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El señor LETELIER.- Señor Presidente , estimados colegas, quienes tuvimos el honor de pertenecer a la otra rama del Congreso en los años noventa sabemos que el tema no es nuevo. Quiero recordar que hubo un Diputado , el señor Mario Hamuy , que encabezó una Comisión investigadora conformada precisamente para ocuparse en el asunto que nos ocupa, la cual dejó en evidencia no solo el problema de la concentración de la propiedad en las cadenas farmacéuticas -crítica ácida planteada por la Unión de Dueños de Farmacias de Chile (UNFACH)-, sino que también dio lugar a que se manifestara inquietud en torno al vínculo de los laboratorios con ellas.
¿Qué quiero decir? Que no se trata -repito- de algo nuevo.
Cabe advertir varias dimensiones en la situación, sin duda. Una de ellas dice relación a lo moral. A veces, se discuten aquí los aspectos éticos o morales como si fueran solamente de carácter sexual; pero no cabe duda de que estamos ante una cuestión de la máxima importancia en ese plano cuando se abusa de los adultos mayores en estado de necesidad al jugar con los precios de los medicamentos. Este es uno de los puntos donde el mercado evidencia fallas tremendas.
Existe, entonces, un problema moral, a raíz de las consecuencias de que el libre mercado funcione en el ámbito del acceso a dichos productos. Es algo complejo, y no quiero simplificarlo.
La segunda afirmación que se puede formular es que la autorregulación no funciona en esta área. Y no tengo la menor vacilación al estimar que nuestra legislación es insuficiente. Incluso el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica también lo es.
Desde los años noventa, algunos hemos planteado la importancia de acoger políticas y normas como las de la Clayton Patterson Act, de Estados Unidos, en las cuales se establece un concepto diferente de la libre competencia, se regulan los oligopolios y se reduce la concentración económica en pocas manos. Por desgracia, ello no existe en Chile. En ese país no se permite que uno o dos grupos económicos controlen más de 30 por ciento del mercado en áreas de estas características.
Sabemos que Recalcine y Laboratorio Chile recurren a políticas discriminatorias -el mercado se los permite- al facilitar a las cadenas precios menores por volumen.
Existen criterios comerciales muy distorsionadores, cuyos beneficios no necesariamente pasan al consumidor.
La práctica de "la canela", por medio de la cual se premia a los trabajadores por la venta de un producto, con relación a otro, es un dato conocido y reconocido en la industria y constituye una distorsión.
Debemos abordar estas situaciones, señor Presidente. No podemos jugar a la "política del avestruz".
¿Cuál es la solución, más allá de la acción de la Fiscalía Nacional Económica y la pena? Aplicar una política de Estado que permita el acceso a los medicamentos a todas las chilenas y chilenos que los requieren, especialmente a los de primera necesidad. Si ello se garantiza a través de una política de la Central de Abastecimiento y los consultorios municipales u hospitales, debemos hacerlo.
Es preciso saber dónde restringir el accionar del mercado. Y no cabe duda de que en el acceso a los medicamentos, sobre todo a los que resultan fundamentales, no es conveniente una lógica de libre mercado, como la existente.
No emitiré un juicio moral sobre los accionistas, pues ese no es el punto.
Lo único que puedo aseverar es que lo que hoy tenemos no es lo mejor para el Chile del futuro.
He dicho.
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