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El señor GAZMURI.-
Señor Presidente, solo quiero destacar dos elementos.
El primero es que, sin duda, se trata de un conjunto de iniciativas novedosas como instrumentos de retención de mano de obra por parte de las empresas. En ese sentido, creo que ha sido una muy buena iniciativa vincular los estímulos a la retención de trabajadores por parte de las empresas con la capacitación.
El proyecto está bastante claro respecto de cuáles son los instrumentos y, por tanto, en este aspecto solo deseo manifestar que me parece útil que el Gobierno, tanto a través del Ministerio del Trabajo como de Hacienda, sea capaz de evaluar el impacto real de estas medidas.
Es primera vez que contamos con instrumentos de este tipo y, en mi opinión, va a ser muy importante ver cómo son recibidos, si efectivamente son utilizados por las empresas y los trabajadores y qué impacto real van a provocar.
Yo espero que generen el máximo impacto posible, pero, como digo, no tenemos experiencia y, por ende, el seguimiento del efecto real de estas políticas es fundamental.
En segundo lugar, destaco el hecho de que este conjunto de medidas hayan sido acordadas por las organizaciones empresariales y de trabajadores. Hacía muchos años que en Chile no había acuerdos sobre asuntos de relativa importancia entre la Central Unitaria de Trabajadores de Chile y la Confederación de la Producción y del Comercio.
Quiero pensar que este acuerdo inaugura un nuevo período en la relación entre empresarios y trabajadores en el país. Existe un claro desequilibrio entre el mundo de la empresa y el mundo del trabajo. No hemos logrado en estos años de transición establecer mecanismos reales de concertación social. El diálogo social en Chile no corresponde al de un país con democracia estabilizada y con pretensiones de alcanzar niveles superiores de desarrollo.
El sindicalismo ha sido, de una u otra manera, muy maltratado en la transición. Por lo tanto, al margen del contenido del proyecto de ley, el surgimiento de estas iniciativas y el hecho de que haya un mecanismo conjunto de parte de los empresarios y los trabajadores para hacer un seguimiento a la aplicación de la normativa, me parece que son cuestiones dignas de destacar.
Sin duda, nadie puede pretender que esta iniciativa resuelva todos los problemas que deberemos enfrentar como efectos de la crisis. Por lo demás, tiene un objetivo que en un sentido es limitado. Este conjunto de iniciativas no apunta tanto a generar nuevos puestos de trabajo, sino a impedir que sigan los despidos. Más bien se trata de estímulos a la retención de quienes hoy día están trabajando.
Enfrentamos un problema severo con una cesantía que se va a elevar a los dos dígitos. Y, por cierto, comparto todas las voces que se han levantado aquí en orden a que va a ser necesario, sobre todo en este invierno, hacer más esfuerzos. Yo diría, básicamente, en dos sentidos: primero, en la generación de fuentes laborales directamente financiadas con apoyo público. Aquí se han dado algunas ideas que comparto, en cuanto a tratar de explorar nuevos tipos de programas vinculados a necesidades sociales. Muchos de los programas de empleo tradicionales que hemos llevado a cabo durante estos años, orientados a obras menores de aseo, ornato de las ciudades, etcétera, tienen una rentabilidad social relativamente escasa.
Segundo, en cualquier caso va a ser preciso -espero que el Gobierno tenga conciencia de ello- efectuar algunas transferencias directas de dinero a las familias más pobres del país.
Imagino que este invierno deberían reproducirse medidas como el bono que se entregó en marzo. Eso tiene impacto, en el sentido de que amortigua la caída hacia la pobreza de las familias más vulnerables. Además, origina el efecto de agregar activación a la demanda, lo cual ha tenido repercusiones en el comercio y en la demanda agregada, sobre todo a nivel de Regiones, ciudades y pueblos más pequeños.
En consecuencia, como el Estado no podrá desgraciadamente dar empleo a toda la masa de cesantes en el país, sin perjuicio de que hagamos un esfuerzo mayor, creo que la transferencia directa de recursos a las familias más vulnerables de Chile va a ser una necesidad indispensable si queremos que los costos de la crisis no los paguen por enésima vez los más pobres.
Anuncio mi voto favorable.
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