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El señor LETELIER.-
Señor Presidente , la práctica de la desaparición forzada de personas por parte de agentes del Estado fue generalizada en el cono sur. Con todo el respeto que me merece uno de mis colegas, debo precisar que, por lo menos en nuestro país, quienes secuestraron e hicieron desaparecer fueron agentes del Estado, pagados por este. Y no quiero que quede la menor duda, por lo menos en la Versión Oficial del Senado, de algo que forma parte de nuestra historia.
La DICOMCAR fue una realidad, no un invento. La DINA fue una realidad, no un invento. ¡Trágicas realidades!
Lo señalo por cuanto resulta curiosa, en cierto momento, la relativización de ese fenómeno. Algunos estudios indican incluso que funcionarios públicos fueron partícipes de situaciones aún más criticables.
El objetivo del proyecto se encuentra más allá de nuestro juicio sobre la historia, respecto de la cual mantenemos pareceres muy distintos. En lo más mínimo existe acuerdo aquí para interpretarla. Lo cierto es que todo delito y crimen contra la vida merecen nuestra condena. Y ello resulta más duro cuando se trata de terrorismo de Estado, es decir, cuando los actos de terror los llevan a cabo agentes financiados con recursos de todos los chilenos. La iniciativa que nos ocupa, en cambio, apunta a algo bien preciso, que no dice relación a revivir o no heridas o desencuentros del pasado, sino más bien a cómo facilitar las cosas a un grupo de personas en una situación trágica.
Se podría pensar en la conveniencia de ampliar el alcance del texto en estudio, por cierto. Porque con motivo de la desaparición del joven Matute Johns , en la Octava Región, se descubrió una realidad deplorable, frente a la cual la sociedad no reaccionó mucho: si no recuerdo mal, se encontró más de una docena de restos humanos, correspondientes a personas no identificadas. Y todo indica que no eran del período de la Dictadura, lo cual dice relación a un fenómeno distinto. Entiendo que a ello se querrán referir algunos y que quizá en ese otro ámbito también se requiere una forma de resolver el caso de los familiares.
Estos últimos no enfrentan la misma dificultad que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, eso sí, porque no tienen una objeción de conciencia para la declaración de la muerte presunta. Para quienes fueron objeto de la violencia del Estado, en cambio, el asumir una constancia de esa naturaleza conlleva otras connotaciones. De ahí la solución que propone el proyecto.
Por mi parte, voy a votar a favor, señor Presidente , considerando que, por desgracia, la práctica de la desaparición forzada de personas perduró hasta los años ochenta. El último caso fue el de unos jóvenes, uno de ellos de la comuna de Machalí, en la circunscripción que represento, con quien mantuve tremendas discrepancias respecto de los métodos políticos por los cuales optó, pero me genera una mayor el destino que le cupo.
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