacienda: la destinación de recursos para incentivar el retiro de funcionarios de los planteles públicos de educación superior. Creo que aquello es importante, y por eso voy a votar a favor. Sé que los trabajadores no académicos entienden la situación porque tienen puesta la camiseta y no quieren la desaparición, la muerte de las universidades estatales. Empero, con la estructura legal existente, ellas están amenazadas. Y no nos engañemos. Algunos creemos en la educación pública. Por eso planteo mi cuestionamiento a la forma como se ha llevado a cabo este debate. Porque se ha obviado lo concerniente a la permanencia en las universidades estatales. Se dice que las universidades públicas podrán renovar a los académicos. ¡Mentira! ¡Absolutamente falso! Las agrupaciones de académicos nos plantearon las razones, que son evidentes: un académico no se puede retirar a mitad de semestre; hay que preparar a los que se harán cargo de las cátedras respectivas, en fin. Y esa discusión, por desgracia, en esta Corporación, no se ha realizado como corresponde. Se tomó una decisión administrativa por presiones de urgencias que ninguna relación dicen a aquel debate, que se ha postergado en el país por demasiado tiempo. Por cierto, aprobaremos la iniciativa que nos ocupa. Tenemos la convicción de que la facultad a que se refiere debe ser permanente. Y estamos analizando la materia, porque el estatuto respectivo no permite que las universidades actúen por sí solas sobre el particular. Necesitamos, entonces, un debate sobre la administración de la educación superior. Esperamos que la ley en proyecto signifique un avance para quienes han creado las universidades públicas. Los funcionarios no académicos son muy relevantes. Pero el mundo de los académicos, que se relaciona con una formación cultural distinta en nuestro país, se halla pendiente. En todo caso, pido lo siguiente: en algún momento abramos el debate de fondo sobre las universidades del Estado, y durante él veamos si estamos o no de acuerdo. Hemos visto la polémica ventilada en los medios de comunicación respecto a los rectores de dichos establecimientos. Algunos tendremos convicción en un sentido; otros, en uno distinto. Pero la discusión es necesaria. Los países no avanzan sin un modelo de educación más definido. Yo soy un convencido de que el Estado debe hacerse cargo de sus universidades y determinar criterios preferenciales para con ellas. No creo que a todas haya que tratarlas igual. Ese debate se encuentra pendiente. Y espero que podamos realizarlo con motivo del segundo informe. Porque esta iniciativa no satisface; no ayuda al "tiraje", a la renovación del cuerpo académico que requieren las universidades públicas. He dicho. --(Aplausos en tribunas). El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Ruego no manifestarse, en ningún sentido. Tiene la palabra el Senador señor Romero. El señor ROMERO.- Señor Presidente, sin duda, existen visiones y problemas que no se sustentan en este proyecto. Hay cuestiones de fondo que deben plantearse y debatirse. Y nos hallamos ante un asunto de prioridades. El Ejecutivo , al tener la iniciativa en este tipo de materias, está determinando de algún modo el orden del debate. Y lo ha fijado con la crítica muy profunda que hemos escuchado esta tarde en boca justamente de quienes comparten su misma línea. Estamos en las postrimerías de un Gobierno en que surgen proyectos con "suma" urgencia -es la hecha presente en esta oportunidad-, la cual muchas veces impide, por la naturaleza de la materia de fondo, llevar a cabo un análisis desde otra perspectiva. Sin embargo, tenemos la oportunidad de discutir una parte del problema: la vinculada a los recursos humanos inmersos en el articulado. Sin duda, el término de la vida académica no se halla determinado por un plazo. Entonces, no es la idea que, por haber cumplido cierta edad, se prescinda de personas que se han formado durante muchos años, merced a capacitación e investigaciones serias y permanentes. En la discusión particular, señor Presidente, deberemos hacernos cargo de las observaciones formuladas. Percibo, por una parte, que existe la necesidad de retribuir, aunque sea parcialmente, a quienes han entregado su vida a la actividad universitaria, por el esfuerzo magnífico de formar generaciones de profesionales; y por la otra, que debiera haber la factibilidad de que respecto de esas personas se mantenga el beneficio en cuestión, para que puedan hacer uso de él cuando entiendan, junto con la universidad, que ha llegado el fin de su aporte académico. No es indispensable que se fije cierta edad para el retiro. De otra manera, simplemente estaremos entregando una retribución anticipada que tal vez no será la mejor inversión que pueda realizar el Estado en tal sentido. Sin embargo, quiero rescatar un principio: el del reconocimiento. Chile es muy pacato en materia de reconocimientos. Y el que a través de esta normativa estamos realizando a personas que han llevado adelante una vida académica debemos aplaudirlo. Entonces, hemos de mejorar el articulado y resolver las dificultades en forma positiva durante el debate particular. Yo esperaba que el Ejecutivo , que no se encuentra presente en esta Sala y que, al parecer, solo está cumpliendo algún compromiso adquirido en cierto momento por la candidatura que llegó a la Presidencia de la República , hubiese dado respuesta a las inquietudes aquí planteadas. En consecuencia, damos nuestro respaldo en tal sentido. ¿Y cómo se va a concretar el reconocimiento? Esa es una tarea del Ejecutivo y de nosotros, los colegisladores, que deberemos buscar la mejor fórmula para permitir que la retribución en comento sea eficaz, oportuna, y de verdad les sirva no solo a quienes la percibirán, sino también a todo el país, que permanentemente está recibiendo los beneficios de su aporte académico. He dicho. El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente? El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Quedan inscritos cuatro o cinco oradores. Si la Sala está de acuerdo, se accederá a la solicitud de abrir la votación, manteniendo el tiempo que les corresponde a dichos Senadores para usar de la palabra. --Así se acuerda. El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- En votación general el proyecto. --(Durante la votación). El señor BIANCHI ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami. El señor OMINAMI.- Señor Presidente , comparto plenamente el objetivo específico de esta iniciativa, cual es la necesidad de facilitar el proceso de renovación académica -eso es lo esencial que se plantea aquí-, lo que se logra a través de una bonificación por retiro voluntario. Sin embargo, debo hacer presente que acá nos hallamos ante una dimensión importante pero que no agota el problema que afrontan las universidades públicas de nuestro país. Siento que por desgracia, una vez más, no estamos enfrentando la cuestión de fondo. Ella fue planteada por el Senador Letelier -comparto en plenitud lo que él dijo; y en el mismo sentido, me parece, intervino el colega Núñez -: qué pasa con la educación superior chilena. La universidad, señor Presidente, no es simplemente un establecimiento para impartir un conjunto de conocimientos y formar profesionales. Yo, al menos, me crié en un concepto distinto. La universidad entrega conocimientos, forma profesionales, pero hace algo mucho más importante: pensar el país, pensar críticamente la sociedad, abrir rumbos, generar debates, construir la república. En tal sentido, percibo que el sistema de educación superior que tenemos hoy es extremadamente imperfecto. En ciertos aspectos, se parece más a un régimen de supermercados o de una gran consultora que a un sistema universitario como el existente en los países mejor constituidos del orbe, donde hay discusión y confluyen distintas visiones del mundo, las cuales se hallan en permanente debate y confrontación académica en buena lid. Aquí, en nuestro país -creo que lo he dicho en otras ocasiones en el Senado-, se da una desnaturalización del sistema de educación superior. Cada sector quiere contar con una universidad. Los militares tienen la Universidad Bernardo O´Higgins; la masonería, la Universidad La República¿ La señora MATTHEI .- ¡Tenía! El señor OMINAMI.- ¿-no sé qué ocurre hoy día con ella-; el Opus Dei, más de una, entiendo; ¿ El señor ÁVILA .- ¡Varias! El señor OMINAMI.- ¿los Legionarios, la suya. Cada cual, para hacer algo en nuestro país, debe tener una universidad. Los jesuitas, también, con el respeto que me merecen. El señor COLOMA .- ¡Todos deberían merecerlo! El señor OMINAMI.- Aquello no es razonable. Lo razonable es que existan grandes establecimientos donde dichos sectores vayan a discutir, en vez de que cada uno se aísle en su propio gueto. Eso ocurre hoy día en Chile: cada cual en su gueto. Creo, señor Presidente , que tiene sentido traer a colación las palabras del padre Felipe Berríos -desgraciadamente, según entiendo, se va de nuestro país y no nos acompañará durante los próximos años-, quien dijo algo muy cierto: habló de las "universidades cota mil", planteles muy caros, a los cuales van jóvenes de las familias más adineradas. He sido invitado a participar en un par de debates allí. No son universidades. Las familias pagan una fortuna para que sus hijos estudien ahí. Pero esos muchachos no se están formando como grandes profesionales. Viven en un gueto. No saben siquiera lo que es la ciudad. Salen del colegio, ingresan a determinadas universidades y funcionan en un circuito cerrado, en el mismo barrio: no toman locomoción y viven en un punto. Yo pregunto qué tipo de servidores del país se está formando allí. En ese plano, me parece que lo único que hay en el mundo para pensar los países son las universidades públicas o -esto existe también- algunas privadas con vocación pública. Pero no lo que tenemos hoy en nuestra nación. Por ejemplo, la Universidad de Chile -conozco relativamente bien su realidad- debe autofinanciarse en más de 50 por ciento. Por tanto, buena parte de su quehacer académico no se encuentra dictado por las necesidades del país, sino por las de las empresas que contratan los servicios de profesionales de alto nivel del Centro de Modelamiento Matemático, de la Facultad de Economía y de otras escuelas. Y desde el Senado realizamos ciertas contribuciones al balé y a diversos entes, como el Instituto Sismográfico, en fin. Pero ellas son bastante menores; lo esencial del financiamiento de dicha casa de estudios superiores no proviene de su propietario. Quiero decir fuerte y claro que el Estado de Chile es un muy mal dueño de sus universidades. Llevamos 20 años desde el restablecimiento de la democracia, y el tema universitario nunca se ha discutido en sus aspectos más fundamentales. Entiendo el aporte fiscal directo. Pero se sigue distribuyendo los recursos del Presupuesto Nacional de acuerdo a las proporciones establecidas durante el Régimen militar a finales de los 70 -hace mucho tiempo- y a criterios definidos de manera arbitraria y que probablemente se encuentran del todo superados por la realidad. Entonces, llamo la atención sobre ese hecho. Aquí hay un debate de fondo¿ El señor LONGUEIRA .- ¡Silenciado! El señor OMINAMI.- Afortunadamente, este no se ha silenciado. Otros sí lo han sido. Señor Presidente , ya se está viviendo en nuestro país una campaña presidencial. Ojalá que cada candidato nos señale con claridad qué piensa respecto del sistema de educación superior pública. El señor PROKURICA .- ¡Ahora sí! El señor OMINAMI.- No es posible pensar un país en serio sin un sistema de universidades públicas potente, dirigido por un dueño que quiera a dichos planteles, los respete y les entregue los recursos necesarios. Ese es un debate pendiente. Y ojalá podamos tenerlo en el marco de la campaña presidencial que está partiendo. Con relación al proyecto en debate, anuncio que lo votaré a favor, pero quiero formular, sí, una observación que hice en la Comisión de Hacienda. Deseo manifestar mi aprensión en el sentido de que el articulado no logre, al menos plenamente, el objetivo para el cual fue concebido: la renovación del personal académico, por la vía de una bonificación al retiro que resulta importante, pues puede alcanzar a 35 ó 40 millones de pesos. ¿Qué ocurre? Que para impetrar el beneficio la iniciativa establece un plazo de 180 días, o sea, seis meses. He conversado con algunos académicos que me han hecho presente que ese término es demasiado corto. Porque ¿qué sucede? Que, en los últimos 24 meses -y ello nos lleva a otra discusión, pero que es pertinente-, los fondos previsionales y la pensión que obtendrían quienes se acogieran al beneficio han disminuido significativamente. Eso es cierto. Se trata de personas que debieran encontrarse fundamentalmente impactadas por la brutal caída -que no se ha recuperado- de los fondos A y B, pero también por la del C. Estos profesores son cotizantes, en su gran mayoría, del sistema de administradoras de fondos de pensiones, al cual la OIT acaba de declarar -este es otro debate, señor Presidente - como completamente fuera de las normas básicas de la previsión social. En lo que deseo insistir, pues se está acabando el tiempo de mi intervención, es que muchos de quienes constituyen el universo de potenciales beneficiarios de la iniciativa se hallan fuertemente afectados por la caída de los fondos previsionales. Imagino que la mayoría de los que podrán acogerse a los beneficios de la ley en proyecto son cotizantes en el fondo C, que ha perdido 12,90 por ciento en los últimos dos años -esos son los datos-, esto es, desde el 25 de julio de 2007 al 29 de junio de 2009. ¿Qué significa esta situación? Que una parte importante del beneficio que se entregará por concepto de bonificación por retiro voluntario se habrá perdido simplemente por la razón expuesta. Entonces, hay quienes piensan que, con un plazo más largo, quizás se abriría la posibilidad de lograr una recuperación de esos recursos. Respecto de ello no emito opinión. Soy escéptico, pero creo que dar un término mayor para impetrar el beneficio es una idea razonable. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. El señor KUSCHEL.- Señor Presidente , la semana pasada, con motivo del debate sobre el bono SAE, el Ministro señor Viera-Gallo nos dijo que era un "trago amargo". También estábamos discutiendo a última hora, con urgencia, sobre un proyecto a mi juicio improvisado, sobre un "parche". Hemos "parchado" con urgencia iniciativas atinentes al sistema de administración municipal; al sistema de salud; al bono SAE, que ya mencioné. La relacionada con Gendarmería llegará pronto. Cabe considerar asimismo lo tocante a los fondos regionales; al Poder Judicial ; al Camino a Chile, del cual aquí no se habla; al Plan Chiloé, que se encuentra atrasadísimo; a Chaitén ; al Transantiago. Tampoco se puede olvidar lo de la banda del trigo, que me interesa mucho, pues en nuestro país ya prácticamente no se produce este cereal. ¡Menos mal que en Chile tenemos recursos frescos en la mano! En otras circunstancias, en otras recesiones, hemos carecido de fondos. A veces, es preciso subir los impuestos, si bien resulta difícil hacerlo desde el nivel en que se encuentran. Registramos un bajo crecimiento y se abre la posibilidad de endeudarnos. Pero desde el bolsillo central del Ministerio de Hacienda se están administrando sistemas enteros que debieran contar con cierta autonomía. Los tenemos mal diseñados. Se crean Regiones, y con ello se piensa que se regionaliza; se crean provincias, y se estima que se "provincializa", o bien, que se localiza estableciendo más comunas. Ese es el sistema. Y todo desde un solo bolsillo. No existe autonomía para las universidades, ni para las Regiones, ni prácticamente para nada. Menos mal que, ante todo este desorden, ante todos estos "tragos amargos", que ya parecen una "borrachera", disponemos -repito- de recursos. Porque ello no sería factible en otras condiciones. Lamentablemente, tengo que votar a favor del proyecto, porque gran cantidad de profesores de planteles de enseñanza superior del sur -de las universidades de Los Lagos, Austral de Chile y otras- me han planteado cuál es la situación. Pero comparto lo relativo al plazo, a si es o no suficiente lo que se propone. No contamos con información. Por supuesto, ningún Ministro se halla presente. Es lo que se usa en los casos de proyectos con urgencia calificada de "suma". Al parecer, no tienen para qué venir a la Sala; no tienen para qué darnos explicaciones. Pero así legislamos en estos "tragos amargos". No sabemos cuántos profesores son por universidad. Desconocemos el perfil de aquellos que debieran acogerse al "beneficio", entre comillas, que calificaría de "parche". Ignoramos cómo va a ser el recambio. He estado leyendo en el informe que los dirigentes gremiales de los docentes universitarios hacen referencia a una tasa de reemplazo de 20 por ciento. No sé si eso es o no suficiente. Nada de ello hemos chequeado. Tampoco nos hemos impuesto de cuál es la situación universidad por universidad. No sabemos cuántos de los que se acogerán a retiro podrán recontratarse ni por cuántas horas; qué capital humano perderemos; de qué forma se debilitarán o fortalecerán nuestros planteles de enseñanza superior con los nuevos docentes que llegarán desde el extranjero y cómo se va a empalmar el arribo de estos con la salida que se registrará. En realidad, me da un poco de vergüenza legislar en esta forma y no contar con la presencia de ninguna autoridad del Gobierno -de nuevo- para preguntarle de cuántos profesores se trata, de las condiciones, de cuándo, de cómo y de la suficiencia del plazo. No obstante ello, debemos votar a favor. Señor Presidente , pido que se oficie al Ejecutivo para que nos entregue más antecedentes. Porque si no se registra asistencia de autoridades y nos encontramos arrinconados debido a la urgencia de votar, por lo menos que nos informen cuál es la situación por universidad y por Regiones. En especial en la Región que tengo el honor de representar, la de Los Lagos, las universidades son más nuevas y cuentan con profesionales en general más jóvenes, de tal manera que imagino que el impacto del retiro será menor; pero en otras en el norte, que son más antiguas, creo que habrá un verdadero descabezamiento docente si esto funciona. Y si ello no ocurre, seguiremos como estamos, no más. Pero lo anterior no puedo verificarlo. Entretanto, pienso que es preciso aprobar el proyecto en debate. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto. El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente , Honorables colegas, me pronunciaré a favor de la iniciativa, porque termina con la discriminación de que han sido objeto los funcionarios tanto académicos como no académicos, con relación a los beneficios obtenidos por otros trabajadores de la Administración Pública. Así fue como hace dos años, cuando se tramitaba el bono poslaboral, en la Comisión de Trabajo, que entonces presidía, y junto a los Honorables señora Alvear y señor Letelier , nos reunimos, en el Congreso en Santiago, con representantes de diez organizaciones que se sentían perjudicadas al no poder acceder a determinados incentivos al retiro. Se encontraban presentes la Asociación de Académicos y las diferentes organizaciones que agrupan a los funcionarios no académicos de distintas universidades. En dicha oportunidad, nosotros, como Senadores, asumimos un compromiso con ellos en el sentido de que íbamos a solicitarle al Gobierno el envío de un proyecto de ley donde se contemplaran incentivos para el retiro, pues ellos estaban en una situación bastante particular. En efecto, para determinados casos eran considerados funcionarios públicos y se les aplicaba el Estatuto Administrativo; para otros, en cambio, se estimaban trabajadores del sector privado. Es decir, se hallaban en una condición que menoscababa la calidad que ostentaban como empleados de dichas universidades. Y así fue como no solo los no académicos y académicos van a obtener los beneficios que establece el texto que nos ocupa, ya que, como consecuencia de la reunión, se mejoró el incentivo al retiro para los trabajadores de la CONFUSAM y se estableció uno para los asistentes de la educación y los profesionales de la salud. Y eso demuestra que la labor que se hizo en conjunto con las organizaciones rindió sus frutos, porque el Ejecutivo envió la iniciativa solicitada. A mi juicio, los incentivos que establece el articulado constituyen un legítimo reconocimiento a quienes han entregado muchos años de su vida para que estas universidades lograran desarrollarse y formar a los profesionales que se han ido incorporando al desarrollo social, económico y cultural de nuestro país. Esa ya es una razón más que suficiente para apoyar la normativa. Respecto de las otras materias que se han colocado hoy en el debate, espero, tal como lo han expresado algunos señores Senadores, que el actual Gobierno o el próximo puedan ponerlas como un elemento central para precisar qué tipo de universidad queremos para Chile. La bonificación especial para las universidades Arturo Prat , de Antofagasta, de Tarapacá y de Magallanes es el reflejo de una labor y una lucha de años por parte de los trabajadores, principalmente no académicos, quienes querían una bonificación similar a la de los funcionarios públicos pertenecientes a la ANEF que se desempeñan en la Primera, Segunda y Duodécima Regiones . Y ello, ¡en hora buena!, se ha podido traducir en algo efectivo. Lo único que habrá que determinar en la discusión particular es a cuánto va a ascender el bono que le corresponderá a cada uno de estos funcionarios. Finalmente, vaya un reconocimiento a los dirigentes de estos planteles de enseñanza superior, quienes llevaron a cabo movilizaciones y formularon insistentes peticiones a sus parlamentarios -tal como ocurrió, en nuestro caso, en la Región de Magallanes-, al Ministerio de Hacienda, pues el bono que en forma legítima se recibirá representa un logro y un triunfo por la ardua lucha y trabajo que realizaron durante varios años. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez. El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente , en primer lugar, anuncio que la bancada de Senadores Radicales votará a favor del proyecto, porque presenta la característica de equiparar medidas que se han adoptado con anterioridad respecto de otros sectores y que permitirán que tanto académicos como no docentes, ejecutivos y administrativos de las universidades obtengan un debido descanso. Y creo que todos concordamos en que, dadas la situación actual y la posición de los primeros, sobre la base de la necesidad de realizar un continuo académico, tanto en materias de docencia cuanto de extensión e investigación, se requiere un plazo mayor para el ejercicio del retiro. Estimo también que se trata de un merecido reconocimiento a quienes han mantenido en alto, por años, por lustros, incluso por décadas, la supervivencia de las universidades estatales, no obstante la ola avasalladora de los ataques recibidos fundamentalmente por la Universidad de Chile, lo cual significó, en definitiva, la creación de los planteles estatales regionales, pues la mayor parte de ellos eran sedes de la propia Casa de Bello. Y ese reconocimiento al personal se manifiesta en el proyecto, por lo cual vamos a votarlo a favor. De otro lado, concuerdo con algunos señores Senadores en el sentido de que el verdadero debate de fondo no se ha hecho. Y la propia iniciativa que se nos presenta ahora se encarga de probarlo. ¿Cómo es posible que universidades que se suponen con niveles de autonomía deban requerir una ley para poder obtener los recursos que les permitan adoptar medidas tan necesarias como la que nos ocupa? ¡Si, en definitiva, la normativa en examen es el botón de muestra más claro, más evidente, de que nos encontramos con que las universidades estatales, en la actualidad, están compitiendo con las manos amarradas en el mercado que les es propio! Porque mientras el Estado las provee en forma parcial -y en algunos casos muy escasamente- de recursos, y quedan sujetas a múltiples controles, en especial el de la Contraloría, y a los dictámenes de este organismo, mediante los criterios de carácter administrativo que les hace aplicables, otras universidades reciben fondos públicos en forma directa y los utilizan, sin embargo, con toda libertad, operando tranquilamente, endeudándose sin ningún problema y compitiendo en circunstancias absolutamente distintas. El primer debate que tenemos que realizar, si queremos emparejar la cancha, es cómo lo hacemos a favor de las universidades estatales. O las dejamos liberadas, tal como el resto de los planteles de enseñanza superior que reciben fondos públicos en forma directa -no me refiero al aporte fiscal indirecto-, o que aquellos que reciben ese tipo de recursos rindan cuenta y queden sujetos a la misma normativa, al menos con relación a ese monto, respecto de su utilización y los criterios de administración que se requieren. De otra manera nos encontramos con dos universos distintos. En consecuencia, el proyecto de ley en análisis es un reconocimiento a los funcionarios de universidades estatales que han logrado mantener en pie una cuestión tremendamente difícil. Sinceramente, señor Presidente , me parece -repito- que ese debate no se ha hecho. Pero ello obedece a muchas razones. Porque no es explicable que las universidades estatales, cuando requieren, precisamente, darles la opción de retiro a sus funcionarios, tengan que hacerlo por la vía de una ley y un endeudamiento, sin contar con la opción real de reclamar de quien es su dueño los recursos suficientes para llevar a cabo la modernización, la renovación, la innovación, y efectuar un debate, tal como se ha dicho acá, en el cual los diversos sectores puedan confluir a pensar en el país del futuro. Hoy día, aquellos planteles cuyos propietarios presentan un cierto sesgo, van a influir, a actuar de acuerdo a este; van a diseñar sus mallas curriculares, sus programas en función, precisamente, de ese sesgo. Y eso es válido. Pero no lo es el negar a las universidades públicas la posibilidad de realizar hoy una labor de encuentro, de discusión, de definición del futuro que una mirada de país requiere y que solo la pueden llevar a cabo quienes no tienen un sesgo determinado. Por lo anterior, creo que la iniciativa que nos ocupa es el mejor ejemplo, lamentablemente, de que ese debate no se ha hecho. Vaya nuestro reconocimiento muy profundo a los funcionarios académicos y no académicos, profesionales y administrativos de las universidades estatales. Posiblemente, el proyecto necesite mejoramientos, para lo cual estamos dispuestos; pero, más allá de eso, hacemos un llamado -yo también echo de menos aquí la presencia de los Ministros pertinentes- a discutir cuál es la tarea que precisan realizar las universidades del Estado para impulsar el desarrollo del país. Señor Presidente, voto a favor de la iniciativa; sin embargo, deploro la tremenda carencia de que adolece. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. El señor ESCALONA.- Señor Presidente , lamento que en este debate se hayan topado dos necesidades: por una parte, la de aprobar con urgencia el proyecto, como han solicitado las asociaciones gremiales de los funcionarios no académicos, que nos han hecho ver el apremio que sienten por su despacho, a fin de poder hacer uso de los mecanismos que establece y ver cumplido así un anhelo que han perseguido durante largo tiempo, y, por otro lado, la de que sean consideradas las opiniones de los representantes de los académicos -fui testigo de su ansiedad en la Comisión de Hacienda- respecto de las graves debilidades que se han ido instalando en el sistema de formación universitaria. No cabe ninguna duda de que esas graves debilidades son de importancia y de interés nacional. Es muy difícil que podamos avanzar cualitativamente como país si ellas no se resuelven. Y están vinculadas con un asunto de fondo. En el curso de los últimos años se ha venido registrando un cambio considerable en la opinión pública en cuanto a la correlación que debe existir entre Estado y mercado. Y, sin duda, en un conjunto de áreas se ha hecho presente la necesidad de establecer mecanismos que son propios del sector público, de la institucionalidad que resguarda el interés general del país. En el caso del sistema universitario, se busca que este pueda ir dando cuenta y haciéndose cargo de los problemas que se han generado para responder a las nuevas exigencias de nuestra sociedad. Hay datos interesantes, que, por lo que son en sí mismos, exigen una respuesta de corto, mediano y largo plazo. Uno de ellos es que siete de cada diez jóvenes hoy constituyen la primera generación de sus familias en ingresar a la educación superior. Eso habla de un país que, sin lugar a dudas, se halla en una situación por completo distinta de la de antaño. Pero es precisamente la existencia en el sistema universitario de esos centenares de miles de jóvenes que vienen de los hogares más modestos y humildes de nuestra sociedad la que reclama una preocupación por los problemas planteados y una respuesta oportuna, como manifestaron los representantes de las asociaciones de académicos en la breve sesión que la Comisión de Hacienda destinó a escucharlos. En consecuencia, creo que, sin perjuicio de aprobar en general el proyecto y de responder a la inquietud de las referidas asociaciones de funcionarios por contar con los beneficios propuestos en el más corto plazo, también fluye de esta discusión el compromiso y la importancia de colocar en la agenda nacional el problema de la educación superior como uno de los temas país más relevantes del próximo tiempo. Votaré a favor de la idea de legislar, porque entiendo que recoge una necesidad social acuciante. He dicho. El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. El señor NAVARRO.- Señor Presidente , el proyecto busca hacer justicia a una generación de académicos que, aprisionados en la universidad estatal, también llamada "pública" -tiene sus manos atadas; está castigada, disminuida, arrinconada-, han tenido que convivir y desarrollar su labor docente dentro de un tipo de plantel que ha sido despreciado por su dueño, por su propietario. La situación de las universidades públicas en Chile no puede ser peor. Reciben apenas el 0,3 por ciento del PIB. ¡Es la cifra más baja de todos los países en vías de desarrollo o desarrollados! ¡El 0,3 por ciento! Y en veinte años de gobierno de la Concertación no se ha presentado ni un solo proyecto destinado a remediar esto. ¡Es una deuda! Los Gobiernos de la Concertación -a los cuales yo he pertenecido- han acumulado una deuda con la educación superior. Paradójicamente, se dice que esta no tiene fines de lucro, pero todos sabemos que no es así. El desarrollo universitario en el sector privado persigue amplios fines de lucro y genera grandes ingresos. Los planteles estatales han debido subsistir con aportes miserables, con el desprecio de quienes han creído ver en ello una forma de competir -por cierto, de manera muy desigual- en el mercado. No es que la educación superior se esté privatizando. ¡Ya está privatizada! El 70 por ciento de los estudiantes se matricula en las universidades particulares, y solo el 30 por ciento, en las llamadas "públicas", que de tal solo tienen la misión que les encomiendan sus estatutos. Porque, en definitiva, su financiamiento en muy poca medida proviene del Estado. El aporte de este es marginal, insuficiente, lo cual mantiene al borde del colapso a algunos planteles universitarios, como a los más pequeños del sur o del norte. En mi opinión, las universidades deben representar la conciencia crítica de la sociedad, transmitir conocimiento, promover bienes públicos, cosa que no hacen las privadas, como aquí se ha dicho. Estas tienen el legítimo derecho de impartir conocimiento desde un punto de vista ético o ideológico muy particular y singular. En cambio, la universidad pública, la estatal, debe dar cabida a todos los valores, a todos los principios y, particularmente, a la promoción del bien público. Eso hoy día se hace con esfuerzo. Este proyecto de ley -discutimos su génesis con los Rectores señores Pérez y Zolezzi durante largo tiempo en la Comisión de Educación del Senado- viene a ser, más bien, un parche necesario, urgente, a un problema que no está resuelto y que sigue pendiente. Evidentemente, las condiciones para posibilitar el retiro de los académicos van a mejorar. No sabemos con exactitud cómo se contratará a los nuevos docentes, cuál va a ser su calidad ni qué permitirá garantizar que lo acumulado por nuestras universidades públicas no se perderá, ya que siguen teniendo, aun en la precaria situación en que se encuentran, la mayor demanda de estudiantes, porque los jóvenes sí quieren estudiar en ellas. La democracia y la libertad de expresión están cauteladas en las universidades públicas. La no discriminación, el pluralismo, la diversidad y la tolerancia, también. La meritocracia debe ser un elemento característico de ellas, razón por la cual planteamos su consolidación con perseverancia. Allí debe prevalecer el mérito académico, lo que pasa por asegurar una institucionalidad propia, ordenada, con la participación de toda la comunidad académica. Por eso, junto con aumentar el financiamiento de esos planteles de manera drástica, formidable, se hace necesaria, en muchos casos, una revisión de los procesos de gestión y, también, de ordenamiento institucional. Hago presente que concibo la universidad con tres elementos: docencia, extensión e investigación. Una entidad de educación superior que no hace investigación no es universidad. En Chile hay un conjunto de mal llamadas "universidades" que no hacen investigación ni extensión, sino solo academia. En ese sentido, conviene destacar que los planteles públicos, al menos en nuestro país -se debe reconocer esto-, han mantenido esos tres hitos como elementos centrales de su función. Se ha recargado a las universidades con la ley Nº 19.200, sobre plena imponibilidad; con la ley Nº 19.345, sobre seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y con la ley N° 20.044, relativa a la autorización para renegociación de pasivos por única vez. Todo ello se ha concretado con autofinanciamiento de las universidades. Los funcionarios universitarios estatales son los más dañados del sector público en materia previsional: un detrimento de 17,7 por ciento, en circunstancias de que el promedio en dicho sector llega a 10,26. Entonces, la situación es grave en materia de institucionalidad y por la condición de recursos e ingresos que perciben los funcionarios. Ello, por cierto, implica asumir un gran desafío. Deseo que se discuta, en el Gobierno de la Presidenta Bachelet , una reforma profunda, revolucionaria de la educación superior. Porque no estamos en una época de cambios en el mundo, sino en un cambio de época. Ello requiere que las universidades y la conciencia crítica lo perciban, lo asuman y lo desarrollen. Por eso, señor Presidente , el proyecto en debate, si bien satisface a costa de las universidades uno de los puntos que precisan urgente solución (la renovación de los cuadros académicos), está lejos de resolver el problema de fondo de la educación superior. El plazo propuesto, que no coincide con el estipulado por ley, debe ser ampliado -lo han pedido los académicos-, a fin de que la norma tenga plena acogida. La pérdida en los fondos de las AFP ha afectado a todos los trabajadores, obreros o académicos, con veinte años de estudios o con seis. Todos han perdido. Y la futura recuperación de esos montos no hace aconsejable una jubilación en estos momentos. Hay que dar cuenta de ello. Soy partidario de la creación de una AFP estatal, de un cambio profundo en nuestro sistema previsional. Porque hoy la alternativa es, sí o sí, una administradora privada, con los resultados que conocemos. Hace un tiempo, estimados colegas, me referí a la construcción de una central de pasada en la Sexta Región, de 400 millones de dólares, por parte de la empresa Pacific Hydro , que es propiedad de jubilados australianos. En contraste, quienes administran los recursos de los pensionados chilenos siguen invirtiendo en la Bolsa de Nueva York y perdiendo plata. Eso ocurre actualmente con los fondos de las AFP. Y a este sistema estamos enviando a nuestros académicos -ellos no pertenecen al antiguo-, forzados por plazos que la iniciativa en discusión impone. Cabe preguntarse: ¿de verdad queremos realizar una promoción en las universidades estatales a fin de que quienes han cumplido un ciclo en sus vidas puedan jubilar en forma digna, o solo hacemos un rápido ejercicio de saneamiento bajo la apariencia de remediar un problema que no se resuelve? Voy a votar a favor del proyecto, señor Presidente , porque los académicos de muchas universidades así lo han pedido. Así solucionaremos solo una parte de las dificultades. En ningún caso puede quedar la impresión de que se ha dado respuesta al conflicto de la educación superior o de que se han abordado sustantivamente los problemas de fondo. Estos seguirán pendientes, provocando un grave deterioro en los planteles universitarios. Los docentes podrán dejar la universidad -muchos de ellos le han dado toda su vida-, pero, con ello, no quedan resueltos sus problemas. El Rector de la Universidad de Chile, señor Víctor Pérez , planteó la instauración de un "nuevo trato" entre el Estado y las universidades públicas. Tal política plantea, a lo menos, un equilibrio. No pedimos un trato privilegiado para las universidades públicas, sino uno equilibrado. Por ejemplo, en 2008, la Universidad del Desarrollo obtuvo 5.780 millones de pesos en donaciones, con 50 por ciento de descuento en impuestos. Ello resulta paradójico si se lo compara con los 16 millones otorgados a la Universidad de Concepción o con los 2 millones, a la del Biobío -ahí ejerzo la docencia desde hace cuatro años-, la cual se encuentra abandonada por su padre Estado. Lo que pedimos es igualdad de condiciones para competir en la educación superior. Porque hoy el sistema discrimina a las universidades estatales, lo que ha provocado, paso a paso, que se deba elaborar una ley especial para resolver asuntos que ellas, si contaran con las mismas condiciones, bien podrían enfrentar. Crédito ilimitado sobre la base de un proyecto universitario. A la Universidad de Chile le despachamos una ley para la construcción de una obra científico-tecnológica en Laguna Carén. Planteé mi posición en la Cámara de Diputados; voté en tres oportunidades en contra. Si vamos a permitir que las universidades se endeuden con el aval del Estado, no discriminemos, demos la posibilidad de contratar empréstitos a largo plazo con garantía estatal sobre la base de un proyecto sólido. Sin embargo, ni aún así el Estado ha brindado dicho aval. Señor Presidente , me pronunciaré a favor de la iniciativa para que se resuelva el problema de los académicos que desean jubilar. Pero quedará pendiente la realización de una reforma profunda al sistema de educación pública. He dicho. ¡Patagonia sin represas! El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra. El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente , trataré de ser breve. Me referiré en forma bastante telegráfica a los puntos que considero muy sensibles. He integrado la Comisión de Educación del Senado durante varios años (desde 1990). Al calor de la experiencia vivida en ella, debo plantear que el texto en análisis es uno más de una serie de proyectos parche en materia de educación superior que surgen ante diversas coyunturas. La iniciativa que nos ocupa se agrega a otras que hemos aprobado siempre con la promesa de que se concurriría a la gran reforma del sistema de enseñanza superior en nuestro país. Sin embargo, nada se ha hecho en pos de una reforma coherente y compacta en ese nivel, lo que sí ha acontecido en la educación básica y media. Se plantea que en un año más habrá cerca de un millón de jóvenes en la universidad y se afirma, con gran orgullo, que buena parte de ellos serán la primera generación de universitarios en sus familias; pero se oculta, por desconocimiento, conveniencia o falta de compromiso, que casi 50 por ciento de los alumnos que se matriculan en un plantel universitario no terminan la carrera. Así se despilfarra el dinero del Tesoro Público y de las familias, que en un momento dado cifran sus esperanzas en que sus hijos o hijas obtendrán un título de educación superior. Porque en Chile -digamos la verdad- prevalece el concepto de que, para percibir un sueldo de buen nivel, se precisa un título universitario. Esto se ha preconizado de tal manera que se ha ido dejando de lado los cartones técnico-profesionales, que también son importantes. Hemos estigmatizado las posibilidades de trabajo señalando que solo se entra en la elite social si se es profesional de universidad, aunque muchas de las carreras que ahí se imparten no cuenten, ni en 50 años, con la perspectiva de una vacante en el mundo laboral. Por consiguiente, aquí de nuevo vamos a "pasar piola" -como dicen los estudiantes universitarios- con otro proyecto parche más. En nuestro país hay 56 universidades y quinientas y tantas sedes. Cabe preguntarse: ¿existe en ellas una pléyade de profesores universitarios con el nivel curricular necesario para impartir educación superior verdaderamente de calidad? Si analizamos los establecimientos universitarios ubicados en Regiones -para qué hablar de las sedes-, notaremos que son paupérrimos los currículos de muchos profesores que ahí laboran. Hoy día es de buena etiqueta decir que les entregaremos una compensación económica a los académicos que han llegado a los 65 años de edad, quienes hicieron historia en el proceso educacional chileno. Pero ¿qué va a pasar en realidad? Lo mismo que en la Fuerza Aérea. El Estado prepara a los pilotos de guerra -a un costo de 3 millones de dólares- y después estos buscan trabajo en alguna aerolínea nacional o en empresas aéreas privadas, porque en ellas les pagan el doble. ¿Qué sucederá con los docentes de excelencia académica? Quien desee retirarse, ¡perfecto!, que lo haga, y que se le otorgue la indemnización correspondiente. Pero los profesores señeros, de gran capacidad curricular, de sapiencia en la docencia, que la llevan en los poros, en la piel, y que se han formado para ella, terminarán yéndose a las universidades privadas donde les van a pagar un mejor sueldo. De esa manera, todos los doctorados y grados que han alcanzado durante su carrera se perderán en esos centros de estudios. El señor NOVOA (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador. El señor MUÑOZ BARRA.- Permítame un par de minutos, señor Presidente , para redondear el final de mi intervención. El señor NOVOA (Presidente).- Muy bien. El señor MUÑOZ BARRA.- Gracias, señor Presidente. Decía que me parece más conveniente que al educador que logró altos niveles de calidad y que quiere continuar en sus labores, démosle y reconozcámosle la misma bonificación. Si otro docente quiere jubilar porque está cansado o porque se halla afectado por problemas de salud, dejémoslo ir. Pero al académico capacitado que desee seguir, no lo privemos de ese derecho. ¡En el fondo, lo estamos echando del sistema! --(Manifestaciones en tribunas). En las universidades públicas, hay profesores de excelencia que lamentablemente vamos a perder. Y estas instituciones no solo miran el problema desde la perspectiva del tiempo y de la edad, por cuanto es indudable que el docente joven gana un salario tres veces menor del que percibe un académico de mayor edad. Finalmente, quiero dejar constancia de que me abstendré, porque la iniciativa en debate no está orientada a solucionar los problemas de la educación superior, donde los alumnos pertenecientes a los sectores económicamente más débiles carecen de la posibilidad de acceder a ella y, si la tienen, caen durante el segundo o tercer año por la falta de recursos. Me abstengo, porque el proyecto no fue analizado por el órgano técnico respectivo desde el punto de vista pedagógico y desde una visión educacional superior, como la Comisión de Educación del Senado. Hoy día el debate quedará acotado en las Comisiones de Educación y de Hacienda. Es decir, vamos a mezclar peras con manzanas. Por las razones que he expuesto, me abstengo. --(Manifestaciones en tribunas). El señor NOVOA ( Presidente ).- Ruego a quienes nos acompañan en las tribunas guardar silencio. Tiene la palabra el Senador señor Ávila. El señor ÁVILA.- Señor Presidente , en un primer momento, la discusión del proyecto discurrió por el cauce estrecho que impone la coyuntura. Esto da lugar a una mirada parcial, como todas las que se han hecho a lo largo de los últimos años respecto de las universidades públicas en general y, en particular, de la de Chile. Luego, el debate tomó el rumbo apropiado, esto es, abordó los asuntos de fondo que continúan pendientes. A estas alturas, a uno le cuesta entender cómo es posible que la Universidad de Chile, la Casa de Bello, el lugar histórico donde se han formado tantas generaciones de profesionales, haya sido abandonada por el Estado y arrojada en brazos del mercado. ¿Qué ha deparado esa forma lamentable de ir dejando de lado al principal centro de estudios superiores del país? El tríptico misional quedó reducido a una sola pata: la docencia. Es la única manera que tiene la Universidad de Chile de sobrevivir dentro de una competencia con los establecimientos privados, los cuales solo se han dedicado a invertir lo mínimo para atraer estudiantes y así cobrar los aranceles respectivos. En lo concerniente a la investigación y la extensión, la Casa de Bello ha sido perjudicada de manera notable. Y con ese déficit, considero que pierde el país en su conjunto. Las tareas esenciales de una universidad pública no están siendo cubiertas como corresponde. Entonces, lo procedente, aun cuando sea muy tarde, es que, de una vez por todas, se decida qué queremos de las universidades públicas. Si las vamos a mantener sobreviviendo malamente en una competencia desleal con las privadas, los grandes perjudicados serán los alumnos que acudan a las aulas de las primeras. Y el nivel mostrado para impartir la docencia decaerá como consecuencia de la imposibilidad de mantener en sus aulas a los profesores que han dado brillo a la cátedra durante mucho tiempo. El proyecto que hoy discutimos pretende descongestionar a las universidades de aquellos funcionarios que, habiendo cumplido un ciclo de vida, no dan el paso hacia la jubilación, por cuanto esta ha dejado de ser un horizonte atractivo de descanso para convertirse en algo así como un purgatorio. La iniciativa en debate no resolverá problemas, sino que va a crear muchos más respecto de los cuales la gente intenta escapar. El Honorable señor Muñoz Barra planteó una idea que de inmediato suscitó reprobaciones, como pudimos advertir, por un hecho muy simple¿ El señor NOVOA ( Presidente ).- Terminó su tiempo, señor Senador. La Mesa le concederá un minuto. El señor ÁVILA.- Gracias, señor Presidente. Decía que dicha intervención suscitó reprobaciones de las tribunas por el simple hecho de que la propuesta de ese Senador desnaturaliza por entero la esencia y el fin del proyecto. Se trata de dar tiraje a la chimenea; pero, si se dejan los leños ya quemados dentro de ella, se llenará de humo y lo único que ocurrirá entonces es que se estornude sin pausa. Admito que se trata de una iniciativa parcial que no toca cuestiones de fondo, pero resulta indispensable para aliviar, al menos, uno de los grandes problemas que confrontan la universidad y numerosas personas que merecen contar con la posibilidad de retirarse de las labores que ejercen en el campo universitario. Como se me acabó el tiempo, voto a favor. El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. --Se aprueba en general el proyecto (32 votos a favor y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido, y se fija como plazo para formular indicaciones el lunes 27 de julio, a las 12. Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Arancibia, Ávila, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez. Se abstuvieron los señores Muñoz Barra y Núñez. "
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